Galicia: Los 500 metros, prohibidos pero ya comprados

XORNAL* : A la espera de las decisiones de la Xunta, las bolsas de suelo más próximas a la costa gallega están desde hace tiempo en manos de las grandes constructoras, muchas de ellas de fuera de Galicia. Los empresarios tenían planes cerrados con los alcaldes de los 86 municipios del litoral, en su mayoría sin una ordenación adaptada a la ley.

“Feísmo es un término informal y ambiguo, propio del urbanismo y de la arquitectura de Galicia”. Es la definición de la Wikipedia, que sitúa en la comunidad autónoma el origen de un concepto que a nadie le gustaría identificar como propio. Cuando en el otoño de 2006 María José Caride, conselleira de Política Territorial con el bipartito, anunciaba la ley de los 500 metros, aseguraba que la prohibición de construir “sólo afectaría a 30 de los 220 millones de metros cuadrados urbanizables” en la costa gallega.

La Xunta ordenó parar porque sabía que los 30 millones de metros cuadrados estaban a punto de ser enladrillados. En el año 2001, debido a la saturación de la Costa del Sol, grandes constructoras como Metrovacesa, Vallehermoso, ACS-Dragados, OHL, Urbis y Fadesa compraron miles de parcelas en los municipios del litoral. La situación era propicia, porque de los 86 ayuntamientos costeros, el primero en tener un PXOM adaptado a la Lei do Solo de Galicia fue A Pobra do Caramiñal. Logró la aprobación definitiva del documento en julio de 2008.

Los alcaldes recalificaron terrenos de forma masiva y encontraron una vía de ingresos que parecía interminable. Los 500 metros tuvieron incidencia sobre el 14% de la superficie urbanizable de los municipios afectados, pero en algunos casos alcanzó el 100% –Muxía, Outes, Vilanova de Arousa, A Illa de Arousa y Neda–. “Fue un desprósito, es una norma que no tiene sentido, la construcción de viviendas no tiene que ser sinónimo de destrucción mediambiental”, asegura Javier Garrido, presidente de los promotores de la provincia de Pontevedra.

El PP tampoco apoyó la prohibición. La entonces portavoz parlamentaria de Vivenda e Urbanismo y ahora presidenta de la Cámara, Pilar Rojo, aseguró que el veto a la construcción supondría un incremento del precio de los pisos en la costa. Ahora, los constructores presionan con fuera para que Alberto Núñez Feijóo permita una mayor actividad a orillas de las playas gallegas. El presidente de la Xunta se ha comprometido a “flexibilizar trabas urbanísticas” y a poner en marcha un plan integral para todo el litoral en un plazo máximo de seis meses.

Situación real

Según los datos que maneja el Ministerio de Medio Ambiente, el 15% del primer kilómetro de toda la costa de Galicia ya está edificado. No parece un porcentaje excesivo, pero es superior al de Baleares y Canarias. El carácter minifundista de la comunidad provoca que existan unos 300 núcleos de población cerca del mar. La virginidad de las imágenes de los años setenta y ochenta ha dado paso a lo que algunos califican “marbellización”.

“Hay demanda de segundas viviendas, en el resto de España y en países como Inglaterra la costa gallega se ha convertido en un atractivo”, asegura Garrido. Es complicado combinar las prioridades del sector privado con el interés general, pero la Unión Europea ya ha incluido la comunidad entre las zonas del continente amenazadas por un urbanismo descontrolado. Siguiendo sus recomendaciones, el Ministerio de Medio Ambiente compró en septiembre de 2006 nueve parcelas en Galicia, siete en A Coruña y dos en Foz, para evitar que se edificase sobre ellas. Semanas más tarde llegó la prohibición de los 500 metros.

Para las asociaciones ecologistas, los casos de especulación y corrupción urbanística son el mejor ejemplo de que las cosas no se han hecho bien. En Miño, el ayuntamiento expropió más de un millón de metros cuadrados de superficie forestal para darle una concesión a la inmobiliaria Fadesa, a un precio de seis euros el metro cuadrado. Los primeros primeros pisos de la promoción se pusieron a la venta a un precio precio medio de 2.000 euros el metro cuadrado. El bipartito y la Xunta del Partido Popular manejan una lista de municipios con menos margen para la construccción de urbanizaciones, tal y como adelantó Xornal de Galicia el pasado martes. Se trata de Ribadeo, Viveiro, Foz y Barreiros –Lugo–; Arteixo, Fisterra, Oleiros, Malpica, Miño, Sada y Cedeira –A Coruña–, y Tui, O Grove, Gondomar, Nigrán, Baiona, Moaña, Sanxenxo, Bueu y Cangas –Pontevedra– .

Antes de la puesta en marcha de la medida del bipartito, los 86 ayuntamientos del litoral tenían en proyecto 600.000 viviendas para el periodo 2007-2020; las previsiones ahora serían diferentes por la crisis, pero las constructoras consideran que hay margen para 100.000 pisos a corto plazo. “No tiene mucha lógica que se puede a 501 metros y no a 490 metros”, afirma Antonio Fontenla, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia.
Alcaldes y concejales de los municipios de Arteixo, Cambre, Fisterra, Mugardos, Pontedeume y Porto do Son, en A Coruña, y los de Tui, A Estrada y O Grove, en Pontevedra, fueron imputados por delitos medioambientales por la Fiscalía. En Lugo, son de sobra conocidos los problemas en ayuntamientos como Foz, Viveiro o Barreiros.

Galicia tiene un problema por resolver, teniendo en cuenta que la prohibición provisional de los 500 metros concluye el 17 de mayo. La Xunta deberá hilar fino para atender las demandas empresariales sin dañar uno de los grandes imanes de la comunidad. En las encuestas de los touroperadores, los turistas valoran principalmente la gastronomía, el patrimonio cultural y el paisaje. No deberían pasar a formar parte del pasado. Por lo de pronto, que nadie se interese demasiado por la compra de suelo, ya está casi todo vendido.






* Xornal.com - Pablo G. Quintas
- 19.04.09
Foto: Ejemplo de edificación sin control en la costa lucense / XdG