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ELPAÍS* : El Valencia ha llegado a un acuerdo con Bankia, su principal acreedor, por el cual salda su deuda de 250 millones con la entidad bancaria a cambio de patrimonio del club: el viejo campo de Mestalla, es decir, 73.000 metros de suelo residencial; la actual ciudad deportiva de Paterna, pendiente de recalificación; y el edificio destinado a oficinas y uso hotelero en el futuro estadio. Así lo ha anunciado el Valencia, que obtendrá, además, un nuevo préstamo de Bankia, de unos 110 millones, con los que reprenderá las obras del nuevo estadio, paradas desde febrero de 2009 a causa de los problemas económicos. "Empezaremos próximamente las obras y el estadio estará terminado en dos años", señaló una fuente del club. A medio construir, el nuevo Mestalla, ubicado en la avenida de las Cortes valencianas, en otra de las salidas de la ciudad, fue otra víctima más del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Ha estado parado más de 1.000 días después de haber invertido 150 millones en su edificación. La deuda actual del Valencia asciende a 360 millones en total.
El presidente del club, Manuel Llorente, calificó el acuerdo de "hito histórico" por lo que supone de resolver de una tacada dos callejones sin salida en los que había entrado en los últimos años: la imposibilidad de vender el viejo Mestalla, y, como consecuencia, la incapacidad de concluir el nuevo recinto. Desatascado el primer tapón, se ha podido resolver el segundo. "El club se asegura una financiación a medio plazo en condiciones de mercado y ajustadas a sus actuales niveles de ingresos", dice el club en un comunicado. "Es un día que queda para la historia y que hace muy felices a decenas de miles de valencianistas que pronto verán jugar a su equipo en uno de los mejores estadios de Europa. La nueva casa del Valencia permitirá al club dar un salto de calidad en todos los ámbitos", añade el escrito.
La venta del viejo Mestalla y la construcción de un nuevo campo fue el paradigma de la cultura del pelotazo, protagonizado en el Valencia por el que fuera su presidente entre 2004 y 2008, Juan Soler, un promotor impulsado al palco valencianista por el anterior presidente de la Generalitat, Francisco Camps. La deuda del club subió como la espuma, sobrepasando los 500 millones, y Soler dejó la herencia envenenada del campo viejo sin vender y el nuevo a medio construir.
En octubre de 2006, el Ayuntamiento de Valencia, liderado por la alcaldesa, Rita Barberá (PP), aprobó la recalificación de los terrenos de Mestalla de uso deportivo privado a residencial y terciario, con la oposición de algunos grupos del consistorio. Uno de ellos, el PSPV-PSOE, retiró el contencioso administrativo contra la recalificación en noviembre de 2010. Entonces, el Valencia todavía aspiraba a vender Mestalla por 400 millones. Hoy, sin embargo, se ha dado con un canto en los dientes al haber conseguido que Bankia se lo quede junto con Parterna y el hotel del futuro estadio a cambio de 250.
* El País - CAYETANO ROS - Valencia - 12/12/2011
Foto: Valencia, estadio Mestalla - elpais
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ATLÁNTICO* : La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia advirtió al alcalde sobre la sanción coercitiva de 300 euros al día si incumple la sentencia firme de derribar todo o en parte el edificio condenado.
El próximo 31 de diciembre todavía seguirá en pie la totalidad del edificio de la calles Churruca 3-5 pese a que hay una sentencia firme de demolición de las dos últimas plantas y otras partes de la estructura y que el Tribunal de Galicia (TSXG) insta periódicamente al Concello a proceder a la demolición. ¿Comprensible? Para el denunciante, el abogado Manuel Dopico, no es fácil de explicar tras diez años tratando de conseguir que caigan los das últimas plantas en Churruca, lindantes con su vivienda, que dejó sin vistas de forma ilegal, y recuerda que acaba de recibir -hace menos de dos semanas- dos nuevas resoluciones judiciales en la misma línea: un auto y una providencia del TSXG.
La primera iba dirigida a la empresa Churruca Promociones, que levantó el edificio, rechazando su propuesta de que se derribe todo a la vez y no por fases, como propuso el Concello y aceptó Dopico. Se trataba de una intento de paralizar la ejecución, ya que la operación sería técnicamente muy complicada y conllevaría la práctica demolición de todo el inmueble, con las consiguientes indemnizaciones millonarias y desalojos. No obstante, el tribunal descartó la exigencia de la empresa promotora y mantiene el plan en fases, que tendría que haberse iniciado antes de final de año con la liquidación de las dos últimas plantas. De realizarse, probablemente no habría más actuaciones de la piqueta, al desistir el denunciante.
El segundo escrito del juez era para el alcalde, a quien exigió información precisa sobre el proceso de desarrollo de una sentencia firme, avisando que no hacer caso supondría una multa coercitiva de 300 euros al día.
Manuel Dopico recibió información indirecta de que el Concello contestó al Tribunal de Galicia anunciado ahora la adjudicación de los trabajos de derribo, que se iniciaría en enero, una nueva fecha, la enésima. 'Ahora me entero que la demolición todavía no está adjudicada, pero voy a seguir insistiendo hasta que se ponga en marcha, y ya son diez años. El tribunal también insiste y ahí avisa de la multa', explicó Dopico.
Mientras, los vecinos del inmueble Churruca viven en continuo sobresalto a la espera de novedades y ante el temor de quedarse todos en la calle.
* Atlántico - 14.12.11
Foto: El famoso edificio de Churruca de los números 3 y 5, con sus dos últimas plantas, que tendrían que ser derribadas antes de final de año.- atlantico
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ELPAÍS/A Coruña* : Es un paradigma de la era del ladrillo, cuando se proyectaban descomunales hileras de residencias frente al mar en pequeñas localidades de la costa. Una década después de fraguarse, la macrourbanización Costa Miño Golf, antes llamada Anácara, sigue inacabada, con aspecto fantasmal y presa de malas hierbas que invaden los rincones y entradas de centenares de chalés adosados y edificios de apartamentos deshabitados.
Es una de las mayores promociones urbanísticas de Galicia y está lastrada por el cúmulo de despropósitos que marcaron este proyecto de Martinsa-Fadesa con el Ayuntamiento de Miño (A Coruña), gobernado por el PP. Tras 10 años de reclamaciones judiciales, también siguen pendientes de cobro los 400 propietarios de terrenos expropiados a la fuerza por el Ayuntamiento para construir 1.217 chalés, apartamentos y parcelas, con campo de golf de 18 hoyos incluido.
Aunque puede que empiece a verse al fin una salida al atolladero en el que varó este proyecto tras suspender pagos la inmobiliaria en julio de 2008.
Tras aceptar, pese a sus reticencias, firmar con el alcalde de Miño, Juan Maceiras Barros, un nuevo contrato de adjudicación para dar cumplimiento a la sentencia firme que anuló, por ilegal, la urbanización, Martinsa-Fadesa aseguró, en declaraciones a este diario, que el 31 de diciembre habrá "un primer pago, pequeño" de esa deuda millonaria que arrastra con los exdueños de los solares.
Estos no solo consiguieron con su larga batalla judicial en solitario que se anulara la adjudicación de esta promoción urbanística, sino también que se multiplicara como mínimo por cuatro el precio de los terrenos que les fueron arrebatados hace una década. De los 6,3 euros por metro cuadrado que se les abonó por sus bienes, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia elevó el justiprecio mínimo a 25,9 euros (la cantidad se incrementa hasta 72,11 euros, en función de la calificación de cada suelo). La deuda, que crece cada día por incluir intereses de demora, se calcula en unos 34 millones de euros.
La inmobiliaria asegura que se abonará paulatinamente con cargo al crédito ordinario que suscribió para resolver su concurso de acreedores, el mayor de España, y saldar la totalidad de sus deudas. De ahí, insiste, ese "primer pago" antes de que finalice este año, "tal y como se estipula en el convenio de acreedores".
Y Martinsa-Fadesa asegura que también es "inminente" la reanudación de las obras para acabar la macrourbanización. Da por entregadas 700 viviendas, y casi finalizadas y con licencia municipal de ocupación otras 210. La edificación de las últimas 178 también "está al 85%-95%", agrega la compañía. En la web de la inmobiliaria, siguen a la venta, con una considerable rebaja de precios, chalés adosados o pareados, apartamentos y parcelas individuales para construir "con vistas al mar o al campo de golf". Pulverizado el plazo inicial de ejecución, de 30 meses, la promotora dice ahora que no hay fecha para terminar las edificaciones.
Mientras, el equipo del alcalde ni siquiera ha accedido a hacer público el nuevo contrato de adjudicación firmado con la compañía el pasado día 1 y remite a la empresa para cualquier dato al respecto. Nunca ha tenido una reunión formal con los expropiados ni atendido las reiteradas peticiones de la oposición -que ahora conforman en solitario los socialistas- para que se siente a negociar con los afectados por esta promoción pactada el 17 enero de 2001 entre el entonces responsable del Ayuntamiento, el exalcalde Deogracias Romeu, también del PP, y el fundador de Fadesa, el coruñés Manuel Jove.
* El País - PAOLA OBELLEIRO - A Coruña - 14/12/2011
Foto: Miño (A Coruña), urbanización Fadesa - laopinioncoruna.es
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SUR/Marbella* : El juicio por el caso Malaya alberga dos caras radicalmente opuestas de una misma persona: su principal imputado. Mientras la investigación policial y ahora las acusaciones mantienen que Juan Antonio Roca hacía y deshacía a su antojo en el Urbanismo y en el Ayuntamiento de Marbella en general, el exasesor sorprendió ayer desmintiendo ese «poder absoluto» que se le atribuye hasta el punto de mantener que su influencia era practicamente nula y que en asuntos urbanísticos la responsable era la alcaldesa, Marisol Yagüe. «Sobre urbanismo no tenía ni idea de cúal era el orden del día de la conimisón de gobierno, por lo tanto difícilmente podía influir. Desde ya digo que mi única intervención en esto era seguir las instrucciones de la alcaldesa», espetó el acusado.
El presunto cerebro de la trama se sacudía por momentos responsabilidades durante el interrogatorio de su abogada, Rocío Amigo. La letrada centró su estrategia de defensa en reducir los tentáculos de poder de su cliente en todas las concejalías de gobierno. «No he tenido ningún tipo de participación, conocimiento, propuesta, orden o sugerencia sobre ninguna concejalía», matizó. Fuera de Urbanismo, Hacienda o Personal incluso sostuvo que no tenía «ni poder, ni decisión ni interés, ni idea de lo que iban».
El acusado también negó que representara al Ayuntamiento ante terceros, que decidiera la convocatoria de los plenos, que su voto de calidad decidiera los empates o que influyera en la regidora en relación a las obras municipales por acometer. En este punto descargó directamente responsabilidades al concejal del ramo encargado y también procesado en la causa, Vicente Manciles. «Tenía suficiente autonomía como para proponer a la alcaldesa las obras que entendíaque había que realizar. Las obras las lleva, controla y administra el concejal en este caso desde la empresa municipal Gerencia de Obras», afirmó el exasesor recordando que esta área tenía competencias separadas de Urbanismo o de Planeamiento.
Aprobación de licencias
La salida de uno de los asuntos más polémicos, la concesión de licencias urbanísticas, la encontró amparándose en los informes técnicos y jurídicos que condicionaban su aprobación posterior. Se otorgaban por parte de los concejales «si cumplían los requisitos», matizó. Sin embargo el exasesor reconoció que en ocasiones sí se dió luz verde sin el visto bueno técnico. Ocurría antes de 2003 cuando Jesús Gil llamaba pidiendo que se otorgara «con informe en contra y con el compromiso, que era el de 'palabra del niño Jesús', de que se iba a arreglar».
Comisiones de gobierno
En este apartado reiteró lo que ya había asegurado por activa y por pasiva en otras sesiones: «yo nunca asistía a ninguna comisión de gobierno, ni redactaba el orden del día de los plenos». Tampoco influía en el sentido del voto de los ediles. Y no se cansó de repetir su versión: Las gratificaciones que entregó a los miembros de la corporación buscaban mantener la unidad de gobierno «no resoluciones favorables a determiandos acuerdos».
Para acabar de desvincularse de la gestión de Gil Roca calificó de «tremendo disparate» el reparto de los aprovechamientos urbanísticos ordenado por el exalcalde: 50% para el consistorio y 50% para los privados, cinco veces por encima de lo que marca la ley. Se mostró contrario a este sistema que dijo se modificó con el equipo de gobierno resultante tras la moción de censura.
Desviada toda la culpa de la gestión urbanística en la localidad (en la época previa al tripartito Roca siempre ha señalado al fallecido Jesús Gil como responsable) también se encargó de acotar su labor en el Ayuntamiento marbellí. Según recalcó su abogada (y él ratificó) su cometido se limitaba a la dirección del equipo redactor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella. Una revisión en la que primaba, «por orden de Jesús Gil», la participación de propietarios particulares de suelo a través de convenios urbanísticos.
El principal acusado en esta presunta trama de corrupción municipal seguirá testificando el lunes de la semana próxima. Tras él se sentarán en el banquillo el resto de exediles y empresarios imputados en este cuarto y último bloque dedicado a los presuntos sobornos.
* Sur - ROSSEL APARICIO - 15.12.11
Foto: Marbella, imputados Muñoz, Roca, Yagüe y Reñones - 20minutos.es
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