ANABELDÍEZ* : "La futura Ley del Suelo cambiará radicalmente el criterio de valoración de los terrenos, para que su precio sea el real y no se base en las expectativas de lo que pueden llegar a valer. Ésa es la filosofía de la ley que ayer aprobó el Congreso -con el apoyo de todos los grupos salvo el PP- y que defendió su impulsora, la ministra de Vivienda, María A. Trujillo. Los populares criticaron el texto porque "pretende abaratar las expropiaciones". Los demás grupos comparten que la norma, que reserva el 30% del suelo a vivienda protegida, frenará la especulación, que se disparó con la ley de 1998.
"Con esta ley no se termina la corrupción, pero se pone freno a la especulación, que abre la puerta a la corrupción". Esta idea del portavoz socialista de Vivienda, Francisco Contreras, está en la base de la nueva norma, que aún debe pasar el trámite del Senado.
La ministra Trujillo agradeció a los grupos parlamentarios sus aportaciones y su afán de acuerdo. Al final, el marcador del pleno del Congreso fijó el consenso de todos salvo el PP. Los grupos nacionalistas como CiU y ERC, y también IU-ICV, intentarán ahora introducir cambios durante el debate en la Cámara Alta.
Ha habido mucho trabajo en torno a esta ley, que recibió tres enmiendas a la totalidad y después 300 enmiendas parciales; finalmente se retiraron totalmente 140, se aceptaron 93 transaccionales -consensuadas- y ayer llegaron al pleno del Congreso 65 enmiendas que, previsiblemente, se reiterarán en el Senado. La mayoría, por considerar que se vulneran competencias de las comunidades autónomas.
El PP, sin embargo, centra su objeción en un asunto clave de la ley: la valoración del suelo. "Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la que sea superior, de la explotación, según su estado en el momento al que debe entenderse referida la valoración". Así reza el artículo 22 de la futura normativa, que fue explicado con un ejemplo real por el ponente socialista, Francisco Contreras.
De patatal a viviendas
Pongamos, dijo, un patatal que tiene un valor de seis euros el metro cuadrado, "como mucho". Por el mero hecho de que el patatal pase a ser terreno para urbanizar 50 o 60 viviendas por hectárea, con unos costes de edificación de 50 euros por metro cuadrado y un precio de venta de 2.000 euros por metro cuadrado, el valor del suelo a partir de ese momento se convertiría, como mínimo, en 300 euros. Es decir, se pasaría de seis a 300 euros. "Con esta ley eso no ocurrirá", aseguró Contreras.
Los beneficios de la nueva normativa que exhiben el Gobierno, el PSOE y el resto de los grupos que la apoyan no los encuentra el ponente del PP, Pablo Matos, quien, pese a haber trabajado intensamente en la tramitación y haber llegado a acuerdos parciales, finalmente emitió, con el resto de su grupo, un voto negativo.
A juicio de Matos, el objetivo de esta ley es "un abaratamiento de las expropiaciones", y no evita "la especulación ni la corrupción". El texto aprobado "destruye el concepto de justiprecio y persigue que a las administraciones públicas y a los promotores inmobiliarios les salga más barato expropiar a un ciudadano", se lamentó Matos.
Es un "disparate" pagar el precio de suelo de un patatal cuando se van a construir viviendas o naves industriales, señaló el ponente popular. "Eso sólo beneficia a las administraciones públicas y a los promotores, ya que las expropiaciones salen muy baratas". Y añadió: "Es tal el disparate que han tenido que aceptar una enmienda de Izquierda Unida que dice que ese precio podrá ser corregido al alza hasta un máximo del doble en función de la localización del suelo, para igualarlo a fincas análogas".
En efecto, esa modificación fue introducida por IU-ICV, como también otra que eleva del 25% al 30% el porcentaje de suelo obligatoriamente destinado a vivienda de protección oficial, según resaltó el portavoz de ese grupo, Joan Herrera. Éste defendió globalmente la ley, aunque pidió mesura para no crear expectativas falsas sobre la solución del problema de la vivienda.
Más precisión sobre las competencias exclusivas de las comunidades autónomas, y singularmente de Cataluña, hubiera querido Herrera, como también los portavoces de CiU y ERC, Jordi Jané y Josep Andreu, respectivamente. Tampoco el portavoz del BNG, Francisco Rodríguez, estaba satisfecho en ese aspecto, aunque igualmente apoyó la ley. Y lo mismo José Ramón Beloki, del PNV, y Luis Mardones, de Coalición Canaria. "Esta ley justifica toda una legislatura", afirmó la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, para felicitar a su compañera de banco azul, María Antonia Trujillo.
*El País, - Madrid - 02/03/2007"
Sólo el PP vota contra la nueva Ley del Suelo, que busca poner coto a la especulación
Entre el rubor y la indignacion ciudadana por el Puerto de Granadilla
Canarias-semanal.com*: "El consejo de Administración de la Autoridad portuaria de Tenerife aprobó, el pasado martes, con los votos favorables de los representantes del PSOE, la adjudicación de las primeras obras de la construcción del macro puerto industrial de Granadilla. No por esperada la decisión ha sido acogida con menos indignación por parte de amplios sectores de la sociedad tinerfeña.
Las primeras reacciones no se han hecho esperar. "Asamblea por Tenerife", movimiento social sobre el que ha recaído el peso de las movilizaciones de miles de tinerfeños a lo largo de los dos últimos años, declaró en un primer comunicado de prensa, que la decisión de poner en marcha las obras "es una burla a la democracia y a la justicia y demuestra que muchos políticos en Canarias siguen instalados en una impunidad total".
La Confederación Canaria de Asociaciones Profesionales (Concap), por su parte, aunque ha manifestado que no hará valoraciones sobre la adjudicación de las obras del puerto de Granadilla hasta que no se produzca la reunión de sus asociados, advirtió, no obstante, que "temía por una escandalosa adjudicación de las obras del puerto de Granadilla, ante la posibilidad de que se produzca un nuevo pelotazo en las postrimerías de mandatos públicos que han dado lugar a gravísimas acusaciones de cohecho, querellas y tráfico de influencias en algunas de las administraciones locales, insulares o regionales de las islas". Su presidente, Juan Luís Lorenzo, confesó a los medios informativos su temor ante "un grave problema social con importantes repercusiones en el conjunto de la sociedad tinerfeña ante la insaciable ambición de unos pocos que, cegados por el poder que han acumulado, creen que están al margen del cumplimiento de las normas".
Partidos políticos y organizaciones ciudadanas consideran como un hecho impresentable "que un imputado por cohecho por el juez Garzón, por el caso Forum, como el presidente de la Autoridad Portuaria, Luís Suárez Trenor, presida la adjudicación de la contestada obra, además sin un presupuesto consignado y sin informes de impacto ambiental específicos".
Según se informa, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria con la finalidad de poder superar las primeras dificultades, se vio obligado a aprobar previamente el primer punto del día, "el contrato de crédito para financiación externa a largo plazo, mediante la modalidad "Club Deal", para acometer los planes de inversión de esta Autoridad Portuaria en los que se recogen 120 millones de euros para poder iniciar las obras de Dique de Abrigo del Puerto de Granadilla".
Asamblea por Tenerife, por su parte, hizo pública su exigencia de que la Autoridad Portuaria ponga a disposición de la opinión ciudadana los nombres de las entidades financieras que apoyan las obras de Granadilla, para confirmar si también en esta ocasión CajaCanarias está detrás de esta operación, como lo estuvo en el pelotazo de Las Teresitas.
Según declaró la "Plataforma en Defensa del Puerto de Santa Cruz", un colectivo integrante del movimiento "Asamblea por Tenerife", una vez efectuada la ejecución del proyecto, si este se tuviera que desechar por todas las supuestas irregularidades cometidas, "la Autoridad Portuaria tendría que hacer frente, de forma innecesaria y con el dinero de todos, al lucro cesante, que suele establecerse en un 20% del coste total de la obra, o sea, unos 27 millones de euros", que se llevarían las empresas aunque la obra no se ejecutara.
Los portavoces de Asamblea por Tenerife exigieron el pasado martes "la suspensión inmediata de cualquier obra que se pretenda iniciar en el Puerto de Granadilla y solicitan del Fiscal Anticorrupción una investigación de oficio de todo el expediente, incluyendo la venta de solares anexos".
Asimismo, fuentes cercanas a "Asamblea por Tenerife" instaron al candidato socialista al Gobierno de Canarias, Juan Fernando López Aguilar, a que manifieste públicamente su posición en relación con la construcción del Puerto de Granadilla. "Es una incongruencia - expresaron las mismas fuentes - que el ex ministro se anuncie electoralmente como paladín de unos supuestos "tiempos nuevos" para Canarias y ahora trate de pasar de puntillas sobre un tema tan vital para el Archipiélago".
En los mismos círculos políticos de este movimiento social se estima que debe ser todo el pueblo de Tenerife el que se pronuncie sobre el macropuerto en un referéndum convocado al efecto.
La organización ecologista Ben Magec ha convocado para el próximo sábado, día 3 de Marzo a las 12:00 horas, una concentración en la Plaza de la Candelaria en la que los asistentes portarán una bolsa de basura, como expresión de la protesta por la construcción del Puerto de Granadilla.
Rebelión.org, 02-03-2007
«Por lo que conocemos, corrupción y ladrillo van siempre de la mano»
CarlosPunzón* /Vigo -ENTREVISTA a C.Jiménez Villarejo :
"Persiguió los fallos del sistema durante ocho años, llegó a flirtear con la política tras jubilarlo el PP, pero optó por seguir pidiendo por libre más garantías contra los que se lucran del dinero público. Lo nombró el PSOE y lo cesó el PP, pero él no hace distingos. Pide a todos más garantías contra la corrupción y ve en los ayuntamientos el mayor riesgo de putrefacción.
-¿Es irremediable ya pensar en corrupción a la hora de hablar de urbanismo?
-Por lo que conocemos sí, corrupción y ladrillo van siempre de la mano. El modelo de urbanismo de España se basa en el crecimiento desmedido y en una estrecha interrelación entre constructoras y promotoras con los ayuntamientos. En ese encuentro se producen alianzas muy peligrosas por la ambición de unos y el deseo de negocio de otros.
-Entonces, ¿para usted debería reducirse la autonomía urbanística de los ayuntamientos?
-No, pero las autonomías hasta ahora han ejercido muy levemente los recursos de control que le otorga la ley contra los poderes municipales que infringen las normas urbanísticas. Habría que darle un poder preceptivo mayor a las autonomías para que lo facultativo sea obligatorio.
-¿Se lograría así evitar tanta sentencia de derribo de edificios con licencia, como en Vigo, donde hay 2.000 familias afectadas?
-No puede ser que en nombre de las prisas urbanísticas se permita que la Administración local vulnere la norma impunemente y que confíe la resolución de conflictos a larguísimos procesos judiciales, que luego son imposibles de ejecutar.
-¿Es ético que un constructor sea alcalde u opte a serlo, como ocurre con algunos candidatos a las próximas municipales?
-No debería ser candidato. Tendría que haber actividades prohibidas antes y después de ejercer un cargo municipal. El número de sentencias en las que se condena a ediles por construir ilegalmente en su propio municipio es bochornoso para nuestro sistema democrático.
-Hablando de bochornos, ¿qué le parece el caso Gondomar, con un edil pillado con las manos en la masa?
-No recuerdo muchos casos como ese en mi carrera. El cohecho es de las conductas corruptas más graves. Cobrar de un particular por hacer un trabajo público es la mayor degradación posible.
-Pero los imputados fueron puestos en libertad, con cargos, al día siguiente.
-Si hay tantas pruebas, lo más ejemplarizante sería que el juicio no se demore.
*La Voz de Galicia, Viernes, 2 de Marzo de 2007
Imputado por prevaricación urbanística al alcalde de la localidad grancanaria de Firgas
EFE*: "Una juez de Arucas (Gran Canaria) ha imputado por un delito de prevaricación urbanística y otro de daños contra el patrimonio histórico al actual alcalde de Firgas, José Ramón Henríquez Hernández (CCN), a su antecesor Sebastián Arencibia Mejías (PP) y a otras siete personas. La instrucción judicial del asunto "se encuentra ya terminada", según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), por lo que la juez "no ha tenido que dictar ninguna medida cautelar" contra ninguno de los nueve imputados.
Este caso de supuestas irregularidades urbanísticas en Firgas, localidad de 7.000 habitantes del norte de Gran Canaria, fue desvelado por el alto tribunal canario cuando la investigación ya va a ser remitida a la Audiencia Provincial de Las Palmas por la juez Auxiliadora Díaz Velásquez, del juzgado número 1 de primera instancia e instrucción de Arucas.
Según el TSJC, los miembros y ex miembros de la corporación imputados son, además del actual alcalde Henríquez y su antecesor Arencibia, los ex concejales Laura García Cerpa, Asunción Nuez Arencibia y Amparo Santana Gil; el anterior secretario de la corporación Humberto Cruz Marrero y el arquitecto del Ayuntamiento Javier Cabrera Caravallo.
Además, la jueza Auxiliadora Díaz Velásquez ha imputado por un delito de daños contra el patrimonio al responsable de la entidad Progar, José Javier Barrera Gallego, y al arquitecto Francisco López Gómez.
Fuentes del TSJC no pudieron aclarar el origen de esta investigación judicial y los hechos por los que se han formalizado las imputaciones, y se limitaron a afirmar que el asunto, instruido como un procedimiento abreviado, está listo ya para ser elevado a la Audiencia Provincial de Las Palmas.
El actual alcalde imputado, José Ramón Henríquez Hernández, pertenecía al mismo partido, el PP, que su antecesor Sebastián Arencibia Mejías, del que fue su teniente de alcalde tras las elecciones locales de 2003.
Sin embargo, a finales de 2005 Henríquez, ya expulsado del PP y formando parte del Grupo Mixto del Ayuntamiento, encabezó una moción de censura contra el primer edil y le arrebató el puesto.
El 19 de diciembre de ese año, José Ramón Henríquez se proclamó alcalde de Firgas en un pleno cargado de tensión en el que numerosos vecinos le mostraron su rechazo con gritos de "traidor".
Tras ser proclamado alcalde, Henríquez aseguró que las "circunstancias" le habían obligado a presentar la moción de censura como "un acto de responsabilidad y pura honradez" por su parte para "enmendar todos los errores que hasta ahora —subrayó— se habían cometido".
El 20 de enero de 2007, la formación política nacionalista Centro Canario-CCN, que ahora concurre a las elecciones en solitario y que antes formaba parte de Coalición Canaria, anunció que el alcalde de Firgas y otros cuatro concejales del grupo de gobierno de su municipio se incorporaban a esta formación política.
De hecho, el comité ejecutivo autonómico del CCN, celebrado ese mismo día en La Gomera, designó al alcalde imputado José Ramón Henríguez como su candidato al Ayuntamiento de Firgas en las próximas elecciones de mayo.
El alcalde está estudiando la posibilidad de emprender acciones judiciales en contra de los que lo han denunciado a él.
*ElMundo.es, jueves 01/03/2007
Teatro y especulación urbanística
CincoDías*: "Un hilarante Albert Plá se mete con la especulación urbanística". Todo comenzó cuando alguien le explicó que existían programas de edición de vídeo tan sencillos que él mismo podría hacer cine desde su casa, con la simple ayuda de una camarita y un PC.
Al poco, tras un par de ensayos caseros, se lanzó a hacer un largometraje con su amiga y compañera en el montaje Judit Farrés.
Como él mismo cuenta, hicieron la película: “Sin director, sin productora, sin guión, SIN SENTIDO”. Así, sobre la marcha, se les ocurrió que el protagonista sería el abogado de una inmobiliaria que viaja a un pequeño pueblo para lograr la firma que le permitirá convertir el idílico paisaje rural en un polígono industrial. Y, de este modo, casi sin quererlo, les ha salido una crítica hilarante, y en ocasiones absurda, sobre uno de los males de nuestro tiempo. Ahora, tras una gira por Latinoamérica, recala en el teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes.
Albert Plá presenta 'El malo de la película'
María G. Silva / MADRID (02-03-2007)
"Es una película, y Judit Farrés y yo estamos en el escenario para ayudar a contarla", explica Albert Pla para definir su "participación interactiva" en el espectáculo.
En la parte filmada, Plá ha contado con la ayuda de los directores de cine Cesc Gai, Juanma Bajo Ulloa y Joaquim Jordá, que han participado como actores. "Tenemos cierta amistad con ellos y les pedimos que actuaran. No ha sido difícil dirigirlos", comenta el artista.
*Cinco Días.com
La ruta de las denuncias y los 'pelotazos' urbanísticos
ELPAÍS*: "La delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo está desde ayer en la Comunidad Valenciana. En su agenda los parlamentarios recorrerán algunos de los municipios que han denunciado en los últimos años irregularidades y pelotazos urbanísticos. La ruta incluye: Orihuela, Torrevieja, Catral, Tibi, Parcent, Benissa, S.Miguel de las Salinas, Benicassim y Oropesa.
Orihuela. El alcalde José Manuel Medina, del PP, imputado por corrupción, acaba de adjudicar la urbanización del último tramo de costa virgen a un promotor afín al PP. Se prevén 1.700 casas. CLARO, partido auspiciado por los residentes extranjeros, denuncia que 12.000 de ellos no votarán al no haber sido localizadas sus casas.
Torrevieja. La oposición al alcalde Pedro Hernández Mateo, del PP, ha denunciado la recalificación de suelo en el perímetro del parque natural de La Laguna de Torrevieja. La denuncia hace referencia a una parcela, situada en el sector del Limonar, propiedad de la empresa que vendió una finca al alcalde Hernández Mateo, imputado por esta operación.
Catral. Un colectivo de consumidores denunció la edificación 1.200 chalés en suelo no urbanizable y sin licencia en plena huerta de Catral y en el área de influencia de protección del Parque del Hondo.
Tibi. El Ayuntamiento concluyó en 1976 la aprobación del plan parcial para la urbanización de la Finca Terol. La urbanización, formada en un principio por 1.000 parcelas, fue doblada luego a 2.200 gracias a una modificación que introdujo el equipo de gobierno, del PP.
Parcent. La plataforma Veïns de Parcent presentó una queja al Comité de Peticiones del PE contra tres PAI aprobados por el Consistorio para construir 1.800 casas. El TSJ paralizó de forma cautelar en 2006 uno de ellos.
Benissa. La Ronda Norte, donde se prevé una urbanización de 2.000 casas, y el PAI de la playa de la Llobella, uno de los pocos tramos libre de construcciones en la costa de la Marina Alta, centran la polémica.
San Miguel de Salinas. Los vecinos denuncian urbanizaciones que se han construido sin dotarlas de los servicios básicos, entre ellos el abastecimiento de agua.
Benicàssim. Al Ayuntamiento de Benicàssim aprobó en 1999 el PAI Benicàssim Golf. El proyecto contempla un gran campo de golf de 18 hoyos junto a los que se levantaría un complejo residencial con unifamiliares. En total un millón de metros cuadrados.
Oropesa. La Plataforma en Defensa de la Sierra de la Renegà y su Entorno -un enclave situado en el término de Oropesa- ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente la adquisición de terrenos "de gran valor ambiental" de la zona, con el fin de "preservarlos del proceso urbanizador": Torre la Sal.
EL PAÍS - Valencia - 01/03/2007
Foto: Cala La Mosca en la costa de Orihuela
Mitos inmobiliarios de nuestro tiempo
JoséManuelNaredo* : "No cabe duda de que uno de los principales problemas ambientales en España es el causado por un excesivo crecimiento urbanístico, fuera de toda mesura. A menudo, las reivindicaciones ecologistas exigiendo racionalidad topan con mitos y lugares comunes muy arraigados, que impiden que sean atendidas sus razones. Precisamente algunos de estos mitos son los que se desenmascaran y desmontan en este artículo. La conclusión apunta a que, a pesar de lo que se diga, en nuestro país hay ‘burbuja inmobiliaria’, empujada por la espiral de compras especulativas y créditos baratos.
La interpretación del panorama inmobiliario español está viciada por la pervivencia de una serie de mitos acordes con el negocio inmobiliario imperante que, a fuerza de repetirse, acabaron arraigando entre la población e influyendo en su comportamiento. Vamos a enumerar estos mitos y a revisar su fundamento.
El primero de ellos viene a decir así: “En España no hay cultura de alquiler: los españoles quieren vivienda en propiedad casi desde el neolítico”. Esta creencia es falsa, ya que en 1950 la situación era justo la contraria: las viviendas ocupadas por sus propietarios suponían solo el 46% del total y eran mucho más minoritarias en las grandes ciudades. Por ejemplo, en Barcelona solo el 5% de las viviendas estaba ocupado por sus propietarios, en Madrid el 6%, en Sevilla el 10%, en Bilbao el 12%...
La creación franquista de un Ministerio de Vivienda apuntó, entre otras cosas, a promover la vivienda en propiedad como vacuna preventiva frente a la inestabilidad social: con la retórica falangista del momento se decía que para hacer “gente de orden”, para asegurar el conformismo de la población, había que facilitar su acceso a la propiedad de la vivienda y atarla para ello a responsabilidades de pagos importantes.
El éxito de esta política vino a culminar medio siglo después de haberse iniciado y un cuarto de siglo después de muerto Franco. Solamente un continuismo digno de mejor causa, en lo que concierne a esta política, permitió cambiar la cultura del alquiler en favor de la propiedad y otorgar a España el récord europeo en este campo. Es evidente que si la situación se forzó en un sentido también podría reorientarse en sentido contrario. ¿Habrá resucitado el Ministerio de Vivienda para invertir la situación en este campo? ¿Podrá movilizar en favor del alquiler a ese tercio de viviendas secundarias y desocupadas la nueva Agencia creada para ello?
El segundo nos dice “Pagando alquiler se tira el dinero: compre una vivienda y conviértase en propietario”. Este es un buen eslogan publicitario para promover la venta de viviendas, pero esconde la verdadera disyuntiva a la que se enfrenta quien quiere habitar una vivienda pero carece del patrimonio necesario para comprarla. La decisión oscila entre pagar una renta al propietario de una vivienda en concepto de alquiler, o pagar una renta a una entidad financiera para que le preste dinero para comprarla. En ninguno de los dos casos se tira el dinero, sino que se paga por un servicio.
El engaño también procede de ignorar que el titular no es propietario pleno de la vivienda hipotecada, ya que en caso de impago el prestamista pasaría a ser el propietario, desahuciando al titular de la misma. Sólo si el comprador paga religiosamente los intereses del crédito y devuelve el principal, acabará adquiriendo al fin la propiedad –libre de cargas– del inmueble. Y con los plazos tan dilatados que hoy se establecen para posibilitar los pagos, esto podría ocurrir dentro de treinta o cuarenta años, beneficiando con la plena propiedad del piso, más que al adulto que empezó a pagarlo, a los posibles herederos y al prestamista, que habría cobrado en forma de intereses cantidades que probablemente superen el importe mismo del piso.
Son las previsiones de evolución del tipo de interés y del precio y el alquiler de la vivienda las que determinan si saldrán mejor parados los que alquilan o los que compran, además de las desgravaciones o apoyos que la fiscalidad otorgue en uno u otro sentido. Con previsiones de tipos de interés al alza y de precios de la vivienda a la baja, el alquiler sería más recomendable que la compra y viceversa. De ahí que el afán de comprar venga avalado por el siguiente mito a comentar.
Tercero: “Los precios de la vivienda nunca han bajado ni bajarán”. La experiencia indica, por el contrario, que los precios bajaron en el pasado y, con mayor razón, podrán hacerlo en el futuro. Sin ir más lejos, el índice general de precios de la vivienda, elaborado por el antiguo Ministerio de Fomento, registró caídas para la media nacional cuando la anterior burbuja inmobiliaria, que se desinfló tras los festejos de 1992. En efecto, este índice cayó para la vivienda nueva durante 1992 y 1993 y para la vivienda usada durante 1992. Y hay que advertir que en el caso de la vivienda usada este índice tiene aversión a la baja, pues no se apoya en verdaderos precios de mercado sino de tasación que, al igual que los precios de los anuncios, acusan una inercia importante: cuando decae un período de auge aumenta el período de venta y los más necesitados de liquidez acaban vendiendo por debajo de los precios inicialmente demandados en los anuncios o atribuidos en las tasaciones.
En período de declive los precios de mercado tienden a caer más que los de tasación, tal y como confirma la experiencia del ciclo anterior, en el que los precios de las nuevas promociones –más acordes con los precios de mercado– cayeron mucho más que los de tasación de la vivienda usada. En cualquier caso el declive anterior fue corto, al igual que la memoria que se tiene de él. El hecho de que no tengamos experiencias de caídas estrepitosas y prolongadas de los precios de la vivienda, como las ocurridas en otros países, permite mantener impunemente el mito de la irreversibilidad a la baja de los precios de la vivienda, pese a que los espectaculares niveles alcanzados hacen mucho más previsibles que nunca correcciones a la baja. Sobre todo cuando las promociones nuevas están inundando el mercado, que ya cuenta con un importante stock de viviendas en venta.
Cuarto: “Hay que forzar la construcción de vivienda nueva para cubrir el déficit existente”. Cuando España encabeza a la Unión Europea en número de viviendas por cada mil habitantes no cabe seguir hablando de déficit de viviendas. Sin embargo España ocupa un lugar bastante modesto en número de viviendas principales por mil habitantes. La espectacular disociación que separa la dotación de viviendas totales y de viviendas principales se explica porque España también es líder europeo en viviendas secundarias y desocupadas por mil habitantes. Pues en el último boom inmobiliario han comprado y acumulado viviendas –como inversión más o menos compartida con el uso– quienes podían pagarlas, no quienes más las necesitaban para vivir en ellas. De ahí que la masiva construcción de los últimos años haya sobredimensionado el stock de viviendas sin que con ello se haya satisfecho la falta viviendas de la población más necesitada, habida cuenta el desplome de la vivienda social.
Quinto: “Los emigrantes son los grandes compradores de vivienda que compensan el declive de la demografía interna” o, también, “la demanda de viviendas se mantiene fuerte por la entrada de emigrantes”. En los últimos años el número de viviendas construidas alcanzó máximos históricos a la vez que la baja natalidad, que se viene observando desde hace treinta años, acentuó el envejecimiento de la población y redujo a mínimos históricos el crecimiento natural de la misma. Así, cuando el estancamiento y la previsible disminución de la demografía interna no reclaman para el uso las enormes cantidades de vivienda nueva que se están construyendo, se recurre a la justificación de los inmigrantes, confundiendo dos cosas bien distintas: necesidades de alojamiento y demanda solvente de vivienda.
Todo ello con tal de no reconocer que lo que mueve tan desmedidos afanes constructivos no es ningún empeño de satisfacer necesidades de alojamiento, sino el pingüe negocio de las plusvalías derivadas de las recalificaciones de suelo, siendo la construcción el medio colaborador necesario para posibilitar la transformación de los terrenos rústicos en suelo edificado, añadiendo como poco tres ceros a su valor.
Con todo, hay que matizar que, por contraposición a los inmigrantes-trabajadores, están los inmigrantes-inversores (turistas o jubilados) que sí han inflado sensiblemente la demanda de viviendas de uso más o menos estacional en los territorios insulares y del litoral mediterráneo.
Sexto: “No hay burbuja inmobiliaria: la escasez de suelo es la culpable del alto precio de la vivienda”. Esta idea queda sin respaldo cuando se observa que la expansión del suelo urbanizable ha venido superando ampliamente las necesidades de edificación. El precio del suelo urbanizable se calcula como saldo tras descontar del precio de venta (de los metros cuadrados construidos que admite) todos los gastos de promoción y construcción. El precio así obtenido sirve para estimar el valor del stock total de suelo urbanizable, que sólo en escasa medida se moviliza y construye. Vemos, por tanto, que el precio de ese producto final que es la vivienda atribuye valor al precio del suelo y no sólo al revés. De hecho ambos precios se ligan de forma indisoluble, ya que el precio de los solares que puede comprar un promotor se estima como saldo de la manera indicada y pesa inevitablemente sobre el coste de la vivienda.
La sobredimensión del suelo que se recalifica anualmente como urbanizable denota que este suelo se valora más por las expectativas que ofrece que como materia prima para construir ya mismo los muchos millones de viviendas o locales que cabrían en él y que sobrepasarían ampliamente las exigencias de uso y la demanda solvente. Y es que el suelo no es una materia prima como los ladrillos o el cemento, ni tampoco un salario. Ni la vivienda es un producto como los tomates u otros bienes de consumo. Ambos son bienes raíces que la gente valora y atesora por sí mismos.
La confusión arranca de ignorar el carácter patrimonial del suelo (y de la vivienda) y de razonar sobre sus mercados como si de cualquier otra mercancía-flujo se tratara. En el caso de mercancías que son producidas para ser vendidas y consumidas, no acumuladas, el precio es muy sensible a los flujos de producción y consumo. Pero no ocurre lo mismo cuando se trata de stocks que no son producidos para ser vendidos y consumidos –como el suelo, el dinero, las acciones… o las obras de arte– sino que se atesoran por sí mismos como inversión. En este caso su valor de mercado responde sólo a la pequeña fracción de dichos stocks que cambia de mano y se revela poco sensible al coste y a la producción del bien patrimonial en cuestión, dependiendo sobre todo de consideraciones y expectativas ajenas a éstos y de su comparación con el tipo de interés, que marca la retribución alternativa del dinero.
De ahí que sus precios se hayan visto impulsados al alza cuando la caída conjunta de la bolsa y el tipo de interés desincentivó las alternativas de inversión, induciendo a la gente a adquirir y conservar la propiedad de un amplio stock de suelo urbanizable y de viviendas como inversión más o menos encubierta. Y la mayor demanda de terrenos y viviendas acarreó subidas de precios que atrajeron nuevas oleadas de compras y nuevas perspectivas de revalorización, originando esa espiral de revalorización y compra especulativa (apalancada con créditos) que suele llamarse burbuja inmobiliaria. Como hemos indicado, la mitología al uso se empeña en decir, en contra de toda evidencia, que “no hay burbuja inmobiliaria”, sino subidas normales de precios derivadas de la escasez de suelo.
* José Manuel Naredo, economista y estadístico, Premio Nacional de Medio Ambiente 2000
El ecologista nº 46
Rebelión.org - 01-03-2007
¿Quién es más culpable de que el Urbanismo esté patas arriba?
RESULTADOS ENCUESTA (DIC-FEB): Como no podía ser de otra manera, el resultado de la votación no deja lugar a dudas (ver gráfico): "los políticos" han ganado por abrumadora mayoría (50%). Según nuestros sabios votantes, la clase política, en general, es la principal culpable del actual urbanismo "patas arriba". Y así sucede con los políticos, sean del color que sean o en dónde desarrollen su actividad. Lo mismo en el doméstico escándalo municipal que en las "competentes" autonomías. En el gobierno estatal "vigilante" o en el megachollo europeo.
En segundo lugar por número de votos (24%) figuran "los empresarios", auténticos motores del desarrollo (suyo) y verdaderas águilas del ladrillo y del cemento que, gracias al sudor de su frente y a la capacidad de los maletines de cuero negro, han conseguido multiplicar milagrosamente en poco tiempo su patrimonio.
En un discreto tercer puesto (12%) han quedado "los técnicos", profesionales del sector y del funambulismo oportunista, que han sabido adaptar sus ingentes conocimientos en la materia para hacer caja y, de paso, maquillar los desaguisados con discreción y buenos modales.
Por último, "los ciudadanos" de a pie se han debido conformar con un tímido 11% del total, que, sin duda, es expresión de su bisoñez y todavía escasa agudeza para aprovecharse de las ventajas del "sistema", como han hecho otros participantes de anteriores apartados.
Ah! y del "sursum corda" mejor no hablar.
Abusos Urbanísticos justifica el viaje de los europarlamentarios en el aluvión de quejas
S.N./R.B.* : "La asociación "Abusos Urbanísticos No" rechazó el aluvión de críticas vertidas por el Consell y los empresarios valencianos a la visita de la Delegación del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo a Alicante para inspeccionar el urbanismo de la zona. Para esta entidad pionera en la denuncia de abusos urbanísticos cometidos al amparo de la extinta LRAU el viaje de la delegación de la UE está plenamente justificado para verificar "de primera mano" las miles de quejas de los ciudadanos en materia urbanística.
Los dos grupos de la oposición, PSPV y EU, secundaron los argumentos del colectivo.
Un comunicado oficial de esta plataforma, surgida en 2004 en la Marina Alta, resalta el derecho de los ciudadanos (españoles y extranjeros) supuestamente perjudicados por iniciativas urbanísticas "a su defensa por las instituciones europeas". El colectivo también rechaza el argumento lanzado desde el Consell de que se está gastando dinero público para el viaje. "Natural que empleen dinero público, tan público como el utilizado por el presidente del Consell, Francisco Camps, cuando pronto se largó a Bruselas para exponer a Herr Poettering, presidente del Parlamento europeo sus lemas de campaña, o el que ha financiado el viaje de la jefa de gabinete de la Consejería de Territorio y Vivienda a Bruselas para tratar de reducir al máximo posible las reuniones de esta delegación con los ciudadanos que denuncian prácticas abusivas", dice el nota.
El colectivo critica el esfuerzo institucional en "desautorizar misiones y declaraciones de gente que sólo trata de ayudar a los ciudadanos europeos, que somos todos, y en esconder o minimizar ante la opinión pública las actuaciones de tantos alcaldes y concejales que actúan a espaldas de sus municipios". "No podemos aceptar", concluye el comunicado, "que la defensa de los derechos humanos y cívicos de los ciudadanos de esta comunidad, el derecho a la propiedad, al medio ambiente, a la calidad de vida, a la salud, al paisaje y tantos otros se califiquen por parte de de quien no está legitimado para hacerlo como intromisión en debate estrictamente electoral".
Por su parte, el eurodiputado valenciano del PSOE Joan Calabuig consideró que el hecho de que una misión del Parlamento Europeo viaje a la Comunidad Valenciana para estudiar quejas urbanísticas demuestra que "no se han solucionado los problemas" ya denunciados por las instituciones comunitarias.
En declaraciones a los periodistas, Calabuig recordó que el Parlamento europeo aprobó en diciembre de 2005 un informe en el que censuraba la antigua Ley Valenciana Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y recomendaba ajustarla a la legislación europea. "El Parlamento Europeo vuelve a la Comunidad Valenciana un año y pico después, alarmado por el hecho de que no se han arreglado los problemas, y las peticiones y las quejas siguen llegando", dijo.
Mientras, el portavoz del grupo municipal de EU en Torrevieja, José Manuel Martínez, aseguró que la visita de los europarlamentarios, un grupo que defendió como "variopinto", responde a las múltiples demandas recibidas en el Parlamento Europeo de muchos ciudadanos, sobre todo ingleses. Martínez defendió como obligada una visita a la Comunidad Valenciana, "porque es en la que más irregularidades se han hecho gracias a la LRAU y ahora a la LUV". Y Torrevieja es, en su opinión, con 100.000 habitantes y 140.000 viviendas "prototipo de crecimiento insostenible", una "visita obligatoria", un "ejemplo de lo que no hay que hacer", explicó. El edil de EU contextualizó las críticas del PP en que "no le conviene esta visita porque los casos de corrupción urbanística y de imputados se han hecho muy famosos y no quieren ni oír hablar del tema".
*ELPAIS.com - Alicante - 28/02/2007
Jueces para la Democracia cree que la LUV no acaba con el "urbanismo masificado"
PANORAMA-ACTUAL* : "JpD manifestó su preocupación por un "desarrollismo sin límites, estimulado desde la administración autonómica e impulsado por determinadas instituciones locales, que está degradando nuestros paisajes más emblemáticos, como el litoral, los humedales, la huerta o las masas forestales".
Jueces para la Democracia (JpD) señaló que a pocos meses de la entrada en vigor de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), se están detectando "síntomas preocupantes" de que dicha norma, ante la falta de restricciones legales, "facilitará la continuidad de las construcciones incontroladas y masificadas por parte de agentes públicos y privados".
"Ante la gravedad de la situación y las pérdidas irreversibles que ya se están produciendo para la integridad del territorio", considera necesaria una apuesta por el desarrollo sostenible, que pueda conciliar el crecimiento urbanístico con la protección del medio ambiente, del patrimonio cultural y de la calidad de vida de todos los ciudadanos.
Por ello, realiza un firme llamamiento a las autoridades valencianas para que efectúen una defensa del patrimonio común y no favorezcan unas actuaciones especulativas que resultan contrarias al interés general.
En este sentido recordó la vigencia del artículo 47 de la Constitución, que proclama "la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación", lo cual debiera implicar "una ordenación del territorio valenciano inspirada en valores colectivos y no en concepciones que están originando enormes beneficios para unos pocos y perjuicios a largo plazo para el conjunto de la sociedad".
La asociación considera que las actuaciones contrarias a una protección razonable del medio ambiente y de los valores paisajísticos están siendo favorecidas por el modelo que efectúa la Generalitat Valenciana y por sus alegatos a favor de un supuesto dinamismo empresarial, que en realidad representa un aprovechamiento de beneficios inmediatos más que previsibles.
Desasosiego
Jueces para la Democracia comparte el "desasosiego" expresado por las instituciones europeas, que han señalado "el impacto desastroso que dichas actuaciones urbanísticas están causando en el medio ambiente, la ecología y el paisaje de la geografía valenciana, sin olvidar la hipoteca que afecta cada vez más a nuestros recursos naturales y los riesgos concretos referentes a las condiciones futuras de abastecimiento de agua", señala en el texto. También coinciden en mostrar su preocupación ante las denuncias sobre irregularidades urbanísticas y ante el creciente número de casos de corrupción que se investigan.
Valoran positivamente la actuación de los órganos jurisdiccionales, que están mostrando su sensibilidad frente a determinadas prácticas contrarias al sistema legal y en el ámbito de la sensibilización que esta problemática está causando en el ámbito de la judicatura ha organizado unas jornadas de reflexión sobre la necesidad de optar por un urbanismo diferente.
Dichas jornadas, que se organizan en colaboración con el Fòrum de Debats de la Universitat de València, contarán el jueves 1 con la presencia de la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.
*PANORAMA-ACTUAL - 27/02/2007
´La corrupción es una amenaza para la democracia´
MARISAGOÑI* : "La corrupción es una amenaza para la democracia", denunció ayer el ex fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, en el Club de Opinión Diario de Mallorca, donde ofreció una conferencia junto con el profesor de Economía y Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, Juanjo Ganuza. "Cuando uno lee en la prensa local un anuncio que dice ´se vende chalet en primera línea con acceso directo al mar y plataforma de roca privada´, entiende lo que está pasando en las islas", comentó Jiménez Villarejo, quien propugnó la "creación de una cultura cívica contra la corrupción".
"A más democracia no hay menos corrupción, sino igual o más corrupción que en las economías de transición" apuntó el ex fiscal, quien recetó un régimen de incompatibilidades más estricto en los municipios, la recuperación de controles internos como las advertencias de legalidad de los secretarios, registros públicos de los patrimonios de alcaldes y concejales y la eliminación de reservas competenciales a los primeros ediles, que posibilitaron en su día el ´caso Gil y Gil´. También subrayó la necesidad de reformar la ley de partidos, que ya va por la prórroga número 30 en el plazo de presentación de enmiendas. Criticó especialmente la negativa del PP a eliminar las donaciones anónimas, una figura que "puede tener luego sus contraprestaciones", y recordó condonaciones de deuda, como la del PSC por parte de La Caixa. El ex fiscal señaló que en España hay 45.800 inmobiliarias, de las que sólo 4.600 tienen más de tres empleados, según datos del GAFI, que ve en esta sobredimensión del sector "un espacio abierto a posibles lavados de dinero ilícito".
En materia urbanística, el ex fiscal repasó la "abundante jurisprudencia" emanada del Tribunal Supremo que tiene sus paralelismos con el ´caso Andratx´: casos de alcaldes y concejales que construían en su propio municipio, licencias otorgadas en suelos inedificables, o licencias que excedían lo permitido por el planeamiento, entre otros. También se refirió a "decisiones aparentemente lícitas que pueden ser fraudulentas" como las 227 modificaciones de planeamientos detectados por el Consell de Mallorca en la isla entre 1998 y 2000. Entre los municipios que tratan de evitar una revisión -figura más adecuada cuando hay muchos cambios- citó el caso de Santanyí, donde se registraron 74 cambios de planeamiento entre 1985 y 2003.
"Lo que para algunos es un problema para otros es un drama. La economía frena el desarrollo. En los países emergentes y del tercer mundo es una enfermedad mortal", afirmó Ganuza, tras presentar un mapa de la corrupción en el mundo, que permite extraer algunas conclusiones generales: la corrupción prolifera más en los lugares cálidos que en los fríos y se da más entre los católicos que entre los protestantes. Entre los más limpios, los países escandinavos, entre los menos, la Europa del Este y África.
Ganuza presentó varias máximas: cuando menos corrupto es un país, más rico es, más crece; cuando más corrupto es un país, peor desarrollo humano tiene, peor sanidad y peor educación; a mayor corrupción, mayor desigualdad. "La corrupción es una trampa. Cuando hay mucha la sociedad no lo ve mal. Por eso hay mucha. Crea una círculo vicioso", comentó el profesor, convencido de que "se corrompe porque el beneficio es mayor que el riesgo de ser descubierto y castigado". Como antídoto recetó más transparencia, un sector privado competitivo y liberalizado, participación social, prensa independiente, cultura democrática, judicatura eficaz e independiente y meritocracia en el acceso a la Función Pública. Según expuso, hasta el Banco de España denuncia que la corrupción frena el desarrollo económico, social y humano de una sociedad. Los conferenciantes recibieron una intensa ovación del público, entre los que se encontraba el fiscal jefe de Balears, Bartomeu Barceló, acompañado de su segundo, Ladislao Roig.
*DIARIO DE MALLORCA, Martes, 27 de febrero de 2007
La ruta de los 'pelotazos' inmobiliarios
E.SÁNCHEZ* : "Una comisión del Parlamento Europeo visitará el próximo 3 de marzo el municipio serrano madrileño de Galapagar para comprobar in situ las denuncias de ciudadanos y partidos políticos sobre crecimientos urbanísticos excesivos. También tienen intención de recorrer Torrelodones, Alpedrete, Moralzarzal, Rascafría y Las Rozas, aunque todavía no está confirmado.
- Galapagar. Esta localidad, situada a 35 kilómetros de Madrid y con el 72,56% de su término protegido, aprobó de forma inicial en julio de 2005 un nuevo ordenamiento urbano. En él se prevé la construcción de 8.910 viviendas y un techo poblacional de unas 60.000 personas. En la actualidad, el pueblo tiene 32.096 habitantes. El plan impulsado por el PP ha suscitado el rechazo de los vecinos y de la oposición municipal (PSOE, IU y Foro Verde).
- En Torrelodones los escándalos urbanísticos rompieron el partido popular. El alcalde, Carlos Galbeño, del PP, expulsó a dos de sus concejales que habían denunciado supuestas corrupciones. Una de las cuestiones urbanísticas que más críticas vecinales ha levantado en el municipio es la intención del PP de recalificar el Área Homogénea Norte, una zona de 128 hectáreas, considerada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de gran valor ecológico. El Ayuntamiento pretende edificar en este entorno 1.536 viviendas y un campo de golf municipal.
- Alpedrete. El municipio, gobernado por el PP, está tramitando un plan general que, caso de ser aprobado, duplicará la población actual de 13.100 habitantes. Los vecinos se han unido en una plataforma y han recogido firmas en contra de los planes municipales. Denuncian que con el plan urbanístico que pretende aprobar el gobierno local se multiplicará la población del municipio.
- En Moralzarzal, el regidor, José María Moreno, del PP, ha vuelto a resucitar un viejo proyecto: el desarrollo urbanístico de Los Praderones. Esta finca fue declarada hace tres años suelo no urbanizable de especial protección. La Comunidad de Madrid ha rechazado los planes municipales para una zona conocida como Los Praderones en tres ocasiones.
- Rascafría. La alcaldesa de Rascafría, Yolanda Aguirre, del PP, se vio obligada a reducir a la mitad el número de viviendas previstas para su municipio. Pasaron de 1.600 a 900 debido al fuerte rechazo que provocó entre los vecinos y los socialistas, en la oposición, sus planes para el municipio.
- Las Rozas. El municipio, gobernado por el PP, prepara un plan urbanístico que elevará la población a 110.00 habitantes, el 47% más que la actual. La propuesta municipal prevé un límite de 7.556 nuevas viviendas y agota el suelo edificable de la localidad. Para el PSOE local, los cálculos del equipo de gobierno se quedarán cortos y según sus propias estimaciones alcanzarán los 130.000 habitantes en 10 años.
*ELPAIS.com - Galapagar - 27/02/2007
Un estudio de Medio Ambiente incide en el impacto del urbanismo en la costa de Málaga
FERNANDOJ.PÉREZ* : "Las aguas que bañan Andalucía recibieron en 2004, último año de que se disponen estadísticas, un total de 3.273 millones de metros cúbicos de aguas residuales tanto de origen industrial como agrícola y urbano. Este caudal, en gran parte depurado, llegó al mar a través de los 1.182 puntos de vertido autorizados por la Junta de Andalucía, según el último inventario de la Consejería de Medio Ambiente, actualizado en enero de 2007. Los datos se recogen en un estudio elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente sobre el estado ecológico del litoral malagueño.
De los 1.182 puntos de vertidos controlados por la Agencia de Medio Ambiente (AMA) de la Junta de Andalucía, 402 pertenecen a la provincia de Cádiz. A continuación se sitúa Sevilla, con 230 puntos autorizados. Aunque esta provincia carece de litoral propiamente dicho, los vertidos al estuario del Guadalquivir en el que se mezclan aguas dulces y marinas, acaban afectando a la costa atlántica andaluza. Sevilla concentra además 77 de los 151 puntos de salida de aguas de origen agropecuario.
Huelva cuenta con 174 vertidos; Almería, 157; Málaga, 128 y Granada cierra la clasificación con 91 puntos. La naturaleza de los vertidos es mayoritariamente urbana, con 864 puntos, frente a los 151 que genera la actividad agropecuaria y los 148 producidos por la industria. La forma de conducción más habitual (976 puntos) es el desagüe directo en un curso de agua que va al litoral, mientras que en 80 casos, las aguas residuales llegan al mar a través de emisarios submarinos.
Las emisiones de aguas residuales no parecen afectar en gran medida a la calidad del agua en las playas, uno de los motores de la economía regional. Según los datos de la AMA, en 2005, el 85,6% de las aguas litorales cumplían los llamados valores guía de contaminación. El 13,79% se encontraban dentro de los valores mínimos exigidos y apenas el 0,63% incumplía los valores imperativos. El programa de vigilancia sanitaria de las aguas de baño litorales estableció 319 puntos de muestreo en 227 playas.
Según la Junta de Andalucía, estos buenos niveles se deben en gran parte a que las 63 aglomeraciones urbanas del litoral andaluz, con una población superior a los 5,4 millones de personas, cuentan con sistemas de depuración de aguas residuales.
Las poblaciones que presentan mayores problemas están en la provincia de Cádiz. En Algeciras, el Ministerio de Medio Ambiente acaba de adjudicar la construcción de la planta depuradora. En Bolonia y Chipiona las obras están en ejecución y en Tarifa los trabajos se encuentran pendientes de licitación. En otras diez poblaciones, como Benalmádena (Málaga), las depuradoras se han quedado pequeñas para acoger el caudal de aguas residuales, que forman las desagradables natas a la orilla del mar y se están acometiendo tareas de ampliación.
Los datos de los puntos de vertido, pertenecientes a la Junta de Andalucía, estaban recogidos en el Estudio Ecocartografico del Litoral de Málaga, un proyecto encargado por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente y que ha costado 2,14 millones de euros. Aunque como reconoce el director técnico del estudio, Rafael Consuegra, "se trata únicamente de un análisis descriptivo" del estado del litoral, tanto de las aguas como de los primeros 500 metros del espacio costero, el estudio hace numerosas referencias al impacto que ha tenido el urbanismo en el medioambiente costero malagueño.
El estudio ecocartográfico, que ocupa 26 baúles con 125 tomos, constata científicamente que los 164 kilómetros del litoral de la Costa del Sol "han sufrido en las últimas décadas una gran inestabilidad ambiental". Los autores señalan que "la falta de orden y planificación ha traido como consecuencia más inmediata una gran sobrepoblación, modificación de la línea de costa, excesiva infraestructura urbana y vertido de sustancias de desecho". Todas estas acciones, señalan, son "responsables del deterioro ambiental y del retroceso de la calidad de vida".
En el aspecto faunístico, la "fuerte presión urbanística" ha dejado como consecuencia una "escasez de zonas naturales bien conservadas". En cuanto a la flora, el litoral cuenta con al gunas áreas que mantienen interés "pero que podrían ser fuertemente degradadas en un futuro próximo debido al alto grado de amenaza por la creación de urbanizaciones y obras públicas", advierten los expertos.
La "excesiva urbanización" del litoral ha provocado en buena medida "la desaparición y grave alteración de numerosos yacimientos arqueológicos y paleontológicos y de edificios arquitectónicamente muy valiosos".
*ELPAIS.com - Málaga - 27/02/2007
Foto: Desagüe y vertidos en playas- ÁLEX ZEA / JOSÉ BIENVENIDO
Urbanismo, vivienda y medio ambiente
IgnacioConde* : "Últimamente, en los distintos medios de comunicación podemos encontrar noticias relacionadas con una corrupción urbanística que parece generalizada. Una de dos: o antes no existía o simplemente no resultaba tan interesante como para ser publicada. Lo curioso de todo esto es que no se trata ya de un problema de los grandes ayuntamientos sino que lo podemos encontrar a una escala inferior, en ayuntamientos como Gondomar o Barreiros.
En ocasiones, vemos como en estos pequeños ayuntamientos se imponen planes generales de ordenación que suponen duplicar o triplicar el número de vecinos (o al menos el número de viviendas) en un muy corto plazo, lo que, sin duda, supone un modelo de desarrollo urbano claramente insostenible.
Esta explotación abusiva del suelo es un gravísimo problema ya que rebaja la calidad de vida de los ciudadanos y condiciona la protección ambiental de la zona. Las administraciones públicas y, muy particularmente, los ayuntamientos, deben garantizar a los ciudadanos el derecho a acceder a una vivienda digna (este un mandato constitucional, nada menos), pero lo deben hacer desde el respeto al medio ambiente, protegiendo el interés general en la búsqueda de mejoras sociales y económicas para los ciudadanos y evitando abiertamente toda especulación abusiva en los distintos procesos urbanizadores.
Desde el punto de vista político, en los próximos meses, previos a las elecciones municipales del 27 de mayo, los ciudadanos tenemos una buena ocasión para saber por donde se mueven nuestros “ilustres representantes” y para decidir nuestro voto. No se trata sólo de escuchar las más o menos interesantes promesas que vamos a escuchar de unos y de otros, sino de valorar lo que ya han hecho tanto en el gobierno municipal como en la oposición según el caso.
Es mucho lo que nos jugamos, yo apuesto por un urbanismo sostenible que no olvide nunca la función social de la propiedad, que garantice un equilibrio entre el acceso a la vivienda, la protección de nuestro medio ambiente y el desarrollo económico de nuestra ciudad. Parece misión imposible, pero se trata de aplicar el sentido común sin caer en la tentación de vincular el progreso de las comunidades locales con el crecimiento urbanístico.
En Santiago de Compostela, la concejala responsable de su magnífico casco histórico acaba de poner en marcha un plan más que interesante que consiste en conceder ayudas públicas para rehabilitar viviendas a cambio de su posterior alquiler a personas jóvenes a precios razonables.
Lo dicho, simplemente sentido común.
*Xornal.com, martes 27 de febrero de 2007
Los tribunales y la UE intentan frenar el urbanismo salvaje de los últimos 10 años
CRISTINAVÁZQUEZ*: "Los tribunales han empezado a hablar. Y lo que dicen es que los planes generales de ordenación no están para saltárselos, o que un pueblo de 1.000 habitantes no puede pasar a 10.000 en cuatro años por arte de un PAI. O que sin un informe que acredite que hay agua no se pueden levantar cientos de bungalós. En poco más de cuatro meses, el Tribunal Superior de Justicia valenciano ha paralizado de forma cautelar tres proyectos urbanísticos. Además, un grupo de eurodiputados inician este martes su tercera visita a España para ver si se están corrigiendo las irregularidades.
El urbanismo valenciano de la última década está sometido a un doble juicio. El político, que lidera el Parlamento Europeo tras la petición de amparo de miles de afectados, y el judicial. Sólo la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano tiene cerca de 800 causas judiciales relacionadas con asuntos urbanísticos. De momento, ha emitido tres autos que paralizan de forma cautelar otros tantos PAI en los municipios de Parcent, Porxinos y Ador. Además, la Comisión Europea denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas porque la legislación urbanística valenciana no respeta las directivas de contratación pública.
Bajo el paraguas de los abusos urbanísticos entra un amplio espectro de derechos supuestamente violados y de malas prácticas urbanísticas, según los afectados. En Parcent, por ejemplo, una localidad alicantina de 1.000 habitantes, donde se ha proyectado una urbanización de 1.500 nuevas casas fuera de ordenación, el tribunal suspende el proyecto porque casi un 40% de los afectados por el PAI no fueron informados del mismo. El PAI de Porxinos, situado en la localidad valenciana de Riba-roja y donde el Valencia C. F. tiene previsto levantar su nueva ciudad deportiva, se ha parado porque la Generalitat ratificó el proyecto sin el preceptivo informe que garantice agua suficiente para abastecer otras 2.800 casas.
La obligación de pequeños propietarios a ceder parte de su terreno, a pagar millones en cuotas de urbanización calculadas en muchos casos de manera opaca y a no disponer de prácticamente tiempo -porque no eran informados- para evitar el embargo, escandalizó a medio mundo. 17 embajadores tuvieron que solicitar al presidente José Luis Rodríguez Zapatero que atajara lo que está ocurriendo en el litoral, mientras la prensa británica ilustraba lo que sucede en la costa valenciana con viñetas donde una pareja de residentes extranjeros se da de bruces con una pala excavadora cuando pasea tranquilamente por su jardín. "En la práctica es una expropiación por la puerta falsa y sin justiprecio", explica Jaume Sendra, coordinador del equipo de abogados que ha conseguido el auto de Parcent.
En 2003, el entonces magistrado del TSJ valenciano José Díaz Delgado reconocía los problemas de indefensión que generaba la LRAU, aprobada por un gobierno socialista y adoptada desde 1995 sin cambios por los sucesivos gobiernos del PP. Uno de los más llamativos, a juicio del magistrado, es poner de acuerdo los intereses de dos partes -el urbanizador y la Administración- sobre los bienes de una tercera, que es el propietario y que queda al margen de la negociación.
Para Bernardo Hernández, profesor de Derecho Comunitario de la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del equipo jurídico de Sendra, las denuncias tienen que ver con que se permita a un empresario sacar adelante proyectos urbanísticos de hasta seis millones de euros sin acreditar su solvencia, con la falta de publicidad y transparencia en la licitación de los PAI, con plazos tan breves que imposibilitan que haya otro competidor, y con la falta de un precio cierto.
En 2005, la Comisión Europea expedienta a España por la falta de transparencia en el proceso de contratación pública de la LRAU, lo que abre la puerta a que los afectados reclamen por vía judicial indemnizaciones.
"Los poderes públicos valencianos no atienden los derechos reconocidos por la UE", concluye Sendra, quien advierte de que ya existen dos precedentes -en Italia y Francia- en los que se ha condenado a dos legislativos y que esto mismo podría darse en España. El abogado recuerda además que la legislación comunitaria es considerada derecho interno en los Estados miembro por lo tanto con los dictámentes de la Comisión es posible acudir ya a los tribunales.
Mientras esto se dilucida, otra delegación de eurodiputados inician el 27 de febrero una visita a España de seguimiento de las irregularidades detectadas en las visitas anteriores. En su agenda está previsto que recorran el municipio madrileño de Galapagar, varios puntos de Almería y al menos 15 localidades valencianas, entre ellas Orihuela, Torrevieja, Parcent, Carral, Dénia, Xàbia, Benicàssim u Oropesa.
CALENDARIO DEL CONFLICTO URBANÍSTICO
1999. La Sindicatura de Greuges destaca en su informe anual las quejas de ciudadanos por las "exorbitantes facultades del agente urbanizador".
2002. Medio millar de residentes extranjeros crean la asociación de afectados Abusos Urbanísticos No. La plataforma pide amparo al embajador del Reino Unido por la aplicación "abusiva" de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU).
2003. 13 embajadores piden al presidente valenciano que corrija la LRAU. Las protestas de los afectados se extienden a la calle.
2004. 17 países piden al presidente José Luis Rodríguez Zapatero que acabe con los atropellos urbanísticos en la Comunidad Valenciana. La UE expedienta a España por el mal uso de la LRAU y el Parlamento Europeo envía una delegación para verificar in situ las denuncias de los propietarios.
2005. Segunda visita de eurodiputados a la costa valenciana. La Eurocámara aprueba el Informe Fourtou, que corrobora los abusos urbanísticos y recomienda a la Generalitat una moratoria. La Comisión Europea expedienta a España porque la LRAU vulnera las directivas de contratación pública. El Consell presenta el proyecto de nueva ley Urbanística Valenciana (LUV) y la CE insiste en que sigue sin cumplir las normas europeas. Se aprueba la LUV.
2006. La CE ultima la denuncia contra España ante el Tribunal de las Comunidades Europeas por la LUV. El TSJ paraliza cautelarmente el PAI de Parcent.
*El País, 26/02/2007
Una difícil ecuación: urbanismo, vivienda y medio ambiente
GERARDORUIZ-RICO* : "La actualidad política viene marcada últimamente por las secuelas mediáticas y políticas de una corrupción urbanística que, por desgracia, ya no es sólo patrimonio de los grandes ayuntamientos. A una escala inferior, no faltan tampoco los ejemplos de pequeñas corporaciones locales que ha duplicado en pocos años el número de vecinos o ampliado sin mesura alguna el suelo urbanizado de su término municipal.
La pregunta que cabe hacerse por tanto tiene que ver con la legitimación de estos entes locales para disponer de su territorio, como fórmula mágica para un progreso social y económico claramente insostenible. Porque es evidente que la multiplicación de este esquema de funcionamiento conduciría sin duda a un deterioro del medio ambiente, seguramente irreversible para las generaciones futuras. Parece muy cruda esta última afirmación, pero mientras el cambio climático se podría superar con la contención y disminución de las emisiones contaminantes a la atmósfera, la expansión de un urbanismo irracional no tiene un mecanismo de restauración ecológica sencillo. La sola idea de derribar una construcción ilegal provoca un impacto social considerable, y desde el punto de vista de los poderes públicos pocos quieren asumir el coste político que implica. Visto así, el daño ambiental queda consolidado hasta el fin de los tiempos.
El problema de aplicar criterios desarrollistas basados en un crecimiento urbanístico desmedido resulta a todas luces inconstitucional. El mandato de nuestra norma fundamental a las Administraciones responsables de garantizar el derecho a la vivienda deja muy clara la metodología que debe emplearse para ese objetivo. La utilización del suelo tiene que responder al interés general para evitar la especulación. Esta es una obligación que no sólo tiene como destinatarios a los agentes económicos privados; su ámbito de proyección abarca por supuesto también al conjunto de los poderes públicos competentes en la ordenación del territorio; es decir, comunidades autónomas y entidades locales.
Pero esas últimas disponen asimismo por expreso reconocimiento de la Constitución de una autonomía para la gestión de sus intereses propios. Es indudable que uno de los elementos y dimensiones más importantes de esa autonomía municipal es la capacidad para planificar su desarrollo urbano. Sobre este argumento no caben discusiones. Sin esa potestad para decidir sobre los procesos urbanizadores, los ayuntamientos se verían privados de un instrumento fundamental para generar expectativas sociales y económicas entre sus ciudadanos.
Sin embargo, la autonomía local no se configura como una potestad absoluta ni incondicionada. Por encima del interés estrictamente local hay un interés más global que nos afecta a todos los ciudadanos, aunque no seamos residentes en un municipio que ha apostado por el ladrillo y el asfalto. Ninguna corporación municipal tiene legitimidad para rebajar la calidad de vida de la mayoría e hipotecar para el futuro el medio ambiente que es de todos. Tampoco es de recibo la utilización del derecho la vivienda como un pretexto para especular con el suelo.
Por lo tanto, el dilema consiste de nuevo en encontrar un equilibrio que permita armonizar, primero, objetivos constitucionales como el medio ambiente y el desarrollo económico; y después, las competencias de las diferentes Administraciones para regular y ordenar el territorio. En este sentido, entiendo que el principio de sostenibilidad, que aparece por primera vez formulado en el nuevo Estatuto de Andalucía, un texto de envergadura cuasi-constitucional, estaría marcando la pauta a seguir para todos los poderes públicos.
Efectivamente, para lograr una correcta ponderación entre tantos intereses y competencias, garantizando así un urbanismo verdaderamente sostenible, hay que empezar a dotar a las entidades locales de una financiación adecuada a sus necesidades. Los problemas presupuestarios de los Ayuntamientos, reales sin duda, no pueden justificar la explotación abusiva del suelo. Los partidos deberían controlar mejor a sus élites locales, porque resulta fácil caer en la tentación propagandística que vincula el progreso de una pequeña -o grande- comunidad local especialmente con el crecimiento urbanístico. Así se pueden ganar elecciones, pero se pierde en coherencia política y se destruye la idea, en absoluto utópica, de un mundo algo más racional y menos contaminado de hormigón.
*Gerardo Ruiz-Rico Ruiz es catedrático de Derecho Constitucional.
El País, 26/02/2007
Plataformas ciudadanas critican la «destrucción urbana» en Granada
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J.E.GÓMEZ* : "Una veintena de plataformas ciudadanas, protagonizaron una concentración lúdica con el objetivo de informar, alentar a la defensa de Granada y pasar una mañana de domingo en contacto con los problemas de la capital. Convirtieron el entorno de la Fuente de las Batallas en una exposición pública de lo que consideran son los atentados que el Partido Popular ha cometido contra la ciudad de Granada y que han llevado a la «destrucción de la ciudad».
La concentración, que aprovechaba la gran cantidad de personas que cada domingo pasean por Puerta Real, aglutinaba a organizaciones de todo tipo, unas eminentemente reivindicativas de un problema puntual, como la de defensa del camino de la Fuente de la Bicha, otras de carácter ecologista como Salvemos la Vega, Granada al Pedal, Ecologistas en Acción y Salvar los árboles, y otras de carácter pseudopolítico, como Granada, o nunca, y culturales como Granada Histórica.
Junto a ellas, la presencia de personas de marcado carácter de oposición municipal, como los dos concejales de IU, Lola Ruiz y Manuel Morales, y el candidato en las listas del PSOE y presidente de Granada Histórica, César Girón. Esta última organización repartía esquelas mortuorias con Granada como protagonista. «Fallecerá en breve, lo más tardar antes de mayo de 2007» y culpa al concejal de Urbanismo y al alcalde de los diferentes males de la ciudad, como la tala de árboles, el futuro puente en Bola de Oro, el túnel de Severo Ochoa y el de Villarejo, y otras actuaciones como el tapiado de las cuevas de San Miguel.
Otras organizaciones critican las obras de la Gran Vía y todas ellas rechazan las de los jardines del Salón.
Una jornada al aire libre que servía también a asociaciones de vecinos para informar sobre el rechazo a la escuela de golf en La Chana.
También era una de las primeras tomas de contacto de nuevas organizaciones que pretenden hacerse un hueco en el espectro político de la ciudad.
*IDEAL, Lunes, 26 de febrero de 2007
Foto: Torres - 20minutos
Parlamentarios europeos visitan la Comunitat por denuncias urbanísticas
EFE* : "La Comunitat Valenciana centrará la agenda de trabajo de un grupo de parlamentarios europeos que, en respuesta a diversas quejas urbanísticas planteadas por asociaciones vecinales ante la UE, visitará España a lo largo de esta semana, según informaron fuentes de uno de estos colectivos ciudadanos.
De los dieciséis municipios españoles que tienen previsto visitar los diputados europeos, doce están en la Comunitat y, de éstos, nueve pertenecen a la provincia de Alicante.
Según la agenda de esa delegación europea, hecha pública hoy por la asociación alicantina de Veïns de Parcent, una de las entidades que ha denunciado presuntos abusos urbanísticos, los diputados de la UE visitarán las localidades alicantinas de Torrevieja, Orihuela, Catral, Parcent, Rojales, San Miguel de Salinas, Tibi, Benissa y Alicante.
La delegación visitará también los municipios castellonenses de Oropesa y Benicàssim y la ciudad de Valencia, así como Galapagar (Madrid), la propia capital española, Albox (Almería) y la capital almeriense.
Esta presencia de europarlamentarios para estudiar las leyes españolas de suelo y los proyectos de desarrollo urbano, la tercera que realiza en este sentido la Comisión de Peticiones de la UE, fue autorizada por el Parlamento Europeo el pasado 12 de febrero.
La Asociación Veïns de Parcent manifestó hoy que, según un escrito recibido desde la UE, la delegación europea estará integrada por el presidente de la Comisión de Peticiones, el polaco Marcin Libicki, adscrito al grupo parlamentario Unión por la Europa de las Naciones (UEN), y el vicepresidente de esta institución, el británico Michael Cashman, del Grupo Socialista Europeo (PES).
Acompañan a ambos los responsables de su Secretaría, David Lowe y Angel Ardaiz, y los asesores Kjell Sevon y Witold Ziobro.
Esta delegación de la UE mantendrá reuniones tanto con vecinos afectados por decisiones urbanísticas como con autoridades locales y regionales, según explicaron las citadas fuentes.
La visita se inicia mañana en Madrid, donde están previstas sendas reuniones con autoridades nacionales sobre "el nuevo marco legislativo referente al planeamiento del uso del suelo" y con los embajadores europeos.
Un día después, los parlamentarios se desplazarán hasta Almería para celebrar un encuentro de trabajo con autoridades locales y visitarán el municipio almeriense de Albox.
Posteriormente, se trasladarán a Orihuela (Alicante) para abordar diversas reuniones con asociaciones vecinales que el pasado año elevaron denuncias de posibles ilegalidades.
La tercera jornada de la agenda de visita, día 1 de marzo, la delegación europea recorrerá las localidades alicantinas de Torrevieja, Rojales, San Miguel de Salinas y Catral, para mantener un encuentro de trabajo alrededor de las 13,00 horas en Alicante con la Sindica de Greuges, Emilia Caballero.
Por la tarde, los diputados de la UE se desplazarán hasta Tibi, Parcent y Benissa, municipios donde también mantendrán reuniones.
Al día siguiente, la representación europea acudirá a Jávea (Alicante) para proseguir viaje hasta Castellón, para conocer denuncias de propietarios en Benicassim, Oropesa y Els Mestrets (en la ciudad de Castellón), y posteriormente saldrán hacia Valencia donde está prevista una reunión con autoridades autonómicas.
*Levante, Lunes, 26 de febrero de 2007
http://www.levante-emv.com/
Sábado reivindicativo
ElPaís /Com.Valenciana* : "Centenares de personas dedicaron ayer parte de su tiempo libre del sábado a expresar en las calles su protesta, descontento o preocupación por la gestión de las administraciones públicas y algunos políticos, a los que enviaron sus mensajes de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas.
El rechazo a la política urbanística reunió a 17 colectivos en la plaza de las Aulas de Castellón, donde celebraron el I Encuentro de Plataformas, Colectivos y Asociaciones en defensa del territorio. El encuentro culminó con la lectura de un manifiesto en el que hicieron una llamada a la "reflexión seria" sobre la ordenación del territorio y sus efectos en el medio ambiente, la salud y la calidad de vida.
En Valencia, un mar de miles de banderitas blancas plantadas en la plaza del Ayuntamiento resumió el malestar de una veintena de asociaciones y colectivos con la gestión de la alcaldesa, Rita Barberá, del PP. Reivindicaciones vecinales repetidas mandato a mandato, como los espacios verdes de El Botànic y el Parque Central, viviendas de protección oficial, el traslado de la clínica Virgen del Consuelo o el rechazo a la apertura de Blasco Ibáñez por El Cabanyal, se mezclaron con otras más recientes, como la oposición al pelotazo de Mestalla, la subestación eléctrica de Patraix, la recuperación de Tabacalera o de la cárcel Modelo. "Aprueban a su gusto lo que hacer con la ciudad sin contar con los ciudadanos", denunció Ana Puchalt, portavoz de la plataforma contraria al nuevo estadio del Valencia. Su aseveración refleja el sentir de los vecinos y colectivos reunidos en la plataforma Acció y Reflexió Ciutadana per València, organizadora del acto. "Queremos una Valencia habitable, saludable, sostenible y solidaria", reclamó la plataforma megáfono en mano. Sus quejas fueron escuchadas por paseantes, curiosos y candidatos a la alcaldía y concejales del PSPV-PSOE y EU-L'Entesa.
Mientras el manto de banderas de protesta luchaba contra el viento, varios centenares de personas recorrieron las calles entre el puente de Ademuz y la plaza del Ayuntamiento para exigir un centro de acogida de inmigrantes. Organizada por la Mesa de Entidades de Solidad, la Red de Acogida para la Integración de los Inmigrantes, el Foro Alternativo de la Inmigración y la Asamblea Baobab, los manifestantes exigieron el centro al gobierno local y autonómico "porque es una cuestión de justicia" y una "necesidad" mientras haya personas venidas de otros países para trabajar que duerman bajo los puentes del viejo cauce. "[La Generalitat] prestaría más atención a la situación de los inmigrantes y a los servicios sociales si fueran algo espectacular y visible como la Copa del América", denunció Lola Duato, de la Mesa de Entidades de Solidaridad.
Mientras, Barxeta se convirtió en la capital valenciana contra la alta tensión. El municipio de La Costera fue el punto de encuentro de organizaciones cívicas, ecologistas y colectivos educativos y culturales de toda la Comunidad Valenciana unidos contra la línea de alta tensión que Iberdrola construye entre Villanueva de Castellón y Gandia. La convocatoria partió del Fòrum Unitari contra l'Alta Tensió (FUCAT), la Coordinadora contra l'Alta Tensió per la Valldigna, la Plataforma pels Pobles de la Safor y el Ayuntamiento de Barxeta, dirigido por Vicent Antoni Giner (EU-L'Entesa), que lidera junto al de Simat de la Valldigna el movimiento contra la obra y ha llevado su lucha a los juzgados y a la Unión Europea. La línea afecta a más de una decena de municipios de La Costera, la Ribera y La Safor-Valldigna, que han anunciado su intención de sumarse a las acciones legales. La jornada festivo-reivindicativa se inició por la mañana con la inauguración de una exposición de artistas contra la alta tensión en la Casa de Cultura, y un concierto con músicos valencianos. Por la tarde se celebró una manifestación por las calles de Barxeta a la que se sumaron vecinos y políticos de los municipios afectados.
Otro recorrido escogieron 200 personas convocadas por la plataforma La Vega Baja no se vende, que pasearon su protesta por la Cala Mosca, la última zona verde de la costa de Orihuela. El PP ha aprobado un PAI que contempla 1.500 viviendas sobre casi medio millón de metros cuadrados en la única zona de costa de Orihuela sin edificar. Miguel Ángel Pavón, uno de los organizadores de la protesta, exigió la intervención de la Generalitat y del Ministerio de Medio Ambiente para parar lo que calificó de "barbaridad".
Contra la urbanización descontrolada se pronunció también Escola Valenciana, que conmemoró en Xàtiva el 300 aniversario de la batalla de Almansa y la pérdida de los fueros. La IV Nit de L'Escola Valenciana exigió por boca de Diego Gómez "un futuro más participativo, más respetuoso con el territorio" y "con más valenciano".
La protesta más tardía, a las dos de la mañana, fue la organizada por la federación de hostelería de Valencia contra la nueva Zona Acústicamente Saturada de Menéndez Pelayo, decretada a raíz de una sentencia que ganaron los vecinos tras denunciar el exceso de ruido. Los hosteleros invitaron a encender 100.000 bengalas.
Con información de Ezequiel Moltó, Eva Batalla, María Fabra y Sara Velert.
*EL PAÍS - Valencia - 25/02/2007
Foto: laverdad.es, Domingo, 25 de febrero de 2007: REIVINDICACIÓN. Vecinos marchan por la antigua cañada que servía de pasto a la ganadería de la zona. / T. SEVILLA
El fiscal de Urbanismo del Supremo dice que España consume tanto cemento como China
MARÍAZABALETA* : "Con apenas 45 millones de habitantes -casi la mitad que Alemania- y una superficie de medio millón de kilómetros cuadrados, España es el primer consumidor europeo de cemento y el quinto a nivel mundial. No es de extrañar, teniendo en cuenta que el uso de este material en territorio nacional mantiene desde hace años una tendencia al alza que, en 2006, se ponderó en un 6% respecto al ejercicio anterior. Estos datos asientan el país en cotas equiparables a las de vastas superficies como China, Brasil o Rusia y sitúan a España en el ojo del huracán de los delitos urbanísticos.
Desde esta perspectiva, y en el marco del I Congreso Nacional sobre Delincuencia Organizada que se clausuró ayer en Vitoria, el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo, Antonio Vercher, desgranó en la capital alavesa las «dificultades» que entraña consonar, en la actualidad, la normativa urbanística y el Código Penal. «Con la Ley del Suelo de 1998 -explicó Vercher- el suelo urbanizable se declaró residual por lo que, en la actualidad, la inmensa mayoría del suelo español es susceptible de que se construya sobre él».
«Descoordinación»
En términos opuestos se expresa, en cambio, el Código Penal, que penaliza desde 1995 la «construcción no autorizada en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural», lo que conlleva, en palabras del propio fiscal, una «descoordinación absoluta entre el Código Penal y la normativa urbanística».
Esta disonancia, que según Vercher reside en la «absoluta novedad de la materia», tiene, sin embargo, los días contados. No en vano, a nueva Ley del Suelo estatal, que está a punto de entrar en el Senado, «cambiará las tornas» y garantizará una «conexión lógica y coherente de la normativa urbanística con el Código Penal». «Yo tengo un enorme cariño por el proyecto de la Ley del Suelo porque es una medida inteligente que va a suponer la resolución de muchos problemas», aseguró el fiscal del Tribunal Supremo.
En este sentido, y a pesar del gran escándalo de corrupción urbanística que sacude España en la actualidad -la Operación 'Malaya', a la que Antonio Vercher ni siquiera aludió- el experto en delitos urbanísticos aseguró que estos casos «no son un problema único de este país». «Hasta en Islandia se han atisbado casos de corrupción urbanística», alertó.
Con todo, Antonio Vercher reconoció que en España «se ha llegado a una situación insostenible» y adelantó que uno de los objetivos prioritarios de la Fiscalía es elaborar una base de datos que recoja todas las sentencias y la jurisprudencia dictadas en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio. «Se es consciente de que hay un problema y de que se quiere atajar y, en este sentido, la Ley del Suelo estatal es una medida inteligente», reiteró el fiscal.
*El Correo, Sábado, 24 de febrero de 2007
