M.Morgado/El País* : "Dicen que en Castilleja de Guzmán (Sevilla) cuando se ha dado una patada a una piedra se han encontrado restos óseos milenarios, puntas de flecha y hasta un colmillo de elefante. Los vecinos de la localidad observan día y noche las excavadoras que trabajan sobre el dolmen de Montelirio. Y algunos de ellos se llevan las manos a la cabeza. Quieren preservar este monumento funerario de 4.000 años de antigüedad, donde aseguran que se han hallado desde un diente de marfil a cuencas de ámbar. El Ayuntamiento de la localidad -en la que viven 2.512 habitantes- ha aprobado la construcción, entre otros, de un supermercado y un geriátrico en las cercanías del dolmen, a lo que se oponen los vecinos. Para ello, se ha conformado una mesa ciudadana integrada por 11 colectivos de ecologistas y asociaciones de localidades aledañas.
Aseguran que el dolmen "no es sólo lo que se ve", y que el túmulo, el conjunto, será dañado. El entorno arqueológico y paisajístico "está en peligro", asegura José Ignacio Artillo, uno de los activistas, "y el dolmen va a quedar ahogado entre las nuevas construcciones".
El economista Eduardo Apellániz, de Valencina en Acción, habla de "sospechosas irregularidades administrativas en la reducción del entorno de protección del dolmen", unos márgenes que se establecieron cuando el conjunto fue catalogado bien de interés cultural por la Junta de Andalucía en 2003. Según la mesa ciudadana, esta reducción es la que permite el desarrollo urbanístico sobre el túmulo y el yacimiento que ha planeado el Consistorio en el PGOU de la localidad.
"El dolmen está perfectamente", asegura Bernardo Bueno, delegado provincial de la Consejería de Cultura. Aunque, "si los espacios laterales estuvieran vacíos, estaría mejor". Bueno se refiere a una carretera que discurre por uno de los lados, y probablemente a las viviendas que se alzan en el otro. Pero el delegado no entiende la polémica que se está generando. Bueno asegura que las coordenadas que se barajan coinciden con las establecidas a la protección del dolmen, que se están poniendo "cautelas arqueológicas" y que "si ahí hay algo, no se construirá".
Desde enero se están realizando excavaciones para determinar la riqueza del lugar. Consiste en "poner en valor el dolmen", es decir, determinar qué hay bajo la tierra antes de elaborar un informe favorable o desfavorable a la Junta, la encargada de dar el visto bueno a los planes aprobados "inicialmente" en el PGOU. Además, Cultura explicó que el Ayuntamiento está prospectando todo el término municipal para completar la información que ya tiene.
"Sería extremo y negativo para el pueblo decir que aquí no se construye nada", matiza Bueno, "por eso, en teoría se puede construir, pero si se descubre algo, no se puede. Lo primero que pedimos al dar la autorización es un proyecto arqueológico y es previsible que en una zona como ésta haya restos". A pesar de estas "cautelas", las discrepancias continúan porque, según Artillo, los informes sobre si los restos son valiosos o no "los harán arqueólogos contratados por quienes quieren construir".
Las excavaciones quieren determinar si merece la pena conservar el dolmen o si, por el contrario, está muy destruido. Y el dolmen de Montelirio "es un monumento megalítico espectacular". Álvaro Fernández Flores, el director de la excavación, no oculta los tesoros bajo el montículo de tierra. "Está en un estado de conservación excepcional y no ha sido expoliado".
El dolmen está protegido, sólo falta que se decida si el entorno, donde hay "pequeñas tumbas", albergará el supermercado o no. Al arqueólogo, como a los vecinos, le gustaría que se respetase el conjunto para "que no se rompa la comprensión del túmulo". Ahora, "es la Consejería de Cultura quien tiene la potestad de protegerlo", dice.
Enterramientos milenarios
Los vecinos están convencidos de que el dolmen de Montelirio tiene que protegerse íntegramente. El monumento funerario forma parte del poblado y la necrópolis de Valencina de la Concepción (Sevilla), donde quedan los vestigios de quienes se asentaron en el terreno allá por el tercer milenio antes de Cristo.Estos yacimientos megalíticos son de los más importantes de Europa y se han descubierto tarde, a golpe de excavadora. "Cada vez que se excava por aquí, se encuentra algo", dicen los vecinos. Quienes removían la tierra para plantar sus viñedos se sorprendían ante la riqueza que hallaban del periodo de la edad de bronce. El dolmen de Montelirio, destapado en 1998, se unía a los hallados a finales del siglo XIX: La Pastora, Matarrubilla y Ontiveros."Todos se han descubierto de antiguo", explica Leonardo García Sanjuán, profesor de Prehistoria de la Universidad de Sevilla y especialista en megalitismo, quien explica que se trata de monumentos excepcionales, "la primera arquitectura monumental que hace el hombre". García Sanjuán alerta de los proyectos de urbanización del lugar ya que "se encajona brutalmente el dolmen por tres de sus cuatro partes".La delegación sevillana de la Consejería de Cultura juzgó en el mismo 1998 que no se daban las características para el estudio del dolmen de Montelirio. Y lo volvió a tapar. "Ahora, de pronto, casi 10 años después, todo es una urgencia, son consecuencias de un desarrollo urbanístico exacerbado", clama Leonardo García Sanjuán, que pide que no se rompa la relación paisajística con los otros dólmenes y que se amplíe el perímetro protegido del monumento para que, en suma, se actúe de forma "congruente" con los esfuerzos que hace la delegación por proteger otros monumentos megalíticos. "Estamos preocupados porque dista de lo que es deseable hacer; tiene que desarrollarse, sin prisas, un proyecto de investigación".Montelirio lo merece, según los arqueólogos. Álvaro Fernández Flores, que dirige los trabajos de excavación, resalta, como García Sanjuán, las pinturas del habitáculo, las paredes pintadas de rojo y el mismo pigmento sobre los cuerpos encontrados. "Con la técnica de hoy en día, vamos a poder explicar cómo vivían, de qué murieron y hasta qué portaban las bandejas que hemos encontrado", dice Fernández Flores.
* ELPAIS.com - Sevilla - 16/07/2007
Foto: Castilleja de Guzmán (Sevilla), dolmen de Montelirio /Pérez Cabo (ELPAIS.com)
Un dolmen ahogado entre edificios
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Denuncian la construcción de 18.000 viviendas en el Balcón de Tajuña
E.P./Madrid* : "La Asociación de Vecinos Morata de Tajuña y la Federación de Asociaciones de Vecinos (FRAVM) han denunciado ante la Fiscalía de urbanismo y Medio Ambiente el convenio urbanístico para el desarrollo del Balcón del Tajuña por considerar que puede vulnerar la Ley del Suelo estatal y la normativa de la Comunidad de Madrid y "afecta a hábitat naturales de enorme riqueza medioambiental". Este desarrollo prevé un crecimiento en suelo rústico y protegido a más de dos kilómetros del casco urbano, de 18.000 viviendas, en un municipio que cuenta actualmente con 3.000 viviendas, de las cuales sólo 1.700 están ocupadas permanentemente.
Según la denuncia de los vecinos, entregada a los tres grupos políticos del municipio (PP, PSOE e IU), este convenio otorga al Balcón del Tajuña un coeficiente de edificabilidad idéntico al de los PAU madrileños de Montecarmelo, Las Tablas, Sanchinarro o Carabanchel.
La FRAVM en un comunicado, el 9 de junio de 2004, que el Ayuntamiento de Morata de Tajuña aprobó inicialmente, por la vía de urgencia, el Convenio Urbanístico de Planeamiento para el desarrollo del Balcón de Morata de Tajuña, firmado con la sociedad Portobello Marbella S.L., una urgencia que la entonces alcaldesa, Concepción Loriente, justificó por la "propia dinámica que imponen los trabajos de redacción del Plan General".
El convenio, que contemplaba inicialmente 2.000 viviendas, fue finalmente aprobado el 5 de octubre de 2004 sin que el equipo municipal atendiera ninguna de las 130 alegaciones presentadas, un convenio que, según la denuncia, "contraviene los preceptos de la legislación urbanística y del suelo por cuanto desclasifica y recalifica suelo no urbanizable común y protegido y afecta una serie de hábitat naturales".
Asimismo, a su juicio, monetariza las cesiones obligatorias de aprovechamiento lucrativo que los propietarios mayoritarios de suelo se comprometen a ingresar en las arcas municipales. Un total de 15,6 millones de euros que la propiedad se compromete a entregar a las arcas municipales: el 10 por ciento a la aprobación inicial del Plan; otro 10 por ciento a la aprobación provisional y el 80 por ciento restante en el momento de la aprobación definitiva.
La FRAVM apunta que una adenda de diciembre de 2004 incrementa en un 243,75 por ciento el ámbito del convenio, de las 200 hectáreas iniciales a 487,5. Una segunda adenda, de abril de 2006, vuelve a incrementar el ámbito hasta las 592,6 hectáreas y vincula el Balcón de Tajuña al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación de Empresas Gestoras de Cooperativas y Proyectos Inmobiliarios (GECOPI) de 22 de diciembre de 2004, por el que Gecopi gestiona la oficina municipal de vivienda, cuyo cometido es el desarrollo de las 84 viviendas protegidas para residentes que lleven más de 10 años en Morata.
La Federación subraya además que el convenio del Balcón del Tajuña también está vinculado con la asesora urbanística del Ayuntamiento, la arquitecta Carmen Fernández de Castro que, según el documento de aprobación inicial de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Morata de Tajuña, sometido a información pública en mayo de 2006, dirigió el equipo redactor en estrecha colaboración con el Equipo Multidisciplinar Plarquin Consultores S.L.
Esta empresa contaba en 2000 entre sus administradores al ex director general de Urbanismo y Planificación Regional Enrique Porto Rey, aunque revocó del cargo el 6 de febrero de 2004 a favor de Alejandro Arca Naviero, que aparece en la Memoria de la ordenación pormenorizada del sector SR-6 "Balcón de Tajuña como director del equipo redactor en estrecha colaboración con el equipo que dirige la arquitecta Carmen Fernández de Castro".
En octubre de 2006 Porto dimitió de cargo en el Ejecutivo autonómico por motivos personales "para defenderse con total libertad y proteger su honorabilidad", después de que diversas informaciones apuntaran a que presuntamente aprobó proyectos en los que había participado como urbanista privado antes de asumir el cargo y que cediera después sus contratos a una empresa -Plarquin- fundada por él en 2000 y propiedad de sus ex socios.
* Madridiario - 17 de Julio de 2007
Foto: Morata de Tajuña (Madrid) /madridiario.es
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Tema: NOTICIAS Madrid
Derribo en pleno litoral gallego: Un albergue de quita y pon
m.g.b./LaVozdeGalicia* : "Costas las caza al vuelo. El organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente no ha desaprovechado la oportunidad que le brindó el Concello de Viveiro de echar abajo un edificio situado en un enclave privilegiado, al borde mismo de la playa de Area, para recuperar el sistema dunar de esa zona, y el proyecto, en términos optimistas, podía ser realidad en el plazo de tres años. Sería el segundo caso de demolición de unas instalaciones dedicadas a la juventud en A Mariña, tras el derribo del complejo de Caixa Galicia en Barreiros. Se trata del albergue juvenil de Area, cuyo titular es la Xunta, y que lleva más de cuarenta años acogiendo a niños y jóvenes de toda España que aprenden a conocer mejor el mundo marino y la náutica.
Nació como casa de colonias vinculado a la Secretaría General del Movimiento; hoy depende de la Consellería de Vicepresidencia, y en ésta época está a pleno rendimiento, mientras que el resto del año duerme el sueño de los justos.
Costas ya ha sacado a concurso la redacción del proyecto por un valor que cifra en 147.702, 80 euros, que incluye no sólo la demolición del edificio existente, sino la construcción previa de nuevas instalaciones que suplan a las que se demuelan, como ayer mismo confirmaba el responsable de Costas en Lugo, José Miguel Estevan Dolls. Después, se recuperará todo el espacio dunar que hoy ocupa el inmueble y se ejecutará el paseo del borde litoral por la zona.
Dolls hablaba del proyecto alternativo: instalaciones deportivas y acuáticas hacia el mar, y fuera de la línea de protección de los cien metros, una edificación de planta baja, con bungalós estilo canadiense. «Más respetuosa y en consonancia con el entorno», señaló.
¿Y los terrenos?
Si bien Costas parece tener las cosas claras, falta todavía que el Concello o la Xunta aporten los terrenos en los que se construirá la edificación sustituta. Y aquí es donde la demolición tiene sus más y sus menos, y una vez más llega en clave política.
Mientras el alcalde, el socialista Melchor Roel señala que la «mejor respuesta que hay a la política de confusión que practica el PP, diciendo que no había nada, es la licitación de la redacción del proyecto, y ya es hora de que vayan pidiendo disculpas», desde las filas populares el senador César Aja, que acusó al socialista de «vender humo» sobre este tema, echaba mano ayer mismo de la última respuesta del Gobierno sobre el estado de la cuestión y preguntaba en voz alta «dónde están los terrenos y quién va a dar la licencia de obra, porque todo es zona de protección».
El alcalde viveirense sólo dice que «hay dos o tres alternativas en la zona de la playa», pero que serán los técnicos quienes tengan la última palabra.
Desde Vicepresidencia no se oponen tampoco al proyecto de demolición, siempre que, antes de demoler el viejo, se construya el nuevo y no se pierdan las 130 plazas que oferta.
El Gobierno central le responde a Aja también que no tiene constancia de que exista oposición al derribo, aunque hay algunos sectores que que no ven el proyecto con buenos ojos.
* La Voz de Galicia - 17 de Julio de 2007
Foto: X.Ramallal /lavozdegalicia.es
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Tema: NOTICIAS Galicia
Ética de baja intensidad
JOSÉ MANUEL ATENCIA* : "Primero recibe una felicitación navideña de un empresario; luego le envían unas botellas de un buen vino, y después un jamón. Poco a poco le van introduciendo en un ambiente de lujo y de ágapes. Un ambiente en el que pueden verse involucradas otras fuerzas vivas de la sociedad, como notarios, jueces, fiscales y periodistas. Le invitan al palco del fútbol, a los toros o a hoteles en los que el empresario tiene intereses. El siguiente paso es que el responsable político ve la posibilidad de participar en el negocio. Una oportunidad, pues dentro de cuatro años quizá no esté ya en el poder".
Este párrafo lo he cogido de una de las pocas intervenciones públicas del juez Torres, en unas jornadas jurídicas en Bilbao.
El magistrado se refirió a estas prácticas como un modo de corrupción de baja intensidad, instalada en la sociedad como un hábito normal: el de los pequeños agasajos y las dádivas que ofrecen las empresas. Ni que decir tiene que el juez ya conocía el informe policial con el listado de personas a las que la principal inmobiliaria implicada en el caso Malaya, Aifos, remitió regalos e invitaciones, y que incluía alcaldes, concejales, técnicos municipales, jueces, notarios y empleados de banca.
Figurar en la lista no implica que los beneficiarios aceptaran los regalos. Es más, muchos de ellos los rechazaron y con su presencia en el listado se está cometiendo una irresponsabilidad. Pero también es evidente que otros muchos los aceptaron. Lo importante de la lista es que pone al descubierto un sistema de componendas que la sociedad ha decidido asumir como normal. Con esa misma normalidad con la que se le rechaza al dentista una factura con IVA, se retoca la declaración de la renta para conseguir plaza en el colegio para el niño o tantas tentaciones que se ofrecen a periodistas, médicos u otros colectivos. En esto, quién esté libre de pecado que tire el jamón, las botellas de vino o las invitaciones al cine o al teatro, en vez de la primera piedra.
Entre el caso de un político que recibe y acepta un jamón de una constructora con intereses en su municipio, por un lado, y el escándalo de un alcalde que duplica su fortuna junto a un empresario gracias a una recalificación amañada, por otro, podría parecer que hay una diferencia abismal. Pero si uno se fija bien, sólo se trata de una etapa distante en el camino de la corrupción. Hasta hace algún tiempo, lo primero se había banalizado e incluso normalizado, mientras lo segundo era censurable. Desde hace poco, lo segundo corre el riesgo de acabar de la misma forma. Los resultados de las pasadas elecciones demostraron una escasa exigencia ética de muchos ciudadanos hacia sus regidores, redoblando los votos hacia personas imputadas o bajo sospecha.
La justicia dedica enormes esfuerzos en investigar los actos de prevaricación de los cargos públicos corruptos, pero apenas profundiza en el cohecho. Prevaricar, o lo que es lo mismo, dictar resoluciones injustas a sabiendas, se suele hacer por intereses; en la mayoría de los casos económicos. La sentencia por prevaricación lleva a la inhabilitación, pero la investigación del cohecho te dirige al centro de la trama, ya que para que alguien reciba dinero tiene que existir otra persona que lo ofrezca.
El levantamiento parcial del sumario contra el alcalde y el concejal de Urbanismo de Alhaurín el Grande desvela que la trama es más preocupante de lo que se presumía, pero el PP sigue manteniendo una actitud similar hacia estos dos imputados que militan en sus filas. Empezaron poniendo la mano en el fuego por ellos y van a terminar abrasados por la realidad. Desgraciadamente, también hay casos en los demás partidos. Y contadas excepciones, como la decisión del PSOE de forzar la dimisión del alcalde de Mijas tras ponerse un sueldo de 125.000 euros. No resulta alentador que, al igual que con la corrupción, los partidos políticos hayan aceptado que también existe una ética de baja intensidad.
* ELPAIS.com - Andalucía - 17/07/2007
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