Imputan por prevaricación al equipo de gobierno por las viviendas de Cóbreces

ELDIARIOMONTAñÉS/Cantabria* : El Juzgado de Instrucción nº4 de Torrelavega ha decidido el procesamiento del alcalde de Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones (PP), y de los cinco ediles del equipo de gobierno por un presunto delito de prevaricación, relacionado con el bloqueo de la construcción de 80 viviendas en Cóbreces.

Además, ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa que afectaba al anterior alcalde, el socialista Luis Alfonso González, así como a la secretaria y al aparejador municipal, por considerar que no han participado en el hecho delictivo relacionado con la construcción en la llamada "Finca del Obispado", en Cóbreces.
En una diligencia, el juez anuncia que una vez sea firme una resolución sobre el procesamiento del equipo de gobierno iniciará de oficio una investigación sobre otro convenio urbanístico firmado hace unos meses, por si la concesión de licencia urbanística podría estar afectada por otro delito.
En especial, el magistrado entiende que su actuación futura permitiría determinar si la licencia concedida a la otra empresa promotora vino procedida por una "ilícita intimidación" por parte miembros del equipo de gobierno o funcionarios municipales, "merecedora de reproche legal".
El procesamiento del alcalde y el equipo de gobierno del PP es consecuencia de la querella presentada hace meses por una promotora inmobiliaria, ante lo que considera resoluciones injustas adoptadas por el equipo de gobierno que le impiden desarrollar un proyecto urbanístico para la "Finca del Obispado".
El contencioso tiene su origen en 2004, cuando una promotora adquiere en 240.000 euros la llamada "Finca del Obispado", situada junto al polideportivo de Cóbreces, con el compromiso de construir 40 viviendas sociales, diez de ellas de régimen general y 30 de régimen autonómico.
Pocos meses después surgieron las desavenencias entre el Ayuntamiento y una nueva empresa constructora que adquirió la finca y los derechos urbanísticos en 1,5 millones de euros. Esa empresa pretendía construir 40 viviendas de precio libre.
Posteriormente, y ante las dificultades que la promoción tenía para ser aprobada por el Ayuntamiento, la propietaria del suelo intentó vender la finca y los derechos de construcción a un tercera promotora en 4,8 millones de euros, operación que no se llegó a producir ante la oposición de la Corporación a tramitar el proyecto.
Durante este tiempo, la empresa llegó a iniciar los trámites para levantar en este finca una urbanización de 81 viviendas, propuesta rechazada en un pleno con los votos del equipo de gobierno del PP, que además promovió una modificación de las Normas Subsidiarias para posibilitar la construcción de viviendas de protección oficial.
La empresa esgrimía que el primitivo convenio urbanístico -de 2005- no contempla de forma expresa que el solar debía ser para construir viviendas sociales y, por ello, defendía su derecho a urbanizar la parcela de acuerdo a sus intereses.
Ante la negativa de la Corporación, la promotora acudió al Juzgado con una denuncia contra el alcalde y el equipo de gobierno, asegurando que los ediles habían dictado resoluciones injustas a sabiendas que la habían perjudicado económicamente.
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 4 de Torrelavega da por buenas en su resolución parte de las consideraciones de la empresa, entre ellas que el convenio urbanístico de 2005 no existió y fue "un pacto de caballeros" sin soporte en la licencia concedida.
También hace constar que la actuación municipal "es merecedora de reproche legal", ya que la concesión de licencias urbanísticas son actos reglados y el hecho de pretender la construcción de viviendas sociales "no justifica ni elimina la arbitrariedad de la medida adoptada", como es retrasar la construcción de las casas.






* El Diario Montañés - EFE - 8.04.09
Foto: Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, en Novales, la capital municipal. - wikipedia.org