Mª.DOLORES F.-FÍGARES* : "Hemos tardado, pero ahora nos estamos dando cuenta de para qué se meten en la política un grupo de ciudadanos, bastante numeroso al parecer. Una vez que han sembrado las verdes praderas de la Vega granadina y los secanos de otros pagos de urbanizaciones bien macizas de volúmenes de cemento, de extensos centros comerciales, empiezan a saltar los escándalos urbanísticos, al calor de la primavera en flor y las próximas elecciones municipales. Cada día aparecen nuevas noticias, saltan nombres de personas y de pueblos, donde presuntamente se cometen las tropelías y los incautos ciudadanos que creíamos que a la política se iba a servir al bien común y no a enriquecerse lo más pronto posible, no paramos de ponernos las manos en la cabeza, aunque vamos perdiendo nuestra capacidad para la sorpresa.
Lo malo es que les pase lo mismo a los esforzados reporteros que sacan a la luz de los periódicos los asombrosos datos y un buen día den por saturado el cupo del periodismo de investigación y nos dejen otra vez a oscuras. Eso sería una tragedia, porque se ha comprobado que lo que más les duele a esos políticos de ladrillo es verse de protagonistas en este tipo de historias, ante el escarnio general.
Por debajo de los cimientos, de los tabiques, de las estructuras, asoman las tupidas redes de influencias montadas, los clanes pueblerinos que funcionan como mafias y se cuelan en los partidos, repartiendo a diestro y siniestro algunas migajas de los pingües beneficios obtenidos bajo cuerda.
Poco a poco van cayendo los nombres de una lista que se hace larga y casi nadie se extraña de que sean así las cosas, como si la corrupción se hubiese ganado la comprensión y hasta el prestigio. Muchos lo sabían, o lo temían, casi nadie se extraña y, sin embargo, ahí seguían, impunemente, haciendo oídos sordos a las advertencias de unos técnicos continuamente desautorizados.
Cabe preguntarse por qué nadie hizo nada cuando todavía el daño a los intereses públicos, al paisaje, a la cordura, aún no estaba hecho. Está quedando claro que hay un vacío de poder y de autoridad, ya que comprobamos que nadie pone freno a los desmanes cuando aún es tiempo. Así se ha visto en el caos de Marbella, que nadie se explica cómo no actuó la Junta de Andalucía, en este y en otros casos flagrantes. Quizá no existan los medios jurídicos y administrativos necesarios para que la transparencia de las gestiones se vea garantizada de manera suficiente. Pues que se busquen y se pongan en acción cuanto antes. No sólo nos estamos jugando todo un modelo de ética ciudadana, sino la propia credibilidad de los partidos políticos, que ya se están viendo salpicados por los escándalos.
Pero lo más triste es que no parece que estén aprendiendo la lección. Como émulos de lo que hacen sus patrones en la política nacional, la única reacción que vemos en los partidos es la de lanzar a los adversarios ese infantil recurso del «y tú más», que es el grito guerrero que usan los niños de cinco años, cuando se pelean en los recreos del colegio. En vez de ese intercambio sin fin de acusaciones, más vale que se dediquen a diseñar procedimientos de depuración en sus propias estructuras y sean capaces de garantizar a los ciudadanos que nadie que sea sospechoso de corrupción tendrá la osadía de presentarse antes las urnas, a que los votantes respalden sus trapicheos.
*idealdigital, Granada - miércoles, 14 de marzo de 2007
Políticos de ladrillo
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Un pueblo de Toledo planea 20.000 viviendas a 15 kilómetros de la macrociudad de Seseña
J.LAFUENTE/LL.MARTÍNEZ* : "La comarca toledana de la Sagra va camino de convertirse en la del ladrillo. En Illescas, localidad de 17.000 habitantes a 30 kilómetros de Madrid, el Ayuntamiento (PSOE) está tramitando un inmenso proyecto urbanístico: la recalificación de 4,5 millones de metros cuadrados de suelo, 560.000 de los cuales son protegidos, para construir más de 20.000 viviendas (60.000 habitantes). Sería la segunda macrociudad en la zona después de que hace más de un año el promotor Francisco Hernando, El Pocero, consiguiera que le recalificaran un secarral en Seseña para levantar 13.000 viviendas en edificios de 10 alturas.
La zona que une Madrid con Toledo es muy apetecible para los promotores urbanísticos: grandes extensiones de suelo rústico y barato que, con una recalificación de por medio, pueden albergar viviendas en una zona relativamente próxima a la capital. Tras el ejemplo de Seseña (13.000 viviendas para un municipio de apenas 9.000 habitantes con problemas de abastecimiento de agua), llega Illescas. El alcalde socialista de esta localidad, José Manuel Tofiño, asegura que su caso "no es comparable". Aunque el proyecto que se está tramitando supone la construcción de más de 20.000 viviendas, Tofiño argumenta que se harán "de forma moderada, en unos 30 años".
Los cuatro Programas de Actuación Urbanística (PAU) que desarrollan la macrociudad prevén un 80% de edificios de cuatro y cinco alturas y el resto de hasta 10 plantas. El enclave elegido para la futura Illescas está separado del casco urbano por la vía del ferrocarril. El alcalde alega que la nueva urbanización le viene de perlas para enterrar los raíles y lograr que el pueblo de toda la vida y las futuras casas estén integradas "sin barreras que las separen". El espacio que ocupan los raíles se transformará en una ronda de circunvalación. Bajo tierra, se instalará una doble vía que permitirá que el tren de cercanías llegue a Illescas.
Soterramiento
Del soterramiento de la vía férrea se encargarán cuatro entidades. Las mismas que, según el convenio firmado en 2005 con el Ayuntamiento, ya se han postulado como agentes urbanizadores para desarrollar los PAU cuando estén aprobados. Para IU, estas sociedades serán las únicas beneficiarias de la operación. La coalición lamenta que el asfalto "se lleve por delante" cientos de miles de metros de suelo protegido "por su valor ecológico". También reprocha que se tramite un proyecto "descomunal" sin que el municipio haya aprobado todavía un Plan de Ordenación Municipal. Ecologistas en Acción y la asociación de vecinos Al-Sagra respaldan estas críticas.
El concejal de Urbanismo de Illescas, Pedro Caballero, se defiende: "Todo es legal, ordenado y transparente". Lo argumenta diciendo que el proyecto fue aprobado en un pleno municipal por unanimidad y que la zona protegida no tiene "tanto valor ecológico" como dice IU. Otra ventaja que ve la corporación es que los promotores construirán los equipamientos y servicios públicos necesarios.
Sobre la petición de IU de declarar nulo el convenio urbanístico, el Gobierno municipal recuerda que las instituciones superiores ya se encargarán de revisar o corregir lo que haga falta. Mientras, el Ministerio de Fomento ha encargado un estudio informativo sobre el soterramiento de la vía, "el primero en una ciudad de tamaño medio que se financia en España", destaca el concejal.
Respecto al modelo de la nueva Illescas, Tofiño defiende que es "asequible y sostenible". "No será un enjambre", alegó el edil, que no teme que Illescas se convierta en una ciudad dormitorio. Será una ciudad en toda regla. El Ayuntamiento prevé dedicar otros 14 millones de metros cuadrados a industrias y servicios.
El proyecto tiene todavía mucho camino que recorrer. Falta que la Comisión Provincial de Urbanismo de Toledo lo apruebe y que el pleno municipal le dé el visto bueno definitivo. La última palabra la tendrá la nueva corporación que salga de las elecciones.
*ELPAIS.com - Madrid - 16/03/2007
Foto: Terreno protegido en Illescas- J. L.
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Tema: NOTICIAS CastillaMancha
Manifestación en Segovia contra la especulación urbanística y en defensa del medio ambiente
*La Plataforma en Defensa del Agua Pública en Segovia, dio a conocer un Manifiesto que será la tabla reivindicativa de la manifestación, que se celebrará en Segovia el día 17 de Marzo, sábado, a las 8 de la tarde y que partirá de la Avenida Fernández Ladreda. La Plataforma hace un llamamiento a todos los colectivos sociales, políticos, vecinales, culturales, sindicales, deportivos y conservacionistas, “y sobre todo a los ciudadanos, para que se movilicen ahora que aún estamos a tiempo, y les digamos a quienes nos gobiernan, que este no es en absoluto el modelo de desarrollo que queremos para Segovia”.
Los cuatro ejes de la movilización, que en el fondo están todos ellos interrelacionados son:
- Por la declaración ya del Parque Natural del Guadarrama. En toda su extensión y no sólo en las cumbres.
- Contra el desarrollo urbanístico salvaje y la especulación inmobiliaria en Segovia y su alfoz.
-Contra la privatización de las aguas públicas, no a las concesiones de agua del Río Cambrones.
- En defensa de ''Las Calderas’’, no al Proyecto de pantano en el río Cambrones.
La Plataforma en Defensa del Agua Pública en Segovia viene constatando desde hace tiempo “una creciente preocupación de los ciudadanos, por una serie de proyectos urbanísticos que amenazan de manera muy seria nuestro medio natural, y sobre todo, que no se entienden necesarios y mucho menos se entiende que traigan ni progreso ni desarrollo”.
“Toda la problemática urbanística de Segovia y su alfoz, hay que enmarcarla en la tan añorada declaración del Guadarrama como Parque Natural, que en primer lugar se demora de manera deliberada, dando tiempo a que los especuladores tomen posiciones y aseguren por la vía de planes urbanísticos sobredimensionados, terrenos para seguir construyendo en los próximos 100 años”.
Además, agrega la Plataforma, “la tan cacareada declaración de Parque Natural, no va a ser una figura jurídica de protección integral de la sierra, sino que prácticamente se reduce a la línea de cumbres. Como dijo el consejero autonómico de turno, hace algunos meses, ese espacio natural será, sobre todo un parque de cumbres y de oportunidades”.
“Crecimiento Cero”
“Así pues, podemos olvidarnos de que la declaración de Parque Natural venga a poner orden en el desorden urbanístico de la falda de la sierra. La suma de los planes urbanísticos proyectados por Segovia, Palazuelos, La Granja, y otros municipios de esta zona, es decir del pie de monte del Guadarrama, prevén la construcción de 30.000 nuevas viviendas, en una provincia que lleva dos siglos con crecimiento cero en lo relativo a población”.
Además, de las 100.000 viviendas que más o menos hay en la provincia de Segovia, menos de la mitad están ocupadas de forma permanente, es decir como primera residencia. “Así pues, esta explosión de ladrillo, no tiene otra finalidad que la meramente especulativa, o a lo sumo servir de segunda residencia; o por pura lógica, si estas viviendas finalmente se habitan, otras quedarán vacías”, denuncia la Plataforma en Defensa del Agua Pública en Segovia.
De acuerdo al Manifiesto, “además del destrozo paisajístico que supondría este 'tsunami' urbanístico, uno de los principales problemas que trae aparejado es la necesidad de cantidades ingentes de agua para dar servicio a estas viviendas, y sobre todo a jardines y piscinas. No parece por el momento que ningún ayuntamiento haya sido capaz de presentar el menor aval hídrico a estos planes urbanísticos”.
“Es increíble que mientras en otras zonas del estado se están paralizando urbanizaciones por falta de informes hidrológicos que garanticen la necesaria existencia de agua, en Castilla y León y en concreto en Segovia, se siguen haciendo planes urbanísticos a todo pasto sin informes sobre el suministro de agua potable, es decir sin la menor consulta sobre el tema a la Confederación Hidrográfica del Duero”, agrega.
La Plataforma recuerda la obligatoriedad de que cualquier nuevo plan urbanístico, ha de solicitar un informe sobre recursos hídricos a la confederación hidrográfica correspondiente, está regulado de forma taxativa en la Ley de Aguas Art. 25 apartado 4. En este sentido, un auto del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, de fecha 16-01-2007, paralizaba un plan parcial en el municipio de Ador (Valencia), por ''no aportar informe hídrico de la Confederación Hidrográfica del Jucar''.
“A duras penas pasamos los veranos”
“No hay que ser muy listo –afirma la Plataforma en su Manifiesto-, para darse cuenta que en lo relativo al suministro de agua potable, hoy por hoy con la población que existe en el entorno de Segovia, a duras penas pasamos los veranos a costa de restricciones, por lo tanto es una completa irresponsabilidad planificar 30.000 viviendas y algún que otro campo de golf, sin saber de dónde va a salir el agua”.
La Plataforma también critica a los “desalmados” que “comienzan a pedir la construcción de nuevas presas y embalses”. Ha comenzado ya a pedirse con bastante insistencia la construcción de un pantano en el Cambrones, en la zona de''Las Calderas'' “Desde luego –dice la Plataforma- si dejamos que destrocen Las Calderas, estaremos sepultando bajo el agua uno de los valles más emblemáticos de nuestro entorno”.
Para la Plataforma, también resulta significativo “que algunos ayuntamientos como Palazuelos o Tres Casas, que ahora reclaman el pantano del Cambrones, no les haya preocupado en su momento, que parte del caudal de ese mismo río se privatizara, adjudicándose su explotación a la embotelladora Bezoya-Pascual. Por cierto, proceso de adjudicación que como hemos venido denunciando, ha estado plagado de presuntas (pero claras) irregularidades, chapuzas y chanchullos. Prueba de ello, es que el Procurador del Común ha admitido a trámite nuestra denuncia, que está actualmente en fase de estudio”.
Ante este estado de cosas, la Plataforma en Defensa del Agua Pública en Segovia hace un llamamiento a todos los colectivos sociales, políticos, vecinales, culturales, sindicales, deportivos y conservacionistas, “y sobre todo a los ciudadanos, para que se movilicen ahora que aún estamos a tiempo, y les digamos a quienes nos gobiernan, que este no es en absoluto el modelo de desarrollo que queremos para Segovia”.
*GLOCALIA - 09/03/2007
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Tema: NOTICIAS CastillaLeón
La UCE demanda medidas que faciliten el acceso a la vivienda frente a la especulación
Efe* : "La Unión de Consumidores (UCE) demandó este jueves una Ley de Sobreendeudamiento Familiar que proteja a los más endeudados por el incremento de los tipos de interés y un conjunto de medidas que faciliten el acceso a la vivienda frente a la especulación y la corrupción existente en varios municipios. Estas son algunas de las propuestas electorales de política municipal de consumo que la UCE espera ver incorporadas en los programas de los distintas formaciones políticas para los comicios del 27 de mayo y que la organización presentó este jueves, Día Mundial de los Consumidores.
El secretario general de la UCE y presidente de la asociación en Andalucía, Juan Moreno, explicó en Sevilla que los ciudadanos, en su condición de consumidores y usuarios, deben ser el eje principal de las políticas que se desarrollen en los municipios.
La UCE exige políticas "prioritarias" en materia de empleo, vivienda, urbanismo sostenible, políticas sociales, protección de medio ambiente e igualdad.
Respecto a la vivienda, la asociación alertó sobre el espectacular descenso en la construcción de viviendas de protección oficial, por lo que hizo un llamamiento a los gobiernos locales para emprender políticas activas que contribuyan a controlar el alarmante precio de la vivienda.
Según dijo Moreno, "hay que orientar las ordenanzas fiscales locales en apoyo de la promoción de las políticas de alquiler de viviendas vacías del municipio, impulsando las agencias de fomento del alquiler".
Los ayuntamientos deben programar y desarrollar políticas activas de dotación de suelo a fin de que los precios sean compatibles con el uso social al que van destinado, por lo que la UCE defiende la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que reserva el 30 por ciento del suelo a vivienda protegida.
Para evitar la corrupción, la Unión de Consumidores exige un reforzamiento de los mecanismos de gestión transparente del urbanismo y de toda la información relativa a la política del suelo y la vivienda.
*El Confidencial, Jueves, 15 de marzo de 2007
Foto: Sentada vivienda digna 15 Mayo 2006 /bloj
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Tema: NOTICIAS VIVIENDA
El juez Torres recrimina a la Junta beneficios por obras ilegales en Marbella
EsperanzaCODINA* : "La insistencia de la Junta de Andalucía por personarse como acusación particular en el caso Malaya -fórmula prevista para que una parte perjudicada pueda defenderse en un procedimiento- no sólo ha caído en saco roto, sino que ha provocado que el juez instructor del sumario, Miguel Ángel Torres, recrimine al Gobierno andaluz que ha sido "beneficiario" de los ingresos tributarios "de todas las licencias ilegales" concedidas en Marbella hasta que se inició la operación, hace casi un año.
Después de eso, ha vuelto a denegarse la petición formulada por la Administración autonómica.
El magistrado, en un extenso auto dictado en noviembre de 2006, incluido en la última parte del sumario que ya no está bajo secreto, concluye que la Junta no es una parte perjudicada en este proceso contra la corrupción, que supera los 90 imputados, sino que, teniendo en cuenta "sus amplias competencias", en concreto en materia urbanística, "su situación está más próxima" a la responsabilidad civil. Añade entonces que ha sido "beneficiario" de los ingresos por impuestos que ha generado la concesión de licencias ilegales por parte del Ayuntamiento, gobernado por el GIL y sus herederos durante 15 años, de 1991 a 2006.
Antes, al inicio de la resolución, argumenta el magistrado que no está negando a la Junta el derecho a personarse en la causa, ya que puede hacerlo como acusación popular. Lo que rechaza "con rotundidad" es que el Gobierno andaluz "ostente la condición de ofendida o perjudicada" en este caso.
El auto también recuerda que la Fiscalía considera "ajustada a derecho" esta decisión debido a que esta Administración pública "no es titular de los bienes jurídicos afectados" por las actividades delictivas que se investigan y no sufre las consecuencias del delito "de forma inmediata y directa". El juez asegura que comparte los argumentos del Ministerio Público y añade que "la posición de la propia Junta se asemeja más a la de tener un cierto grado de responsabilidad en la situación creada en Marbella".
Precisa después el magistrado que hay que tener en cuanta que el caso Malaya no intenta esclarecer las actuaciones ilícitas que han podido cometer los diferentes gobiernos locales de Marbella entre 1991 y 2006, sino "una serie de actos presuntamente delictivos" entre agosto de 2003 -cuando se produjo la moción de censura contra Julián Muñoz- y marzo de 2006, por lo que "no pueden invocarse perjuicios" relacionados con delitos en general o con procedimientos penales o contenciosos.
Sobre la alegación de la Junta de que ha tenido que asumir las competencias de Planeamiento en Marbella, crear una oficina para los asuntos relacionados con esta materia y pagar el contrato para elaborar el PGOU, Torres argumenta que es una decisión "de carácter político" que "no tiene relación directa" con la actuación de los imputados.
El juez quiere dejar claro que este procedimiento nada tiene que ver con los contenciosos que ha planteado la Junta por las construcciones ilegales en el municipio, con la nulidad de las licencias, ni con las posibles demoliciones de inmuebles, algo que, dicho sea de paso, Miguel Ángel Torres considera algo "improbable".
Sobre las alegaciones relacionadas con el hecho de que la Junta no ha podido construir equipamientos públicos, señala que si el municipio se ha visto privado de una serie de parcelas, "será el propio Ayuntamiento el perjudicado, no la Junta", y que por eso el Consistorio sí que está personado como acusación particular.
*diariodecadiz.es, Jueves, 15 de Marzo de 2007
Foto: Viviendas ilegales "Banana Beach" en Marbella /info
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Tema: NOTICIAS Andalucía
La Junta de Aragón paraliza un campo de golf y 800 viviendas
J.L.G.* : "El departamento de Obras Públicas de la Junta de Aragón ha ordenado a un promotor valenciano detener el complejo San Agustín Golf Club, una macrourbanización en el municipio turolense de San Agustín (unos 150 vecinos y limítrofe con Castelló) que prevé contar con 800 casas de madera que conformarán un complejo junto con un campo de golf. El proyecto se está comercializando a través de Internet con la venta de parcelas, pero carece de licencia y se sitúa sobre suelo rústico.
De hecho, ni siquiera figura en un PGOU que aún no ha sido revisado por el Gobierno autonómico.
Según informaron desde la Junta de Aragón a este periódico, se trata de un aviso a la promotora, que todavía no ha comenzado a edificar -se observan «movimiento de corte urbanizador, como una caseta como reclamo y explanaciones» -, pero que ya está vendiendo parcelas. «Se le ha enviado al alcalde del municipio y al promotor una resolución para que paren el proyecto porque no tiene base legal» , señalaron. Por su parte, el alcalde del municipio, Alejandro Peña, reconoció estar trabajando en el reordenamiento del municipio y afirmó que por el momento no ha «visto ningún proyecto» sobre su mesa para construir una urbanización y un campo de golf. Por ello, aseguró que han solicitado a la promotora que retire los anuncios de la red. El empresario que está detrás de la operación es el promotor valenciano Vicente Orts, administrador único de la empresa Ciudades de Otoño, mercantil que figura como vendedora de las viviendas en el modelo de contrato que se ofrece en la página web. Según el registro mercantil, esta empresa tiene sede en el municipio balear de Santa Eulalia, aunque en la página web figura con sede en Valencia. En el punto de información desde donde se comercializan las viviendas señalaron que no tienen «nada que decir» al respecto, a preguntas de este periódico para contrastar la información.
Lo cierto es que el sitio de Internet anuncia el plan e informa sobre posibilidades de comprar estas viviendas de madera. Se ofrecen dos modelos de habitáculo, de 206.000 y 296.000 euros, «casas importadas de Finlandia y construidas con tronco macizo de pino nórdico», con un campo de golf como reclamo principal diseñado por «un prestigioso equipo de arquitectos suecos» y «asesorados por la que será directora de la Escuela de Golf San Agustín Hellen Alfredssons, capitana del equipo nacional sueco» .
«No nos interesa este modelo»
Entre los atractivos que se destacan en la comercialización de estas viviendas está la cercanía de las pistas de nieve de Valdelinares y Javalambre. Pero, sobre todo, sus buenas comunicaciones, ya que San Agustín se encuentra en el límite con la provincia de Castelló y a 4 kilómetros de la futura Autovía Mudéjar, que conectará Teruel con Valencia en apenas 50 minutos.
En este sentido, desde Obras Públicas de la Junta destacaban que, precisamente ahora, con la mejora de la accesibilidad «hay que tener claro» el modelo de ocupación. La nueva autovía va a favorecer la vertebración de esta provincia caracterizada por la emigración de sus jóvenes, pero también puede generar un crecimiento urbanístico que coja a contrapié a la autoridades. «Es difícil aprobar 800 casas de golpe: estos desarrollos no nos interesan» , señalaron. «Estaremos vigilantes y si siguen obrando sin respaldo legal habría que llevar el expediente al fiscal de la audiencia» .
Desde la Junta de Aragón tienen claro que la saturación de la costa de la Comunitat Valenciana puede dirigir a los empresarios del ladrillo a los límites de Aragón. «O lo cortamos desde el principio o el problema se va de madre» , concluyeron.
*LEVANTE-EMV, Martes, 13 de marzo de 2007
Foto: San Agustín /infoaragon
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¿Ciudad del medio ambiente?
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Viñeta de Ramón - El País, 14 de marzo de 2007
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Querella contra dos directores generales por las obras de Puerto Mayor
M.BUITRAGO/R.FERNÁNDEZ/Murcia* : "Los directores generales de Calidad Ambiental y de Transportes y Puertos, Antonio Alvarado y Marcos Ortuño, deberán dar explicaciones por su participación en los expedientes administrativos que permitieron la reanudación de las obras de Puerto Mayor, en octubre del año 2003. Como se sabe, estas obras, situadas en el Canal del Estacio de La Manga, se encuentran paralizadas cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia desde septiembre del 2005.
El magistrado Francisco José Albaladejo Caravaca, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, ha admitido a trámite la querella presentada por el PSOE murciano por un presunto delito de prevaricación administrativa, según se ha conocido ahora. La iniciativa judicial fue presentada por José Ramón Jara, número dos de los socialistas murcianos.
Ahora, el juez de Instrucción número 5 considera que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delito y ha decidido incoar diligencias previas e iniciar «las actuaciones necesarias para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, sus autores y circunstancias». Las notificaciones se cursaron el pasado mes de enero. El magistrado ha dado asimismo parte al Ministerio Fiscal; al igual que las consejerías de Obras Públicas y de Medio Ambiente. Ambos departamentos deberán remitir al juzgado los expedientes administrativos incoados con relación a las obras de Puerto Mayor.
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, manifestó ayer que la querella está dirigida contra ambos directores generales «porque fueron ellos quienes levantaron la paralización del proyecto en octubre del 2003, lo que permitió que las obras se reanudaran en el año 2004. A partir de ahí intervino el Seprona para advertir que la empresa estaba actuando de forma irregular». Después llegó el contencioso presentado por la ministra de Medio Ambiente instando al Gobierno de Ramón Luis Valcárcel a paralizar las obras, entre otros motivos porque causaba daños medioambientales al entorno. A juicio de Rosique, los dos directores generales «no debieron autorizar el levantamiento de la paralización que pesaba sobre el proyecto debido a que había caducado la concesión». Esta Redacción intentó ayer ponerse en contacto con el director de Calidad Ambiental.
*laverdad.es, Miércoles, 14 de marzo de 2007
Foto: Las obras de Puerto Mayor junto al Canal del Estacio, en junio del 2005, cuando fueron suspendidas por el TSJ. / JOSÉ M. RODRÍGUEZ /AGM
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Tema: NOTICIAS Murcia
El fiscal Vercher arremete contra las críticas a las actuaciones en corrupción
DanielMILLET/LaOrotava* : "El fiscal jefe nacional de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo, Antonio Vercher, aseguró al preguntársele por los ataques políticos a la Fiscalía Anticorrupción de Tenerife y otros órganos judiciales canarios con los que determinados grupos políticos y empresariales han respondido a la apertura de varias investigaciones, que "al que le pica, se rasca".
Vercher aclaró durante una conferencia en La Orotava sobre Justicia y Urbanismo, que "habría que recordar que se han abierto procesos que afectan a un amplio arco político, desde independientes hasta representantes de la izquierda y la derecha", y añadió que "sabía en lo que me metía cuando inicié mi carrera hace más de 25 años. La presión siempre está ahí".
Vercher explicó los grandes avances jurídicos y sociales que se han conseguido en materia de medio ambiente y urbanismo, desde la misma creación reciente de la Fiscalía que dirige a raíz de la nueva Ley de Montes de 2006, pero matizó que siguen faltando muchos medios, concienciación y siguen sobrando problemas a la hora de aplicar las medidas legales.
"Se han ido creando fiscalías especiales y nuevos cuerpos policiales, mientras las encuestas indican que cerca de un 90 por ciento de la población española está concienciada en temas medioambientales. Pero, muchos fiscales carecen de herramientas, hay una necesidad de coordinación entre los cuerpos de seguridad y de ese 90 por ciento, sólo alrededor de un 20 por ciento recicla la basura o demuestra con algún otro hecho su verdadera preocupación", lamentó Vercher.
Tanto él como José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, expusieron que el problema de la corrupción y las actuaciones que degradan el entorno natural han llegado a tal extremo que la Justicia ha tenido que empezar a aplicar con severidad el Código Penal, pues el Derecho Administrativo no ha sido suficiente.
"Esto es un cáncer que se ha propagado y que precisa de cirugía urgente. Es que si seguimos así vamos a tener que empezar a construir juzgados en territorio protegido. O lo paramos o esto puede convertirse en una verdadera catástrofe", señaló Martín Pallín, quien utilizó entre otros ejemplos el de Canarias como muestra de los graves daños que puede ocasionar un desarrollo irresponsable sobre el territorio.
Vercher partió de la base de que el derecho al medio ambiente es constitucional y de que la misma Constitución sólo pide expresamente la aplicación del Código Penal en la defensa de la naturaleza y el patrimonio histórico. "No ha habido ningún asunto, como el medio ambiente, que haya pasado de no tener ni un artículo hasta hace muy poco, el año 1995, a pasar ahora a tener más de 40". Precisó que de cualquier modo se están produciendo muchas dificultades para aplicarlos, desde la misma concienciación ciudadana: "Nos llegaron a llamar despectivamente los fiscales de los pajaritos. Decían que qué hacíamos defendiendo a esos animalitos. Luego, tenemos que partir de que para aplicar las normas ambientales debemos tener en cuenta más de 30.000 reglamentaciones nacionales e internacionales".
El fiscal jefe del Supremo recordó las innumerables advertencias de la Unión Europea a España de que no está cumpliendo con los objetivos comunitarios y la complejidad que se está encontrando la Justicia a la hora de aplicar por ejemplo medidas como las demoliciones de las viviendas ilegales.
Entonces, leyó un artículo obtenido de internet en el que se detallan todo tipo de trucos para legalizar una construcción en suelo rústico, ante la sorpresa del nutrido aforo del Liceo orotavense. En este punto, el magistrado emérito abogó por el endurecimiento de las penas: "Lo que no puede suceder es que a una persona que entre a robar en un adosado le puedan caer cinco años y a quien construye ilegalmente una urbanización, deteriorando irreversiblemente todo un espacio de gran valor natural, sólo le castiguen con no más de tres años".
*laopiniondetenerife.es, Miércoles, 14 de marzo de 2007
Foto: urbanización "El pelotazo" en la Orotava /ecoboletin.com
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Tema: NOTICIAS Canarias , NOTICIAS URBANISMO
El plan para construir 450 viviendas junto a Valorio desata las protestas vecinales
M.J.PASCUAL/Zamora* : "El acuerdo del equipo de Gobierno que autoriza la construcción de un residencial de, al menos, 450 viviendas en el Camino de la Lobata, un alto desde donde se domina todo el bosque de Valorio, ha desatado las primeras protestas vecinales. El Foro Ciudadano se ha apresurado a expresar su oposición a esta decisión de la Junta de Gobierno local del lunes, y anuncia que «combatirá este plan con todas sus fuerzas», tanto por la vía de las alegaciones como, si es necesario, presentando un recurso contencioso administrativo en los tribunales contra el acuerdo municipal.
Para este colectivo, la aprobación de este plan es un «despropósito que solo se entiende para favorecer intereses o pagos ocultos antes de la marcha del actual alcalde o ante un cambio en el Gobierno de la ciudad». El Foro ha presentado una nueva alegación múltiple contra la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, en la que se exige de manera expresa la protección integral del entorno del bosque de Valorio y también de las márgenes del Duero.
PROTECCIÓN
Tramitación avanzada
Impactos
Esta impugnación al documento urbanístico como consecuencia de las importantes recalificaciones de suelo que permitirán el crecimiento de residenciales alrededor del bosque se suma a las ya planteadas en el mismo sentido de protección natural y paisajística por los grupos municipales de la oposición. Tanto el PSOE como IU reclaman al equipo de Gobierno desde hace meses que de marcha atrás en las promociones urbanísticas en este entorno, alguna de las cuales, como el plan parcial Camino de la Lobata, están en una fase muy avanzada de tramitación. En este caso, el expediente se remonta al PGOU del 2001.
El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Zamora aseguró ayer que llegará hasta los tribunales si el equipo de Gobierno no da marcha atrás en la autorización y sigue adelante con el desarrollo urbanístico de este plan parcial. Argumenta. además, que en el expediente de la sociedad limitada Promociones Manso 2003, al que los grupos han tenido acceso, se contempla la construcción, no de 450 viviendas, sino la de 760, «lo que es una completa barbaridad».
CONTRA LA ESPECULACIÓN
La sentencia del TSJ
Revisión total
El portavoz del PSOE, Antonio Plaza, señaló que la decisión del equipo de Gobierno del PP es el primer paso «para que la especulación urbanística sea un hecho en el entorno de Valorio». Plaza reconoció que la tramitación de este plan se remonta al PGOU ahora en proceso de revisión y que no se plantearon alegaciones en su día, si bien recordó que el documento del 2001 ha sido anulado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, «de manera que sería coherente que en la revisión actual se tengan en cuenta todas las consecuencias de los planes parciales aprobados entonces».
En este caso, subrayó, no solamente se acabará con el perfil paisajístico tradicional que este espacio verde tiene para los zamoranos, sino que acabará por afectar al bosque negativamente, porque hay que llevar los servicios que necesitan esos residenciales (agua, electricidad, alcantarillado, viales). «Y al final, Valorio sería disfrutado solo por los pocos que puedan comprar esas viviendas».
La abogada y concejala Mar Rominguera insistió en que su grupo «agotará todas las armas legales para evitar que desaparezca el bosque tal y como lo conocemos». Por el momento, indicó la letrada, se presentará en el Ayuntamiento un recurso de reposición contra el acuerdo y, si no prospera, se acudirá a la vía de lo contencioso administrativo.
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Exposición pública
En el Registro
Los socialistas justifican la iniciativa en la preocupación de la ciudadanía, «que está alarmada por el giro urbanístico que se está produciendo en el entorno de Valorio». Este grupo ya ha planteado una alegación al PGOU para que en los planos se contemple un amplio cinturón de protección de este entorno.
El PSOE presentó ayer en el Registro municipal y por tercera vez una solicitud para que se amplíe el plazo de exposición pública del Plan General de Ordenación Urbana, que concluye el 23 de marzo. En concreto, solicita que se firme el convenio propuesto por el Colegio de Arquitectos de Zamora para que se dote de medios técnicos, dependencias y personal especializado para el estudio y el examen de la documentación y los planos del PGOU. El grupo socialista reivindica que se habilite una oficina donde físicamente los ciudadanos tengan acceso a esta información y que, una vez abierta, se amplíe el plazo de alegaciones otros cuarenta días. Además considera indispensable que se cuente con el asesoramiento del Colegio de Arquitectos, que hasta el momento no han sido consultados por el equipo de Gobierno, según Plaza.
De cualquier forma, tanto el PSOE como el resto de los grupos de oposición, así como diversos colectivos ciudadanos, entienden que «por sentido común», el PP debería dejar el PGOU a la próxima Corporación municipal.
En este sentido, IU, el Foro Ciudadano, la Asociación para la Defensa del Paisaje, Amigos de la Bici y la Coordinadora Stop al Plan de Urbanismo dan mañana en la plaza de Castilla y León modelos de alegaciones para que los ciudadanos «paren el plan».
*El Norte de Castilla, Miércoles, 14 de marzo de 2007
Foto: Vista de los campos deportivos del bosque de Valorio. Al fondo, los terrenos del plan parcial Camino de la Lobata. / LUIS CALLEJA
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Tema: NOTICIAS CastillaLeón
La Guardia Civil investiga al Consell por las obras que lleva a cabo en Sa Dragonera
LluisF.Oliver* : "Las obras realizadas por el Consell de Mallorca en el parque natural de la isla de la Dragonera están siendo investigadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Agentes del Instituto Armado han recopilado en los últimos días todos los documentos incorporados al expediente que por presunta infracción urbanística inició el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma después de que los técnicos municipales detectaran que las obras que el Consell realizaba en la isla no se ajustaban a las contempladas en el proyecto que obtuvo licencia y otras incluso no tienen ni permiso municipal.
SE CONSTRUYEN PORCHES Y SE AMPLÍAN EDIFICIOS
La actuación policial está enmarcada en la denuncia instada contra el Consell y que el fiscal que investiga atentados contra el Medio Ambiente y contra la Ordenación del Territorio está corroborando con el objeto de solicitar al juez, en el caso de que lo considerase oportuno, la apertura de diligencias penales.
Los celadores de Urbanismo del Ayuntamiento pudieron comprobar el pasado mes de septiembre cómo se habían realizado construcciones en la Dragonera sin licencia municipal y otras que, amparadas por licencias de obra menor, habían sido erigidas a modo de porches y ampliaciones de edificios ya existentes.
MD.COM ADELANTÓ LA INVESTIGACIÓN
Como adelantó mallorcadiario.com el 22 de septiembre de 2006, los celadores de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx detectaron obras en la isla que no se ajustaban al planeamiento ni a los permisos concedidos.
Además, el pasado 18 de octubre el Ayuntamiento envió al director conservador del Parc Natural de sa Dragonera un escrito firmado por su representante en la Junta Rectora, el regidor Sebastián Reus, en el que se solicitaba información de las obras que el Consell venía realizando en esta isla perteneciente al municipio de Andratx.
LA JUNTA RECTORA DEL PARC NO SE HA REUNIDO DESDE QUE SE CREÓ
El grupo de consellers de EU-Els Verds en el Consell de Mallorca llegó a presentar denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente, la Conselleria de Medio Ambiente y la Comisión Insular de Urbanismo del Consell de Mallorca después de que este digital hiciese pública la investigación. En dicha denuncia, EU-Els Verdes aseguraban que se habían ejecutado obras presuntamente ilegales en Dragonera.
El propio regidor municipal solicitó al director del Parc toda la información de que dispusiera: presupuesto de las mismas y licencias y permisos solicitados para su ejecución. A sumar a este interés, el propio departamento de Urbanismo incoó un expediente por presunta infracción urbanística al constatar que las obras allí realizadas no contaban con ningún tipo de licencia ni permiso municipal y, por tanto, eran ilegales.
Además, ninguno de los miembros de la Junta Rectora fue informado de las mismas y no recuerdan que constaran en el plan de actuaciones previsto para 2006 en la isla. De hecho, la Junta Rectora nunca ha sido convocada desde su constitución.
*mallorcadiario.com, miércoles, 14 de marzo de 2007
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Tema: NOTICIAS Baleares
Denuncian cinco convenios urbanísticos en Lozoyuela (Madrid)
*Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid ha denunciado, ante la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, cinco convenios urbanísticos suscritos por el alcalde de Lozoyuela y diversas empresas. Mediante estos convenios las empresas se quedan con el aprovechamiento que corresponde al Ayuntamiento a cambio de sumas de dinero que no están avaladas por ningún informe técnico. Hasta la fecha, la Comunidad de Madrid no ha tomado ninguna medida.
Ecologistas en Acción considera inquietante que la Dirección General de Urbanismo, conocedora de las irregularidades cometidas por el Ayuntamiento de Lozoyuela en la tramitación y firma de los convenios, no haya tomado ninguna medida.
El alcalde de Lozoyuela ha aprovechado la redacción del nuevo Plan General para firmar, paralelamente, cinco convenios urbanísticos mediante los que se desarrollarían 483.872 metros cuadrado de suelo que ahora está clasificados como suelo no urbanizable. Sobre estos terrenos se pretenden construir 698 viviendas, además de desarrollar un sector terciario, y dos sectores industriales. No se aporta ninguna información sobre el tipo de actividad que se desarrollaría en estos últimos.
Las empresas firmantes de los convenios son Sierra Norte, Sociedad Patrimonial, SL que gestionaría un polígono de actividad terciaria. STU (Servicios Técnicos para desarrollo Progreso Urbano) SA, esta gestionaría varios sectores residenciales. Deporiber, SL, gestionaría un sector industrial. Urbazo, SA que gestionaría un sector residencial y Talleres Leandro, SA que gestionaría un sector industrial.
La Ley del Suelo establece que de la totalidad de los sectores urbanizables, los propietarios deben ceder al Ayuntamiento el 10% del suelo edificable perfectamente urbanizado (calles, redes de abastecimiento, depuración, luz, etc). De esta forma el Ayuntamiento puede construir sobre ese suelo y beneficiarse de las plusvalías generadas. Es lo que se conoce como aprovechamientos. En determinados casos justificados, estos aprovechamientos pueden sustituirse por su equivalente económico. Para ello, los servicios técnicos municipales deben hacer una valoración adecuada teniendo en cuenta el número de viviendas que pueden construirse y el precio del metro cuadrado una vez construido. De esta forma se intentan evitar fraudes por parte de propietarios y promotores.
Sin embargo, en ninguno de los cinco convenios se aportan las razones por las cuales hay que monetizar los aprovechamientos. Tampoco aparece entre la documentación la correspondiente valoración de los servicios técnicos. De esta forma las cinco empresas se comprometen a ceder cantidades de dinero que no están respaldadas de ninguna manera y que podrían ser inferiores a las expectativas previstas por las empresas promotoras.
Ecologistas en Acción ha solicitado, al Ayuntamiento y a la Dirección general de Urbanismo, la nulidad de los cinco convenios hasta que se presente la documentación que acredite la legalidad de los mismos. La organización considera que si se demostrara que el alcalde está favoreciendo intereses de las empresas en detrimento de los intereses públicos municipales podrían derivarse responsabilidades penales.
Otra irregularidad denunciada es que ninguno de los convenios se ha incorporado como documentación anexa al Avance del Plan General durante el periodo de información pública, algo que la Ley del Suelo establece como obligación. Por otra parte, las empresas firmantes tampoco acreditan la titularidad de los terrenos.
Ecologistas en Acción considera inquietante que la Dirección General de Urbanismo, conocedora de las irregularidades cometidas por el Ayuntamiento de Lozoyuela en la tramitación y firma de los convenios, no haya tomado ninguna medida. Es la segunda vez que la organización denuncia irregularidades en la firma de convenios sin que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio haya obligado a cumplir con la legalidad vigente. En diciembre de 2005 y mayo de 2006 se denunciaron tres convenios urbanísticos suscritos por la alcaldesa de Valdemorillo.
*Ecologistas en Acción, 12 de Marzo de 2007
Foto: Lozoyuela /toprural
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS Madrid
El Ayuntamiento de Ourense aumentó a un socio del alcalde la edificabilidad de una parcela
F.VARELA/C.HUETE* : "El Ayuntamiento de Ourense aumentó la edificabilidad de una parcela de un socio del alcalde, el popular Enrique Nóvoa López, que pasó de 6.870 a 10.490 metros cuadrados. La corporación, entonces presidida por Manuel Cabezas, tomó la decisión en el marco del último Plan General de Ordenación, en el año 2003, siendo Nóvoa concejal de Medio Ambiente y miembro de la comisión de Urbanismo.
El regidor orensano, que será cabeza de cartel de la lista del PP en las municipales, comparte desde 1999 la propiedad de dos promotoras urbanísticas con el beneficiario de la recalificación.
La parcela en cuestión, que vio incrementada su edificabilidad en un 52%, es propiedad de Enrique Do Río Pérez, dueño de Promociones Ourenmex, SL, y socio del actual alcalde en Promociones Galmex, SL, y Poensa, SL, ambas dedicadas al sector inmobiliario. El terreno está situado en el barrio de O Vinteún, en la salida de Ourense en dirección a Santiago. Además de ser una de las áreas de crecimiento de la ciudad, está muy cerca de Cudeiro, la zona de la que el alcalde es originario. Gracias a esta modificación, el socio de Nóvoa podrá construir en torno a 33 viviendas más de las previstas originalmente, un incremento que, según fuentes conocedoras de la situación inmobiliaria de Ourense, puede generar un beneficio de 3 millones de euros.
Expertos en urbanismo consultados por EL PAÍS confirmaron que cuando un ayuntamiento cambia un plan general (en el caso de Ourense el anterior era del año 1986) el incremento de edificabilidad siempre es una medida "excepcional", porque no tiene sentido aumentar la capacidad de construir viviendas a menos que obedezca a un motivo de interés público, como contar con equipamientos no previstos originalmente. En este caso el propietario no ofreció ninguna compensación adicional al 10% exigido por la legislación.
Las empresas de las que son copropietarios el beneficiario de la decisión municipal y el actual alcalde fueron constituidas en los años 1988 y 1999. La más antigua, Poensa, tiene un capital social de 189.318 euros y declaró en el último año unas ventas de 1.825.861,78 euros y un resultado de 338.318,36.
Galmex, con un capital social 120.202 euros, registró en el último año unas ventas de apenas 90.000 euros, aunque en 2002 alcanzó 2.336.148,97 y en 2002, 2.080.072,84.
En ambos casos Nóvoa y Do Río comparten la propiedad con Secundino Corbillón, y en Galmex, SL, también participa la sociedad limitada Company Olimpo Trust, una empresa dedicada desde el año 2000 a la adquisición y enajenación de acciones y participaciones representativas de capital social.
La actividad empresarial en el mundo de las promociones urbanísticas del sustituto de Manuel Cabezas y cabeza de lista del PP en las próximas elecciones no le impidió ejercer como titular de la concejalía de Medio Ambiente y formar parte de la comisión de Urbanismo entre 1999 y 2003 sin ausentarse de las reuniones ni abstenerse en las votaciones que afectaban a su socio, ni siquiera en la sesión plenaria en que se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana en el que figura la recalificación de la parcela. Sí abandonó, en cambio, la participación que tenía en otras sociedades relacionadas con su antigua profesión de electricista.
El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Ourense fue aprobado con el apoyo exclusivamente de los concejales del PP y el voto en contra de los ediles del PSdeG y del BNG. Los socialistas, además, presentaron un recurso judicial sobre el que los tribunales todavía no se han pronunciado.
El objeto social de Galmex, SL, la empresa que Nóvoa comparte con Do Río, es, según los datos del registro, la construcción y realización de toda clase de obras y la adquisición de inmuebles para su edificación y venta. Ourenmex, SL, la sociedad de Do Río de la que depende la parcela que vio aumentada su edificabilidad, fue creada en 2000. Su objeto social es la adquisición de terrenos, la urbanización, promoción y construcción de todo tipo de edificaciones para su venta y arrendamiento y la adquisición y promoción de viviendas, pisos y locales comerciales. Tiene un capital social de 30.052 euros y en ella participa al 50% Company Olimpo Trust, que también comparte negocio inmobiliario con el alcalde a través de Galmex, SL.
La tramitación del área de reparto que corresponde a la parcela del socio del alcalde va, según fuentes municipales, más adelantada que las restantes y en ella ya han comenzado las obras de desmonte que preceden a la urbanización de los terrenos.
*ELPAIS.com - Santiago / Ourense - 13/03/2007
Foto: Parcela del socio del alcalde de Ourense- MARA
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Tema: NOTICIAS Galicia
Castilla y León tramita como ley urgente una gran urbanización en suelo protegido
R.MÉNDEZ/M.R.SAHUQUILLO* : "Por la vía de urgencia, en lectura única y gracias a una modificación legal aprobada en diciembre, la Junta de Castilla y León, del PP, tramita una ley para construir la Ciudad del Medio Ambiente en Soria. Se trata de un complejo con 800 chalés y un parque empresarial en terreno protegido. Al tramitarlo como ley, la Junta evita un posible parón judicial como el que sufrió en las Navas del Marqués (Ávila), ya que sólo el Tribunal Constitucional podrá revocarla.
La urbanización se aprobará en el pleno regional del miércoles, el último de la legislatura, gracias a la mayoría absoluta del PP. Otros polémicos planes urbanísticos, como la estación de esquí de San Glorio, seguirán el mismo camino.
Las cigüeñas sobrevuelan el Soto de Garray. Sobre una antigua casa de la Guerra Civil han construido sus nidos. Un poco más allá, los antiguos meandros del Duero aparecen cubiertos por abedules y sauces. Los únicos habitantes de este soto fluvial son las vacas que pastan a su antojo. No se ven pero también hay tejones, nutrias, garduñas y gatos monteses. En los árboles anidan garcillas, águilas pescadoras, águilas perdiceras, milanos reales, milanos negros... Es, según la Sociedad Española de Ornitología, el lugar de Soria donde se pueden observar más cantidad y variedad de pájaros.
La Junta de Castilla y León, del PP, tiene planes para este enclave, clasificado suelo de especial protección natural: quiere construir 800 chalés, un parque industrial, dos torres de oficinas y un centro hípico en 562 hectáreas junto al Duero que pretende "ejemplificar una nueva manera de asentamiento habitacional en armonía con el medio ambiente". Allí vivirán más de 3.000 personas. La Junta, en una ley que ha enviado al Parlamento regional, la define como "un espacio singular" para "conservar y poner en valor un paisaje natural tan relevante". Se llamará Ciudad del Medio Ambiente.
El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, defendió ayer el proyecto: "Va a hacer que la gente se quede en Soria porque gracias a él se ubicarán empresas en la zona vinculadas a este futuro, el medio ambiente".
Pelotazo con buenas formas
La oposición y los ecologistas no lo ven igual. El PSOE denuncia que se trata de un pelotazo con buenas formas, envuelto en la defensa del medio ambiente. "Es la Junta contra todo el mundo. Nadie apoya esta urbanización salvo el PP", afirma el secretario provincial del PSOE y diputado regional, Carlos Martínez. El Colegio de Arquitectos, entre otros, ha criticado el lugar elegido.
Más allá de la polémica, lo excepcional es el procedimiento elegido: en vez de tramitarlo como cualquier plan urbanístico, la Junta ha elegido convertir el proyecto en ley, en una operación que lleva meses fraguando. El 18 de diciembre pasado, el Boletín Oficial de Castilla y León publicaba una aparentemente nimia modificación de la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León. La Junta cambió un artículo de la norma para tramitar como ley "los planes o proyectos regionales de excepcional relevancia para el desarrollo social o económico".
Menos de un mes después, el Consejo de Gobierno aprobaba la ley de la Ciudad del Medio Ambiente. Las Cortes le darán el visto bueno definitivo el miércoles, por la vía de urgencia, sin enmiendas, en el último punto del último pleno de la legislatura. La mayoría absoluta del PP (48 procuradores frente a 32 del PSOE) le concederá en ese trámite todas las licencias ambientales y urbanísticas, por lo que el proyecto ya no necesitará el visto bueno de los municipios afectados, Garray y Soria, donde el pleno municipal se opone. Los vecinos se encuentran divididos. Como denuncia Ecologistas en Acción, con la ley, ningún ciudadano, colectivo ecologista o propietario afectado podrá recurrir la urbanización. Las leyes pueden ser recurridas ante el Tribunal Constitucional por los grupos parlamentarios (con firmas de al menos 50 diputados), el Defensor del Pueblo o el Gobierno.
La Junta de Castilla y León evita así un posible revés judicial como el de Las Navas del Marques (Ávila). Allí impulsó una urbanización similar en terreno especialmente protegido y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la anuló en octubre pasado. Ahora el fiscal pide imputar, entre otros, al director de Medio Natural de la Junta por permitir la recalificación. La Ciudad del Medio Ambiente será inalcanzable para los jueces.
Fernández Carriedo afirma que la tramitación en las Cortes da más transparencia: "Es una garantía adicional. Añade un paso más que hace que haya más participación y que los grupos parlamentarios puedan opinar". Además, admite que a la Ciudad del Medio Ambiente le pueden seguir proyectos como la polémica estación de esquí de San Glorio, proyectada en un Parque Natural.
El PSOE asegura que recurrirá al Tribunal Constitucional la Ciudad del Medio Ambiente, pero para cuando haya sentencia, en unos años, puede que las cigüeñas de Garray convivan ya con los edificios.
LA NORMA SORTEA A LOS JUECES
El Gobierno regional defiende que la "Ciudad del Medio Ambiente conserva y pone en valor un paisaje natural tan relevante" como es la ribera del Duero. Los ecologistas denuncian que la Junta de Castilla y León pretende evitar con la ley un revés judicial como el que sufrió en Las Navas del Marqués. Sólo el Constitucional, tras recurso de 50 senadores o diputados, podrá paralizar la construcción de 800 chalés y hoteles en terreno protegido de Soria. La mayoría absoluta del PP aprobará el miércoles en las Cortes autonómicas todas las licencias urbanísticas y ambientales necesarias para el complejo.
*ELPAIS.com - Madrid - 13/03/2007
Foto: plano ciudad del medio ambiente
Enlace información (Consumer): Ciudad del Medio Ambiente, Soria
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Tema: NOTICIAS CastillaLeón
El juez Torres alerta de la corrupción «de baja intensidad» en el sector inmobiliario
J.MUÑOZ* : «Todavía existe la bolsa de dinero para entregar al responsable político, eso no lo voy a negar, pero los métodos tienden a ser más sutiles. Primero recibe una felicitación navideña de un empresario; luego le envían botellas de un gran vino, un jamón... Poco a poco le introducen en un ambiente de lujo, de ágapes, un ambiente en el que pueden verse involucradas otras fuerzas vivas, como notarios, jueces, fiscales y periodistas. Le invitan al palco del fútbol, a los toros, a hoteles en los que un empresario tiene intereses. El siguiente paso es que el responsable político vea la posibilidad participar en el negocio. Es una oportunidad, pues dentro de cuatro años quizá no esté en el poder. Y, de todos modos, si hace muchas viviendas, puede ganar las elecciones».
Así se expresó ayer en Bilbao el juez Miguel Ángel Torres, el instructor que destapó el escándalo de la corrupción de Marbella, conocido como 'caso Malaya', y que activó la operación 'Ballena Blanca' contra el blanqueo de dinero del crimen organizado. Torres llamó la atención sobre este tipo de corrupción que denominó «de baja intensidad», consistente en diferentes modalidades de pequeños «agasajos» en el sector inmobiliario.
Los delitos urbanísticos, así como las andanzas de Julián Muñoz y Roca, ocupan las portadas de los periódicos gracias a este juez de Marbella, que fue invitado por el Tribunal Superior del País Vasco a las segundas jornadas sobre 'Informar en Justicia'.
«Ya no se trata de que el político reciba dinero -explicó Miguel Ángel Torres. Una empresa de su familia puede participar en la promoción inmobiliaria. Puede ser una consultora que cobra por servicios. Aunque, a veces, el responsable del negocio se mete en política para no compartir el pastel con nadie. Se presenta como un buen gestor. O quiere ser famoso y se introduce en el mundo del deporte».
La franqueza del joven instructor hizo sonreír a las autoridades, periodistas y universitarios que le escuchaban sin dejar de tomar notas. «Existe una escasa conciencia social sobre estos fenómenos -se lamentó Torres. Cuando un político recibe dinero de un promotor, la sociedad sufre un perjuicio. Se pierde una zona verde. Y luego el promotor repercute ese dinero sobre los costes. Así aparecen los problemas de calidad de las viviendas, sube el precio del suelo».
Del juez que hizo estas reflexiones depende el destino de Roca, de Julián Muñoz, de Marisol Yagüe, de Maite Zaldívar Torres no los mencionó, aunque dijo que los escándalos urbanísticos son socialmente perniciosos porque «transmiten a la gente joven la idea de que se puede ganar mucho dinero sin tener que trabajar». Tan sólo aludió a una denuncia de malos tratos que llegó a su juzgado, una denuncia que implica a dos personas también involucradas en las tramas de Marbella. No concretó de quiénes se trataba (probablemente, Maite Zaldívar y Julián Muñoz), pero ambos le sirvieron de ejemplo para defender que los jueces que persiguen la corrupción deberían especializarse sólo en esos asuntos. «De otro modo, sabes un poco de mucho y mucho de nada».
La pista del cohecho
El juez del 'caso Malaya' también se lamentó de que las indagaciones sobre los cargos públicos corruptos se concentren en el delito de prevaricación (dictar una resolución injusta), pero no profundicen en el cohecho (soborno), cuando «el 99% de las prevaricaciones tiene motivación económica». Atribuyó esa circunstancia a que la prevaricación acarrea un castigo menor -«se van a casa inhabilitados»-, mientras que seguir la pista del cohecho es lo que puede conducir al centro de la red.
A una conclusión parecida llegó el juez cuando habló del dinero de los narcotraficantes y mafiosos. «Nos quedamos en lo que 'vende', en la incautación del alijo de droga. Pero las pérdidas del hachís se recuperan, pues se pagan a medias con el proveedor. En cambio, si desarticulas la trama global de blanqueo, desarticulas la organización. La cuestión es que el tráfico de droga absorbe la investigación, pero no se analizan los patrimonios de las personas a los efectos del decomiso», señaló.
*diariosur.es, 13 de marzo de 2007
Foto: el juez Torres asistió a unas jornadas en Bilbao. / TELEPRESS
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Tema: NOTICIAS Andalucía , NOTICIAS URBANISMO
Plan territorial o urbanismo electoral / Ciudad Astur
F.DÍAZ-MIRANDA Y MACÍAS* : "Una necesidad urbanística evidente, la articulación de los espacios propuestos en el plan territorial especial de Oviedo-Siero-Llanera, se puede frustrar por la torpeza política de su puesta en escena trasladando su necesario y natural debate del ámbito de técnicos y ciudadanos al político electoralista. Presentación del plan a dos meses de unas elecciones autonómicas y municipales, difícilmente alguien se puede sustraer de su utilización propagandística.
Presentación del plan como «elemento vital de planificación democrática» (señor Areces). Acaso los restantes instrumentos de planeamiento vigentes no son democráticos. Anuncio unilateral de aprobación inicial para el próximo mes, los municipios afectados se han enterado del plan a través de los medios de comunicación en esta misma semana. En una sociedad plural y democrática como la actual no hay ideas y proyectos sin debate; siendo una provocación la afirmación de la señora Belén Fernández: «Es cuestión de dedicación».
El plan se pone como ejemplo de «entendimiento entre las distintas administraciones públicas» (señora Belén Fernández) y se dice «oportunidad de superar localismos estériles» (señor Areces). Tres ejemplos. Uno, existencia en el ámbito del plan de recientes planeamientos municipales adaptados y revisados al amparo y beneplácito de la Administración regional, sin la debida previsión y coordinación con la propuesta presentada, suponiendo graves alteraciones para su desarrollo urbanístico al verse estos condicionados, mermados o alterados en sus decisiones, pudiendo incluso suponer una interferencia en su autonomía municipal. Dos, ausencia en la presentación del plan de representantes políticos de dos de los tres municipios afectados, y en el caso del único asistente, Siero, duras críticas de su concejala de Urbanismo, con lo cual pensar en su éxito es más que difícil. Tres, se tiran por el suelo los mínimos consensos municipales conseguidos en torno al concepto de ciudad-región y ciudad astur.
Se nos vende la actuación prevista como un «freno al urbanismo salvaje y especulador». Ver para creer. Se actúa sin prever sus repercusiones sobre espacios de titularidad pública, algunos concebidos como reservas regionales de suelo, alterando irreversiblemente el triángulo empresarial e industrial con mayor futuro de la región; en terrenos de dudosa viabilidad para el fin residencial previsto, condicionando el propio plan a un futuro incierto.
Se anuncia la construcción de 9.000 nuevas viviendas bajo la iniciativa pública, contando con Sogepsa y Sedes, sin garantizar que éstas sean en su totalidad con algún tipo de protección pública, afirmando sin rubor alguno que con las plusvalías que genere la vivienda de promoción privada y algún que otro equipamiento que se cree se acometerán gran parte de las infraestructuras necesarias. Nadie ha pensado que las necesidades de vivienda y de equipamientos ya se encuentran debatidas y colmatadas con las previsiones existentes en los recientes planes generales de los tres municipios afectados. Dejémonos de la falacia de planes de viviendas para jóvenes, para personas con mínimos o escasos recursos... con propuestas como la del plan territorial presentado se vienen todas abajo. Piénsese que en el municipio de Oviedo, por poner un ejemplo eficaz y real, existe bajo iniciativa exclusivamente municipal un innovador plan de vivienda en suelos prioritarios para paliar estas necesidades que abarca más de 8.500 viviendas, todas ellas con algún tipo de protección pública. Son necesarias estas miles de viviendas, todas ellas en los municipios de Siero y Llanera; por cierto, Oviedo se destina a zonas verdes, recuperación de la actividad agrícola y de ocio, o responden realmente a ocultos intereses urbanísticos especuladores o es un intento por frenar el crecimiento poblacional de Oviedo y su peso regional. A todas luces el plan territorial es desestabilizador tanto a nivel municipal como regional, dando pie a todo tipo de especulaciones poco deseables y no digamos nada acerca de sus consecuencias negativas en el ámbito de la nueva ciudad astur.
Escuchar que «el urbanismo nace de la mano de los ingenieros de caminos», y en este caso de la mano de un medio de transporte como argumento vital para recuperar la ciudad es más que dudoso (el tren-tran del cual ya hablaremos); aún resultando metodológicamente correcto el trabajo efectuado, así como su grado propositivo con proyectos jerarquizados, el redactor del plan no es culpable del desacierto del encargo recibido.
La ciudad es un organismo complejo que solamente se debe gestionar desde la multidisciplinaridad, se deben resolver necesidades energéticas y de infraestructuras, problemas sociales de sus usuarios, de interrelación con el medio natural, problemas de escalas del hábitat y de la multiplicidad de sus entornos; siendo su gestión y no la forma la que debe ocupar el lugar central al hablar de futuro y de ciudad. En el caso que nos ocupa, la forma es el único tema de debate, y la gestión brilla por su ausencia. No existe planificación alguna con fechas para la iniciación de ningún tipo de obras; se carece de la más mínima coordinación administrativa a nivel estatal, autonómico y local; y por supuesto, no existe previsión económica alguna en ningún presupuesto ni estatal, autonómico o local para su financiación.
Como estrella principal de este plan territorial se presenta el tren-tran, principal e innovadora alternativa de transporte urbano para estos municipios. No se ha consultado, ni informado, ni mucho menos debatido si este medio de transporte que altera profundamente la imagen y percepción de la ciudad es admitido por la ciudadanía, falta total de respeto y talante democrático. Pero aún más, ni incluso la viabilidad del propio tren-tran es creíble. Para empezar, este medio de transporte está pensado para ciudades con núcleos de mayor densidad de población, y por supuesto, discurriendo por áreas urbanas ya consolidadas y no de futura creación. Se atenta a la razón y a la lógica, se nos dice: el área central (300.000 habitantes) genera 2.000 viajeros/hora (no todos usarán el tren-tran), el nuevo transporte previsto será de máxima accesibilidad con frecuencias de paso de 2 a 3 minutos (no existe ciudad alguna con esos intervalos) con unidades móviles con una capacidad de al menos tres autobuses urbanos actuales, el trazado abarcará unos 28 km y los tiempos de viaje serán de 25 a 35 minutos; y con estas premisas se presenta el tren-tran como la solución más óptima. Con los datos facilitados con anterioridad les aseguro que es imposible gestionar este transporte urbano, tren-tran, sin que ello suponga su inmediata ruina y quiebra económica, echen números y vean el número de viajeros que tocan a cada unidad móvil en acción.
No les parece que es muy difícil entender este tipo de planes territoriales guardándose en el cajón electoralista las directrices regionales de ordenación territorial. Exijo retomar el camino de búsqueda de consensos a la hora de desarrollar una estrategia de desarrollo territorial integral para la denominada Ciudad Astur, empezando por los propios municipios afectados, algo más que la propia área central de Asturias está en juego, es el futuro de los asturianos. Pido ideas y proyectos con debate y gestión, gestión y gestión. Aconsejo que se concentren las máximas energías en resolver los grandes problemas y carencias estructurales de nuestra autonomía, tanto a nivel social como económico; les recuerdo que sin infraestructuras el desarrollo regional es imposible y al día de hoy Asturias aún carece de muchas de las más imprescindibles, siendo una de las regiones, por ejemplo, peor comunicada de España: No empleen, ni nos metan en estériles debates utópicos de planes territoriales sectoriales para distraer nuestras prioridades esenciales.
*Felipe Díaz-Miranda y Macías es arquitecto.
*La Nueva España, 13/03/07
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO , NOTICIAS Asturias
Greenpeace presenta un decálogo de medidas para un urbanismo sostenible
*Greenpeace ha presentado hoy diez medidas para conseguir un urbanismo sostenible concebido para aumentar la calidad de vida de la población y el respeto al territorio donde se desarrolla. La acumulación de escándalos, investigaciones y procesos judiciales relacionados con el urbanismo ponen de manifiesto que en España el funcionamiento efectivo del control de la edificación (disciplina urbanística) es la gran asignatura pendiente.
La organización ecologista considera que la situación actual del urbanismo en España se ha venido gestando desde hace mucho tiempo, por lo que resulta incomprensible que todavía no se hayan planteado fórmulas para poner freno a la destrucción del territorio en la que nos hayamos inmersos. A pesar de que existe suficiente legislación para actuar de forma contundente contra la ilegalidad, una gran parte de las infracciones urbanísticas se acaban consolidando, en gran parte debido a la prescripción de las mismas por el transcurso del tiempo sin actuación por parte de la Administración.
Los problemas derivados del urbanismo actual se acrecientan en la franja litoral debido a los movimientos de asentamiento, temporal o definitivo, de habitantes de las zonas del interior de la península y de ciudadanos del Norte de Europa, especialmente hacia la costa mediterránea. Estos desplazamiento, que se iniciaron hacia mediados de los años 60 del pasado siglo, se han incrementado desde entonces favorecidos por la mejora de las infraestructuras de comunicación, por la entrada de España en la Unión Europea y, posteriormente, por la unificación de la moneda europea y la bajada de los tipos de interés.
“Desde Greenpeace consideramos que sólo será posible un cambio de tendencia de la situación urbanística actual mediante un pacto real entre todos los partidos políticos y, sobre todo, mediante una mayor implicación de la ciudadanía en la concienciación de los graves perjuicios que se derivan de esta situación y la actuación más efectiva de quienes pueden contribuir a la erradicación del problema” ha declarado María José Caballero, portavoz de Greenpeace.
Propuesta para una mejora del planeamiento urbanístico
Greenpeace considera que no existen fórmulas mágicas para solventar el grave problema de crecimiento descontrolado en el que está inmerso el territorio español. Sin una concienciación colectiva y sin una erradicación inmediata del modelo de crecimiento pronto la situación será irreversible. Por tanto, es necesaria una voluntad colectiva de cambio, especialmente en dos aspectos: la redacción de los planeamientos urbanísticos (territoriales, generales o municipales), así como la disciplina urbanística.
1. Deben modificarse los criterios de planificación urbanística, partiendo de la protección de todo el suelo no urbanizable y de la obligación de demostrar la necesidad y racionalidad de modificación de esa protección por necesidades de crecimiento de los núcleos de población.
2. Los modelos territoriales del planeamiento deben tener un marco de referencia supramunicipal que dé una coherencia territorial y de funcionamiento de los servicios, del abastecimiento y de los equipamientos.
3. El crecimiento urbanístico debe limitarse al 10% de incremento en cada planeamiento. Al mismo tiempo debe impedirse la recalificación de suelo hasta que no se haya ejecutado, al menos, el 90% del suelo clasificado en el planeamiento general en vigor. Es imprescindible acabar con el urbanismo concertado a través de los convenios urbanísticos, contratos privados entre los constructores y el ayuntamiento para hacer modificaciones a los planes de ordenación urbana.
4. En los municipios litorales, tanto las comunidades autónomas como los municipios deben decretar la prohibición de construcción en la franja no ocupada de los primeros 500 metros de costa.
5. Los planeamientos territoriales y generales o municipales nunca deben responder a intereses privados de promotores, grupos de presión o de personas próximas a quienes ostentan la facultad de decisión en el proceso de tramitación y aprobación del planeamiento urbanístico o su ejecución.
6. Deben articularse los mecanismos necesarios para establecer procesos efectivos de participación ciudadana y control del urbanismo, tanto en la fase de redacción de los planes territoriales, como para los planes generales o municipales, así como en el proceso de desarrollo y ejecución de éstos.
7. Deben reducirse las posibilidades de cambios de clasificación de suelos no urbanizables a urbanos o urbanizables, así como de los cambios de uso e incremento de edificabilidad y densidad, circunscribiendo dichos cambios exclusivamente a las revisiones o adaptaciones de los planes generales o municipales. Deben prohibirse expresamente cambios a través de modificaciones puntuales de los planes urbanísticos.
8. La planificación urbanística debe priorizar el mantenimiento del paisaje, así como de la estructura y tipología de los núcleos urbanos. Asimismo debe priorizarse la concentración urbana mediante la rehabilitación de los núcleos urbanos existentes y la remodelación de los degradados, evitando ocupar nuevas superficies de suelo en el exterior de los cascos urbanos.
9. La planificación urbanística debe identificar las necesidades de los recursos básicos: energía, agua, etc. y establecer para ellos fórmulas de gestión sostenible. Los informes de la Administración en materia de agua (garantía de abastecimiento) y de energía deben ser obligatorios y vinculantes antes de la aprobación de un plan urbanístico o de realizar una modificación del mismo. Además, los planes urbanísticos deben contemplar obligatoriamente la demanda de servicios que generará (depuración de aguas residuales, recogida y reciclaje de residuos…).
10. Deben prohibirse los proyectos edificatorios de tipo residencial ligados a instalaciones insostenibles tales como los campos de golf, canales fluviales o marinos y nuevos puertos deportivos.
*Greenpeace, 12 marzo 2007
Foto (Greenpeace): Hotel construido en dominio público en el litoral malagueño
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12.3.07
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS URBANISMO
Casi 200 guardias civiles combaten desde hoy la "delincuencia urbanística" a tiempo completo
diarioDirecto* : "Un total de 194 agentes integran las Unidades de la Guardia Civil para la lucha contra la Delincuencia Urbanística que comienzan a trabajar hoy en todas las provincias españolas, según anunció el director de la Policía y del Instituto Armado, Joan Mesquida. Cualquier actividad delictiva que tenga relación con la construcción en alguno de sus tramos será objeto de investigación por parte de estas nuevas unidades, ya se trate de corrupción, atentados contra el medio ambiente o blanqueo de capitales.
De estos casi 200 guardias civiles, 25 estarán integrados en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita, la estructura especial de actuación en el ámbito de policía judicial, y el resto se repartirán por las 54 comandancias que hay en España, a razón de tres agentes por cada una de ellas. Los primeros auxiliarán a los segundos cuando éstos lo requieran y en las investigaciones de mayor trascendencia.
Además, de esta nueva plantilla, siete especialistas han sido derivados al Equipo de Inspección Central Medioambiental del SEPRONA, centrados en las infracciones al medio ambiente derivadas de la ordenación del territorio. En palabras de Mesquida, estas Unidades "suponen un refuerzo en la lucha contra este tipo de delitos que, por una parte, generan un descrédito para los representantes de los ciudadanos, causan una importante alarma social y tienen una consecuencia directa con la especulación y con el encarecimiento de la vivienda".
Todos los agentes seleccionados han recibido un curso en materia de Urbanismo, así como la formación que requiere la investigación en el trabajo de policía judicial, su especialidad a partir de ahora. Actuarán por iniciativa propia, en colaboración con otras unidades, investigando denuncias presentadas previamente o por requerimiento judicial o fiscal.
Por ello, y según destacó Mesquida hoy en la presentación de las nuevas Unidades, mantendrán una estrecha colaboración con la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente, así como con la Fiscalía Anticorrupción, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con el Ministerio de Vivienda.
Mesquida: "No son políticos, son delincuentes"
Consultado Mesquida por la colaboración que puedan presentar los Ayuntamientos a estas Unidades, el director de Policía y Guardia Civil dijo estar "convencido" de que se les prestará desde los Consistorios una "buena" cooperación porque, a pesar de los casos de corrupción conocidos, "un grano no hace granero". Además, recalcó, la corrupción no tiene "un signo político u otro", ya que sus protagonistas son simplemente "delincuentes".
Mesquida también fue interrogado por el hecho de que el jefe de la UCO, el coronel Félix Hernando, sea sometido a juicio desde hoy en la Audiencia Provincial en un caso vinculado a los fondos reservados. El director del Cuerpo rechazó hacer valoración alguna sobre un proceso judicial, pero destacó que desde que él llegó a la Guardia Civil tiene "plena satisfacción" con el trabajo de Hernando al frente de "una Unidad muy importante".
*diarioDirecto 12/03/07
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12.3.07
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Tema: NOTICIAS URBANISMO
Urbanizar, no recalificar
JuanVILLACORTA* : "Los políticos -no los técnicos, que se limitan a la parte verdaderamente profesional- hablan públicamente y diseñan el urbanismo como si urbanizar las ciudades fuera exclusivamente reclasificar espacios urbanos, calificaciones como 'urbanizable delimitado' o 'no delimitado', 'rústico' y otros tecnicismos, que convierten los propios planes de urbanismo en una bonoloto de la especulación o, cuando menos, en un galimatías de espacios y fronteras harto nebulosas.
Esos mismos políticos definen modelos de ciudad con un florido abanico de adjetivos que van desde el 'desarrollo sostenido y sostenible' al 'equilibrio urbano de áreas metropolitanas', 'barrios periféricos' y 'crecimiento cohesionado, armónico' y orientado a los cuatro puntos cardinales; ora este-oeste, ora norte sur. Cosas de este estilo entretienen a los políticos del urbanismo, que nunca olvidan la acechadora sombra alargada de promotores, constructores y especuladores sin cuento. El problema es que lo que dicen los políticos urbanistas -y más en épocas electorales- no afecta lo más mínimo a los intereses de los ciudadanos, que asisten, entre perplejos y somnolientos, a la ceremonia de la confusión urbanística.
¿Han pensado los políticos que la calle ayuda a que las poblaciones y los individuos se mezclen? ¿Han meditado que en la ciudad tradicional en muchas áreas el espacio no tiene ya significado? ¿Han cavilado que las ciudades históricas son museos cada vez menos adaptados al mundo actual? ¿Han comprendido que, pese a todo, el espacio es aún la característica esencial de la ciudad y que hemos de conservar nuestras relaciones emocionales con los lugares que hay en ella, porque en la ciudad habita toda la complejidad del ser humano?
Urbanismo es so-lucionar las dificultades en el suministro de energía o de agua potable, en la congestión del tráfico, en la mala calidad del aire, evitar la desaparición bajo el asfalto de espacios naturales y de fértiles tierras agrícolas, paliar la saturación de los sistemas de gestión de residuos. La sostenibilidad local consiste en mejorar esos problemas sin deteriorar las áreas no urbanas ni estrangular la viabilidad económica, cultural y social, es decir, instaurar al hombre como eje del urbanismo.
Urbanismo es diseñar un modelo de ciudad compacta y limitada en su expansión, más que alimentar la dispersión suburbana; es la conservación de los espacios ecológica o agrícolamente productivos existentes dentro de los límites urbanos o en su entorno inmediato; es la rehabilitación del espacio deteriorado (centros históricos y regeneración de barrios envejecidos); la pacificación de las calles y el fomento de la proximidad y la convivencia social; las facilidades para el transporte público y la bicicleta como alternativa viable a la congestión, la contaminación y el ruido; la no segregación funcional de los espacios; la lucha contra la dispersión suburbana con un medio urbano vital, diverso y activo, con abundancia de servicios y oferta cultural.
El concepto de urbanismo trasciende a la visión arquitectónica y se enraíza con el llamado 'modelo de ciudad', no es posible diseñar un plan de ordenación urbana sin tener en cuenta factores estructurales como la pobreza y su distribución; las desigualdades urbanas económicas y sociales; el crecimiento sin control del consumo entre los ciudadanos; el déficit educacional entre capas sociales, barrios, familias y personas; la minimización del tiempo libre; la ausencia de tranquilidad y seguridad y, en definitiva, la convivencia humana en el respeto a la diversidad la diversidad por diferente que sea. El urbanismo será el espacio creativo y evolutivo de la vida humana en toda su integridad o no servirá para nada. Los políticos siguen sin comprender.
*JUAN VILLACORTA/PERIODISTA Y ESCRITOR
*El Norte de Castilla, Lunes, 12 de marzo de 2007
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO
La gestora de Marbella ha enviado 12 causas al fiscal Anticorrupción
JuanaVIÚDEZ* : "Desde que comenzó su mandado, la Comisión gestora de Marbella ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción de Málaga al menos una docena de casos, entre los que hay pagos por obras que finalmente no se realizaron y facturas sospechosamente abultadas o que podrían haberse cobrado dos veces.
En este tiempo, también se han detectado ingresos realizados por promotoras en concepto de aprovechamientos que podrían rondar los 65 millones de euros, según el presidente de la gestora Diego Martín Reyes.
Ese dinero fue recibido por el Ayuntamiento en virtud de convenios urbanísticos que fueron retirados y no se han llevado a cabo, por lo que es muy probable que ese dinero sea reclamado por las empresas, ya que no los han podido ejecutar.
Según Martín Reyes, se está tratando de acomodar en el nuevo Plan General a 27.000 de las 30.000 viviendas ilegales construidas durante los mandatos del Grupo Independiente Liberal (GIL). El futuro del resto, será estudiado caso por caso, ya que la población cuenta con una gran necesidad de equipamientos públicos.
A comienzos de año, la comisión gestora rechazó las primeras demoliciones ordenadas por los tribunales, que afectan a 70 viviendas ocupadas, y envió un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que abogaba por "soluciones más mesuradas".
La semana pasada también se pidió el aplazamiento del derribo de una nave de materiales de construcción, también ilegal, "hasta que se aclaren las operaciones y acuerdos municipales que beneficiaron a la empresa propietaria".
*ELPAIS.com - Marbella - 12/03/2007
Foto: Marbella - Costasur
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12.3.07
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Tema: NOTICIAS Andalucía