ELPAÍS/Cuenca* : La oficina de Banesto en Villar de Cañas está a punto de abrir. Después de 15 años de acumular polvo, cerrada por falta de actividad, Alicia Moya, que vive a 10 kilómetros, se hará cargo de la sucursal. “Hay que estar posicionado y ser el primero”, explica su jefe, Andrés Pérez García. Están en el despacho del alcalde, el popular José María Saiz. En la plaza del pueblo aún quedan las pancartas a favor del almacén nuclear con las que los vecinos recibieron a las miles de personas que el fin de semana pasado se manifestaron contra la instalación.
Pero la fiebre del oro que se cierne sobre este pequeño pueblo de Cuenca se enfrenta a un obstáculo: la especulación.
Los dueños de terreno —hasta ahora un secarral de escasa salida— creen tener un potosí. “Estaban vendiendo terrenos a 12.000 pesetas el metro cuadrado (72 euros) y ahora piden 30.000 (180 euros)”, explica Antonio Belda, que desde hace 28 años regenta el bar Mezquita, punto de reunión del pueblo. El valor del terreno aún se mide en pesetas. Belda conoce más ejemplos: “La gasolinera (cerrada desde 2007) pedía 150.000 euros y ahora 300.000. La posada (también cerrada) pedía antes 108.000 euros y ahora 300.000. Todo está al triple”.
El pueblo, de poco más de 300 habitantes, tiene los servicios justos: una carnicería que los jueves sirve pescado —sardinas, bacaladillo y merluza—, dos sucursales de cajas de ahorros, farmacia y dos tiendas de comestibles. La fruta llega en venta ambulante.
Por eso, cuando cientos de obreros levanten el complejo de 700 millones de euros a las afueras del pueblo hará falta de todo: alojamiento, comida... A las tres y media de la tarde, entre semana, uno solo puede comerse un bocadillo. A las cuatro cierra el bar.
David Peña es un promotor que se conoce bien la zona. Ha construido un millar de viviendas de protección oficial en la comarca. Le ha echado el ojo a un terreno en el que el estallido de la burbuja inmobiliaria frustró 20 viviendas protegidas. Pero el acuerdo no es sencillo. “Habrá demanda para comprar y alquilar vivienda, pero no es fácil negociar ahora mismo. Los precios han subido mucho y entre todos debemos evitar que se dispare”.
El Ayuntamiento asiste con preocupación a este fenómeno. La secretaria municipal, Carmen Barco, explica: “En esta euforia inicial nos está cegando la avaricia. Las expectativas de la gente no pueden ser desmesuradas”. La advertencia es clara: “Hay expectativa de negocio, pero nadie puede hacerse rico en dos años”. Que hay muchas esperanzas se ve en la entrada del Ayuntamiento. Un cartel anuncia dónde depositar los currículos. Barco afirma que ya han recibido unos 5.000.
El consistorio teme que, de persistir los altos precios, los negocios se instalen en localidades cercanas. Así que el equipo busca fórmulas legales para impulsar la construcción: “La ley permite la enajenación forzosa si quien tiene aprobado un plan urbanístico no lo desarrolla. Ya se ha utilizado en Toledo”, advierte Barco. Es decir, si alguien tiene suelo listo para urbanizar y se resiste a hacerlo puede llegar a ver cómo el Ayuntamiento interviene. Puede que sea más una amenaza velada que una opción real, pero es un síntoma claro de la situación que vive el pueblo, hasta hace dos años un rincón dormido de Cuenca.
El pasado 30 de diciembre, el Consejo de Ministros lo eligió como sede del almacén nuclear que albergará los residuos radiactivos de todas las nucleares. La elección fue política, ya que Villar de Cañas era el cuarto clasificado en la lista que elaboró el Ministerio de Industria la pasada legislatura. El informe sí dejaba claro que cualquiera de los cuatro primeros (también estaban Zarra, Ascó y Yebra) era apto. Y el sí de la presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, a que fuese a Cuenca despejó la selección. La Audiencia Nacional ha rechazado un primer recurso de Greenpeace a la tramitación del almacén aunque faltan más pleitos.
En el entorno no todos los Ayuntamientos están a favor. Es el caso de la socialista Angustias Alcázar, alcaldesa de Belmonte, a 26 kilómetros. Esta recuerda una entrevista el pasado 7 de febrero de miembros de 14 pueblos de la zona con representantes de Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos y que construirá el complejo. “Nos dijeron textualmente: ‘Esto no es la panacea ni la solución de los problemas económicos y sociales de una comarca”. Según Alcázar, Enresa “hablaba de 300 empleados durante la construcción, con picos de 500, y luego 150 empleados en la operación, si se incluye el centro tecnológico. Y será empleo cualificado, no del pueblo”.
Otro problema son los plazos: por mucha prisa que se dé el Gobierno, el proyecto lo debe autorizar el Consejo de Seguridad Nuclear y ha de seguir una tramitación ambiental y urbanística, con lo que dos años es fácil que se vayan en papeles. El municipio está preocupado por la llegada de especuladores. “Hay gente que viene para comprar a uno y vender dentro de unos años a 10. Y eso no es lo que queremos”.
Belda, el dueño del bar, tiene su opinión sobre lo que está ocurriendo: “Los dueños del terreno viven en Madrid. No les gusta venir al pueblo y que el tractor arranque a las seis porque hay trabajo”.
* El País - RAFAEL MÉNDEZ - 18 FEB 2012
Foto: Pancartas en el Ayuntamiento de Villar de Cañas a favor de la instalación del almacén nuclear. / PEDRO ARMESTRE (AFP)
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LEVANTE/Alicante* : Tres años después de suspenderse el primer juicio y tras diecisiete de la supuesta ilegalidad urbanística, el exalcalde de la Vall de Laguar, Juan José Puchol, del PSPV, se sentará el lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Alicante. Desde la primera vista frustrada, en marzo de 2009, algunas cosas han cambiado. Entonces Puchol todavía era alcalde. En junio de ese mismo año, una moción de censura, presentada por el PP y un tránsfuga de Esquerra Republicana, lo desalojó del cargo. La acusación a la que se enfrenta el exmunícipe sí que es la misma: la fiscalía pide ocho años de prisión y otros tantos de inhabilitación por un delito de falsedad y otro de falsificación de documento oficial. También reclama otros 12 años de inhabilitación por un tercer delito contra la ordenación del territorio. Puchol fue alcalde de la Vall de Laguar, un pueblo de 961 habitantes, durante 14 años. Siempre ha proclamado su inocencia y ha atribuido la denuncia a motivos políticos.
Tras la primera suspensión, que fue a petición de la acusación particular porque faltaba un documento urbanístico, el juicio se volvió a señalar para mayo de 2010. Pero tampoco se celebró entonces porque ese documento, que era una de las principales pruebas contra el exmunícipe, seguía sin aparecer.
El fiscal, en su escrito de acusación, señalaba que en octubre de 1995, Puchol, que hacía poco que había llegado a la alcaldía (entonces bajo las siglas de EU), envió a la Dirección General de Urbanismo una documentación en la que pedía cambios en el planeamiento urbanístico. Esa petición era en nombre de la corporación, pero las modificaciones urbanísticas no se habían aprobado en pleno. El ministerio público advertía de que se eliminaba un vial que pasaba por un terreno del propio Puchol y se grafiaba otro por encima de la vivienda, garaje y naves de Juan Lorenzo Puchol, "con quien (el entonces alcalde) tiene una enemistad manifiesta". El fiscal precisaba que para justificar esos cambios el munícipe envió un plano de una modificación de las Normas Subsidiarias que no se correspondía con la aprobada provisionalmente por el pleno. También indica la fiscalía que Puchol, "con absoluto desprecio" de la normativa urbanística, dio varias licencias, entre ellas una en la Casota que es una zona declarada BIC. Tambiénse acusa al exalcalde de dar "el visto bueno" a una certificación que redactó en 1998 el secretario municipal (también estaba imputado pero ha fallecido) en el que éste aseguraba no tener constancia de la aprobación definitiva de las normas subsidiarias, pese a que sí lo estaban desde 1992.
* Levante - 18.2.12
Foto: Vall de Laguar (Alicante) - todopueblos.com
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LAOPINIÓN* : Años y años de conflictos que se dirimen en los juzgados atascan la tramitación de los polígonos del parque ofimático y San Pedro de Visma, actuaciones destinadas a acoger miles de viviendas y que se enfrentan a la resolución de los litigios. Pese a que en Eirís han comenzado ya algunas obras de urbanización, está pendiente la solución al problema de los reversionistas, sobre el que acaba de presentarse un nuevo recurso, una situación que se repite en Visma, aunque contra el proyecto de compensación.
La última semana de enero, el Ayuntamiento demolió en Eirís seis viviendas en la zona en la que está prevista la construcción del parque ofimático, pero solo unos días más tarde la Xunta emplazaba a todas las partes interesadas en este proyecto para que compareciesen en el juzgado coruñés en el que se presentó un recurso contra el proceso de reversión de las fincas que componen este polígono a sus antiguos propietarios. Esta iniciativa judicial no es sino una nueva dificultad en la interminable tramitación de esta actuación urbanística, que fue aprobada por el Ayuntamiento en 1993, el mismo año en el que el Gobierno gallego ordenó la ocupación urgente de los terrenos. No es el único proyecto que se halla en esta situación, ya que el de San Pedro de Visma también acumula largos años de espera por el comienzo de sus obras.
El plan que debía permitir la instalación en Eirís de 500 empresas en un entorno marcado por el empleo de tecnologías avanzadas durmió el sueño de los justos durante años, hasta que las administraciones local y autonómica convinieron en transformarlo en un polígono residencial. Fue entonces cuando los expropiados se consideraron perjudicados, al entender que se había variado el objetivo de la expropiación y que por lo tanto tenían derecho a recuperar sus fincas. Tras años de litigios, la Justicia les dio finalmente la razón, precisamente cuando todo parecía listo para que comenzasen las obras.
Los promotores que habían adquirido suelo en la zona y las cooperativas de viviendas constituidas para levantar edificios en el ofimático se vieron afectados por esta resolución judicial. Los expropiados añadieron además que se les habían pagado unas cantidades inferiores a las que cabría recibir teniendo en cuenta el nuevo fin que se iba a dar a sus parcelas. El Diario Oficial de Galicia publicó ayer los justiprecios fijados por el Jurado de Expropiación para fincas que habían sido adquiridas en principio con fines industriales y que la Xunta valoró de nuevo tras la exigencia de su devolución. El organismo mantiene en 204 euros por metro cuadrado el precio medio del suelo en ese lugar, por lo que siete expropiados recibirán casi cuatro millones de euros por sus antiguas propiedades.
Pese a este conflicto, el Ayuntamiento comenzó en diciembre las obras de urbanización y el realojo de algunos de los vecinos que continúan en la zona, en algunos casos casi veinte años después de haber sido expropiados. También la Xunta aprobó ya el plan arqueológico para el polígono, sobre el que persiste la incógnita acerca del momento en que se iniciará la construcción de las ansiadas viviendas.
La ronda de Outeiro y la tercera ronda son las vías que delimitarán en el futuro el polígono de San Pedro de Visma, proyectado en los años noventa para albergar 2.900 viviendas libres y 1.100 protegidas pero que también está inmerso en litigios. El pasado mes de enero, la Junta de Gobierno Local desestimó 16 recursos de reposición interpuestos contra la aprobación definitiva del proyecto de compensación, pero esa decisión no pone fin al proceso, puesto que algunos de los afectados han optado por la vía contencioso administrativa, lo que retrasará aún más esta iniciativa.
Tanto en el ofimático como en Visma, los empresarios inmobiliarios no tienen una excesiva prisa en comenzar las obras de edificación, ya que la parálisis del mercado aconseja posponer esta clase de proyectos. Pero en el primero de estos polígonos, los cooperativistas se consideran gravemente perjudicados por el bloqueo de esta actuación, ya que se ven obligados a abonar los alquileres de sus residencias actuales al tiempo que financian el coste de sus futuras viviendas, cuya fecha de puesta en marcha todavía desconocen.
* La Opinión A Coruña - JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ - 17.2.12
Foto: Terrenos del futuro parque ofimático, junto a la avenida de Alfonso Molina. / eduardo vicente
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MARIO RODRÍGUEZ VARGAS /FRANCISCO SEGURA CASTRO* :
En los últimos días se ha hablado mucho sobre la Ley de Costas. Desde el movimiento ecologista queremos manifestar nuestro apoyo a una ley que, a la vista de la situación actual, debería ser reforzada y no rebajada. La Ley de Costas es la mejor garantía para salir de esta crisis económica sin sacrificar el delgado tramo de nuestro territorio que proporciona innumerables servicios naturales, como por ejemplo la defensa contra los temporales, y que nos proporciona un 10% del PIB.
Sin embargo, desde que comenzó a aplicarse, la ley se ha enfrentado a poderosos detractores: aquellos que solo ven en la franja costera una gran parcela a urbanizar, o aquellos que han sido víctimas de la desidia y arbitrariedad con la que muchos ayuntamientos, comunidades autónomas y las propias demarcaciones de costas han jugado a su antojo.
Con la entrada en vigor de la Ley de Costas, en 1988, se dio un paso muy importante en la conservación de los recursos naturales. La nueva ley establecía claros límites al proceso de desfiguración que desde la década de los 50 se había iniciado en la costa, haciendo patente el uso público de la costa para todos los ciudadanos. El servicio público del litoral aparece ya recogido en el artículo 132 de la Constitución española.
La Ley 22/1988 de Costas establecía un plazo de cinco años tras su entrada en vigor para completar el deslinde –la delimitación cartográfica- del Dominio Público Marítimo Terrestre. Sin embargo, transcurridos más de cuatro lustros, el proceso aún no se ha completado. Este dato es fundamental para entender por qué no se puede ahora poner en duda la ley, ya que supondría tirar por la borda el ingente trabajo de la Administración pública para delimitar más del 90% de los 8.000 kilómetros del litoral. Estos deslindes, además, están ratificados por sentencias firmes del Tribunal Supremo, órgano que ha confirmado la legalidad de la actuación de la Administración a lo largo de sus 24 años.
Además, la Ley de Costas, en sus disposiciones transitorias, salvaguarda los derechos de quienes contaban con derechos legítimos, dando el nada desdeñable plazo de 30 años prorrogables otros 30 para buscar otra ubicación al gran número de industrias altamente contaminantes que se asientan en la costa. No existe, pues, inseguridad jurídica o limitación desproporcionada sino, más bien, garantías y soluciones equilibradas aceptadas por el Constitucional.
La reforma que ahora se anuncia no es el primer intento de descafeinar la protección de la costa. En 2002 el Gobierno de Aznar introdujo varios cambios en la ley -escondidos en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales – que fomentaban la ocupación más completa del litoral, llegando a autorizar construcciones a tan solo 20 metros del mar y favoreciendo los planes urbanísticos de los ayuntamientos. Después, el Gobierno de Zapatero también modificó la norma a través de segundas como la Ley de Economía Sostenible. Y ahora, con el cambio de Gobierno, se anuncia una “profunda reforma”.
En lugar de perseguir a quienes se enriquecieron gracias a la corrupción y los desmanes urbanísticos, se deja entrever un escenario de continuidad que daría por bueno el beneficio privado y la búsqueda de soluciones a medida, dejando en segundo plano el provecho que nos reporta una costa al servicio de todos. El peligro con esta reforma es que se premie a quienes se guían por la especulación. Existen multitud de ejemplos, como el del famoso hotel ilegal de El Algarrobico, construido a menos de 20 metros de la costa.
Desde Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideramos que la aplicación de la Ley de Costas tiene que ser estricta, sin rebajas, eliminando las construcciones ilegales y compensando a aquellos propietarios víctimas de la mala gestión administrativa (estudiando caso por caso). La mejor política que se debe ejecutar es favorecer la conservación del entorno. Un estudio del propio Ministerio de Medio Ambiente considera que la costa española puede producir hasta 7.745 millones de euros anuales si se mantiene un estado de conservación favorable. Para mejorar nuestra competitividad económica, sobre todo la turística, no hace falta modificar la ley, hay que gestionar de forma integral todos los usos en el litoral.
El respeto a los procesos ecológicos no es un freno al progreso, es el camino para salir de la crisis. Además, no se lo pueden permitir ni dunas ni albuferas ni calas. Pero tampoco se lo pueden permitir ni la industria turística ni las pesquerías artesanales, y mucho menos los pueblos costeros y sus paseos marítimos, que ven peligrar la seguridad ciudadana por la previsible subida de nivel del mar y las inundaciones y avenidas debido al cambio climático. En España se han destruido en 20 años el equivalente a ocho campos de fútbol al día en la costa. Y la situación en insostenible. Con la vista puesta en el futuro de este país, la reforma de la Ley de Costas sería el peor de los mensajes porque ya hemos aprendido que el ladrillo no es la solución.
* Mario Rodríguez Vargas es director ejecutivo de Greenpeace. Francisco Segura Castro es coordinador de Ecologistas en Acción. Firman también este artículo las organizaciones Amigos de la Tierra, SEO/BirdLife y WWF.
* El País - Opinión - 18.2.12
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