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20MINUTOS* : Bajo lemas como "no somos mercancía en manos de políticos y banqueros", decenas de miles de jóvenes (y no tan jóvenes) salieron a la calle a las 18.00 horas de este domingo 15 de mayo en más de 50 ciudades españolas para reclamar "una salida social a la crisis". Las marchas, convocadas por la plataforma democraciarealya (y secundadas por grupos como Juventud sin Futuro), pretendían ser, según sus convocantes, una llamada de atención y una forma de denuncia de la escasa influencia de los ciudadanos en las democracias actuales frente al excesivo poder de los mercados. "Pedimos más participación a aquellos ciudadanos que ante esta situación sólo colocan un papel en las urnas y luego durante cuatro años no hacen nada, solo quejarse y criticar al Gobierno que han votado o dejado de votar", decía Adolfo Faceto, un estudiante universitario miembro de democraciarealya de Zaragoza. La llamada a reaccionar es una llamada también a abrir los ojos ante una democracia que está "desvirtuada" por el "favoritismo" y la "corrupción" y no atienda las necesidades reales de la ciudadanía, reflexionaba otra de las personas movilizadas para la ocasión.
Las manifestaciones de este domingo no eran las primeras. El pasado 7 de abril varios miles de jóvenes protestaron en Madrid contra la política de recortes sociales del Gobierno y levantaron la voz contra la precariedad, el paro y la privatización de la educación.
Un movimiento surgido en las redes sociales
Las redes sociales están alumbrando en los últimos meses una nueva forma de protesta, con movimientos ciudadanos como democraciarealya o No les votes que están canalizando el descontento con la clase política y financiera y con la gestión de la crisis económica. "La 'ley Sinde' actuó como una especie de espoleta", explicaba Enrique Dans, profesor de Sistemas de la Información en IE Bussiness School y uno de los impulsores de Nolesvotes.com.
"Nos dimos cuenta de que los partidos mayoritarios (en este caso PSOE, PP y CiU que pactaron la aprobación de la ley) estaban haciendo algo que no tenía nada que ver con la voluntad de la ciudadanía", señalaba, "sino más bien con ciertos 'lobbies' de poder". Dans y otras personas escribieron un manifiesto y, a partir de ahí, se creó un apoyo muy fuerte en la red; su página web supera el millón y medio de visitas y en Twitter se generan diariamente y cada pocos minutos mensajes con ese identificador.
"La idea de 'no les votes' no es 'no votes' sino 'vota a otros', busca otras opciones más representativas, minoritarias, que si salen elegidas den una señal de alarma a los partidos mayoritarios para que sepan dónde están las líneas rojas que no se pueden cruzar y que tienen que regenerar la democracia", afirmaba el experto. Democraciarealya también surgió en las redes y en sólo tres meses han logrado más de 500 adhesiones, entre ellas, asociaciones como Ecologistas en Acción, Intermón, ATTAC o Anonymous.
Críticas en Twitter a la cobertura de las marchas por parte de los medios españoles
La red social Twitter ha sido la red social elegida por los asistentes a las manifestaciones para retransmitir sus impresiones a medida que estas se desarrollaban. Los hastags #15mani, #15m o #democraciarealya han copado los primeros puestos de los Trending Topics (temas más comentados) en España, llegando en ocasiones a hacerlo a nivel mundial. A través de estas palabras clave, los que han acudido a las marchas colgaban sus fotos en las manifestaciones, contaban como estaba la situación en cada momento, o interactuaban con otros usuarios presentes en los actos de protestas.
Por otro lado, la mayoría de los tuits de la tarde de este domingo tuvieron un objetivo claro: los medios de comunicación. Gran parte de los que usaban los hastags de las manifestaciones reflejaron su malestar con lo que consideraban "nula" o "escasa cobertura" por parte de radios, diarios o televisiones. En las acusaciones a los medios informativos primaban la "manipulación" sobre las informaciones de las marchas, que muchos tuitero han calificado de "vergonzosa". Desde 20minutos.es se ha tratado de dar la máxima cobertura posible, manteniendo el tema en la portada todo el fin de semana y dándolo como noticia principal desde las 18.00 h. de este domingo.
Madrid se llena de manifestantes
En Madrid, la marcha comenzó pasadas las 18.00 horas en la plaza de Cibeles con destino a la puerta del Sol, presidida por una pancarta que rezaba "No somos mercancías en manos de políticos y banqueros" y al grito de "No los votes". Varios de los asistentes, principalmente jóvenes, vestían camisetas amarillas con el lema "sin casa, sin curro, sin pensión y sin miedo", firmadas por Juventud sin futuro, y muchos otros llevaban camisetas negras con la leyenda "las calles son nuestras". Los participantes han coreado consignas como "España escucha así es como se lucha" y han exhibido varias pancartas pequeñas alusivas a la insumisión de Islandia a reconocer su deuda.
En Madrid, todavía no hay datos policiales de asistencia, los convocantes cifran la asistencia en 50.000 personas; la web del Manifestómetro en 15.000.
Al término de la manifestación se produjeron algunos incidentes.Varios grupos organizaron cortes de tráfico o destrozos en el mobiliario urbano, lo que derivó en la detención de 24 personas.
15.000 personas en Barcelona, según los organizadores
La Ciudad Condal también fue testigo de las protestas para exigir "democracia real". La manifestación se desarrolló con tranquilidad y de forma festiva. "No somos mercancía en manos de políticos y banqueros", fue uno de los lemas que llenaron más pancartas en esta protesta. Otros lemas han sido "De mayores queremos ser islandeses", "Políticos, no os damos más crédito" o "Lo llaman democracia y es Botín". Según la organización, más de 15.000 personas completaron el recorrido entre Plaza Catalunya y Via Laeitana, con final en Parc de la Ciudatella a las 21.30 horas, mientras que la Guardia Urbana calculó que fueron 6.000 los manifestantes.
Valencia se unió a las marchas
En Valencia, miles de ciudadanos acudieron a la manifestación. La marcha, que discurrió desde la plaza de San Agustín hasta el Palacio de Justicia, reivindicaba una reorientación de las políticas públicas "hacia la protección del interés general", así como "medidas drásticas contra el fraude" y "el fin de los privilegios de la clase política". También reclamaba cambios en la Ley Electoral "que ofrezcan vías para una auténtica participación ciudadana", y abogaba por "el fin de las subidas de impuestos indiscriminadas y la privatización del sector público". Todo discurrió en un ambiente festivo, con música de tambores y bailes, se corearon lemas como "no hay pan para tanto chorizo" y "los recortes de hacen en las Cortes", y se escucharon abucheos a su paso por las sedes del Ayuntamiento y Bancaja.
Murcia también se moviliza
La capital murciana también vivió este domingo las marchas para "exigir cambios en el sistema político y financiero". Según fuentes de la organización, miles de personas acudieron a la manifestación para protestar por la situación actual en España, además de para "rechazar las actuaciones" de los políticos tanto a nivel nacional como internacional.
Pero también otras ciudades como Sevilla, Córdoba, Granada, Vigo, Santiago, Bilbao... han vivido concentraciones similares.
* 20 Minutos - 15.05.11
Foto: Madrid, manifa 15May2011 - 20minutos
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CANARIAS7* : La permuta que el Ayuntamiento realizó para obtener el Canódromo resultó lesiva para el interés público. Según el informe de valoración solicitado por la comisión de investigación, «el valor de las fincas entregadas en compensación de la finca de El Canódromo es 2,7 veces superior al valor de la parcela inicial».
Los expertos del Centro de Política de Suelo y Valoraciones de la Universidad Politécnica de Cataluña a los que se encargó el estudio sobre la polémica operación del Canódromo han concluido que esta parcela se sobrevaloró, ya que el Ayuntamiento, en la época en que Juan José Cardona era concejal de Urbanismo, empleó un criterio de tasación que casi triplicó el valor del solar en cuestión. La posterior permuta de ese suelo por tres solares distintos fue, por consiguiente, dañina para las arcas municipales.
El informe, al que ha tenido acceso CANARIAS7, señala que «el valor de la finca inicial del Canódromo es, a nuestro criterio, de 2.515.970,03 euros, mientras que el valor total de las fincas entregadas como compensación es de 6.882.258,21 euros». Por eso, concluye el autor del estudio, Jordi Duatis, «el valor de las fincas entregadas en compensación de la finca de El Canódromo es 2,7 veces superior al de la parcela inicial».
La sobrevaloración tiene su origen en la aplicación de unos criterios de tasación que, en opinión de los expertos catalanes, no tiene justificación. La razón es que el valor del solar se tenía que haber calculado en base al polígono fiscal al que pertenece esta zona de la ciudad y no la de los barrios de Schamann y Escaleritas, que fue la que aplicó el Ayuntamiento entonces. «Sin mediar ninguna explicación», indican los autores, «el cálculo de la media de los aprovechamientos no se realiza sobre el polígono fiscal sino con la media ponderada de Escaleritas y Schamann».
«Este modo de proceder provoca una sobrevaloración muy importante de la parcela ya que en lugar del aprovechamiento de 0,834 m2/m2 existente en el polígono fiscal, se utiliza a efectos de cálculo un aprovechamiento de 2 m2/m2».
* Canarias 7 - 16.05.11
Foto: Las Palmas, obras torres del Canódromo (archivo) - canarias7.es
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ELPAÍS/Alicante* : Nadie escarmienta en cabeza ajena. Y menos que nadie los equipos de fútbol. Si el Valencia está ahogado en un mar de deudas por la megalomanía de su expresidente Juan Bautista Soler, debidamente jaleado en su momento por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el Hércules de Alicante, lejos de mirarse en el espejo de sus vecinos para no incurrir en el mismo error, optó por seguir su senda. Un pelotazo urbanístico salvaría al club blanquiazul de sus penas financieras y liquidaría unas deudas que suman 73 millones de euros. Una recalificación de los terrenos del Rico Pérez -siguiendo la estela del Mestalla en Valencia- permitiría la construcción de edificios, la especulación y el ingreso de dinero fresco. La operación haría posible que Enrique Ortiz, máximo accionista del club, recuperara los 35 millones que lleva invertidos, y, además, se quitaría de encima una deuda de 38 millones.
El proyecto consistía en levantar un nuevo estadio sobre el actual y una remodelación de toda la zona aledaña al campo deportivo, con una inversión inicial prevista de 55 millones de euros que aportaría el Ayuntamiento con los aprovechamientos urbanísticos de distintas unidades de actuación en la ciudad. A cambio, el Consistorio recuperaría la propiedad del estadio.
La comisión municipal cerró las líneas maestras de la operación justo un día antes de que el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, el promotor Enrique Ortiz y otras nueve personas fueran detenidas por el caso Brugal,
Pero la mala marcha del equipo en primera hizo que el proyecto quedara congelado a mitad de temporada, pendiente del final de la liga y la nueva estructura accionarial. Ortiz, hasta ese momento máximo accionista del Hércules, acosado por los jueces dio un paso atrás y dejó la entidad en manos de Fundación, que preside Miguel Campoy. En este nuevo órgano el promotor, según él mismo, es un accionista minoritario. No obstante, Ortiz sigue poseyendo la titularidad del campo Rico Pérez, a través de la firma Aligestión.A esta indefinición sobre el Hércules y el Rico Pérez se ha sumado la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP. La regidora vincula la construcción de un nuevo estadio sobre el actual a tres factores: la salida de la crisis económica, la estructura accionarial del club y la situación deportiva del equipo. Castedo aparca, al menos de momento, el acuerdo de la comisión mixta municipal, semanas después del ascenso (19 de junio de 2010). El distanciamiento de la edil, al menos formalmente, del Hércules, ha sido tan evidente que en los últimos meses ni siquiera se ha dejado ver por el palco del estadio, cuando el equipo inició su caída hacia la Segunda.
El concejal socialista Lalo Díez defiende, sin embargo, que lo primero que tendría que hacer el Ayuntamiento es "sentarse a hablar con el club". "El Rico Pérez es la instalación deportiva más importante de la ciudad y no se puede condicionar una actuación en el estadio a que baje a segunda porque el año que viene puede subir de nuevo y estas obras no se improvisan", esgrimió el concejal socialista. Díez también coincide en que el impacto del descenso sobre el club y sobre la ciudad "es brutal".
Por otro lado, la llegada del Hércules a Primera ha supuesto un cierto revulsivo para comercios, restaurantes, bares y hoteles, pero tampoco ha sido la panacea a pesar de la halagüeña previsión que se hizo en su momento. "Es una pena. Llevamos demasiado poco tiempo en primera", resumía ayer María José San Román, presidenta de la federación de hostelería de Alicante en referencia a las expectativas que los empresarios tenían puestas en la nueva situación deportiva del club y que ahora se han visto truncadas. La restauradora explicaba esta semana que el paso del club por la división de oro del fútbol ha beneficiado al sector puntualmente, y su impacto se ha notado sobre todo con la visita de los grandes clubes deportivos. De hecho, los únicos partidos que consiguieron una entrada casi completan fueron los que jugó contra el Barça y Real Madrid, y casi lleno con el Atlético de Madrid y el Valencia, y tres cuartas sillas vendidas en el partido del Villa Real y el Atlético de Bilbao. Al final, el paso del Hércules por la primera división no ha supuesto un boom, porque consolidar una imagen requiere su tiempo.
La percepción es compartida por los hoteleros de Alicante, que aseguran que los establecimientos han notado el paso del equipo por primera básicamente con los grandes partidos, asegura Cristina Rodes, presidente del colectivo. Rodes lamenta también la corta permanencia del equipo e insiste en que la promoción de la imagen de Alicante es un proceso a más largo plazo que una temporada de fútbol. Y es que la llegada del Hércules a primera división estuvo acompañada de muchas previsiones y expectativas. La Cámara de Comercio de Alicante realizó un estudio en agosto del año pasado en el que estimaba en más de 17,4 millones de euros el impacto económico previsto.
* El País - 16.05.11
Foto: Alicante, estadio Rico Pérez - urbanity
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EUROPAPRESS* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha recalcado que la nueva Ley autonómica de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo lo que hace es modificar la tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial en los casos de sentencias de derribo, pero no afecta a la ejecución de las sentencias. Así lo señala en un auto fechado el pasado 29 de abril en el que rechaza un recurso del Ayuntamiento de Argoños para evitar el derribo de 16 viviendas en el Camino del Portillo y, al mismo tiempo, autoriza a la empresa Tragsa a recabar el apoyo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para desalojar y demoler las edificaciones. El auto, difundido este viernes por la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a afectados por las sentencias de derribo, se apoya en varios argumentos para rechazar la petición del Consistorio, a los que suma, como última reflexión, la relativa a la nueva ley aprobada por el Parlamento cántabro para asegurar que los afectados cobren las indemnizaciones antes de la demolición efectiva de sus viviendas.
La Sala recuerda que la propia ley reconoce que la Comunidad Autónoma no tiene competencias para regular el procedimiento contencioso administrativo y la ejecución de sentencias firmes. Lo que se hace con este texto legal, según añade, es incidir sobre la sustanciación del expediente administrativo de indemnización.
De ahí que no incida en lo que es la ejecución en sí de las sentencias. "Todo ello sin perjuicio de que las administraciones asuman las obligaciones impuestas en dicha ley de realojo e indemnización", indica el auto.
LA PETICIÓN MUNICIPAL
En lo que respecta al caso concreto al que alude la resolución judicial, lo que pedía el Ayuntamiento de Argoños es que se admitiera la imposibilidad parcial de ejecución de la sentencia de derribo porque, desde su punto de vista, las 16 viviendas afectadas cumplen parcialmente con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, aprobado en el año 2006.
La Sala de lo Contencioso señala que cabe la posibilidad de plantear tal solicitud, pero debería cumplir una serie de requisitos que no se dan en este caso.
Por un lado, debería haberse solicitado en un plazo de dos meses desde la aprobación del nuevo PGOU, pero han pasado "años", y además, ese nuevo planteamiento debería haber legalizado las viviendas, cosa que, a su juicio, tampoco ocurre porque el nuevo PGOU "no lo permite, siquiera parcialmente".
Además, según dice, si se consideraba que el nuevo planeamiento legalizaba las viviendas, el Ayuntamiento debió plantear la imposibilidad de ejecución de la sentencia en los plazos previstos. Sin embargo, "no lo hizo, dejando transcurrir varios años", una actitud que el TSJC interpreta como "una nueva maniobra dilatoria".
"La pretensión fraudulentamente ejercitada de promover incidente de imposibilidad parcial no tiene otra finalidad que la de tratar de impedir de nuevo el derribo de las viviendas", censura la Sala.
En consecuencia, rechaza la petición municipal y, por contra, atiende las peticiones de Tragsa, a la que la propia Sala encomendó el derribo de las viviendas.
Tragsa solicitaba autorización para acceder a los domicilios, en vista de que siguen ocupados, y el auto responde que la sentencia firme de derribo ya conlleva la autorización para entrar en las viviendas. Pero ante la imposibilidad hacerlo por la presencia de sus moradores, la Sala autoriza a Tragsa a recabar apoyo policial para el desalojo y para el derribo.
"DESAFÍO" A GOBIERNO Y PARLAMENTO
Para la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), este auto "desafía" al Gobierno regional y al Parlamento de Cantabria, "invalida" sus actuaciones y "deja sin efecto" una ley aprobada por unanimidad en la Cámara regional.
A su juicio, la Sala de lo Contencioso "se arroga competencias que ni tiene ni le corresponden" y "asalta un ámbito competencial que le es ajeno", el legislativo.
La asociación muestra su "indignación, malestar y rabia contenida" por esta decisión que, en sus palabras, supone una "puñalada en el corazón de los afectados".
Según dice, la resolución judicial, no sólo "no tiene en cuenta absolutamente para nada a las víctimas", sino que "incluso hace referencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado" para desalojar sus viviendas.
AMA recalca que la asociación "siempre ha cumplido y cumplirá con la legalidad vigente" y "siempre acatará las resoluciones judiciales, por muy injustas" que les parezcan, pero critica que los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC les están "machacando".
"En estos tiempos donde la imparcialidad de algunos jueces está siendo muy cuestionada por una gran parte de los ciudadanos, este tipo de autos no hace más que acrecentar las dudas que tenemos los afectados de si realmente se está haciendo justicia con nosotros, o somos la cabeza de turco que todos se pueden permitir el patear", añade la asociación.
AMA no duda de que se estén "aplicando las leyes", pero matiza que también hay la misma ley para el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional y su aplicación "ha sido totalmente diferente".
"No se puede ser más injusto con nuestras familias que lo que está siendo la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC", añade la asociación, que pide a las instituciones condenadas (Gobierno y ayuntamientos) que articulen "en el menor tiempo posible" los recursos y las soluciones que "tantas veces han prometido a los afectados".
* Europa Press - 13.05.11
Foto: Cantabria, asociación AMA
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ELPAÍS/Murcia* : El Ayuntamiento de Lorca hizo públicas ayer las cifras finales sobre el estado de los inmuebles de la localidad, tras haberse revisado el 100% de las casas afectadas por el terremoto del miércoles, que causó nueve muertos. El total de edificios revisados es de 2.765, de los cuales 1.597 (el 57,76% del total) del casco urbano, en su mayoría viviendas, han sido declarados habitables. Aun así, buena parte de la población continúa fuera de sus hogares por miedo a réplicas o derrumbes, informa Óscar Sanz. Un total de 26 equipos de arquitectos y aparejadores han inspeccionado la ciudad en 48 horas, marcando con colores (verde, amarillo, rojo y negro) las viviendas en función de su habitabilidad. Unos 377 edificios han sido marcados en rojo o negro, lo que significa que no se puede entrar en ellos en ningún caso. De ellos, un 12% corresponde a los edificios marcados en negro (unos 45), es decir, que es probable que sean demolidos. Por último, 791 edificios, marcados con color amarillo, requieren reparación antes de que puedan ser ocupados, y sólo se permite el acceso de manera momentánea.
El Ayuntamiento ha informado, además, de la constitución de una comisión de trabajo junto a la confederación comarcal de empresarios para estudiar la posibilidad de realojos temporales en viviendas vacías que gestionan las constructoras e inmobiliarias, dependiendo de los servicios y mobiliario que tengan estas viviendas.
Plan de ayuda
Estas medidas se unen a las ya aprobadas mediante un decreto ley por el Consejo de Ministros y encaminadas a distribuir las ayudas para los familiares de las víctimas mortales y las personas con incapacidad absoluta y permanente. El decreto, que entró en vigor ayer, contiene ayudas para alquiler de viviendas y para la reconstrucción de las casas que hayan resultado destruidas o dañadas. Y contempla la concesión de ayudas a las entidades locales por los gastos de emergencia que hayan necesitado para garantizar la vida y la seguridad de las personas. También incluye beneficios fiscales, como exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y reducciones en el Impuesto de Actividades Económicas. Además, con carácter excepcional, se anticipa al día 1 de junio de 2011 el abono de la paga extraordinaria, correspondiente al período diciembre de 2010 a mayo de 2011, a los pensionistas de Lorca.
Asimismo, peritos de aseguradoras trabajan desde ayer con los afectados por el terremoto con el objetivo de realizar a partir de mañana las primeras peritaciones y comenzar los pagos de los expedientes más sencillos "en cuestión de días", según explicó Alejandro Izuzquiza, director de Operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros. Este precisó que no se va a exigir que se cumpla "estrictamente" el plazo de siete días que establece la Ley del Contrato del Seguro para comunicar los daños, al tratarse de "circunstancias muy especiales". El Ayuntamiento de Lorca ha colgado en su web la información del Consorcio de Compensación de Seguros relativa a los requisitos para poder recibir las ayudas.
Por otro lado, la ministra de Defensa, Carme Chacón, aseguró ayer que "queda mucho por hacer" en Lorca y que los militares seguirán en la zona "el tiempo que sea necesario", hasta que la localidad recupere la normalidad. Proceso que "no va a ser corto ni fácil", apuntó. Chacón precisó que hay desplazados allí 600 profesionales y casi 200 vehículos militares.
Asimismo, de las aproximadamente 300 personas atendidas por heridas causada por el terremoto, sólo 17 permanecían ayer ingresadas en el Hospital Virgen de la Arrixaca, según el Gobierno murciano. Los tres heridos graves evolucionan positivamente. Desde el pasado miércoles, cuando se registró el seísmo, se han sucedido en Lorca y sus proximidades una treintena de réplicas, la mayoría de baja intensidad.
* El País - 15.05.11
Foto: Lorca (Murcia), destrozos terremoto - intereconomia
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MÁLAGAHOY* : El fiscal Anticorrupción Francisco Jiménez-Villarejo aseguró ayer en el juicio por el caso Minutas que no existe "constancia documental" del trabajo que realizó el abogado y presidente del Sevilla, José María del Nido, para el Ayuntamiento de Marbella entre 1999 y 2003. Jesús Gil contrató a Del Nido para que dirigiera la estrategia municipal durante la fiscalización que abordó el Tribunal de Cuentas de la contabilidad municipal. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que ni existen documentos que avalen el trabajo que realizó ni, en realidad, éste era necesario. Francisco Jiménez-Villarejo, que ya ha consumido tres sesiones exponiendo su informe final contra el letrado sevillano y otras 18 personas imputadas en esta causa, repasó ayer con minuciosidad 18 minutas, de las que destacó "su máxima inconcreción tanto en el encargo como en el trabajo realizado".
El representante del Ministerio Público afirmó que se pretendían justificar unos honorarios cuantiosos en simples "faxes reenviados desde el Ayuntamiento por Julián Muñoz", alcalde accidental, también acusado en este procedimiento. Para la Fiscalía Anticorrupción, "no hay referencia escrita del trabajo del señor Del Nido como asesor jurídico", salvo esos faxes "que son inconcretos". Y agregó que esos documentos "son insuficientes para justificar un trabajo tan generosamente pagado". La acusación también analizó los faxes remitidos por él al Tribunal de Cuentas "sin documentación", sobre los que ha dicho que "no justifican la facturación en concepto de fiscalización". El fiscal fue especialmente crítico al argumentar que la fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Marbella fue utilizada como excusa para el enriquecimiento injusto "de determinados asesores externos", en alusión al abogado y presidente del Sevilla. En este sentido, subrayó que los miembros del Tribunal de Cuentas que acudieron como testigos al juicio dijeron que no hubo "reuniones en Madrid ni en Marbella" con él.
En esta misma línea, precisó que Del Nido facturó por la fiscalización de sociedades "que no tenían actividad", al tiempo que puso en entredicho la labor que supuestamente ejerció en defensa del Ayuntamiento durante el control que realizó el Tribunal de Cuentas porque "no es competencia de un abogado el acelerar la celebración de juntas generales porque exista una fiscalización", entre otras cosas porque no se trata de actuar como si se tratara de una inspección tributaria.
* Málaga Hoy - 13.05.11
Foto: Marbella, Del Nido se enfrenta a 13 años de cárcel - diariosur.es
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