Greenpeace presenta un decálogo de medidas para un urbanismo sostenible

*Greenpeace ha presentado hoy diez medidas para conseguir un urbanismo sostenible concebido para aumentar la calidad de vida de la población y el respeto al territorio donde se desarrolla. La acumulación de escándalos, investigaciones y procesos judiciales relacionados con el urbanismo ponen de manifiesto que en España el funcionamiento efectivo del control de la edificación (disciplina urbanística) es la gran asignatura pendiente.


La organización ecologista considera que la situación actual del urbanismo en España se ha venido gestando desde hace mucho tiempo, por lo que resulta incomprensible que todavía no se hayan planteado fórmulas para poner freno a la destrucción del territorio en la que nos hayamos inmersos. A pesar de que existe suficiente legislación para actuar de forma contundente contra la ilegalidad, una gran parte de las infracciones urbanísticas se acaban consolidando, en gran parte debido a la prescripción de las mismas por el transcurso del tiempo sin actuación por parte de la Administración.

Los problemas derivados del urbanismo actual se acrecientan en la franja litoral debido a los movimientos de asentamiento, temporal o definitivo, de habitantes de las zonas del interior de la península y de ciudadanos del Norte de Europa, especialmente hacia la costa mediterránea. Estos desplazamiento, que se iniciaron hacia mediados de los años 60 del pasado siglo, se han incrementado desde entonces favorecidos por la mejora de las infraestructuras de comunicación, por la entrada de España en la Unión Europea y, posteriormente, por la unificación de la moneda europea y la bajada de los tipos de interés.

“Desde Greenpeace consideramos que sólo será posible un cambio de tendencia de la situación urbanística actual mediante un pacto real entre todos los partidos políticos y, sobre todo, mediante una mayor implicación de la ciudadanía en la concienciación de los graves perjuicios que se derivan de esta situación y la actuación más efectiva de quienes pueden contribuir a la erradicación del problema” ha declarado María José Caballero, portavoz de Greenpeace.

Propuesta para una mejora del planeamiento urbanístico
Greenpeace considera que no existen fórmulas mágicas para solventar el grave problema de crecimiento descontrolado en el que está inmerso el territorio español. Sin una concienciación colectiva y sin una erradicación inmediata del modelo de crecimiento pronto la situación será irreversible. Por tanto, es necesaria una voluntad colectiva de cambio, especialmente en dos aspectos: la redacción de los planeamientos urbanísticos (territoriales, generales o municipales), así como la disciplina urbanística.

1. Deben modificarse los criterios de planificación urbanística, partiendo de la protección de todo el suelo no urbanizable y de la obligación de demostrar la necesidad y racionalidad de modificación de esa protección por necesidades de crecimiento de los núcleos de población.

2. Los modelos territoriales del planeamiento deben tener un marco de referencia supramunicipal que dé una coherencia territorial y de funcionamiento de los servicios, del abastecimiento y de los equipamientos.

3. El crecimiento urbanístico debe limitarse al 10% de incremento en cada planeamiento. Al mismo tiempo debe impedirse la recalificación de suelo hasta que no se haya ejecutado, al menos, el 90% del suelo clasificado en el planeamiento general en vigor. Es imprescindible acabar con el urbanismo concertado a través de los convenios urbanísticos, contratos privados entre los constructores y el ayuntamiento para hacer modificaciones a los planes de ordenación urbana.

4. En los municipios litorales, tanto las comunidades autónomas como los municipios deben decretar la prohibición de construcción en la franja no ocupada de los primeros 500 metros de costa.

5. Los planeamientos territoriales y generales o municipales nunca deben responder a intereses privados de promotores, grupos de presión o de personas próximas a quienes ostentan la facultad de decisión en el proceso de tramitación y aprobación del planeamiento urbanístico o su ejecución.

6. Deben articularse los mecanismos necesarios para establecer procesos efectivos de participación ciudadana y control del urbanismo, tanto en la fase de redacción de los planes territoriales, como para los planes generales o municipales, así como en el proceso de desarrollo y ejecución de éstos.

7. Deben reducirse las posibilidades de cambios de clasificación de suelos no urbanizables a urbanos o urbanizables, así como de los cambios de uso e incremento de edificabilidad y densidad, circunscribiendo dichos cambios exclusivamente a las revisiones o adaptaciones de los planes generales o municipales. Deben prohibirse expresamente cambios a través de modificaciones puntuales de los planes urbanísticos.

8. La planificación urbanística debe priorizar el mantenimiento del paisaje, así como de la estructura y tipología de los núcleos urbanos. Asimismo debe priorizarse la concentración urbana mediante la rehabilitación de los núcleos urbanos existentes y la remodelación de los degradados, evitando ocupar nuevas superficies de suelo en el exterior de los cascos urbanos.

9. La planificación urbanística debe identificar las necesidades de los recursos básicos: energía, agua, etc. y establecer para ellos fórmulas de gestión sostenible. Los informes de la Administración en materia de agua (garantía de abastecimiento) y de energía deben ser obligatorios y vinculantes antes de la aprobación de un plan urbanístico o de realizar una modificación del mismo. Además, los planes urbanísticos deben contemplar obligatoriamente la demanda de servicios que generará (depuración de aguas residuales, recogida y reciclaje de residuos…).

10. Deben prohibirse los proyectos edificatorios de tipo residencial ligados a instalaciones insostenibles tales como los campos de golf, canales fluviales o marinos y nuevos puertos deportivos.


*Greenpeace, 12 marzo 2007
Foto (Greenpeace): Hotel construido en dominio público en el litoral malagueño

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Casi 200 guardias civiles combaten desde hoy la "delincuencia urbanística" a tiempo completo

diarioDirecto* : "Un total de 194 agentes integran las Unidades de la Guardia Civil para la lucha contra la Delincuencia Urbanística que comienzan a trabajar hoy en todas las provincias españolas, según anunció el director de la Policía y del Instituto Armado, Joan Mesquida. Cualquier actividad delictiva que tenga relación con la construcción en alguno de sus tramos será objeto de investigación por parte de estas nuevas unidades, ya se trate de corrupción, atentados contra el medio ambiente o blanqueo de capitales.


De estos casi 200 guardias civiles, 25 estarán integrados en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita, la estructura especial de actuación en el ámbito de policía judicial, y el resto se repartirán por las 54 comandancias que hay en España, a razón de tres agentes por cada una de ellas. Los primeros auxiliarán a los segundos cuando éstos lo requieran y en las investigaciones de mayor trascendencia.

Además, de esta nueva plantilla, siete especialistas han sido derivados al Equipo de Inspección Central Medioambiental del SEPRONA, centrados en las infracciones al medio ambiente derivadas de la ordenación del territorio. En palabras de Mesquida, estas Unidades "suponen un refuerzo en la lucha contra este tipo de delitos que, por una parte, generan un descrédito para los representantes de los ciudadanos, causan una importante alarma social y tienen una consecuencia directa con la especulación y con el encarecimiento de la vivienda".

Todos los agentes seleccionados han recibido un curso en materia de Urbanismo, así como la formación que requiere la investigación en el trabajo de policía judicial, su especialidad a partir de ahora. Actuarán por iniciativa propia, en colaboración con otras unidades, investigando denuncias presentadas previamente o por requerimiento judicial o fiscal.

Por ello, y según destacó Mesquida hoy en la presentación de las nuevas Unidades, mantendrán una estrecha colaboración con la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente, así como con la Fiscalía Anticorrupción, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con el Ministerio de Vivienda.

Mesquida: "No son políticos, son delincuentes"

Consultado Mesquida por la colaboración que puedan presentar los Ayuntamientos a estas Unidades, el director de Policía y Guardia Civil dijo estar "convencido" de que se les prestará desde los Consistorios una "buena" cooperación porque, a pesar de los casos de corrupción conocidos, "un grano no hace granero". Además, recalcó, la corrupción no tiene "un signo político u otro", ya que sus protagonistas son simplemente "delincuentes".

Mesquida también fue interrogado por el hecho de que el jefe de la UCO, el coronel Félix Hernando, sea sometido a juicio desde hoy en la Audiencia Provincial en un caso vinculado a los fondos reservados. El director del Cuerpo rechazó hacer valoración alguna sobre un proceso judicial, pero destacó que desde que él llegó a la Guardia Civil tiene "plena satisfacción" con el trabajo de Hernando al frente de "una Unidad muy importante".


*diarioDirecto 12/03/07

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Urbanizar, no recalificar

JuanVILLACORTA* : "Los políticos -no los técnicos, que se limitan a la parte verdaderamente profesional- hablan públicamente y diseñan el urbanismo como si urbanizar las ciudades fuera exclusivamente reclasificar espacios urbanos, calificaciones como 'urbanizable delimitado' o 'no delimitado', 'rústico' y otros tecnicismos, que convierten los propios planes de urbanismo en una bonoloto de la especulación o, cuando menos, en un galimatías de espacios y fronteras harto nebulosas.


Esos mismos políticos definen modelos de ciudad con un florido abanico de adjetivos que van desde el 'desarrollo sostenido y sostenible' al 'equilibrio urbano de áreas metropolitanas', 'barrios periféricos' y 'crecimiento cohesionado, armónico' y orientado a los cuatro puntos cardinales; ora este-oeste, ora norte sur. Cosas de este estilo entretienen a los políticos del urbanismo, que nunca olvidan la acechadora sombra alargada de promotores, constructores y especuladores sin cuento. El problema es que lo que dicen los políticos urbanistas -y más en épocas electorales- no afecta lo más mínimo a los intereses de los ciudadanos, que asisten, entre perplejos y somnolientos, a la ceremonia de la confusión urbanística.

¿Han pensado los políticos que la calle ayuda a que las poblaciones y los individuos se mezclen? ¿Han meditado que en la ciudad tradicional en muchas áreas el espacio no tiene ya significado? ¿Han cavilado que las ciudades históricas son museos cada vez menos adaptados al mundo actual? ¿Han comprendido que, pese a todo, el espacio es aún la característica esencial de la ciudad y que hemos de conservar nuestras relaciones emocionales con los lugares que hay en ella, porque en la ciudad habita toda la complejidad del ser humano?

Urbanismo es so-lucionar las dificultades en el suministro de energía o de agua potable, en la congestión del tráfico, en la mala calidad del aire, evitar la desaparición bajo el asfalto de espacios naturales y de fértiles tierras agrícolas, paliar la saturación de los sistemas de gestión de residuos. La sostenibilidad local consiste en mejorar esos problemas sin deteriorar las áreas no urbanas ni estrangular la viabilidad económica, cultural y social, es decir, instaurar al hombre como eje del urbanismo.

Urbanismo es diseñar un modelo de ciudad compacta y limitada en su expansión, más que alimentar la dispersión suburbana; es la conservación de los espacios ecológica o agrícolamente productivos existentes dentro de los límites urbanos o en su entorno inmediato; es la rehabilitación del espacio deteriorado (centros históricos y regeneración de barrios envejecidos); la pacificación de las calles y el fomento de la proximidad y la convivencia social; las facilidades para el transporte público y la bicicleta como alternativa viable a la congestión, la contaminación y el ruido; la no segregación funcional de los espacios; la lucha contra la dispersión suburbana con un medio urbano vital, diverso y activo, con abundancia de servicios y oferta cultural.

El concepto de urbanismo trasciende a la visión arquitectónica y se enraíza con el llamado 'modelo de ciudad', no es posible diseñar un plan de ordenación urbana sin tener en cuenta factores estructurales como la pobreza y su distribución; las desigualdades urbanas económicas y sociales; el crecimiento sin control del consumo entre los ciudadanos; el déficit educacional entre capas sociales, barrios, familias y personas; la minimización del tiempo libre; la ausencia de tranquilidad y seguridad y, en definitiva, la convivencia humana en el respeto a la diversidad la diversidad por diferente que sea. El urbanismo será el espacio creativo y evolutivo de la vida humana en toda su integridad o no servirá para nada. Los políticos siguen sin comprender.


*JUAN VILLACORTA/PERIODISTA Y ESCRITOR

*El Norte de Castilla, Lunes, 12 de marzo de 2007

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La gestora de Marbella ha enviado 12 causas al fiscal Anticorrupción

JuanaVIÚDEZ* : "Desde que comenzó su mandado, la Comisión gestora de Marbella ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción de Málaga al menos una docena de casos, entre los que hay pagos por obras que finalmente no se realizaron y facturas sospechosamente abultadas o que podrían haberse cobrado dos veces.


En este tiempo, también se han detectado ingresos realizados por promotoras en concepto de aprovechamientos que podrían rondar los 65 millones de euros, según el presidente de la gestora Diego Martín Reyes.
Ese dinero fue recibido por el Ayuntamiento en virtud de convenios urbanísticos que fueron retirados y no se han llevado a cabo, por lo que es muy probable que ese dinero sea reclamado por las empresas, ya que no los han podido ejecutar.


Según Martín Reyes, se está tratando de acomodar en el nuevo Plan General a 27.000 de las 30.000 viviendas ilegales construidas durante los mandatos del Grupo Independiente Liberal (GIL). El futuro del resto, será estudiado caso por caso, ya que la población cuenta con una gran necesidad de equipamientos públicos.

A comienzos de año, la comisión gestora rechazó las primeras demoliciones ordenadas por los tribunales, que afectan a 70 viviendas ocupadas, y envió un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que abogaba por "soluciones más mesuradas".

La semana pasada también se pidió el aplazamiento del derribo de una nave de materiales de construcción, también ilegal, "hasta que se aclaren las operaciones y acuerdos municipales que beneficiaron a la empresa propietaria".

*ELPAIS.com - Marbella - 12/03/2007
Foto: Marbella - Costasur

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Castilla y León: Concentración contra la especulación urbanística

E.A.*: "El próximo miercoles 14 de marzo, Ecologistas en Acción de Castilla y León, ha convocado una concentración frente a las Cortes de Castilla y León, en Fuensaldaña (Valladolid), con el lema "Contra la corrupción y la especulación urbanísticas" en protesta por la aprobación del Proyecto de Ley de la Ciudad del Medio Ambiente en Soria.


CONCENTRACIÓN FRENTE A LA CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

¡ESPECULACIÓN POR LEY, NO!

CONTRA LA APROBACIÓN POR LEY DE LA CIUDAD DEL MEDIO AMBIENTE Y OTROS PROYECTOS INMOBILIARIOS

MIERCOLES 14 DE MARZO, 11:00 HORAS
CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
(CASTILLO DE FUENSALDAÑA)



Tras la reciente modificación de la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León, publicada en el BOCyL del pasado 18 de diciembre, que permite la aprobación por Ley de proyectos inmobiliarios “de excepcional relevancia para el desarrollo social o económico de Castilla y León” en toda la Comunidad, la Junta de Castilla y León y el Grupo Popular en las Cortes sacan a la palestra la primera de las urbanizaciones a “blindar”: la Ciudad del Medio Ambiente de Soria.

Este ha sido el primero de los proyectos, pero detras pueden venir más, La Covatilla, San Glorio, La cidad del golf en las Navas del maruqes..., ya que esta modificación deja las puertas totalmente abiertas a la aprobación por Ley de la especulación.

Tu asistencia es muy importante para parar esta barbaridad.

Desde Salamanca va a salir gente, si quieres unirte al grupo ponte en contacto con nosotras a través de este correo.

¡¡¡Te esperamos!!!

*Ecologistas en Acción, Castilla y León 14/02/2007

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¿Cultura medioambiental?

JOSÉ ALBELDA* : "Cada vez se habla más de desarrollo sostenible, gestión y educación medioambiental, energías renovables. Aspectos todos ellos que serían partícipes de lo que podríamos llamar una nueva cultura medioambiental, tan urgente como difícil de llevarla a cabo. Pero, como siempre, lo urgente que no interesa se oculta lo más posible, como ha ocurrido y sigue ocurriendo con la crisis ecológica mundial. Cuando ya resulta imposible ignorarla, entonces se intenta minimizar su envergadura. Se trivializa el desastre medioambiental con vacíos gestos institucionales y maquillaje verde de poderosas empresas y grandes bancos; y, por supuesto, se potencia el voluntarismo ciudadano, a la vez que los verdaderos artífices del problema evitan asumir sus responsabilidades.


Pongamos un ejemplo cercano en el tiempo: la presentación en París del resumen previo del 4º Informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático generó la previsible respuesta de los políticos, con ambiciosas propuestas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Mientras tanto, el señor Al Gore era recibido con honores de Estado allá por donde recalara con su oportuna película Una verdad incómoda.

Recordemos también que, al hilo de dicha presentación, un conjunto de organizaciones ecologistas lanzó una interesante iniciativa: cinco minutos de apagón global para reivindicar medidas efectivas contra el derroche energético. Apagón seguido solamente por el 3% de la población española; pero eso sí, las principales empresas e instituciones se apresuraron en apagar sedes y monumentos. En Valencia incluso el buque insignia de nuestra ciudad, el Palau de les Arts, vivió la oscuridad nocturna durante esos breves instantes. Tras unos cuantos días de presencia mediática -sobre todo en el medio educativo por excelencia, la televisión- mostrándonos datos científicos sobre futuros escenarios ambientales verdaderamente espeluznantes, todo volvió a la normalidad. Los medios de comunicación siguieron con sus temas cotidianos, persistentes, mientras iba perdiendo interés el 4º informe del IPCC y su oportuno acompañamiento político de firmes compromisos, que luego se difuminan con la misma rapidez con la que fueron proclamados.

Retorno, pues, a la rutina del engaño y el autoengaño, fácilmente asumidos por las sociedades opulentas que en el fondo se resisten a cambios profundos en su forma de vida, fieles al supuesto bienestar de consumo en el que se han asentado.

Pero esta actitud tiene su lógica. Como sociedad, actuamos según los patrones de comportamiento que la educación, el entorno y los modelos de éxito nos ofrecen. Por lo tanto, resulta verdaderamente difícil la transición de un modelo dedicado a estimular la producción y el consumo, a otro basado en el comedimiento en el uso de materiales y energía, característico de una economía que tienda a la sustentabilidad.

No pensemos, pues, que una nueva cultura medioambiental puede desarrollarse tan sólo a través de la encomiable labor de grupos ecologistas, certificaciones medioambientales de empresas, iniciativas municipales sobre el reciclaje de residuos, o estudios universitarios especializados en el tema que nos ocupa. Ni, por supuesto, gracias a las múltiples conferencias, jornadas y congresos sobre sostenibilidad subvencionados, en muchos casos, por instituciones o empresas que habitualmente tienen una actitud devastadora con el medio ambiente. Todo esto no basta. El cambio que se precisa implica priorizar el conocimiento y las respuestas eficaces ante la crisis ecológica en todos los ámbitos de nuestra realidad social. Y por supuesto en la educación. ¿Cuándo comprenderán los responsables de nuestro sistema educativo que para adaptarse a los tiempos que corren lo más urgente es potenciar la cultura medioambiental? Más necesaria, por cierto, que el incuestionable universo digital, con sus omnipresentes ordenadores como inequívoco signo de progreso.

¿Y las instituciones políticas? Por estos pagos, el conseller de Territori i Habitatge -que, como indica el nombre de su consellería, sigue dedicándose a potenciar la construcción de viviendas en el territorio- no cesa de ofrecernos sus espectaculares gestos mediáticos, en lugar de propuestas más comprometidas -y probablemente más impopulares-ante el desastre ecológico. Fotos junto a tortuguitas marinas, cuya madre se arriesgó sobremanera al desovar en la costa valenciana; promesas de biocombustibles a partir de los excedentes de cítricos; ecosistemas de ribera que se protegen con todos los fastos necesarios, a la vez que se siguen permitiendo PAIs que destruyen cientos de veces más territorio que el que se ha decidido preservar de nosotros mismos? Todo ello fiel reflejo del lavado verde de nuestros gobiernos autonómico y municipal. Es evidente que los que mandan en la Comunitat Valenciana desde hace doce años se oponen con firmeza a la apuesta por una verdadera cultura medioambiental; a la vez que repiten sin descanso la cantinela de la sostenibilidad, sin conocer en absoluto el hondo calado de dicho término.

Según vamos viendo, no parece fácil un cambio sustancial en las destructivas inercias que mueven el mundo a todos los niveles: neoliberalismo, poderosas empresas transnacionales, gobiernos débiles o corruptos, sociedades sumisas, individuos desinformados. Sin embargo, sólo un cambio estructural y sistémico, no epidérmico o simbólico, podría disminuir los efectos de la crisis de nuestra civilización, que no ha hecho más que comenzar. Y no se trata de catastrofismo, sino de realismo fundamentado en incuestionables datos científicos.

Ante el escenario que se nos presenta, no nos deben mover las expectativas de grandes éxitos, sino la necesaria denuncia de la desinformación y el cinismo que nos rodea. Frente a la obediencia acrítica y la ceguera impuesta, sólo nos queda la firme defensa de una nueva cultura medioambiental, prácticamente inexistente ahora.

Se trata de una cuestión de dignidad y de responsabilidad moral. No hacer como si no pasara nada ante la demolición de un mundo que aceptaba nuestra existencia.

*Profesor Universidad Politécnica de Valencia.

www.terracritica.org

*Levante, Domingo, 11 de marzo de 2007

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Decenas de personas se manifiestan en Granada contra la «violencia urbanística»

R.I.* : "Unas quinientas personas, según la Policía Nacional, se manifestaron ayer en Granada contra la «violencia urbanística», convocados por la plataforma 'Hart@s de la dictadura del cemento'. Presidida por una pancarta con el lema «Paremos la violencia urbanística», la manifestación partió de la Plaza del Carmen y continuó por la Gran Vía, donde los participantes secundaron una breve sentada, en dirección a la Delegación municipal de Urbanismo.

En un comunicado, la plataforma cívica responsabiliza al Ayuntamiento, la Junta y otras administraciones de crear un espacio metropolitano caracterizado por el «crecimiento de los complejos residenciales, la multiplicación de grandes infraestructuras, la destrucción de espacios verdes y la especulación inmobiliaria».

«Impersonal y agresivo»

Sostienen que el centro de Granada se está convirtiendo en un «parque temático impersonal y agresivo» y que este modelo de «urbanismo descontrolado y destructor» se está extendiendo a todos los barrios.

Los manifestantes califican de «desolador» el panorama metropolitano, y citan la «destrucción» de la Vega, la proliferación de grandes complejos comerciales, el deterioro de entornos naturales de municipios como Gójar y Dílar y la agresividad de proyectos como el del teleférico de Monachil, entre otros. En su recorrido por el centro, además de la sentada y los lemas contra el urbanismo, fueron 'empapelando' distintas paredes, de bancos a organismos oficiales, con lemas en contra de la especulación y la destrucción de los espacios verdes.

Los manifestantes mantuvieron el recorrido acordado inicialmente, pese a que el Ayuntamiento les instó días atrás a que lo modificaran, a lo que se negó finalmente la organización. La Policía Nacional fue cortando el tráfico a su paso.

*Ideal.es, Domingo, 11 de marzo de 2007
Foto: PROTESTA. Los manifestantes, durante la sentada dirigida a la sede municipal de Urbanismo. / EFE

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Nueva okupación en Madrid: CSO Milano

*El 8 de marzo, un grupo de activistas anticapitalistas anunciamos la okupación del antiguo Salón de bodas Milano, situado en la calle Huerta de Casteñeda (junto al metro Alto de Extremadura). Un lugar que llevaba años abandonado y que pretendemos convertir en un espacio político y social al servicio de los vecinos tanto del barrio como del resto de Madrid. Anunciamos esta okupación el 8 de marzo, en homenaje a los que luchan contra la especulación inmobiliaria que día a día devora Madrid, y cómo no, en homenaje a las mujeres feministas, trabajadoras y revolucionarias.

¿Qué entendemos por okupación?

Vivimos en un sistema que ha privatizado el suelo que pisamos convirtiéndolo en una mercancía más, y ha implantado un modelo desarrollista salvaje que se manifiesta en la masiva proliferación de urbanizaciones, campos de golf, autopistas, puertos deportivos... y una serie de infraestructuras, en su inmensa mayoría innecesarias, generando graves problemas ambientales y sociales. Los gobiernos de turno implementan estas políticas en beneficio de los intereses empresariales, provocando, entre otras cosas, que las desigualdades entre la clase político-empresarial y la clase trabajadora sean cada vez mayores.

En el desarrollo y consolidación de esta política, el sistema necesita paralelamente apagar toda expresión de resistencia popular. Mientras cientos de edificios se encuentran en una situación de abandono esperando su recalificación (y por lo tanto el aumento de su valor especulativo), los locales públicos donde poder reunirse, organizarse y tomar parte en las cuestiones que afectan a nuestras vidas, están mayormente controlados por la burocracia del orden institucional en sus distintos entes, estatal, autonómico y local.

Por eso okupamos. Porque creemos necesario denunciar y luchar contra la especulación urbanística con hechos además de con palabras. Porque necesitamos espacios donde aglutinar e impulsar las protestas existentes, crear puntos de encuentro para la transformación revolucionaria de la sociedad. Porque a pesar de que en los medios privados y públicos de desinformación dicen que este sistema es democrático, creemos que es hora de conquistar la democracia real con la participación popular en la política anticapitalista, activando la lucha en los barrios y construyendo así la verdadera democracia directa.

Porque creemos que okupar es recuperar lo que nos pertenece, lo que pertenece a la mayoría de la población, la que trabaja por un miserable salario construyendo los edificios donde vivimos y amasando el pan que comemos, y que sin embargo luego no es dueña de lo que produce (más bien cada día nos cobran más por todo). A penas somos dueños de nuestros propios cuerpos, que nos obligan a poner a disposición de empresarios y banqueros que se llenan los bolsillos a nuestra costa. Okupar es, sencillamente, recuperar lo que nos han quitado.

Okupamos porque queremos atacar el pilar principal del sistema capitalista: la propiedad privada (que por encima de los cuentos de hadas es la excusa para enriquecer más a quienes más tienen y ahogar a quienes menos tienen).

¿Que luchas queremos impulsar?

En la sociedad hay multitud de conflictos abiertos, así como colectivos que luchan por una sociedad mejor. Queremos servir de soporte a campañas unitarias anticapitalistas en la medida de nuestras posibilidades, poniendo el eje en las siguientes áreas:

Anticapitalismo y oposición al estado burgués: Entendemos que el capitalismo es un sistema basado en el acrecentamiento constante de riquezas sin tener en cuenta las necesidades humanas, es decir, pone nuestras vidas y los recursos naturales al servicio de las empresas y no de las personas. El estado no es otra cosa que un conjunto de leyes e instituciones que pretenden garantizar la perpetuación de este modelo, ya sea con instrumentos ideológicos (control de la educación, la cultura, los medios de comunicación...) o represivos (leyes, despidos, policía, jueces, cárceles, ausencia de derechos, etc.). Abrimos las puertas a todxs aquellxs que, lejos de cualquier dogmatismo, día a día intentan hacer frente a este orden social, ya sean marxistas, autónomxs, libertarixs, antiglobalización, etc.

Movimiento de los trabajadorxs: Entendemos que la riqueza se crea única y exclusivamente desde los centros de trabajo, con el esfuerzo tanto de nativos como de inmigrantes (entendiendo que ambos constituyen una única clase trabajadora), y por tanto debemos ser conscientes de que tomando bajo nuestro control democrático estos centros de creación de riqueza podemos poner en jaque el sistema, cuestionando la relación injusta existente entre los empresarios capitalistas y trabajadorxs. Deseamos aportar un granito de arena a debatir y organizarnos junto al resto de trabajadorxs para emprender este camino, que históricamente ha sido y nos sigue pareciendo vital.

Antipatriarcado: El sistema capitalista y el patriarcal van de la mano. El primero diseña los puestos de trabajo, y el segundo los distribuye basándose en la concepción de género impuesta: normalmente las mujeres desarrollan sobre todo trabajos de cuidados y los hombres de gestión (tanto dentro como fuera de casa). Esta lógica se mantiene a través de la presión mediática, la violencia física o psicológica (esta última la más peligrosa), que coloca a la mujer en una situación de desigualdad y explotación, con menos derechos, menos autonomía y menos reconocimiento social. Damos la bienvenida a colectivos que proponen herramientas de lucha feminista, la autoorganización de las mujeres y la autodefensa física y mental.

Antimonarquía: Vivimos en un régimen cuyo jefe de estado, el rey Juan Carlos I, fue educado en las fuerzas armadas franquistas y nombrado directamente por Franco en 1969 como su sucesor. La monarquía es una institución medieval y totalmente antidemocrática, que pretende simbolizar la armonía de un sistema heredero de la dictadura y remendado en la llamada Transición (que fue un pacto entre la oligarquía y las fuerzas que se llamaban de la izquierda para dar continuidad al capitalismo e impedir un proceso de lucha revolucionaria). Queremos, por tanto, dar apoyo a movimientos que denuncian esta imposición, ya sean antifascistas, republicanos anticapitalistas, de recuperación de la memoria histórica, etc…

Antiimperialismo: No podemos quedarnos impasibles cuando las grandes potencias, entre ellas España, controlan -por la vía de la fuerza y la imposición- las economías de los países empobrecidos y saqueados. Creemos que la OTAN (incluídas sus bases destacadas en territorio español) es un instrumento militar que garantiza el dominio del Norte sobre el Sur por la vía de la violencia extrema. Queremos apoyar a los movimientos que denuncian el papel imperialista del estado español y se solidarizan con los pueblos en lucha por su independencia y su autodeterminación.

Ecologismo: El capitalismo no es sostenible a nivel ambiental. Cientos de especies animales y vegetales se encuentran en peligro de extinción por la sobreexplotación abusiva, innecesaria e irracional de los recursos naturales. El capital no entiende de sostenibilidad sino de productividad, de sacar el maximo rendimiento al mínimo coste. Es nuestro deber impulsar iniciativas que acaben con esta dinámica depredadora y empezar a denunciar el terrorismo ecológico de las empresas, entidades e instituciones que contaminan los ríos, queman los bosques, dejan el suelo estéril para siempre y torturan animales, a la vez que fomentan un modo de vida insostenible con el ecosistema.

¿Cuáles son nuestras herramientas de trabajo?

Acción directa: No podemos seguir esperando lo imposible, que las instituciones resuelvan un problema que ellas mismas generan y defienden, por lo tanto hemos decidido actuar directamente sin su mediación y control. Nos organizamos y demostramos que es posible tomar las riendas de nuestras vidas directa y colectivamente.

Asamblearismo: Somos asamblearixs porque las decisiones políticas las tomamos horizontalmente entre todxs y no hay más efectivo y democrático órgano de decisión colectiva que la asamblea.

Apoyo mutuo: Queremos recuperar la cultura de la solidaridad y el compañerismo, como forma de hacer frente al individualismo salvaje que opera en esta sociedad y porque creemos que debemos apoyarnos unxs a otrxs en el largo camino de construir un movimiento anticapitalista amplio y plural.

Coordinación política: Para salir del aislamiento al que el poder capitalista pretende someter a las luchas locales, creemos que es fundamental unir fuerzas a través de la creación de espacios de confluencia con otros colectivos u organizaciones en pos de sacar adelante campañas de lucha tanto defensivas (de resistencia) como ofensivas (de avance). Deseamos, en definitiva, participar e impulsar activamente espacios de coordinación anticapitalistas.

Difusión de nuestro trabajo e ideas: A través de charlas, fancines, webs, videofórums, carteles, murales, teatro, videos, música, etc... pretendemos dar a conocer aquello que a los medios oficiales intenta tapar (injusticias y resistencias), para mantener el orden asesino y explotador.

Debate, reflexión y autoformación: Nos mantenemos alerta contra el dogmatismo. Revisar nuestros conceptos, conocer y aprender de otrxs compañerxs y de otras luchas ya sean actuales o pasadas, así como de lxs muchxs teóricxs y prácticxs revolucionarixs que han existido, es también una forma de acción anticapitalista. Conocer nuestra historia para no estar condenados a repetir los mismos errores, adquirir habilidades técnicas para mejorar nuestra actividad cada día, mantenernos siempre en movimiento...

* El Colectivo 8 de marzo (antes Quilombo) se define como un espacio de encuentro entre activistas anticapitalistas (mujeres y hombres) de varios colectivos y organizaciones, que pretenden contribuir a la activación de la resistencia social en los barrios de Madrid.

Kaosenlared.net
Rebelión.org, 11-03-2007
Foto: Primeras okupaciones.en.madrid 13.Abril.1987 Ronda.de.atocha.(PACISA).1.de.Mayo.1987.Argumosa www.rebeldemule.org.avi

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El urbanismo arrasa parques naturales

Ambientum*: "Parques naturales y regiones protegidas de toda España están viéndose atacados por los planes de urbanismo que amenazan con irrumpir en estos parajes y llenarlos de hoteles, viviendas y campos de golf. Organizaciones ecologistas denuncian el fuerte impacto de estos proyectos de urbanismo, mientras que las Administraciones y empresas constructoras aseguran que de esta manera se acaba con la despoblación de muchas zonas rurales del país.


Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, Castilla La Mancha, Castilla León, Madrid, Beleares, Canarias, Cantabria, Andalucía… todas ellas tienen parques naturales amenazados por planes de urbanismo feroces que ponen en peligro la flora y la fauna de estos parajes, o aumentan la población de zonas rurales con turismo de alto nivel. Según denunció el diario El País, al menos diez de esos parques naturales están en peligro debido a la especulación urbanística.

Una de las comunidades más afectadas por el urbanismo es la valenciana. La provincia de Alicante, bastante conflictiva en cuanto a especulación, está viendo peligrar su zona de humedales en los parques del Hondo d’Elx y las lagunas de La Mata y Torrevieja, alrededor de cuyo perímetro proliferan las urbanizaciones, y está prevista la construcción de 10.000 nuevas viviendas. También en los alrededores del parque del Hondo, se proyecta la macro urbanización Dolores Golf, que cuenta con el visto bueno del ayuntamiento del PP de la localidad desde 2005.

Algo similar ocurre en Murcia, donde el Gobierno regional, del PP permitió, con una modificación a la ley socialista, la desprotección de 15.000 hectáreas anteriormente declaradas zona verde, para construir el complejo Marina de COPE, una nueva ciudad de vacaciones. También en Andalucía, especialmente en Almería, en los términos del Parque natural del Cabo de Gata se ha convertido en un símbolo de la especulación urbanística por las construcciones de hoteles a punto de ser expropiados.

Las islas también están en el punto de mira: en Baleares, el presidente popular Jaume Matas consideró ‘confiscaciones’ el Parque natural de Cala d’Hort en Ibiza y el de Llevant Mallorca. En La Gomera (Canarias) grupos ecologistas han denunciado la construcción de apartahoteles en el Parque natural de Majona, así como la extracción de materiales en una montaña del parque rural Valle Gran Rey.

Pero también en las zonas del interior crece la especulación sobre espacios protegidos. En Castilla La Mancha, la antigua pedanía de Los Heros en el Parque natural Barranco del río Dulce está a punto de alojar un complejo hotelero con servicios de spa y hostelería. También en Madrid, el encinar del Parque regional de la Cuenca alta del Manzanares, que formará parte de futuro Parque Nacional de Guadarrama, tiene previsto albergar 400 viviendas y un campo de golf impulsado por el Gobierno de Esperanza Aguirre.

Castilla León y Cantabria completan la lista de autonomías cuyas reservas naturales están amenazadas por la especulación urbanística. El parque palentino de Fuentes Carrionas albergará próximamente una estación de esquí a pesar de que, como denuncian los grupos ecologistas, la zona está habitada por osos pardos, una especie en peligro de extinción. En Cantabria, los ecologistas han ganado la batalla, y 400 chalets construidos en las inmediaciones del Alto del Cuco de Piélagos tendrán que ser derribadas.

Fuente: elplural.com

*Ambientum, 6 de marzo de 2007
Foto EA: Marina de Cope (Águilas-Lorca). El Gobierno Murciano del Sr. Valcárcel ha desprotegido 15.000 has. de espacios protegidos para que puedan ser urbanizados.

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El Ayuntamiento de BCN expropiará pisos vacíos y con inquilinos para hacer VPO

J.SALIDO COBO* : "En pleno debate sobre el futuro proyecto de ley del derecho a la vivienda de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona llevará a cabo, antes de su aprobación, uno de sus puntos más polémicos: la expropiación de los pisos vacíos e incluso algunos con inquilinos. En total, el Consistorio embargará tres solares y siete edificios en el barrio Ciutat Vella para dedicarlos a la construcción de viviendas sociales.


La Comisión de Gobierno barcelonés dio luz verde a la modificación del Plan General Metropolitano (PGM) para impulsar más de 350 pisos públicos en Ciutat Vella. Este proyecto urbanístico prevé el levantamiento de las casas en fincas de propiedad municipal, fincas traspasadas a cooperativas u otros promotores públicos y fincas privadas que han sido necesario expropiar. Punto este último donde hay un resquicio a la polémica.

"Se ha cambiado la calificación de estas superficies y bloques de tal modo que el Ayuntamiento puede ampararse en la ley", indican fuentes oficiales desde donde también se apunta que aún hay algunos inquilinos viviendo en estos pisos. "Se les realojará en viviendas de mejores condiciones y siempre respetándoles sus contratos de alquiler". Cabe hasta la posibilidad de que en un futuro a largo plaza regresen a las nuevas construcciones que ocuparán, aún no se sabe cuándo, sus actuales hogares.

Desde el distrito afectado por el embargo de las fincas y edificios se afirma que el Consistorio se escuda para efectuar la acción en una "normativa que está en vigor desde hace años y por la que tiene derecho a ejecutar la expropiación". En concreto, se ha tratado de tres solares que están abandonados desde hace años y siete construcciones degradadas. Cuatro de ellas con serios problemas de conservación. Además, de los siete bloques abandonados dos están catalogados como 'Bien cultural de interés local', por lo que deberán conservar la fachada original tras su rehabilitación.
[foto de la noticia]
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Sus propietarios no han dado señales de vida en más dos años, justo desde que se les aconsejó adecuar las superficies requisadas. "Estos espacios crean situaciones de inseguridad y actividades marginales", se afirma desde el Ayuntamiento. Su portavoz, Juan Ignacio Cuervo advierte que esta situación jurídica, sin precedentes, tiene que "servir de ejemplo a otros distritos".

Desde CiU, su portavoz municipal en materia de vivienda, Eduardo García, cree que esta acción no es nada más que otro "acto para colgarse medallas" de cara a las próximas elecciones locales. "Además, lo han hecho muy bien porque los propietarios del edificio que se encuentra en el número 1 de la calle Caputxins, uno las construcciones emblemáticas afectadas y que está situado junto a la Iglesia Santa María del Mar, llevan solicitando permiso para su rehabilitación desde 2005 y el Consistorio no se lo ha concedido", declara García, que no entiende muy bien que se vayan a levantar pisos públicos en esa zona de la ciudad.

Eduardo García, de CiU, califica la acción como un simple acto para 'ponerse medallas'

En fin último de esta actuación no es otro que levantar 74 hogares protegidos en las mencionadas ubicaciones que los dueños tenían abandonadas en su inmensa mayoría. Según Cuervo, "se trata de herencias intestadas, de propietarios que viven fuera de Cataluña que no son conscientes de su posesión". Esto es sólo una parte de las intervenciones que se van a realizar en Ciutat Vella hasta la obtención de 350 pisos sociales. Una decisión que llega en pleno debate de la nueva ley de la vivienda y que prevé la expropiación de los pisos que lleven vacíos dos años.


*elmundo.es, viernes 09/03/2007
Foto: Vanessa Graell


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Dimite el alcalde de Alhendín imputado por corrupción urbanística

EFE* : " El alcalde de Alhendín (Granada), José Guerrero (PP), ha presentado su dimisión tras haber sido imputado por el juez que investiga la presunta trama de corrupción urbanística en el municipio, y que llevó a la detención y posterior puesta en libertad bajo fianza del ex edil de Urbanismo.

Según confirmaron fuentes del PP, el hasta ahora alcalde comunicó anoche a la dirección del partido su decisión de dimitir de todos sus cargos, que argumentó en su pretensión de "defenderse" y de "no hacer daño" a la formación, que ya había ratificado la pretensión del alcalde de presentarse a la reelección a la alcaldía.

En su comunicación con el partido, agregaron las fuentes, Guerrero, que no citó su imputación en el caso (pudiera ser porque aún no tuviera conocimiento), manifestó a la dirección que tanto él como su familia se sentía "presionada" y que ese motivo también pesaba en su decisión.

El ex alcalde ha sido citado a declarar como imputado el próximo día 23 por el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Santa Fe (Granada), que le atribuye al menos la presunta autoría de los delitos de prevaricación y cohecho, dijeron fuentes del caso.

La alcaldía la asumirá temporalmente el presidente local del partido, Francisco Rodríguez, hasta que se designe a un nuevo candidato a las próximas elecciones municipales, según el PP, que aún no ha tomado una decisión al respecto.

Guerrero había asumido el jueves pasado las áreas de Urbanismo y Economía, que quedaron vacantes al dimitir Manuel Fernández tras ser puesto, dos días antes, en libertad bajo fianza de 18.000 euros por estar acusado de los delitos de cohecho, prevaricación, prevaricación urbanística, fraude y exacciones ilegales, y alteración de los precios en concurso público.

Después de que el ex concejal de Urbanismo comunicara al partido su decisión de dimitir, el presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, informó en rueda de prensa de que mantendrían a Guerrero como candidato a la reelección, al no existir -hasta entonces- "ninguna imputación contra él".

Regalos inmobiliarios y comisiones

Según informa la prensa local tras haberse levantado el secreto de sumario, el juez sospecha que el ex concejal de Urbanismo recibió presuntamente un piso en la urbanización Vista Nevada de Armilla, propiedad de la empresa Frai, a cambio de favorecer la aprobación de un proyecto urbanístico para la construcción de más de mil viviendas pese a que incumplía aspectos urbanísticos.

Además del piso, que la empresa mantiene que fue arrendado, el ex edil recibió supuestamente una comisión del 1,5% por mediar para que el Ayuntamiento expropiara una parcela y la sociedad Parque Empresarial de Alhendín pudiera obtener la aprobación municipal para la reparcelación del polígono industrial Marchalendín.

La investigación judicial, en el marco de la cual se intervinieron escuchas telefónicas al ex concejal, se inició en mayo de 2006 a raíz de una denuncia anónima, si bien el PSOE también denunció ante la Fiscalía varias actuaciones presuntamente irregulares.

Entre otras, el PSOE acusaba al Ayuntamiento del PP de haber hecho que las arcas municipales perdieran 16 millones de euros al "malvender" por nueve los terrenos del polígono industrial de Marchalhendín, valorados por los técnicos en 24,25 millones, además de "obviar" la titularidad pública de los caminos que los atraviesan, valorados en 750.000 euros, para "dárselos de regalo al promotor de la obra".

*El Mundo, sábado 10/03/2007
Foto: Alhendín, idealdigital

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La fiscalía del TSJA analiza los planes urbanísticos de Llanes y Castropol

MaríaALONSO* : "La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha abierto diligencias de investigación por supuestas irregularidades en los planes de urbanización de los municipios de Castropol y Llanes. La Asociación de Colectivos de Asturias (ACA) había denunciado ante los tribunales los planes urbanísticos de Llanes, Castropol y Ribadedeva. Por el momento, la fiscalía ha notificado a la asociación la apertura de diligencias para los casos de Llanes y Castropol.


Domingo Goñi Tirapu, presidente de la asociación, asegura que los tres municipios denunciados están desarrollando proyectos en la línea protegida de los 500 metros.
En el caso de Castropol, la asociación ha denunciado ante los tribunales un supuesto delito de prevaricación en la aprobación del Plan General de Ordenación del municipio, así como un posible delito de falsedad documental.
En Llanes la entidad ha denunciado las irregularidades que, a su juicio, se están produciendo en todo el urbanismo que se está realizando en el concejo. La denuncia pone como ejemplo especial lo que está sucediendo en las obras de urbanización del plan parcial de La Talá.

Domingo Goñi Tirapu señaló ayer que en el caso de Ribadedeva la mayor parte de las nuevas construcciones que se están proyectando se construyen en la línea protegida de los 500 metros. El presidente de la asociación aseguró que los distintos planes urbanísticos se están «saltando» la actual legislación y se están desarrollando en zonas de especial protección.

La Nueva España, Sábado, 10 de marzo de 2007
Foto: Urbanización La Llavandera en Llanes /E.C. - elcomerciodigital.com

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Chiclana inicia el plan para regularizar 10.000 viviendas ilegales en cuatro años

PedroESPINOSA* : "Chiclana (Cádiz, 72.364 habitantes) podrá resolver sus problemas de viviendas ilegales en cinco años. Es el plazo que maneja el arquitecto y urbanista Manuel A. González Fustegueras para regularizar las alrededor de 10.000 viviendas ilegales que existen en este municipio.

Su empresa Territorio y Ciudad, junto a Urbe Óptima, se encargará de gestionar la oficina que ayudará a los propietarios de las casas a tramitar las solicitudes. González Fustegueras y el alcalde, José María Román, del PSOE, rubricaron ayer el contrato para poner en marcha este proceso.

La Gerencia de Urbanismo adjudicó en enero al consorcio Gestión Básica, formado por Territorio y Ciudad y Urbe Óptima, el contrato para impulsar la oficina que se encargará de ayudar a la legalización de las viviendas. "Nosotros seremos mediadores entre los propietarios y la administración local", explicó ayer Fustegueras. La adjudicataria, que será coordinada por funcionarios, realizará trabajos de "consultoría y asistencia técnica", según se establece en el acuerdo, cuyo valor económico asciende a 1'76 millones de euros.

En esa oficina trabajarán 32 personas, entre arquitectos, arquitectos técnicos, jefes de proyecto, licenciados en derecho, en ciencias ambientales, geografía, biología, ingenieros industriales, topógrafos y administrativos. La sede de esa oficina se ha ubicado en una antigua sede bancaria en la calle Huerta del Rosario.

El Plan General de Chiclana, elaborado por Fustegueras, ha dividido en nueve áreas de gestión básica los 17'4 kilómetros cuadrados (45% de suelo urbano) donde se ha detectado la proliferación de casas irregulares. Cada una de estas áreas se someterá a unas reglas particulares.

Según detalló ayer Fustegueras, la primera misión de la oficina, que abrirá en breve y estará a pleno rendimiento a principios de verano, será redactar un informe en el que se detallarán todas las actividades relacionadas con los expedientes de regularización, como el suministro de luz y agua, o las licencias necesarias. De ese informe saldrá un manual de procedimiento para simplificar los trámites. "Queremos que los propietarios no se encuentren con una burocracia que dificulte esta labor. Nuestra labor será facilitarles las cosas", explicó.

Los propietarios de las casas no tendrán que desplazarse hasta la oficina. "Nuestros técnicos visitarán las viviendas e informarán de las claves del proceso", detalló Fustegueras, quien adelantó que el coste para los propietarios será bajo. "Podemos decir que la diferencia entre los beneficios que obtendrán serán mayores que lo que gastarán", aseguró el arquitecto, quien prefirió no precisar una cantidad aproximada de lo que le costará a cada particular regularizar sus casas. "No se puede generalizar", aclaró. Unicaja, que ha anunciado préstamos preferenciales a bajo tipo y de larga duración para los que se sumen a este proceso, calculó recientemente que las legalizaciones moverán alrededor de 450 millones.

Tras la realización del manual de procedimiento, también se diseñarán un sistema de información geográfico, que permitirá el seguimiento continuo del proceso de legalización y las obras nuevas. La oficina creará una página web para ayudar a los particulares a realizar trámites, consultar expedientes y descargar documentos.
Cumplimiento de plazos

El consorcio Chiclana Gestión Básica también ha recibido el encargo de diseñar un plan de infraestructuras que acompañarán a las viviendas legalizadas. "Se trata de detectar todas las necesidades que tendrán estas casas que han ido apareciendo sin control", concretó Fustegueras. La oficina analizará las infraestructuras actuales, establecerá las inversiones necesarias para acometer el desarrollo urbanística y redactará una normativa para la ejecución de las obras. También creará una dirección integral de proyectos para las obras municipales y los trabajos que realicen los particulares.

El contrato tiene vigencia para un año. Aunque Fustegueras cree que el proceso de regularización no estará completamente listo hasta dentro de cuatro. Vaticina que la puesta a punto de la ciudad tardará un año o dos más. "Si se cumplen estos plazos, sería un hombre feliz", dijo.

*ELPAIS.com - Cádiz - 10/03/2007
Foto: Zona del Marquesado, en Chiclana, donde hay viviendas ilegales ( ROMÁN RÍOS )

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El fiscal imputa a cuatro altos cargos que impulsaron la tala en Las Navas del Marqués

RafaelMÉNDEZ* : "El fiscal jefe de Ávila, Juan Miguel Gómez, pidió ayer al juez que declaren como imputados cuatro altos cargos del PP que impulsaron la urbanización en un pinar protegido de Las Navas del Marqués (Ávila), según fuentes del caso. Entre los cargos implicados están el alcalde de Las Navas y el director general del Medio Natural de Castilla y León. El fiscal cree que en su actuación hay indicios de delito contra el medio ambiente y el territorio, prevaricación, falsedad, malversación y tráfico de influencias, ya que la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento pactaron con el promotor la recalificación del pinar antes de pedir informes, y luego citaron como positivo el dictamen contrario a la recalificación.


En el escrito remitido ayer al juzgado, el fiscal pide que declaren como imputados el alcalde de Las Navas, Gerardo Pérez; el secretario municipal, Carlos de la Vega; el director de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, Mariano Torre Antón, y el ex delegado de la Junta en Ávila, ex presidente de la Comisión de urbanismo y ex senador Félix San Segundo, todos del PP.

No están todos los que son, pero, con este escrito, la fiscalía da el primer paso para depurar las responsabilidades por la Ciudad del Golf, la urbanización de 1.600 chalés, hotel y campos de golf en un pinar especialmente protegido. El Ayuntamiento de Las Navas, la Diputación de Ávila y la Junta de Castilla y León impulsaron la urbanización en contra de los informes técnicos. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sentenció en octubre pasado que la recalificación era ilegal y "vulneraba frontalmente" el decreto de protección de la cigüeña negra. Tras la sentencia y a petición de ecologistas y la fiscalía se abrió la vía penal para buscar a los responsables, como ocurre con las licencias ilegales de Marbella.

El fiscal, tras analizar el expediente e informar al fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher, actúa contra estos cargos. "Éste es el primer paso porque este proceso será largo y puede haber más imputaciones", explican fuentes de la fiscalía.
Secretario del PP

Estas fuentes apuntan al ex presidente de la Diputación de Ávila Sebastián González, actual secretario de Organización del PP y mano derecha de Ángel Acebes. González es diputado y para pedir su imputación hay que lograr el visto bueno del Congreso. El escrito ecologista que abrió el caso incluía a González entre los denunciados y ahora es el único de ellos que no aparece en el escrito del fiscal.

Una de las claves de la acusación es que el director de Medio Natural, Mariano Torre, firmó el 13 de noviembre de 2003 un informe por el que desprotegía 11,6 hectáreas declaradas "área crítica para la cigüeña negra" y por lo tanto intocables, Torre firmó la desprotección citando como positivo un informe del jefe de Espacios Naturales de Ávila, Sabas Yagüe, firmado una semana antes y contrario a la desprotección. Yagüe había rubricado 10 días antes otro dictamen contrario y reiteró su oposición en 2004. Luego fue trasladado.

Fuentes del caso explican que esa manipulación es una de las principales pruebas en contra de Torre. Además, para desproteger esa parte del suelo era necesaria una orden publicada en el boletín de la comunidad, algo que nunca se hizo. Torre evitó el trámite y desprotegió el área crítica "de hecho" en ese dictamen.

El segundo punto por el que incidirá la acusación es que los altos cargos eran juez y parte. Torre, González, San Segundo, el alcalde de Las Navas y el secretario eran consejeros de la empresa pública Montes de Las Navas, creada oficialmente para proteger el monte que acababa de comprar. La empresa era del ayuntamiento (70%), la Junta (20%) y la Diputación (10%).

En noviembre de 2001, antes de que el terreno saliera a subasta, la empresa ya había encargado al constructor alicantino Francisco Gómez, alias El Paloma, "los estudios topográficos y anteproyectos" de la urbanización. El acta del consejo de administración de 26 de noviembre de 2001 demuestra que ya entonces el constructor había pactado la adquisición de "95 hectáreas por 9,157 millones de euros". En 2002 el terreno salió a subasta y El Paloma fue el único en concursar. Ya no eran 95 hectáreas sino 215, aunque el precio apenas varió. El promotor, presidente del club de fútbol de Cartagena, se comprometió a pagar 9.953.971 euros en siete años.

El 14 de agosto de 2002 se firmó la escritura de compraventa y los altos cargos de Castilla y León firmaron que en dos años todo el terreno sería urbanizable o indemnizarían al promotor con 2.953.943 euros más IVA. Efectivamente, pese a los informes técnicos contrarios, a punto de cumplirse los dos años la recalificación estaba aprobada.

Con este escrito, el fiscal asume las tesis de la denuncia de los ecologistas que abrieron el caso y que pidieron investigar los delitos de falsedad (por la manipulación) contra la ordenación del territorio y la fauna (al aprobar la recalificación pese a los informes negativos), prevaricación (al permutar un monte público por otra parcela sin árboles), tráfico de influencias (por pactar la recalificación años antes de los trámites) y malversación de caudales públicos (al crear con dinero público una sociedad que impulsó la urbanización). La denuncia partió de las asociaciones ecologistas Centaurea, Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Cantueso y Grama.
33.000 pinos a la espera

El pinar de Las Navas del Marqués está casi salvado. Pero no del todo. El Tribunal Superior de Castilla y León declaró en octubre ilegal la recalificación tras el recurso del constructor Francisco Correal, que se sintió perjudicado. Pese a que Correal estaba decidido a hacer cumplir la sentencia, cambió de opinión y no pidió ejecutar del fallo.

Por eso el constructor Francisco Gómez taló 2.243 pinos sin que la Guardia Civil le detuviera. El juzgado investiga ahora a petición de los ecologistas si esa tala fue delito ecológico. Además, los ecologistas han logrado personarse en el Tribunal Superior y han pedido la ejecución de la primera sentencia en lugar de Correal. Si el tribunal prohíbe definitivamente la tala, se habrán salvado los más de 33.000 pinos que aún podía cortar el promotor Francisco Gómez, El Paloma.

*ELPAIS,com, - 09/03/2007
Foto: Tala en Las Navas del Marqués- CRISTÓBAL MANUEL

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Los ecologistas reclaman a los partidos que limiten los planes urbanísticos

R.M.* : "Las principales organizaciones ecologistas presentaron ayer su llamamiento a los partidos políticos para que en las próximas elecciones municipales y autonómicas protejan el medio ambiente. Entre las propuestas para que asuman los grupos políticos destaca limitar el crecimiento urbanístico al 10% de aumento en cada plan, prohibir construir en los primeros 500 metros de costa o conseguir ahorro energético del 20% en la legislatura.


Greenpeace, Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife, WWF/Adena y Amigos de la Tierra se han unido para hacer un llamamiento conjunto a los partidos. Lo llaman Programa por la Tierra. Propuestas de futuro sostenible y comienza señalando que "el actual modelo económico es social y ambientalmente insostenible". Por eso piden a los candidatos a las comunidades autónomas a que adopten 82 medidas "concretas, factibles y realistas".

Gran parte de las medias van destinadas al urbanismo. Los ecologistas proponen: "Limitar los nuevos crecimientos urbanísticos a las necesidades reales de vivienda y equipamientos públicos. Estos crecimientos se harán siempre en torno al casco urbano y no supondrán más de un 10% sobre la superficie urbana y la población actuales".

Además, piden prohibir los convenios urbanísticos, contratos privados entre los constructores y el ayuntamiento para hacer modificaciones a los planes de ordenación urbana. Jesús Gil fue el primero en abusar de estos convenios, pero en los últimos años han proliferado en todos los municipios ya que no son públicos y permiten autorizar muchas viviendas sin apenas trámites. Originalmente estaban pensados para pequeños cambios técnicos. Por último, reclaman "proteger los suelos no urbanizados situados a 500 metros del mar" y declarar esa franja "libre de cualquier infraestructura". Actualmente la Ley de Costas sólo protege los 100 primeros metros y no de todas las construcciones.
Principal transformación

El coordinador de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, destacó la oportunidad de la cita electoral ya que "son las comunidades autónomas las que aprueban los planes urbanísticos municipales" y advirtió de que el desarrollo urbanístico se ha convertido en la principal actividad transformadora del territorio.

El segundo pilar de las peticiones ecologistas es el ahorro de energía y agua, el fomento del transporte público y el ahorro de agua. Para ello, proponen una "reducción del 20% en el consumo de energía al final de la legislatura"; "el cumplimiento de la normativa de calidad del aire en 2010" y reducir al menos un 10% la generación de basuras urbanas. Cumplir estos objetivos supondría un gran cambio, ya que actualmente todas las grandes ciudades (y muchas pequeñas) superan sistemáticamente los niveles de contaminación permitidos.

*ELPAIS.com, - Madrid - 09/03/2007

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El 'boom' del ladrillo duplica la presencia de españoles entre los más ricos del mundo

SandroPOZZI* : "El mundo empresarial español cuenta con 20 multimillonarios en el listado anual que publica la revista Forbes. Son el doble que en la pasada edición y acumulan una fortuna de 88.400 millones de dólares (67.500 millones de euros). Este salto se explica por la efervescencia que se vive en España en el sector inmobiliario y de la construcción, con 11 representantes entre las 946 personas más ricas del mundo.

Pero la publicación neoyorquina duda de que esta situación sea sostenible y advierte de la volatilidad de varias de las principales fortunas españolas por su vinculación al mercado inmobiliario.

De los diez nuevos integrantes españoles de la lista, ocho están relacionados con la construcción o actividades inmobiliarias. Son, como dice Forbes, "los señores del ladrillo", que acumulan 25.000 millones de dólares (19.011 millones de euros), según los cálculos de la publicación. Entre los recién llegados a la lista de las mayores fortunas se incluyen algunas de fulgurante creación, al calor del boom inmobiliario y el tirón de estos valores en Bolsa. Es el caso de Enrique Bañuelos, presidente de Astroc (puesto 95) o Luis Portillo, máximo responsable del grupo Inmocaral (237), las dos incorporaciones españolas que han alcanzado puestos más altos en la estadística de la revista estadounidense.

Forbes, que dedica su portada a la figura del empresario italiano Flavio Briatore, presta especial atención a Bañuelos, que el pasado verano ofreció una gigantesca paella en Central Park para 20.000 personas. "Tiene muchas razones para celebrar la cultura española", afirma la publicación sobre el joven empresario valenciano, que a sus 41 años acumula una riqueza de 7.700 millones de dólares (5.850 millones de euros).

Pero en la revista se preguntan si todos estos millones que manejan "los Trump españoles" están dentro de una burbuja. Y para ello ponen como ejemplo que Bañuelos perdió un 30% de su riqueza en tres días, por un ajuste en el precio de las acciones de Astroc tras una subida vertiginosa desde su salida a Bolsa. Las dudas de Forbes tienen que ver también con cómo se elabora su ranking: las fortunas que se incluyen en su listado (sólo aquéllas que superan los 1.000 millones de dólares), se calculan a partir de información pública, lo que prima a las sociedades que cotizan en los mercados de valores.
Tres mujeres

Los únicos nuevos nombres españoles que no deben su fortuna a la construcción o al sector inmobiliario son los del empresario siderúrgico José María Aristraín y el inversor financiero Juan Abelló. Entre los que repiten, están Amancio Ortega, presidente de Inditex, Jesús de Polanco, presidente de PRISA (empresa editora de EL PAÍS) o Emilio Botín, presidente del Banco Santander. Y sólo hay tres mujeres: Esther Koplowitz (máxima accionista de FCC), Alicia Koplowitz (Omega Capital), y Rosalía Mera (cofundadora de Zara).

Steve Forbes, editor de la revista neoyorquina, no ocultó su impresión por el salto dado por los empresarios españoles, que calificó de "inesperado". Aunque como explicó a continuación, la lista que publica anualmente es un reflejo del boom económico que se vive en España y en el resto del mundo. Y en este sentido dijo que 2006 fue el más próspero en la historia de la humanidad. Aunque su asesora Luisa Kroll precisó que van a seguir muy de cerca la evolución de los señores del ladrillo, porque sus fortunas son muy volátiles.

Los números que presenta Forbes muestra esta realidad. El ranking de multimillonarios lo integran esta edición 946 nombres, de los que 83 (8,7%) son mujeres y 178 son nuevos integrantes, que manejan una fortuna acumulada de 3,5 billones de dólares (2,6 billones de euros), 900.000 millones más que en la pasada edición. El fundador de Microsoft, Bill Gates, es el hombre más rico del mundo por décimo tercer año consecutivo, seguido de cerca por el inversor Warren Buffet y el mexicano Carlos Slim. El más joven es el aristócrata alemán Albert von Thurn, de 23 años.

Hay un total de 53 países representados en la lista de Forbes, que identifica a 415 multimillonarios como de nacionalidad estadounidense, de los que 55 se estrenan. Entre las nuevas caras este año destaca la del gerente de la cadena de cafeterías Starbucks, Howard Schultz, y el ex presidente de Disney, Michael Eisner. En total, amasan una fortuna de 1,36 billones de dólares, frente a los 2,1 billones del resto del planeta.

*ELPAIS.com - Nueva York - 09/03/2007
Viñeta: J.R.Mora


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El alcalde de Arteixo votó a favor de conceder licencias a sus empresas inmobiliarias

EFE* : "El alcalde de Arteixo (A Coruña), Manuel Pose Miñones (PP), ha reconocido que votó a favor de la concesión de licencias a empresas de su propiedad y admitió que «no es ético», pero subrayó que, en su opinión, «no es ilegal». Así se defendió en un pleno extraordinario de unas dos horas de duración en el que compareció, a petición del BNG y del PSdG, para explicar sus actividades empresariales como constructor a través del Grupo Aluman y de la sociedad Inversiones Arteixo.


Pose Miñones sostuvo que «en ningún momento» se «aprovechó» del cargo de alcalde, que asumió en 1995, cuando poseía seis empresas, mientras que en la actualidad tiene 15 sociedades.

«Reconozco que no está bien que aparezca votando licencias a favor de empresas mías, pero confío plenamente en los técnicos que tengo y lo que dicen las actas es verdad y va a misa, no es cierto que haya habido un error informático», manifestó el alcalde en contra de lo dicho días atrás.

En esta ocasión afirmó haber votado en tres licencias para actividades en dos obras realizadas por sus empresas Bosques 26-28 y Bosques de Arteixo.

Afirmó que lo hizo «por inercia, le podía haber pasado a cualquiera» y porque «no se dio cuenta», afirmaciones que suscitaron risas y abucheos de los asistentes al pleno.

«En todo momento actué con toda la transparencia y la legalidad», defendió el que será de nuevo candidato del PP a la Alcaldía, quien apostilló que durante estos 12 años en el cargo ha logrado una gestión que cree «digna de elogio».

El primer edil negó haber adquirido propiedades en zonas como el parque industrial de Suevos o el puerto exterior después de su llegada a la Alcaldía y también que su empresa Carpintería Aluman se encargará de obras en varios edificios municipales

«Eran trabajadores de otras empresas que llevaban el buzo de la carpintería», esgrimió Pose Miñones, quien recibió peticiones de dimisión de los presentes tras esta afirmación.

Durante sus alocuciones fue interrumpido en multitud de ocasiones por vecinos que, tras escucharle decir «trataré al vecino como vecino y al cliente como cliente», le gritaron «Arteixo no es tuyo» y «Arteixo, Marbella city».

El alcalde reiteró la legalidad de sus actuaciones incluso después de que la secretaria del Ayuntamiento leyese el artículo que indica a los concejales «el deber de abstenerse» en votaciones de licencias a favor de empresas en las que tengan intereses personales, aunque establece que ello «no implica la invalidez» de ese acto.

A este respecto, manifestó que, en su opinión, este último punto del artículo le da la razón en que las votaciones de las licencias a su favor «no son ilegales».

Por su parte, la oposición aseguró que hasta en diez comisiones Pose votó a su favor de actividades de sociedades de su propiedad y citó casos de «irregularidades urbanísticas».

Así, la candidata del BNG a la Alcaldía, Silvia Seixas, aludió a la construcción de una «mansión con parqué y sillas tapizadas» que Pose defendió como una cuadra para caballos «de un formato muy digno».

El BNG, el PSdG y los seis ediles ex populares del grupo de los no adscritos reclamaron un informe jurídico sobre todos estos casos a la secretaria del Ayuntamiento y también que se conozca la evolución del patrimonio de Pose y de su grupo desde su llegada a la Alcaldía.

El portavoz de los no adscritos, José Márquez, aseguró que «no sabían nada» de todo esto, pero que «lo sospechaban y por eso abandonaron el PP».

lavozdegalicia.es, 08/03/2007
Foto: Arteixo, praia de Veha

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¿Derecho a la vivienda: uso o propiedad?

ANTÓN COSTAS* : "Además de constituir una preocupación fundamental para muchas familias de rentas bajas y medias, la vivienda se está convirtiendo en una prioridad para los gobiernos. De ahí que hayan comenzado a incluir la vivienda entre las prioridades de su agenda política. Esta prioridad se manifestará de modo más intenso en los programas electorales de los próximos comicios locales. Esta mayor sensibilidad política al problema de la vivienda es, en gran parte, la reacción a dos tipos de movimientos sociales. Por un lado, la rebelión de los jóvenes mileuristas, quienes, incapaces de emanciparse y salir de casa de sus padres, han comenzado a movilizarse.


Por otro, al activismo de muchos actores sociales que llevan tiempo trabajando, tan afanosa como precariamente, en la búsqueda de soluciones concretas para grupos marginales y familias pobres con graves problemas de acceso a una vivienda digna. Al actuar como verdaderos empresarios altruistas de políticas públicas, estos activistas cívicos dan voz a colectivos sin capacidad por sí mismos para colocar sus necesidades en la agenda política de los gobiernos.

Una de las novedades que aportan estos movimientos es la reivindicación de un nuevo derecho a la vivienda, similar al derecho que se reconoce a la educación, a la salud o al acceso a servicios públicos básicos como la electricidad y el agua. O más recientemente, el derecho a la dependencia. Este derecho a la vivienda, una vez reconocido, obligaría a los poderes públicos a responsabilizarse de su provisión dando contenido jurídico y material al precepto constitucional del derecho de todo español a la vivienda.

Hay muchas razones para considerar que el acceso a un alojamiento digno y asequible es un elemento básico de la ciudadanía y de la cohesión social. Pero el camino hacia la formulación de la vivienda como un derecho universal será largo y difícil de construir.

Entre otras razones, porque exigirá llevar a cabo una operación de cirugía cultural, consistente en separar el derecho a un alojamiento digno y asequible de la aspiración a ser propietario de la vivienda. La cultura de propiedad de la vivienda, aunque reciente en el tiempo, es muy fuerte en la sociedad española. Más del 80% del stock de vivienda habitada en España lo es en régimen de propiedad, un porcentaje que está a mucha distancia de cualquier otro país desarrollado. Como señalé ayer, esa cultura de propiedad ha sido fuertemente incentivada por las políticas de vivienda que se han llevado a cabo en el último medio siglo.

Pero lograr que todo español sea propietario de su vivienda no puede ser una obligación de los poderes públicos. Sí lo es, en cambio, el asegurar el derecho ciudadano a acceder, en condiciones de precio asequible, al disfrute de los servicios de una vivienda que permita llevar una vida digna.

Cuando se habla de equiparar el derecho a la vivienda con el derecho a la sanidad, la educación, la dependencia, el agua o la electricidad, supongo que de lo que se está hablando es de los servicios que presta la vivienda, no de su propiedad.

Identificar el derecho a la vivienda con la propiedad da lugar a muchos agravios comparativos. ¿Qué sentido tiene financiar la propiedad a los jóvenes, y no el alquiler social asequible? La condición de joven no nos dice nada acerca de su situación económica en el futuro. Es muy posible que estemos proporcionando viviendas de protección oficial en propiedad a jóvenes que hoy son mileuristas pero mañana pueden ser ejecutivos con buenos ingresos. En todo caso, dado que no es posible tener una vivienda en propiedad de forma gratuita o a precios subvencionados para todo el que la necesite (habría que dedicar a vivienda todo lo que se gasta en educación, salud, pensiones, seguridad o infraestructuras), hay que seleccionar y sortear quiénes serán los agraciados. Pero la selección y el sorteo produce muchas injusticias comparadas, como se puede comprobar analizando con cuidado los actuales procesos de reparto de la vivienda de protección oficial, especialmente la de promoción privada.

El derecho a la vivienda tiene que descansar sobre algún criterio que permita guiar y evaluar las políticas. Ese criterio puede ser el concepto de precio asequible, entendido como aquel precio igual al porcentaje máximo de la renta (normalmente el 35%) que un hogar debería dedicar a la vivienda sin poner en riesgo todos los demás consumos que son necesarios para llevar una vida digna, además de reservar una parte para el ahorro. Esta noción de precio asequible debería incluirse y cuantificarse en todas las normativas sobre vivienda de protección oficial. Tendríamos de esa forma un criterio cuantitativo con el que medir y evaluar las políticas de vivienda.

Como señalé ayer en estas mismas páginas, los instrumentos actuales de las políticas de vivienda -las deducciones fiscales en el IRPF y la vivienda de protección oficial de régimen general- no tienen efectos sobre las familias de escasos recursos. Por tanto, se necesitan nuevas políticas públicas que vayan dando cuerpo a un futuro derecho al acceso a una vivienda asequible.

Esas nuevas políticas que garanticen a las familias pobres y de rentas bajas el derecho a acceder a una vivienda asequible necesitan apoyarse en dos pilares básicos. Por un lado, en ayudas públicas directas al alquiler o a la compra, y que permitan a las familias con escasos recursos situarse en ese umbral de asequibilidad. Por otro, en la promoción de vivienda social de alquiler protegido.

¿Cómo se financiaría esa nueva política de apoyo directo a la vivienda de las familias con menos recursos? Por parte estatal, con el aumento de ingresos presupuestarios que se lograría reduciendo el nivel actual de desgravación por vivienda en el IRPF, de acuerdo con las recomendaciones que de forma unánime hacen todos los expertos. Por parte autonómica y local, dedicando el suelo público existente, y el que se pueda obtener en el futuro, a la construcción de vivienda de protección oficial, de promoción pública o privada, de alquiler social. Ese es el camino. Aunque sea largo. Porque el derecho a la vivienda no puede depender, como ahora ocurre, de la suerte de un sorteo.

*Antón Costas es catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona.

*ELPAIS.com, 08/03/2007
TRIBUNA: El problema de la vivienda / y 3 ANTÓN COSTAS

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El urbanismo y la judicatura ¿Poder judicial?

MiguelFontRosell* : "Cuando un ciudadano, un organismo, entidad u organización cualquiera, requiere de la justicia el que algo no llegue a llevarse a cabo, está pidiendo únicamente eso, que no se produzca un hecho del que aún no se derivan graves consecuencias económicas, sociales o de cualquier otro tipo. Si la justicia lo es, la rápida respuesta evitaría cualquier tipo de consecuencia grave, bien por razones de unos o de otros. Cuando no ocurre así, las consecuencias son catastróficas, y no por la vulneración o no de la ley o por culpa o no de los ciudadanos, sino por la lentitud en impartir justicia, por culpa de ese Poder, cuya dotación presupuestaria le impide obtener los objetivos a los que ha de tender, impartir Justicia.


Uno de los pilares de la democracia, sino el principal, lo constituye la teoría de los tres poderes del Estado y la independencia de los mismos.
En nuestro sistema, para que las cosas funcionen, en puridad, el Estado debe articularse a partir de un poder legislativo, otro ejecutivo y otro judicial, absolutamente independientes uno del otro, sin jerarquías y autónomos en sus cometidos.

El Poder Legislativo lo constituyen el Parlamento y el Senado, donde se confeccionan las leyes, y en definitiva las reglas del juego por las que nos hemos de regir. El Poder Ejecutivo es el gobierno, desde el que partiendo de las leyes, se lleva el timón de la nave del país, tomando decisiones y ejecutándolas, mientras que el Poder Judicial es el que vela por el control de la legalidad, para que todo, y todos, actuemos en consonancia con las leyes aprobadas por el Poder Legislativo. La Constitución ordena toda la trama y el mas alto tribunal, el Tribunal Constitucional, funciona como garante de que el sistema se adapte a nuestra ley de leyes, la Constitución. Como jefe de todo el sistema, aunque en este caso, de forma únicamente representativa, en España, por ser una monarquía parlamentaria, está el Rey, que hace las funciones formales de Jefe del Estado y poco mas. Hasta aquí la teoría.

Considerando que según nuestra Constitución, el poder emana del pueblo y, que en nuestro caso, únicamente se llevan a cabo elecciones al poder legislativo, a través de partidos políticos y de forma poco participativa (listas cerradas, blindadas y organización interna de partidos ajena al procedimiento democrático); la torticera interpretación que en su momento se llevó a cabo sobre el particular, ha hecho que esas elecciones sean la base de la "designación" de los otros poderes, ajenos directamente a ningún tipo de voluntad popular. Así, finalmente, los partidos políticos, en función de la aritmética de los resultados y de una política de alianzas, nombran el poder ejecutivo, de forma totalmente ajena a ningún tipo de voluntad popular, que para nada se ha manifestado a la hora de nombrar al Presidente del Gobierno y en consecuencia a su equipo. "Designado" dicho poder, el judicial se acaba "designando" también en función proporcional al equilibrio o desequilibrio de fuerzas resultantes del poder legislativo, en lo que acaba siendo una mezcla, absolutamente dependiente (la dependencia deriva principalmente de los presupuestos) de la alianza de minorías en el poder legislativo.

En este marco de dependencia, el Poder Judicial, dispone únicamente del presupuesto que le asigna el poder ejecutivo, careciendo de capacidad de decisión en cuanto a su cuantía, presupuesto absolutamente disconforme con los objetivos y necesidades de funcionamiento que exige la independencia y la eficiencia del poder controlador que supone aquel que debería ser mas independiente para el buen funcionamiento del sistema.

Evidentemente, nuestra democracia está ordenada de una forma bastante chapucera y distante del ideal elaborado por Montesquieu, aunque lo peor de todo es que ese Poder, de cuyo buen funcionamiento más dependemos y que constituye la prueba evidente de la buena o mala salud del Estado de Derecho, muy interesado en "equilibrios" políticos, poco hace para que sus necesidades sean atendidas, sobre todo cuando el poder legislativo ha hecho de España un país enormemente garantista y consecuentemente de una burocracia abasalladora (pocos juzgados, pocos jueces, faltos de experiencia, alejados de la realidad, nada permeables, con obsoletas infraestructuras, etc.), limitándose a mendigar cada año, un poco mas de dinero del poder ejecutivo, consintiendo que el sistema sea alterado por el poder predominante (no elegido), y que ellos, y como consecuencia los ciudadanos, seamos los destinatarios de tamaño atropello al sistema.

Como consecuencia, todo el aparato montado para emitir justicia, que debería dar pronta respuesta a los problemas de los ciudadanos, se eterniza y cuando se manifiesta lo hace extemporáneamente, fuera de contexto y gran parte de las veces de forma injusta, desproporcionada, absurda a veces y ajena a las soluciones de los problemas de la vida real.
En esta situación, y con independencia de las realidades más o menos pintorescas de cada ciudad, es en la que hay que centrar los problemas del urbanismo y sus consecuencias.

Cuando un ciudadano, un organismo, entidad u organización cualquiera, requiere de la justicia el que algo no llegue a llevarse a cabo, está pidiendo únicamente eso, que no se produzca un hecho del que aún no se derivan graves consecuencias económicas, sociales o de cualquier otro tipo. Si la justicia lo es, la rápida respuesta evitaría cualquier tipo de consecuencia grave, bien por razones de unos o de otros. Cuando no ocurre así, las consecuencias son catastróficas, y no por la vulneración o no de la ley o por culpa o no de los ciudadanos, sino por la lentitud en impartir justicia, por culpa de ese Poder, cuya dotación presupuestaria le impide obtener los objetivos a los que ha de tender, impartir Justicia.


En Vigo, las pruebas de ello son abrumadoras y los ejemplos abundantes. Como ilustración al caso, vamos a poner como ejemplo, uno de los que actualmente la prensa refleja con mayor asiduidad, los edificios de la calle Jacinto Benavente.
En aplicación del PGOU-93, una empresa solicita la construcción de un importante edificio, reordenando la edificabilidad permitida a través de un Estudio de Detalle, de manera que ocupe menos espacio de suelo a costa de construir mayores alturas, algo permitido por medio de un Plan Especial de Reforma Interior, pero no a través de un Estudio de Detalle, figura urbanística que el concejal de urbanismo de entonces, a través de un dictamen por él confeccionado (¿), recomendaba a los técnicos municipales que estos informasen a través de esa figura y no de la correcta (la inmensa mayoría de las sentencias son debidas a eso). Así las cosas, el recurridor de turno, ejerce su derecho y, con toda la razón del mundo, se opone a que se lleve a cabo tal edificio utilizando tal figura urbanística propuesta (con mayor ocupación y menor altura, pero con la misma edificabilidad, utilizando un PERI, no había problema). Si la justicia hubiese actuado en unos meses, posiblemente el edificio ni se hubiese comenzado, la única indemnización para el Ayuntamiento sería la de costear el proyecto presentado, pedir un proyecto nuevo, conceder una licencia correcta, sacarle los colores al concejal de turno, y aquí paz y después gloria. Al pronunciarse la justicia un porrón de años más tarde, y pedir la ejecución de sentencia el denunciante (¿con qué propósito?), el resultado es el siguiente: Derribo del edificio, 200 familias a la calle, una indemnización a pagar por los vigueses de varios miles de millones de las antiguas pesetas, amenaza de cárcel al alcalde si no ejecuta la sentencia, el causante de todo de rositas y el recurridor subido en un pedestal.

Pero, ¿quién le pedía eso a la justicia? ¿Porqué por la ineficiencia del Poder Judicial, los vigueses (Ayuntamiento), hemos de echar a la calle a cientos de nuestros vecinos y escudriñar en nuestros bolsillos para pagar errores ajenos (del concejal de turno, nadie se acuerda, ni de nada se responsabiliza), mientras que los jueces, en esto no sólo se lavan las manos, sino que si no se ejecuta algo que nadie les había pedido, amenazan incluso con la cárcel, sin responsabilidad alguna por su parte, aunque su decisión nada tenga que ver con lo pedido, mientras la cúpula de su organización, discute si tiene mayoría de conservadores o de "progresistas" en su seno, al amparo de la limosna que cada año le asigna el poder ejecutivo. ¿Hasta cuando?.
El PGOU-93 es un desastre, los responsables de su aprobación otro desastre, la aplicación que el Ayuntamiento ha hecho del Plan otro desastre, etc. Pero aun así, si la Justicia, lo hubiese sido, ahora Vigo sería otra ciudad, sin ilegalidades, sin indemnizaciones, sin derribos, sin irresponsables, sin chantajes, sin recurridores profesionales, sin concejales que se van de rositas, sin amenazas de cárcel a nuestros gobernantes, etc.
¿Poder Judicial?

*Gerente de Aproim


FarodeVigo.es, JUEVES 08 MARZO 2007


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Riba-roja ligó planes urbanísticos a pagos para "cualquier finalidad de interés local"

LydiaGARRIDO* : "El Ayuntamiento de Riba-roja, que preside Francisco Tarazona, del PP, aprobó varios convenios con promotores en los que condiciona la adjudicación de planes urbanísticos a aportaciones económicas a la Corporación para "cualquier finalidad de interés local". Tarazona ha sido imputado por un posible delito de cohecho junto al empresario que le denunció por esa exigencia. Documentos municipales revelan que la necesidad de un pago para lograr la adjudicación quedó reflejada por escrito. El hecho de que no se especifique el destino concreto de la aportación incumple la Ley de Régimen Local y la LRAU.



La investigación de un posible delito de cohecho por exigir pagos a promotores a cambio de la adjudicación de planes urbanísticos en la que está imputado el alcalde de Riba-roja tiene varias aristas. De una parte, si esos pagos fueran donativos voluntarios, como asegura Tarazona, o comisiones ilegales camufladas. Y de otra, el destino que el Ayuntamiento dio a ese dinero, ya que la ley obliga a especificar el destino de la aportación y justificar su interés local.

La donación en sí misma no es un delito. En este caso, tal como consta en la denuncia presentada por el empresario Vicente Pérez Saura, administrador de Ribalge SL, no sería una aportación voluntaria sino el pago que condiciona la consecución de una licencia.

Pérez Saura explicó a la Fiscalía cuando denunció los hechos el pasado verano que había tenido que pagar 120.350 euros por la adjudicación del programa de actuación integrada (PAI) de Gallipont. Y aseguró que Tarazona llegó a pedirle hasta ocho millones de euros para que obtuviera la adjudicación de otros planes urbanísticos. Su negativa a continuar realizando esos pagos le ha supuesto, asegura, la paralización de todas las actuaciones en las que participa. Tarazona negó la mayor.

Sin embargo, Tarazona dejó constancia por escrito de las exigencias de aportaciones económicas, que él defiende como absolutamente legales, en relación con Pérez Saura y con otras dos empresas promotoras. Los cuatro pagos suponen una recaudación por este concepto de casi 1,7 millones de euros.

Como recogen los documentos a los que ha tenido acceso este periódico, Tarazona firmó con Javier Soler Luján, en representación de la empresa Polígono Mas Valo S.A. un convenio el 1 de agosto de 2003. En él, consta que el convenio se firmaba tal como había sido previamente aprobado en el pleno del ayuntamiento de fecha 30 de julio. Se refiere a la Unidad de Ejecución número 2 del sector Masia de Valo. En el punto quinto se recoge que la adjudicación es provisional y que para que sea definitiva "se condiciona el citado acuerdo a que el urbanizador realice la aportación económica a favor del Ayuntamiento con destino a cualquier finalidad de interés local de 841.416,95 euros".

En ese mismo documento se fija la entrega del aval, un día después de la aprobación en el Diario Oficial correspondiente de la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento urbanístico, y se especifica el precio al que el ayuntamiento venderá al promotor el metro cuadrado de la zona de aprovechamiento que le corresponda, a 116 euros. Con esta misma empresa suscribió otro convenio en el que el promotor debía pagar 300.506,05 euros.

Otro de los convenios en los que ha quedado constancia de la obligatoriedad de los pagos se recoge en el suscrito en la misma fecha con Jorge David Langa, en representación de Urbanizador Baló Plus S.A. respecto a la Unidad de Ejecución número uno del mismo sector. También se recoge que fue un acuerdo del pleno municipal que condiciona la adjudicación al pago por parte del promotor de 420.710,04 euros para el mismo destino: "Cualquier finalidad de interés local".

Además, otro documento del Ayuntamiento recoge la supeditación del pago de 120.350 euros a favor del Ayuntamiento por el empresario que presentó la denuncia para la adjudicación definitiva del plan urbanístico de Gallipont.

*ELPAIS.com - Valencia - 08/03/2007
Foto: Riba-Roja, víaspecuarias.org

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