VEGAMEDIAPRESS* : Tres altos cargos del Gobierno regional del Partido Popular, de Ramón Luis Valcárcel, son los primeros en empezar a desfilar como imputados por el pelotazo urbanístico en el paraje protegido de La Zerrichera ante el magistrado titular del Juzgado número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, instructor de la querella criminal presentada la primavera pasada por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Manuel López Bernal.
Los primeros en comparecer y prestar declaración han sido el matrimonio integrado por Antonio Alvarado y Encarna Muñoz, que antes de las elecciones de mayo pasado eran directores generales de Calidad Ambiental y del Medio Natural, respectivamente. El tercero en comparecer ante la justicia ha sido Juan Ignacio Sánchez Gelabert, que era jefe del Servicio de Calidad Ambiental. Todos ellos de la consejería de Medio Ambiente.
Para el jueves está prevista la comparecencia ante el magistrado instructor de los dos otros imputados pertenecientes a la consejería de Obras Públicas, así como la del alcalde y un ex concejal de Águilas, en cuyo término municipal el grupo Hispania, del constructor Trinitario Casanova Abadía, proyectó construir una mega urbanización de 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf de 128 hoyos, en este paraje de la Red Natura de la Unión Europea. En total son siete imputados, todos ellos destacados militantes del Partido Popular (PP).
Este pelotazo urbanístico produjo 75 millones de euros en plusvalías a Trinitario Casanova, amigo personal del consejero de Obras Públicas y Vivienda, Joaquín Bascuñana, a través de una operación financiera con la Kutxa (Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián). Esta caja vasca está implicada en otros pelotazos urbanísticos en la región murciana, como es el del paraje, también protegido, de Lo Poyo, en el Mar Menor.
Tras las elecciones de mayo pasado, el presidente del PP y de la comunidad murciana, Ramón Luis Valcárcel, le ha dado una nueva consejería a Joaquín Bascuñana: la de Política Social, Mujer e Inmigración. Por su parte, el constructor trinitario Casanova, que se había hecho propietario del periódico regional El Faro, llegó a acusar a Valcárcel de “cobarde” y, se presume, abandone la región para fijar su residencia en Madrid, ante el fiasco de sus operaciones urbanísticas.
Se da el caso que, el pasado cinco de septiembre, la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia había dictado ya un auto en el que paralizaba cautelarmente la urbanización del paraje de La Zerrichera, al considerar que perjudicaba el interés general. El alto tribunal murciano también tiene paralizado cautelarmente otro proyecto, el de Puerto Mayor, en La Manga del Mar Menor, en el que también están presuntamente implicados altos cargos del Partido Popular en Murcia.
Se da también el caso de que uno de los imputados, Manuel Alfonso Guerrero Zamora, director general en el anterior gobierno de Ramón Luis Valcárcel, ha sido nombrado recientemente nuevo Gerente de Urbanismo del ayuntamiento de Lorca, tras ganar por vez primera el PP las elecciones municipales en este “granero” socialista murciano.
En el caso de La Zerrichera, la Fiscalía de Murcia estuvo durante un año exacto investigando la denuncia que habían presentado las organizaciones Ecologistas en Acción y Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE, que terminó en querella criminal por presuntos delitos contra el medio ambiente, falsedad documental y prevaricación, entre otros.
El Gobierno del PP, de Ramón Luis Valcárcel, que en las pasadas elecciones de mayo renovó por cuarta vez la mayoría absoluta en la región murciana, tendrá que comparecer ante el parlamento regional para informar, a petición del grupo parlamentario Socialista, sobre este asunto.
* VegaMediaPress - F.M. MARTÍNEZ - 18/09/2007
Foto: La Zerrichera (Águilas) Murcia - la-actualidad.com
El Gobierno de Murcia empieza a desfilar ante la Justicia por el pelotazo de La Zerrichera
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Tema: NOTICIAS Murcia
El Ayuntamiento de Orihuela aprueba 2.500 casas pendientes de la desaladora que boicotea
ELPAÍS/Alicante* : Con dos informes desfavorables, uno de la Confederación Hidrográfica del Segura y otro del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVSSA), el PP en el Ayuntamiento de Orihuela aprobará hoy el proyecto de Urbanización PAU 7, que contempla la construcción de 2.500 viviendas para albergar a unos 8.000 nuevos habitantes en la costa. La falta de agua, según la Confederación del Segura, se paliaría con los recursos de la "desalinización de agua marina" de la planta que el propio PP está boicoteando en Torrevieja. Además, el IVVSA critica las pocas viviendas protegidas previstas.
Será la primera gran actuación urbanística aprobada por la nueva alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente del PP, y contará con el rechazo de todos los partidos en la oposición. El pleno extraordinario de esta mañana aprobará el expediente modificado del PAU 7, que promueve Antonio Pedrera, de la Urbanizadora Villamartín.
El proyecto salió a exposición pública en 2002, durante el mandato del anterior alcalde, José Manuel Medina, del PP, su tramitación fue lenta y el último escollo se salvó el 11 de mayo, días antes de las elecciones, cuando la comisión Territorial de Urbanismo informó favorablemente. En su resolución la consejería admite que la Confederación del Segura "condiciona" esta actuación urbanística a la disponibilidad de recursos hídricos, que llegarán de "la desalinización de agua marina con las previsiones, a corto plazo, del programa AGUA". El IVVSA también emitió un informe desfavorable en abril de 2006 que indicaba que las viviendas protegidas, (1.719 en tres sectores diferentes), "no alcanzan el número establecido en el estudio de necesidades de demanda" en cuatro años, que son 2.322 viviendas. Entre la documentación de este proyecto figura un informe de Aquagest Levante con datos sobre el agua potable que la Mancomunidad de Canales del Taibilla abastece a Orihuela que confirma el espectacular aumento de consumo en pocos años, al pasar de los 2.8 millones de metros cúbicos de agua de 1999 a los 5.5 consumidos en 2006. "El agua que pide el PP no es para el campo, es para el ladrillo", dijo ayer la portavoz socialista en Orihuela, Antonia Moreno. Los siete concejales socialistas, los tres de los Verdes y el edil del Centro Liberal Renovador votarán en contra de este proyecto que aprobarán en solitario los 14 ediles del PP. Ayer este periódico intentó sin éxito conocer la versión de la alcaldesa, Mónica Lorente.
La portavoz socialista fundamentó su oposición en la existencia de estos dos informes desfavorables y en que "no exista ningún documento oficial que asegure que se hayan subsanado los errores". La edil también criticó la contradicción que supone "la oposición y el boicot permanente del PP a la desaladora de Torrevieja, y que ahora el mismo partido apruebe nuevas casas que requieren agua desalada". La oposición también se pregunta dónde estas las necesidades educativas y sanitarias que tendrán los 8.000 nuevos habitantes de esta zona de la costa en la que se han construido ya 50.000 viviendas.
* ELPAIS.com - EZEQUIEL MOLTÓ - Alicante - 19/09/2007
Foto: Orihuela - wikipedia
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
El plan estrella del Gobierno sobre el alquiler calca una medida en vigor desde 2004
ELPAÍS* : Sobre las escaleras de La Moncloa, reservadas a las ocasiones solemnes, José Luis Rodríguez Zapatero y Carme Chacón anunciaron ayer "el salto adelante" del Gobierno en materia de alquiler. A partir de enero, los menores de 30 años que ganen hasta 22.000 euros brutos al año recibirán por ley 210 euros al mes. Lo chocante es que, desde julio de 2004, está en vigor una medida muy parecida: 240 euros al mes que ya reciben unos 40.000 inquilinos y que instauró la entonces ministra, María Antonia Trujillo.
A seis meses para las elecciones, el presidente del Gobierno y la ministra de Vivienda escenificaron con toda la pompa su medida estrella para movilizar el voto joven, su última ley antes de las generales: el "plan de apoyo a la emancipación e impulso al alquiler".
"Se trata de que la vivienda deje de ser un problema y pase a ser un derecho", proclamó Zapatero. "Llevo 70 días y 70 noches en el cargo trabajando para que ningún proyecto vital se vea truncado por la falta de acceso a la vivienda", afirmó Chacón. La ministra aparecía visiblemente satisfecha junto al presidente, que alabó su gestión.
La principal medida es la llamada "renta para la emancipación de los jóvenes". Se trata de 210 euros al mes de ayuda al alquiler durante cuatro años como máximo. Podrán acogerse a ella trabajadores de entre 22 y 30 años que ganen menos de 22.000 euros brutos al año. Sólo se concederá una ayuda por vivienda. Es decir, si dos jóvenes comparten piso, sólo recibirán una ayuda. Para pedirla hay que llevar cuatro años residiendo legalmente en España y no valen los alquileres entre familiares.
Como el alquiler medio en España es de 720 euros al mes, la ayuda supondrá un 29% del total, aunque con enormes diferencias. Mientras que en Madrid, donde el alquiler medio es de 1.138 euros, el subsidio supone el 18% del total; en Galicia llega al 63% de la cuota.
Además, Vivienda dará un préstamo de 600 euros para la fianza del piso y un aval de seis meses para garantizarle al propietario que cobrará el alquiler.
Chacón anunció que el primer año se beneficiarán de esta medida 180.500 personas, con un coste de 436,5 millones. La previsión es la misma que el PSOE llevaba en su programa electoral, donde se comprometía a sacar al año 180.000 viviendas "en compra o en alquiler, a un precio razonable".
La cifra está lejos de la realidad. En 2006 se iniciaron 60.358 viviendas protegidas y la Sociedad Pública de Alquiler, creada en 2005, ha gestionado sólo 5.000 contratos en dos años y medio.
La ayuda de 210 euros es el principal pilar del plan y, aunque el Gobierno lo presentó como la gran medida de impulso al alquiler, ya existe algo muy parecido. El 16 de julio de 2004, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Suelo. El texto incluía una ayuda de 240 euros al mes para los menores de 35 años que ganen menos de 19.950 euros brutos al año y para viviendas de hasta 90 metros. La ayuda sigue en vigor y aún puede solicitarse. El Gobierno preveía que la medida llegase a 71.000 personas y desde entonces la han recibido "unos 40.000 inquilinos", según un portavoz del ministerio. Quienes ya cobran los 240 euros al mes no pueden recibir la ayuda de 210 euros. Vivienda destaca que las medidas no son idénticas, pues la de Chacón es más universal. Los requisitos ahora no son tan estrictos en cuanto a renta, aunque sí sobre la edad.
La ayuda de 2004 la tramitan las comunidades y las paga Vivienda. En unas autonomías ha funcionado -en Cataluña se han tramitado 9.000- mientras que en Madrid no ha habido ni una ayuda. Ahora se pedirán al ministerio y estarán garantizadas por ley, ya que el Gobierno tramitará la norma por la vía de urgencia para que esté aprobada y en vigor el próximo 1 de enero. Esta será la última ley que el Gobierno envíe al Parlamento esta legislatura.
El segundo pilar del plan es la deducción fiscal al inquilino. Quienes ganen menos de 24.000 euros brutos se deducirán el 10,05% en el impuesto sobre la renta, una desgravación "idéntica de la que rige para la compra de vivienda", según Chacón. Esta medida será compatible con los 210 euros.
Chacón insistió en que todas las medidas "responden, cifra por cifra, al criterio conjunto" de Vivienda y de Economía. La ministra intentaba borrar cualquier sombra de duda sobre si el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, se opone al gasto extra del paquete de medidas.
En 2006, y preguntado sobre la posibilidad de instaurar desgravaciones fiscales a los inquilinos, Solbes replicó que "la subvención al inquilino se traslada al incremento de precios automáticamente y pensamos que es una medida que tiene muy poco impacto y que, al final, lo que sirve es para aumentar los precios". Chacón, preguntada por EL PAÍS, matizó ayer: "Solbes dijo que estaba de acuerdo con desgravaciones al alquiler siempre que se destinara a un colectivo concreto, como es ahora el caso". El Gobierno prevé que 700.000 familias se beneficien de la deducción (actualmente hay 1,7 millones de pisos alquilados).
Algunos expertos temen que los caseros carguen las ayudas al precio. El gerente de la Universidad Carlos III y experto en el tema, Julio Rodríguez, apoya la medida, "que acaba con una discriminación histórica contra el alquiler", pero advierte de que pasado un tiempo "puede repercutir sobre el precio del alquiler, como ocurrió con las deducciones a la compra".
El plan de vivienda costará 784,5 millones al año (348 millones que Hacienda dejará de ingresar por la desgravación y 436,5 en ayudas directas). Esto, sumado a los 1.500 millones de ayuda a la natalidad y los 826 millones extra para Cataluña, supone que el Gobierno ha comprometido en tres meses 3.155 millones, un 17% del superávit previsto para 2007.
Pero además de las ayudas que ayer presentó el Gobierno -para los inquilinos- el Ejecutivo quiere dar más garantías a los propietarios y favorecer la salida al mercado de los pisos vacíos (sólo en Madrid hay 300.000). Aunque las medidas no están concretadas y difícilmente se aplicarán esta legislatura, la intención de Vivienda es reducir a la mitad el tiempo de desahucio, que actualmente va de 12 a 18 meses. Para ello necesita reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil. También quiere crear juzgados especializados, para lo que debe modificar la Ley del Poder Judicial.
Por último, Vivienda quiere que la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), que ahora se dedica principalmente a impulsar polígonos industriales, pase a promover vivienda protegida de alquiler. Pero no venderá el suelo a los promotores, sino que se lo cederá por 40 o 50 años, con lo que debe reducir el precio de la vivienda.
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 19/09/2007
Foto: Se alquila - J.Aima (elmundo.es)
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Tema: NOTICIAS VIVIENDA
El TSJB ordena paralizar 96 viviendas de la urbanización Monport del Port d’Andratx
ÚLTIMAHORADIGITAL/Mallorca* : El denominado ‘caso Monport’ —una zona protegida donde se construyeron quince edificios plurifamiliares con un total de 96 viviendas en el Port d’Andratx— ha entrado en una nueva dinámica tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) de paralizar tres licencias, una de ellas de la inmobiliaria Prosmi, que promueve la macrourbanización.
La sentencia, cuyo alcance ya fue debatido por el Ajuntament d’Andratx en su junta de gobierno del pasado viernes, afecta, también, a dos licencias de particulares y motivó la actuación inmediata de la Policía de Andratx, que ayer procedió a paralizar unas obras que se encuentran en su fase final de ejecución.
El tribunal estimó un recurso presentado por el Consell de Mallorca, a través del cual consideraba que había existido «ilicitud administrativa» en la concesión del permiso de las obras.
La primera denuncia sobre esa cuestión fue interpuesta el pasado mes de enero por la entonces portavoz de Unió Mallorquina (UM) en ese municipio, Isabel Alemany, quien se personó ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para denunciar que en las inmediaciones del Hotel Monport en el Port d Andratx -concretamente en una parcela colindante con la calle Ramat- el Ajuntament ha permitido a la promotora inmobiliaria Prosmi SL la construcción de viviendas plurifamiliares.
El suelo, precisamente, tras la aprobación de la Ley de Espacios Naturales (LEN), en 1991, fue declarado Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP) y el Plan Territorial de Mallorca (PTM) califica como «zona de alta protección». Posteriormente, también denunció al ex alcalde Eugenio Hidalgo el fiscal de Medio Ambiente, Adrián Salazar, quien observó indicios de delito.
El Ajuntament, por su parte, argumentó en su momento que los terrenos no son de uso rústico sino urbano y destinados a uso «turístico y residencial», y que la licencia fue otorgada por el Ajuntament hace cinco años en base al Plan General de 1978 -todavía vigente- que califica los terrenos de la calle Ramat como urbanos.
El ‘caso Monport’, asimismo, es una de las 68 piezas abiertas del sumario principal de la ‘operación Voramar’, que investiga una supuesta trama de corrupción urbanística en ese municipio.
* Última Hora Digital - PATRICIO CANDIA - 19 de septiembre de 2007
Foto: Las obras de la urbanización Monport fueron paralizadas ayer tras una sentencia del TSJB - MICHELS - ultimahora.es
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Tema: NOTICIAS Baleares
Declaran dos de los diez imputados por un delito urbanístico en Sierra de Fuentes
HOYDIGITAL/Cáceres* : El alcalde de Sierra de Fuentes, Antonio Luis Díez, y el constructor Antonio Abreu, han sido los primeros en declarar ante el juez en calidad de imputados como presuntos inductores de un delito de prevaricación urbanística en el municipio de Sierra de Fuentes. Ambos acudieron ayer al Juzgado de Instrucción número 1, el cual tramita las diligencias previas tras la denuncia del fiscal delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Juan Antonio Galán, por la creación de una sociedad mixta de capital mayoritariamente privado para gestionar el desarrollo urbanístico del municipio.
Los otros imputados, que prestarán declaración a lo largo de los próximos días, son los dos anteriores alcaldes de Sierra de Fuentes, Andrés Guerra Guerra (entonces de IU-Siex) y Julián Polo Guerra (entonces del PP), además de los todavía concejales Adrián Guerra Polo (PP) y Juan Lucero Barroso (IU-Siex), la ex concejala María Felipa Vinagre de la Montaña (IU-Siex), un abogado de Cáceres, un funcionario del Ayuntamiento y el arquitecto municipal.
La actuación de fiscal se inició a instancias de una denuncia presentada por Julián Polo Guerra, ex alcalde de Sierra de Fuentes y también imputado en la causa, quien asegura que Antonio Luis Díez es el «cerebro» de la trama urbanística. Según su versión, fue el actual alcalde quien, tras las elecciones municipales de 2003, propuso al nuevo equipo de gobierno crear una sociedad que se ocupara de la gestión urbanística del pueblo. Con el suelo en manos de una sociedad de mayoría privada y a cambio de su colaboración, los concejales serían nombrados consejeros y podrían ponerse, en palabras de Julián Polo, el sueldo que quisieran, «hasta de medio millón de pesetas al mes».
El abogado de Antonio Luis Díez, Vicente Vega, dijo ayer que ni él ni su defendido harán comentarios sobre el contenido de la declaración ante el juez hasta que no terminen todas las comparecencias previstas de imputados y testigos, lo cual ocurrirá como muy pronto a finales del mes de octubre. Tan solo manifestó que el alcalde está «satisfecho y tranquilo», convencido de que «todo se esclarecerá» al final del procedimiento.
Según ha podido saber este diario, la declaración de Antonio Luis Díez reprodujo básicamente los argumentos esgrimidos por éste durante su comparecencia ante la prensa en Cáceres hace casi dos meses. En ella, el alcalde repartió la copia de un contrato privado firmado entre su despacho de abogados y la Sociedad para el Desarrollo Urbanístico de Sierra de Fuentes por el que ambas partes acordaban resolver un contrato anterior, de modo que Díez & Asociados renunciaba al cobro de 1,8 millones de euros por la asesoría jurídica de la sociedad.
El alcalde aseguró que el contrato fue rescindido antes de presentarse a las elecciones «por una cuestión moral», y por eso el nuevo contrato se firmó con fecha de 25 de marzo de 2007, algo que sin embargo no puede comprobarse, ya que se trata de un acuerdo privado entre ambas partes que, al contrario que el contrato original, nunca pasó por ningún notario.
Antonio Luis Díez considera que todo este asunto es una maniobra política de Julián Polo, quien a su juicio ha puesto el asunto en conocimiento de la Fiscalía a causa de «intereses puramente políticos». Además, ve la mano de «oscuros personajes» que mueven los hilos en la sombra, en referencia a antiguos concejales del PSOE, y en especial a Alejo Nevado, expulsado por la dirección socialista e histórico alcalde del municipio.
El actual primer edil acepta que la manera en la que se creó la sociedad mixta podría ser discutible, pero sólo por la vía de lo contencioso, y nunca por la penal.
Denunciante y a la vez imputado
El ex alcalde de Sierra de Fuentes Julián Polo fue quien puso toda la documentación del caso en manos del fiscal. Dice en su defensa que él fue votando a favor de los trámites administrativos para crear la sociedad mixta porque llegaban con el visto bueno de los técnicos, en concreto del asesor jurídico contratado 'a dedo' por el Ayuntamiento, y del funcionario que ejercía las funciones de secretario-interventor tras la baja de la titular. Julián Polo afirma que estuvo engañado todo el tiempo y que, al darse cuenta de la trama, encabezó una moción de censura y puso en marcha el proceso para anular la sociedad mixta, el cual quedó parado con la llegada al poder tras las últimas elecciones de Antonio Luis Díez en las listas del PSOE. Ahora Julián Polo ha sido también imputado por el fiscal y deberá declarar como tal ante el juez instructor.
* Hoy Digital - CLAUDIO MATEOS/CÁCERES - 18 de septiembre de 2007
Foto: Sierra de Fuentes (Cáceres) - dip-caceres.org
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Tema: NOTICIAS Extremadura
Fiscalías advierten del contagio del 'efecto Marbella' al urbanismo de numerosas localidades costeras
COLPISA* : Los delitos contra el medio natural y el territorio han empezado a adquirir naturaleza jurídica propia por primera vez en España. Existían antes y se penaban mal que bien, pero es ahora cuando bulle la persecución oficial contra los nuevos delitos ‘estrella’, ambientales y urbanísticos. El incremento de la presión se explica, en buena medida, por la creación en 2006 de la Fiscalía especial de Medio Ambiente y Urbanismo, y se traduce en un mayor número de causas abiertas en todo el país. En total, el año pasado se tramitaron 2.252 diligencias en materia de medio ambiente, incendios incluidos, y 1.594 en ordenación del territorio y urbanismo.
En este capítulo, las fiscalías del Sur de España advierten del contagio del ‘efecto Marbella’ a numerosas localidades de la costa y del interior andaluz.
La memoria de 2006 de la Fiscalía General del Estado, difundida este lunes, certifica el auge de este tipo de delitos ‘territoriales’, y también de la lucha penal contra ellos. Dado que la Fiscalía especial de Medio Ambiente echó a rodar en abril de 2006 tras el nombramiento de su titular, Antonio Vercher, no existen datos de años anteriores con los que poder comparar. Con todo, es evidente el incremento de los asuntos relacionados con el medio ambiente y ordenación territorial, y son excepcionales las fiscalías provinciales donde han disminuido en relación con años anteriores. También es notorio el alto número de sentencias, en especial en Cádiz, donde los tribunales dictaron 53 en temas penales medioambientales, 43 en Barcelona, 32 en Jaén y 12 en Córdoba, entre otras.
Corrupción y blanqueo
El compendio de la Fiscalía toca entre otros puntos los incendios forestales, el maltrato a animales – propone un endurecimiento de las penas e inhabilitaciones en la próxima reforma del Código Penal-, captaciones irregulares de agua, caza ilegal o tráfico de especies protegidas, pero carga las tintas en materia urbanística. Aunque el ‘boom’ del ladrillo ha propiciado un aumento general de las irregularidades y los delitos, el panorama cambia mucho según las regiones.
La nota alarmante la pone la Fiscalía de Málaga. “El ‘modus operandi’ delictivo de Marbella”, el modelo de corrupción urbanística y connivencia política acuñado en la ciudad malagueña “ha acabado extendiéndose a otras localidades costeras de la provincia”, en especial las más turísticas, asegura. La Fiscalía de Cádiz coincide y añade la memoria fiscal que en 2006 se ha detectado “la ejecución de construcciones ilegales como medio para el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, con base en la impunidad que habitualmente se asocia a estas conductas”.
Los fiscales provinciales encargados de medio ambiente y urbanismo también señalan con el dedo acusador a las administraciones. La Fiscalía malagueña denuncia falta de rigor y diligencia inspectora de algunos ayuntamientos en el control de edificaciones ilegales, algunas en pleno monte y en zonas de protección natural. La de Cádiz critica sin ambages la ineficacia de la Junta en materia de control urbanístico y la impunidad derivada. La Fiscalía de Barcelona afirma que, salvo excepciones, la consejería catalana de Medio Ambiente no denuncia los hechos delictivos de que tiene constancia. Sevilla, San Sebastián, León y Madrid, entre otras, cargan contra la falta de colaboración de las corporaciones locales respectivas en materia de suelo, contaminación acústica y otras, y la de Teruel habla incluso de “fuertes indicios de connivencia o al menos pasividad en cargos municipales en cuestiones de medio ambiente en trámite en la capital”.
El fiscal de Pontevedra apunta, por otra parte, un fenómeno pujante en fechas preelectorales como las actuales, que es la litigiosidad urbanística. “La materia urbanística es de las más utilizadas a efectos políticos”, advierte.
Incendios
Los incendios forestales son otra de las grandes preocupaciones ambientales de la Fiscalía. En 2006 se multiplicaron las actuaciones, oficios y comunicaciones con las administraciones para extremar las labores preventivas en vertederos, control de barbacoas y líneas de alta tensión, y mayor rigor en la quema de rastrojos y para obtención de pastos, que son causas destacadas de fuegos en todo el territorio.
El informe del fiscal Vercher reclama más medios materiales y técnicos y subraya la “falta de una adecuada coordinación” entre los diversos cuerpos policiales -Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Vigilancia Aduanera, policías autonómicas, guarderías forestales, etc- que actúan ante infracciones medioambientales. Un problema, dice, que reclama “urgente solución”.
Los incendios del verano 2006 en Galicia, la talas en zona protegida en las Navas del Marqués (Ávila), las múltiples denuncias por contaminación acústica en Madrid, el escándalo urbanístico de Andratx (Mallorca) y la paralización de la subasta en Londres de vigas califales de la Mezquita de Córdoba fueron, entre otros, algunos de los asuntos de especial relevancia social en la actuación de las fiscalías encargadas de medio ambiente, urbanismo y patrimonio.
* Colpisa - 17/09/07
Foto: Níjar (Almería), construcción ilegal paralizada en el Parque Natural Cabo de Gata - diariodeleon.es
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Tema: NOTICIAS URBANISMO
TSJEx exige al Ayuntamiento de Badajoz que edificio Biblioteconomía vuelva a su estado original
ELPERIÓDICOEXTREMADURA* : El Ayuntamiento de Badajoz cuenta con un mes de tiempo para devolver a su estado original el edificio donde actualmente se encuentra la Facultad de Biblioteconomía, en el recinto de la Alcazaba árabe, según la sentencia del 14 de septiembre del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). El concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo Saavedra, detalla que el texto jurídico insta al ayuntamiento a la presentación de un proyecto técnico que devuelva al antiguo Hospital Militar al estado anterior a las obras para ser la sede de la facultad y de la Biblioteca de Extremadura.
El TSJEX da conocimiento de este auto al Ayuntamiento de Badajoz, al ser la Administración pública que concedió la licencia de las obras de transformación, que en su día fueron pagadas por la Junta de Extremadura.
Estas obras se llevaron a cabo a través de un proyecto seleccionado por la Consejería de Cultura, desde un concurso público celebrado en 1998, que obtuvo el visto bueno e informes favorables del la Comisión de Bienes Inmuebles de Patrimonio Histórico de la Junta de Extremadura. El concejal recuerda que en esta comisión participó en su día, "sin presentar alegaciones", la Asociación Amigos de Badajoz, quien interpuso la primera demanda por la "ilegalidad" de las obras y su ataque al patrimonio histórico de la ciudad. Este proceso judicial se inicia con esta primera demanda de la asociación pacense en el año 2003, por la que el TSJEx les da la razón indicando que las obras no se ajustan a la Ley de Patrimonio, una sentencia recurrida por el consistorio pacense.
En octubre de 2006, el TSJEc desestima este recurso del consistorio de Badajoz, y ahora le insta al inicio de la adecuación prevista en su primera sentencia, por la que daba la razón a la asociación pacense anulando la licencia de obras concedida para realizar obras en el antiguo Hospital Militar para la construcción de la sede de ambas instituciones académicas. El TSJEx, por su parte, condenaba en su sentencia a la "restauración de los bienes del patrimonio histórico" a la situación existente con anterioridad a las mencionadas obras, ya que según la Ley de Patrimonio las obras que se realicen en un Bien de Interés Cultural, como La Alcazaba, deben ser para su conservación o rehabilitación, nunca para "alterar su carácter arquitectónico o paisajístico".
Según comentaron desde Amigos de Badajoz en noviembre del pasado año, su intención no es el derribo de los edificios construidos, sino "que estos se adecuen a la legalidad y se restablezcan los elementos patrimoniales del siglo XIX derribados de la estructura original del Hospital". En este aspecto coincide el concejal de Urbanismo pacense, quien observa que, si bien los técnicos municipales ya trabajan en la redacción del proyecto solicitado por el TSJEx, se ha solicitado una reunión con representantes de la Junta de Extremadura, como ejecutora de la obra, y con la asociación, "para lograr un acuerdo y remar todos en la misma dirección". Celestino Rodolfo reconoce que fue el consistorio quien otorgó la licencia de obras, pero con el visto bueno de la Junta de Extremadura, la Comisión de Patrimonio, la Universidad de Extremadura y Amigos de Badajoz, por lo que "todos deben saber cuál es su parte de responsabilidad". Para el edil, lo principal es buscar "entre todos" una solución que no afecte a los alumnos universitarios ni a la zona.
Por su parte, el alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán, declara, en el transcurso de la inauguración de la nueva sede de la Universidad Popular de la ciudad, que "el tema se ha cerrado a favor de Amigos de Badajoz", asociación con cuyo presidente, Antonio Manzano, asegura haber mantenido ya una primera reunión para "trabajar en la línea de hacer lo mejor posible para la ciudad". Por ello, Celdrán insiste que la siguiente fase del proceso pasa por una reunión en la que participen todas las entidades implicadas para "llevar a cabo lo que la sentencia ordena", puesto que le "extrañaba que la resolución se dirija únicamente al consistorio", cuando "hizo lo que más convenía según los informes favorables, con todo hecho desde la Junta extremeña".
* El Periódico Extremadura - 18/09/2007
Foto: Badajoz, edificio Biblioteconomía - elperiodicoextremadura.com
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Accidentes en la construcción
ALFREDO J. MARTÍNEZ CUEVAS* : El sector de la construcción lleva mucho tiempo siendo una locomotora que tira de la economía española. Sin embargo, existe una losa que pesa sobre él: la siniestralidad laboral. Las cifras de accidentes de trabajo sólo se pueden calificar como graves, sin paliativos. Incluso alguien las ha calificado como de “alerta roja”. Lo es tanto por lo que se refiere al drama humano y social de los accidentados y sus familias como para la propia sociedad y sus consecuencias. El problema afecta al conjunto de la economía española, pues si los resultados fueran otros, los recursos económicos destinados a paliar sus consecuencias podría dedicarse a cubrir muchas otras necesidades de las que tenemos déficit.
La aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de 1995, y su correspondiente reglamento de desarrollo, en 1997, fueron bien recibidos. Sin embargo, no sirvieron para atajar el problema, al menos de momento. Es más, durante unos años fueron aumentando las cifras que nos proporcionaban las diferentes formas de medición estadística. Así ocurrió hasta 2004 en que comenzó un suave y lento declive, en cualquier caso muy insuficiente. Las normas por sí solas no son buenas ni malas. La cuestión es querer hacer prevención o no hacerla, independientemente de aquéllas.
La solución al problema es tan compleja como lo es el propio sector productivo. El propio legislador, en la Exposición de Motivos de la reciente Ley de Subcontratación, reconoce que no resulta posible atribuir el origen de la situación a causa única. Es más, parece dudar e indica que uno de los factores “puede” estar relacionado con la utilización de una forma de organización productiva denominada subcontratación. Debemos resaltar la duda del “puede”.
Sigamos con las opiniones vertidas por el legislador y que cualquiera puede leer en el BOE. Con la modificación de la ley en diciembre 2003 se reconocía que, desde la entrada en vigor de la ley los poderes públicos, Estado y comunidades autónomas, los agentes sociales, las empresas y los trabajadores y demás entidades dedicadas a la prevención han desarrollado un ingente esfuerzo, en todos los órdenes y cada uno en su ámbito de responsabilidad. Continuaba con la necesidad de integrar la prevención de riesgos laborales en la empresa.
En 2006, con otra nueva modificación normativa, se seguía insistiendo en el reconocimiento de los esfuerzos realizados y en la deficiente incorporación del nuevo modelo de prevención en la empresa. En ambos casos se insiste en que los cumplimientos de las normas son fundamentalmente formales. En 2003 se hablaba de proscribir el cumplimiento meramente formal y documental de las obligaciones. En 2006 se insistía en que, en muchas ocasiones, el cumplimiento es más formal que eficiente. Coincidencia de diagnóstico de la seguridad fingida, como si lo que se hiciera es pura cosmética, en lugar de seguridad. Lo curioso es que en el primer caso se exponía el problema con un Gobierno del PP y en el segundo, en 2006, bajo Gobierno del PSOE. Si el problema está tan definido, ¿por qué no se ataja de forma contundente? Alguien deberá dar respuesta a ello.
En cualquier caso, entendemos que el problema no se soluciona sólo con lo antes indicado. Hay muchas más cuestiones. Veamos las que entendemos como más importantes. Con frecuencia se señala con dedo acusador a los técnicos, como responsables de los problemas. Creemos que es un error, como lo demuestra el hecho de que, haciéndolo así, el problema sigue sin resolverse. Somos defensores de la seguridad integral, en la que todos los sujetos e instituciones intervinientes en el proceso tengan su cuota de responsabilidad, comenzando por el promotor en la elección de profesionales y empresas idóneos para cada proyecto, continuando por proyectistas, administraciones públicas en las concesiones de licencias y autorizaciones, profesionales, empresas, servicios de prevención y los propios trabajadores.
En todo ello, entendemos, que hay carencia de cultura preventiva. Algo similar ocurre con la formación en la materia, donde concurre una exigencia legal al considerar la necesidad de una formación a todos los niveles educativos. Si es así desde 1985, ¿por qué aún no se educa de forma reglada comenzando por los niños, pasando por estudios intermedios y de trabajadores y finalizando en escuelas técnicas en las que los futuros profesionales tienen atribuciones específicas y no cursan asignaturas troncales u obligatorias para poder titularse? Creemos que alguien no hace sus deberes, tampoco aquí.
* Alfredo J. Martínez Cuevas, profesor de Seguridad
* Diario de Sevilla - Tribuna - 18 de Septiembre de 2007
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18.9.07
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El promotor del hotel junto al mar en Calp desafía al ministerio al reiniciar las obras
LEVANTE-EMV* : Dos meses han estado paradas las obras del hotel de 27 plantas de la playa de la Fossa y durante ese tiempo un cartel situado por el promotor en la parcela advertía de que ayer lunes retomaría los trabajos. La contundencia del cartel hacía presumir un desembarco de máquinas y un inicio de las obras a todo trapo. Pero no. Los primeros trabajos fueron más bien tibios. Alrededor de las 11 horas, entraron en la parcela dos máquinas excavadoras. El terreno, por las últimas lluvias, estaba inundado y de ahí que los primeros trabajos consistieran en bombear el agua. Pese a que no hubo mucha más actividad, ya queda claro que el promotor no desiste.
Cuenta con la licencia municipal que le otorgó el anterior equipo de gobierno del PP y también con la autorización de la Conselleria de Infraestructuras. La parcela está a escasos seis metros del mar y el hotel que se pretende construir alcanzará los 104 metros y se convertirá con diferencia en la torre más alta de Calp, donde la construcción en vertical no tiene límite.
Eso sí, el promotor también sabe que el Ministerio de Medio Ambiente ha recurrido la licencia con la clara intención de que se anule. El hotel no invade el dominio público marítimo-terrestre, pero sí -así lo sostiene el ministerio- los aparcamientos y sótanos previstos.
La titular de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ya anunció a finales de junio, en una visita a Calp, que consideraba que la autorización de la conselleria no se ajustaba a derecho y de ahí la decisión de recurrirla. Sugirió incluso la posibilidad de expropiar la parcela y así impedir que esta gran torre se levante en primera línea del litoral.
Así pues, esta torre de 27 alturas, por lo inundada que ayer estaba la parcela (la excavación está por debajo del nivel freático) y por el recurso del ministerio de Medio Ambiente, es una especie de gigante con pies de barro.
Mientras tanto, el nuevo equipo de gobierno (PSOE, Bloc y PSD) está maniatado. El anterior gobierno local del PP aprobó en 2004 una modificación del Plan General de Calp que reducía de 1.000 a 500 metros cuadrados la superficie de la parcela mínima en la que se pueden construir torres sin límite de altura. El hotel de 104 metros tiene licencia y, por tanto, el único resquicio es ese que ha encontrado el ministerio de la posible invasión del dominio público.
Con todo, el nuevo gobierno local quiere revisar el planeamiento y cerrar la puerta a los nuevos proyectos de torres junto al mar.
El promotor de este hotel de 27 alturas, que es un conocido empresario de Calp, paralizó las obras en julio y agosto para cumplir la ordenanza de ruidos, pero, en el cartel situado en la parcela, advertía de que podía haber realizado otros «trabajos molestos» que «voluntariamente» tampoco acometería hasta después del verano.
Ayer terminó la tregua. Las máquinas volvieron a estos terrenos que están junto al paseo de la Fossa y, en los próximos días, cuando se saque toda el agua, continuarán las obras de excavación.
* Levante-EMV - A. P. F., Calp - 18 de septiembre de 2007
Foto: Calpe (Alicante) - parcela futura torre - levante-emv.com
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18.9.07
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Ley del Suelo: soltar lastre
ISIDRO LÓPEZ* : La Ley del Suelo se ha vendido, en los medios afines al Gobierno, como la intervención legislativa de mayor carácter social y ecológico de la legislatura. Frenar la especulación, aplicar los principios de sostenibilidad y garantizar el acceso a la vivienda son los tres ejes en los que se ha querido situar esta Ley, en oposición, siempre dentro de los medios, al dogmatismo neoliberal de la Ley del Suelo de 1997. Sin embargo, más allá del prestigio que le da a cualquier ley el ser atacada por Esperanza Aguirre y Jiménez Losantos, la Ley de Suelo tiene más de continuación del proyecto de 1997 de lo que podría parecer si tan sólo se leen los titulares. De hecho, la Ley del Suelo junto al PEIT (Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes) son las dos apuestas del Gobierno para capear los aires recesivos que vienen.
Ocupación de suelo
Antes de analizar el contenido de la Ley, quizá sea necesario describir brevemente qué han venido a significar el suelo y la vivienda para las administraciones públicas españolas en el último decenio. El suelo es el factor de más peso en los precios de la vivienda y además, por ser una mercancía no producida, el más sensible a las espirales de crecimiento de precios tan frecuentes en el mercado inmobiliario. En un contexto económico en el que los salarios reales (salarios descontada la inflación) llevan estancados o en retroceso desde hace 20 años, el alza continuada de precios de la vivienda ha sido la principal fuente de crecimiento del consumo privado y ésta ha sido una de las aportaciones más dinámicas al crecimiento económico español. Para que esto haya sucedido ha sido necesario que el crédito haya fluido hacia unas familias más sometidas que nunca a los imperativos del capital financiero y que las inmobiliarias hayan dispuesto de todo el suelo urbanizable necesario para expandir este proceso. Los enormes costes sociales en forma de destrucción y despilfarro de recursos naturales que ha supuesto este modelo invasivo de ocupación de suelo quedan fuera de las cuentas “propiamente económicas” y sólo podemos estimarlos por aproximaciones.
En este contexto, una bajada de los precios de la vivienda significa una caída del crecimiento económico. Desgraciadamente, ningún gobierno, ni estatal ni local, ni de ‘izquierdas’ ni de ‘derechas’, quiere oír hablar de una ralentización económica que sería deseable por muchos motivos. Las administraciones no tienen ningún interés en fijar las condiciones de una bajada sustancial y posterior estabilización de los precios de la vivienda, ni siquiera en franjas de mercado como la (VPO). Pero, lo quieran o no las administraciones públicas, los precios de la vivienda van a bajar y estos son los que determinan el precio del suelo. El fin central de esta Ley del Suelo es sentar las bases de una bajada ‘estratégica’ de los precios de la vivienda, que sea menos aguda y prolongada de lo que podría ser si no hubiera intervención estatal, permita a nuevas franjas de población acceder a la propiedad y abra posibilidades de mantener tasas de beneficio que mantengan la capacidad operativa de las grandes y medianas inmobiliarias y constructoras. Es decir, con esta ley se están poniendo las bases de un nuevo boom inmobiliario, de igual o mayor destructividad social y ambiental.
A manos de los promotores
En la mayoría de su texto esta Ley del Suelo es una recopilación de artículos referentes al suelo que estaban dispersos hasta hoy. El punto novedoso y núcleo de la nueva Ley del Suelo, atañe a los mecanismos de valoración del suelo rústico. Hasta ahora los suelos rústicos cercanos a zonas urbanas o en expectativa de urbanización se valoraban en función de los precios esperados de las futuras viviendas que allí se iban a construir. A partir de esta Ley, la valoración de los terrenos rústicos se hará a partir de su renta potencial (valor de su producción real) como superficie rústica, pudiéndose multiplicar hasta por dos en función de las rentas de posición (es decir, por cercanía a una gran ciudad o a una infraestructura, etc). Para justificar esta medida se invoca la lucha contra la especulación (en el sentido de retención de suelo), pero en la práctica es una medida inspirada en los famosos ‘agentes urbanizadores’ valencianos. Se trata de abaratar el suelo rústico y con ello dar el control del proceso urbanizador a los promotores frente a los propietarios de suelo.
Un mismo espíritu
Más allá de la retórica del libre mercado, la característica central de la ley de 1997, promovida por el PP, consistía en poner todo el suelo posible en el mercado para disparar la oferta de viviendas y acelerar el ciclo de compraventas. En este sentido, la nueva ley va muy por delante de la anterior al eliminar la figura del propietario, entendido como traba a este proceso. El objetivo: al abaratar los costes del suelo rústico se eleva el margen de beneficio de la promoción inmobiliaria y esto atrae nuevos capitales tanto procedentes de otros sectores como de otros países.
* Isidro López. Observatorio Metropolitano
* Rebelión/ Diagonal - 17-09-2007
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18.9.07
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Se celebra la Semana Europea de la Movilidad pese a la falta de planes de muchas capitales
EUROPAPRESS* : Más de 50 ciudades españolas celebran, desde hoy y hasta el próximo 22 de septiembre, la Semana Europea de la Movilidad, organizada por la Comisión Europea y el Ministerio de Medio Ambiente (MMA), y que el año pasado logró en España el mayor seguimiento de toda Europa, pese a la "ausencia de planes de movilidad sostenible en la mayoría de capitales españolas", según lamentó hoy el director general de Calidad y Evaluación Ambiental, Jaime Alejandre.
El ministerio presentó los actos de la edición de 2007, que irán dirigidos al colectivo de funcionarios, a los que se les cederán bicicletas diariamente para su desplazamiento al trabajo, con el objetivo de "concienciarlos" para que se decanten por una forma de desplazamiento al trabajo más ecológica. Alejandre señaló que él mismo "va todos los días en bici a trabajar", si bien admitió que "es consciente de que se juega la vida" al hacerlo, dado que, lamentó, "muchas ciudades, entre ellas Madrid, no tienen ningún plan de movilidad sostenible".
Así, recordó que Madrid es la única capital europea que carece de este tipo de planificación, y que no reconoce "el derecho de los ciudadanos a moverse con un medio limpio al trabajo", ya que, en la capital, se considera a la bicicleta "como una forma de ocio y no como alternativa". En cambio, puso como ejemplo el plan aprobado en Barcelona, "que ha tenido una gran repercusión", por lo que pidió a las distintas administraciones locales y autonómicas "que sigan haciendo sus deberes".
"El diagnóstico es claro: la movilidad sostenible debe ser una prioridad, porque en las ciudades hay un exceso de emisiones de gases contaminantes y de ruido, y además hemos caído en el sedentarismo", indicó Alejandre, que criticó que hoy "se lleve a los niños hasta la esquina en el 4x4, porque, si no, parece que no son felices".
HASTA 18 MILLONES DEJARON EL COCHE EN 2006.
El director general de Calidad y Evaluación Ambiental afirmó que, el año pasado, secundaron la semana de movilidad más de 15 millones de españoles, y que otros 18 millones dejaron de utilizar el automóvil en el Día sin Coches, cifras que espera mejorar este año.
Al respecto de la situación en España, celebró que se haya avanzado en muchos colectivos, para lo que reforzarán sus esfuerzos con los funcionarios, pero insistió en que las competencias para mejorar el tráfico en las ciudades y hacerlo más limpio son de las comunidades autónomas. "Son ellas quienes pueden poner peajes, o parquímetros, y deben involucrarse con la calidad de vida de los ciudadanos", dijo.
Sin embargo, el mensaje para esta edición hará hincapié en la decisión individual de cada ciudadano, según Alejandre: "La calle es para todos y el aire es el que todos respiramos, y ningún ser inteligente recorta la esperanza de vida que ha conseguido mejorar". Según recordó, la Organización Mundial de la Salud ha apuntado que en España se registran 16.000 muertes prematuras por la contaminación del aire.
Durante esta semana, también se celebrará la presentación de resultados del Observatorio de la Movilidad Metropolitana, se presentarán los resultados de la campaña de 2006, y el medallista europeo de los 10.000 metros pronunciará la conferencia 'Deporte y trabajo son compatibles".
* Europa Press - MADRID, 17 Sep
Foto: diasincoche - europa.eu
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Tema: NOTICIAS URBANISMO
Sevilla: "Un regalo que pagamos todos"
CARLOS MÁRMOL* : En el críptico código expresivo de los urbanistas suelen denominarse "espacios de oportunidad" a aquellos lugares de una urbe donde puede hacerse algo para mejorar la ciudad entera. Normalmente son agujeros negros, vacíos, áreas donde jamás se construyó o viejas instalaciones en franco declive, como aquel Astillero de la novela de Juan Carlos Onetti. Fábricas antiguas, instalaciones militares abandonadas. Ajados equipamientos del pasado remoto, que es curiosamente el más cercano. Tanto el estadio del Betis, como el del Sevilla FC, eran hace sólo siete años, cuando empezó a elaborarse el PGOU, dos de estos sitios en los que, si se hacían las cosas medianamente bien, existía la posibilidad de beneficiar a toda la ciudad.
A peor. Más de un lustro después se constanta que no ha sido así. No puede decirse además que sea una sorpresa. En Sevilla, a este respecto, nunca hemos hecho las cosas bien, con el agravante de que en el urbanismo, como a veces en la vida, llega un momento en el que resulta imposible rectificar. No resta espacio donde hacerlo o no queda tiempo. Lo peor de lo que ha ocurrido esta semana -la bendición final a la recalificación urbanística del Betis, a la que seguirá dentro de unos meses la del Sevilla FC- no es tanto la estética de las reformas que lideran los dirigentes de ambos equipos de fútbol, sino la aplicación sistemática por parte del Ayuntamiento -el poder que teóricamente nos protege a todos- del mismo viejo patrón de conducta que suele confundir la justicia con el populismo político y el servilismo con la generosidad.
El Betis y el Sevilla, ambos ya con un siglo de historia a sus espaldas como asociaciones deportivas, son hoy día todo lo contrario a esas organizaciones románticas y heroicas que algunos creen, suponen o sienten. Antaño, en otros tiempos, acaso ejercieran el papel de símbolos de las aspiraciones por mejorar mediante el esfuerzo y la tenacidad de la ciudad. Pero, dejando de lado tanto el azúcar como el tremendismo con el que se tratan los asuntos futbolísticos, parece claro que todo esto quedó enterrado el día en que se convirtieron en sociedades anónimas deportivas. Empresas con sus accionistas, sus dueños, sus consejos de administración y su política de inversiones, desinversiones y, como siempre, contención del gasto.
Para muchos sevillanos el Betis y el Sevilla son parte de su vida. En eso no hay nada de malo. Pero esta evidencia, usada generalmente como coartada recurrente para justificar cualquier barbaridad, no importa en demasía en el caso que nos ocupa, que es analizar la conducta municipal con respecto a sus demandas, donde la igualdad y objetividad de trato debería ser la norma. Los clubes hispalenses hace tiempo que buscan triunfar no sólo por la aclamación popular, sino para lograr lo que todas las empresas: ganar dinero. Los títulos deportivos, además de orgullo, dan beneficios en forma de derechos de televisión en un mundo en el que la publicidad es un negocio planetario donde cualquier soporte resulta bueno.
Siendo esto así, no deja de resultar irónico que el Consistorio en Pleno, coincidiendo con sus respectivos centenarios, festeje una vez más el capricho de entregarles en plusvalías urbanísticas 60 millones de euros a cada uno. Un regalo generado de forma artificial por el poder municipal sin más justificación que una decisión política unipersonal. Paradójicamente, este detalle perjudica a la propia urbe, que pierde para siempre la oportunidad histórica de reequipar con espacios libres y lugares de esparcimiento barrios como Nervión o Heliópolis, que quedarán saturados con inmensos complejos comerciales que nadie ha pedido y que, desde el punto de vista de muchísimos ciudadanos todavía silentes, casi nadie necesita.
Todos felices. Ningún partido político levanta la voz contra semejante dislate. Hay silencios muy elocuentes. PSOE e IU aprueban la operación. El PP calla. Pero la responsabilidad máxima, como resulta obvio, es de Monteseirín, que en lugar de usar el urbanismo como instrumento para mejorar Sevilla -una de las cosas de las que presume- lo pone al servicio de los dirigentes de dos entidades privadas con fines particulares. Quizás hubo un momento en que ambas entidades pudieron, emulando a Kennedy, decir aquello de que lo importante no era lo que la ciudad podía hacer por ellos, sino lo que ellos podían hacer por su ciudad. Es fácil: dejar sus estadios, obtener los beneficios lógicos y trasladarse al vacío coliseo de la Cartuja. Su herencia sería entonces más perdurable que la económica, al consistir en ese patrimonio sentimental que tanto explotan y del que ambos se nutren. No todo es el dinero en la vida. ¿O no? Nunca hubo voluntad. Tampoco desde el Consistorio se usó el lápiz urbanístico para forzar una salida. Se ha preferido hacer lo de siempre: regalar lo que no es de nadie -el patrimonio de todos- y poner una bondadosa sonrisa. Bonitas fotos. Todos felices.
-Muchas gracias por el detalle.
-No hay de qué. Vosotros sois una parte importante de la ciudad. Los demás, al parecer, no.
* Diario de Sevilla - La Noria, Carlos Mármol - 17 de Septiembre de 2007
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17.9.07
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Miles de personas se manifiestan contra la ampliación del aeropuerto de Los Rodeos
CANARIAS7* : Varios miles de personas participaron hoy en La Laguna en la manifestación convocada por los vecinos de Camino de la Villa y San Lázaro contra la futura ampliación del aeropuerto de Los Rodeos, sin que se produjeran incidentes. "Políticos mentirosos", "Tenerife despierta, el piche está en tu puerta" o "Este ayuntamiento vive del cemento" han sido algunas de los eslóganes más coreadas en una marcha que, inundada de banderas y pancartas verdes, se convirtió en un grito contra el desarrollo urbanístico y por la defensa de los sectores agrícola y ganadero del municipio.
Al acto acudieron, además de vecinos de la zona, representantes de asociaciones y sindicatos como Asamblea por Tenerife, Intersindical Canaria (IC), Alternativa Sí se puede y Alternativa Nacionalista Canaria.
Además, cuando la manifestación llegó a la altura del barrio de San Benito, ganaderos de la asociación AGATE se sumaron a la marcha con sus tractores y yuntas de vacas.
Fuentes policiales cifraron en dos mil el número asistentes, no obstante, en determinados momentos de la marcha, que partió al mediodía desde el Ayuntamiento hasta llegar al aeropuerto de Los Rodeos, se sobrepasaron ampliamente las tres mil personas.
Muchos de los asistentes llevaron pancartas en las que se leían mensajes como "En defensa de nuestra tierra, contra la especulación", "Sin tierra no hay papas" o "El barrio no se vende". Tampoco faltaron pegatinas que rezaban el lema "No a la ampliación de los Rodeos. En defensa del suelo rústico".
La marcha finalizó con la lectura de un manifiesto por parte de los representantes vecinales de San Lázaro y Camino de la Villa, donde dejaron patente su total rechazo a la utilización de suelo rústico para la ampliación del aeropuerto y su indignación con los dirigentes políticos de Tenerife, "y de La Laguna en particular", a quienes acusaron de engañar y manipular a los vecinos.
El presidente de la Asociación de Vecinos de Camino de la Villa, Pedro Delgado, afirmó que tanto el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, la alcaldesa Ana Oramas como el concejal de Urbanismo de La Laguna, Fernando Clavijo, "han tomado el pelo a los vecinos" ya que, según indicó, "enviaron una carta donde comentaron por escrito que no habría ningún tipo de expropiación" por la consecución de la obra.
Además, recordó que la obra de ampliación de Los Rodeos, afecta al único acuífero que queda en el municipio; "un asunto sobre el cual "Clavijo no dice la verdad. Sólo nos presenta un folio de tres párrafos sin escudo y sin autoridad administrativa explicando el asunto", agregó Delgado.
Por último, aseguró que "la lucha no se termina aquí", y anunció futuras protestas y recogidas de firmas que no cesarán "hasta que se demuestre técnicamente que la ampliación del aeropuerto de Los Rodeos es necesaria y no puede hacerse en el espacio que ya disponen".
Antes de despedir a los manifestantes, a los que agradeció su participación y sus buenas formas durante la marcha, recordó que las amenaza de la pérdida de suelo agrícola en la zona de Camino de la Villa y San Lázaro no corresponde únicamente a la ampliación del aeropuerto, sino también a la futura construcción de la Vía Exterior y la Vía de Cornisa.
Antes de iniciar la marcha, el presidente de la Asociación de vecinos de San Lázaro, Andrés Pérez, reiteró que aún no se ha hecho un estudio previo que demuestre técnicamente la necesidad de que se amplíe la plataforma este del aeropuerto de Los Rodeos.
Respecto al acuífero presuntamente afectado por la ampliación, indicó que se trata de "la mayor reserva de agua que queda en La Laguna y la única, puesto que el concejal de Aguas ha comentado que los acuíferos del municipio están prácticamente secos".
La manifestación, aseguraron sus promotores, se llevó a cabo en defensa de los más de veinte mil metros cuadrados de terreno rústico, agrícola y ganadero, en peligro por la ampliación del aeropuerto de Los Rodeos por parte de Aena.
* Canarias 7 - EFE. La Laguna (Tenerife) - 15/09/2007
Foto: La Laguna (Tenerife), manifestación 15Sept - ecologistasenaccion.org
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17.9.07
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Tema: NOTICIAS Canarias
Urbanismo contra los sinhogar
ADN.es* : Asfalto plano, con apenas sombras, bancos sin respaldos de piedra o de metal. Son las nuevas plazas del centro de Madrid. Lugares duros para el ciudadano y mucho más para los indigentes, denuncia una asociación que ayuda a los sinhogar.
"La calle es de todos, y no se puede hacer que ninguna persona se marche a otro sitio por la fuerza", indican desde el Ayuntamiento de Madrid cuando ADN.es pregunta a sus responsables si la construcción de nuevas plazas persigue desalojar a los indigentes del centro de la ciudad.
Sin embargo, el duro granito parece demostrar lo contrario: las nuevas plazas cuentan con elementos poco amables (ver vídeo), solitarios, ásperos. "La tendencia es hacer más incómodas la plazas para la indigencia. No tanto por la persona, sino por sus efectos", apunta Pedro Ortiz, presidente de la comisión de Urbanismo del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM).
"Hay una remodelación general de plazas para intentar echar a los indigentes", denuncia Pedro Cluster, antiguo indigente, blogger y autor del canal Telepobre, que desde hace unas semanas denuncia este tipo de situaciones en Youtube.
Un paseo con Pedro por seis plazas del centro de la capital (ver mapa) lo confirma: En Tirso de Molina nadie puede tumbarse en sus bancos, pequeños y separados; bancos que en Conde de Barajas, simplemente, han desaparecido. Todo para hacer un poco más difícil que los sin techo campen en el corazón de la ciudad, explica Cluster.
"La mayoría de los indigentes de Madrid viven en el centro porque es ahí donde están los recursos, la comida, los albergues, y sus amigos", apunta el miembro de la asociación Desde la calle. "Pese a los inconvenientes, buscan huecos y se mantienen ahí".
Los nuevos elementos arquitectónicos tampoco son demasiado cómodos para los viandantes. En la plaza de Jacinto Benavente, la mayoría prefiere sentarse alrededor de un árbol que en los piedros unipersonales instalados recientemente.
Pedro los observa: "Hacen lugares tan incómodos que ni siquiera la gente corriente los utiliza", comenta.
Gusto por las "plazas duras"
En los meses previos a las elecciones, el Ayuntamiento de Madrid reformó varias de las plazas del centro, cambiando radicalmente su aspecto en muchos casos. Pedro Ortiz, del COAM, confirma la tendencia: "Ahora se hacen plazas más duras, sin árboles y con mucho granito".
"Debería utilizarse más verde, porque humaniza estos lugares, los hace más cómodos", detalla el Ortiz. Muchas de las nuevas plazas tienen escasos árboles, y los plantados son todavía demasiado jóvenes y no dan sombra.
El arquitecto indica que las últimas remodelaciones buscan, además de eliminar elementos "en los que te puedas recostar", dotar a la plaza de "una gran visibilidad", para evitar que alguien pueda ocultarse en sus recovecos. Además, son lugares no cerrados al tráfico en sus laterales "para que puedan ser vigiladas por un coche de seguridad o de policía".
Y otra de las características de las nuevas plazas es que los materiales de los que están hechas permiten ser limpiadas fácilmente de suciedad o grafittis, para cumplir así uno de los lemas del Ayuntamiento: Madrid limpio es capital.
Sinhogar.org, el blog de Pedro Cluster, ironizaba hace poco con esta frase: "El Ayuntamiento incluye en el lema limpio de indigentes. Sí, de esos pobres que afean y ensucian el paisaje urbano. De esos que duermen entre cartones con unas mantas sucias y unos tetrabricks de vino".
* ADN.es - Diego Casado - Madrid | 09/09/2007
Vídeo: Diego Casado / Pablo Mateos / Alejandro Bohórquez - ADN.es
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16.9.07
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Tema: NOTICIAS Madrid , VÍDEOS
El paisajismo en la promoción urbanística
LARA GONZÁLEZ DÍAZ-AGUADO* : Cada vez más, la forma de entender el paisajismo en España se está adaptando al concepto ya vigente en Europa: un paisajismo más cercano al urbanismo que a la jardinería. Se amplía el ámbito de trabajo, tradicionalmente reducido a las zonas verdes, con intervenciones a mayor escala, como pieza fundamental de los equipos multidisciplinares que desarrollan los planes urbanísticos. De este modo el paisajismo forma parte de la respuesta a las nuevas políticas sobre zonas verdes -normativas y distribución de usos de las parcelas-, formalizando la conversión de esas ideas en hechos reales.
Es así que el paisaje, en tanto que diseño de ese espacio urbano, se concibe como valor añadido a la arquitectura, como un complemento de la misma, y no como un elemento perturbador o una interferencia. Es el espacio donde se insertan los edificios, el fondo sobre el que se levantan y el elemento de integración visual y estética del sitio con su contexto inmediato.
Este valor añadido debe entenderse en un doble sentido: el ecológico y el comercial. En sentido ecológico porque recupera una parte de la naturaleza para la ciudad, repara lo destruido, además de mejorar las condiciones medioambientales del entorno. Y en sentido comercial porque supone una mejora estética y de la calidad de vida.
Como cualquier otra forma de expresión artística, el paisajismo va actualizándose y evolucionando acorde a las nuevas tendencias de diseño, colabora en la investigación de materiales en paralelo a otras disciplinas, como la arquitectura, y mantiene presente valores en alza de cuidado al medio ambiente.
Es en este sentido en el que se implementan criterios de sostenibilidad -materializados en la utilización de materiales y especies autóctonos, utilización de agua reciclada, aprovechamiento de condiciones medioambientales- y se tratan de mejorar las condiciones bioclimáticas de los edificios y del entorno.
Entre los ámbitos de trabajo habituales, el desarrollo de urbanizaciones de viviendas a las afueras de las ciudades demanda la creación de espacios de uso común, donde prima el equilibrio entre la estética, la funcionalidad y el mantenimiento, integrando zonas de niños, zonas destinadas a usos deportivos y estanciales y de ocio.
El traslado de la vida a las afueras se produce en paralelo a la creación de parques empresariales y sedes corporativas fuera de las ciudades. Se produce una concentración de trabajadores en pequeñas nuevas ciudades, que requieren espacios de esparcimiento y relajación frente a los espacios de trabajo. Así, estos complejos se proyectan pensando en los espacios comunes a los edificios.
* Lara González-Aguado es miembro de Landscape Architects and Design
* El Mundo - 14 de Septiembre de 2007
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16.9.07
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO
Los vecinos de Marbella se niegan a pagar los errores urbanísticos
LAOPINIÓNDEMÁLAGA* : Comienza una nueva guerra en Marbella con varios frentes abiertos y con el futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como principal elemento generador del malestar. Todos los colectivos se rebelaron ayer contra el sistema de compensaciones que recoge el citado documento para la legalización de las más de 18.000 viviendas irregulares, que en algunos casos correrá a cargo de los promotores, y en otros deberán ser los compradores quienes la costeen de su propio bolsillo.
Por este motivo, tanto los constructores como los propietarios de estos inmuebles arremetieron ayer contra la Junta de Andalucía, responsable de la revisión del PGOU.
La Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de la provincia de Málaga denunció una "caza de brujas" emprendida por la Junta contra el colectivo y contra los compradores, "a quienes no se puede responsabilizar por adquirir una vivienda que tenía todos los papeles en regla y que contaba con una licencia de obras", expuso la gerente de este colectivo, Violeta Aragón.
A su juicio, se debe estudiar "caso por caso con mucho detenimiento y analizar las posibles soluciones con las administraciones", ya que fue el Ayuntamiento quien concedió el permiso de construcción y la Junta la que dio el visto bueno. Por este motivo, "en ningún caso se puede culpar a los compradores".
Pero no es la única crítica de este colectivo, que aún no ha presentado sus alegaciones al futuro planeamiento. Aragón denunció que hay promotores con suelos en Marbella desde hace varios años, que esperaban a la aprobación del Plan para su desarrollo "y ahora se les penaliza y se les obliga a dedicar sus terrenos a pagar las ilegalidades que se cometieron en otras zonas".
Vecinos. Los dueños de los inmuebles también mostraron ayer su malestar. El presidente de la plataforma de ciudadanos afectados por posibles derribos en Marbella, José Ortiz, recordó la condición de compradores de buena fe de todos los integrantes de la asociación, por lo que "si ahora tenemos que cargar con las compensaciones por acciones que realizaron otros se nos estaría tratando como delincuentes".
Ortiz consideró que el Gobierno andaluz "debe buscar otros culpables y perseguir a los empresarios o que hubiera vigilado, tal y como era su obligación", dijo.
La plataforma calificó como "auténticas ruindades" las áreas de reparto y regularización que se recogen en el PGOU "porque enfrentará a unos vecinos con otros, lo que es reprobable desde el punto de vista ético y moral".
Castigo. Los afectados agotarán el plazo para la presentación de sus alegaciones. La mayoría de ellas serán de carácter técnico y, además, propondrán soluciones alternativas para la regularización de viviendas. "En muchos casos se puede resarcir a la ciudad de las ilegalidades que se han cometido sin perjudicar a terceros de buena fe", señaló Ortiz.
Sin embargo, los vecinos aseguraron que el "único objetivo que tiene la Junta con este Plan General es perjudicar a los marbelleros y castigar a todos los compradores".
Hay que recordar que el redactor del PGOU, Manuel González Fustegueras, advirtió de que la ley obliga a los propietarios del suelo a pagar las cargas, ya sean empresarios o compradores.
* La Opinión de Málaga - SANTIAGO MANCHADO. MARBELLA - 15 de septiembre de 2007
Foto: Imagen de la novena obra precintada por la anterior gestora contrarias al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986. EFE
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16.9.07
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Gente sin casa, casas sin gente. ¿Cómo se entiende?
Endika ALABORT AMUNDARAIN y Lluis R. A.* : La dificultad de acceder a una vivienda, ya sea de alquiler o de compra, es quizás una de las cuestiones que más preocupan a la mayoría de los trabajadores en el estado español hoy en día. La cuestión de la vivienda tiene sus explicaciones principales en el mundo de la economía. Es por este motivo que en este articulo, hecho colectivamente por miembros de la Redacción de la Sección de Economía del periódico "cnt", y tal como dice el título, que es un conocido lema del movimiento okupa, trataremos de indagar sobre todo lo que implica una vivienda, es decir, cuál es el valor real y cómo se determinan los precios; qué implicaciones tiene en la economía el sector de la construcción; cómo influye, interviniendo o no, el Estado; qué factores explican la burbuja inmobiliaria; qué consecuencias tiene este crecimiento desmesurado de las construcciones; posibles alternativas de lucha, etc. Pasaremos, pues, a intentar desgranar estos aspectos que nos llevarán a terminar el artículo con la segunda y última parte.
Valor y precio de la vivienda
El precio no es más que una expresión del valor. A simple vista parece que estos dos conceptos significan lo mismo, pero no es así. Vista la escalada de precios acaecida en los últimos años en el estado español está demostrado que el precio tiene una parte de valor real de la vivienda (valor de producción y su derivado beneficio empresarial) y otra parte tan importante de especulación y expectativas. Esta sobrevaloración de la vivienda tiene unos claros beneficiarios: los constructores, las inmobiliarias y los banqueros: el capital, los capitalistas en última instancia. Por el contrario, los perjudicados somos los de siempre, los trabajadores.
¿Qué es lo que determina el valor de la vivienda?
El valor de la vivienda en el capitalismo se determina por varios factores: algo tiene valor principalmente porque tiene trabajo incorporado, porque es escaso en relación con la demanda y porque tiene una utilidad social y, por lo tanto, personal, es decir, el tipo de bien al que nos referimos, aquél que nos permite vivir resguardados y mantener nuestra independencia, es un bien básico para la vida y reproducción del ser humano. Asimismo el valor económico se deriva de los derechos de propiedad y en concreto de la propiedad de la tierra o suelo.
¿Que es lo que está determinando los precios actuales?
Los precios se determinan en primer lugar por el coste de construcción. Este coste se deriva del precio del suelo, que en la práctica se fija en proporción al precio final de la vivienda, el precio que se espera cobrar de ella (y no al revés, como dicen los constructores); de los salarios, que se han mantenido en los últimos años estancados; del precio de las materias primas que incluso han disminuido, y del margen de beneficio de las constructoras, que ha crecido muchísimo y es de entre el 25-50% sobre el precio final. Si la constructora compra terrenos baratos y aumenta su margen de beneficio a costa de los salarios y materias primas baratas, es cuando se está forrando.
Una vez que vas a comprar o alquilar una vivienda, el precio final puede acabar determinado por la escasez, algo que provoca el hecho de que no se cubra suficientemente la demanda: o porque no se construye suficiente (que no es el caso) o porque lo que está construido no se pone a la venta o al alquiler. Los pisos vacíos en Barcelona (con 307.859), Madrid (306.556), Valencia (208.064) y los demás pueblos y ciudades suman un total en todo el estado de 3,1 millones de viviendas vacías, equivalente al 14% del total de viviendas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Éstos son los elementos que influyen sobre el valor económico en el capitalismo (que es una expresión del valor económico distinto a otros sistemas económicos, como el colectivismo).
Otro elemento que determina el precio actual de la vivienda son las expectativas de revalorización y la especulación. Según una encuesta a compradores de vivienda en los últimos 6 años, realizada por el catedrático de economía José García Montalvo (1) un 37% de los pisos se compran para invertir (especular). Muchas personas creen
que si la vivienda aumenta de precio, va a continuar creciendo y esto alimenta la burbuja.
Según este mismo estudio un 50% del incremento del precio de la vivienda se debe a un incremento de la demanda, y el otro 50% a la especulación y las expectativas. Lo que el estudio no muestra es la parte de la oferta, es decir, el aumento del precio de la vivienda se explica también por el aumento de su coste de producción, el cual incluye el salario (remuneración del trabajo), el coste del terreno y las materias
primas, y el beneficio (empresarial). Este último factor queda diluido en dicho estudio, y sin embargo, a juzgar por los beneficios declarados por las empresas constructoras e inmobiliarias y sus propietarios (véase el cuadro adjunto "La mano
invisible"), este factor tiene también una influencia importante en la elevación de los precios.
Las conclusiones, desde nuestro punto de vista, difieren de las del estudio, pues los precios, en última instancia, no los marca la demanda sino la oferta. Como mucho, la demanda marca el tope del precio a pagar, pero el precio lo marca la oferta al presionar al alza y buscar todo el mundo (constructoras, inmobiliarias, bancos) beneficios fáciles.
Los máximos responsables de sostener estos precios son los que prestan el dinero, los bancos y cajas. Los bancos y cajas alargan el crédito, diciendo que si no fuera por ellos, no se podría comprar. Pero es al revés, pues gracias a que ellos dan créditos y los alargan, los precios suben porque lo que importa para quien necesita
un piso es la cuota mensual principalmente. Son, pues, los responsables últimos de la burbuja y unos de los principales beneficiarios.
Los aspectos de la demanda que influyen en el salvaje incremento de precios.
En cuanto a los componentes de la demanda que afectan al aumento de precios, situamos el factor demográfico en primer lugar. La demanda real ha ido creciendo poco a poco en los últimos años. La generación del "baby boom" (los nacidos entre las décadas de los sesenta y setenta) es la gran impulsora de esta demanda. Ésta tiene preferencia por la vivienda en régimen de propiedad, ya que el sistema fiscal actual incentiva la compra de la primera vivienda frente al alquiler. A ello hemos de sumar el abusivo precio de los alquileres que fomentan la adquisición de la vivienda. Simplemente mencionar que en España hay una tendencia por costumbre a
adquirir la vivienda y no a alquilarla, frente a otros países europeos (por ejemplo el Reino Unido) donde la mayoría de la población vive de alquiler la mayor parte de su vida, sin que ello les suponga la sensación de que están echando a perder su dinero.
Otro de los factores clave es el de la inmigración, fenómeno reciente en el estado. Debido a su inestabilidad laboral durante los primeros años y el riesgo de volver a su país de origen una vez acumulado cierto capital, las entidades bancarias se muestren reacias a conceder créditos hipotecarios, ya que, en la mayoría de los casos, no disponen de ahorros y necesitan el cien por cien del valor de la vivienda. Por ello, este numeroso colectivo se decanta por el alquiler, influyendo así en el mercado inmobiliario, ya que de esta manera se fomenta la inversión en segundas viviendas de los especuladores que se destinarán al alquiler.
El tercer factor importante es la demanda inversionista-especulativa. Ésta ha ido creciendo debido a la baja rentabilidad (comparada con años anteriores a 2001, sobre todo) de la bolsa y otros sectores económicos (como la industria) en los últimos años, constituyéndose el sector inmobiliario en una alternativa de inversión, tanto para revender como para alquilar.
La vivienda como segunda residencia es otro de los factores que inciden en la creciente demanda. La expansión de este mercado viene marcada sobre todo por los bajos tipos de interés hipotecario que se han dado en los últimos seis años más que por el paulatino crecimiento del PIB. Hay que destacar, además, que el sector público ha ayudado a que la gente compre viviendas lejos de su trabajo habitual y en lugares donde antes no se hubiese invertido, ya que en las últimas décadas el Estado y el resto de Administraciones (Diputaciones, Comunidades Autónomas) han invertido mucho en la mejora de la red viaria mediante la construcción de vías rápidas, autovías y autopistas, haciendo factible que alguien pueda comprarse su vivienda habitual o una segunda vivienda a 50 o 100 kilómetros del trabajo, y ha hecho posible invertir en lugares antes remotos e incomunicados, que ahora tienen una mejor comunicación con los grandes centros urbanos aunque sea a costa de la destrucción del ecosistema, como veremos en la próxima entrega.
Los tipos de interés hipotecarios han sido parte de la clave para entender todo este problema. Los intereses de un crédito hipotecario se determinan sumando al Euribor (el tipo de interés controlado por el Banco Central Europeo) un diferencial
establecido por la entidad bancaria. El Banco Central Europeo tiene como finalidad conseguir la estabilidad de los precios a nivel europeo (baja inflación), mediante el control de la tasa de interés, determinando el Euribor. Su evolución fue descendente a lo largo de 2002, y se mantuvo estable hasta el último trimestre (2"3%). Desde entonces se está dando una escalada progresiva (actualmente sobre el 4%).
Esta evolución descendente de los tipos de interés hizo que a las entidades financieras se les hiciese más fácil conceder los préstamos hipotecarios. De esta manera, se hizo más fácil la financiación de las operaciones inmobiliarias, ya fuesen para inversión/especulación o para residencias. Pero en el último año, debido a la subida de los intereses, poco a poco las entidades bancarias se están volviendo más reacias a dar créditos hipotecarios con la facilidad que la daban antes. Aunque también hay que decir que estas mismas entidades están alargando el plazo de devolución como forma de seguir concediendo hipotecas (hasta de 50 años).
Una de las peores consecuencias de la "burbuja inmobiliaria" ha sido la corrupción y el fraude fiscal. En lo que respecta a la corrupción, hemos visto en los últimos tiempos numerosos casos de irregularidades en los ayuntamientos, al tener poder discrecional en materia de urbanismo. Antes de la década de los 80 las competencias
en esta materia estaban en manos del Gobierno Central, pero en aquella época pasó a
manos de las administraciones locales. Esto hizo que a partir de entonces, para los ayuntamientos, la manera más fácil de conseguir recursos financieros fuese vender terrenos municipales y recalificar suelos. Esta situación se ha agravado con las políticas fiscales implementadas en los últimos años. Los partidos políticos anuncian recortes de los impuestos cada vez que se acercan las elecciones, incluyendo los impuestos municipales y autonómicos (como se está haciendo ahora, por ejemplo en Madrid, con el tramo autonómico del IRPF), es decir, los de los ámbitos
administrativos que tienen hoy día las competencias urbanísticas. Así tiene lugar una carrera entre partidos por ver quién baja los impuestos en mayor medida, reduciendo al mismo tiempo los ingresos públicos y haciendo necesarias otras formas de financiación, como éstas vinculadas a la construcción y a la gestión del territorio.
Éstas son prácticas legales, a las cuales hay que añadir otras de carácter irregular. La manera más sencilla de corrupción consiste en el cobro de sumas de dinero muy importantes (no declaradas) a cambio de la recalificación de terrenos. Por otro lado, uno de los fraudes fiscales más habituales en el sector de la construcción se ha dado por la compra sobre plano de viviendas por parte de especuladores y la venta de los mismos antes de su escrituración ante fedatario público, logrando de este modo unos beneficios que durante muchos años han sido
millonarios por el incremento desmesurado del precio de la vivienda al que estamos haciendo referencia.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, es muy difícil saber cuál de todos estos factores de demanda ha sido el más influyente, ya que todos se relacionan entre sí. Los factores macroeconómicos que han incidido en la burbuja son, por consiguiente, tanto nacionales como internacionales. Nacionales por la evolución de la demanda
interna, el sistema fiscal y la posición de las Administraciones Públicas ante todo esto; e internacionales por los tipos de interés (fijados por el Banco Central Europeo) y las similitudes con otros procesos en otros países (Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia, mercados inmobiliarios emergentes en Europa del Este).
Lo que sí está claro es que estos factores de demanda, de hecho, dificultan que los precios de la vivienda desciendan (o facilitan que se eleven), pero en realidad, lo que provoca en última instancia el alza generalizada de esos precios son los factores de oferta (y, en definitiva, los beneficios de la patronal), pues la demanda la garantiza el hecho de que la vivienda sea una necesidad social. El factor clave para los trabajadores es la mensualidad a pagar, pero con crédito barato y
mientras haya un sueldo que destinar a ese endeudamiento, aquéllos no pueden renunciar a pagar ese elevado precio por tratarse de un bien necesario, convirtiendo la cuestión de la vivienda en un negocio redondo.
Así, solamente entre 1997 y 2005, el aumento acumulado de los precios de las viviendas en España ha sido del 177%, equivalente a siete veces el crecimiento de los precios de consumo y de los salarios en el mismo periodo de tiempo. Los precios más elevados, por autonomías, eran los de la Comunidad Autónoma de Madrid (2.617,4 euros/m2, 39 millones de pesetas una vivienda de 90 metros cuadrados) y País Vasco, mientras que los mas reducidos eran los de Extremadura (836,3 euros/m2, 12,5 millones de pesetas por vivienda media de 99 m2), según la estimación del Ministerio de Vivienda para el primer trimestre de 2005.
En la próxima y última entrega, analizaremos las perspectivas que presenta este fenómeno para el futuro, echando un vistazo a las implicaciones de la actuación de los poderes públicos (de lo que ya hemos visto alguna pincelada aquí) y a las posibilidades de pinchazo de la "burbuja inmobiliaria". Finalmente, veremos las consecuencias que este boom tiene tanto para la clase trabajadora como para nuestro
medio ambiente.
Para leer más:
- García Montalvo, José. "Deconstruyendo la burbuja: expectativas de revalorización y precio de la vivienda en España". Papeles de Economía Española. 2006, núm.109. En Internet, en http://www.econ.upf.es/~montalvo/nvivienda.htm.
- (2004). "Políticas públicas y precio de la vivienda." Cuadernos de Información Económica. 2004, núm. 178, pp. 65-70. En Internet, en http://www.econ.upf.es/~montalvo/nvivienda.htm
- "La vivienda en España: desgravaciones, burbujas y otras historias." Perspectivas del Sistema Financiero, FUNCAS. 2003, núm. 78, pp.1-43. En Internet, en http://www.econ.upf.es/~montalvo/nvivienda.htm
- Naredo, J. M., Carpintero, O. y C. Marcos, "Los aspectos patrimoniales en la coyuntura económica actual: nuevos datos e instrumentos de análisis," Cuadernos de Información Comercial Española. 2002, núm. 171, Noviembre-Diciembre.
Notas:
(1) García Montalvo (2006).
*
Endika Alabort Amundarain y Lluis R. A. son miembros del Centro de Estudios Libertarios "Francesc Sàbat" -Sección de Análisis y Estudios Económicos.
http://www.periodicocnt.org
* La Haine - 15.09.07
en
16.9.07
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Tema: ARTÍCULOS VIVIENDA
Fascíkulos
KaosenlaRed*
La viñeta de Kalvellido: FASCÍKULOS
Todos los años las mismas noticias! Ke si hay más divorcios después de las vakaciones, ke si la depresión post-vakacional y los fascíkulos... LOS PUTOS FASCÍKULOS!
* KaosenlaRed - 15.09.2007
en
15.9.07
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Tema: GRÁFICOS/ VIÑETAS
Vigo: 'Reconquista pirata' contra la especulación urbanística
CANALSOLIDARIO* : “Toralla es de todos”. Con esta consigna y ataviados con vestimentas y banderas piratas, cerca de 300 personas se manifestaron hace unos días en la isla de Toralla, en Vigo, para reclamar su uso público y denunciar las consecuencias de la especulación urbanística, que está a acabando con el patrimonio natural e histórico, según grupos ecologistas y movimientos sociales. Los manifestantes que llegaron a la isla en lanchas y balsas hinchables leyeron un manifiesto en el que destacaron el carácter pacífico de la protesta y denunciaron que la situación actual del territorio no se corresponde con lo establecido en la actual Ley de Costas.
Entre las denuncias de los manifestantes destacan los daños ocasionados por la especulación al patrimonio cultural e histórico de la isla, que cuenta con un castro de la Edad de Hierro y una necrópolis romana.
No te pierdas el vídeo que resume la jornada festiva y de denuncia:
Organizaciones ecologistas como Greenpeace o Adena también vienen denunciando reiteradamente los incumplimientos de la Ley de Costas y sus modificaciones.
"A finales del año 2002, el Ministerio de Medio Ambiente presentó una modificación de la Ley de Costas camuflada como un artículo dentro de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales", explican desde Greenpeace.
Para estas organizaciones las modificaciones resultaban inadmisibles. "Primero en cuanto a la forma, totalmente deshonesta: se introducen variaciones sustanciales que afectan a los derechos de los ciudadanos en la Ley de Costas encubriéndolas bajo una normativa que nada tiene en común con ella y sin ningún tipo de debate ni análisis. Y segundo, en cuanto al fondo, en lugar de buscar una gestión integrada acorde con los principios exigidos por la Unión Europea, esto es, conservación de la costa y su biodiversidad, con las modificaciones se fomenta la ocupación más completa del espacio costero, al más puro estilo Benidorm años sesenta, llegando a autorizar construcciones en la servidumbre de protección, la franja de veinte metros desde la ribera del mar", señalan responsables de Greenpeace.
* Canal Solidario - 15/09/2007
Foto: reconquista isla de Toralla - canalsolidario.com
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15.9.07
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Tema: NOTICIAS Galicia
El TSJC anula la licencia urbanística del complejo de 48 apartamentos de Costa Teguise
EFE/Lanzarote* : El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado una licencia urbanística concedida por el ex alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández (CC) a un complejo de 48 apartamentos ubicado en Costa Teguise. El TSJC considerar que esta licencia es contraria a derecho por carecer del informe de compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT). La licencia otorgada en su día por el alcalde fue recurrida por el Cabildo de Lanzarote, al entender que incumplía el PIOT, ya que no se había solicitado su informe de compatibilidad.
Según informó hoy en Cabildo de Lanzarote, el establecimiento cuya licencia de construcción anula ahora el TSJC se encuentra actualmente abierto y en explotación, bajo el nombre de "Residencial Las Colinas".
La sentencia, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo señala que la licencia fue concedida por el ex alcalde de Teguise "sin que se emitiese el preceptivo informe jurídico de los servicios municipales, el cual cobraba mayor importancia al tratarse de una licencia a desarrollar en el ámbito de un plan parcial no adaptado al PIOT y estando suspendido el otorgamiento de licencias con motivo de la tramitación de la Revisión del Plan Insular".
El Cabildo recuerda que "pese a que el técnico municipal advertía que el proyecto técnico no cumplía con lo estipulado en el plan parcial en lo referente al volumen edificable exigible al uso turístico de apartamentos y solicitaba un estudio jurídico para saber si podía ser concedida la licencia, el referido informe municipal nunca fue emitido".
La nota del Cabildo señala que en cuanto a la ausencia de informe de compatibilidad con el Plan Insular denunciada por esta corporación, el TSJC reconoce que se omite el informe previo, preceptivo y vinculante de la institución insular y sostiene que era necesario e indispensable este pronunciamiento respecto a la aplicación del PIOT.
* Canarias 7 - 13/09/2007
Foto: Costa Teguise (Lanzarote) - cronicasdelanzarote.es
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15.9.07
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Tema: NOTICIAS Canarias