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LAOPINIÓN* : Todavía con la orden de derribo del edificio Fenosa coleando, al nuevo Gobierno local se le abre otro frente heredado que amenaza también las arcas municipales. Negreira busca fórmulas para evitar la indemnización de 60 millones de euros que reclaman los propietarios de la urbanización de seis bloques de edificios proyectada a 500 metros de la Torre en el plan general aprobado en 1998 por el Gobierno municipal, entonces con mayoría absoluta del PSOE, ratificada después por el bipartito y desautorizada en enero por la Xunta. El caso de la urbanización de San Amaro no es un conflicto más; es el paradigma de la oscura política urbanística que imperó en María Pita durante años. La Torre fue durante el vazquismo el patito feo de la ciudad, pese a ser un diamante en bruto para la promoción de A Coruña. Se la fue rodeando de actuaciones que eliminaron irreversiblemente su visibilidad desde diversos ángulos y se la consideró un inmejorable reclamo para el negocio inmobiliario. La controvertida urbanización que taponaría definitivamente la vista del faro romano de llevarse a cabo fue incluida en el plan urbanístico de 1998, que no tuvo reparos de la Xunta presidida entonces por Manuel Fraga. Los promotores de la urbanización la proyectaron en unos tiempos en los que los precios se multiplicaban de un año para otro pero su construcción se fue retrasando hasta que la burbuja inmobiliaria estalló y, casi al tiempo, la proclamación de la Torre como patrimonio de la humanidad elevó las críticas al proyecto.
Fue el coruñés César Antonio Molina quien desde el Ministerio de Cultura rescataría del cajón del olvido la vieja aspiración del Instituto de Estudios Torre de Hércules e impulsó una candidatura que acabó por convertir el faro romano en una atracción mundial.
El Gobierno municipal de Javier Losada, lejos de dar marcha atrás, porfió contra viento y marea para sacar adelante este cuestionado proyecto heredado de su antiguo mentor sin pararse en barras siquiera ante la proclamación universal de la Torre por la Unesco. El anterior Ejecutivo local no se arredró ante la cascada de críticas que le llovieron por defender unos sospechosos intereses urbanísticos que ponían en peligro la joya de la ciudad, alrededor de la cual se fragua la imagen promocional de A Coruña. El propio ministro César Antonio Molina censuró abiertamente al equipo de Losada al ser elegido hijo predilecto de A Coruña en 2009, cuando denunció que las actuaciones urbanísticas en el entorno de la Torre ponían en peligro el reconocimiento de la Unesco, que también advirtió a María Pita. La urbanización de San Amaro fue además un permanente punto de fricción del PSOE con sus socios nacionalistas en el gobierno de la ciudad.
El nuevo alcalde, Carlos Negreira, se ha comprometido a evitar la construcción frente a la Torre y ha propuesto compensar a los propietarios de los terrenos en San Amaro afectados por la decisión de la Xunta con edificabilidad en otra zona de la ciudad. El BNG se opone a esta medida, con el argumento de que al no haber ningún pronunciamiento judicial al respecto, no hay por qué negociar nada con los promotores, y recuerda que el arquitecto que firmó a finales de los 90 el estudio de detalle de la urbanización presentado por los promotores es el nuevo director general de Urbanismo del Ayuntamiento, César Otero.
Más llamativa resulta la posición de los socialistas, que se limitan a pedir que la Xunta pague la factura del desaguisado con el argumento de que es la administración que se opone a la urbanización tras el informe de la Unesco, sin hacer la menor autocrítica. La nueva cabeza visible del socialismo coruñés, que representa una línea continuista, tiene ahora la oportunidad de abrir un debate en el seno de un partido que pugna por regenerarse y conjurar los errores del pasado que les pasaron factura en las urnas para renovar su apuesta como uno de los necesarios motores políticos de la ciudad. También Carlos Negreira debe llevar este asunto con total transparencia para ahuyentar cualquier sospecha de connivencia entre su director de Urbanismo y los promotores para los que trabajó en el pasado, demostrando así que se ha alcanzado un punto de inflexión en una política urbanística tanto tiempo en la picota, cuyos hábitos deben ser desterrados definitivamente.
* La Opinión A Coruña - 26.06.11
Foto: A Coruña, entorno Torre Hércules - laopinioncoruna.es
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PÚBLICO/Reportaje* : La fiebre del ladrillo que inundó todo el litoral español se ha frenado en seco por culpa de la crisis financiera, pero la degradación de las costas no se ha parado por ello. Ahora son otros los males que dañan playas y bahías, aunque las causas sigan estando en muchos casos en una mala gestión de aquel desarrollo insostenible. Depuradoras deficientes que no estaban preparadas para el volumen de agua que deben tratar en los meses de verano, cuando acuden los turistas. Obras que perpetúan el modelo de sol y playa y que desarrollan construcciones en el litoral sin observar la Ley de Costas. Vertidos descontrolados de aguas fecales o residuales de industrias costeras.
Son las conclusiones del informe anual Banderas negras sobre la degradación de la costa de la organización Ecologistas en Acción, que este año tiene como subtítulo 'Esto es una barbaridad', y del que se pueden extraer seis graves casos, de los más de 70 que describe el informe, y que valen como ejemplo de lo que está sucediendo en los márgenes marítimos de España.
01. Muskiz (Vizcaya): Ejemplo de degradación
La localidad vizcaína de Muskiz concentra en su entorno varias de las agresiones al litoral más comunes en España. Para empezar, la refinería de Petronor lleva tres décadas creciendo en el estuario del río Barbadún. Un crecimiento que, lejos de frenarse, se relanzó en 2009 con la construcción de una planta altamente contaminante dedicada al tratamiento de productos derivados del petróleo. Además, a finales de este año se pondrá en funcionamiento una central de ciclo combinado que dará abastecimiento energético a la planta de Petronor. Según denuncia Ecologistas en su informe, estas nuevas instalaciones incrementarán los vertidos de aguas residuales, que hace años sufría el río Barbadún y que ahora se derivarán directamente al mar.
También en Muskiz lleva varios años en marcha el desarrollo de una urbanización de lujo de 64 pisos y 60 chalets junto a la playa de La Arena, a pesar de haberse topado con resoluciones judiciales (incluido el Tribunal Supremo) y políticas en contra. Por si todo esto fuera poco, en el contexto vizcaíno de Santurtzi, Zierbena y Muskiz se sigue extrayendo fondos marinos para la ampliación del puerto de Bilbao, casi cinco millones de metros cúbicos de arena cuyo impacto se notará en la desaparición de flora y fauna marina de la zona.
02. La barceloneta: El problema de realimentar la playa
El informe critica la situación global de las playas barcelonesas, en cuya regeneración se han gastado 70 millones de euros en la última década, 11 de ellos tras fuertes temporales que no habrían sido tan dañinos con una gestión apropiada del entorno. En La Barceloneta, uno de los lugares más turísticos de la capital catalana, se han utilizado más de medio millón de metros cúbicos de arena "para abastecer a terrenos privatizados", como denunció ayer el coordinador de Costas de Ecologistas en Acción, Jorge Sáez, durante la presentación del informe en Madrid.
A esta situación se suma la colocación de numerosos diques y espigones sumergidos y elevados que pretenden consolidar sus arenas y así evitar que se tengan que reponer periódicamente por culpa de la alteración de la línea de costas. Sin embargo, este proyecto que carece de declaración de impacto ambiental provocará un grave problema de circulación del agua que obstaculizará el equilibrio costero.
Un total de 170 millones de euros, más del 60% del presupuesto de la Dirección General de la Costa y el Mar, se dedicó el año pasado a cimentar la costa con paseos marítimos y regeneraciones de playas.
03. Piélagos: Urbanizaciones ilegales junto al Cantábrico
El municipio cántabro de Piélagos tiene sobre la mesa cuatro sentencias por cumplir, que afectan a otras tantas urbanizaciones levantadas junto a la costa de forma ilegal. Según exigen las resoluciones judiciales del TSJ cántabro, el Consistorio debería derribar las 67 casas que se edificaron en medio de servidumbres de paso después de que el alcalde calificara el suelo como urbano sin que este cumpliera las condiciones necesarias.
Las viviendas no sólo rompen una línea del litoral con alto valor paisajístico, sino que comienzan a convertirse en un problema de contaminación por los vertidos de aguas fecales sin depurar. Aunque algunos de los derribos comenzaron a ejecutarse, el Gobierno de Cantabria aprobó un Plan de Ordenación del Litoral para "dar cobertura legal a las urbanizaciones y entorpecer la ejecución de las sentencias", según el documento. En total, este cambio legislativo podría suponer que se sortee el derribo de más de 500 edificaciones.
Estas condiciones de desarrollo urbanístico en la costa cantábrica también se dan en Asturias y Galicia. Ecologistas en Acción denuncia que tras el vertido del Prestige se han concedido más de un millar de licencias para nuevas viviendas en Fisterra (en la Costa da Morte) de las que muchas serían ilegales, según denuncia el informe. El Gobierno asturiano, por su parte, ha aprobado un Plan de Ordenación del Litoral que, aunque protege los primeros 500 metros de costa, facilita administrativamente el acceso a la costa de los promotores inmobiliarios. "Con aparcamientos y zonas de ocio abren el camino al desarrollo urbanístico", denuncia Sáez.
04. Huelva: Ladrillos hasta el mar
Durante el último año, la costa onubense ha recibido la buena noticia de la paralización de los vertidos de fosfoyesos de Fertiberia, que ha estado castigando durante 31 la marisma con estos productos tóxicos y radiactivos. Sin embargo, el litoral de Huelva sigue sufriendo. Los ecologistas denuncian que desde hace décadas los intereses inmobiliaros dominan el enclave de dunas y marismas que rodean Isla Canela (en Ayamonte), donde, a pesar de varios cambios en el planeamiento urbanístico desde 1993, "buena parte de la primera línea de playa y las dunas costeras han desaparecido bajo los bloques de urbanizaciones", asegura el trabajo. La ONG denuncia que la voracidad del ladrillo acabó por completo con una playa natural y con los bosques de retamas de Isla Canela.
"El urbanismo está dormido, pero no muerto", advierte la coordinadora de Costas de Ecologistas, Natalia Martín, quien recuerda que la "artificialización" del suelo creció entre 2000 y 2006 a un ritmo de 3,37 hectáreas por hora según el último informe del Observatorio de Sostenibilidad, lo que duplica ampliamente la tasa de 1987-2000. En cualquier caso, los ecologistas reconocen que las banderas negras en el apartado urbanístico han caído considerablemente en comparación con años previos.
05. Ceuta y Melilla: Puertos y depuradoras
Las ciudades autónomas funcionan como un escenario peculiar en el que se concentran muchas de las tropelías que se denuncian en el informe, en muchos casos justificados por "motivos de seguridad nacional". A Ceuta, el informe considera que debe otorgarle "una gran bandera negra conjunta a todo su litoral", ya que cinco de sus playas están sometidas a la salida continua de aguas fecales.
En Melilla, la desalinizadora vierte salmuera directamente sobre los acantilados de Aguadú, a pocos metros del LIC marítimo terrestre, poniendo en peligro a numerosas especies de moluscos de interés. En esta ciudad se pretende ampliar el puerto comercial en más de 50 hectáreas, lo que sepultaría una de las principales colonias de lapas del Mediterráneo, más de 15.000 ejemplares.
Los ecologistas denuncian que en España no hay un plan global para el desarrollo portuario, sino que estos compiten entre sí, y critican que la propia Dirección General de Puertos "carece por completo" de una visión de conjunto de las necesidades españolas de estas infraestructuras.
06. Benicàssim: La costa de los vertidos
El caso de Benicàssim (Castellón) es similar al de La Barceloneta, ya que su costa se halla defendida por un entramado de espigones que protegen unos edificios que "no aportan nada a la economía local sostenible y, sin embargo, consumen enormes cantidades de dinero público", según denuncia el informe.
Por si fuera poco, en la localidad castellonense se están realizando unos vertidos residuales ilegales que la organización llevará a los tribunales, según anunció ayer. Precisamente, el apartado de los vertidos es uno de los factores para la adjudicación de banderas negras que más ha subido este año, "casi un 10%", según Sáez. El paradigma del vertido residual es la famosa "cascada de la Merda" en Benidorm, que vierte 37.000 m3 de agua al día al Parque Natural de Sierra Helada.
Las cinco grandes ‘manchas' medioambientales que pesan sobre la costa española
Las aguas residuales no se tratan como deberían
Ecologistas en Acción denuncia que en ninguna comunidad se depura ni reutiliza el agua como debería. Esto motivó que el Tribunal de Luxemburgo haya multado a España por el vertido de las aguas residuales de 38 áreas urbanas de más de 15.000 habitantes sin el debido tratamiento. La ONG asegura que bastaría con cumplir la Directiva Marco de Aguas, aunque hay un déficit generalizado de infraestructuras.
Municipios afectados. Vigo, Urdaibai (Vizcaya), Deba (Guipúzcoa), Salou (Tarragona), Pineda y Malgrat de Mar (Barcelona), Valencia, Almería, Estepona y Santa Cruz de Tenerife.
La presión urbanística ahoga el suelo
En España el suelo no se gestiona según las necesidades de la población, sino por el interés del inversor. Esto se traduce en una "situación de degradación" de la costa que, según los ecologistas, exige que los mínimos que establece la Ley de Costas se cumplan sin excepciones. Sin embargo, el informe pone de manifiesto que partidos como el PP y CiU han promovido dichas excepciones.
Municipios afectados. Fisterra (A Coruña), Cudillero (Asturias), Piélagos (Cantabria), Muskiz (Vizcaya), Barcelona, Altea (Alicante), Marbella, Mojácar y Novo Sancti Petri (Cádiz).
La contaminación de las industrias continúa
A veces, las leyes no bastan para evitar abusos. Así, Ecologistas en Acción pide una reforma de la Ley de Responsabilidad Ambiental, que reconoce como un "avance importante". La organización sostiene que un desastre como el hundimiento de la plataforma ‘Deepwater Horizon' quedaría sin castigar en España, y aboga por cambios que fomenten la responsabilidad de las empresas.
Municipios afectados. Marín (Pontevedra), Armental y Tapia de Casariego (Asturias), Suances (Cantabria), Barcelona, Algeciras, Huelva y Pájara (Fuerteventura), entre otros.
Una planificación de puertos descuidada
La construcción de nuevos puertos en España no se planifica en función de las necesidades. De hecho, los ecologistas denuncian que no se planifica en absoluto. Aún así, los puertos de interés general proliferan, lo que, según el informe, responde a una apuesta por las energías fósiles y a una estrategia para amparar la economía de las grandes empresas constructoras.
Municipios afectados. Mugardos, Gijón (Asturias), Pasajes (Guipúzcoa), Granadilla (Tenerife), A Coruña, Vigo, Tarifa, Cartagena, Melilla, Sagunto, Valencia e Ibiza.
Las obras en las costas deben detenerse
La organización ecologista pide acabar con el contrasentido de una situación común en España: que el Ministerio de Medio Ambiente financie obras de gran impacto ambiental, como paseos marítimos y diques, para tener posteriormente que autorizar y financiar proyectos de regeneración de playas, que no se mantienen por esas mismas obras. Para ello, piden desbloquear la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa, aprobada en la anterior legislatura.
Municipios afectados. Granada, Ayamonte (Huelva), La Línea de la Concepción (Cádiz), Carboneras, Fuengirola, Tavernes y Piles (Valencia), Barcelona, Santurtzi y A Coruña, entre otros.
* Público - JAVIER SALAS MADRID 29/06/2011
Foto: Muskiz (Vizcaya), refinería - publico
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ELPAÍS* : Las fiscalías de Valencia y Castellón denuncian la falta de "disciplina urbanística" de los Ayuntamientos por no informar de las construcciones ilegales en sus territorios. Una dejadez que ha llevado al fiscal especializado en Medio Ambiente de Valencia a tildar de "inaceptable" el hecho de que haya 238 municipios que no han realizado "ninguna comunicación", tal y como recoge la memoria de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo publicada recientemente. La situación no mejora en Castellón, aunque la especialista de la sección ha trasladado el aumento de Consistorios que remiten expedientes. Estos se reducen a Betxí, L'Alcora y Burriana, junto a Segorbe y Borriol, que ya los remitían.
También en Valencia destacan que las entidades locales están empezando a dar respuesta a sus requerimientos de que informen sobre los posibles supuestos de construcciones ilegales, pero no es suficiente. El fiscal de Medio Ambiente, Joaquín Baños, explica que hay dos casos. "Una cosa es que se requiera directamente información y que los Ayuntamientos no contesten, que son pocos, y otra es que incumplan la legalidad vigente y no pongan en conocimiento de la fiscalía o no adopten las medidas legales oportunas ante el conocimiento de cualquier construcción ilegal", explica.
"Los Ayuntamientos tienen potestad de policía urbanística y si tienen conocimiento de construcciones ilegales es su obligación informar a la fiscalía", dice por su parte la especialista en Castellón, Dolores Ofrecio, quien remitió además sus quejas porque la Administración autonómica tampoco envía información.
Ante esta dejadez, el fiscal de Valencia ha lanzado un mensaje que, dice, es "un aviso a navegantes" y que ha quedado plasmado en la memoria de 2010. "Con los nuevos tipos de prevaricación urbanística omisiva introducidos en el Código Penal en la reforma de la Ley Orgánica 5/2010, que entró en vigor el pasado mes de diciembre, es intención de esta sección depurar las correspondientes responsabilidades penales derivadas de la inacción de los Ayuntamientos". Se trata de un nuevo mecanismo para perseguir estas actitudes.
Baños recuerda que en 2008 instaron a todos los Ayuntamientos a remitir un listado de los expedientes sancionadores incoados por construcciones en suelo no urbanizable desde diciembre de 2004. "Poco a poco van contestando", asegura. De hecho, el 90% de las diligencias abiertas por la propia fiscalía en 2010 corresponden a supuestos de ordenación del territorio a raíz de esta iniciativa. También se ha pasado de dos sentencias condenatorias en 2009 a 20 en 2010.
Aviso a navegantes a tres años vista
El aviso a navegantes de depurar responsabilidades a raíz de la modificación del Código Penal que introduce la consideración de delito la prevaricación urbanística por omisión no tendrá resultados al menos hasta dentro de tres años. Según explica el especialista de Medio Ambiente de la Fiscalía de Valencia, Joaquín Baños, "el cambio entró en vigor en diciembre del pasado año, por lo que ahora se establecen nuevos plazos para que los Ayuntamientos trasladen las posibles infracciones". "Hasta dentro de dos o tres años no podremos constatar si han cumplido o no", sostiene.
La principal novedad de esta reforma, en cuanto a prevaricación urbanística, se introduce con la modificación del artículo 320 en el que se establecen penas de hasta cuatro años para las autoridades o funcionarios que "silencien las infracciones u omitan la realización de las inspecciones obligatorias". La reforma otorga a los fiscales un nuevo instrumento para perseguir estos delitos.
No obstante, la Fiscalía de Valencia admite que faltan medios para llevar a cabo una completa inspección de los Consistorios. "Lo positivo es que a hora tenemos un instrumento para poder castigar la inacción", afirmó. Así, explica que en esta ocasión no realizarán un requerimiento general. "Lo de 2008 fue excepcional, los Ayuntamientos saben que tienen que informar y son conscientes de que la fiscalía está detrás", manifestó.
* El País - LORENA ORTEGA - Castellón - 29/06/2011
Foto: Castellón, presidente Diputación C.Fabra (archivo) - elpais.com
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ELMUNDO/Málaga* : Los propietarios de viviendas irregulares ya tienen una fecha marcada en el calendario para la ordenación de sus construcciones. Dos años es el plazo que ha marcado el concejal de Urbanismo, Manuel Navarro, para completar el proceso necesario para que la mayor parte de las edificaciones pasen a estar en la acera correcta de la ley. Ese es el periodo que es el que el Ayuntamiento mijeño para proponer la revisión del PGOU en lo referente al suelo no urbanizable, un paso previo imprescindible para lograr el objetivo final.
Para quienes llevan años esperando puede parecer un horizonte lejano pero en términos urbanísticos es un período relativamente corto. "Decir que en 24 meses podremos empezar a legalizar casa a casa es políticamente incorrecto, pero somos un equipo de gobierno arriesgado y nos vamos a arriesgar", declaró Navarro.
El trabajo quedará centralizado en una oficina de nueva creación que se situará en Mijas Pueblo. La sede contará con un personal técnico y jurídico encargado de tramitar tanto los cambios legales como la documentación administrativa de los afectados que así lo requieran.
Según Navarro, tanto la Asociación Pro Regularización de Viviendas como los grupos políticos del Ayuntamiento y los partidos sin representación conocen ya la iniciativa. Y pronto ocurrirá lo mismo con la Junta de Andalucía. El edil ha anunciado que en julio se reunirá con los delegados provinciales de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente con el objetivo de pedirles celeridad en el proceso.
"Propondremos al resto de grupos municipales que los cambios en el planeamiento urbanístico tengan la consideración de interés público y utilidad social; así la Junta de Andalucía será consciente de la dimensión del problema a resolver en Mijas", afirmó. Otra propuesta popular que se debatirá en el pleno municipal es la paralización de los expedientes sancionadores, que hasta ahora pesan sobre los propietarios con las correspondientes multas coercitivas y peticiones de derribo.
Habrá legalización
Por lo tanto habrá legalización, pero podría no llegara todas las viviendas. Las situadas en zonas de especial protección, en espacios de dominio público o en zonas inundables podrían quedar fuera, según advirtió el concejal de Urbanismo, quien se mostró partidario de legalizar el máximo de construcciones posible. Se calcula que existen unas 8.000.
El proceso tampoco será gratuito. Navarro recordó que los vecinos que se beneficien de la iniciativa tendrán que hacer frente a la parte de los costes que les correspondan de las obras de urbanización, los permisos e incluso de la redacción del Plan General "exactamente igual que han hecho los que se han comprado un piso en Las Lagunas, ya que esos gastos están incluido en el dinero que han pagado por sus viviendas", añadió el responsable de Urbanismo.
Con la idea educir parcialmente ese desembolso, el Ayuntamiento tiene previsto negociar con el Colegio de Arquitectos de Málaga un convenio para abaratar los proyectos y la documentación técnica que los propietarios deben aportar.
* El Mundo - 22.06.11
Foto: Mijas (Málaga), zona fuera ordenación - sur
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ELPAÍS* : Mes y medio después del estallido, el Movimiento 15-M ha logrado acelerar leyes olvidadas como la de Transparencia, reabrir el debate sobre la vivienda y estrechar el cerco a la corrupción política.
¿Son un fenómeno pasajero o han revolucionado el sistema hasta el punto de forzar una reflexión profunda sobre los pilares que lo sustentan? Un mes y medio después, el movimiento social que arrancó una tarde de domingo en ciudades de toda España para exigir Democracia Real Ya empieza a calar en las instituciones. ¿Perroflautas antisistema o miles de indignados con sólidas razones para romper el silencio del descontento? El Parlamento ha escuchado algunas de las reivindicaciones que enarbolaron los Acampados de Sol -desde el 18 de mayo hasta el 12 de junio- y secundaron miles de jóvenes en campamentos improvisados en el centro de las grandes ciudades y en multitudinarias marchas de protesta ante las instituciones.
La ley de Transparencia, un proyecto aparcado desde hace varias legislaturas y que ha ido apareciendo y desapareciendo en los programas electorales de los partidos, parece haber salido por fin del congelador.
El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció el pasado viernes que el proyecto será remitido al Parlamento "en una o dos semanas". La falta de transparencia en la gestión pública, la escasa información sobre las cuentas nacionales y autonómicas y el opaco funcionamiento de los aparatos de los partidos han sido claves en el malestar de los indignados. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dado un paso adelante al anunciar candidaturas electorales abiertas en su región.
También exigían los indignados poner coto a los privilegios económicos de los políticos y sus ventajosos planes de jubilación, aunque sean menos escandalosos de lo que percibe una opinión pública sumida en la crisis. Como la protesta por la presencia de imputados en las listas electorales, sinónimo de corrupción para los indignados pero logro social para los juristas más progresistas. El imputado puede ser inocente. El procesado es en realidad el sospechoso, pero ni jueces ni fiscales lo explican. Y la clase política ha sido sensible a la indignación. El pasado miércoles, el Congreso aprobó una propuesta para que las Cámaras publiquen el patrimonio de diputados y senadores y se endurezca el régimen de incompatibilidades. La Comunidad de Madrid retiró de las listas de las últimas elecciones a los principales candidatos imputados.
Los políticos también han escuchado la voz de los acampados en el difícil mercado de la vivienda. Una subcomisión del Congreso estudiará mejoras en el sistema hipotecario para controlar las situaciones abusivas. El Movimiento 15-M no es ajeno a la proliferación de patrullas ciudadanas que impiden el desahucio de familias y han afeado la cláusula bancaria que obliga a quien no puede afrontar las letras a devolver las llaves de la vivienda y seguir pagando la deuda de un piso que ya no le pertenece.
"Vivimos tiempos comparables a la Gran Depresión. El sistema tiene que cambiar de arriba abajo y los indignados han dado el primer paso", dice José Félix Tezanos, catedrático de Sociología de la UNED.
Tezanos traza una radiografía en negro: "La crisis actual es de una magnitud incalculable. Para que las sociedades funcionen tiene que haber un cierto equilibrio entre ganadores y perdedores. Ese equilibrio ahora está roto porque el 70% de los jóvenes -entre parados y subempleados- están cuasi fuera del sistema, al igual que los 4,9 millones de desocupados; el 31% de las familias que no llega a fin de mes y la destrucción cotidiana e imparable de pequeñas empresas. Si a eso sumamos a los inmigrantes vulnerables, que son muchos, a los desahuciados, a las legiones que comen de la caridad y a otros colectivos desfavorecidos, nos encontramos con que los ganadores son cada vez menos y los perdedores, más". "Y estos", avisa Tezanos, "tienen poco que perder. Así que el 15-M puede acabar con la integración en el sistema, mediante la creación de un partido propio o con cualquier otra forma de participación que suponga una alternativa real o con un estallido de violencia similar al de Grecia".
El catedrático de Sociología de la UNED, vinculado al PSOE a través de la revista Temas, cree que la clase política no es consciente de la magnitud de una crisis que ha alterado los hábitos vitales de varias generaciones: "En 1970, la gente se casaba entre los 25 y los 28 años. Ahora, los pocos que se casan lo hacen más allá de los 35". Tezanos solo ve posible salir del túnel si la clase política antepone el consenso a las diferencias y desde la unidad "cambia el modelo económico de los pies a la cabeza". ¿Con el permiso de las autoridades comunitarias? "O sin él", responde Tezanos. "Esta situación es insostenible".
¿Es preciso también cambiar las leyes o sería suficiente con cumplir las que hay? Emmanuel Rodríguez, sociólogo de la Universidad Complutense, alerta de que el 15-M es más un movimiento de "reinvención de la democracia", que de su mera regeneración. Esa misma democracia que, apunta Rodríguez, permite a Esperanza Aguirre gobernar con mayoría absoluta solo con el voto del 25% de los madrileños. La democracia requiere igualdad de oportunidades, pero "es difícil llamar democracia a un sistema que corroe derechos sociales básicos como la sanidad y la educación", lamenta.
El cambio de las estructuras del sistema financiero y los excesos de la banca han constituido uno de los ejes de la proclama del movimiento. Sin embargo, la mayoría de los expertos, que alaban otras propuestas de los indignados, rechazan "salidas maximalistas e irrealizables", como la nacionalización del sector bancario o la toma de control de las empresas. Esta es la principal crítica de la catedrática de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid Isabel de la Torre, que lanza un capote al capitalismo al recordar que ha hecho posible un bienestar social en los dos últimos siglos como nunca antes se había vivido. "La revolución industrial inglesa originó dos grandes sistemas económicos, el capitalista y el comunista. No hace falta decir cuál de los dos funciona mejor, a pesar de los problemas que padecemos".
De la Torre cree que el 15-M ha confirmado, por un lado, el poder de las redes sociales e Internet que ya se vislumbró, por ejemplo, con el Prestige. Y, por otro, que pueden existir movimientos masivos horizontales, sin jerarquía ni estructura. Esta experta cree que lo peor para estos jóvenes es que carecen de futuro, y todo este cóctel puede derivar tanto "en lo sublime como en lo ridículo. Ya se verá", comenta. De la Torre piensa que con corregir los errores del sistema, como los excesos financieros, la especulación y la corrupción, este puede recuperarse. "Está muy bien denunciar el mal uso de las instituciones, como han hecho estos jóvenes, pero tienen que ofrecer alternativas viables", señala.
Pero el 15-M no tiene un catálogo de propuestas. Está todavía en construcción, como apunta el profesor Emmanuel Rodríguez. Carece de una parrilla de alternativas sobre los partidos políticos, los bancos, la vivienda o el sistema electoral. Lo que el 15-M tiene claro, según Rodríguez, es que "la crisis la pagan los más débiles", mientras "los beneficios se quedan en manos de un pequeño grupito de agentes financieros". El desempleo es la cara más visible de la crisis (en la UE hay 30 millones de parados), pero los Estados inyectan grandes cantidades de dinero público a los bancos. "Esto ha contribuido al circuito especulativo de la crisis. Les ha otorgado liquidez, pero los bancos no la han usado para dar créditos a los particulares. Tanto en la UE como en España se han puesto los intereses financieros por encima de los intereses de las personas", lamenta Rodríguez.
Para intentar romper esta dinámica, Ismael Peña, politólogo de la Universidad Oberta de Cataluña, aboga por un cambio radical, sin parches. "El sistema no es inflexible ni está anquilosado. Era eficiente y eficaz para una sociedad industrial, pero no es ni eficiente ni eficaz en la sociedad de la información", reflexiona Peña, consciente de que Internet ofrece la oportunidad de "repensar todo el marco". Y para ello, considera necesario rehacer los sindicatos, los Gobiernos, la forma de organización de la ciudadanía. "El cascabel lo tienen que poner las bases. Tenemos instituciones que deberían facilitar esta transformación, pero no lo han hecho. Es necesario ir cambiando poco a poco la dinámica de los partidos. Y a medida que cambien, lo harán los Parlamentos". Peña sostiene que PSOE y e IU están en disposición de abanderar la gran metamorfosis. "Han tocado fondo. Pueden utilizar el partido para cambios sociales". La refundación, eso sí, debe hacerse "desde las bases".
Las demandas del 15-M son heterogéneas y plurales. "Es un movimiento incipiente y embrionario. Una fuerza que se ha despertado. Hay muchos grupos en discusión. Democracia Real Ya es uno de ellos, pero no agrupa todas las voluntades", enfatiza el profesor de Filosofía de la Universidad de Alcalá de Henares Germán Cano, que colabora en el subgrupo creado para analizar los medios de comunicación externos. "Lo que motiva a los indignados es la sensación de malestar y frustración. Y el 15-M está en situación de canalizar esa indignación. No plantea una crítica a la democracia o a las instituciones en sentido general, sino a la lógica de los partidos", dice Cano, uno de los firmantes del manifiesto de filósofos en apoyo al 15-M, un proceso colectivo que "ha sacudido la atmósfera de cinismo y apatía generalizada" que imperaba en la sociedad. ¿Llegarán los indignados a constituirse en un partido político? Cano es pesimista: "No es una demanda que guste a la mayoría. No tanto por apoliticismo como por una resistencia radical a las mediaciones".
Las reflexiones en torno al Movimiento 15-M
- Reforma electoral. El modelo español proporciona estabilidad política pero perjudica a las minorías estatales y distorsiona el peso de la población. Los indignados reclaman un sistema que permita equiparar el valor de los votos independientemente de donde procedan. PSOE y PP, los dos partidos mayoritarios, son los principales beneficiados por la ley actual y no parecen dispuestos a emprender la reforma.
- Los privilegios de la clase política. El 15-M ha canalizado la decepción de la sociedad española con la clase política por su lejanía, las prebendas de las que goza (salarios, jubilaciones, coche oficial, dietas, asignaciones de libre disposición) y la corrupción política. La ciudadanía presiona para que se produzca una regeneración de las instituciones públicas y reclaman candidaturas abiertas. El Senado ya emplea este sistema, pero no permite alterar el orden. Cambiar el sistema electoral presenta infranqueables resistencias de los partidos y las cúpulas dirigentes, que no parecen dispuestos a renunciar a su actual cuota de poder.
- Descongelación de la Ley de Transparencia. España es uno de los países más opacos de la Unión Europea en lo que se refiere a las cuentas de los organismos públicos. Existe una norma sobre la reutilización de la información pública que se queda corta y la ciudadanía reclama una mejora sustancial en este ámbito. El pleno del Congreso pidió la semana pasada al Gobierno que presente antes de agosto la Ley de Transparencia, que lleva meses atascada, y el Ejecutivo se ha comprometido a hacerlo.
- Control de la banca. Se acusa al sector financiero de colaborar en el origen de la crisis con préstamos hipotecarios que alimentaron la burbuja inmobiliaria, una mala gestión que ha costado millones al contribuyente y que se ha traducido en un recorte de créditos a familias y a pymes, mientras los bancos mantienen las altas retribuciones a sus directivos. La ciudadanía propone que se prohíban los rescates, la nacionalización de entidades en dificultades y se sancione la mala praxis bancaria. Los expertos, más comedidos, piden una supervisión, pero se muestran reticentes a la creación de una banca pública.
- Imputados en las listas. Un imputado no es más que alguien sujeto a indagación judicial y, por lo tanto, esta condición no es sinónimo de condena anticipada, pero la opinión pública no entiende de denuncias falsas contra ellos, y los integrantes del Movimiento 15-M exigen que salgan de las listas electorales.
- Alternativas al desahucio. La burbuja inmobiliaria unida al paro ha dejado a miles de familias sin casa. Las plataformas ciudadanas han parado pacíficamente 42 desahucios en toda España y piden que se aplique la dación en pago o que se convierta el parque inmobiliario en un banco de alquiler social. El sector financiero se muestra contrario a reformar las leyes, ya que considera que el cambio hundiría aún más el mercado del ladrillo.
- Crisis de representatividad. Los indignados pusieron de relevancia las debilidades de la democracia, basada en el liderazgo de la clase política. Algunos politólogos dudan de la viabilidad de un sistema organizativo en el que cada decisión tenga que ser refrendada por la asamblea. Los indignados abogan por que los ciudadanos puedan votar mediante un mensaje de texto o por medio de las redes sociales.
- Democracia directa. Las consultas vinculantes hacen al ciudadano dueño de su destino, pero la experiencia de Suiza y California aconseja manejar con cautela las iniciativas populares y los referendos, donde se han aprobado cuestiones inconstitucionales. La Constitución prevé la iniciativa legislativa popular mediante la presentación de 500.000 firmas.
* El País - 29.06.11
Foto: Los indignados critican a la clase gobernante y reclaman la regeneración de la democracia.- elpais
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JOSEP Mª ANTENTAS Y ESTHER VIVAS* : La impresionante jornada de manifestaciones del pasado 19 de junio ha culminado la primera fase de la "rebelión de las y los indignados" abierta el 15 de mayo y marca el inicio de una nueva, aún por definir. En un mes el movimiento ha experimentado una verdadera ampliación cuantitativa y cualitativa. Su base social se ha diversificado social y generacionalmente, y se ha arraigado por todo el territorio.
La consistencia de la jornada del día 19 confirma la profundidad del movimiento emergente y del malestar social que refleja. No estamos ante un fenómeno coyuntural, sino ante el comienzo de una previsible nueva oleada de movilizaciones, de la que la manifestación del 15 de mayo y las acampadas han sido la lanzadera y la primera sacudida. Dos años y medio después del estallido de la crisis, en los que la apatía y el miedo han sido la nota dominante, los hechos de las últimas semanas confirman que la protesta social ha vuelto para quedarse. Y, como casi siempre, lo ha hecho reapareciendo de forma inesperada, intempestiva y rompedora, sorprendiendo a propios y extraños.
Internet y las redes sociales, twitter y facebook, han jugado un papel muy significativo en el desarrollo del movimiento, no sólo como herramienta de comunicación, sino también como espacio de discusión, de politización y de formación de una identidad y un patrimonio compartido.
En estas últimas semanas, hemos asistido a una recuperación de la confianza colectiva en la capacidad de cambiar las cosas. Años de derrotas y retrocesos y la falta de victorias que mostraran la utilidad de la movilización han pesado como una losa en la lenta reacción ante la crisis. Pero las revoluciones en el mundo árabe y, también, la victoria contra banqueros y gobernantes en Islandia han transmitido un mensaje muy claro: "Sí, se puede".
"La indignación es un comienzo. Uno se indigna, se levanta y después ya ve", señalaba el filósofo Daniel Bensaïd. Poco a poco se ha ido pasando del malestar a la indignación y de ésta a la movilización. Estamos ante una verdadera "indignación movilizada". Del terremoto de la crisis, ha surgido, finalmente, el tsunami de la revuelta social.
El movimiento en curso expresa la radicalización social más importante, al menos, desde hace más de diez años cuando irrumpió el movimiento "antiglobalización". Ahora, sin embargo, la profundidad social y territorial de la protesta, que se desarrolla en plena crisis económica y social, es mayor. Tiene un doble eje constitutivo inseparable: la crítica a la clase política y a los poderes económicos y financieros. A estos últimos se les señala como responsables de la crisis económica, y a la primera precisamente por su servilismo y complicidad con el mundo de los negocios.
Inspirándose en la plaza Tahrir, el método "ocupación de plaza más acampada" sirvió como elemento motriz para el movimiento en sus inicios. Las acampadas y ocupaciones de plazas no han sido un fin en sí mismas. Han actuado simultáneamente como referente simbólico y base de operaciones, de palanca para propulsar movilizaciones futuras, y de altavoz para amplificar las presentes.
El éxito de la manifestación del 19 de julio plantea el reto de cómo seguir. ¿Cuáles son los próximos pasos? El movimiento necesita profundizar aún más su arraigo territorial y la coordinación de asambleas de pueblos y barrios, hasta ahora su principal logro organizativo. En paralelo, la asignatura pendiente es estrechar los vínculos con la clase trabajadora y llevar la indignación a los centros de trabajo, donde aún domina el miedo y la resignación, y poder contestar a la política de concertación social que mantienen los sindicatos mayoritarios, el desconcierto de los cuales es evidente. Habrá también que seguir trabajando para definir nuevas actividades centrales, que permitan unificar desde la pluralidad y hacer converger objetivos, y para reforzar movilizaciones concretas, como ya está ocurriendo en el caso de los desahucios en muchos barrios.
Desde su irrupción, el principal éxito del movimiento ha sido el de haber puesto fin a la pasividad resignada y al desaliento social que hasta ahora imperaba. Estas semanas han marcado un punto de inflexión. Han sido días de tiempo acelerado y condensado en los que la confortable rutina de los poderes económicos y políticos se ha visto sorpresivamente alterada por un nuevo actor político y social que aún tiene muchas cosas que decir.
* Josep Maria Antentas es profesor de sociología de la UAB y Esther Vivas es miembro del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales (CEMS) de la UPF.
** Artículo publicado en Público (ed. Catalunya), 29/06/2011.
+ info: http://esthervivas.wordpress.com
* Blog Esther Vivas - 29.06.11
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