J.S.delMoral.- ElPaís/Madrid* : "El Ayuntamiento de Aranjuez -gobernado por el PSOE- deberá indemnizar con más de 600.000 euros a la Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, por "enriquecimiento injusto" tras vender en marzo de 1999 una finca cedida "para uso público". Así lo acredita una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 40 de Madrid, que establece que la cuantía a pagar por el Consistorio será de 562.142,13 euros, más intereses y costas procesales.
El fallo, que no es firme, puede ser recurrido, aunque el Ayuntamiento tiene previsto pagar la sanción.
Los hechos se remontan a 1998, cuando el gobierno municipal de Aranjuez -entonces en manos del PP-, decidió vender el solar de 1.000 metros cuadrados conocido como Casa de la Frutería, que había sido cedido a la ciudad ocho años antes por el Consejo de Ministros para "uso y servicio público local". Con la venta, el Ayuntamiento pretendía, según asegura ahora en los tribunales, solventar una deuda que mantenía con el Consorcio Regional de Transportes, superior a 780.000 euros.
Advertido de las pretensiones de Aranjuez y dado que no se destinaba a un uso público, Patrimonio inició en enero de 1999 un expediente de reversión del suelo para recuperar la finca. El Consistorio, dirigido por el popular José María Cepeda, hizo caso omiso y procedió a la adjudicación de la finca a la empresa HERSAU SA por más de 560.000 euros. El importe de la venta fue entregado "en pago de la deuda reconocida".
Una vez vendido el suelo, comenzaron a generarse derechos para la empresa adjudicataria, por lo que Patrimonio fue incapaz de conseguir la reversión del terreno. Ésta llegó incluso a ser ratificada por sentencia de la Audiencia Nacional en el año 2003. Ante la situación de indefensión creada, el Ministerio de Economía y Hacienda, a través del Abogado del Estado, solicitó en los tribunales una indemnización por lo que consideraba un "enriquecimiento injusto por la venta de una parcela cedida para un uso público".
Los tribunales dan la razón a Patrimonio y condenan al Ayuntamiento de Aranjuez a pagar no sólo la ganancia que recibió por la venta del solar, sino también los intereses y las costas generadas en todo el proceso, lo que supera "ampliamente" los 600.000 euros, según fuentes municipales.
El actual Consistorio socialista culpa de la sentencia al PP, que estuvo al frente de la localidad entre los años 1995 y 2003. "Ahora la ciudad se ve obligada a desembolsar una importante cantidad de dinero público por un suelo que además ya ni siquiera es municipal", afirma el concejal de Hacienda, José Luis Moreno. En su momento, los representantes populares -con los que este periódico intentó ponerse en contacto sin éxito para recabar su opinión- se defendieron alegando que la venta de la parcela contó con informes favorables. Además, Patrimonio no reclamó nada durante la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU, el documento que rige el urbanismo de una localidad) de 1996, que calificó el terreno como "residencial", por lo que el Gobierno popular consideró que el solar quedaba libre de cargas.
En la actualidad, parte del solar está edificado por viviendas adosadas.
* ELPAIS.com - Madrid - 13/08/2007
Foto: Aranjuez (Madrid), vista /A.Serrano Sánchez de León (wikipedia.org)
Un tribunal condena a Aranjuez por vender un solar que le fue cedido para uso público
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Tema: NOTICIAS Madrid
Advierten de la construcción irregular de 500 viviendas en Dúdar
R.I./Ideal/Granada* : "Ecologistas en Acción advirtió ayer de que en Dúdar , donde hay una población censada de 292 personas, se prevén construir más de 500 viviendas, lo que se contrapone a la normativa vigente, que no permite construcciones para un aumento de más del 30 por ciento de la ciudadanía en un periodo de ocho años. La plataforma ecologista informó en un comunicado de que también ha denunciado ante la Delegación de Medio Ambiente «los movimientos de tierras ilegales que están destrozando el monte mediterráneo» y ha puesto en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la apertura de pozos ilegales, «ante un intento de conseguir un agua que necesitan las urbanizaciones por ley y que no tienen».
Según los ecologistas, los promotores del Plan Parcial 1, Cortijo de San Pablo, «mintieron» a la Comisión Provincial de Urbanismo al asegurar que contaban con un pozo legal de abastecimiento, «cuando la autorización era para riego y sólo permitía sacar 6.769 hectómetros cúbicos». «Ahora pretenden que Emasagra surta de agua a estas urbanizaciones fantasmas, que van en contra de lo establecido en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, indicó Ecologistas en Acción, que solicitó a la Delegación de Obras Públicas que intervenga.
* Ideal Digital - 9 de agosto de 2007
Foto: Vista desde la entrada de Dúdar de la zona de bosque mediterráneo / F.P./ ideal.es
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Parque Nacional de la Sierra del Hormigón
ROBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ* : "Los de Madrid tenemos una cosa maravillosa y difícil de entender por los que no son de aquí, y es que seamos de donde seamos, todos somos de Madrid. Los de Guadarrama, los de Móstoles, los de Alcalá... Y Madrid a cambio nos ofrece la maravilla de una gran ciudad cuyo principal parque es la Sierra de Guadarrama. Un parque con alturas de 2600 m, enormes pinares, bosques de robles, lagos glaciares, y fantásticas dehesas de encinas. Todo esto a 30 minutos del centro. La Sierra de Guadarrama salva cada día la vida a Madrid, si la contaminación ya es un problema no quiero imaginarme que pasaría si la sierra no estuviera ahí. Y a cambio que le damos nosotros a esta maravillosa sierra, básicamente hormigón.
Por fin hemos conseguido que nuestra sierra vaya a ser protegida con la figura de Parque Nacional, pero si alguien no hace algo y rápido para remediarlo, este será el Parque Nacional de la Sierra de Hormigón.
Desde el anuncio de esta posibilidad algunos ayuntamientos de la Sierra han decidido lanzarse a construir lo máximo posible, antes de que quizá el parque nacional racionalice por fin la locura de destrucción del entorno que vivimos.
Cerca de San Lorenzo de El Escorial existe un maravilloso paraje, conocido como 'el campillo', un conjunto de dehesas por el que fluye salvaje el río Guadarrama, multitud de riachuelos serpentean entre las encinas y arboles de ribera, y por el que transcurre una cañada real que comunicaba Madrid con El Escorial en la época de Felipe II. (muchos lo conocerán porque este camino lleva al camping de El Escorial).
Circulando en bici o caminando por esta vía de arena se puede disfrutar de una de las más fantásticas panorámicas de la Sierra de Guadarrama, además de la compañía de una colonia de más de 20 parejas de cigüeña asentadas en las ruinas de un antiguo monasterio en ruinas.
Recientemente he conocido un plan para edificar en este lugar nada menos que 7.000 viviendas, para meter allí a cerca de 30.000 personas, siempre antes de que alguien proteja este lugar. Otra muestra de gratitud a nuestra sierra, hormigón encima de las encinas, encima de la cañada real, de las cigüeñas, más tarde habrá que encauzar el río con más hormigón...
Las encinas, las cigüeñas y las piedras no saben gritar, pero yo si: ¡No quiero más hormigón!
* El Mundo - Blog Ciudadano M - 08-08-07
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO , NOTICIAS Madrid
El alcalde de Torrevieja adjudica por decreto tres obras a la firma que le compró una finca
S.Navarro.- ElPaís/Alicante* : "El alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, sigue adjudicando contratos a la constructora Edén del Mar, sociedad con la que gestionó la compraventa de una finca. Esta operación inmobiliaria le reportó al regidor, en el espacio de dos años, una plusvalía de 5,2 millones de euros. Hernández Mateo está imputado en el sumario abierto por estos hechos. La investigación comenzó de orden de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante tras una denuncia de EU.
Ayer, el portavoz adjunto del grupo municipal de EU, José Manuel García, desveló que Hernández Mateo autorizó el pasado mes de julio tres licencias de obras mediante sendos decretos a la mercantil Edén del Mar. El regidor firmó los decretos el 3 de julio (para la construcción de un bloque de 43 viviendas en la calle Casanovas), el 6 de julio (bloque de 39 casas en la calle Calera) y el 18 de julio (bloque de 27 viviendas en calle Casanovas).
El edil de la coalición de izquierdas señala que los tres decretos de Hernández Mateo han sido una de sus primeras iniciativas en el este nuevo mandato al frente de la alcaldía con mayoría absoluta (Hernández Mateo ocupa el cargo desde 1987). El concejal de EU subraya que los decretos autorizan el comienzo de las obras "cuando dos de ellas tienen ya la estructura terminada".
El portavoz adjunto de EU considera que Hernández Mateo ha podido incurrir en incompatibilidad a la hora de autorizar los permisos. "Vamos a pedir un informe a la secretaria general del Ayuntamiento pidiendo la incompatibilidad del alcalde y la nulidad de los actos administrativos en los que haya participado junto con los gerentes de la empresa Edén del Mar o sus filiales", explica García. En opinión de EU, la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas incluye al menos cuatro disposiciones que obligan a Hernández Mateo a abstenerse de participar en expedientes relacionados con la mercantil con la que mantiene una vinculación privada.
Imputado y aforado
La investigación judicial por la compraventa de la finca rústica del alcalde de Torrevieja la dirige el titular del Juzgado número 4 de la localidad. El juez ya tomó declaración al regidor, como imputado por los supuestos delitos de tráfico de influencias y uso privilegiado de información, en octubre de 2005. Desde entonces, no se ha practicado ninguna otra prueba testifical, aunque sí otras documentales para averiguar el patrimonio del regidor.
No obstante, con toda probabilidad este juzgado no concluirá la instrucción de esa causa, ya que el primer y hasta ahora único imputado, es decir, Hernández Mateo, acaba de obtener la condición de aforado al ser elegido diputado autonómico. Por imperativo legal, el sumario deberá trasladarse el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana.
* ELPAIS.com - Alicante - 10/08/2007
Foto: Torrevieja /Deran (Wikipedia.org)
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12.8.07
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Desalojan a los acampados bajo el Puente de Piedra
B.Penón.- AragonDigital/Zaragoza* : "La Policía y los Bomberos han desalojado alrededor de las 13.30 horas de este viernes, el asentamiento levantado bajo el Puente de Piedra, sin encontrar resistencia. El objetivo de esta acampada era protestar por las obras proyectadas en el puente y la ribera, así como abrir el debate entre la ciudadanía.
Bajo la premisa de que “dentro del mensaje de que nosotros no nos vamos, hay que escenificar que nos están sacando de aquí y que no estamos de acuerdo con lo que aquí se va a hacer, pero tiene que ser lo más fácil y pacífico posible”, los 16 activistas que en esos momentos se encontraban en el campamento que se levantó el lunes pasado bajo el Puente de Piedra han sido desalojados, evidenciando que el motivo que les llevó a acampar sigue vigente.
El concejal de IU en el Ayuntamiento de Zaragoza, José Manuel Alonso, ha bajado hasta el campamento. “Finalmente la CHE ha obligado a levantar el campamento”, ha manifestado. “Desde Izquierda Unida queremos agradecerles que hayan estado aquí estos días peleando porque han logrado concienciar a los medios de comunicación y a la ciudadanía de la importancia que tiene su río, de la importancia de su patrimonio, así como su salvaguarda frente a una obra irracional e insostenible”.
Horas antes, Héctor Lahoz, uno de los simpatizantes, reaccionaba de manera tranquila ante el desalojo inminente, “tal y como van los plazos de la Expo, personalmente, yo esperaba no haber estado más de dos días, por lo que el alargamiento de la acampada ha sido toda una sorpresa”.
Los acampados, representantes de distintos grupos ecologistas y ciudadanos que coincidían con las ideas que allí se defendían, estaban divididos en dos campamentos. Por un lado, la base, a la que han estado yendo y viniendo el grueso de quienes apoyaban la iniciativa a lo largo de la semana; y por el otro, en la tercera pilastra del puente, “para evidenciar los límites de la zona que se disponen dragar para que pase el barco”, explicaba otro de los acampados.
El segundo de los objetivos de dividir el asentamiento, era retrasar el desalojo, que se ha desarrollado, como habían acordado previamente, sin oposición a los agentes, de manera tranquila y sin incidentes. Y también lo han conseguido.
Dos unidades de intervención policial han bajado a la ribera alrededor de las 13.30 horas y tras negociar las condiciones, uno a uno han acompañado a los 14 miembros que en ese momento se encontraban en el campamento base y alrededor de dos horas después han concluido la orden con el desalojo, con la intervención de los bomberos, que han trasladado en una “zodiac” a la ribera del río a los otros dos activistas.
Falta de participación ciudadana
David Arribas, último de los activistas desalojado, resumía su experiencia afirmando que han salido “reforzados, seguiremos manifestándonos porque consideramos que toda la actuación que están desarrollando en el Ebro se está haciendo de manera negligente y con prepotencia, de espaldas a la sociedad”. Además, les ha lanzado una pregunta al equipo del gobierno municipal, “¿cuánto cuesta este capricho? ¿Cuánto cuesta el azud, dragar el río y poner en peligro el Puente de Piedra”.
En este mismo sentido, se ha quejado de que “todos los planes de riberas que en su día fueron consultados a las asociaciones, están siendo modificados sin que la sociedad civil y los grupos naturistas y ecologistas, que son los que entienden de esto, puedan participar. Desde el principio se dijo que había participación ciudadana pero no la está habiendo bajo ningún concepto”.
El pasado miércoles, consiguieron detener el inicio de estas obras, impidiendo el paso de la maquinaria por la ribera. Este viernes una pala excavadora ha escenificado la nueva realidad, mientras se llevaba por delante una pancarta en la que se leía, “Stop Obras”.
Continuarán con las movilizaciones
De esta manera, los desalojados de la acampada del Puente de Piedra se han mostrado satisfechos con el resultado de su acción ya que “este debate ha quedado mucho más abierto”, han valorado. Los activistas, organizados en la Plataforma en Defensa del Río y el Puente de Piedra ha anunciado que continuarán con las movilizaciones.
Uno de los portavoces de la Plataforma, José Luis Martínez, ha anunciado que “nos personaremos en las denuncias y entraremos en contacto con la Fiscalía” para mostrar su desacuerdo con las obras de una forma oficial. También ha recordado que para actuar sobre las riberas “es preceptivo el estudio y la declaración de impacto ambiental” y que “el papelín del Inaga no vale”.
* Aragón Digital - 10/8/2007
Foto: La excavadora ha arrancado la pancarta de "Stop Obras" /aragondigital.es
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11.8.07
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Tema: NOTICIAS Aragón
Sobre el precio de la vivienda, del suelo y otras confusiones
FERNANDO ROCH* : "Pocas cuestiones tienen tanta presencia en la escena política y en la vida cotidiana, y tantas consecuencias de todo orden, como la que se relaciona con la vivienda y su valor en mercado, y pocas se presentan de forma más confusa cuando se trata de explicar la naturaleza de ese valor y la manera como evoluciona en nuestras ciudades. La razón sin duda está en el empeño en convertir el problema en un asunto estrictamente económico o, peor aún, en una cuestión mercantil -cosa de empresarios y mercaderes en definitiva-, para que resulte legítimo confiar la solución del problema del alojamiento al sector inmobiliario privado y a su aliado financiero. Y todo en la medida en que la segunda revolución industrial ha proporcionado un abundante caudal de rentas salariales que sólo necesitaban las condiciones adecuadas para materializarse como patrimonio inmobiliario familiar de forma generalizada.
Digamos de entrada, para centrar la cuestión, que si se trata de un mercado es tan raro que incumple todas las condiciones y los rasgos propios de un mercado. Es un estado de excepción, cuya rareza fundamental es que no cumple las leyes de la oferta y la demanda en términos generales. Madrid puede ilustrar este desencuentro ya que llevamos casi una década produciendo del orden de 70.000 viviendas anuales en la región -se ha llegado a las 80.000 en los últimos años, superando la producción de los años 70 cuando se estaba construyendo el sistema metropolitano actual, con tasas de inmigración espectaculares-, y eso sin un crecimiento demográfico apreciable. Más aún, ahora que aumentan los inmigrantes y que la presión de la demanda debería pesar sobre los precios es cuando se manifiestan los primeros síntomas, en muchos años, de desaceleración. No hay que recordar que mientras se alcanzaban cifras récord de producción se alcanzaban cifras récord de precios -¿o era a la inversa?- y se agudizaban los problemas de alojamientos para los grupos que verdaderamente lo necesitaban. Por cierto que muchos ciudadanos ante los síntomas de desaceleración se han alarmado por la posible depreciación de sus patrimonios inmobiliarios, especialmente los que aún no han terminado de pagarlos. Y tienen motivos para dudar si se atienen a las explicaciones oficiales y si no se toman medidas inmediatas.
O sea que además de las dificultades con la teoría y la práctica económicas, la cuestión de los precios de la vivienda presenta profundas ambigüedades en lo político y algunas contradicciones en lo social. Que los precios se estabilicen o bajen debería hacer la felicidad de los ciudadanos, pero sólo complace a un 15% más o menos, mientras se convierte en consternación general para el 85 o 90% restantes que son propietarios, y para el 100% si se enfoca desde los efectos generales sobre la economía. Admitámoslo, nuestro moderno proceso de urbanización -desde mediados del siglo pasado- se realizó con una fórmula de alojamiento que ha conducido a una situación llena de contradicciones, dominada por mecanismos complejos de formación de los precios que, además, son incapaces de dar respuesta a las necesidades de alojamiento de los grupos sociales más débiles: jóvenes que quieren emanciparse, inmigrantes y empleados precarios, sobre todo. Se puede decir de paso que, aunque no se han establecido las correspondencias entre este fenómeno del alojamiento y el descenso de la natalidad, seguro que existen y que se integran ya en un círculo vicioso.
Así pues, la fórmula que ha gobernado el proceso de urbanización tiene la clave de los fenómenos de valoración de la vivienda que hoy podemos observar y de algunos efectos bastante perniciosos en la estructura social y demográfica de nuestra formación social. Ya no se trata pues de una cuestión mercantil sino que adopta dimensiones sociales e históricas fundamentales, yo diría que estructurales. Y es precisamente la manera cómo esas dimensiones sociales se materializan lo que condiciona la evolución de eso que se llama el mercado de la vivienda y el problema general del alojamiento. Así que vamos a hacer un poco de historia. Breve y esquemáticamente, se puede decir que el moderno proceso de urbanización en España se hizo de la mano del desarrollo industrial bajo condiciones de desregulación. Es decir, sin la presencia de los mecanismos reguladores propios del Estado de Bienestar, y sin movimientos sindicales, por lo que los salarios eran bajos y las condiciones de trabajo muy duras.
Aquí no disfrutamos de alternativas sociales al problema del alojamiento como las de Francia o Reino Unido, aunque el traslado masivo de la población rural a las ciudades lo hicimos en menos de la quinta parte del tiempo que ellos emplearon. Las viviendas que proporcionaron algunas instituciones del régimen franquista (la Obra Sindical del Hogar y el INV) nada tenían que ver con el Estado del Bienestar.
Se trataba de intervenciones de tipo paternalista y clientelar al margen de mecanismos fiscales que en realidad no existían y que decaen definitivamente a finales de los años 50, aunque permitieron esbozar el mapa social de algunas ciudades que van a crecer inmediatamente de forma espectacular. La desaparición de estas instituciones públicas deja en el tablero del espacio social apenas esbozado a los usuarios y al sistema promocional frente a frente. Un encuentro difícil, con instrumentos deficientes. Ni los usuarios disponían de rentas suficientes, ni el sistema promocional tenía las claves ni la capacidad para producir viviendas en condiciones y cantidades adecuadas, y mucho menos la ciudad que se necesitaba. El sistema de subvenciones es el único mecanismo que permite acercar posiciones, es decir, precios y capacidad de pagar, junto con un sistema financiero que dirigen las Cajas de Ahorro. Así, con muchos déficits de equipamiento y mala urbanización, se construyen las grandes periferias urbanas y metropolitanas durante los años 60 y 70. Lo cierto es que, a finales de los 70, cuando se dibuja nítidamente la crisis del modelo de industrialización que había dirigido todo este proceso de urbanización, el 80 % de la población urbana española se alojaba en su propia casa que constituía su principal, aunque en general modesto, patrimonio. Nunca en la historia de España había ocurrido algo semejante.
La reordenación del espacio social y el boom
Los años 80 se inician bajo el signo de una reorganización del modelo de crecimiento que intenta implantar un Estado del Bienestar que la derecha irá desmontando a medida que vaya llegando a las instituciones. A la relativa homogeneidad del conjunto de asalariados de la industrialización reciente, le sigue un proceso de diferenciación social que se corresponde con las categorías laborales de la nueva sociedad, más tecnificada y estratificada en sus modos de vida y de consumo, con sus grupos emergentes y sus grupos en declive, con una remodelación piramidal que se apuntala con nuevas dimensiones -la nueva división internacional del trabajo- que aporta el fenómeno de la globalización. Y aquí es cuando nace el nuevo operador que nos conduce a la situación actual, mientras va remodelando el espacio social heredado. En realidad es al revés, es la construcción de la física de una sociedad más diferenciada que reordena en una jerarquía sus amplios efectivos de clase media, lo que genera el mecanismo que asegure la segregación efectiva y duradera de los diferentes componentes de la sociedad. Ese operador es la renta inmobiliaria, es decir, el precio de la vivienda que vincula renta familiar y espacio urbano y que, si bien, presenta ciertas dificultades para ser verdaderamente eficiente -el tamaño dispar de la vivienda desdibuja su efectividad, por ejemplo-, tiene otras muchas ventajas. La primera de ellas es que es universal, en el sentido de que a mediados de los 80, cuando se produce el primer boom inmobiliario, la mayor parte de la población dispone ya de una vivienda. También que esa vivienda representa un valor que se corresponde con la renta familiar. O sea que se parte con un material muy modelable y con un esbozo de forma: la población ya se encuentra clasificada según su renta según una geografía relativamente precisa. Y un motor.
Ese patrimonio inmobiliario que es sobre todo un patrimonio de lugar en la ciudad, en el espacio social de la ciudad, resulta suficiente para algunas familias pero muchas piensan que no es el lugar que les corresponde, que nuevas modalidades de vida les atraen y que su renta disponible en la nueva situación les permite aspirar a mejorar su posición. Y se inicia un gran movimiento que ahora se nutre con las nuevas rentas, con el patrimonio ya consolidado -sólo hay que vender la vivienda actual- y con un sector financiero que, por fin, puede disponer libremente de su crédito. La capacidad de pagar de las familias se ve así multiplicada y no tarda en reflejarse en los precios. Ese primer boom que se inicia alrededor de 1985 se quiso ver como un problema de escasez de oferta de suelo o como una burbuja pero nadie aceptó entonces que se trataba una transformación del espacio social con nuevos mecanismos de modelado. Y eso que presentaba fenómenos espaciales bastantes elocuentes, como la vuelta al centro urbano, -una especie de reencuentro con la ciudad después de un largo exilio en la periferia que tuvo incluso sus dimensiones culturales: la movida- de ciertos grupos emergentes de clases medias. Estos ciudadanos podían añadir al valor de su patrimonio en la periferia sus rentas mejoradas recomponiendo el espacio central de la ciudad y modernizando buena parte del parque histórico edificado, al mismo tiempo que revitalizaban sus calles y sus servicios. Fue un fenómeno intensivo que en algún momento alcanzó dinámicas inmobiliarias muy altas. En 1987 se venden en Madrid del orden de 70.000 viviendas, la mayoría de segunda mano, lo que demuestra su escasa relación con la producción inmobiliaria privada que por entonces no superaba las 10.000 viviendas anuales. Este primer momento de construcción del nuevo espacio social se concluye a finales de la década.
Después de un corto periodo de asentamiento en el que los precios se estabilizan, a mediados de los 90, y alentados por la bajada de los tipos de interés que multiplican la capacidad de endeudamiento de las familias que han consolidado posiciones en el nuevo escenario laboral, se desencadena el segundo boom, ese que ahora empieza a manifestar síntomas de agotamiento. En este segundo boom hay diferencias notables con respecto al primero. Ahora, la consolidación del espacio de clases central -ese espacio fuertemente jerarquizado del primer boom- se complementa con un fenómeno paralelo más allá de la M-30, siguiendo el modelo del suburbio de clase. En cierto modo es una duplicación del espacio social que adopta dimensiones metropolitanas y que resulta muy costoso para los usuarios y para los recursos colectivos empleados en construir infraestructuras tan caras como ineficientes.
En cierto modo, la M-30 renovada expresa la conexión entre estos dos universos que reproducen el mismo o parecido espacio social en dos versiones. Si el primer boom se materializó bajo la cultura mesurada del Plan de 1985 inspirado en la teoría de la austeridad, con reutilización del patrimonio edificado en la almendra central de la ciudad y una intervención muy selectiva del sistema inmobiliario privado, el segundo es hijo directo de la nueva alianza financiero-inmobiliaria, inspirado en el neoliberalismo más zafio, y centrado en la urbanización periférica.
Si entre las oscuras sombras del primero luce la idea de ciudad, de ciudad viva y ciudadanos activos aunque muy depurados, en el segundo la oscuridad se ensombrece aún más con la desaparición de cualquier rastro de lo urbano y la destrucción generalizada del territorio. Si el primero consolidó el núcleo del espacio de precios sobre el que cada familia orientó su localización más ajustada a sus posibilidades y aspiraciones, el segundo amenaza con sus excesos ese orden riguroso, poniendo en peligro la estabilidad de todo el sistema de precios y su estructura geográfica. Pero no nos engañemos, tanto uno como otro perseguían la construcción de un orden exclusivo y excluyente, un espacio segregado para consolidar la segregación. Y una jerarquía no es un organismo.
Así pues, el sistema de precios actual de la vivienda con su mapa característico expresa la capacidad de acumulación de las familias durante una o dos generaciones -capacidad diferenciada y desde los años 60- y la voluntad colectiva, de crear un espacio de estatus -o de clase puesto que es consciente-, diferenciado por la calidad de la vivienda y por el entorno, por las modalidades de vida y de consumo, pero sobre todo por el vecindario, que se ajuste a los anhelos identitarios de estos (nuevos) grupos que cobran en su propio paisaje la necesaria conciencia de clase. Todo ello construido según un cuadro general de representaciones que se actualiza periódicamente y que describe “lo normal” para cada estrato. El propio sistema de precios de la vivienda y su mapa (su forma espacial) integra de manera muy precisa ese cuadro de representaciones que informa nuestra memoria colectiva. La construcción de un espacio de estas características, que tiene dimensiones económicas tan extraordinarias, es una obra colectiva también, cuyos rasgos y cuya métrica van a ser defendidos por todos sus integrantes.
Lo urbano como única alternativa
Nada de esto tiene que ver con el proceso de producción real de una vivienda. Está claro que construir un metro cuadrado de vivienda apenas cuesta 800 €, ó 1000 € si se trata de calidades altas, pero si se pagan 5.000 ó 6.000 € (y mucho más) no es porque el propietario del suelo sea un siniestro especulador, sino porque los compradores desean estar en un determinado lugar al que se accede pagando esos precios, que ordenan la jerarquía, blindando sus sucesivos escalones convertidos en recintos de exclusión para los que están debajo, y evitando así contaminaciones que puedan afectar al valor de su inversión y a los incrementos que la evolución del sistema les vaya asignando. Y este mecanismo actúa a todos los niveles de la jerarquía ¿Quién no recuerda haber visto la consternación de los propietarios de viviendas de un modesto barrio ante la inminente instalación en él de un grupo de marginales por una operación pública de alojamiento social? Y en buena medida tienen razón porque lo más probable es que sus viviendas se deprecien considerablemente y sumen una desposesión más a las que ya han ido acumulando en su vida. A estas alturas, son los propios ciudadanos convertidos en inversores los que defienden ferozmente su patrimonio que, en un escenario de acumulación generalizada, ha seguido creciendo. Mantener a cada cual en su sitio -que es la condición fundamental de funcionamiento del sistema- cuando todos acumulan rentas exige corregir constantemente al alza los límites (los umbrales) que separan los grupos de clase: o sea, los precios. Una estabilidad prolongada del sistema de precios o un descenso, puede descomponer el tablero de juego. No ha ocurrido todavía en los últimos 50 años y no sabemos qué pasaría si ocurriese, pero se admiten hipótesis sobre qué clase de equilibrio sustitutorio pondríamos en marcha.
Si esto es así, y parece que es la única explicación que responde a todas las cuestiones que suscita el fenómeno, la figura del siniestro propietario del suelo que ha animado el discurso teórico y político desde hace medio siglo se desvanece considerablemente. En el primer boom hemos visto que brillaba por su ausencia y en el segundo donde la producción era dominante, parece que ha sufrido la competencia desleal de otros agentes, como concejales y sus asesores, agentes inmobiliarios con sus estrategias de suelo y toda una galería de personajes cada vez más pintorescos. La diferencia entre el coste de producción y el de venta -un precio de naturaleza social como hemos visto-, es demasiada y atrae a predadores cada vez más poderosos y especializados y a bastantes oportunistas. El diálogo entre promotor y propietario de la segunda revolución industrial, ha derivado en la comedia de enredo actual donde se multiplican los comensales y la corrupción de forma disparatada. La simple clasificación del suelo genera más dinero que la propiedad. Y ese es el objetivo central de nuestra legislación urbanística desde 1998: clasificar suelo. Urbanizarlo todo sin ninguna preocupación por hacer ciudades. Las ciudades, ahora, sólo son redes expansivas de infraestructuras y equipamientos privados para consumidores de clase. Construir ciudades era cosa de ciudadanos, urbanizar es cosa de promotores inmobiliarios y sus agentes políticos.
Toda la legislación del suelo sólo ha servido para sustituir al viejo propietario rural por el agente urbanizador y su corte de los milagros, pero ninguna de estas normativas se ha empeñado en recuperar para la colectividad, para la ciudad y los ciudadanos, la diferencia entre el coste de producción y el valor -los diferentes y jerarquizados valores- que adopta la vivienda, por voluntad colectiva, en los diversos lugares del mosaico social.
No hay que esforzarse para imaginar lo que una buena administración ciudadana podría hacer con ese volumen de recursos que ahora se acumulan profusamente entre las manos de operadores que, por otra parte, ya cuentan con sus beneficios ajustados a lo que hacen. Se podrían cubrir las necesidades de alojamiento de los grupos más vulnerables. Se podría reinventar lo colectivo, devolverle la dignidad a lo público hoy despreciado y al servicio de la segregación social. Ni el mercado, ni los intereses de los agentes inmobiliarios y sus aliados financieros, van a resolver el problema de los precios de la vivienda. No está en su mano, pero sí lo está agudizar sus desajustes y quedarse con todo el provecho. Ya va siendo hora que nos dejemos de leyes del suelo y pongamos en marcha la ley de la ciudad, a partir de una nueva cultura de lo urbano y del territorio.
* Fernando Roch es catedrático de Urbanismo, Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Escuela Técnica de Arquitectura de Madrid.
Viento Sur: http://www.vientosur.info/articulosabiertos/vientosur92-plural-sobreelpreciodelavivienda-fernandoroch.pdf
* Rebelión - 10-08-2007
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Una macrourbanización rompe el último valle virgen de Cardós
J.M.Coll.- LaMañana/Lleida* : "El nuevo Pla Parcial Urbanístic que el Ayuntamiento de la Vall de Cardós aprobó inicialmente el pasado 8 de junio prevé la construcción de urbanizaciones destinadas al turismo en las poblaciones pallaresas de Ribera de Cardós, Estaon y Bonestarre. En los tres núcleos se construirán un total de 179 apartamentos en unos municipios que en la mayor parte del año solo acogen a unas 272 personas.
El Pla Parcial estará en exposición pública en el consistorio de la Vall de Cardós, situado en Ribera de Cardós, hasta finales de mes, fecha en la que los vecinos podrán presentar sus alegaciones al proyecto.
En Ribera de Cardós, el municipio más importante del valle, con 150 habitantes durante el año, el Pla Especial ha diseñado un total de 74 viviendas que se localizarán en el sur del municipio. La empresa promotora que se encargará de realizar los apartamentos será J. A. Farré Ricou SL, que ya se ha hecho con el 94% de una área urbanizable que ocupará 18.620 metros cuadrados.
En otra localidad, Estaón, situada en un valle secundario al de Cardós, será en el extremo oeste del núcleo urbano donde la promotora Promoinversions 2003 SL levantará 41 pisos en los dos prados que se encuentran al pie del camino. Pese a que el censo oficial sitúa en Estaón a 20 habitantes, durante el año sólo viven en el municipio 10 personas.
Por su lado, el pueblo de Bonestarre, de tan solo diez habitantes durante el año, y unos 25 los meses de julio y agosto, podría a llegar a multiplicar su población por siete durante el verano. Según se desprende del Pla Parcial del sector de sòl urbanitzable del municipio, se derruirán las construcciones ganaderas que existen cerca de la iglesia y en su lugar se construirán dos bloques urbanizables que contarán con 57 apartamentos. La empresa promotora, Promoinversions 2003, construirá además dos polígonos en el interior de Bonestarre, o como ya denominan en el Pla parcial, “el núcleo antiguo”, con siete pisos más.
La aprobación inicial del proyecto ha sorprendido a muchos vecinos que ya han avisado que se organizarán para presentar alegaciones ante “semejante bestialidad, ya que no hay justificación para tantas viviendas”.
Para los afectados, el Pla Parcial significa la extensión de la fiebre de la segunda vivienda al que consideran “el último valle del Pirineo que se mantiene virgen de la especulación inmobiliaria”. El hecho de que en su momento la Vall de Cardós no se incluyera en el parque natural de l'Alt Pirineu i de l’Aran contribuye a que los vecinos se preocupen por el impacto medioambiental que puedan significar los 272 viviendas.
Uno de los puntos del Pla Parcial que más preocupa a los vecinos es el estado de los servicios básicos de los tres municipios cuando las urbanizaciones sean una realidad, especialmente las de Estaón y Bonestarre en materia de aprovisionamiento de agua. Mientras que Bonestarre se abaste de un tramo superficial del barranc de Estaón, la localidad del mismo nombre depende del agua de otro barranc, mucho más ligero, que el verano pasado se secó y obligó a sus habitantes a abastecerse con cubas.
Además, el acceso a estos dos pueblos se realiza a través de una carretera muy estrecha y angosta, que hace difícil imaginar, según los vecinos, el tránsito de los centenares de personas que habitarán en el valle en una época punta como agosto.
Por su lado, el alcalde de la Vall de Cardós, el convergente Llorenç Sánchez, se ha mostrado tajante en afirmar que “la polémica con los vecinos debiera de haber sido cuando se crearon las normas de urbanización. Lo que hacemos ahora es solamente desarrollarlas”, refiriéndose a las normas subsidiarias del municipio aprobadas por la Comisión Territorial d’Urbanisme de Lleida el año 2002. No obstante, los vecinos contrarios al Pla Parcial alegan que si bien el proyecto debía derivar de la normativa previa, ésta situaba las áreas urbanizables, pero no especificaba si se trataba de viviendas unifamiliares -como muchos creyeron- o de bloques verticales de apartamentos -como al final ha sido.
Tras la exposición pública, el plan deberá pasar por el pleno para ser enviado al Departament d’Urbanisme.
* La Mañana - 2007-08-10
Foto: Ribera de Cardós (Lleida) /pirineos.com
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Tema: NOTICIAS Cataluña
Crónica bajo el Puente de Piedra de Zaragoza
J.Gimeno/KaosenlaRed* : "Hoy jueves se cumple el cuarto día desde que un grupo de personas instalásemos un campamento permanente bajo el Puente de Piedra de Zaragoza. La instalación del campamento coincidió con la concentración convocada por diversas organizaciones ecologistas y vecinales en contra del dragado del río de la destrucción de la solera del centenario puente. El objetivo de estas obras es el de permitir la navegabilidad del Ebro durante la Expo de 2008. Y es que, a pesar de la construcción del azud, el cual también ha sido criticado por su importante impacto medioambiental y elevado coste económico, la profundidad del Ebro parece que todavía no será la suficiente para que las “Golondrinas” puedan navegar.
Por tanto, la corporación municipal zaragozana ha decidido ganar “unos centímetros” al río mediante su dragado,para lo cual se requiere la destrucción previa de la solera del puente.
La protesta se ha desarrollado en todo momento de manera no violenta y ha contado con el apoyo constante de numerosos vecinos de la ciudad, que a lo largo de estos días se han concentrado en el puente, han visitado a los ecologistas acampados y han proporcionado a estos gran cantidad de comida y víveres para su estancia.
Ante el desarrollo de las obras en torno al puente por parte de los operarios, los acampados decidieron ayer miércoles por la mañana paralizar tales obras, impidiendo con su presencia física el paso de los camiones. Ante este acto de desobediencia, efectivos de la Policía Nacional descendieron al lugar del campamento con fin de comunicar a los activistas que la empresa responsable de las obras (Dragados), presumiblemente a instancias de Expo Agua, se había querellado contra ellos y se les iba a pedir daños y perjuicios por los trastornos y retrasos en el plan de trabajo programado. Además, la Policía procedió a la identificación de los aproximadamente 30 ecologistas que se encontraban en ese momento en el campamento.
A pesar de las probables sanciones que esta denuncia pueda acarrear y de la posibilidad que de que la Delegación del Gobierno ordene de manera inminente un desalojo inminente, la decisión de los acampados es continuar con la protesta hasta que el Ayuntamiento no decida la paralización de las obras.
Desde el campamento se pide a las personas concienciadas en la defensa del río y del puente que continúen alerta ante el posible desalojo mediante la fuerza del campamento, así como que difundan esta movilización.
+info: http://puentedepiedra.wordpress.com/
* Kaos en la Red - Zaragoza, Jueves 9 de Agosto 2007
Foto: Zaragoza, protesta Puente de Piedra /puentedepiedra.wordpress.com
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS Aragón
Bruselas denuncia las obras de la 'carretera de los pantanos' en el Tribunal de Justicia de la UE
A.Carbajosa/ElPaís* : "La Comisión Europea ha interpuesto un recurso contra España -las instituciones europeas sólo se dirigen a los Estados miembros aunque juzguen políticas de Gobiernos regionales- ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por estimar que la construcción de la autovía que ampliará la M-501 viola las leyes europeas de protección del medio ambiente, según confirmaron ayer fuentes comunitarias. El desdoblamiento de esta vía, conocida como carretera de los pantanos, en un tramo de 18 kilómetros entre Quijorna y Navas del Rey, es iniciativa de la Comunidad de Madrid.
"Esperamos que España haga lo necesario para evitar una sentencia condenatoria, que adopte las medidas necesarias para compensar el daño ya causado", indicó ayer a este diario Barbara Helfferich, portavoz europea de Medio Ambiente, quien detalló que la demanda fue interpuesta el pasado 18 de julio.
El proyecto para convertir en autovía esta carretera incumple a juicio del Ejecutivo comunitario dos directivas europeas: la conocida como Hábitats y la de evaluación de impacto ambiental. La infraestructura atraviesa un área incluida en la red Natura 2000 y por tanto con especiales garantías de protección ambiental, ya que según Bruselas es "extremadamente rica en biodiversidad y alberga especies endémicas". Cuando una obra atraviesa una zona así, debe presentarse una evaluación de impacto ambiental y si la Comisión Europea da el visto bueno, la construcción de la carretera debe ir acompañada de medidas compensatorias que traten de subsanar el daño ambiental causado.
De la ampliación de la carretera madrileña que une Alcorcón con San Martín de Valdeiglesias, a la Comisión Europea le preocupa especialmente el impacto que pueda causar en los encinares de la zona, así como en las cuencas de los ríos Alberche y Cofio y del río Guadarrama, clasificados como lugares de interés comunitario.
Bruselas sostiene que en el caso de la M-501 no se ha cumplido ninguno de los dos requisitos. Por un lado acusa a España de dividir la evaluación de impacto en cinco estudios, correspondientes a los distintos tramos, sin presentar una evaluación global que tenga en cuenta el daño global de la infraestructura al medio ambiente. Por otro lado, Bruselas dice que las medidas compensatorias presentadas son insuficientes en relación con el interés ecológico de la zona y que afectan tan sólo a un tramo de la carretera.
Ahora, los servicios legales de la Comisión Europea trabajan en la preparación de los documentos que deben remitir al tribunal de Luxemburgo, sin que exista un plazo de entrega. Después, habrá que esperar la sentencia, que suele demorarse una media de dos años. De resultar condenatorio, el fallo pediría que se adopten medidas compensatorias como la designación de otras zonas de protección. Si España siguiera sin cumplir, la Comisión podría pedir una multa que podría alcanzar las decenas de millones de euros. En el Tribunal europeo de Justicia de Luxemburgo recuerdan la multa de 78 millones de euros impuesta a Francia en 2005 por pescar alevines.
El eurodiputado socialista Carlos Carnero, que ha defendido en reiteradas ocasiones la ilegalidad de la carretera en Bruselas, destacó ayer "la rapidez y contundencia con la que ha actuado la Comisión" y consideró que lo que tiene que hacer ahora el Gobierno de Esperanza Aguirre es "parar las obras".
No es la primera vez que la Comisión Europea lleva a un Estado miembro ante la justicia por incumplir la legislación comunitaria. El caso más reciente ha sido el de Polonia, en el que Bruselas ha solicitado incluso la paralización de las obras de una carretera que atraviesa el valle protegido de Rospuda, mediante medidas cautelares. "En el caso español estamos aún muy lejos de llegar a ese punto", señala Helfferich.
La Comisión Europea concedió el pasado mes de marzo un plazo de dos meses a la Comunidad de Madrid para que presentase el estudio ambiental completo de las obras y amenazó con llevar a España ante el tribunal si no cumplía. El 18 de julio la amenaza se hizo realidad.
* ELPAIS.com - Bruselas - 10/08/2007
Foto: Obras del desdoblamiento en las inmediaciones del río Perales- GORKA LEJARCEGI (El País)
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Tema: NOTICIAS Madrid
El 66% de los alquileres no declarados en España se encuentra en la costa
EuropaPress* : "Los técnicos de Hacienda (Gestha) aseguran que de los 977.306 alquileres de viviendas no declarados en España, un total de 650.000 (66%) se encuentra en provincias costeras, lo que supone que alrededor de un tercio de estos arrendamientos fraudulentos podría estar relacionado con viviendas vacacionales. El informe elaborado por Gestha, en el que se analizan exclusivamente las provincias costeras de cada comunidad autónoma a partir del cruce de datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la declaración del IRPF, estima en 1.200 millones de euros anuales la rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de viviendas en provincias de costa.
Concretamente, "de las seis comunidades en las que más se defrauda en concepto de alquileres 'negros', cinco están bañadas por el mar", señala el informe a propósito de Cataluña, Andalucía, Islas Canarias, Valencia y Baleares, a las que se sumaría Madrid.
Cataluña lidera este particular grupo de comunidades autónomas punteras en rentas no declaradas, con más de 521 millones de euros anuales. Dentro de sus límites, Barcelona, con la Costa del Maresme, supera ampliamente al resto de las provincias catalanas, al contabilizar 439,9 millones de euros no declarados.
Andalucía ocupa el segundo lugar, con más de 180 millones de euros no declarados, y alberga tres provincias que destacan por su nivel de fraude sobre las demás circunscripciones andaluzas: la Costa de la Luz (compuesta por Cádiz y Huelva), con 73,4 millones de euros y la Costa del Sol, en Málaga, con aproximadamente 59,3 millones de euros de fraude.
Por su parte, la Comunidad Valenciana registra un fraude de 111,8 millones de euros anuales, de los que más de la mitad (57 millones) se concentran en la costa de Valencia. En el caso de Baleares, el fraude asciende a 96,3 millones de euros.
En cuanto al número de alquileres no declarados, el reparto es el mismo. Cataluña encabeza la lista, con el 24,5% del total de los alquileres no declarados de España, gracias a la contribución de la Costa del Maresme, en la que se localiza aproximadamente el 20,6% del total de alquileres sumergidos.
Le sigue Andalucía, con el 11,1% del total de alquileres no declarados, de los que el 4,5% se encuentra en la Costa de la Luz y el 3,6% en la Costa del sol.
HAY QUE TOMAR MEDIDAS
Por otro lado, el informe de Gestha considera "prioritario" que la Agencia Tributaria centre sus esfuerzos a corto y medio plazo en combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales, "a través de la adopción de una serie de medidas organizativas, fiscales e iniciativas legislativas más exigentes que las actuales".
Los técnicos de Hacienda concretan la necesidad de delimitar aún más, en la Ley de Arrendamientos Urbanos, los derechos y obligaciones de las partes, así como el establecimiento de un sistema de garantías para arrendador y arrendatario, en especial en lo referente a las obligaciones de ambos sobre la conservación de la vivienda, el pago de la renta y de los gastos generales y de servicios individuales.
Otro frente implicaría modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil para reducir a quince días los cuatro meses de antelación que en la actualidad se necesitan para presentar una demanda de desahucio por impago de rentas, y para que los juicios rápidos sean "realmente rápidos". En este sentido, insta a incrementar el número de juzgados para agilizar estos procesos.
HABILITAR A 8.000 TÉCNICOS DE HACIENDA
Un tercer paquete de iniciativas pasaría por habilitar a los 8.000 técnicos el Ministerio de Hacienda para que asumieran las responsabilidades de la efectiva aplicación de la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal.
Gestha estima que "con esta habilitación y un plan eficaz de lucha contra el fraude", la Agencia Tributaria podría reducir en 10 puntos porcentuales las bolsas de fraude y la economía sumergida en España, situándose en niveles de fraude similares a los países de la UE, y aflorando así cerca de 56.522 millones de euros.
En la actualidad, la bolsa de fraude en España, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social, supera el 23% del PIB (900.000 millones de euros en 2005), lo que supone un montante de 200.000 millones euros.
* Europa Press - 9 Ago.
Foto: Se alquila /europapress.es
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Tema: NOTICIAS VIVIENDA
El ejemplo del azufaifo
ORIOL BOHIGAS* : "Una generosa costumbre de los jóvenes arquitectos de los años 60 y 70 fue organizar protestas y manifiestos en defensa del patrimonio arquitectónico amenazado de derribo por nuevas construcciones más bien especulativas, a menudo de calidad baja y tergiversadoras del contexto urbano. Así se salvaron algunos edificios modernistas que aún no estaban valorados. Un método habitual era pedir firmas a personalidades conocidas. Para la defensa de un edificio del paseo de Gràcia, un joven arquitecto fue a pedir la firma de Josep L. Sert, el arquitecto más importante de la época republicana, líder del GATPAC, discípulo de Le Corbusier, decano de Harvard. Sert casi lo tiró por las escaleras, recordándole que cuando él era joven firmaba manifiestos a favor del derribo de los edificios y los barrios anticuados y degradados para poder sustituirlos por una nueva arquitectura y un nuevo urbanismo al servicio de las nuevas necesidades, la nueva cultura e, incluso, la nueva política urbana.
EL ARQUITECTO joven bajó las escaleras convencido de que Sert había demostrado ser más joven y más moderno que él, pero pensando en que los ideales defendidos por el maestro quizá fallarían precisamente por la falta de calidad de la arquitectura que sustituiría las antiguallas y por la ausencia de un superior valor social o cultural, sometido a la especulación inmobiliaria. Es decir, que la sustitución, como decían los conservadores, podría ser un empeoramiento radical.
Ahora ya no es preciso pedir firmas: la conservación de las antiguallas forma parte de un consenso universal en el que coinciden las asociaciones de vecinos más progresistas, los programas electorales más rancios y populistas, las clases sociales más conservadoras, los profesores universitarios más mezquinos y los enemigos sistemáticos de cualquier revolución por modesta que sea. Esto ha llegado a tal extremo que quizá habría que aconsejar a los jóvenes arquitectos de hoy que cambiaran en redondo los propósitos de los años 60 y 70, es decir, que propagaran la necesidad de modernizar, sanear y rehacer física y socialmente los barrios degradados y las arquitecturas deterioradas. Si lo hiciesen con cabeza, podrían mantener, también, en paralelo, la defensa de lo que realmente vale la pena conservar según razonamientos no exclusivamente reaccionarios y conservadores.
Es decir, conservar lo que es un auténtico monumento significativo por el que vale la pena sacrificar otros valores y que por su situación, carácter e historia puede sugerir una utilización que introduce nuevas posibilidades sociales, posiblemente menos presentes en una remodelación más autista. Sería, pues, el momento de superar la absurdidad de las normativas "estéticas" de los centros históricos, las imposiciones que conforman el "gusto" reaccionario, el arqueologismo abstracto y la museología urbana y, en cambio, mantener y estimular los dos únicos criterios serios a favor de la conservación y el respeto: la validez monumental y testimonial y el fomento de nuevos usos sociales.
Un ejemplo --modesto pero muy significativo-- es la pequeña batalla desencadenada en Barcelona por la defensa de un árbol centenario: el azufaifo de la calle de Arimón esquina con Berlinès. En este caso, la protesta vecinal presenta los argumentos válidos y no se pierde en intereses particulares ni en exageraciones conservadoras. Me resulta más simpática esta reivindicación que las exigencias técnicamente mal formuladas sobre la conservación física de Can Ricart, por ejemplo, y otros desperdicios de la triste industria ochocentista.
El azufaifo responde a las dos condiciones básicas. Según los técnicos, se trata de un ejemplar realmente monumental, como hay pocos --o ninguno-- en toda Catalunya. Y, por otro lado, la conservación del árbol sugiere la sustitución de una propuesta arquitectura bien poco significativa, que si se tirara adelante no serviría para mejorar la calidad de Sant Gervasi, descolocado entre una tradición de casitas individuales y la imposición de un sistema de apartamentos sosos, sin carácter, consecuencia de unas absurdas ordenanzas basadas en la anchura de las calles, sin tener en cuenta la unidad de la manzana y el carácter ambiental. En cambio, la creación de un pequeño jardín, por sí solo y pese a su modestia, generaría un cambio de calidad en todo el barrio. Y quizá sería una afirmación del retorno de la política urbana municipal hacia aquello que cambió la ciudad a partir de los 80: las pequeñas intervenciones en el espacio público de cada barrio, cuya suma acabó transformando la imagen y los usos de buena parte de la ciudad. Tras pasar una temporada invocando la "grandeza" de las grandes operaciones urbanas a escala metropolitana, no estaría de más volver a las pequeñas acciones puntuales. Y poner el azufaifo como ejemplo.
EN CATALÁN hablamos de "ser tan eixerit com un gínjol", seguramente sugiriendo la velocidad y los brincos imprevisibles de los frutos del azufaifo cuando caen y saltan muy juguetones por todo el entorno. Esto es lo que queremos: que los azufaifos de la calle de Arimón se extiendan por el entorno y lo colonicen. Hay que conservar el árbol, pues, porque es un auténtico monumento, pero, principalmente, porque por sí solo puede generar un enriquecimiento del espacio público que nadie habría imaginado sin su actitud presidencial y su grito de supervivencia.
* Arquitecto
* El Periódico - 11/7/2007
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO , NOTICIAS Cataluña
Los vecinos denuncian un tercio de las infracciones urbanísticas de Málaga
S.Sánchez/MalagaHoy* : "Si decide emprender una obra en su casa asegúrese antes de tenerlo todo en regla, porque en caso contrario es muy probable que alguno de los que viven cerca de usted acaben dando parte y denunciando su ilegalidad. Los datos que maneja la Gerencia de Urbanismo, en concreto el departamento de Disciplina Urbanística, señalan que más de tres de cada diez denuncias que llegan al área municipal sobre posibles irregularidades urbanísticas son presentadas por vecinos.
En términos totales, el número de quejas formalizadas por entender que se está incumpliendo la norma puede cifrarse en unas 280 de los casi 800 expedientes que abre al año el Consistorio en la ciudad de Málaga.
La voz de alarma de los vecinos se ha convertido en los últimos tiempos en una de las vías más comunes con las que cuenta el Ayuntamiento para tener conocimiento de la presunta existencia de una irregularidad. La mayoría de ellas, relacionadas con un exceso de construcción respecto a lo que permitía la licencia concedida y el levantamiento de un muro que afecta al inquilino de al lado, según indican los técnicos de este departamento.
"Muchas de las denuncias que se presentan son por cosas menores", comenta el jefe de Disciplina Urbanística y Autoconstrucción, Miguel Ángel Ruiz Barrionuevo, mientras el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, reconoce que en muchos de los casos se trata del levantamiento de un muro o del cierre de una terraza, por ejemplo.
Sin embargo, y a pesar de lo llamativo de las pequeñas obras sin licencia o el malestar del vecino, lo cierto es que el mayor número de expedientes por irregularidades que se abre en la capital de la Costa del Sol tiene por objeto las viviendas diseminadas que salpican el término municipal, especialmente en el extrarradio.
"Lo más significativo son las actuaciones que se ejecutan en suelo no urbanizable, sobre espacios rurales, donde la gente pide hacer un almacén para guardar los trastos y al final acaba levantando una casa con una parcela de 800 metros y con piscina", señala Ruiz Barrionuevo.
En total en Málaga, según reconoció Díaz Guirado, hay una treintena de núcleos diseminados que están al margen del planeamiento urbanístico y en los que se pueden levantar un millar de casas. "El problema radica en que se trata de inquilinos que estando al margen de la legalidad al final acaban reclamando al Ayuntamiento todos los servicios que necesitan", agrega el edil.
Para intentar normalizar la situación de estas viviendas, la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Málaga ha incorporado once de estos diseminados, con unas 300 viviendas, con el fin de desarrollar en un futuro próximo planes de infraestructuras que abran la vía para su regularización. No obstante, la estrategia fijada en el documento no es nueva, puesto que ya en el Plan vigente, que data de 1997, se apuntaba esta posibilidad, sin haberse avanzado en ninguno de los casos previstos.
En concreto, el listado de núcleos a los que se trata de dar una salida legal en el nuevo planeamiento son Salinas (19); Cortijo los Ruices (32), El Cortijillo (16), Costilla (23), Los Pintados (29), Los Gámez (65), Venta del Boticario (14), Las Breñas (11), Piedra Horadada (14), Venta del Detalle (34) y Haza Carpintero (27). En total, el número de personas que habitan estos espacios es de unas 800. Hasta la fecha, ninguna de las irregularidades cometidas por estos propietarios, al construir sobre suelo no urbanizable, ha conllevado demolición alguna, como sí ha ocurrido en el municipio vecino de Cártama.
El resto de expedientes que se incoan por incumplir las normas urbanísticas están relacionados con construcciones a las que se les concede la licencia de primera ocupación, pero en las que se superan los parámetros urbanísticos permitidos. "Es un porcentaje pequeño", comenta el jefe del departamento de Disciplina Urbanística y Autoconstrucción, al tiempo que reconoce que en este tipo de situaciones los técnicos determinan si lo que se ha ejecutado fuera de la norma es "legalizable o no, previa sanción, o si por sus dimensiones ha de quedar fuera de ordenamiento".
Uno de los casos que mayor polémica ha suscitado en los últimos años en el capítulo de las infracciones ha sido el del promotor del polémico proyecto del centro hispano ruso, que ha construido de manera ilegal una piscina junto a su casa, en el Monte de San Antón, cuando únicamente había solicitado licencia para una obra menor. A pesar de la evidencia del incumplimiento, y tras denunciarse en 2001, lo cierto es que seis años después aún no se ha podido actuar en contra del propietario.
Este hecho es censurado por Díaz Guirado y por Ruiz Barrionuevo, quienes señalan que el actual sistema y la compleja tramitación jurídica que existen hacen que en muchos casos un expediente de esta índole pueda prolongarse seis o siete años hasta que culmine en una actuación punitiva.
* Diario Malaga Hoy - 9 de Agosto de 2007
Foto: Málaga, La_Malagueta_2006 /Rux (Wikipedia.org)
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Se deseca un tramo del Tajo para construir una urbanización
La Confederación Hidrográfica del Tajo ha permitido el comienzo de las obras de la urbanización de lujo Marina Isla de Valdecañas. Ecologistas en Acción* denuncia que para ello se ha desecado el río Tajo en cinco kilómetros, entre las provincias de Toledo y Cáceres. La asociación ecologista califica de irracional esta actuación, especialmente cuando va dirigida a favorecer la ejecución de un proyecto meramente especulativo.
Ecologistas en Acción ya se ha dirigido a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT en adelante) para obtener información sobre aspectos concretos, tales como cuáles son las autorizaciones e informes que se han emitido o están en trámite de emisión por parte de la CHT relacionados con la urbanización en Valdecañas y, además, si se ha permitido el desembalse de Valdecañas o la reducción de caudales desde el embalse de Azután para facilitar el desarrollo de las obras. El beneplácito de la Confederación Hidrográfica del Tajo deja en papel mojado los compromisos de caudales mínimos del tajo tanto en Castilla – La Mancha como en Extremadura y priva a esta actuación de las más mínimas garantías ambientales.
No podemos olvidar que este proyecto urbanístico, aunque se ubica en el Embalse de Valdecañas, en el Tajo Extremeño, afecta directamente a especies y espacios naturales tanto de Castilla – La Mancha como de Extremadura, pues uno de los efectos más notables del inicio de las obras consiste en la práctica desecación del cauce por debajo de las poblaciones toledanas de El Puente del Arzobispo y Valdeverdeja (un tramo de unos 5 kms del Tajo entre Toledo y Cáceres).
En todo caso parece injustificable que la CHT pudiera haber autorizado ya el uso del dominio público hidráulico en el vaso del embalse para el inicio de las obras y la concesión de aguas provisional sin que se haya dilucidado el fondo de la cuestión. Esto es, si hay disponibilidad de agua para el abastecimiento de los chalets, el campo de golf, el hotel, los centros comerciales, etc,. y si se va a autorizar el plan de uso nuevo para el embalse y la construcción de un puente de acceso a la isla sin que se hayan obtenido todas y cada una de las autorizaciones y declaraciones de impacto preceptivas para todas y cada una de las infraestructuras asociadas al complejo. En todo caso, parece así avanzarse en una dinámica de hechos consumados que pudiera conducir finalmente a la cesión de la CHT ante este aberrante proyecto.
Por otra parte, el descenso de las aguas ha perjudicado ya la nidificación de especies de aves declaradas “en peligro de extinción”, como la Cigüeña Negra. Debe considerarse que el período reproductor de las varias parejas de esta especie en la zona aún no ha concluido para la presente campaña de cría y que tanto en éste como en otros embalses de la zona (Navalcán, Rosarito, Azután), deben mantenerse unas mínimas condiciones ambientales (también en lo relativo a los caudales mínimos de los ríos) para garantizar la supervivencia de las nidadas y polladas volanderas que crían en este entorno, las cuales suelen utilizar estas masas de agua y sus inmediaciones durante la primavera y el verano, es decir, durante la nidificación y sus primeros meses de vida, y muy significativamente, durante la concentración postnupcial de juveniles venidos incluso desde otras zonas del centro peninsular.
El área afectada, también es zona de cría (tanto en Extremadura como en Castilla – La Mancha) de especies igualmente declaradas en peligro de extinción como el Águila Perdicera, o de otras grandes y medianas rapaces como el Halcón Peregrino, el Buitre Leonado (con una importante colonia de cría en Toledo) o el Alimoche, no declaradas “en peligro de extinción” pero de igual modo estrictamente protegidas en cumplimiento de las leyes de Conservación de la Naturaleza de ambas comunidades autónomas, especialmente en lo que respecta a sus áreas y períodos reproductores.
Por otra parte, el conjunto del completo afectará muy negativamente la invernada de gran cantidad de aves acuáticas, esteparias y un dormidero de grullas que hasta el invierno pasado descansaban en la inmediatez más absoluta de la Isla y Embalse de Valdecañas.
Además, todo el tramo desecado forma parte de la Red Natura 2000, pues se trata de zonas declaradas como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) tanto en Castilla – La Mancha como en Extremadura. En la parte que corresponde a Toledo habría que añadir que todo el cauce del Tajo entre el Puente del Arzobispo y el límite provincial con Cáceres, está declarado Área Crítica del Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra, siendo esta una de las zonas más afectadas cuando aún no ha concluido el período reproductor de la especie.
Resulta irracional e indignante, que un proyecto que a todas luces contraviene la totalidad de la normativa ambiental europea, nacional y regional al respecto de la conservación de estos espacios y especies, (Directiva de Aves, Directiva de Hábitats, Convenio de Ramsar, Convenio de Berna, Leyes de Conservación de la Naturaleza y Planes de Recuperación de especies de Extremadura y Castilla – La Mancha, etc.) haya sido declarado “De Interés Regional” por la Junta de Extremadura. Especialmente cuando lo que se favorece es el urbanismo especulador que tanto daño ha causado en zonas de la costa mediterránea y del interior del Estado. Este proyecto resulta totalmente contrario a la filosofía y all articulado de la Ley de Suelo que recientemente ha entrado en vigor. Por estas razones, el proyecto se ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
* Ecologistas en Acción - Castilla-La Mancha 8 de agosto
Foto: Río Tajo (Castilla La Mancha) /ecologistasenaccion.org
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS CastillaMancha , NOTICIAS Extremadura
Montederramo vulnera la ley en contratos, salarios y urbanismo
C.Huete.- ElPaís/Ourense* : "El Ayuntamiento de Montederramo ha incurrido "reiteradamente" en irregularidades y ha vulnerado artículos de la Ley Reguladora de las Finanzas Locales y del Reglamento de Organización y Funcionamiento, según consta en el informe de fiscalización del Consello de Contas referido al ejercicio 2003-2004. El informe alerta sobre las actuaciones de contratación de personal, retribuciones salariales, urbanismo y percepción de subvenciones.
El Consello de Contas ha detectado que el Ayuntamiento de Montederramo carece de registro de personal, no publica las retribuciones de la plantilla y los expedientes de los trabajadores están incompletos. Según el informe, cuenta con cuatro trabajadores en régimen laboral temporal pese a que dos trabajan desde 1993 y los otros desde 1994 y 1998 permanentemente y sin haber celebrado procedimiento de selección. Además, el Consello de Contas hace hincapié en que los cuatro perciben mayores ingresos de los que les corresponden.
Junto a ello, en 2004 el ayuntamiento aprobó un catálogo de puestos de trabajo incrementando el complemento específico "sin ajustarse a la legalidad". Sólo por estos complementos en 2003 cobraron por encima de los límites legales 10.655,84 euros.
Lo mismo ocurre con el alcalde, Antonio Rodríguez, condenado por el Supremo por falsificación de documento público y fue repescado por Baltar para encabezar en mayo pasado la lista al ayuntamiento, y con el teniente de alcalde. El informe especifica que en el mandato 2003-2007 no hubo acuerdo plenario sobre retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial, infringiendo el reglamento por el que se rigen las corporaciones locales. Además, consta que una resolución de la alcaldía de octubre de 2003 delegó en el primer teniente de alcalde, en régimen de dedicación exclusiva, el servicio de extinción de incendios que la ley reserva al personal laboral, "lo que cuestionaría su desempeño en régimen de dedicación por un cargo electo". En 2004 se le atribuye la misma dedicación al teniente de alcalde, pero ni siquiera pasó ya por pleno.
Respecto a las percepciones, Contas detalla que de nueve ayudas de manutención y locomoción que cobró el alcalde por 7.116,38 euros, sólo hubo dos mandatos de pago, de 3.638 euros. Además, consta que se le abonaron 80 dietas cuando de la declaración de la alcaldía se deducían 52. El informe verifica que alcalde, primer teniente de alcalde, secretaria y administrativa cobraron indebidamente asistencias a mesas de contratación y que se "utilizó irregularmente" el concepto de ayudas de manutención para retribuir la asistencia de la concejala de Cultura a su propia oficina y a la organización de eventos culturales. Recibió por ello 3.818,43 euros.
Respecto a la contratación de obras, Contas alerta de que sólo se certificaron por la secretaría cinco expedientes, relativos a la residencia y centro de día de la tercera edad "pese a detectarse un número mayor de contrataciones". Además, pese a que el incumplimiento de los plazos por parte del contratista "suponía la rescisión", ni se le rescindió el contrato ni se le impusieron sanciones. A ello se añade la posible duplicidad de ayudas. Asuntos Sociales aportó el 70% del presupuesto, pero posteriormente el ayuntamiento firmó un convenio con la Diputación por el cual ésta aportaba 150.000 euros. La alcaldía decretó la compatibilidad de ayudas financiando 49.255,55 euros con cargo a la aportación de la institución provincial.
* ELPAIS.com - Ourense - 08/08/2007
Foto: Montederramo (Ourense), ayuntamiento /ELPAIS.com
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Tema: NOTICIAS Galicia
La tramitación de un plan urbanístico tarda hasta 6 años
P.González/LaVozdeGalicia* : "Un informe encargado por el sector de la construcción y la promoción inmobiliaria concluye que la normativa recientemente aprobada por la Xunta complica y alarga el ya de por sí dilatado proceso de elaboración de los planes generales de ordenación municipal, hasta el punto de necesitarse un máximo de 71 meses (casi seis años) y un mínimo de 47 (cerca de cuatro años) desde la fase preliminar hasta la aprobación definitiva del plan urbanístico.
El cronograma considerado «óptimo» por el informe -el de 47 meses- es visto como «inviable» por sus autores, por lo que la tramitación de un plan general «comprenderá, como mínimo, una legislatura municipal completa y parte de otra, afectando por tanto a dos corporaciones diferentes», se afirma en el estudio, el primero que trata en profundidad el coste temporal y económico de la elaboración de los documentos urbanísticos.
Para la estimación de la duración del proceso, el informe no tiene en cuenta lo que los autores denominan «afecciones políticas al proceso», por lo que el cálculo del tiempo se basa en los trámites administrativos ineludibles para llegar a la aprobación definitiva del plan. Tampoco se tienen en cuenta los períodos electorales, «que se ha demostrado que ralentizan el proceso».
«La elaboración, tramitación y aprobación del planeamiento general en Galicia -se afirma en el estudio- se está mostrando tremendamente tortuosa a partir de la promulgación de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre [Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural]».
El estudio, elaborado por expertos del sector, valora las consecuencias de la Ley de Evaluación de los Efectos de Determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente, normativa recientemente aprobada que obliga a determinados planes generales a someterse a un proceso de evaluación ambiental y a elaborar un informe de sustentabilidad ambiental (ISA). Esta nueva ley introduce en el proceso de aprobación a la Consellería de Medio Ambiente, además de la de Política Territorial, que tutela el resto de la tramitación. La evaluación medioambiental «con toda seguridad complica mucho más este proceso», concluye el estudio, que se basa en el documento de referencia que se está enviando a los ayuntamientos, «muy extenso y complejo».
En la actualidad, la Consellería de Medio Ambiente tiene abiertos programas de evaluación ambiental de los planes urbanísticos de 43 municipios gallegos.
Elaboración
En realidad, el proceso de elaboración estricto del plan general -al menos su documento preliminar- sólo consumiría entre 10 y 16 meses de los 71 que se calcula como período máximo de tramitación, a pesar de ser el estadio en el que más intervienen las cuestiones políticas.
El resto se consumiría en trámites administrativos hasta pasar por trece fases que se detallan en el gráfico de la derecha. Entre ellas destaca la elaboración del informe de alegaciones, la fase más compleja junto con la elaboración del plan (dura entre 6 y 8 meses). El informe constata que «el número de alegaciones aumenta cada vez más» y que su contenido «está también mejor fundado», por lo que este proceso cada vez es más complejo. Además, ahora hay que tramitar las alegaciones y sugerencias al ISA.
El estudio recuerda también que los documentos urbanísticos que no hayan superado la fase de información pública deben someterse a la evaluación ambiental estratégica.
* La Voz de Galicia - 7/8/2007
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Tema: NOTICIAS Galicia , NOTICIAS URBANISMO
En lucha por la costa de Águilas
A.Teruel/El País* : "Es uno de los pocos tramos de costa virgen que quedan en el litoral mediterráneo español. Entre los municipios de Águilas y Lorca, al sur de la región murciana, se extiende una larga franja de playas vírgenes que alternan paisajes de dunas fósiles y cordilleras. El paisaje natural ha ido cediendo terreno a las construcciones que ahora se adentran a los pies de los montes y en el mismo litoral. En Marina de Cope se van a construir 9.000 casas, 20.000 plazas de hotel y cinco campos de golf.
"En los últimos años se está construyendo demasiado", explica Huerta Navarro. Nació hace 71 años en Águilas y ha sido testigo de la evolución del municipio, que tradicionalmente se ha nutrido de la agricultura y de la pesca. "Como esto siga así, dentro de poco tendremos que recorrer kilómetros para ir al campo, cuando hasta hace nada en la zona de Hornillos había cuatro casas", explica. En la bahía, las recientes edificaciones se amontonan a pie de la sierra del Cambrón. La actividad urbanística, que según los ecologistas pone en peligro a las tortugas moras que pueblan la zona y las praderas de posidonia en el mar, y queda patente en las grúas y los corrimientos de tierra en la cima del monte, donde se está edificando otro complejo de viviendas frente a la isla del Fraile.
Siguiendo el litoral se divisa la urbanización de Calabardina, antes de llegar a las llanuras de momento todavía casi vírgenes de la Marina de Cope. Asociaciones de vecinos y ecologistas han puesto el grito en el cielo centrando su denuncia en el caso más polémico, el de la Marina de Cope. El proyecto, promovido por el Gobierno popular de la comunidad, prevé la construcción de más de 9.000 casas, 20.000 plazas hoteleras, 1 marina con 2.000 amarres y 5 campos de golf.
Para ello, se ha desprotegido parte del Parque Natural de Cabo de Cope y Puntas de Calnegre. La actuación fue recurrida en 2001 ante el Tribunal Constitucional, que todavía no se ha pronunciado al respecto, aunque la comunidad ha anunciado que seguirá adelante independientemente del dictamen.
"Lo que nos parece sospechoso es que se dilate demasiado la resolución, ya que, según los expertos que hemos consultado, lo normal es que tarde unos dos o tres años", explica Martín Rodríguez, secretario de la Asociación de vecinos Amacora, vinculada a asociaciones ecologistas locales.
Lo que está ocurriendo en Águilas es una de las principales denuncias por urbanismo salvaje que incluye el informe Banderas Negras 2007 de Ecologistas en Acción. El velero de la asociación, que partió el 17 de julio de Cádiz y acabará el 31 de agosto en Barcelona, recorre la costa para denunciar las agresiones del litoral, y este fin de semana recaló aquí, donde realizó el último de los múltiples actos de protesta contra el proyecto de Marina de Cope. El titular de la Consejería de Turismo y Consumo de la región, José Pablo Ruiz Abellán, respondió a las últimas acusaciones destacando que el proyecto "será ejemplo y referente nacional e internacional en equilibrio medioambiental".
No a todos en Águilas les importa el deterioro de la costa. Empresarios como Ginés Piña, propietario de tres quioscos en el paseo marítimo de Águilas, asegura: "Para mí, cuanta más gente venga, mejor; quienes estén en contra es porque no viven de eso", opina. "El litoral acabará urbanizado, esto no hay quien lo pare, y si no se urbaniza aquí, se hará en otro lugar", asegura.
* ELPAIS.com - 08/08/2007
Foto: Aguilas (Murcia), bahía del hornillo /greenpeace 2006
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Tema: NOTICIAS Murcia
Declaran urbanizable una zona verde reforestada por escolares
J.A.Navarro/MalagaHoy* : "Málaga. Juego, set y partido. Los terrenos municipales reforestados en la zona este de la capital por un grupo de escolares hace siete años y donde el colectivo Almijara centra su labor medioambiental, serán urbanizados. Tras varios meses de tiras y afloja entre los miembros de esta asociación ecologista y responsables del Ayuntamiento y de la constructora Vallehermoso, ayer se rompió la cuerda definitivamente. En este espacio verde se construirán carriles para una urbanización.
Los terrenos afectados abarcan tres parcelas, la Hacienda Paredes, el Arroyo de los Pilones y El Polvorín, donde Almijara dice que hay más de 4.000 especies vegetales.
Después de que los técnicos de la gerencia de Urbanismo visitaran la zona afectada en varias ocasiones, por sendas denuncias del grupo ecologista, ayer se dictó la sentencia definitiva. El Consistorio comunicó a Almijara que la zona verde donde desarrollan su labor será urbanizada. "El plan general se asigna por sectores y en su desarrollo parcial se ha decidido crear un corredor verde en el cauce del río", explicó Manuel Díaz, concejal de Urbanismo. Esto significa que habrá que trasladar los árboles de una zona a otra. Para los técnicos de Almijara esto supone un atentado ecológico.
La gota que colmó el vaso cayó la pasada semana, cuando los voluntarios de la asociación se disponían a regar sus plantaciones y vieron que las maquinas habían arrasado varios algarrobos centenarios de una zona donde, en teoría, no se pretendía edificar. Esta denuncia motivó una nueva visita de los técnicos municipales el pasado lunes y ayer, cuando comunicaron a este periódico las novedades del desarrollo parcial del plan general en ese sector. "Nos duele la falta de sensibilidad del Ayuntamiento. Las horas de ilusión de los voluntarios son impagables", subrayó ayer Miguel Ángel Barba, presidente del colectivo Almijara.
Pero no sólo se ha perdido tiempo y dinero (hasta 27.000 euros de las arcas municipales se han destinado en distintas fases a la reforestación de la zona), la pérdida ecológica también es notable. De hecho, es la más importante. Según los estudios de Almijara, con esta actuación, cada año se dejarán de depurar 195.000 kilogramos de dióxido de carbono y se dejará de emitir alrededor de 39.000 kilogramos de oxigeno. Sin contar las emisiones que puedan generar el futuro tráfico rodado de la zona.
El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, aseguró ayer a este periódico que las especies vegetales serán replantadas al corredor verde que se va a crear junto al cauce del arroyo. Igualmente reconoció la pérdida de varios algarrobos centenarios que, según dijo, estaban huecos y se partieron al ser trasplantados. "Es imposible que sobreviva ninguno. Los olivos quizá", matizó Barba. Los afectados colaterales de esta operación son las aves de la zona, pues, según los ecologistas, ya se han matado alrededor de 1.800 pollos de decenas de especies protegidas, que ahora se encuentran en periodo de reproducción.
* Diario Malaga Hoy - 8 de Agosto de 2007
Foto: Malaga vista - Julo/wikipedia.org
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Permiso para construir sobre una cañada real en Puebla de la Sierra
Comunidad de Madrid. En Puebla de la Sierra, municipio con 60 habitantes permanentes, el Ayuntamiento pretende construir 51 viviendas sobre un terreno que históricamente ha sido una Cañada Real. Ecologistas en Acción* y vecinos llevan desde 2001 denunciado la situación. Ahora la Dirección General de Agricultura de la Comunidad de Madrid ha desestimado todas las alegaciones y recursos interpuestos en defensa del trazado original de la Cañada Real.
El Ayuntamiento de Puebla de la Sierra está tramitando el Plan Parcial de la Unidad de Ejecución 1 (UE-1) que contempla la construcción de 51 viviendas en un robledal centenario atravesado por la Cañada Real de la Ciquiruela y el Cordel de la Mata de la Fuente. El paraje, conocido como Eras del Solar, se incluye en la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón y en el Lugar de Interés Comunitario “Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte”.
El trazado de la Cañada Real y del Cordel está recogido en documentos históricos que se remontan al siglo XIX. Vecinos y ganaderos han recorrido estos caminos y los mayores del lugar insisten en que estas vías pecuarias pasan por la zona que el Ayuntamiento pretende urbanizar. El Ayuntamiento, por su parte, niega este extremo e intenta desviar el trazado a zonas que no obstaculicen la urbanización de Las Eras.
Ante la polémica, Ecologistas en Acción solicitó a la Dirección General de Agricultura de la Comunidad de Madrid que interviniese y deslindara el trazado exacto de la Cañada Real de la Ciquiruela y del Cordel de la Mata de la Fuente. Sin embargo, tras la presentación de la documentación histórica que acredita el trazado original, alegaciones, solicitudes y recursos por parte de ARDEA-Ecologistas en Acción, asociaciones vecinales y ganaderas, vecinos y propietarios, la Dirección General de Agricultura ha desestimado todo. Agricultura considera que la Cañada y el Cordel no pasan por los terrenos que el Ayuntamiento pretende urbanizar.
Esta polémica decisión se ha tomado en contra de todas las alegaciones presentadas que argumentan que este Cordel y esta Cañada discurren por los terrenos que el Ayuntamiento pretende construir. Además, la viabilidad de este nuevo trazado resulta imposible porque discurre por fincas de particulares, por encima de la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad del siglo XVIII y del cementerio.
Ecologistas en Acción considera lamentable que la administración pública no haya tenido en cuenta los documentos históricos aportados, las declaraciones de antiguos pastores, los linderos de propietarios marcados por las antiguas paredes de piedra, etc. Ni tan siquiera se han valorado los informes técnicos de la Dirección General de Agricultura que indican que la documentación en la que se ha basado el deslinde es “inexacta, imprecisa y de imposible trazado”
Por todo ello, Ecologistas en Acción acudirá al procedimiento Contencioso Administrativo, con las asociaciones mencionadas, como defensora y garante de las Cañadas y Cordeles que la Ley de Vías Pecuarias del Estado y de la Comunidad de Madrid tiene por fin proteger y respetar.
* Ecologistas en Acción - 7 de agosto
Foto: Puebla de la Sierra (Madrid), cañada real /ecologistasenaccion.org
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS Madrid
Bienvenido al 'fast food' de las vacaciones
DAVID GISTAU* : "La percepción cinematográfica de las cosas tiende a ser engañosa. Un empresario con un bigotito que parece dibujado con un corcho quemado y con relaciones malayas con el poder político local levanta en el desierto levantino, entre Oropesa y Cabanes, un paraíso con ninfas de cartón piedra que gasta reputación de excesivo y hortera: una suerte de tardo-gilismo con el que llenar el hueco de Marbella. Y claro, el cinéfilo evoca a Bugsy Siegel cuando construyó en el desierto de Nevada y con dinero de la Mafia neoyorquina un hotel/casino al que puso de nombre el apodo de su amante, Flamingo, y desde el cual creció la inmensa hoguera de neón que es Las Vegas. Pero no. Marina d'Or viene a ser como el reverso tenebroso de ese dinamismo de los pelotazos que se atribuye a la Comunidad Valenciana y que tiene en la Copa de América y en la arquitectura de Calatrava sus aspectos más presentables.
Está en la jurisdicción de Fabra, por lo que huele como la Dinamarca hamletiana. Y es una máquina de hacer dinero que el año pasado facturó más de 400 millones de euros. El empresario Jesús Ger tiene trazado en los mapas un proyecto delirante, Marina d'Or Golf, que con 19 millones de metros cuadrados ocupará una extensión comparable a la de una capital de provincia y que remedará a Las Vegas con un inmenso decorado peplum en el que habrá volcanes, pirámides, venecias, falsas prisiones de Alcatraz y hasta pistas de esquí. Un monstruo que convertirá Oropesa de Mar en poco más que un suburbio de Marina d'Or. Un parque temático, como el que concibió Julian Barnes sobre la isla de Man en Inglaterra, en el que cabrán los tópicos de la cultura popular convertidos en fast-food del entretenimiento familiar y en un alarde de la barra libre urbanística que destroza el litoral.
Pero, mientras tanto, Marina d'Or defrauda toda expectativa cinematográfica. Con sus bloques de apartamentos y sus canchas de tenis, apenas es un Sanchinarro, uno de esos barrios impersonales como los que va pariendo la expansión de Madrid, con playa.
Ni siquiera hay vida nocturna: apenas un pub terrible, el Joker, que parece un bar de putas sin putas. Y un par de discotecas, como Aqua, en las que bostezan los adolescentes y donde los machacas de la puerta son tan de atrezzo como los arbustos recortados con la forma de un ciervo que hay en los parques.
Es verdad que en los jardines hay carpas gordas como tiburones, y un Neptuno con la picha al aire y el tridente enhiesto, y otras estatuas de inspiración griega que parecen haber sobrado de la última película de Victor Mature.
Y, también, que el balneario aspira a ser una especie de Pompeya para pobres en la que iniciarse en los simulacros del lujo como si Marina d'Or contribuyera a expandir la revolución del fenómeno low-cost: la democratización de lo que siempre se antojó exclusivo.
Lo que no ha de ser parte del decorado es el verdín y la basura que flota en las aguas estancadas del canal que da al mar, y que parece el hogar del Monstruo de la Ciénaga. Pero, más allá de eso, Marina d'Or es un lugar anodino por normal, con sus tres hoteles algo tumultuosos por los que trasegar en chanclas, y sus apartamentos de los que sólo en 2004 se vendieron cerca de 1.500.
Y quienes lo frecuentan no son chulapos del Gran Hermano, ni depredadoras de Salsa Rosa, ni especímenes horteras de una nueva corte de los milagros distorsionada por los espejos del callejón del Gato, sino la clase media de toda la vida.
La que baja a la playa con la camiseta del Atleti y encarga una paella para el mediodía. La que atraviesa el ocaso bailando pasodobles que toca una charanga o viendo el contoneo de las brasucas de una compañía de Salvador de Bahía.
La que compite en carreras de sacos alrededor de la piscina o acude a talleres de yoga para llenar la jornada. Por cierto, a la que ahora se han incorporado familias gitanas vestidas por Nike salvo por el luto eterno -incluso en la playa- de las abuelas, como si en Marina d'Or se estuviese escenificando la superación de uno de los últimos guetos que le quedaban a España.
En todo caso, los currantes que apuran la quincenita de playa antes de regresar al tajo no son los personajes sobre los cuales se estaría apoyando el advenimiento de un imperio kitsch. Los recelos sociológicos respecto de Marina d'Or son una consecuencia del esnobismo. Al moderno de la cola del Alphaville le huele a rumba de El Fary, a concentración de plebe. Y se imagina acudiendo de expedición a la urbanización como Jane Goodall a la montaña de los gorilas, cuando en realidad lo que ha de encontrarse es la España estándar. A ese mito negativo han contribuido los 12 millones de euros invertidos por Jesús Ger en campañas de publicidad implacables, ineludibles, emboscadas a traición en el zapping, de las que Anne Igartiburu es siempre la pin-up pintada en el fuselaje.
Jesús Ger no es Bugsy Siegel, por desgracia. Pero aun así tiene fascinados con su aureola fatal a los camareros que le sirven cuando se encierra en las marisquerías de Marina d'Or con su tropa de guardaespaldas: «Siempre estamos en guardia por si aparece. Hoy estamos más tranquilos, porque vino ayer».
Los famosos son un señuelo que el empresario usa hasta la extenuación. Para la inauguración de su oficina en París logró que Daryl Hannah y Gérard Depardieu cortaran la cinta. En la apertura de la de Londres le falló Sharon Stone, por lo que hubo de contentarse con Genoveva Casanova, Anita Obregón y otros 200 invitados desplazados desde España y alojados en el Savoy para unas jornadas que incluyeron una cena en el Parlamento británico.
Se trata de hacer ruido mediático hasta lograr que el término Marina d'Or no resulte ajeno a nadie, que lo conozca hasta el anciano de «¿Y el Madrí, qué...?».
Y para ello se invierte lo necesario para que por la ciudad de vacaciones pasen famosos del calibre de Naomi Campbell o Sofia Loren. O para que la carpa levantada junto al hotel Gran Duque, junto a los edificios que de noche están iluminados por juegos de luces tan bizcochosos y cursis como los que Pascua Ortega impuso a Madrid en las vísperas de la boda de Letizia, sea la sede del concurso de Miss España.
Pero por debajo de esta chicharra que toma por asalto las televisiones no hay más que un tedio de paellitas y cremas bronceadoras capaz de defraudar las expectativas cinematográficas de cualquier reportero. Gil metido en el jacuzzi, eso era un tema.
© Mundinteractivos, S.A.
* El Mundo - UVE - 6 Agosto 2007
* La Coctelera/Reggio - 6 Agosto 2007
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