HUELVAINFORMACIÓN* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón a un recurso planteado por una treintena de vecinos de la zona de la Venta de la Era y anula la aprobación definitiva de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana que fue aprobado por el Ayuntamiento de Isla Cristina y recibió el visto bueno de la Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta de Andalucía el 28.05.2008. La decisión del Alto Tribunal andaluz ha creado gran malestar en el equipo de gobierno isleño y cierta alarma en los promotores urbanos y hoteleros que pretendían desarrollar las nuevas bolsas de suelo en La Higuerita y su litoral. La sentencia será llevada en casación a la Sala Tercera del Tribunal Supremo tanto por el Consistorio isleño como por la Junta andaluza, por lo que técnicamente el nuevo PGOU puede seguir en vigor, según reconoció ayer un portavoz del Consistorio, que declinó entrar en otras valoraciones sobre la sentencia.
Pero tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y las lagunas en la financiación, las dudas legales sobre un documento como el PGOU no son los mejores compañeros de viaje para desarrollarlo en su extensión y arriesgar y ralentizar inversiones.
El problema que plantea el Tribunal es que se necesita el pronunciamiento de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística, cuando en las propuestas de los instrumentos de planeamiento general o sus innovaciones concurran varios supuestos. El primero de ellos pasa "por el crecimiento para usos que el PGOU en elaboración califique para usos residenciales y turísticos, en el municipio o en alguno de los núcleos urbanos que lo integran, y que supongan bien un incremento superior al 30% de la superficie de suelo con la urbanización y edificación ejecutadas de acuerdo con el Plan General vigente, o bien un aumento de más del 25% del número de viviendas existentes en este suelo". Y en el caso isleño se aumenta claramente el número de viviendas en más d e un 25%.
Según la sentencia, "la totalidad de las viviendas asciende a 18.450, por lo que el 25% supondría 4.612 viviendas y al cifrarse el incremento en 5.570 el porcentaje ha sido superado sin que conste el preceptivo dictamen de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística, lo cual aboca a la estimación de la alegación". Además, concluye que "en cuanto al crecimiento territorial debe recordarse que el artículo 45 del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), establece que con carácter general no se admitirán los crecimientos que supongan incremento de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano existente".
En la memoria justificativa se apunta en los Fundamentos de Derecho, en su punto 10, que "la superficie de suelo urbano es de 4.722.347 metros cuadrados y por ende el 40% en la cantidad de 1.888.939 metros cuadrados, en tanto que el total de la superficie computable se cifra en 1.888.162 metros cuadrados". "Y en la página 216 de la Memoria se marcan en un cuadro las superficies que según se indica por su uso productivo (industrial, logístico o turístico hotelero) o por su carácter supramunicipal no se incluyen a efectos del cumplimiento del crecimiento territorial máximo establecido. Por lo que debe recordarse que el artículo 45 determina la dimensión del crecimiento propuesto, en función de parámetros objetivos, entre los que se incluye el de usos productivos, como es el turístico-hotelero, que como uso terciario debe ser incluido en el cómputo del límite de crecimiento territorial máximo, sin que por otra parte el mencionado uso tampoco se excluye en la Disposición Adicional segunda del Decreto 11/2008, de 22 de enero, pues solo se refiere a usos industriales. Ello supone que deben sumarse 616.756 metros cuadrados de uso turístico hotelero al total de la superficie (1.888.162 m2) con lo cual el resultado de 2.504.918 m2 supera los 1.888.939 m2 que suponen el 40% de suelo urbano y se infringe el artículo 45 del POTA por lo que se estima el recurso".
Con estos mimbres el nuevo Plan General de Ordenación Urbana iniciado por el PA y convertido en el niño bonito de la Corporación que preside María Luisa Faneca (PSOE) queda maniatado, lo que retrotrae en el peor de los casos la legalidad urbanística al documento inmediatamente anterior al recurrido y ahora anulado.
Una mala señal para los mercados de suelo, inmobiliarios y promotores interesados en desarrollar proyectos en una de las áreas más cotizadas de Isla Cristina como es la franja que discurre en dirección a Islantilla, frente a los pinares. En mitad de esta vorágine urbanística, los vecinos que han ganado el primer envite también han visto con muy malos ojos cómo el Ayuntamiento intenta facilitar sus operaciones a algunos promotores al cambiar el diseñado sistema de compensación por otro de cooperación. Esta segunda definición desprotege a los propietarios de la zona, que quedan en manosy al antojo de los intereses del mayoritario en los terrenos.
* Huelva Información - 7.04.11
Foto: Isla Cristina (Huelva), puerto - huelvainformacion
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KAOSENLARED* : La oficina del Defensor del Pueblo, que dirige María Luisa Cava de Llano, atendió el año pasado 34.674 expedientes, frente a los 22.287 gestionados en 2009. Esto supone un incremento del 55,58%, que responde principalmente al crecimiento registrado por las quejas colectivas, que pasaron de 3.626 en 2009, a 17.449 en 2010. Las quejas individuales, por su parte, se elevaron a 16.759. Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente. El área de Ordenación Territorial ha registrado 2.178 expedientes de queja, de los cuáles 1.742 son quejas individuales, 414 colectivas y 22 de oficio. Más de la mitad de las quejas de esta área se refieren a temas de vivienda.
Medio ambiente
En la actitud de muchas administraciones se aprecia un compromiso insuficiente con los objetivos reales de protección del medio ambiente. Así ocurre, por ejemplo, con el grado de importancia que se concede a los informes de evaluación de impacto ambiental sobre proyectos de desarrollo de infraestructuras o de urbanización, que quedan reducidos en muchas ocasiones a meros trámites.
Lo mismo puede decirse del grado de cumplimiento de las normas que establecen el deber de información ambiental y de participación de los ciudadanos en los procesos de transformación que afectan al medio ambiente. En este contexto, destaca negativamente una forma de actuación de los poderes públicos que consiste en sortear los procedimientos reglados y ordinarios de aprobación de planes de desarrollo en zonas de especial protección medioambiental, mediante la aprobación de una ley singular por el parlamento autonómico (con o sin el acuerdo de los grupos de oposición). Al evitar los procedimientos reglamentarios, se evita la participación de los interesados a lo largo del proceso y la posibilidad de que éstos acudan directamente a la jurisdicción ordinaria.
En cuanto a la prevención y gestión de residuos, la Defensoría ha propuesto que en la planificación urbanística se prohíba el uso residencial alrededor de las grandes instalaciones contaminantes.
Urbanismo y vivienda
Las quejas tramitadas por la oficina del Defensor del Pueblo sobre esta materia reflejan que las administraciones públicas tienden a tratar el suelo y la vivienda como bienes mercancía, objeto de tráfico jurídico y económico, en lugar de hacerlo tal y como exige la Constitución, como bienes de uso y disfrute, objeto de satisfacción de una necesidad básica de las personas.
Se ha detectado que la planificación urbanística se realiza cuando existe rentabilidad económica y no porque se necesite suelo bien ordenado. Ejemplo de este desinterés económico en la reordenación del espacio urbano es la Cañada Real Galiana, en Madrid. La institución lleva ocupándose varios años de este asunto, tras recibir numerosas quejas. Para tener un mayor control y coordinación se ha decidido proseguir la investigación con carácter de oficio, ya que lo cierto es que los problemas persisten y se encuentran lejos de poder solucionarse.
Por lo demás, el Defensor del Pueblo siguió investigando en 2010 asuntos relacionados con retrasos en la tramitación y aprobación de planes urbanísticos y de falta de coordinación entre las distintas administraciones urbanísticas.
Por lo que respecta a la vivienda, la Defensoría considera que debe avanzarse en la senda abierta por la legislación de Andalucía, y que también el País Vasco tiene en curso de promulgación, de reconocer el disfrute de una vivienda como un derecho plenamente exigible. No obstante, la oferta de vivienda oficial protegida fue muy escasa, a pesar de que el actual contexto de crisis económica ha hecho crecer la demanda potencial de este tipo de vivienda. De las quejas recibidas se desprende que jóvenes, mujeres, personas mayores o inmigrantes, siguen siendo los colectivos que más sufren para acceder a una vivienda.
* Kaos en La Red - Ecologistas en Acción - 7.04.11
Foto: Valdecañas (Cáceres), marina - ecologistasenaccion
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EFEVERDE* : El presidente de la Asociación de Defensa de Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), Gonzalo Canales, ha afirmado hoy que el Gobierno y el Parlamento regional "promueven la corrupción urbanística" porque, a su juicio, "envían mensajes de que es impune incumplir la ley" con modificaciones legales como la que obliga a indemnizar antes del derribo de viviendas ilegales. En rueda de prensa, Canales ha criticado la reforma de la Ley del Suelo que ha aprobado recientemente el Parlamento regional, por unanimidad de los tres grupos (PP, PRC y PSOE), y que prohíbe el derribo de las viviendas con sentencias firmes de demolición antes de que se indemnice a sus propietarios. ARCA opina que esa reforma de la ley es "absolutamente inservible" porque es inconstitucional y vulnera la legislación básica del Estado, que establece que para indemnizar el daño debe ser efectivo.
Esta asociación, que ha promovido gran parte de los procesos que han concluido con sentencias de demolición en Cantabria, critica que la reforma de la ley se haya impulsado con la intención de que se aplique de forma retroactiva.
Según Canales, "si de verdad hubiera voluntad política" en este tema, las medidas se habrían adoptado meses antes y se habrían consignado partidas en los presupuestos regionales para poder indemnizar a los propietarios de las viviendas declaradas ilegales.
Además, a su juicio, se podría haber legislado para que "al día siguiente de los derribos" los afectados percibieran las indemnizaciones.
"No se ha hecho así, se ha hecho como se ha hecho", ha lamentado el presidente de ARCA, que cree que la finalidad de la última reforma de la Ley del Suelo que ha aprobado el Parlamento es "incumplir las sentencias firmes de demolición".
Y, según ha aseverado, esto es así porque en los presupuestos regionales y municipales no se han consignado las partidas para cubrir esas indemnizaciones. Por eso, ARCA piensa que el objetivo es "retrasar sine die" el cumplimiento de las sentencias.
Por otro lado, esta asociación cree que el Gobierno y los políticos han querido "quitarse de encima" a los afectados ante la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales.
De este modo, en opinión de Canales, la modificación de la Ley del Suelo para que se indemnice antes de demoler las viviendas con sentencias de derribo "es claramente" una iniciativa "electoralista" porque a los políticos "no les importa el medio ambiente ni la gente" sino "sólo" su "interés partidista".
Este dirigente de ARCA ha añadido que esa reforma de la Ley del Suelo supone una "patada al Estado de Derecho" y una "intromisión inadmisible" en el trabajo de los jueces, a los que, según Canales, se está "enviando el mensaje de que su trabajo no vale nada" porque se van a "incumplir" sus fallos.
ARCA critica que nadie "pida responsabilidades" ante el "desaguisado" urbanístico y ha demandado la dimisión del presidente regional, Miguel Ángel Revilla, que fue responsable de Urbanismo cuando gobernaba el PP, Además, esta asociación cuestiona a Revilla porque "ha nombrado a José María Mazón" (consejero actual de Ordenación del Territorio y Urbanismo), que, según denuncia Canales, está "encargado de cargarse la legislación urbanística de Cantabria".
El presidente de ARCA ha pedido a los ciudadanos que ante las próximas elecciones "tomen nota de la actuación de los políticos" y "se acuerden" de ello "a la hora de votar".
* EfeVerde - 6.04.11
Foto: Cantabria, urbanismo salvaje - efeverde
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![](//3.bp.blogspot.com/-qrtGCTTJfQY/TZ17onW9zkI/AAAAAAAAQ94/NCRjy4oVGMU/s200/parlamento%2Beuropeo%2B-%2Bjunta%2Bandalucia.jpg)
EQUO* : Alejandro Sánchez, en representación de Equo, ha presentado un escrito a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para que estudie la posible infracción de la Directiva 2008/50/CE por parte de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. “Creemos que los niveles de contaminación detectados en los últimos meses en la ciudad de Madrid y en otros municipios, son inaceptables de acuerdo con la legislación comunitaria de calidad del aire y justifican que se lleve a cabo una investigación y se exijan responsabilidades por lo que está ocurriendo” ha afirmado Alejandro Sánchez quien ha destacado que “la inacción sigue siendo la nota dominante de la Administración autonómica y de la municipal. La única respuesta del Ayuntamiento al respecto ha sido eliminar las estaciones con índices de concentración de partículas contaminantes más elevadas o bien trasladarlas a zonas menos expuestas. Sin embargo, se sigue sin adoptar ninguna medida concreta que ponga freno a esta situación que puede ocasionar tantos riesgos para la salud”.
Equo ha presentado un plan de actuación que incluye diez medidas urgentes por la calidad del aire en Madrid. Se propone, entre otras iniciativas, el cierre del tráfico en el centro de la capital, sobre todo en períodos de alta contaminación, el establecimiento de un protocolo de alerta a la ciudadanía, el restablecimiento de la red de medición de la calidad del aire o el apoyo a la extensión de la bicicleta.
El contenido del escrito presentado es el siguiente:
La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid incumplen desde hace años la Directiva 2008/50/CE en cuanto a calidad del aire, por sus altos niveles contaminantes que ponen en grave riesgo la salud de sus habitantes.
La red de mediciones de la Comunidad de Madrid esta formada por 23 estaciones de medición en todo el territorio. La ciudad de Madrid cuenta con sus propias estaciones de medición gestionadas por el propio Ayuntamiento.
En relación a las partículas en suspensión PM10, 20 de las 23 estaciones superaron en el año 2010 los límites recomendados por la OMS. En cuanto al valor límite diario, este fue rebasado en las estaciones de Torrejón, Alcalá de Henares y Leganés.
En lo referente a las PM2,5, la última directiva europea (2008/50/CE) establece un valor límite anual para las PM2,5, las más dañinas para la salud, fijado en 25 μg/m3, que habrá que cumplir en 2015. La OMS recomienda que no se sobrepase una media anual de 10 μg/m3, y así mismo recomienda un valor límite diario de 25 μg/m3 para una adecuada protección de la salud humana. Atendiendo a la media anual, la mitad de las 8 estaciones que miden este tipo de partículas superan el valor recomendado por la OMS.
Con relación al dióxido de nitrógeno, NO2, el valor límite anual establecido por la legislación vigente para 2010 estaba fijado en 40 μg/m3 Los datos registrados indican que el valor límite legal para 2010 se superó en 2 estaciones de la Comunidad de Madrid, Coslada (46 μg/m3) y Leganés (44 μg/m3), además de en la propia ciudad de Madrid
En cuanto al ozono troposferico (O3), La legislación vigente establece un valor límite de O3 para la protección de la salud humana definido del siguiente modo: el valor máximo diario de las medias móviles octohorarias no debe superar los 120 μg/m3 más de 25 días al año. durante el año 2010, 8 de las 23 estaciones de la Comunidad de Madrid registraron más de 25 superaciones del valor límite legal .la legislación marca un umbral de información a la población (180 μg/m3 durante una hora), rebasado el cual la autoridad competente está obligada a avisar puntualmente a la población, informando sobre las medidas de protección a tomar
En cuanto a la ciudad de Madrid, ponemos en conocimiento de las autoridades comunitarias que el Ayuntamiento de Madrid trasladó diversos medidores de contaminación y eliminó algunos otros de los lugares donde los índices de contaminación eran más altos vulnerando de esta forma la Directiva europea.
En cuanto a algunas medidas de la Comunidad de Madrid como el Plan de Carreteras 2007-2011, suponen un empeoramiento de los niveles de contaminación.
Solicitamos al Comité de Peticiones medidas urgentes para el cumplimiento de la Directiva 2008/50/CE
* EQUO - 6.04.11
Foto: parlamento europeo - junta andalucia
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MADRIDIARIO* : La Fiscalía Anticorrupción solicita siete años y seis años y medio de cárcel para los exalcaldes socialistas de Ciempozuelos, Pedro Antonio Torrejón y Joaquín Tejeiro, respectivamente, por el denominado 'caso Ciempozuelos', en el que también están imputadas sus esposas, la hija del primero, y un total de siete empresarios. Así consta en el escrito de acusación, en el que se imputan a un total de doce personas por un delito continuado de blanqueo de capitales, cohecho y un delito continuado de falsedad documental. El escrito se hace público después de que el pasado febrero el juez de Instrucción nº2 de Valdemoro, Teodoro Molina Tejedor, dictara el auto de apertura de juicio oral. Torrejón y Tejeiro se encuentran en libertad provisional bajo fianza de 900.000 euros acusados de las mismas infracciones penales.
El 'caso Ciempozuelos' se destapó en 2006 a raíz de una denuncia interpuesta por el sindicato de funcionarios Manos Limpias en las que reveló que Torrejón y Tejeiro pactaron una comisión con la inmobiliaria Esprode de 40 millones de euros a cambio de unos terrenos.
Prisión y multa
En el escrito, el fiscal solicita siete años de prisión para Torrejón y multa de 29 millones de euros por un delito continuado de blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental. Para Tejeiro, el representante del Ministerio Público reclama seis años y medio de cárcel y multa de 23 millones de euros.
Para ambos imputados, el fiscal solicita suspensión de cargo público e inhabilitación especial para ejercer como cargo público y cualquier profesión relacionada con el ámbito inmobiliario y contratación con las administraciones públicas.
Asimismo, reclama dos años de prisión y multa de 1,5 millones de euros para la esposa de Torrejón, María Elena B. R., mientras que para su hija reclama nueve meses de cárcel y multa de 820.000 euros. Para la esposa de Teijero, María Jesús T. M., reclama ocho meses de cárcel y multa de 105.000 euros.
Empresarios
En cuanto a los empresarios imputados, reclama seis años de prisión y multa de 8 millones de euros para Francisco Javier M., al igual que pide la misma pena de cárcel y multa lo mismos para Manuel Ramón M. P..
A Juan Ángel M. le pide un año y seis meses de cárcel y dos millones de multa. Al resto de los acusados se les pide sólo multa de entre 19 millones de euros y 10.000 euros.
* Madridiario - 7.04.10
Foto: Ciempozuelos (Madrid), casa_consistorial - educa.madrid.org
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ELPAÍS/Madrid* : En Portugal, miles de jóvenes salieron a la calle para protestar contra la crisis y la falta de oportunidades. En Inglaterra, los estudiantes protestaron por los recortes del Estado y en Italia se preparan para manifestarse contra la precariedad en la que viven. Ahora en España, el colectivo Juventud Sin Futuro busca seguir los pasos de sus homólogos europeos y manifestarse contra lo que ellos consideran que está acabando con sus expectativas de futuro. Para ello, han convocado este jueves una manifestación a las 19.00 en la Plaza de Antón Martín de Madrid. Lo han anunciado, como se hace en estos tiempos, a través de Facebook, Twitter y de su página web, donde han colgado un manifiesto, al que ya se han adherido más de 2.000 personas.
Esta iniciativa parte del mundo universitario, aunque se ha extendido hasta contar con el apoyo de asociaciones de la sociedad civil, apuntan desde la organización. "Su origen está en la coordinadora de estudiantes de Madrid. En un principio nació en la Universidad Complutense y se ha ampliado a nivel estatal donde se espera que en otras ciudades haya concentraciones o algunos actos", explica Carmen Domínguez, de la plataforma. Entre los firmantes del manifiesto se encuentran además de los propios estudiantes, profesores como Jorge Riechmann, titular de filosofía moral de la UAM o Félix Ovejero, titular de ciencias económicas Universidad de Barcelona. Además, hay poetas como Marcos Ana o Luis García Montero, escritores como Almudena Grandes Hernández o Nacho Murgui, el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM).
"Queremos recuperar nuestra capacidad para ser actores de un motor de cambio, combatiendo un país de precariedad, desempleo y privatización de nuestra educación. Somos además conscientes de que la movilización y la lucha tienen sentido, pero sobre todo de que son necesarias", apuntan en el texto en el que exponen sus razones para protestar y fijan la mirada en sus vecinos. "Italia, Francia, Grecia o Islandia nos enseñan que la movilización es indispensable. El mundo árabe nos demuestra que la victoria es posible", añaden.
En Inglaterra, en noviembre del año pasado fueron los estudiantes los que encabezaron las protestas contra el plan de ajuste del Gobierno esgrimiendo como principal protesta el elevado incremento de las tasas universitarias. Una reivindicación que comparte la plataforma de juventud sin futuro que asegura que existe una "mercantilización de la educación pública, que apuesta por la rentabilidad privada, y no por la formación y el conocimiento".
Las redes sociales se convierten en el altavoz para estos movimientos, como antes fueron los pasquines o después los mensajes de móvil. En Portugal, la llamada Geracao a rasca (generación en apuros) colgó su manifiesto el 5 de Febrero para convocar su manifestación. Cinco semanas más tarde, el 13 de marzo, 300.000 manifestantes, según la organización, acudieron a la protesta convocada en Lisboa. Juventud sin futuro, tiene actualmente en su página de facebook 1.782 seguidores. Más de 2.000 han firmado el manifiesto de su página web. Y algo menos de 500 seguidores en Twitter. Cifras modestas comparadas con otras como las 56.000 personas que prometieron la asistencia a la convocatoria portuguesa.
En Italia, también se preparan para protestar contra la precariedad. Y convocan a "todos a la plaza" para el 9 de abril en la web http://www.ilnostrotempoeadesso.it/(nuestro tiempo es ahora), con casi 6.500 personas siguiendo su página de Facebook. "Somos una generación precaria, de desempleados, mal pagados o forzados a un trabajo invisible y gratuito, condenado a una dependencia de nuestros padres", señalan en su web.
La plataforma española quiere reivindicar que no es verdad que esta generación se conforme con todo, que existe un estado de disconformidad. Y es que como decía un joven portugués en la manifestación de Portugal, quieren mostrar, que "este no es país para jóvenes".
* El País - 5.04.11
Foto: Portugal, cartel manifestación geraçao a rasca - google
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