CUARTOPODER* : El Estado no es punible penalmente y los partidos políticos, sindicatos, administraciones públicas y sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general, tampoco. Por eso la reforma del Código Penal que aprobará mañana, 29 de abril, el pleno del Congreso, les deja al margen de la sanción penal por corrupción que establece para las “personas jurídicas” privadas. No obstante, por primera vez los legisladores han decidido castigar con penas de uno a tres años de cárcel las autorizaciones urbanísticas contrarias a la ley y han ampliado el delito de “cohecho” a las omisiones y silencios de las inspecciones preceptivas.
Esta modificación del Código Penal de la democracia que negociaron hace 15 años Joaquín Almunia, Diego López Garrido, Federico Trillo y Julio Padilla soslaya la responsabilidad penal subsidiaria de las formaciones políticas, sindicatos y organismos y empresas públicas en los delitos de corrupción. Es más, el preámbulo de advierte expresamente que “no les serán exigibles responsabilidades penales”. Las modificaciones no afectarán a la trama Gürtel vinculada al PP ni a otros casos de corrupción que afectan a varias formaciones políticas, pues carecen de efecto retroactivo y entrarán en vigor tras una vacatio legis de seis meses.
La reforma se limita a tipificar los “cohechos” en el sector privado y extiende la responsabilidad penal a las “personas jurídicas”. Cuando entre en vigor, los jueces podrán condenar a las empresas y sociedades privadas por una doble vía: “por los delitos que cometan en su nombre o por su cuenta las personas que tienen poder de representación en las mismas y por no haber ejercido el debido control”. Para evitar que recurran al socorrido “cabeza de turco”, un precepto faculta a los jueces a exigir la responsabilidad de la persona jurídica con independencia de que exista o no responsabilidad penal de una persona física. Para graduar la sanción se introduce la atenuante de “la confesión, la reparación del daño y la aplicación de medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos en el futuro”.
Otras formas para combatir la corrupción consisten en extender el delito de “prevaricación” a la ocultación de actos ilícitos observados por la inspección y a la omisión de inspecciones obligatorias, lo que tiene especial importancia para atacar la corrupción urbanística, el empleo negro y el fraude social y fiscal. En los delitos urbanísticos se dispone que la sanción económica sea “proporcional”, no equivalente al lucro. Los legisladores han extendido también el delito de cohecho a los funcionarios extranjeros en el marco de la Unión Europea.
Junto con la corrupción privada, que incluye el soborno de administradores y directivos de empresas, el falseamiento de datos contables, balances y otros instrumentos bursátiles y societarios, la reforma opta por la vía italiana de penalizar el soborno en el deporte y consagra como delito la piratería de contenidos y el encubrimiento de la misma. La figura del “encubrimiento” se extiende además al tráfico ilegal de órganos y a la trata de seres humanos.
Finalmente, aunque en primer lugar por los bienes y derechos que hay que proteger, los legisladores acentúan el castigo a los violadores y asesinos de menores de 13 años y de otras personas indefensas con unas penas que “no están muy distantes de la cadena perpetua”, según afirman. Y fijan medidas pospenitenciaras como la “libertad vigilada” y la “localización permanente” que pueden durar hasta diez años para prevenir la reincidencia.
Ni los delincuentes patológicamente peligrosos ni los condenados por terrorismo a penas de reclusión superior a cinco años podrán acceder al tercer grado sin haber cumplido la mitad de la pena y, en todo caso, quedarán sometidos a un “periodo de seguridad”. Con estas nuevas fórmulas y otras referidas a la protección y dignidad de las víctimas frente a los agresores, han querido dar respuesta a los casos que mayor indignación social han provocado en los últimos años.
* Cuarto Poder - 28.04.10
Viñeta: Corrpción urbanística - torreviejadigital
La reforma penal ataca la corrupción privada y exime a los partidos
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4 comentarios :
Rebelión ciudadana Ya!! Es una vergüenza lo que la clase política hace en este país en los casos de corrupción (generalmente Urbanística). Ahora se blindan los partidos, mientran los ciudadanos pagamos el pato. Vamos esto parece una república (monarquía) bananera. Ni el mismísimo Berlusconi se atrevería a tanto . Y luego querrán que les votemos. Lo que hay que hacer es botarles fuera pero ya.
Y rebelión ciudadna inmediata. Que se enteren que estamos hata los mismísimos de tanto mafioso y corrupto. Da lo mismo el partido y su color.
A la calle inmediatemente. Hay queechar a estos golfos de la política!!
No votar! No votar a esos sinvergüenzas que nos chupan la sangre.
Desde luego no votar a los corruptos del PP ni a los acojonados del PSOE. Hacerlo a algun partido que defienda realmente la transparencia y la injusticia(?¿), o mejor ni siquiera votar y darles de su propia medicina.
No votéis a los partidos corruptos!
De acuerdo, pero no hay que olvidar a los nacionalistas corruptos de CIU, PNV, CC, PA, etc. y los localistas tipo GIL, PIL...
Todos ellos son también culpables en sus respectivos ámbitos y lo han demostrado con las causas abiertas en los juzgados por especulación urbanística.
Por cierto que incluso hay jueces también imputados (Marbella) y banqueros y contructores desaprensivos que también lo están o lo han estado.
Hay pocos que se salvan, y esta ley es una muestra que de los políticos no te puedes fiar nunca. Solo van a lo suyo.
Así que no votar o sólo hacerlo a aquellos que demuestren un pasado intachable en la defensa del territorio (que son pocos).
Restituyeron el dinero los de la PSV; cabeza turco y fuera; todo esto como veis es muy viejo, pero el que se apaña se apaña; no votar o votar en blanco para que se den cuenta de lo que están haciendo y lo que se valora a la clase política que tenemos de corruptos y corruptelas.
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