Accidentes en la construcción

ALFREDO J. MARTÍNEZ CUEVAS* : El sector de la construcción lleva mucho tiempo siendo una locomotora que tira de la economía española. Sin embargo, existe una losa que pesa sobre él: la siniestralidad laboral. Las cifras de accidentes de trabajo sólo se pueden calificar como graves, sin paliativos. Incluso alguien las ha calificado como de “alerta roja”. Lo es tanto por lo que se refiere al drama humano y social de los accidentados y sus familias como para la propia sociedad y sus consecuencias. El problema afecta al conjunto de la economía española, pues si los resultados fueran otros, los recursos económicos destinados a paliar sus consecuencias podría dedicarse a cubrir muchas otras necesidades de las que tenemos déficit.


La aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de 1995, y su correspondiente reglamento de desarrollo, en 1997, fueron bien recibidos. Sin embargo, no sirvieron para atajar el problema, al menos de momento. Es más, durante unos años fueron aumentando las cifras que nos proporcionaban las diferentes formas de medición estadística. Así ocurrió hasta 2004 en que comenzó un suave y lento declive, en cualquier caso muy insuficiente. Las normas por sí solas no son buenas ni malas. La cuestión es querer hacer prevención o no hacerla, independientemente de aquéllas.

La solución al problema es tan compleja como lo es el propio sector productivo. El propio legislador, en la Exposición de Motivos de la reciente Ley de Subcontratación, reconoce que no resulta posible atribuir el origen de la situación a causa única. Es más, parece dudar e indica que uno de los factores “puede” estar relacionado con la utilización de una forma de organización productiva denominada subcontratación. Debemos resaltar la duda del “puede”.

Sigamos con las opiniones vertidas por el legislador y que cualquiera puede leer en el BOE. Con la modificación de la ley en diciembre 2003 se reconocía que, desde la entrada en vigor de la ley los poderes públicos, Estado y comunidades autónomas, los agentes sociales, las empresas y los trabajadores y demás entidades dedicadas a la prevención han desarrollado un ingente esfuerzo, en todos los órdenes y cada uno en su ámbito de responsabilidad. Continuaba con la necesidad de integrar la prevención de riesgos laborales en la empresa.

En 2006, con otra nueva modificación normativa, se seguía insistiendo en el reconocimiento de los esfuerzos realizados y en la deficiente incorporación del nuevo modelo de prevención en la empresa. En ambos casos se insiste en que los cumplimientos de las normas son fundamentalmente formales. En 2003 se hablaba de proscribir el cumplimiento meramente formal y documental de las obligaciones. En 2006 se insistía en que, en muchas ocasiones, el cumplimiento es más formal que eficiente. Coincidencia de diagnóstico de la seguridad fingida, como si lo que se hiciera es pura cosmética, en lugar de seguridad. Lo curioso es que en el primer caso se exponía el problema con un Gobierno del PP y en el segundo, en 2006, bajo Gobierno del PSOE. Si el problema está tan definido, ¿por qué no se ataja de forma contundente? Alguien deberá dar respuesta a ello.

En cualquier caso, entendemos que el problema no se soluciona sólo con lo antes indicado. Hay muchas más cuestiones. Veamos las que entendemos como más importantes. Con frecuencia se señala con dedo acusador a los técnicos, como responsables de los problemas. Creemos que es un error, como lo demuestra el hecho de que, haciéndolo así, el problema sigue sin resolverse. Somos defensores de la seguridad integral, en la que todos los sujetos e instituciones intervinientes en el proceso tengan su cuota de responsabilidad, comenzando por el promotor en la elección de profesionales y empresas idóneos para cada proyecto, continuando por proyectistas, administraciones públicas en las concesiones de licencias y autorizaciones, profesionales, empresas, servicios de prevención y los propios trabajadores.

En todo ello, entendemos, que hay carencia de cultura preventiva. Algo similar ocurre con la formación en la materia, donde concurre una exigencia legal al considerar la necesidad de una formación a todos los niveles educativos. Si es así desde 1985, ¿por qué aún no se educa de forma reglada comenzando por los niños, pasando por estudios intermedios y de trabajadores y finalizando en escuelas técnicas en las que los futuros profesionales tienen atribuciones específicas y no cursan asignaturas troncales u obligatorias para poder titularse? Creemos que alguien no hace sus deberes, tampoco aquí.



* Alfredo J. Martínez Cuevas, profesor de Seguridad




* Diario de Sevilla - Tribuna - 18 de Septiembre de 2007