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ELDIARIOMONTAÑÉS* : El ex interventor, Fernando Urruticoechea, declaró ayer en el Juzgado de Instrucción nº2 en calidad de testigo por el 'caso Mioño'. «Lo que existía era un red clientelar clarísima respecto de un grupo de empresas que tenían posibilidad de acceder directamente a los miembros de la junta». «Había montado un tinglado, es decir, una trama de dudosa legalidad entre clanes políticos y clanes de contratistas».
Estas son algunas de las afirmaciones que efectúo ayer el ex interventor de Castro Urdiales, Fernando Urruticoechea, en calidad de testigo, ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales. Y es que ayer el instructor del 'caso Mioño' llamó a declarar tanto al ex interventor como al representante de la empresa Norgás Servicios y Canalizaciones, subcontratada por Izeta para realizar el acondicionamiento del túnel de Mioño.
Aunque Urruticoechea reconoció ante el instructor que «no sabía nada del túnel de Mioño» y «desconocía el expediente», si dijo que cuando se refería a ese «tinglado» lo hacía de forma general porque lo conocía «perfectamente y lo denunció ante la Fiscalía». Además, aseveró que «había unas cuantas decenas de empresas que participaban en el tinglado, que no puede precisar».
Contratación
Por otro lado, el ex interventor aseguró ante el juez que «no existía un departamento de contratación: Carmelo Cano tenía múltiples funciones y su puesto era inexistente en el Ayuntamiento. Las funciones de este señor eran de absoluta ilegalidad», dijo. Además, apuntó que «desconoce a que se llamaba servicio de contratación, que no existían expedientes de contratación y si había, se encargaba de ellos cada uno de los propios departamentos que los necesitaba».
Estas declaraciones de Urruticoechea se suman a las que hizo en su pasada comparecencia ante el juez, en esa ocasión por el 'caso Trapur'. En aquel momento dijo que «había 6 millones de euros en facturas sin expedientes de tramitación y sin crédito presupuestario» y que «cuando entró en el Ayuntamiento de Castro Urdiales éste funcionaba de manera caótica». Así, comentó que cuando entró la nueva Corporación en 2003 «intentó arreglarlo», de ahí los cursos que impartió a los concejales, «pero la situación volvió a cambiar de forma acelerada, volviendo a funcionar como anteriormente». Finalmente, el ex interventor recordó que en la junta de gobierno local «se aprobaban sólo facturas, no el expediente de contratación. Cada concejal llevaba su lote de facturas, a veces con el reparo de legalidad, pero les daba igual».
* El Diario Montañés - ABEL VERANO - 13 junio 2008
Foto: Castro Urdiales (Cantabria), túnel de Mioño - efe
Castro Urdiales: «Había montado un tinglado, una trama de dudosa legalidad»
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1 comentarios :
Aquí tenemos un caso claro del régimen caciquil que impera en toda la Administración Pública española. El caso no acabará, seguramente, en grandes condenas (seguramente nadie será condenado), porque no se advierte la existencia de un claro cohecho (pago de sobornos). Pero la existencia de esa red clientelar, la forma irregular, ilegal, de gestionar la contratación (sin la tramitación de unos expedientes que habrían de ajustarse, al menos en cierta medida, a la Ley de Contratos del Sector Público), el hecho de que siguieran con esas prácticas después de los cursos impartidos por el interventor, nos muestra la forma caciquil de gestionar los asuntos públicos y de gastar el dinero público. Como explicó perfectamente Costa hace más de 100 años: “no es nuestra forma de gobierno un régimen parlamentario, viciado por corruptelas y abusos, según es uso entender, sino, al contrario, un régimen oligárquico, servido, que no moderado, por instituciones aparentemente parlamentarias. O dicho de otro modo: no es el régimen parlamentario la regla, y excepción de ella los vicios y las corruptelas denunciadas en la prensa y en el Parlamento mismo durante sesenta años: al revés, eso que llamamos desviaciones y corruptelas constituyen el régimen, son la misma regla”
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