La Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio exige al Gobierno que deje de salir en defensa de las promotoras inmobiliarias

La Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio* considera intolerable que la respuesta de la administración ante la crisis inmobiliaria sea apoyar a las promotoras, o sea, perpetuar un modelo que ha conducido, como veníamos advirtiendo desde numerosos frentes, a la catástrofe económica, medioambiental y social.

Desde la CCDT consideramos una aberración que se promueva la construcción de 150.000 viviendas protegidas al año, o la reciente propuesta de destinar 300 millones a adquirir terrenos para pisos protegidos.

También nos preocupan las enormes inversiones previstas en infraestructuras innecesarias: no podemos seguir manteniendo la demagogia desarrollista de hace 30 años en un país que será pronto el que más km. tenga del mundo de tren de alta velocidad y autovías -Madrid es ya la segunda ciudad del mundo en redes de autovías y pretende construir 300km más.

Las enormes sumas de dinero que se van a invertir en infraestructuras y viviendas protegidas debería inyectarse en otros sectores más sostenibles de desarrollo, alentando una alternativa. En lugar de eso el gobierno y las comunidades autónomas siguen apostando por el despropósito urbanístico. Seguir potenciando la construcción es apuntalar una dinámica suicida y además abonar el suelo donde ha florecido la corrupción en España de forma salvaje, una dinámica que parece destinada a la devastación completa y definitiva de nuestro litoral y con ello a nuestro principal patrimonio y activo económico y turístico.

Denunciamos que la crisis se está utilizando para apuntalar el sector inmobiliario y defenderlo, en vez de desmantelarlo y apostar por otro modelo de crecimiento, cuando este es el causante principal de la crisis económica actual. Exigimos al gobierno y las comunidades autónomas que retire su apoyo a las promotoras y promueva un cambio real de modelo económico.

En relación con el problema de la vivienda denunciamos que la solución no pasa por construir pisos protegidos, sino por promover el alquiler social y la ocupación de los más de 3 millones de viviendas vacías que hay en España. Y, sobre todo, por deshacer desde sus cimientos el inmenso aparato de especulación inmobiliaria que ha inflado los precios de la vivienda en España. Para ello no bastan medidas "parche" sino un conjunto de medidas en todos los frentes y un cambio radical de modelo.

La solución para la crisis no está en amparar a las promotoras, que han dirigido la "dictadura inmobiliaria" encubierta que ha sido España en las últimas décadas, llevando al país a la catástrofe medioambiental, económica y social, sino en promover un cambio radical de modelo económico que no esté hipercentrado en el ladrillo.

Recordamos que hace un año España construía 5 veces más que la media europea, o sea que un verdadero reajuste a tasas de crecimiento normales implicaría un descenso real de un 80% en la construcción, mucho más de lo que hasta ahora se ha producido. O sea que, a pesar de la crisis, España sigue construyendo muy por encima de la media europea.

Actualmente, según varios estudios, hay suelo recalificado en España para triplicar el número de viviendas existentes, al menos en la zona del litoral, lo que implica que se podrían construir más de 20 millones de viviendas a fecha de hoy. Además se está intentando recalificar suelo para un número aun mayor, habida cuenta los planes urbanísticos sin precedentes que están en fase de aprobación en todo el territorio, a la espera de que la crisis remita y con la tradicional discrecionalidad, nocturnidad y agostidad.

Exigimos una moratoria en las recalificaciones y en la construcción, la reclasificación de suelo urbanizable a suelo protegido y la ocupación de los 3 millones de viviendas vacías que hay en España. La reclasificación de suelo urbanizable a no urbanizable debe servir para hacer accesible el suelo a formas sostenibles de agricultura, potenciando así otros sectores de la economía. A su vez pedimos que se eliminen todas las medidas que favorecen la especulación y que se promuevan leyes rápidas contra los abusos urbanísticos, ya que ciudadanos y medioambiente están desamparados frente a la lentitud e inoperancia de la justicia.

Los bienes incautados en la corrupción deberían utilizarse para la recuperación de zonas deterioradas por la especulación urbanística y para la demolición de macro-hoteles y macro-complejos urbanísticos ilegales, como el del Algarrobico y tantos otros que proliferan a miles en el litoral y el interior español.

Alertamos a la ciudadanía para que no se deje engañar una vez más por la estafa masiva de quienes predicen que pronto habrá terminado la crisis y que hay que seguir apostando por la construcción. Son los mismos que negaban que fuera a estallar la burbuja inmobiliaria, algo que todos nosotros predecíamos hace mucho tiempo.



* Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio



* Portalmería - 30 de Julio de 2008