Murcia.- Hacienda cifra la malversación a las arcas municipales en casi 400 millones de euros

LAVERDAD* : Durante unos años, entre 2000 y 2006, promover grandes urbanizaciones en la zona norte de Murcia debía resultar no sólo bastante sencillo, sino enormemente lucrativo para las empresas que estaban detrás de esos proyectos. Así lo han reconocido algunos promotores que, en los primeros momentos de la investigación del 'caso Umbra', prestaron declaración en la Fiscalía de Murcia, y que no dejaron de sorprenderse por el bajísimo precio que el Ayuntamiento de Murcia fijaba para las compensaciones que tenían que hacerse por aumentos de edificabilidad. «Fijar 120 euros/m2 edificable es menos que el mínimo. Puede considerarse nada (comparado) con el precio de mercado realmente existente», confesaba el representante de una de las sociedades que adquirió terrenos en la zona, Francisco C.S., de Corner SA, quien añadía: «Un precio de 120 euros /m2 no lo había visto en mi vida. Me parece extremadamente bajo». No fue el único. Otros dos promotores se manifestaron prácticamente con expresiones idénticas.

En ese precio «extremadamente bajo» fijado por la Gerencia de Urbanismo para las compensaciones por aumento de edificabilidad reside la clave de la 'Operación Umbra'. De hecho, tanto las denuncias del fiscal como varios de los autos dictados por el juez instructor David Castillejos reseñan que, desde ese departamento, liderado entonces por el ahora exdirector Alberto Guerra; el exjefe de Planeamiento, Joaquín López, y, en último término, por el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, se hacía «una infravaloración intencionada del valor de cada metro cuadrado de incremento de edificabilidad para aquellos promotores que se acogían a la alternativa B (suelo urbanizable sin incluir el coste de urbanización) contemplada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)».
Esa práctica habría significado el ahorro de cantidades multimillonarias para los empresarios y, a su vez, la pérdida de enormes ingresos para las arcas municipales.
Las estimaciones realizadas por la Fiscalía, a partir de informes periciales encargados a la Intervención General del Estado (IGE), dependiente del Ministerio de Hacienda; de la perito Pilar Fontela Redondo, y de tres arquitectos superiores designados por el Colegio Oficial de Murcia, fijan la presunta malversación de caudales públicos en torno a los 400 millones de euros.
En concreto, en 313,8 millones para cinco convenios firmados entre los años 2005 y 2006, más las pérdidas derivadas del primer convenio que se suscribió en esa zona, que es el promovido por el Real Murcia y Jesús Samper y que se cerró en el año 2001. En este caso, las pérdidas para las arcas municipales se estiman entre 106,5 y 92,7 millones de euros, en función de que el coste del estadio de fútbol que Samper cedió al municipio se establezca en los 24 millones de euros fijados inicialmente, o en los cerca de 50 millones que el presidente del club aseguró que había costado finalmente.
¿Cómo se explica que los principales responsables de la Gerencia de Urbanismo, cuyo principal cometido es velar por los intereses municipales, valoraran las compensaciones para el Consistorio hasta cinco y seis veces por debajo de lo que estos peritos estiman justificado? Pues porque, siempre en función de lo denunciado por el fiscal y apuntado provisionalmente por el juez en sus autos, se habrían enriquecido presuntamente con esas prácticas.
Tales son, supuestamente, los casos de Alberto Guerra y Joaquín Peñalver, que habrían recibido cuantiosas contraprestaciones a través de sociedades.
En el caso del concejal Fernando Berberena no hay en las diligencias conocidas hasta el momento dato alguno que apunte a que ha podido beneficiarse personalmente de esas prácticas tan gravosas para los intereses públicos, aunque el hecho de que el instructor le imputara inicialmente el delito de cohecho indica que es algo que se ha investigado.
El resultado de las gestiones de los agentes de la UCO, sea cual sea, debe encontrarse en las diligencias -la inmensa mayoría- que siguen declaradas secretas.

CONVENIOS Y CANTIDADES MALVERSADAS
Nueva Condomina (17-7-2001). Promovido por Sport Management and Proyect y Real Murcia SA (Jesús Samper). Malversación estimada entre 106,5 y 92,7 millones de euros.
Convenio Casino-Nº6/05 (7-10-2005). Promovido por Agrumexport SA, Inveralrahu SL, Ageco SL y Euroland SA. Malversación estimada en 282,7 millones de euros.
Convenio Nº 9/05 (3-7-2006). Promovido por Urbamur 2003 SL, Visionaria SL y Obralia del Sureste SL. Malversación estimada en 49,5 millones de euros.
Convenio Nº 19/05 (27-6-2006). Promovido por Nicolás y Bienert SL. Malversación estimada en 35,5 millones de euros.
Convenio Nº 20/05 (10-7-2006). Castillo de Larache SL, Fadesa Inmobiliaria SL, Desarrollos Urbanos SL, Mediterráneo Hispagroup SA, Tricinter Albamur SL y Andres Muñoz Cánovas. Malversación estimada en 138,2millones.
Convenio Nº 30/05 (7-7-2006). Promovido por Lo Navarro de Murcia SA, Profusa, Mirallevant SL y Actividades e Inversiones Futuras 3000. Malversación estimada en 61,7 millones de euros.



* La Verdad - 24.01.11
Foto: Jesús Samper, rodeado de periodistas, tras declarar como imputado el pasado octubre. Detrás, su hermano Juan Antonio.- laverdad