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J.E.P.- Ideal/Jaén* : "El alcalde de Quesada, Manuel Vallejo, figura en la lista de 24 imputados que la Guardia Civil ha puesto a disposición del juzgado de Cazorla que lleva la investigación sobre supuestas irregularidades urbanísticas cometidas en la localidad serrana. Las fuentes consultadas indican que Vallejo podría haber incurrido en un delito por omisión, al no tomar todas las medidas para hacer respetar la legalidad urbanística en el término municipal. La investigación de la Guardia Civil se inició el pasado mes de febrero. Como ha ocurrido en varias de las operaciones urbanísticas realizadas por la Guardia Civil en la provincia, son los pájaros quienes se tiran a las escopetas: un hombre condenado a tirar su chalé tras haber desobedecido seis requerimientos municipales para parar las obras dio la pista que puso en guardia a la Justicia.
El juzgado de Cazorla inició el pasado mes de febrero una investigación. Y el equipo de investigación del Seprona comenzó a recorrer la zona del Llano, donde en los últimos años han proliferado los chalés. Allí los agentes del Instituto Armado encontraron indicios de delito en 14 construcciones, cuyos propietarios y promotores fueron imputados. Sólo en esa zona se estima que hay unas 80 construcciones, pero los investigadores se han encontrado con que no hay delito o bien ha prescrito. Salvo en 14 casos.
Posteriormente se investigaron otras zonas de la localidad donde también había construcciones recientes. Pronto el número de imputados se elevó hasta los 18. Para el remate de la operación -como es habitual- se cita a constructores y arquitectos técnicos. Y también al responsable político.
Desde principios de mayo Vallejo se sabía ya en el punto de mira. Por dos cuestiones. Una porque es propietario de un chalé. Un antiguo molino reconstruido. «Tiene licencia, proyecto y todo en regla. De lo que había del viejo molino yo he levantado ahora menos de una quinta parte», declaró antes de recibir la visita de los investigadores. Pero como alcalde tenía la obligación de impedir construcciones que no respeten la legalidad urbanística. Y la Guardia Civil cree haber encontrado indicios de que no lo ha hecho.
Alcaldes en el banquillo
Que la imputación de la Guardia Civil contra el alcalde Vallejo pase a mayores depende de si la Fiscalía ve indicios de delito en las pruebas que le presente el Instituto Armado. No es tan sencillo. No basta con que en el término municipal que gobierna hayan proliferado las construcciones ilegales. Además, tiene que demostrarse que él sabía no sólo que estaban levantándose chalés, sino que sabía que eran ilegales y no hizo nada pese a ello. Hay que probarlo con actas de plenos, con informes de la Junta o de los técnicos municipales.
Justo en ese trance se encuentra justo estos días el alcalde de Baños de la Encina, Miguel Campillo. De los cerca de 40 imputados por chalés y naves ilegales por la Guardia Civil, el juzgado ha dejado aproximadamente a la mitad. Si el Fiscal ve indicios de que al menos en un par de casos el alcalde tenía conocimiento de la irregularidad, lo imputará y lo sentará en el banquillo de los acusados. Si no, no presentará cargos contra él.
En Cambil también hay un caso similar con las irregularidades urbanísticas detectadas y las supuestas responsabilidades que tiene en ellas el alcalde saliente, Agustín Cubillo (no se presentó a la reelección). En los casos detectados en este pueblo hay constancia de al menos dos construcciones levantadas con informes en contra de Obras Públicas o técnicos municipales.
El que sí será juzgado por un delito urbanístico es Blas Sabalete, reelegido alcalde de Torredelcampo. Será en septiembre.
* Ideal Digital - 14 de junio de 2007
Foto: Vista general de la localidad de Quesada, el cuarto término municipal más grande de la provincia. /IDEAL
Imputan al alcalde de Quesada por irregularidades urbanísticas
Madrid 16-J: Olimpiadas contra la especulación y bicicletada por la vivienda
La Mesa de Iniciativas por el Derecho a Techo y varias asambleas de barrio por el Derecho a Techo convocan una bicicletada contra la especulación que partirá desde Nuevos Ministerios y terminará en el parque del Retiro a la altura de la Puerta de Alcalá con una "olimpiada". Carreras de sacos de cemento, lanzamiento de ladrillo, “asalto” de altura, 'sogatira', los 30 metros lisos en piso piloto..., y una marcha en bicicleta.
Acceder al mercado de la vivienda se ha convertido en toda una gesta olímpica y así quieren ponerlo de manifiesto el próximo 16 de junio en el centro de Madrid los colectivos que forman parte de la Mesa de Iniciativas por el Derecho a Techo y las Asambleas Vecinales.
La Mesa, integrada, entre otros por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción, Jóvenes de IU, Jóvenes de CCOO… y las asambleas vecinales por el Derecho a Techo de Tetuán, San Blas, Retiro, Centro, Ciudad Lineal, Fuencarral, Latina… convocan una bicicletada que partirá de Nuevos Ministerios a las 18 h rumbo al parque del Retiro, donde celebrarán una Olimpiada contra la Especulación para denunciar que “el problema de la vivienda es un problema político en cuya raíz se sitúan decisiones políticas que toman quienes tienen el poder de tomarlas y que han convertido la vivienda en objeto privilegiado de negocio por delante del derecho al alojamiento, el derecho a la ciudad y el derecho a un entorno natural”.
Las organizaciones convocantes, que el pasado 10 de octubre promovieron una marcha en bicicleta y participaron en los carnavales de Madrid exigen a los poderes públicos y a las instituciones que pongan en marcha “que tomen de una vez, medidas concretas que garanticen el derecho al alojamiento y que hagan frente a la especulación y al urbanismo depredador con un incremento sustancial del parque de vivienda pública en régimen de alquiler, con rentas adecuadas a los diferentes niveles de ingresos, promoviendo el cooperativismo de gestión y la vivienda ecológica; la expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad y de los edificios ruinosos y en mal estado; la penalización de la vivienda vacía y la puesta en marcha de medidas drásticas contra la corrupción urbanística y el fraude”.
Las organizaciones quieren llamar la atención sobre el hecho de que el esfuerzo de los jóvenes para poder comprar una vivienda libre alcanzó el 69% de su salario al cierre de 2006, más del doble del nivel recomendado (30%).
Fecha: 16-06-2007 18:00
Lugar: Desde Nuevos Ministerios hasta la Puerta del Alcalá
Organiza: Mesa de Iniciativas por el Derecho a Techo y asambleas por el Derecho a Techo
* AAVV Madrid - Junio 07
La vivienda: política europea, sin tratado
SALVADOR MILÀ I SOLSONA* : "La construcción de la unidad europea, a lo largo de más de 50 años, se ha basado no sólo en aportaciones institucionales -tratados, organismos, directivas y reglamentos-, sino también en la incorporación de nuevas políticas para abordar nuevos problemas comunes a los ciudadanos de la Unión, ampliando así los ámbitos de competencia en los sucesivos tratados. Me atrevo a afirmar que la utilidad de la Unión Europea, entendida como conjunto de demandas sociales y acciones concertadas para resolverlas, ha salido reforzada cuando ha surgido de abajo arriba, como es el caso de la lucha contra el cambio climático y ahora con las políticas de cohesión urbana y de vivienda.
Hasta ahora los temas urbanos y de vivienda no se entendían como políticas comunes de la Unión, si bien el proyecto frustrado de Constitución Europea colocaba el objetivo de la cohesión territorial al mismo nivel de los objetivos de cohesión social y económica. Pero la movilización social por una vivienda digna y unas ciudades habitables ha llevado al Parlamento Europeo a adoptar resoluciones reclamando acciones de la Comisión Europea y de los consejos de ministros de la UE, al constatar que la falta de viviendas decentes a precios asequibles influye de manera directa en la vida de los ciudadanos limitando sus posibilidades de inserción social y de movilidad, a la vez que numerosas ciudades europeas padecen problemas relacionados con la vivienda: oferta insuficiente o excesiva, subidas de precios, viviendas vacías, mal estado de los inmuebles, degradación de determinados barrios, los sin techo, sin olvidar la incidencia de los problemas de salubridad y de degradación medioambiental.
Los problemas de la vivienda se hacen más complejos en la medida de que casi siempre van asociados a las deficiencias en el espacio urbano, a la falta de equipamientos y a la exclusión social y cultural de determinadas zonas urbanas, ya sean centros históricos degradados o determinados barrios periféricos, con problemas de convivencia. De otra parte, se constata cómo los ejes principales de las políticas ambientales de carácter global sólo tienen éxito si se basan en una gestión urbana que haga de la sostenibilidad un factor de calidad de vida de sus ciudadanos, como en el caso de la lucha contra el cambio climático, por la preservación de la biodiversidad y del buen estado ecológico de las aguas, el ahorro y la eficiencia energética o la recuperación de residuos.
Es así como las políticas de cohesión urbana y de vivienda se han hecho un hueco en las repletas agendas de las instituciones comunitarias; el Consejo de Ministros de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores ha declarado prioritario el problema de las personas sin hogar y de la exclusión vinculada a la vivienda en el marco de la estrategia europea de inclusión y protección social, en tanto que los ministros de Ordenación del Territorio y Desarrollo Urbano, en su reunión informal del pasado mes de mayo en Leipzig, han solemnizado que las ciudades europeas son la expresión del modelo económico, social y cultural al que aspiramos, a la vez que manifiestan la diversidad de las regiones europeas.
Más allá de declaraciones y buenos propósitos, es de destacar que por primera vez una parte sustancial de los fondos estructurales europeos -308.000 millones de euros en el periodo 2007-2013- se destinaran a las ciudades directa o indirectamente, tanto en aspectos de rehabilitación y mejora del espacio físico urbano como a las políticas sociales. La Comisión Europea debe tener cada vez más en cuenta los aspectos territoriales y urbanos al evaluar las políticas de integración económica y cohesión social, en tanto que las ciudades europeas han de saber integrar sus estrategias de desarrollo en el contexto de la construcción de un modelo europeo avanzado.
Ahora que nuestras ciudades inician una nueva andadura política, un factor determinante para recuperar el interés y la participación de la ciudadanía en la vida política es que se apliquen soluciones efectivas a las problemáticas derivadas del acceso a una vivienda digna y asequible, a la calidad del medio ambiente urbano y a la mejora de los servicios públicos de carácter social y ambiental. Conviene, por tanto, dar a estas políticas una dimensión europea, hacer que el proceso de construcción de la Europa social y política tenga a los pueblos y ciudades como protagonistas.
* Salvador Milà i Solsona es diputado de ICV-EUiA en el Parlamento catalán
* ELPAIS.com - 15/06/2007
"Murcia no se vende" protesta en la apertura del Salón Inmobiliario en Lorca
EFE* : "Una veintena de activistas de la plataforma "Murcia no se vende" se manifestó hoy a las puertas del recinto ferial de Santa Quiteria de Lorca durante la inauguración de la tercera edición del Salón Inmobiliario del Levante (SILE), en la que los concentrados profirieron gritos contra la especulación urbanística y la corrupción. Los manifestantes portaban tres grandes pancartas en las que podía leerse "Salvemos nuestra tierra de golfos especuladores", "No a la especulación urbanística, salvemos nuestro litoral" y "Lorca no se vende" y en esta última se incluía el dibujo de un ladrillo atravesado por una flor.
Vestidos con camisetas negras y verdes con el lema "Murcia no se vende", los manifestantes, entre los que se encontraba el concejal electo de IU José García, hicieron sonar silbatos y bocinas y gritaron "corrupción, corrupción" mientras las autoridades cortaban la cinta inaugural de la muestra inmobiliaria, que también el año pasado fue abierta al público con un acto de protesta similar.
La muestra fue inaugurada por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes en funciones, Joaquín Bascuñana, el alcalde en funciones de Lorca, Leoncio Collado, el alcalde electo, Francisco Jódar, y el presidente de la Cámara de Comercio e Industria -organizadora del SILE- Eusebio Abellán.
Bascuñana no quiso pronunciarse sobre el acto de protesta y solo dijo a los periodistas que los manifestantes "han demostrado tener una buena potencia pulmonar, lo cual es síntoma de que gozan de buena salud y le han puesto una nota de color a lo que para nosotros es un gran acontecimiento".
Por su parte Abellán señaló, en referencia a los manifestantes, que "son muy pocos los que van en contra de que los ciudadanos vivan mejor" y dijo que lo único que le preocupa "es que eso pueda transmitirse a los ciudadanos europeos que quieren invertir aquí".
Opinó que el PP y el PSOE "por lo menos en Lorca están unidos en el hecho de que hay que favorecer el desarrollo urbanístico sostenible" y recordó que el término municipal de Lorca tiene mayor superficie de suelo protegida que el resto de las localidades de la Región "y creemos que las cosas se están haciendo bien y de forma equilibrada".
Sobre las 150.000 viviendas cuya construcción está proyectada en el municipio, Abellán señaló que "a día de hoy no hay ninguna y posiblemente pasarán 40 años hasta que se desarrollen totalmente esos proyectos".
Por su parte el alcalde de Lorca en funciones, del PSOE, consideró que el SILE "es un ejemplo de la diversificación económica por la que apuesta el municipio", estimó que el de la construcción es "un sector emergente" y dijo que la tercera parte de la economía de Lorca "depende ya del sector inmobiliario".
El alcalde electo de Lorca, Francisco Jódar, manifestó que cuando tome posesión de su cargo el próximo sábado trabajará en la defensa de "un sector muy importante, por el que apostaré de manera decidida".
Una treintena de agentes inmobiliarios de empresas de ocho países europeos participan este año en el SILE, donde mantendrán 700 encuentros bilaterales con empresarios locales hasta el domingo, día de la clausura.
En esta edición el SILE muestra una amplia representación de las empresas asociadas al sector de la promoción inmobiliaria, y de la construcción, con 80 expositores que ocuparán una superficie de exposición de 10.000 metros cuadrados.
La organización del SILE espera superar la cifra de 3.000 visitantes de la edición anterior y ser punto de encuentro de profesionales y de personas que estén buscando su primera vivienda, una segunda residencia, conocer la oferta de suelo industrial o los productos más punteros del sector de la construcción.
* La Verdad - 14 de junio de 2007
Foto: manifestación el 5-M de "Murcia no se vende" /vegamediapress
El crecimiento urbanístico en Málaga casi triplica la media andaluza en 50 años
A.M.Romero.- SUR* : "Es un hecho comprobable con sólo hacer un viaje desde Nerja hasta Manilva. Las grúas, los edificios en construcción o las grandes infraestructuras dan una idea de la dimensión que el urbanismo tiene en la provincia. El cemento ha ido, poco a poco, ganando terreno y ocupando espacio en el litoral malagueño, así como en algunas zonas del interior. Ahora, los datos y las imágenes vía satélite corroboran esta apreciación. En los últimos cincuenta años la superficie construida (incluyendo viviendas, carreteras, infraestructuras, puertos...) en la provincia de Málaga casi triplica el crecimiento experimentando durante el mismo periodo en el resto de la Comunidad autónoma.
En el último medio siglo, el espacio construido en Málaga ha pasado de 4.739 a 36.287 hectáreas (31.548 más), lo que representa un incremento del 665,64%. Desde 1956, en la Comunidad autónoma andaluza -sin computar lo correspondiente a la provincia malagueña- el crecimiento fue de 111.281 hectáreas, un 246% más, según se desprende del informe, pionero en su género, 'Usos y coberturas vegetales del suelo en Andalucía 1956-Actualidad', presentado ayer por el delegado provincial de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, y el director de Gestión del Medio Natural de la Junta de Andalucía, José Guirado.
Este crecimiento en Málaga se ha producido ocupando, principalmente, los suelos agrícolas, una vez que esta práctica ha sido abandonada, fundamentalmente en la franja costera. Así, pusieron el ejemplo de una fotografía de Benalmádena en los años 60 en la que se veían claramente los terrenos dedicados a cultivo y una instantánea de la actualidad en la que se aprecia el importante crecimiento experimentado por esta ciudad costera, que en cincuenta ha aumentado su población en un 135%.
Cultivos
El suelo agrícola en la provincia disminuyó en 32.587 hectáreas (un 8,63%) en medio siglo, aunque, paralelamente, se produjo un incremento de 13.944 hectáreas dedicadas a los cultivos de regadío principalmente en las vegas de los cauces fluviales, destacando el valle del Guadalhorce, Antequera y la Axarquía. Asimismo, durante este periodo aumentó el territorio dedicado al cultivo de cítricos (8.045 hectáreas), los invernaderos (1.210 hectáreas) y los cultivos tropicales (4.158 hectáreas), estos dos últimos, fundamentalmente, en la zona oriental de la provincia.
Por el contrario, la superficie destinada al olivar se redujo en 1.519 hectáreas, quedando las principales parcelas en la comarca norte -limítrofe con la provincia de Córdoba- y la zona de la Serranía de Ronda. Además, se ha dado un cambio en la explotación de la agricultura, pasando de ser un práctica de carácter extensivo a ser intensivo.
Respecto a la superficie forestal, José Guirado destacó que la provincia mantiene el 92% de las áreas naturales y seminaturales que tenía hace medio siglo, en un contexto en el que ha aumentado la población y la expansión urbanística. Como señaló Trillo, el proceso urbanizador en estos años «ha sido intenso». Sin embargo, y en contra de lo que puede ser la creencia popular, en estos cincuenta años, la superficie arbolada en la provincia ha aumentado en 28.227 hectáreas por factores naturales y artificiales (la intervención urbana a través de programas de regeneración). Un hecho que llevó a Guirado a afirmar: «En materia natural, cualquier tiempo pasado no fue mejor». Un ejemplo es el de Alhaurín de la Torre, donde a pesar del aumento poblacional que ha registrado, también ha crecido la cubierta vegetal en el municipio, lo que, según Trillo, propició que en 1991 apareciese en esta zona una especie como la cabra montés.
Asimismo, José Guirado se congratuló de que en el litoral malagueño los espacios que quedan libres y vírgenes de cemento son suelos forestales: como el paraje de Maro-Cerro Gordo o el propio Arraijanal en la capital.
Embalses
Por otro lado, el estudio desvela que los espacios destinados a embalses y láminas de agua han pasado de 463 en 1956 a 2.618 hectáreas actualmente, lo que supone un incremento del 465,11%.
Aunque los cambios de usos superficiales dentro del periodo analizado han sido intensos -un 35%-, la distribución de los suelos en la provincia ha cambiado poco, según el informe.
Así, la radiografía de la provincia es: el 47,22% de los suelos son territorios agrícolas; el 46,43%, áreas naturales y arboladas; el 4,97%, superficies construidas, y el 1,38%, zonas húmedas y superficies de agua, según el estudio, fruto de dos años de trabajo.
LOS DATOS
1956
Población en Málaga: 750.115.
Áreas naturales y seminaturales: 339.471 hectáreas.
Superficie arbolada: 142.998 hectáreas.
Suelo agrícola: 377.410 hectáreas.
Embalses y láminas de agua: 463 hectáreas.
Cultivos en regadíos: 17.106 hectáreas.
Superficies construidas: 4.739 hectáreas.
Actualidad
Población en Málaga: 1.453.409.
Áreas naturales y seminaturales: 338.991 hectáreas.
Superficie arbolada: 171.225 hectáreas.
Suelo agrícola: 344.823 hectáreas.
Embalses y láminas de agua: 2.618 hectáreas.
Cultivos en regadíos: 31.050 hectáreas.
Superficies construidas: 36.287 hectáreas.
* Diario SUR - 14 de junio de 2007
Foto: TORREMOLINOS /diariosur.es
Un joven dedica el 82% de su sueldo a pagar la hipoteca del piso
El País* : "El Consejo de la Juventud de Euskadi destacó ayer que el 82% del sueldo de un joven debe dedicarse al pago de la vivienda. El dato figura en el informe Jóvenes y Vivienda 3, elaborado por dicho organismo, que también alerta sobre la tardanza en emanciparse por parte de los jóvenes de la comunidad autónoma. La tasa de emancipación en Euskadi se sitúa en el 41,2% de media, una de las más bajas de España y que sitúa a Euskadi en la cola de Europa en este aspecto. El porcentaje aumenta hasta el 45,9% en el caso de las mujeres. Este retraso en la emancipación se debe, fundamentalmente, a las dificultades que encuentra la juventud para acceder a la vivienda.
El estudio precisa que la hipoteca media en Euskadi se sitúa en 154.381 euros, un 10% superior a la media española. El plazo medios de los créditos hipotecarios se sitúa en los 26 años. Las cajas de ahorros concede el 80% de ellos.
En cuento a la necesidad de vivienda, los datos son dispares dependiendo de la fuente. En el caso de la encuesta que realiza el Departamento de Vivienda, alrededor de 100.000 jóvenes necesitan acceder a su primer piso. En cambio, el Consejo se hace eco de la Encuesta de Pobreza y Desigualdad social, que Justicia realiza de forma bienal, y que en 2004 apreció la situación de pobreza encubierta de unas 145.000 personas, incluyendo a aquéllas que desean emanciparse, pero carecen de recursos económicos.
El portavoz del Consejo de la Juventud, Igor Mera, señaló que la situación actual es de "emergencia social", pues el derecho a la vivienda "se encuentra hoy más vulnerado que hace dos años".
El Consejo aboga por potenciar la intervención pública en el mercado de la vivienda, pero apostando por pisos de alquiler social en lugar de los protegidos en propiedad o de precio tasado. En sintonía con esta propuesta, el Ararteko planteó recientemente dar un giro "radical" a la política de vivienda que siguen las administraciones para volcarse en el alquiler y la adjudicación de los pisos protegidos mediante baremos y no por sorteo.
* EL PAÍS - Vitoria - 14/06/2007
Foto: manifestación Vivienda digna - La hipoteca me mata
Uno de los coautores de la Ley del Suelo cree que suavizará los precios de las viviendas
L.Ballester.- Levante* : «La Ley del Suelo de 1998 creía que España era una, grande, libre y urbanizable. La que entrará en vigor a partir de ahora acaba con el todo urbanizable y provocará una tendencia a la baja de los precios de la vivienda», vaticinó ayer Gerardo Roger, uno de los coautores del nuevo texto legislativo que entrará en vigor el próximo mes de julio. Roger, considerado el padre de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), participó ayer en la segunda jornada del curso sobre la nueva normativa estatal organizada por la Fundación Adeit de la Universitat de València. «A menudo me preguntan: ¿Van a bajar los precios? Y yo siempre respondo: Afortunadamente, no, porque si no sería un desastre para la economía», reconoció este arquitecto, profesor y miembro del Instituto Pascual Madoz de la Universidad Carlos III.
A juicio de Roger, «las leyes producen tendencias al alza o a la baja. Y la de ahora provocará una tendencia a la baja» . Justificó este vaticinio en dos novedades de la nueva Ley del Suelo. Una de ellas, será «la obligación de reservar un 30% de vivienda de protección oficial (VPO) en todos los nuevos desarrollos urbanísticos que bajará los precios de las viviendas de renta libre, a pesar de que hay quien cree lo contrario» , sostuvo. Si en una nueva promoción, explicó, la gente compra las VPO y las de renta libre tardan más en venderse, éstas últimas, al final, adaptan sus precios para poder salir al mercado.
Otra de las novedades será el nuevo régimen de valoraciones del suelo rural y urbanizado. «Hemos pretendido dar forma a un mandato constitucional: impedir la especulación, que es la única prohibida expresamente en la Constitución» . De esta manera, cuando la administración expropie un suelo pagará por hechos fácticos no por actuaciones futuribles. «Ésta es una de las causas de corrupción que existen en España» , señaló Gerardo Roger ya que, explicó, «se han producido casos de tierras afectadas por el AVE que, antes de ser expropiadas, se vendían entre familiares por precios astronómicos para que constaran éstos últimos a la hora de expropiar» .
De esta manera, el suelo «se valorará a partir de ahora por la realidad, por la renta actual o potencial que tiene un terreno e incluso la localización (la accesibilidad del terreno, el acceso a servicios...)» . En el caso de solares urbanos o con edificios la administración pagará por ellos «su valor residual en el planeamiento (la cantidad de alturas previstas para un edificio en un PGOU) o por el valor de mercado» , explicó Roger. «Pero no se pagarán los dos conceptos sumados como hasta ahora» , explicó el arquitecto.
Por último, sobre los efectos en la legislación valenciana, Roger explicó que la nueva Ley del Suelo «obliga a notificar a los propietarios de suelo» incluso las intenciones de firmar algún convenio urbanístico «algo que la Ley Urbanística Valenciana (LUV) no prevé en los concursos». Igualmente también negó que las nuevas valoraciones del suelo supongan la desaparición de las compensaciones del metro a metro en las reclasificaciones porque no se aplican de igual manera a las transacciones de suelo privadas tal como se hará en las expropiaciones públicas.
Por último, Gerardo Roger más que inquietarle la adaptación de la legislación valenciana a la Ley del Suelo ( «que está inspirada en el modelo urbanístico valenciano» , admitió) aseguró que le preocupa más la espada de Damocles que pende sobre la LUV y que puede acabar ante los tribunales de justicia europeos. Al ser preguntado si la Ley del Suelo no debería haber predicado con el ejemplo y haberse adaptado a las directivas europeas, tal como pide la Comisión, Roger señaló que ésta es «una cuestión autonómica y un cambio que ha de hacer la legislación valenciana» .
* Levante-EMV - 14 de junio de 2007
Román participó en 'un pelotazo urbanístico' que generó un perjuicio de cinco millones a Marbella
EuropaPress* : "El ex primer teniente de alcalde de Marbella y mano derecha de Jesús Gil, Pedro Román, en prisión por el 'caso Malaya', participó junto con otros imputados en la causa en una operación inmobiliaria, que el fiscal Anticorrupción calificó hoy de "pelotazo urbanístico", y que ha supuesto, además de beneficios para los participantes, un perjuicio para las arcas municipales que se cifra en cinco millones de euros, puesto que se redujeron los aprovechamientos que le correspondían al Ayuntamiento.
En la vista sobre el recurso contra el auto de prisión de Román, celebrada esta mañana en la Audiencia Provincial, el representante de la Fiscalía especial en Málaga señaló que la investigación "ha acreditado" que Román, que fue arrestado a su llegada desde Suiza, aunque tenía una orden internacional de detención, se concertó con el ex comisario de Policía Florencio San Agapito y el letrado Juan Germán Hoffmann, también imputados en la causa, para llevar a cabo esta operación.
Explicó que crearon una sociedad en Suiza llamada Lispag AG, en la que también estaba el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, con un 15%. El fiscal indicó que para la obtención de beneficios "cuentan con Roca y con su posición en el Ayuntamiento", de forma que se consigue un aumento de la edificabilidad, que pasa de 532 a 11.416 metros cuadrados y la reducción de los aprovechamientos, que se quedaron en unos 2.400 metros cuadrados.
El fiscal insistió en que esto se hace "porque está Roca y le interesa que Román se beneficie". Posteriormente, la parcela se vendió a una empresa de Avila Rojas -también imputado en el caso- y "a los pocos meses se obtienen unas plusvalías de más de seis millones de euros". De estos beneficios, según consta en la orden internacional de detención de Román, le correspondían a éste un 62%, lo que significa 3,7 millones de euros.
Añadió que este dinero "se escondía" en cuentas abiertas en Suiza a nombre de fundaciones "radicadas en paraísos fiscales". De hecho, en dicha orden internacional de arresto, se señalaba que Román, al que se le imputan los delitos de fraude, delito fiscal, blanqueo de capitales y cohecho, percibía dichas cantidades a través de sociedades interpuestas como Fink 2.010 o la fundación Lare de Liechtenstein.
En este punto, el fiscal se preguntó "por qué si es una operación tan legal no se hizo en España, por qué con una sociedad suiza en la que no aparecen ninguno de los titulares y por qué el dinero se esconde también en Suiza a nombre de fundaciones". Además, precisó que se investiga si el patrimonio utilizado por Román "tiene su origen o se puede vincular a hechos delictivos previos", puesto que tiene pendiente una causa en la Audiencia Nacional.
El fiscal entiende que el imputado debe permanecer en prisión y argumenta que existe riesgo de fuga, puesto que se tenían noticias de que iba a viajar a Estados Unidos, pero, finalmente, "no fue al destino previsto", sino que llegó a Suiza, pasando por Portugal, "a hacer desaparecer en la medida de lo posible lo que le vincule con ese dinero oculto". Además, habló de "estrategias" por el intento de San Agapito de "negociar su puesta a disposición judicial", cuando ya existía una orden de detención.
La defensa, por su parte, pidió la libertad para su defendido y consideró que sólo el haber participado en una operación urbanística con Roca "no es suficiente" para su ingreso en prisión, argumentando que no existe riesgo de destrucción de pruebas, pues están ya en libertad los otros imputados que, presuntamente, participaron en ella y la investigación se inició mucho antes de la detención.
Estimó que tampoco hay peligro de fuga, al recordar que "viene voluntariamente" desde Suiza, "al saber por la prensa que hay una orden de detención" y precisó que, incluso, "avisa a la Policía de que va a venir", por lo que fue arrestado en el aeropuerto. Asimismo, precisó que, aunque tiene antecedentes, "jamás" ha dejado de acudir a un juzgado y, recientemente, ha pagado 1,4 millones de euros para sustituir una pena de dos años.
El letrado aseguró que su cliente "no hace de testaferro" en esa operación, por lo que no se puede hablar de blanqueo, y entendió que los beneficios obtenidos responden a que "el negocio ha ido bien", añadiendo que, en el caso de que hubiera influido Roca, "estaríamos hablando de un delito de tráfico de influencias y no de cohecho".
Respecto al fraude fiscal y contra la Hacienda Pública, dijo que habrá que analizar si se han infringido las normas de los países donde están radicadas las sociedades, mientras que del delito urbanístico recordó que debe responder el cargo público, "nunca el promotor". Asimismo, recordó que Román está fuera del Ayuntamiento desde 1998.
* Sur Digital - 13 de junio de 2007
Foto: Marbella /agenda21malaga.org
Al juzgado el complejo urbanístico Valle Rosario Golf
La Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Málaga, encargada de Delitos contra la Ordenación del Territorio, Patrimonio Histórico y Medio Ambiente, ha remitido el pasado día 25 de mayo al Juzgado Decano de Antequera, las diligencias de investigación correspondientes a la denuncia presentada en su día por la Asociación “Ecologistas en Acción*-Comarca de Antequera”, en relación a las supuestas serias irregularidades del proyecto de urbanización de la empresa “Valle del Rosario S.L.” –hoy en construcción-, en el municipio de Villanueva del Rosario, y cuya licencia otorgó la anterior corporación.
Al considerar que podría haber en estas actuaciones, indicios de presunto Delito Ecológico -tipificado en la Ley Orgánica 10/1995 y L.O. 7/2000 del Código Penal-, el Fiscal de Medio Ambiente D. Fernando Bentabol Manzanares, ha procedido a interponer denuncia contra este proyecto ante el juzgado de Antequera para que, según reza en el escrito remitido por el propio Fiscal a la asociación ecologista, este Juzgado proceda a la “incoación de diligencias previas, por si los hechos (cometidos en Villanueva del Rosario) fuesen constitutivos de un presunto delito Contra la Ordenación del Territorio”.
Recordemos que el pasado 14 de agosto de 2006, Ecologistas en Acción registraba en la Fiscalía de Málaga denuncia contra el proyecto de macrocomplejo urbanístico de golf “Valle del Rosario”, por sus supuestas graves irregularidades urbanísticas y ambientales, que lo pueden convertir en un proyecto de más que dudosa legalidad. Seguidamente, el día 6 de noviembre de 2006, el Fiscal-Coordinador D. Juan B. Calvo-Rubio Burgos, ponía en conocimiento de la asociación ecologista la incoación de Diligencias correspondientes a la referida denuncia.
En los últimos meses, el Fiscal pidió una serie de Diligencias tanto al Ayuntamiento de Villanueva del Rosario como a la Delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente, solicitando la remisión de los expedientes correspondientes a dichas construcciones. Tras un mutismo absoluto, dada la nula colaboración administrativa a la labor investigadora de la Fiscalía, y transcurrido el plazo máximo admisible de investigación, el caso fue remitido por el Fiscal al Juzgado Decano de Antequera, encontrándose desde el pasado 30 de mayo, en manos del Juzgado de Instrucción nº. 1 de Antequera, quien lo remitirá presumiblemente al Partido Judicial correspondiente, donde se instruirán diligencias previas, para proceder a la investigación pertinente, antes de dictarse sentencia.
Este macroproyecto, perteneciente al Grupo Mirador y a la empresa AIFOS -varios de cuyos directivos, recordemos, fueron detenidos por sus implicaciones con el “Caso Malaya”, de Marbella-, consta de la construcción de una gran urbanización, campo de golf, complejo comercial y otras instalaciones, sobre una superficie de 1.754.523 m2, que podría elevar la población en unos 4.679 nuevos residentes.
El complejo urbanístico en construcción, probablemente incumple las Normas Subsidiarias del municipio, cuenta con licencia de obras otorgada de manera supuestamente indebida, contradice los requerimientos del propio arquitecto municipal, e incumple posiblemente los condicionantes de la Declaración de Impacto Ambiental, amen de constituir un supuesto Delito Ecológico por la destrucción intencionada de un importante hábitat para la fauna, con gran número de especies protegidas, según los Catálogos Nacional y Andaluz de Especies Amenazadas, infringiendo las Leyes 4/1989 y 8/2003, de flora y fauna silvestres. Las actuaciones han supuesto la muerte de unas 600 encinas y quejigos –al menos dos rodales no han sobrevivido a las brutales podas y trasplantes-, el solapamiento e invasión de la Vía Pecuaria “Vereda del Camino de Málaga” bajo el vial de la urbanización, y el enterramiento de dos arroyos a lo largo de casi 300 metros, pudiendo muy posiblemente infringir la normativa que protege los Bienes de Dominio Público Hidráulico.
* Ecologistas en Acción - Antequera 12 de junio
Foto: Impacto del proyecto en el monte mediterraneo de la zona /ecologistasenaccion.org
El gulag participativo
Carolina del Olmo* : “No tendrás una casa en la puta vida”. Bajo este y otros lemas semejantes montones de jóvenes y no tan jóvenes salen periódicamente a la calle para protestar por la práctica imposibilidad de acceder a una (primera) vivienda en nuestro país, mientras Paco el Pocero y una legión de alcaldes y promotores de sainete saltan al estrellato en los medios de comunicación. Cuando se intenta comprender el complejo panorama urbano de los últimos años, se dibujan dos tendencias fundamentales: de un lado, la destrucción generalizada de nuestro patrimonio natural y social en un proceso extraordinariamente lucrativo para unos pocos. Del otro, unas políticas urbanas que en nada parecen contribuir a contrarrestar las tendencias “naturales” del mercado y que se presentan, en cambio, henchidas de la retórica de la participación, la integración y la cohesión social. En ambas tendencias destaca la rampante desfachatez con la que se pretende conciliar los opuestos.
En el primer caso, nunca cotas tan altas de destrozo urbanístico convivieron con tan abundante legislación de protección medioambiental, fiscalías anticorrupción, unidades de delitos urbanísticos de la guardia civil y honradas declaraciones de intenciones de la clase política. En el segundo, la retórica pretende taponar sin complejos el abismo que separa la apertura de oficinas de participación ciudadana con la construcción de unas ciudades radicalmente antidemocráticas y perjudiciales para la inmensa mayoría.
Marbella como modelo
Comencemos con la primera tendencia. Son tantas las noticias de corrupción urbanística que aparecen a diario que corremos el riesgo de que los árboles no nos dejen ver el bosque: la inmensa mayor parte de lo que, desde un punto de vista ecológico y social, puede calificarse de abusos urbanísticos tiene lugar dentro de la economía formal y con arreglo a la legislación vigente. Basta ojear el suplemento dedicado al sector inmobiliario de un periódico para encontrar noticias de este cariz: “La fértil vega del río Tajuña a su paso por Morata va a quedar encajonada entre grandes bolsas de suelo urbanizable. Son casi diez millones de metros cuadrados los que plantea recalificar el avance del plan general del Ayuntamiento, destinados a la construcción de unas 13.000 viviendas, campo de golf, campus universitario y varios hoteles” (El País, suplemento “Propiedades”, 17.06.07).
Otro caso, muy revelador, y que lleva años arrojando novedades de interés es el del Parque Warner, en San Martín de la Vega, Madrid. En su día, la Comunidad de Madrid aportó un 43% del capital inicial (380 millones de euros) para este parque de ocio inaugurado en 2002 que acumula, desde entonces, una ingente cantidad de pérdidas, situación que se ha intentado revertir inyectando más y más dinero público (a modo de ejemplo, el parque cerró con una pérdidas de 38 millones de euros el ejercicio de 2004, el mismo año en que la CAM anunció su intención de inyectar entre 4,3 y 5,2 millones de euros más). Además, la CAM ha construido una línea de tren específica a San Martín de la Vega, que ha costado algo más de 84 millones de euros y que en 2005 sólo usaban unas 600 personas al día (todo ello, huelga decir, acompañado de importantísimas carencias en transportes repartidas por populosos barrios y municipios de toda la Comunidad). Ya en noviembre de 2004, ante las críticas de la oposición, la presidenta regional anunció su intención de salirse del accionariado del parque, algo que consiguió, según cuenta el artículo “El otro valor del Parque Warner” (Propiedades, 09.02.07), cuando en noviembre de 2006 la inmobiliaria Fadesa se hizo con el 73,8% del parque al comprar, entre otras participaciones, el 43,6% que tenía la CAM. ¿A qué viene tanto desembolso, se preguntarán ustedes, para comprar un parque ruinoso? “Lo que los expertos tienen claro es el atractivo del parque temático para Jove [presidente de la inmobiliaria]: el potencial inmobiliario que tiene la operación, es decir, los 667.000 metros cuadrados de suelo para usos comerciales, industriales y de servicios adyacentes al parque, que también fueron adquiridos por Fadesa”. Sin duda, el hecho de que más de 200.000 metros sean de uso comercial ha resultado clave en el interés de Fadesa: “un centro comercial grande tiene el éxito garantizado, ya que la zona está muy bien comunicada”. Desde luego que está bien comunicada: además del tren, hay autovía (la inversión directa de la CAM en transportes y accesos al parque se calculaba en 2004 en unos 156 millones de euros). No obstante, los expertos consideran que para que el parque salga adelante “hace falta la componente residencial de su entorno –posibilidad que no prevén los terrenos adyacentes– y que únicamente hoteles, comercio y ocio no son la solución. La clave de la operación está en la recalificación de los terrenos, para la que es posible que Jove cuente con un acuerdo o un compromiso por parte de las autoridades”. Asunto curioso, cuando menos: la CAM consigue deshacerse de unas acciones que le quemaban en las manos, y las compra una inmobiliaria que confía en una posible recalificación. Permanezcan atentos; la noticia promete…
El suelo es una mercancía muy peculiar que parece invitar al juego sucio: posee un marcado carácter monopolístico, no se deteriora con el paso del tiempo y su precio, que se multiplica con una sencilla actuación administrativa, supone, en estos momentos, un 60% del precio final de una vivienda. Naturalmente, los terrenos más rentables están en manos de grandes compañías, con los bancos, probablemente, a la cabeza. Las promotoras, por ejemplo, suelen hacer acopio de suelo para seguir edificando, pero si la rentabilidad de vender llega a ser más atractiva que la de promover, no le hacen ascos al negocio; de hecho, algunas obtienen así hasta el 30% de sus ingresos. Aunque el precio del suelo suponga un 60% del precio de la vivienda, es este último el que marca el precio del suelo, ya que el valor de un solar se calcula en función del precio al que se espera poder vender las viviendas que en él se levantarán. Y dada la concentración de esta mercancía en pocas y poderosas manos (oligopolio) –que pueden, pues, marcar el ritmo de su utilización y, así, su precio–, clasificar más suelo no contribuye en modo alguno a abaratarlo, especialmente cuando la Administración rehúsa utilizar los mecanismos de sanción de los que dispone para cuando los plazos de urbanización se sobrepasan.
Sin embargo, la ortodoxia económica insiste en considerar la ley de la oferta y la demanda como único fenómeno social relevante y en recomendar como receta –en el caso de que el boom de precios comience a generar “alarma social”–, la recalificación de más suelo y la liberalización de su gestión; en palabras del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la CAM, Mariano Zabía Lasala, se trata de “evitar la tentación de los poderes públicos […] de abusar del exceso de intervencionismo” y hacer frente a las “políticas que pretenden que la Administración se entrometa en todo lo relativo al suelo y la vivienda, asfixiando la libertad del individuo” (El País, 17.12.06). En estos momentos, con suelo urbanizable suficiente en Madrid para levantar medio millón de viviendas, aunque fuera verdad que aumentando la oferta se abarata el precio, la única forma de sacar ese suelo al mercado sería evitando su retención, algo que sólo pueden lograr las administraciones públicas “entrometiéndose”, como dice el Consejero. Desde luego, los datos son testarudos: “en los últimos quince años se ha transformado más suelo que en todos los siglos anteriores. Nada indica que un incremento de la oferta de suelo urbanizable conlleve una reducción de los precios del suelo y de la vivienda. Más bien parece que, al contrario, la consideración como urbanizables de suelos ‘rústicos’ contribuye a anticipar una plusvalía que sólo debería reconocerse al final del proceso urbanizador” (Menéndez Rexach, p. 269).
Sin embargo, la más burda ortodoxia económica es la que ha guiado –con honrosas aunque, por lo general, ineficaces excepciones– nuestras leyes de suelo y los planes generales de nuestras ciudades, hasta llegar al extremo de la Ley de Suelo de 1998 –aún en vigor–, que decidida a contener los precios de la vivienda incluye en su exposición de motivos el siguiente párrafo: “La presente Ley pretende facilitar el aumento de la oferta de suelo, haciendo lo posible para que todo el suelo que todavía no ha sido incorporado al proceso urbano, en el que no concurran razones para su preservación, pueda considerarse como susceptible de ser urbanizado” (cit. en Leguina, p. 73). Se trata de una aplastante capitulación de todos los principios que históricamente han regido el planeamiento urbano que, al eliminar las distintas categorías de suelo y considerar que todo el terreno que no sea protegido es urbanizable, ha supuesto un impulso desastroso no sólo a las más variadas actuaciones especulativas, sino también a la recalificación extensiva de suelo rústico y a la urbanización dispersa.
En efecto, más allá del problema de acceso a la vivienda –un problema que, por grave que sea, no deja de ser coyuntural, al menos en su fase más aguda– lo más preocupante es el desastre cotidiano que propicia nuestro modelo territorial y que podemos calibrar gracias, entre otras cosas, a los informes sobre las barbaries cometidas en nuestros litorales que cada año publica Greenpeace (http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/costas/destrucci-n-a-toda-costa) o al estudio Cambios de ocupación del suelo en España, editado el año pasado por el Observatorio de la Sostenibilidad en España.
Spain is different
Hay quien considera –no sin parte de razón– que esta situación no es más que la plasmación territorial del funcionamiento de la economía capitalista. Pero de poco sirve constatar una supuesta incompatibilidad entre la sociedad de mercado y un planeamiento urbano razonable, sin parar mientes en que existe todo un entramado institucional, ideológico y político que ha fomentado y fomenta este desbarajuste y una administración pública que podría ponerle coto. Bastaría un somero repaso al funcionamiento de algunas ciudades de otros países de nuestro entorno capitalista para apreciar que otra ciudad es posible: en Estocolmo el mercado de vivienda está férreamente controlado por la administración, que trata de evitar la emigración interior y el despoblamiento del resto del país; en muchas ciudades holandesas la vivienda protegida y la de precio libre conviven, no ya en el mismo barrio, sino incluso en un mismo bloque; en algunas ciudades francesas se penaliza la posesión de viviendas desocupadas y, en general, el control municipal del suelo es una práctica bastante extendida.
Un punto que dificulta el análisis de la orientación de las políticas públicas es que casi nunca hay que mirar a lo que más brilla. Al igual que el PGOU de Madrid del 85 –probablemente el más insultado de la historia, repetidamente calificado de “comunista” por la oposición– coincidió en el tiempo con el Decreto Boyer –impulso definitivo a la consideración de la vivienda como inversión–, y ambos fueron pergeñados desde gobiernos del PSOE, es común la convivencia de actuaciones y medidas opuestas en sus principios rectores. Veamos un ejemplo menos llamativo pero más actual. El Plan de Vivienda 2005-2008, sin ser ninguna maravilla, está mejor dotado económicamente que el anterior y pretende reforzar el sector de la VPO confiando, además, en otras fórmulas (alquiler protegido, rehabilitación) que no pasan necesariamente por la obra nueva. Entre tanto, la política fiscal en vigor, que tiene una visibilidad menor y un peso económico muchísimo mayor –lo que el Estado deja de recaudar por desgravaciones por compra de vivienda supera en seis o siete veces el presupuesto del plan de vivienda (Tinaut Elorza, p. 281)– favorece decididamente la compra sobre el alquiler y es claramente regresiva ya que las desgravaciones por compra de vivienda no dependen de la renta ni del patrimonio de quien adquiere la vivienda, sino sólo del precio de ésta.
En 1965, en su clásico estudio Whose City? Ray Pahl se preguntaba cómo deben actuar los poderes públicos: ¿es mejor (opción A) favorecer a los ya aventajados para promover el crecimiento y la eficacia económica en beneficio, en última instancia, de los desaventajados o es preferible (opción B) discriminar positivamente a los que hoy están en desventaja? Desde el Decreto Boyer en adelante, la respuesta predominante en nuestro país ha sido la opción A. Hoy día, cuando sabemos que el grueso de las empresas que alcanzan beneficios extraordinarios apenas reinvierten ni crean puestos de trabajo ya que tienen “otros compromisos que atender” (principalmente sueldos y beneficios para directivos que, según la prensa económica, están alcanzando un nivel nunca visto, y reparto de dividendos en una obscena carrera por mimar al accionista que preocupa incluso al FMI), y que la redistribución dirigida por las administraciones públicas brilla por su ausencia hasta el punto de que la distancia que separa nuestro gasto social de la media de la UE es hoy la misma que en 1975 (Navarro, 2006), seguir defendiendo la opción A es sencillamente criminal.
Cuando las palabras pierden su sentido
Pasemos a la segunda tendencia que había esbozado al comienzo y que podría resumirse así: ¿cómo puede convivir sin sonrojo aparente una oficina de participación ciudadana y un campo de golf en Chamberí, en pleno centro de Madrid, allí donde hasta el último vecino sabe que lo que hace falta es el parque previamente planeado? Los nuevos aires que vienen de Europa han causado una asombrosa proliferación de la retórica de la participación ciudadana y la cohesión social. Merece la pena echar un vistazo a este fragmento de un documento de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), organismo encargado de trasponer la Agenda 21 a España: “Es importante arbitrar medidas para evitar que estos instrumentos de participación lleguen a convertirse en una plataforma reivindicativa o en un lugar de quejas y reclamaciones por parte de la ciudadanía […] Igualmente, no se debería ejercer una función persuasiva o de presión por parte de la Administración Local, garantizando el uso de los instrumentos de participación como una herramienta de debate e información con el fin de mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras”. (FEMP, p. 88, subrayados míos). Una vez entendemos lo que significa “participación” en este contexto, resulta más fácil comprender la combinación del buzoneo que ha emprendido el Ayuntamiento de Madrid invitando a los vecinos a participar en sus juntas de distrito, con las reclamaciones de las asociaciones de los grandes barrios periféricos madrileños, que llevan años denunciando la falta de representatividad de las juntas de distrito (sus presidentes no son elegidos por los vecinos), sus escasísimas competencias y presupuestos, y la distribución centralizada y desigual de equipamientos y recursos, que beneficia a ojos vistas a los barrios más turísticos o de rentas más altas. También nos es más fácil comprender por qué los vecinos agrupados en la madrileña Red de Lavapiés resumieron la tan largamente deseada actuación municipal en su barrio con el lema “todo para el barrio pero sin el barrio” (http://www.sindominio.net/karakola/despotismocastizo.htm), o por qué las excavadoras municipales han destruido las tomateras y los campos de juego con los que los vecinos del Forat de la Vergonya, en Barcelona, habían decidido equipar su barrio en un ejemplo admirable de participación (http://www.ladinamo.org/ldnm/articulo.php?numero=23&id=600).
Centrémonos ahora en la cohesión social, una de las principales preocupaciones del Consejo de la Unión Europea de Lisboa de 2000, según se refleja en sus documentos: “El Consejo Europeo […] hizo de la promoción de la integración social un eje esencial de la estrategia global de la Unión para alcanzar su objetivo estratégico del decenio futuro, a saber, convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible, acompañada de una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y de una mayor cohesión social”. En primer lugar, el supuesto fin –la lucha contra la exclusión– aparece como medio para el verdadero objetivo –la competitividad y el crecimiento–. A continuación, la discutible premisa ideológica hace su entrada de rondón: “La puesta en práctica de los objetivos fijados en el marco de la estrategia europea para el empleo contribuye de manera determinante a la lucha contra la exclusión. El crecimiento económico y la cohesión social se refuerzan mutuamente”.
Sin que apenas nos diéramos cuenta, en algún momento, el discurso sobre participación y cohesión social se desligó totalmente de la idea de redistribución o de la discusión en torno al gasto social y pasó a formar un extraño tándem con el término competitividad. En el proceso, nos dieron gato por liebre; “los términos competitividad y cohesión no son sinónimos de desarrollo económico y justicia social […] El uso de ‘competitividad’ implica que el crecimiento debe ser impulsado por el libre mercado y descansar sobre el sector privado, mientras que ‘cohesión’ alude a los vínculos sociales y a la confianza, pero no necesariamente a la igualdad” (Fainstein, p. 884).
La componenda discursiva es cuando menos complicada. Desde luego, la asunción del crecimiento económico como un requisito para desarrollar la cohesión social es algo largamente cuestionado por la literatura reciente acerca de la ciudad global y, especialmente, sobre los procesos de polarización que sufren las regiones urbanas que están en cabeza de la jerarquía mundial. Seguramente una política apropiada podría producir simultáneamente crecimiento económico y mayor bienestar social, pero para ello tendría que cumplir algunas condiciones que van más allá del fomento de la competitividad y el crecimiento económico irrestricto, condiciones que tienen mucho que ver con la redistribución de la renta y el gasto social.
La culpa de todo…
Una manera distinta de abordar esta cuestión es la que propone Ray Pahl. Mientras el grueso de la literatura sobre exclusión social y polarización pone el foco en los estratos más bajos de la escala social, Pahl relaciona la falta de cohesión con los ricos, verdaderos responsables del incremento de la desigualdad social. “Las ciudades exitosas son bestias mucho más peligrosas, mas no por lo que les hacen a los pobres, sino por las oportunidades que ofrecen a los ricos de causar daños”, por ejemplo, comprando en masa viviendas como inversión e impulsando así una subida de precios que perjudica a toda la población. “Las cuestiones relativas a una ciudad justa guardan una relación más significativa con los ricos que con los pobres [ya que] el nivel de restricción fiscal de los ricos es probablemente la clave de las variaciones en la desigualdad social” (Pahl, 881). Pero, como bien señala, mientras existe un cierto consenso europeo acerca de que los pobres no deberían ser tan pobres, no existe ningún consenso semejante acerca de que los ricos no deban ser tan ricos (Pahl, 882). Desde luego, si el caso de Madrid es representativo –y me temo que sí lo es– la “opción” que nos presentan las próximas elecciones municipales y autonómicas pasa por elegir entre la eliminación del impuesto de sucesiones para todos los niveles de renta y patrimonio que tan orgullosa anuncia la presidenta regional del PP, y la promesa de bajar los impuestos del candidato del PSOE a la alcaldía.
Bibliografía
FAINSTEIN, Susan S., “Competitiveness, Cohesion and Governance: Their Implications for Social Justice”, International Journal of Urban and Regional Research, 25.4, 2001
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, Código de buenas prácticas ambientales, 2000.
LEGUINA, Joaquín, “Que veinte años no es nada”, en Jordi Borja y Zaida Muxí (eds.), Urbanismo en el siglo XXI. Bilbao, Madrid, Valencia, Barcelona, Barcelona, Edicions UPC, 2004.
Menéndez Rexach, Ángel, “Los objetivos económicos de la regulación del suelo: evolución de la legislación española y perspectivas de reforma”, en Papeles de economía española 109, cit.
Navarro, Vicenç, El subdesarrollo social de España, Barcelona, Anagrama, 2006.
PAHL, Ray, “Market Success and Social Cohesion”, International Journal of Urban and Regional Research, 25.4, 2001
Tinaut Elorza, José Justo, “Desarrollos recientes de la política estatal de vivienda en España: el plan 2005-2008”, en Papeles de economía española 109, cit.
* Libre Pensamiento
* Rebelión - Libre Pensamiento - 13-06-2007
España: el fin de la burbuja inmobiliaria crea pueblos fantasmas
MercadoDigital* : "Como ocurre en algunas zonas de Argentina, quienes visitan proyectos inmobiliarios cerca de Madrid, por ejemplo, encuentran estructuras sin terminar y calles desiertas. Ahí descubren que la cosa no marcha, suben a sus coches y se van. “Fuimos a ver nuestra futura residencia, pero en su lugar había pueblos fantasmas”, señalaba a Reuters un inversor tras otro. Son gente de una pequeña burguesía -nueva, próspera y rastacueros- que choca contra el fin de una burbuja. En verdad, no son caseríos abandonados, como los del oeste norteamericano del siglo XIX, sino viviendas sin terminar.
“No hay casas ni edificios de renta listos para ocupar”, explicaba un taximetrero. “Uno debe recorrer kilómetros para comprar pan o cigarrillos”. La gente tiene miedo de visitar esos esqueletos, los ve poco seguros y se aleja. Por supuesto, trasuntan exceso de unidades en oferta y la consiguiente caída de precios llave en mano –la mayor sufrida por el negocio desde 1992-, que demora las obras o las paraliza.
Las constructoras locales levantaron 750.000 casas y departamentos sólo en 2006. Esto supera al total conjunto de Alemania y Francia, economías mucho más desarrolladas y ricas que la española. Pero, también el año pasado, la demanda de viviendas cubría apenas 60% de esa oferta, de acuerdo con cifras el ministerio de hacienda. Ello subraya el exceso de unidades no vendidas, una caída de valores reales (no los declarados por los tasadores inmobiliarios) y la consiguiente proliferación de unidades sin terminar.
Analistas privados estiman que, en 2007/8, los precios efectivos de casas, tanto nuevas como ocupadas, retrocederán 20%. La brecha probablemente acabe con varias constructoras y firmas de bienes raíces, amén de complicar las carteras crediticias de los bancos. Pero 2006 marca una fase más crítica de un fenómeno nada novedoso: en el decenio 1996-2005, España levantaba una media anual de 432.400 viviendas, más que la suma de Gran Bretaña e Irlanda, mientras los precios se doblaban en el mismo lapso.
Si los precios reales siguen declinando, los propietarios españoles quizás afronten los mismos problemas de sus equivalentes norteamericanos, que viven ya el segundo año del desinfle de una burbuja inmobiliaria. La contracción de valores efectivos aumentará carteras hipotecarias morosas e incobrables. Aparte de intereses y punitorios más altos, los deudores arriesgan perder sus propiedades, pues los precios se estiman en función de expectativas –generalmente infladas-, no de ventas hechas. Verbigracia, a diciembre una vivienda promedio se cotizaba en € 276.000, o sea 107% sobre igual mes de 2001, aunque las operaciones reales no llegasen a ese nivel.
“En este país, todos saben que las valuaciones son ficticias”, admite Idealista.com, un sitio web especializado. “Pero los bancos creen que, si bien esos valores son falsos, serán reales en algún futuro”. Igual sucedía con las entidadesa financieras norteamericanas pero, a diferencia de ese público, la clase media española se desalentará rápidamente, comprará menos o promnto no podrá pagar hipotecas. Por tanto, cada vez habrá más pueblos y barrios fantasmas.
* Mercado Digital - Argentina - 13 de Junio del 2007
Foto: Sanchinarro (Madrid) /munimadrid.es
«La anulación del plan urbano de Llanes es síntoma de buena salud»
O.SUÁREZ.- ElComercio*/Gijón : "Antonio Vercher Noguera es fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo, una figura creada hace ahora un año y que vela por los derechos medioambientales y lucha contra los delitos urbanísticos. Ayer visitó Gijón para participar en el VIII Congreso Nacional de Responsabilidad.
-¿Cuál es la situación de Asturias en materia de expansión urbanística y respeto al medio ambiente?
-Afortunadamente, Asturias no tiene esa impronta urbanística tan extraordinariamente dura y poderosa que hay en Andalucía, en Murcia o Valencia. En el norte de España no se llega a la situación de caos que existe en la zona de Málaga.
-¿Sirve de ejemplo la anulación del Plan General de Ordenación Urbana de Llanes?
-Es un síntoma de buena salud y de que el Derecho funciona en este tipo de casos; el problema sería que no existiese ninguna referencia del incumplimiento de la ley y que no se oyese hablar de anulación de planes urbanísticos.
-¿Cuáles son los delitos medioambientales más habituales que usted ha constatado?
-El Ministerio Fiscal ha abierto en España 2.500 diligencias aproximadamente sobre delitos de medio ambiente, y de esas, 1.500 en materia de ordenación del territorio y urbanismo.
-¿Se está pagando ahora la permisividad en la construcción de años anteriores?
-Es cierto que España vive ahora en una etapa transitoria, sí es cierto que ha habido cierta tolerancia que no generaba problemas cuando la situación era inicial. Ahora, la construcción se ha disparado y con ella la problemática y los conflictos.
-¿Las demoliciones de edificaciones podrían ser una solución para recobrar los espacios verdes?
-Hay que tener claro que la demolición no es una pena, es una responsabilidad civil y sí que podrían ser una solución, el problema está en que no se cumplen, sobre todo, por culpa de los ayuntamientos. En el ámbito local son poco recomendables por los posibles efectos electorales por ese motivo no se suelen hacer efectivas.
Situación aceptable
-¿Se podrá controlar en breve plazo ese crecimiento urbanístico del que habla?
-La nueva ley de ordenación territorial que entrará en vigor el 1 de julio tendrá aspectos muy interesantes y aunque en principio no resuelva todos los elementos delictivos, sí que aportará importantes visos de solución.
-¿De donde partes las denuncias medioambientales?
-Pueden venir de particulares, asociaciones o incluso de la prensa.
-¿La legislación está actualizada o es necesaria una revisión?
-En el presente es bastante aceptable, lo que hace falta es ir aplicando el Derecho con perspectivas de normalidad.
* El Comercio Digital - 9 de junio de 2007
El ex alcalde de Grazalema declara mañana como imputado por la 'Operación Pinsapar'
EuropaPress* : " El ex alcalde de Grazalema, el socialista Antonio Mateos, declarará mañana en el Juzgado de Instrucción único de Ubrique como imputado por la 'Operación Pinsapar' desarrollada el pasado año contra varios presuntos delitos relacionados con la ordenación del territorio, según informó a E.P. Ecologistas en Acción, que está personada como acusación particular y considera que Mateos estaba «informado» de las supuestas ilegalidades urbanísticas. La 'Operación Pinsapar' se inició en mayo de 2006 a raíz de la denuncia presentada por la alcaldesa de Grazalema, María José Lara (PSOE), que motivó la actuación de la Guardia Civil de Cádiz en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente y el Juzgado de Instrucción único de Ubrique.
No obstante, Ecologistas en Acción defiende que la veintena de denuncias que presentó por ilegalidades urbanísticas previas ante el Consistorio, y que ha solicitado al juzgado que requiera, motivaron la intervención policial.
En una primera fase, el pasado 12 de septiembre, se detuvo al arquitecto municipal, identificado cómo J.P.D, de 38 años y vecino de Ubrique, como presunto autor de los delitos de cohecho, falsedad, contra la ordenación del territorio y negociaciones prohibidas a los funcionarios.
Asimismo, en una segunda actuación realizada días más tarde, el 18 de septiembre, dentro del marco de este operativo, fueron detenidas cuatro personas más identificadas como C.D.B. de 40 años de edad y vecino de Zahara de la Sierra; A.S.C.B. de 42, vecino de Ubrique; R.T.S. de 48, vecino de Recas (Toledo); y R.G.A. de 43, vecino de Alcorcón (Madrid), todos ellos como presuntos autores de los delitos de cohecho, contra la ordenación del territorio y falsedad documental.
Aunque en un principio dos de los detenidos, uno de ellos el arquitecto municipal, ingresaron en prisión, en la actualidad los cinco detenidos se encuentran en libertad bajo fianza e imputados, según los ecologistas.
* Diario de Cádiz - 12 de Junio de 2007
Foto: Grazalema, río Guadalete (Cádiz) /Ecologistas en Acción
Aprobado el proyecto de ley que pondrá freno a la especulación en los espacios protegidos
A.P.- HoyDigital* : "La Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad recibió ayer el banderazo de salida para su tramitación parlamentaria y aprobación, ya después del verano. El Consejo de Ministros aprobó el proyecto que viene a actualizar el marco legal vigente, y que reforzará la protección de que gozan los espacios con mayor riqueza biológica y ambiental del país. Entre otras previsiones, el texto fija que ningún área incluida dentro de la Red Natura 2000 -que agrupa los espacios más valiosos de la UE- podrá perder su estatus protegido, salvo que se degrade de forma natural, no provocada, su riqueza biológica. Un freno para la especulación urbanística y territorial, se supone.
El de Patrimonio Natural y Biodiversidad es el décimo proyecto que sale del Ministerio de Medio Ambiente en lo que va de legislatura. Una vez en vigor, sustituirá a la ley de Espacios Naturales de 1989 y sus sucesivas modificaciones. Hará prevalecer el principio de protección de la naturaleza, de los hábitats y especies singulares y valiosos sobre otros usos del territorio. Serán las comunidades autónomas las encargadas de gestionar el nuevo marco legal porque suyas son las competencias en medio ambiente y en ordenación territorial. La ley pretende «ayudarles a garantizar que el uso y la preservación de los recursos naturales sea óptimo», dijo la vicepresidenta, Teresa Fernández de la Vega.
La futura norma establece que todo plan o proyecto que pueda afectar siquiera de forma indirecta a un espacio de la Red Natura 2000, deberá someter a una evaluación «adecuada» las repercusiones sobre el lugar. Estos espacios privilegiados no podrán perder su 'blindaje' protector ni total ni parcialmente, salvo que el espacio se deteriore y pierda su riqueza natural de manera espontánea, no inducida. Y aún en esos casos, previo trámite de información pública.
Se crean además nuevos organismos y registros para mejorar el inventario de especies animales y vegetales, y su estado de conservación. Habrá un nuevo catálogo de hábitats en peligro de desaparición, y otro de especies exóticas invasoras. Nace el Consejo Nacional para el Patrimonio Natural y se elaborará un Inventario del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Áreas marinas
La propuesta de Medio Ambiente incluye por primera vez la figura de las Áreas Marinas Protegidas, para salvaguardar regiones marinas de gran riqueza biológica y valores ambientales específicos más allá de la plataforma continental, cuya eventual protección corresponde a las comunidades autónomas.
El texto impulsa el desarrollo de planes de cría en cautividad como parte de las estrategias de conservación de especies amenazadas, así como de creación de bancos de material genético y biológico.
Y se crea, además, un Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad como instrumento de cofinanciación de planes y estrategias, y elemento de cohesión territorial.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, recordó que España es el gran proveedor de riqueza y singularidad biológica de la UE. Aporta al acervo comunitario 80.000 taxones clasificados, más del 80% de las plantas vasculares, y acoge al 50% de las especies faunísticas con que cuenta Europa.
* HoyDigital - 9 de junio de 2007
Foto: parque de Monfragüe /HoyDigital
El 'metro por metro' del urbanismo valenciano choca con la ley estatal
El País/Valencia* : "La entrada en vigor de la ley estatal del Suelo -prevista para el 1 de julio- obligará a modificar la legislación urbanística autonómica. El Consell tendrá que revisar los artículos referidos a la reserva de vivienda de protección pública (VPP) y elevarla hasta un mínimo del 30%, según explicó ayer el arquitecto Alejandro Escribano, en unas jornadas organizadas por la Universitat de València sobre el nuevo texto, que acaba con el principio del "todo urbanizable" sancionado por la ley de 1998 que aprobó el PP. También provocará la modificación de la fórmula ideada por el ex consejero Rafael Blasco del metro por metro -un metro cuadrado protegido por cada metro reclasificado-, dado que la normativa estatal obligará a valorar los suelos según su situación real y no por las expectativas.
En este sentido, Escribano denunció que con esta ley el Estado "podrá expropiar" suelo de programas de actuación integrada (PAI) a precio de suelo rural. El Gobierno se ha dotado, defendió Escribano, de un instrumento para garantizar la ejecución de determinadas infraestructuras "probablemente traumatizado por las sentencias de expropiaciones del AVE".
En la inauguración de las jornadas, el delegado del Gobierno, Antoni Bernabé, apuntó que la ley favorecerá "el acceso a la vivienda, garantizará un desarrollo urbano más transparente y sostenible y combatirá la especulación". El delegado hizo hincapié en cómo los desequilibrios urbanísticos que se han dado estos años han obligado al Ejecutivo estatal a reorientar y redistribuir todo el despliegue de efectivos, especialmente de la Guardia Civil.
Según el secretario general del Ministerio de Vivienda, Juan Francisco Pozo, "la nueva ley desincentivará la retención de suelo con fines puramente especulativos". El texto mejora la información pública sobre el planeamiento del suelo y considera determinantes los informes de agua, costas y carreteras.
La legislación exige que todos los planes y convenios urbanísticos se sometan a información pública y se acompañen de un resumen sucinto sobre los cambios de ordenamiento propuestos y los posibles afectados. Esta ley, con fuerte contenido medioambiental, regula los conflictos de intereses de los concejales y directivos municipales y obliga a identificar a los propietarios (cinco años atrás) de los suelos cuya recalificación genere plusvalías importantes. También exige que se revisen de manera global los planes urbanísticos que aumenten en más de un 20% la población o la superficie urbanizada del municipio.
El alto cargo del Ministerio de Vivienda agregó que el texto vela por que las reservas de suelo de vivienda protegida se destinen a este fin o, en el caso de que se vendan o subasten, las administraciones públicas no especulen con ellos. Según Pozo, un trámite administrativo como es la reclasificación de suelo -que ha sustentado en buena medida los pelotazos urbanísticos- no puede multiplicar el valor del suelo de un día para otro.
* EL PAÍS - Valencia - 12/06/2007
El alcalde de Ginestar renuncia a su acta de edil por un escándalo urbanístico
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O.AYMÍ.- ElPaís/Tarragona* : "El alcalde de Ginestar en funciones, el convergente Josep Bru, anunció ayer que renuncia a su acta de concejal obtenida en las elecciones municipales para situarse, dijo, "en un plano de igualdad" ante los tribunales con el empresario de la construcción que le denunció por corrupción. Bru, que gobernó esta localidad de la Ribera d'Ebre desde 1987 con mayoría absoluta, perdió en las urnas en favor del Partit dels Socialistes.
Asesorado por sus abogados, Bru compareció ante la prensa para leer un comunicado en el que reafirmó su inocencia y justificó su dimisión porque "hacerlo entonces [cuando se presentó la denuncia] hubiera sido aceptar la culpabilidad de unos hechos manipulados y adulterados".
El alcalde aparece en un vídeo negociando con unos compradores de fincas, que en realidad son detectives, a quienes aconseja sortear los trámites administrativos para edificar en un solar agrícola.
- PSC-ERC en Lleida. Los socialistas cederán finalmente a ERC la presidencia de la Diputación de Lleida, arrebatándola a CiU. El republicano Jaume Gilabert, actual delegado de la Generalitat, ocupará el cargo. Según el acuerdo, el PSC tendrá las alcaldías de Tàrrega, Mollerussa y el consejo comarcal del Segrià. Los republicanos, las alcaldías de Borges Blanques y Solsona, y los consejos de Segarra y Noguera, informa Lluís Visa.
- Negociaciones en Girona. Los candidatos de ERC e ICV hicieron ayer la primera exhibición de fuerza desde que el lunes formaron un frente común negociador. Cristina Alsina y Joan Olòriz anunciaron que las negociaciones que mantienen con la socialista Anna Pagans "están bloqueadas" y pusieron como fecha límite el lunes para superar los desacuerdos. En caso de no llegar a un entendimiento, republicanos y ecosocialistas dan por acabado el tripartito, informa Natàlia Iglesias. El principal escollo es la creación de un Consejo de Presidencia, un órgano donde se tomarían las grandes decisiones de forma colegiada. Pero Pagans no está dispuesta a ceder sus atribuciones en favor de un triunvirato. Ante este atolladero, ERC e ICV empezaron a negociar con CiU.
- Salou. El alcalde de Salou, Esteve Ferran, ofreció a CiU la alcaldía en un intento de desbaratar el pacto que los nacionalistas firmaron con los independientes y el PSC. La dirección de CiU rechaza compartir la alcaldía con los socialistas y se inclina por gobernar con Ferran, pese a la oposición de los tres concejales nacionalistas.
* ELPAIS.com - Tarragona - 02/06/2007
Foto: Ginestar (tarragona) /turismedia
Una Comisión de la UE podría investigar en Aragón casos de urbanismo irregular
EFE* : "Una comisión de investigación de la Unión Europea podría viajar el próximo otoño a Aragón para analizar presuntos casos de urbanismo irregular o desordenado que IU ha agrupado en una queja y que ha servido para que Europa abra diligencias. El eurodiputado de IU Willy Meyer compareció hoy en Zaragoza en una rueda de prensa para explicar el procedimiento que las autoridades europeas van a seguir en su investigación. Así, está previsto que una delegación de IU-Aragón exponga en el Parlamento Europeo su queja y los motivos de la misma, ante un representante de la Comisión Europea, y el Grupo de Izquierda Unida en Bruselas, a su vez, pedirá que una comisión de investigación viaje a Aragón para evaluar sobre el terreno las decisiones urbanísticas sobre las que hay sospecha.
La comparecencia de los peticionarios podría producirse a la vuelta de las vacaciones y la comisión de investigación podría viajar a Aragón en el otoño.
Con toda la documentación en su poder, la comisión de investigación elevará un informe para su votación en la Comisión de Peticiones del Parlamento que establecerá lo que es necesario corregir en los casos que comprende la queja de IU-Aragón.
En ella se incluyen los casos de las actuaciones urbanísticas en todas las estacione de esquí de Aragón, en Jaca, Sabiñánigo, Biescas y, más recientemente, Berdún (población de poco más de 250 habitantes donde se prevé hacer 1.500 viviendas), así como, en Teruel, Camarena, Monteagudo, San Agustín y las sierras de Gúdar y Javalambre.
También se incluye Zaragoza y toda su área metropolitana, en un cinturón de 25 kilómetros a la redonda.
Meller explicó que su intención es cerrar el actual periodo de sesiones del Parlamento Europeo -que acaba este mes- con un calendario fijado para el proceso.
Cuando la Comisión Europea tome una determinación, la trasladará al Estado español, que debe tomar las medidas necesarias para subsanar los errores.
Meller dijo que en el caso de que el Estado en cuestión haga caso omiso, el asunto puede llegar a los tribunales, que en función de las directivas europeas actúan con exigencia de rectificación o imponiendo sanciones e indemnizaciones.
Aunque la queja es sobre varios proyectos, la resolución será tomada "caso por caso" y en función de qué directivas comunitarias (agua, evaluación ambiental, etc) incumple, presuntamente, cada proyecto denunciado.
El coordinador general de IU-Aragón y diputado electo, Adolfo Barrena, insistió por su parte en que hay todavía una oportunidad de evitar "este tipo de situaciones", toda vez que las leyes de Ordenación Territorial y Urbanística de Aragón están paralizadas desde mayo, y su aprobación con nuevos criterios podría abrir la posibilidad de retomar un urbanismo "en función de las necesidades de Aragón y de las directivas europeas".
Para Barrena, el urbanismo que se desarrolla actualmente en la Comunidad responde no al interés general, sino al particular y al de determinadas empresas, como Montañas de Aragón (ARAMON).
* El Periódico de Aragón - 11/06/2007
Foto: Formigal entorno estación /Ecologistas en Acción
El suelo para pisos en las ciudades gallegas triplicó al de parques desde el 2000
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S.Basterrechea.- LaVozdeGalicia* : "El tópico de la Galicia verde cae por su propio peso en las ciudades. Las siete grandes urbes gallegas suman entre todas unos diez millones de metros cuadrados de parques y jardines públicos. El dato, de entrada, puede parecer positivo, pero una vez comparado con las cifras de la construcción se queda en mediocre: las ciudades de la comunidad autónoma gallega son más bosques de cemento salpicados por algún que otro oasis de verdor que modelos de un urbanismo que planifica en color verde.
Según el Instituto Galego de Estatística (IGE), la superficie edificada de nueva planta para uso residencial ha crecido en el conjunto de las siete urbes un total de 9.015.201 metros cuadrados entre los años 2000 y 2005. Sin embargo, mientras el hormigón aumentó a buen ritmo en el paisaje urbano, las zonas verdes se quedaron rezagadas. Los datos facilitados por los propios ayuntamientos revelan que en los últimos cinco años estas áreas aumentaron 3,4 millones de metros cuadrados (pasaron de cerca de 6,5 millones hacia el año 2002, a los casi 10 actuales). Es decir: el espacio para construcción de viviendas triplicó al que se destinó a nuevos parques y jardines.
A Coruña fue la ciudad que más suelo reservó para levantar pisos, con 2,3 millones de metros cuadrados; seguida de Vigo, con 1,5 millones; Lugo, con 1,4, y Santiago, con 1,3. En la ciudad olívica, además, las zonas verdes únicamente crecieron 10.000 metros cuadrados en los últimos cinco años, pasando de 1.790.000 que había en el 2002 a 1.800.000 que contabiliza ahora. Claro que, como matizaban desde el propio Concello, el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), pendiente de su aprobación definitiva, contempla la creación de cuatro millones de metros cuadrados más de zonas verdes.
156 veces más cemento
Mientras eso no ocurra, el cemento se habrá expandido en los últimos años en Vigo 156 veces más que el césped. En mucha menor proporción, también lo ha hecho en Ourense (10 veces más suelo edificado que de zonas verdes), A Coruña (4,6 veces), Ferrol (3), Santiago (2,4) y Lugo (1,5).
La excepción a esta regla la marca Pontevedra, la única urbe gallega que ha invertido la proporción. Según datos del Instituto Galego de Estatística, la ciudad del Lérez destinó un total de 929.000 metros cuadrados a nuevas viviendas desde el año 2000. En ese mismo período creó 1.217.600 metros cuadrados de parques y jardines públicos
El otro gran despegue en cuestión de parques y jardines lo ha protagonizado Lugo, donde se han triplicado este tipo de áreas al pasar de los poco más de medio millón de metros cuadrados de zonas verdes de los que disponía hace cinco años al casi millón y medio con el que cuenta actualmente.
Si se tuvieran en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece una ratio media de entre 10 y 15 metros cuadrados de zona verde por habitante, sólo Santiago, Pontevedra, Lugo y Ourense merecerían el aprobado.
* La Voz de Galicia - 11 de Junio de 2007
Foto: Hórreo del Parque de Santa Margarita (A Coruña) /Marcus - wikipedia.org
El TSJ anula el Plan General Forestal en el que se apoyan decenas de planes urbanísticos
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J.Sierra.- Levante* : "EL Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha declarado nulo por ser «contrario a derecho» el Plan General de Ordenación Forestal aprobado en 2004 por la Generalitat Valenciana lo que obligaría a revisar todos los instrumentos urbanísticos aprobados con posterioridad a la entrada en vigor de esta norma y que estén apoyados en todo o en parte en alguna de sus disposiciones. Territorio sigue dando por válido el texto legal pese a que el auto es de enero de 2007.
La sentencia es firme -tan solo cabía un recurso de casación que no fue presentado en su momento por la Generalitat- y aplicable desde el 26 de enero de 2007, cuando se dictó, aunque la conselleria de Territorio y Vivienda ha ocultado su contenido, ha permitido que los ayuntamientos y promotores siguieran presentando planes afectados por el Plan General de Ordenación Forestal (PGORF) e incluso aprobó una nueva normativa, el decreto 66/2007 de 27 de abril por el que se desarrolla el Registro de Terrenos Forestales Incendiados de la Comunitat Valenciana, que remite, para delimitar qué es «terreno forestal» al PGORF, que para entonces ya estaba declarado «contrario a derecho». La sentencia supone que cualquier inclusión en el registro de una zona incendiada sería también, si se recurre, «contraria a derecho» en cuanto que se basa en una delimitación del suelo forestal que también lo es desde el momento en que la decisión judicial anula el decreto 106/2004.
Ignoró al consejo asesor
La sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana aceptó el recurso presentado por Jorge P. G. solicitando la anulación del decreto por carecer del «preceptivo informe del Consejo Forestal de la Comunidad Valenciana, así como del trámite de información pública a las Entidades Locales y al resto de las Administraciones Públicas afectadas...» Además, alegaba que el decreto omitió «el trámite de evaluación medioambiental» previsto en la ley valenciana.
Sobre el fondo del asunto, el demandante argumentaba que las «imprecisiones» del contenido normativo del PGORF «generan inseguridad jurídica proscrita por el artículo 9 de la Constitución Española». A la Sala del TSJ le ha bastado con analizar la primera parte del recurso para declarar nulo el decreto ya que considera que la omisión del preceptivo informe legal «determina... la nulidad de la aprobación de esta norma reglamentaria, de conformidad con la reiterada doctrina jurisprudencial...»
Blasco echó a los ecologistas
La Sala explica en sus razonamientos que las competencias para emitir un informe previo en materia forestal asignadas al Consejo Forestal de la Comunitat Valenciana en la ley 3/1993 fueron transferidas al Consejo Asesor de Participación de Medio Ambiente (CAPMA) por una ley, la de acompañamiento a los presupuestos, aprobada en 2003 por el Consell.
Víctor Navarro, uno de los portavoces de Acció Ecologista-Agró y representante de esta organización en el CAPMA, recordaba que en marzo de 2004 el entonces conseller de Territorio y Urbanismo, Rafael Blasco, decidió excluir del órgano asesor a Ecologistas en Acción y a Acció Ecologista-Agró, las dos voces más díscolas con las normativas que dictaba en materia de medio ambiente y los sustituyó por dos organizaciones de ámbito nacional: Seo/Birdlife y WWF/Adena.
Noticia relacionada: «Ocultar la sentencia es una indecencia moral y política»
* Levante-EMV - 11 de junio de 2007
Foto: M. Molines (Levante)
Buenas noticias en torno al urbanismo
Vicente Guallart* : "En los últimos meses el urbanismo se ha convertido en el centro de un debate político y mediático en España, debido tanto al reconocimiento de desarrollos urbanos que se han demostrado irregulares, como a que gran cantidad de planes y proyectos acometidos no responden a las expectativas de la sociedad en relación a su territorio. El problema no sólo es que se descubren situaciones ilegales, sino que además aquello que vemos construido en el territorio no nos gusta. El gran desarrollo urbanístico de los últimos años, ocurrido en toda España y a todos los niveles, se ha producido en un momento en el cual el urbanismo parece que ha dejado de ser una disciplina relevante, concentrándose las ciudades más en crear iconos emblemáticos que en generar sistemas urbanos y territoriales de calidad. La actual situación de crisis es por ello una oportunidad para pensar esta situación, y fomentar el debate en torno a los mecanismos de construcción de la ciudad y el territorio con el fin de garantizar que los futuros desarrollos no sólo sean legales, sino que sean buenos.
Porque el desarrollo urbano no ha terminado. En los próximos años se deben crear condiciones para la habitabilidad de jóvenes y mayores con precios y equipamientos adecuados, se debe saber gestionar la integración de población inmigrante en nuestras ciudades, se deben crear territorios para el desarrollo turístico que sean sostenibles a medio y largo plazo, se debe proteger e integrar el paisaje en torno a las ciudades, y valorar no sólo cuantitativamente, sino cualitativamente, los proyectos urbanos. Para ello cabe reconocer al menos cinco estrategias clave para que aquello sea posible.
1. La ordenación del territorio hay que pensarla simultáneamente a múltiples escalas. Ya no habitamos en metrópolis compactas sino metápolis discontinuas, en las que la alta velocidad de trenes o de Internet, comprime el territorio. Por lo tanto el objeto del urbanismo debería ser crear hábitats completos y complejos que sea capaz de ordenar esa ciudad discontinua que habitamos, a todas las escalas, desde la protección de parajes naturales a crear barrios y edificios que fomenten la interacción social. Hace falta un urbanismo multiescalar.
2. La escala de decisión para ordenar el territorio ya no es sólo municipal. Los planes generales sirvieron históricamente para abordar el crecimiento de las ciudades sobre terrenos agrícolas y para ordenar la gestión del suelo urbano. Hoy, al tiempo que múltiples núcleos urbanos se han encontrado con sus vecinos, el proyecto del paisaje y la naturaleza es clave para crear calidad de vida en el territorio. Por ello, hay que crear los mecanismos supramunicipales y en muchas ocasiones a escalas de toda una región, con el fin de abordar la ordenación simultánea del territorio, tanto lo construido como lo natural.
3. El urbanismo necesita integrar la energía y la gestión de recursos en su desarrollo. Tradicionalmente la energía ha sido un recurso externo que hacía funcionar la maquinaria urbana. Pero debido a las condiciones relacionadas con el calentamiento global, hay que fomentar un nuevo modelo de creación y distribución de los recursos que fomente la generación de la energía en el lugar que se consume, a través de sistemas pasivos, así como fomentar el reciclaje inteligente del agua.
Por ello el diseño de la gestión de recursos y del desarrollo urbanos han de hacerse simultáneamente, desarrollando nuevas tecnologías vinculadas al diseño de edificios, a la gestión de los barrios, o al planeamiento territorial.
4. Hay que fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el territorio. Y esto hay que hacerlo de forma sistemática, democrática y estructurada. Evitando tanto el oscurantismo, como el estado permanente de manifestación social. El consenso social no hace sino añadir valor a un proyecto, y por ello la triada entre políticos, técnicos y ciudadanos ha de aprender a trabajar de forma coordinada, aceptando además que la iniciativa de los proyectos estratégicos podrá surgir de cualquiera de estos tres polos. La ciudad y el territorio ya no se gestionan sólo desde lo público.
5. Hay que integrar el ’software’ y las nuevas tecnologías en el urbanismo y en la ciudad. Los futuros planes generales serán aplicaciones on-line, simuladores en los que en tiempo real se puedan conocer los efectos sobre el territorio de una decisión. Además, hay que fomentar el uso del software y las redes sociales para crear barrios y comunidades cohesionadas, evitando fenómenos de exclusión con efectos tan devastadores como han producido en países vecinos.
España es uno de los lugares del mundo con las mejores ciudades históricas y pioneros de los mejores ejemplos urbanos de la era industrial. Por ello, debemos de ser capaces de abordar la era de la información creando nuevos referentes urbanísticos y territoriales que cumplan con las exigencias medioambientales necesarias para vivir en un territorio de más calidad. Ya hay iniciativas por todo el territorio que lideran este cambio de ciclo y que por ello puede ser el momento de generar buenas noticias en torno al urbanismo.
* Vicente Guallart, arquitecto y director del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña - artículo publicado en EL PAÍS, 09/04/07.
*Bitácora Almendrón - Tribuna Libre - 9 de Abril de 2007
