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ELPAÍS* : El viento del Estrecho trae a Punta Europa, en el extremo sur del Peñón de Gibraltar, un olor a huevo podrido. Procede de barcos fondeados en la bahía de Algeciras y acoplados entre sí por medio de grandes mangueras. Forman parejas asimétricas, se diría que aplicadas a extravagantes apareamientos: gabarras con barcos de 100 metros de eslora, buques tanques cruzados con mercantes, portacontenedores o gaseros de más de 300 metros de largo... "Este olor es el gas que se libera cuando los barcos gasolinera trasvasan el fuel a los buques; resulta desagradable y penetrante pero dicen que no es dañino", dice un vecino de la Roca. La bahía de Algeciras es una bomba medioambiental, con su refinería, su industria química, su central térmica, su base de submarinos británica; el punto de Europa con mayor peligro de vertido de hidrocarburos y el cuarto foco mundial del bunkering (trasvase de fuel entre barcos). Más de 106.000 barcos, 5.000 de ellos petroleros -el 10% del tráfico mundial-, atraviesan anualmente el estrecho de Gibraltar. "Lo que tenemos aquí es una silenciosa marea negra de vertidos continuos y una situación endémica única", constata Patricia Navarro, fiscal de Medio Ambiente de Cádiz.
El Grey Hunter, (100.000 toneladas vertidas de crudo libio), el Petrogen One, Camponavía, Sea Esprit, Hesperus, Segundo Teniente J. P. Bobo, Spabunker Cuatro, Avemar Dos, Atlas, Ocean Globe, Sierra Nava, New Flame, Torm Gertrud, Fedra, Tawe y Ropas 1 han dejado su funesta huella en la bahía durante las dos últimas décadas. Pero aunque el volumen de los hidrocarburos vertidos en estos graves accidentes es enorme, puede que el daño mayor resida en las pérdidas de fuel por el bunkering y la limpieza en el mar de las sentinas. "Muchas veces, ni siquiera nos enteramos de esos vertidos y, además, es muy difícil acreditar responsabilidades porque, en materia de contaminación, Gibraltar actúa con absoluta irresponsabilidad. Aquí, no funciona lo de que el que contamina paga. Da la impresión de que todo vale", acusa Navarro.
Ahora que España está atacando con medios aéreos la impunidad con la que la flota mundial limpiaba sus bodegas en nuestras aguas, la bahía de Algeciras y, particularmente, Gibraltar, aparece como el agujero negro de la contaminación. Es como si el Peñón voceara a los cuatro vientos y mares de Europa: "Vengan y comprueben. Vendemos fuel marino un 20% más barato y lo hacemos de barco a barco, sin atracar en puerto. Ahórrense las enojosas inspecciones portuarias y los gastos de fondeo. Nosotros no miramos si sus buques son o monocascos y si incumplen otras exigencias de la UE. Esto es Gibraltar, la gran gasolinera flotante entre el Atlántico y el Mediterráneo".
El efecto llamada ha sido incontestable. Si hace una década el volumen de fuel trasvasado en la bahía no llegaba al millón de toneladas, a finales de 2009 esa cifra se multiplicaba largamente por cinco. Según Greenpeace, dos terceras partes del crudo se transfieren en aguas de Gibraltar y el resto en aguas españolas por medio de barcazas que se abastecen la refinería de Cepsa, en el municipio de San Roque. Un cálculo de los trasvases da un total de 60.000 descargas anuales, 60.000 maniobras de acoplamiento y desacoplamiento de mangueras con el riesgo de vertido que conllevan. Decenas de embarcaciones gasolineras capaces de albergar hasta 300.000 toneladas de combustible fondean a diario al este del Peñón y entre el Nort Mole y la bocana de Gibraltar. Algunas son gabarras de menos de 2.000 toneladas, pero hay también cuatro grandes buques que cargan hasta 100.000 toneladas.
La concentración de superpetroleros y de otros grandes barcos a poca distancia del litoral -milla y media componen las aguas territoriales que la colonia británica se adjudica- taponan la vista sobre la bahía. Un vistazo a través de localizatodo.com permite comprobar que la bahía de Algeciras se ha convertido en refugio para la interminable bandada de naves que desfilan por el Estrecho.
En la pantalla aparecen habitualmente algunos buques aislados y fuera de formación que se acercan por el este, costeando a muy poca velocidad. Son los que hacen turno ante las gasolineras flotantes y, en la espera, deambulan entre las aguas españolas y las gibraltareñas -tres millas de jurisdicción se adjudica la colonia a ese lado del Peñón-, invocando a lo que en el argot marino se denomina el paso inocente. No siempre admitido por los Estados, este paso establece el derecho a atravesar aguas de otros países si se navega de manera rápida e ininterrumpida y sin perjuicio para el Estado ribereño. Vistos los efectos del bunkering, es dudoso que esos barcos no supongan un perjuicio potencial para las localidades deAlgeciras, La Línea, San Roque, muy castigadas ya por la contaminación industrial y donde, según un estudio del profesor de la Universidad Pompeu Fabra, Joan Benach, la esperanza de vida es inferior en un 20% a la media nacional. Pero, como señala el fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros, cada vez que una patrullera de la Guardia Civil se aproxima a los barcos que practican el paso inocente, sale una embarcación británica a cerrarle el paso.
Cisneros sostiene que, de acuerdo con el Tratado de Utrecht, Gibraltar carece de aguas territoriales, aunque actúe como si las tuviera y las autoridades españolas lo admitan en la práctica. "El gran problema de la contaminación en la bahía se llama Gibraltar", subraya, "porque en territorio español ejercemos un mayor control. Ellos no ponen restricciones a los barcos que incumplen la normativa europea por lo mismo que no ponen restricciones al blanqueo de dinero: porque es su negocio. Y nosotros ya podemos incoar los procedimientos y enviar las comisiones rogatorias que queramos que su disposición a colaborar con la justicia es nula. Los procedimientos por vertidos acaban archivados por falta de autor conocido y ante la imposibilidad de investigar". Cisneros opina que sería preferible tratar directamente con Reino Unido, ya que "al menos cabría interpelarle en el marco comunitario".
El mensaje que el ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, emite sobre este asunto se resume en la idea de que el bunkering conlleva, efectivamente, un riesgo de accidente mayor que las instalaciones en tierra, pero que el Peñón "cumple a rajatabla con las leyes" internacionales y de la UE. "No somos terroristas medioambientales", responde cada vez que los ecologistas denuncian el "riesgo diario de catástrofe". El ministro gibraltareño argumenta que las críticas españolas encubren el propósito de discutir la soberanía del territorio.
En realidad, la UE no ha prohibido el bunkering, aunque exija que se haga cumpliendo escrupulosamente con las normas de seguridad establecidas. Es en ese punto y en la falta de colaboración judicial donde las autoridades gibraltareñas chocan con los fiscales medioambientales españoles, que ven en el caso del chatarrero New Flame el ejemplo sobre el comportamiento del Gobierno de Gibraltar. El 12 de agosto de 2007, el New Flame colisionó con el petrolero Torm Gertrud en Punta Europa y allí permaneció semisumergido hasta que se hundió el 11 de febrero, pese a que las autoridades del Peñón se habían comprometido a adoptar "todas las medidas oportunas para prevenir cualquier accidente". En la práctica, estas consistieron en que el remolcador Elisabeth II sujetara al New Flame. Desde que encalló, el buque fue perdiendo en sucesivos vertidos, hasta siete, las 700 toneladas de fuel y las 50 de diésel que portaba. La polución alcanzó las playas de La Concha, Getares, El Rinconcillo y El Chicharral, la desembocadura del río Pícaro y parte del puerto de Algeciras, pero el Gobierno del Peñón no reconoció otra cosa que "pequeñas manchas de diésel" y se negó a colaborar con la investigación española. "No quedó más remedio que sobreseer el caso", subraya la fiscal Navarro.
Lejos de pensar en reducir el bunkering, las autoridades gibraltareñas proyectan habilitar una nueva área en el este del Peñón para incrementar el comercio de fuel. Que esa zona pertenezca al Parque Natural del Estrecho en el que residen especies protegidas no parece un obstáculo. "Como no tienen espacio para más buques y quieren aumentar su capacidad de suministro hasta llegar a las 400.000 toneladas, ahora pretenden construir un dique nuevo por el sistema holandés de ganarle espacio al mar", explica Antonio Muñoz Secilla, impulsor de la asociación Verdemar. Este ecologista integra las iniciativas de Gibraltar en una partida que la colonia estaría librando para ganar más espacio, más barcos, más negocio y consolidar el dominio sobre las aguas que se atribuye y que España no le reconoce.
Su compañera de Ecologistas en Acción, Raquel Ñeco, destaca la desaparición de la pradera de algas poseidón que cubría la bahía, pero pone el énfasis en el estudio de la investigadora Concepción Cruz Rojo, según el cual el riesgo de padecer determinados cánceres y alergias en esa área es superior hasta en un 40% a la media nacional. Ella misma sangra por esa herida. "Mi padre trabajó en la refinería y murió de cáncer de vejiga por culpa de la bencina", comenta con gesto quedo. A falta de colaboración medioambiental entre las autoridades gibraltareñas y españolas, los ecologistas AGADEN y Ecologistas en Acción-Verdemar han estrechado lazos con sus compañeros del otro lado de la verja. Unos y otros dicen que, a uno y otro lado de la frontera, los intereses económicos y políticos se imponen sobre los problemas de las gentes.
"Tenemos que colaborar: compartimos la bahía"
"Tenemos que colaborar, compartimos la bahía y los mismos problemas, aunque desde España se apunte a Gibraltar sin ver que el problema viene de los dos lados. Nos preocupa mucho el bunkering, pero también las industrias químicas y, ahora mismo, los vertidos de aguas fecales de La Línea", asegura la ecologista gibraltareña Janet Howitts. Su organización, la Environmental Safety Group (ESG), se opone frontalmente al proyecto gubernativo de ampliar el puerto y habilitar un nuevo espacio para el bunkering. "Somos muchos los contrarios a ese proyecto y todavía no es seguro que vaya a realizarse. Desde luego, los que trabajamos en el turismo no queremos que Gibraltar continúe industrializándose", indica.
La gravedad del caso y la nula colaboración gibraltareña llevó hace dos años a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y al Defensor del Pueblo Andaluz a instar a las autoridades implicadas, incluidas las británicas y europeas, a cumplir y hacer cumplir los tratados internacionales en materia medioambiental y a "eliminar cualquier práctica que suponga un riesgo añadido en una zona de especial tránsito marítimo". Con sus 29.000 habitantes y 28.000 empresas, Gibraltar pasa por ser el territorio más próspero de Gran Bretaña y uno de los más ricos del mundo. Puede que el problema esté en los acomodados negociantes gibraltareños que tienen un interés muy relativo en la causa medioambiental porque, entre otras cosas, ya disponen de viviendas residenciales en otras latitudes alejadas de la bahía y de las áreas de la contaminación. Son los que ven en la colonia británica un territorio ideal para hacer dinero sin demasiados escrúpulos y al amparo de la impunidad que les presta la peculiar soberanía del Peñón.
* El País - 1.05.11
Foto: Gibraltar, chatarrero New_Flame partido frente costa - elpais
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LAVOZ/Pontevedra* : La anarquía urbanística se ha implantado en el Concello de Gondomar, donde la Fiscalía acaba de abrir una investigación para depurar posibles responsabilidades penales. El alcalde, Martín Urgal (PP), ha paralizado todas las denuncias que llegan a las oficinas de Urbanismo y, al mismo tiempo, otorga licencias conforme a un Plan Xeral anulado amparándose en informes jurídicos externos pagados, después de que apartara de los asuntos urbanísticos a la secretaria general del Ayuntamiento y a la técnica de administración general. Se basa en las antiguas normas subsidiarias anteriores a la aprobación del Plan Xeral de 1997, un asunto que ha generado debate en el municipio. Las dos interventoras que han trabajado en el Ayuntamiento durante los últimos meses han prestado ya declaración ante el Ministerio Fiscal para manifestar que informaron negativamente de la contratación de una asesoría jurídica externa, dado que la Administración local posee funcionarios competentes para esta labor.
La Fiscalía tiene en su poder copia de todas las licencias que el gobierno está otorgando de espaldas a la secretaria municipal, alrededor de una quincena.
Mientras tanto, decenas de órdenes de demolición y de requerimientos de informes técnicos para iniciar expedientes de reposición de la legalidad urbanística se acumulan en las dependencias municipales, bien porque el regidor no las firma, o bien porque el aparejador municipal no informa sobre ellas. Todos los requerimientos han sido redactados por la secretaria, o bien por la técnico de administración general. Decenas de denunciantes están afectados por esta situación al ver que no prospera la resolución de las irregularidades que han señalado. Urgal, por su parte, afirma que las cuestiones pendientes se refieren a obras menores.
Un caso
Por ejemplo, en un barrio de Borreiros el regidor tiene pendiente de firmar desde el 11 de marzo la demolición de la planta ilegal de una vivienda.
La secretaria municipal le redactó la resolución, pero el regidor afirma que tiene que consultar el caso con su abogado antes de firmar nada. Las obras se llevaron a cabo en suelo rústico donde la Ley de Suelo no contempla los usos de vivienda. Los denunciantes llevan ocho años insistiendo por la reposición de la legalidad y finalmente han recurrido al Defensor del Pueblo en busca de una justicia que no encuentran en el Concello de Gondomar.
* La Voz de Galicia - 30.04.11
Foto: Gondomar (Pontevedra), vista - urbact
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ELPAÍS/Tarragona* : La fiscalía pide 4 años de cárcel y 22 de inhabilitación pública, y una multa de 3,7 millones de euros, para el alcalde de Querol (Alt Camp), Miguel Uroz, por un caso de corrupción urbanística. Uroz, de 77 años, que repetirá como candidato del PSC, está acusado de revelación de información privilegiada, falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias, soborno. El fiscal reclama la misma inhabilitación para el ex alcalde de CiU y actual edil del Grupo Independiente Albert Carreño, además del arquitecto y cuatro empresarios.
Los hechos se remontan al 2003 y se centran en la revalorización de 1.800 hectáreas cuando Carreño era alcalde y Uroz edil. Según el plan, se preveía construir 550 casas en la urbanización L'Arboçar, pero con el tiempo el número de viviendas pasó a 1.400, más pequeñas, para aumentar el valor del suelo.
Un grupo de vecinos denunció los hechos y la Generalitat frenó la urbanización. Y el Consistorio acabó convirtiendo en suelo rústico fincas de algunos denunciantes que antes eran urbanizables. Pese a la firmeza del fiscal, Uroz afirmó ayer: "No encontrará nada. El proyecto está parado y no se puede poner ni un ladrillo. Defiendo a los vecinos que no pueden construir, es como si tienes un piso en Barcelona y lo vendes a quien te lo compre más caro".
* El País - 30.04.11
Foto: Querol (Tarragona), ayuntamiento - altcamp
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MÁLAGAHOY* : Hay una Málaga real, esa que se conforma de sus calles, de sus edificios, de sus espacios hermosos y de sus miserias urbanas, y hay una Málaga soñada, integrada por las ilusiones de los que ansían convertir los barrios en zonas de convivencia, de los que aspiran a humanizar los recovecos de Carretera de Cádiz, de los imaginan parques donde hoy hay maleza o hastío... Ésta es una Málaga frustrada. Porque las intenciones de aquellos que dibujaron los proyectos con los que transformar la Málaga real en la Málaga soñada han quedado aparcadas en el olvido. La fotografía que hoy muestra la ciudad poco tiene que ver con aquella que los responsables de las grandes administraciones públicas se encargaron de anunciar, prometer y avanzar. Ni el Ayuntamiento ni la Junta de Andalucía ni el Gobierno central han sido capaces de transformar en realidad las ideas con las que concurrieron ante la ciudadanía. No han sido capaces de cumplir su objetivo de plasmar la Málaga que debería ser.
Un repaso general por los compromisos asumidos en este intervalo de tiempo pone de relieve el incumplimiento generalizado de la mayor parte de las propuestas estrella de las tres instituciones, paralización que muchos justifican en los efectos de la crisis económica. La realidad, sin embargo, es que los más de 100.000 vecinos de Carretera de Cádiz no vislumbran si quiera el día en que podrán pasear por las aceras de una avenida reurbanizada, a pesar de que esta obra fue anunciada justo hace un año; más lejana aún es la esperanza de poder desplazarse desde Málaga hasta Estepona a bordo del tren litoral, o el momento en que cruzar del Parque al Palmeral de las Sorpresas sea una acción exenta de riesgo porque el tráfico que atraviesa el Paseo de los Curas esté soterrado...
Son sólo algunas de las píldoras que marcan la labor y la gestión de estos años, que en el caso del ámbito municipal, entran en una cuenta atrás de semanas antes de culminar en los comicios locales del 22 de mayo. Será ese el momento en que los malagueños someterán a examen la tarea del alcalde, Francisco de la Torre. El regidor, ensombrecido por las no pocas anomalías detectadas en la labor de varios de sus concejales (Teresa Porras, Manuel Díaz Guirado, Manuel Marmolejo, Elías Bendodo, José Hazañas y Teresa López), puede sacar pecho por haber hecho realidad el que sin duda era su gran apuesta para este mandato, el Museo Thyssen.
Aunque ni siquiera este logro es completo. Tras invertir unos 30 millones de euros en su construcción, De la Torre admite que no cuenta con un documento que obligue a la baronesa a mantener su obra en la pinacoteca. Pero no es la única apuesta cultural que se asienta sobre pilares de dudosa estabilidad. Similar cuantía ha gastado el Ayuntamiento en recuperar parte de las instalaciones de Tabacalera para dos museos, uno el de automóviles antiguos (ya abierto), y otro, el de las gemas y la naturaleza, para el que no existe calendario, y cuyo socio privado constata desde hace semanas su malestar con la labor del Consistorio, al punto de llegar a amenazar con su marcha y de exigir una indemnización económica por la evidente demora en los plazos.
De la Torre fue elegido alcalde casi cuatro años atrás con un programa en el que relucían no sólo estas dos intervenciones culturales, sino también el soterramiento de la Avenida Cánovas del Castillo, inexistente, o el bulevar sobre el soterramiento del AVE a su acceso a la ciudad, cuya obra, como pronto, no se iniciará hasta los próximos meses de junio o julio. Entre sus objetivos estaba también que Málaga aspirase a la Capitalidad Cultural de 2016, quedándose a las primeras de cambio en el camino; que los vecinos pudiesen conectarse a internet en cualquier punto de la ciudad sin coste alguno, pero ello sigue sin ser posible. Como tampoco lo es ir en bici por un total de 40 kilómetros de plataforma reservada para este vehículo (fue lo que se prometió), a pesar de lo cual ya se han desarrollado casi la mitad.
Una bolsa de compromisos que fue agrandándose conforme el regidor previó la opción de disponer de fondos europeos con los que financiar infraestructuras como el intercambiador de transportes de Renfe o la recuperación del Monte Gibralfaro (30 millones)
Pero la Málaga que debería ser no sólo está incompleta por los incumplimientos municipales. Si bien es cierto que tanto a los responsables autonómicos como centrales le restan aún año para que culmine su legislatura, lo hecho hasta la fecha deja poco lugar a la esperanza en proyectos como la regeneración de los Baños del Carmen, el Campamento Benítez, el ya mencionado tren litoral, el Parque de los Cuentos en la Trinidad, el megahospital...
En la esfera de la Junta de Andalucía tiene protagonismo propio la ansiada regeneración de Carretera de Cádiz tras cerrarse la cicatriz que durante casi cuatro años abrió en la zona la obra de construcción de la línea 2 del Metro. A lo largo de las avenidas Velázquez y Héroe Sostoa, la Administración autonómica anunció, a principios de 2010, un proyecto con el que humanizar el distrito más poblado de la capital y valorado en 42 millones de euros. Un dinero con el que se buscaba reducir el espacio del vehículo privado y, como consecuencia, aumentar el destinado al peatón. Pero la promesa ha quedado en nada ante la falta de fondos con los que acometer la obra.
Estampa semejante es la que se vive con la construcción del Parque de los Cuentos en el convento de la Trinidad, cuyo horizonte sigue sin estar despejado, y el megahospital, del que sólo parece tenerse clara su primera pieza, el Instituto de Investigación Biomédica. Y qué decir tiene del ambicioso plan de recuperación de los arrabales del casco antiguo de la capital, donde se proyectaban unas 300 tecnocasas (viviendas en alquiler destinadas a jóvenes profesionales), de las que casi seis años después de ponerse sobre la mesa no hay una sola en pie, o del ansiado parque metropolitano de Arraijanal, que tras convertirse durante años en frontón de las disputas institucionales se mantiene en standby.
Al Gobierno central, del que cabe destacar una inversión de unos 6.000 millones de euros en los últimos casi ocho años, se le pueden imputar, sin embargo, no pocos olvidos de cierta magnitud. De la mano de la Junta, no ha sido capaz hasta el momento de dar los primeros pasos de uno de los más trascendentes proyectos de la provincia, el corredor ferroviario de la Costa del Sol, cuyo coste se calcula en unos 4.500 millones de euros. Una cuantía sumamente elevada para los tiempos que corren, que obliga a buscar la colaboración privada, sin, por el momento, excesivo éxito.
Las otras dos grandes asignaturas pendientes, en este particular ejercicio de la Málaga que debería ser, se localizan en los Baños del Carmen, sin esperanzas a corto plazo de volver a disfrutar de un emblemático espacio de la ciudad, y el Campamento Benítez. Aparcado sine die el millonario proyecto del Museo del Transporte auspiciado por la ex ministra Magdalena Álvarez, las administraciones no han sido capaces hasta el momento ni de ponerse de acuerdo para hacer de esta parcela, de 28 hectáreas, un parque abierto a los ciudadanos.
Tampoco es hoy una realidad completa la gran solución a los atascos de la capital: la hiperronda. El ministro de Fomento acudió a finales del pasado año a abrir oficialmente los dos primeros tajos de esta autovía, aunque ello tuvo lugar un año después de lo inicialmente comprometido por el Gobierno. Habrá que esperar aún más de medio año para que, según los cálculos del departamento dirigido por José Blanco, se inaugure la otra mitad de la carretera. Algo semejante ocurre con el tercer carril de la ronda este y con el acceso sur al aeropuerto. Sí será realidad a principios de 2012 la segunda pista del aeropuerto. Y no olvidar el deseado auditorio en el puerto. Piezas todas que dibujan la Málaga incompleta.
* Málaga Hoy - 1.05.11
Foto: Málaga, litoral Baños_del_Carmen - malaga.eu
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JOSÉ Mª ASENCIO/Valencia* : La legislatura que ahora acaba ha estado más pendiente de los tribunales, que de las Cortes o el Palau. Los asuntos más conocidos, Gürtel y Brugal, junto a otra miríada de complejas tramas de presunta corrupción, han desplazado la atención política hacia los juzgados cuyo protagonismo involuntario ha tenido su origen en la pasividad, cuando no la complicidad de la clase política con la corrupción. La falta de ética de los partidos, el abuso de conceptos que, como la presunción de inocencia, se ha pervertido y tornado en un insulto a la ciudadanía, la mediocridad de una llamada «casta» sin oficio conocido y que se perpetua en cargos para los que los nombrados son manifiestamente incapaces, está en el origen de la tolerancia con la corrupción, que más allá de ser un fenómeno personal de los implicados, es ya una lacra de los partidos mayoritarios españoles, indefectiblemente vinculada a su insaciable financiación.
Y, en este marco general, el PP valenciano ha alcanzado cotas insoportables. Sus ataques a las instituciones con el objetivo de blindarse y presionar a los tribunales y su displicencia ante las sospechas delictivas reflejada a la hora completar unas listas electorales repletas de imputados, le hacen aparecer como un grave problema de futuro, pues la Justicia es lenta, pero ineludible por ser independiente.
No hay judicialización de la política cuando los delitos son penalmente investigados, ni siquiera cuando a los denunciantes solo les interesa el rédito obtenido con sus denuncias. Porque no es judicializar perseguir el delito y evitar la impunidad de la clase política. La Justicia es la única garantía que queda a la ciudadanía ante la ocupación que los partidos mayoritarios han hecho del Estado, de las instituciones, de la sociedad civil.
Y, ante este fenómeno, se debe necesariamente reivindicar la independencia del Poder Judicial, privar a los partidos de toda influencia, directa o indirecta, en los Tribunales e instar la reforma de una legislación insuficiente para luchar contra el fenómeno de la corrupción, insuficiencia ante la que la pasividad de legislador es el mejor exponente de su complacencia o acaso de su complicidad.
* Levante - Opinión - 1.05.11
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