ELPAÍS/Madrid* : Dos recientes sentencias de dos salas de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) han puesto en evidencia el desarrollismo del urbanismo desplegado por la mayoría de los municipios de la región, independientemente del color político de su Gobierno municipal; y de la Comunidad madrileña, gobernada sucesivamente por Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre, ambos del PP. Casi todos los alcaldes utilizan el urbanismo para cuadrar sus presupuestos. Para ello se generalizaron las enajenaciones de terreno y los convenios urbanísticos, mediante los cuales los promotores adelantaban fuertes cantidades de dinero, que se utilizaba incluso para afrontar los gastos corrientes.
La primera decisión judicial del TSJM que pone en entredicho el desarrollismo de los últimos años anula un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Quijorna (municipio de 2.800 habitantes al oeste de Madrid) y varios promotores, al aumentar de forma "ilegal" los porcentajes de terrenos que debían cederse al Ayuntamiento, que está previsto por la ley, y no se pueden cambiar. El Ayuntamiento recibió parcelas de más de los empresarios, y a cambio les aumentaba la edificabilidad, algo muy habitual y que han hecho la mayor parte de los Consistorios españoles.
La segunda sentencia del TSJM declara ilegal el presupuesto municipal de Las Rozas (población de 88.000 habitantes al noroeste) de 2009 al utilizar el Consistorio el dinero de las enajenaciones de parcelas municipales para cuadrar las cuentas, dedicándolo al gasto corriente, algo que no permite la legislación regional de forma expresa, pero que también fue un acto que se generalizó a lo largo de los últimos años.
Desde la aprobación en 1998 de una Ley del Suelo mediante la cual se trataba de liberalizar lo máximo posible el suelo con la intención de abaratar su precio, las diferentes Administraciones públicas locales y regionales han tratado de sacar provecho de este maná, que servía para completar los siempre exiguos presupuestos municipales.
Y la Comunidad de Madrid y sus 179 Ayuntamientos no iban a ser menos. Por eso los alcaldes se lanzaron a una competición de venta de suelo mediante simples enajenaciones, o llegando a acuerdos con promotoras privadas mediante los convenios urbanísticos. Estos últimos prohibidos desde 2007 con la Ley del Suelo madrileña. Muchos Consistorios completaron sus presupuestos con los millones procedentes del urbanismo: "Y no cabe duda de que eso fue la puerta de la corrupción urbanística", explica el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y experto en análisis sobre corrupción Manuel Villoria.La doctrina reciente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid parece poner en jaque el urbanismo madrileño, que se desarrolló bajo el amparo de la Ley del Suelo de 1998. La primera de ellas es la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJM relativa a uno de los convenios urbanísticos aprobados en Quijorna, municipio de unos 2.800 habitantes gobernado por el PP. Esta sentencia anula un convenio urbanístico establecido entre el Ayuntamiento de esa localidad y varios promotores urbanísticos mediante el cual los empresarios elevaban sus cesiones de terreno al Consistorio del 10% al 22%. A cambio, el Consistorio se comprometía a arrancar un acuerdo con la Comunidad para bajar el porcentaje de viviendas públicas (del 50% al 10%) y aumentar la edificabilidad, que pasó de 18 viviendas por hectárea a 25 viviendas.
"Esa actividad, para el letrado del Ayuntamiento es lícita, aunque casi sin darse cuenta está deslizándose en un enunciado muy próximo al descrito en el artículo 428 del Código Penal", referente a la falsificación de documentos, explica la sentencia del tribunal madrileño. "El problema surge después de que un recurso como el de los convenios urbanísticos, que debería ser la excepción, llega a generalizarse", explica Fermín Rodríguez, el catedrático de Geografía de la Universidad de Oviedo y director del Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial (Cecodet) que desarrolla un máster en gestión urbanística y ordenación territorial. "Hay que saber compaginar el urbanismo como motor de desarrollo y como función pública, en la que no solo los promotores y las Administraciones tienen voz, sino también el resto de personas que viven en las ciudades y pagan las consecuencias de estos convenios", explica el catedrático asturiano.
Pero en la sentencia la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJM hace gala de su oposición al convenio en la sentencia al asegurar de inicio que el Ayuntamiento de Quijorna "no debió firmar" un convenio en el que sus obligaciones consistían en actuar como "negociador" ante la Administración autónoma, que la encargada de aprobar definitivamente el plan parcial. Pero tampoco, según el tribunal, debió seguir la tramitación de un convenio de planeamiento desde que fueron prohibidos en la Comunidad de Madrid: "Lo que aquí interesa es que las cesiones de aprovechamientos al Ayuntamiento que resultan del plan parcial impugnado, al margen del sistema legal, no se ajustan a derecho, y por tanto se anulan, debiendo suprimirse tanto de la memoria como de los documentos normativos del plan".
Esta decisión judicial tiene como consecuencia primera que el Ayuntamiento de Quijorna deberá devolver a los promotores con los que firmó el convenio el 12% de los terrenos que recibió de más. Y eso en un momento de fuerte restricción presupuestaria. Algo que, según la oposición, aboca de forma ineludible a la bancarrota del Consistorio de Quijorna.
Pero la sentencia del TSJM no se acaba ahí, llegando a mostrarse muy dura con la firma del convenio urbanístico, cuyo primer borrador se redactó en 2003: "La lectura del convenio urbanístico y las explicaciones ofrecidas en la contestación a la demanda en torno a la causa puede presentar un ejemplo de tráfico de las potestades públicas, de más que dudosa legalidad, con el designio principal de favorecer intereses particulares".
Según los magistrados, el acuerdo logra, "a través de la realización de gestiones ante la Administración autonómica" la aprobación definitiva de un plan parcial con menor número de viviendas protegidas de las contempladas en el aprobado inicialmente. Incrementando el número de viviendas por hectáreas prevista en el documento inicial, "para beneficio de los promotores".
Esta sentencia, que será revisada en el Tribunal Supremo, pone en jaque al urbanismo desarrollado en toda España y especialmente en los municipios de la Comunidad de Madrid. De hecho, se convierte en un golpe duro para el Gobierno de Aguirre, que fue el que aprobó el plan parcial de Quijorna en 2009. "Consideramos ilegal que los instrumentos de planeamiento puedan establecer previsiones de cesiones de aprovechamientos lucrativos al margen de las legales", añade el fallo. La versión de la Comunidad de Madrid se contiene en la sentencia: "La letrada de la Comunidad no encuentra impedimento a que el planeamiento establezca cesiones por encima de las establecidas legalmente", pues las considera mínimas.
La segunda de las decisiones judiciales que ponen en entredicho el urbanismo desarrollista de los últimos años procede de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJM, que anuló el presupuesto del Ayuntamiento de Las Rozas de 2009. Uno de los motivos que han llevado a esta anulación es por no ajustarse a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid al utilizar el dinero obtenido con la venta de suelo público para financiar gastos que no contempla esta normativa.
Según el TSJM, los presupuestos se anulan al haberse utilizado el dinero procedente de la enajenación de terrenos municipales para gasto corriente, algo que no es acorde con la legalidad, ya que según la normativa vigente este dinero debería haberse dedicado a la mejora de las redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos especificadas en el artículo 36 de la Ley Territorial 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y por lo tanto no se ajustan a los fines prevenidos en la ley.
* El País - TONO CALLEJA - Madrid - 07/11/2011
Foto: Vista aérea del municipio de Las Rozas.- MANUEL ESCALERA - elpais
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20MINUTOS/Marbella* : El presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, ha admitido que cobró de tres empresarios por asesorarles sobre convenios urbanísticos y también ha reconocido el pago de "gratificaciones" a los grupos municipales que formaban el equipo de gobierno para que permanecieran "unidos hasta el final de la legislatura".
La vista oral del caso 'Malaya' se ha retomado este lunes con la última parte del juicio, en la que se analizarán estos presuntos pagos por parte de empresarios a Roca y los supuestos cobros de éste y exconcejales marbellíes, recogidos, según la Fiscalía Anticorrupción, en los archivos intervenidos en la sociedad Maras Asesores. El principal acusado ha sido el primero en declarar y seguirá este martes.
En concreto, Roca ha indicado que cobró por el asesoramiento al empresario Fidel San Román, a la entidad Aifos, concretamente a través de conversaciones sólo con su entonces director comercial, Francisco García Lebrón, también acusado, y al que era responsable de Construcciones Salamanca, Emilio Rodríguez Bugallo, que falleció.
Ha explicado que eran convenios "concretos" y que se debió a que con ellos tenía "otro tipo de relación", precisando el asesoramiento dado en cada caso y la cantidad cobrada. Así, ha dicho que fue un millón de San Román, 740.000 euros de Construcciones Salamanca y 1,8 millones de Aifos, empresa sobre la que ha dicho que sólo vio una vez al dueño, el acusado Jesús Ruiz Casado, y que no conocía al otro procesado.
Ha negado que sus sugerencias garantizaran la concesión de licencias o el éxito empresarial. De hecho, en el caso de San Román, ha apuntado que "fue nefasto el asesoramiento que le di porque ha pagado cuatro millones al Ayuntamiento y un millón a mí y no tiene nada, sólo un papel precioso".
Asimismo, Roca ha admitido que dio "gratificaciones" a "los grupos políticos", con las que "pretendía que no hubiera transfuguismo ni que abandonaran la disciplina". Roca ha señalado que se daba una cantidad "más importante" a los tenientes de alcalde y los portavoces que a los ediles y ha precisado que el dinero se entregaba a los responsables de las formaciones en sobres con las iniciales.
En este sentido, ha explicado que, tras la moción de censura que desbancó a Julián Muñoz de la Alcaldía y configurarse el gobierno local, formado por concejales del GIL, PSOE y PA, el exregidor Jesús Gil "dijo a la alcaldesa Marisol Yagüe que el tripartito era insostenible", por lo que éste "me encarga que hable con ellos para que intenten aguantar hasta final de legislatura".
Ha precisado que se reunió con los portavoces de los partidos, Yagüe, Isabel García Marcos —ambas acusadas— y Carlos Fernández —huido—, quien "ya iba un poco por libre y vino a decir que estaba buscando un mejor postor para ubicarse en un futuro partido para las próximas elecciones", ha dicho.
Ante esto, ha explicado que habló con Gil y se decidió llegar a un acuerdo económico "para sostener el GIL hasta las siguientes elecciones". Ese acuerdo "no se plasma en ningún documento y ni siquiera se fija cantidad", ha apuntado, pero "yo me comprometo a que cuando tengo liquidez voy dando dinero y gratificando", ha añadido.
Ha dicho que él asume esos pagos porque "en ese momento me convierto, muy a mi pesar, en representante del partido, soy la persona de Jesús Gil, que era el que había propiciado la moción de censura". Así, ha explicado que "con esos acuerdos de los empresarios yo saco para gratificar a los grupos políticos y para sacar, incluso, una compensación para mí".
Archivos maras
Preguntado sobre los archivos intervenidos en la sociedad Maras Asesores, una de las principales pruebas para el fiscal, Roca ha reconocido el reflejo de cobros y pagos, aunque ha asegurado que no es una contabilidad, sino "una mezcolanza de saldos con ingresos en A, en B, con salidas en A y en B" y que arrojan "unas previsiones". "No necesariamente es un arqueo cuadrado de una tesorería", ha indicado.
Sobre las referencias en dichos archivos a otros empresarios acusados, que figurarían con iniciales, el principal procesado ha dicho que "se refieren a negocios que he tenido con estos señores que también construyen" y ha indicado que se irán analizando "y podré decir por qué he obtenido esos ingresos de esos empresarios y cuál es la razón de mi relación comercial" con ellos.
En el caso de las iniciales que se vinculan a exediles, sí se ha referido a algunos nombres, como Yagüe, a la que le constaría un apunte de 84.000 euros, o Isabel García Marcos, con 42.000 euros, explicando, además, pagos "distintos", como el del exconcejal Rafael González, con quien se comprometió a darle la cantidad de su sueldo embargada; un "préstamo" dado a la exregidora para una operación que luego "de su gratificación se lo desconté", o para el piso de un hijo de ésta en Madrid.
Roca ha negado que tuviera en nómina a los exediles para sus intereses y que la intención de las gratificaciones fuera tener el sentido del voto en las comisiones de gobierno, emplazando al fiscal a que le diga "en qué caso concreto se votó a favor de una resolución que me beneficie y que sea contraria al resto de cosas". Ha rechazado que los pagos fueran para acuerdos concretos o una relación con el urbanismo, alegando que "desde 2003, no se adopta ninguna resolución contraria a legalidad".
Fuentes judiciales han indicado, tras la declaración de Roca, que se trata de un "reconocimiento parcial" de los hechos por los que está acusado y por los que se le solicita una pena de 30 años de cárcel, algo que inicialmente no forma parte de acuerdo de conformidad alguno y que respondería, en todo caso, a una intención de "diluir" el delito inicial, hacia uno de cohecho impropio. URBANISMO
El principal acusado ha vuelto a asegurar en su declaración que Gil "prácticamente decidía todo", sobre todo en lo referente "a temas económicos, temas urbanísticos y de obras". Además, ha apuntado que "la comisión de gobierno lo único que hacía era santificar lo que decidía Jesús Gil", añadiendo que "los órganos colectivos en el Ayuntamiento de Marbella en la época de Jesús Gil no existían".
Luego, ya con Julián Muñoz como alcalde, ha señalado que fue despedido "porque se había enterado de que al día siguiente se iba a presentar una moción de censura y me argumentó que sabía que yo estaba detrás". "Ya no contaba con su confianza y me despidió", ha dicho, explicando que, al ser elegida Yagüe, le pidió que le asesorara para "normalizar" el urbanismo, pero nunca tuvo contrato como tal.
Ha negado que los convenios incluyeran el otorgamiento directo de la licencia pero sí ha señalado que "el promotor no es sordo ni ajeno a la realidad de Marbella" y sabía que "la política del Ayuntamiento era de darla", en el momento en el que firmara el convenio. Sobre los entonces concejales, ha señalado que "pocos de los tenientes de alcalde que formaban parte de la comisión tenían conocimientos suficientes para poder valorar en sí ni siquiera qué era un convenio".
La sesión ha comenzado haciéndose público otro acuerdo de conformidad —el cuarto— entre la Fiscalía Anticorrupción y la defensa de un acusado, en concreto Eusebio Sierra, en el que se reconoce un pago de 60.000 euros, requerido por Roca, con el que se pretendía agilizar el reconocimiento de una deuda. Se fija una pena de seis meses de cárcel y multa de 48.600 euros.
En dicho escrito, al que tuvo acceso Europa Press, se hace referencia a que un apunte de los archivos Maras "se corresponde con la entrega efectuada por Eusebio Sierra Sánchez, empleado de la entidad Proincosta, atendiendo al requerimiento efectuado a la sociedad por Juan Antonio Roca Nicolás" y se explican las actuaciones realizadas por la empresa y las aprobaciones del Ayuntamiento.
* 20 Minutos - EP. - 7.11.11
Foto: Marbella, Roca en el juicio Malaya (archivo) - malagahoy
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PÚBLICO* : Cerca de doscientas personas se han reunido a las puertas del Palacio de Congresos para protestar contra un debate —entre Rajoy y Rubalcaba— que consideran "bipartidista" y que "no les representa".
Un nutrido dispositivo policial ha conformado un perímetro de seguridad alrededor del recinto, por lo que los manifestantes no han podido acercarse a los accesos. Durante el acto se han coreado consignas como "yo también quiero debatir", "PSOE, PP, la misma mierda es" o la tradicional "lo llaman democracia y no lo es", y se han podido ver pancartas como "Game Over" o "Ni izquierdas, ni derechas, ciudadanos contra políticos y banqueros".
Uno de los participantes, que se ha identificado como Pablo, ha manifestado que "la democracia no son solo dos partidos", y ha resaltado que "el futuro de una nación no se puede limitar a dos ideas". Junto a él, Miguel Dieguez, estudiante de Derecho y Administración y Dirección de Empresas, ha opinado que "parece que solo existe un partido, porque tanto el PP como el PSOE defienden las mismas ideas".
Convocados por Anonymous
La vertiente española del grupo internacional Anonymous ha convocado esta protesta para denunciar lo que, aseguran, será "una pantomima" tras la que se esconde "una agresiva propaganda electoral".
"Hoy tendrá lugar en la Academia de Televisión una muestra pública y descarada de la falta de neutralidad a la que estamos sometidos en nuestro país", reza el texto de la convocatoria difundida por el grupo de ciberactivistas y a la que ya se han sumado la vertiente madrileña del movimiento ciudadano 15-M y Democracia Real Ya, así como la Plataforma de Profesores Interinos de Madrid y la de Afectados por la Hipoteca.
De esta forma, los 'indignados' con el debate se han concentrado frente al Palacio para "hacer un llamamiento ciudadano" y tratar de "detener" lo que consideran "una farsa". "Te invitamos a recuperar lo que es nuestro y que por falta de cuidado hemos dejado que otros se hagan cargo", manifiestan.
Un amplio dispositivo policial formado por al menos una docena de furgones policiales ha protegido en todo momento la entrada principal y los alrededores del Palacio Municipal de Congresos de Madrid.
#OCUPAELDEBATE en Twitter
Además, los indignados han animado a los internautas a retransmitir y dar cobertura a la concentración a través de la red social Twitter mediante las etiquetas #OpAcademia, #ocupaeldebate y #7n, tal y como ya ocurrió en la conocida como 'Operación Goya', convocada también por Anonymous, que tuvo lugar hace ocho meses durante la ceremonia de entrega de premios del cine español y de la que surgió, tal y como recuerdan, el lema #nolesvotes y el "germen" del movimiento 15-M.
Por su parte, la Plataforma de Profesores Interinos de Madrid ha propuesto a los asistentes acudir a la concentración ataviados con las camisetas verdes que se han convertido en símbolo de este movimiento, conocido como la 'Marea Verde'. "Paremos el mercantilismo social, político, cultural e intelectual", dice el texto difundido por la plataforma a través de Facebook.
* Público - 7.11.11
Foto: 'Hashtag' del colectivo virtual Anonymous
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ELPAÍS* : La crisis no solo está provocando que sus víctimas no puedan pagar la hipoteca: la morosidad ha alcanzado al alquiler. A falta de cifras oficiales, que no existen, las entidades que lidian a diario con familias en apuros han encendido la luz de alarma. Cáritas ha visto cómo su presupuesto en ayudas al pago de vivienda se ha disparado de 4,5 millones el año pasado a 5,2 millones para este. Es una previsión que duplica la cantidad que destinaba hace cuatro años (2,5 millones) y que representa más de la mitad de las ayudas que dedica Cáritas a sus usuarios. Y no solo son ayudas al alquiler, sino también al realquiler, a pagar habitaciones en las que viven familias enteras, destaca la responsable del servicio de mediación de la organización, Carme Trilla. También las Plataformas de Afectados por la Hipoteca, y pese a no dedicarse hasta ahora al tema, han detectado el fenómeno y aumenta el número de personas que acuden a las asambleas buscando ayuda porque no pueden pagar, asegura su portavoz, Ada Colau.
El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad, Joan Ollé, lo corrobora: la morosidad ha aumentado. Oller no facilita cifras porque, dice, el del alquiler es un mercado atomizado de pequeños propietarios. La morosidad ha alcanzado incluso al parque público de pisos de alquiler, en el que las mensualidades están muy por debajo del precio de mercado. En lo que va de año está en el 4,72%, indica el secretario de Vivienda de la Generalitat, Carles Sala. "De enero a agosto hemos destinado 2,5 millones de euros a ayudas de emergencia para evitar desahucios", alerta.
El aumento de la morosidad coincide con la entrada en vigor de la conocida popularmente como ley del desahucio exprés, por la que los propietarios pueden denunciar desde el primer mes de impago y en la que ya no se celebra juicio previo al desahucio. La nueva normativa tiene el paraguas de la Ley de Medidas de Agilización Procesal, que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Desde el lunes pasado, día en que entró en vigor, cuando el propietario presente una demanda por impago, el secretario judicial dará 10 días al inquilino para que pague, se marche o presente alegaciones. Si transcurrido este periodo el inquilino no ha actuado, el secretario puede fijar fecha de desahucio, previa solicitud del propietario, sin necesidad de que se celebre un juicio. Esta modificación completa la aprobada en 2009, que redujo de dos meses a uno el plazo que debe transcurrir entre el requerimiento de un impago por parte del propietario y la presentación de una denuncia contra el inquilino.
El Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) ha alertado esta semana de que en el momento de crisis actual y con las elevadas cifras de paro "esta es una medida injustificable". El abogado del observatorio, Jaume Asens, ve la nueva ley como "una nueva vuelta de tuerca en las políticas neoliberales". "Para agilizar el mercado de la vivienda, se dan facilidades al propietario, cuando habría que proteger al inquilino", considera. Además, cuestiona que con la nueva ley hay menos control judicial de los casos, porque se da protagonismo a los secretarios, de menor rango.
Desde la Generalitat, el secretario de Vivienda se muestra "tremendamente escéptico" sobre la eficacia de la nueva ley y la capacidad de los juzgados para hacerla cumplir, "por la situación de colapso que viven". Pese a entender, asegura, el riesgo que la nueva ley conlleva para las familias que están en una situación crítica, Sala defiende el desahucio exprés con el argumento de que "para tener un buen parque de alquiler es tan importante que las familias tengan una buena situación económica como que haya garantías para los propietarios".
JOSÉ ANTONIO VARGAS "Elegir entre pagar el alquiler o dar de comer a tu hijo"
Parado desde diciembre y con solo 575 euros de renta mínima de inserción, José Antonio Vargas y su mujer no pueden pagar el alquiler: "Tienes que elegir entre pagar la renta o dar de comer a tu hijo [de dos años]". El propietario del piso en el que viven en El Vendrell les denunció y el desahucio está previsto para el próximo día 18. Sus únicas esperanzas pasan por encontrar trabajo -"como si me toca recoger colillas"- o bien que le adjudiquen uno de los alquileres sociales de 200 euros del plan de choque de la Generalitat.
* El País - CLARA BLANCHAR - Barcelona - 07/11/2011
Foto: Se alquila (archivo) - A. Ruesga (El País)
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INFOALCORES/Sevilla* : Los tribunales han dado la razón a la sociedad ecologista Al-Wadiira –Ecologistas en Acción- y han anulado la actuación urbanística irregular llevada a cabo por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira en la zona de Gandul. De hecho, la sentencia indica expresamente que por el momento no pueden acometerse actuaciones urbanísticas en la zona del yacimiento arqueológico de Gandul. Los argumentos presentados por el Ayuntamiento han sido íntegramente desestimados.
El Juzgado de lo Contencioso - Administrativo nº14 de Sevilla ha dictado la sentencia de fecha 26-10-2011 por la que expresamente se anula la Resolución de 30 de Junio de 2009 del Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira y reconoce que la interpretación correcta de la norma es la planteada por Al-Wadiira.
De esta manera ha quedado íntegramente estimado el recurso interpuesto por la asociación ecologista Al-Wadiira y se ampara la interpretación realizada por esta asociación en defensa de la legalidad urbanística. Concretamente la sentencia dice: “la actuación del Ayuntamiento pone en riesgo la protección de la zona y contraviene lo previsto en el artículo 446.3 del PGOU”.
El letrado de la sociedad ecologista Al-Wadiira, Luis Ocaña, ha anunciado que solicitará de inmediato la ejecución de la sentencia y la reposición de la zona a su estado anterior.
* InfoAlcores - 5.11.11
Foto: Alcalá de Guadaira (Sevilla), zona Gandul - infoalcores
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