La Operación Juncal salpica ya a dos antiguos dirigentes de IP en El Puerto

DIARIODECÁDIZ* : La Operación Juncal desarrollada por la Policía Autonómica en El Puerto, y que desmanteló una supuesta trama liderada por el arquitecto Joaquín Pallí y el promotor de Chiclana Francisco Doña Marín, que levantó una promoción de chalés en Los Desmontados, en la zona norte, en suelo destinado a equipamientos deportivos, ha acabado salpicando a antiguos dirigentes de Independientes Portuenses. Tanto el ex responsable de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, como el sucesor de Hernán Díaz al frente de la Alcaldía, el ex edil de IP y hoy en día teniente de alcalde de Turismo del Gobierno del Partido Popular de El Puerto, Fernando Gago, han acabado siendo imputados en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción nº3 de El Puerto.

El propio Gago confirmó en declaraciones a este diario su imputación en la causa, en su caso, por parte del Ministerio Fiscal, habiendo sido citado para comparecer en los próximas días en el Juzgado para declarar por el asunto. El edil no ocultó su sorpresa por haberse visto involucrado en un asunto que aseguró desconocer "por completo", mostrándose convencido de que su imputación es únicamente debida a que "yo era en ese momento alcalde". Y no dejó de ironizar con el hecho de que "he sido alcalde de El Puerto sólo diez meses y medio (sucedió a Hernán Díaz tras ser inhabilitado por prevaricación) y parece que todo lo he hecho yo!".

La Policía Autonómica sitúa al frente de la supuesta asociación ilícita al promotor Doña Marín, a Pallí y al jefe de obras del primero, que fueron detenidos en febrero pasado y puestos en libertad con cargos. Junto a estos tres detenidos, fueron imputadas entonces otras 25 personas, entre ellas, dos arquitectos más y un arquitecto técnico (de Jerez, Chiclana y El Puerto); cuatro personas que, según la investigación, actuaban como testaferros , obteniendo los préstamos hipotecarios para financiar los chalés, y hasta un director de banco, el que estaba en aquella época al frente de la sucursal del Banco Sabadell Atlántico en El Puerto.

Las pesquisas policiales determinaron que la empresa Los Viñazos, de Doña Marín, adquirió una parcela de 5.000 metros cuadrados en Los Desmontados a muy bajo precio al tratarse de suelo clasificado en el PGOU vigente como sistema general de equipamiento con la calificación de uso dotacional deportivo. La finca fue sometida a división horizontal, en noviembre de 2001, ante la Notaría de Cádiz de R.C., con un certificado falso de obra nueva de Pallí, asegurando que había una antigua edificación de 897 metros cuadrados. Este certificado permitió dividirla en catorce viviendas registrales.

A continuación, la organización inició la construcción de viviendas unifamiliares y su venta a particulares. Algunas de estas ventas, según la investigación policial, fueron ficticias para eludir los expedientes del Ayuntamiento de El Puerto, llegando a ofrecer viviendas a familias en precario para su ocupación como vivienda habitual y así evitar el precinto de las casas.

La empresa de Doña Marín solicitó préstamos sobre cada una de las viviendas a construir por un montante total de 1,2 millones de euros. Para avalar estas operaciones, presentó según la investigación informes de tasación falsos, en algunos casos sobre viviendas inexistentes, y en casi todos los supuestos falseando la antigüedad de construcción. El valor de venta de los chalés se cifra en 4 millones de euros.

Arrancaron las obras. Y en 2005, el por entonces concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, asistió al precinto por parte de la Policía Local (convocando incluso a los medios de comunicación locales) de algunas de las viviendas, varias de ellas aún en construcción. Eso sí, se negó a hacerlo con aquellas que ya estaban ocupadas. Sin embargo, el precinto valió para poco porque los chalés se terminaron de construir y a día de hoy siguen habitados. Las diligencias judiciales se iniciaron en 2007 tras una denuncia que presentó Ecologistas en Acción ante la Fiscalía, en la que acusaba a los dirigentes municipales de permitir ésta y otras actuaciones ilegales.

A los implicados se les imputan, entre otros, delitos de ordenación del territorio, falsedad documental, estafa, desobediencia, defraudación de fluido eléctrico, asociación ilícita y alzamiento de bienes. De los préstamos que otorgó el banco para financiar la promoción de chalés, siete dejaron de abonarse, sufriendo la entidad un perjuicio patrimonial superior a 800.000 euros.





* Diario de Cádiz - 14.10.10
Foto: Rodríguez y Gago, en una rueda conjunta, en septiembre de 2006.- diariodecadiz.es