Las leyes llegan tarde contra la corrupción

JAVIER OTERO/TIEMPO* : Totana, Madrid, Mugardos... Los últimos casos de corrupción relacionados con el urbanismo y el poder municipal reinciden en las mismas claves sin que las reformas legales tengan efecto. Convenios urbanísticos a medida de un promotor que convierte en oro miles de hectáreas que se dedicaban hasta entonces al cultivo de lechugas, funcionarios o cargos políticos que cobran, a través de empresas con las que están relacionados, a cambio de licencias municipales.

En Totana, Murcia, la jueza que investiga el caso ha dictado prisión para el alcalde del PP, José Martínez Andreo, como principal implicado en la operación Tótem. El empresario gallego Manuel Núñez está en libertad bajo fianza de 150.000 euros. El dueño de la empresa Nuaria presuntamente pagó comisiones ilegales para que le recalificaran 2,2 millones de metros cuadrados para construir 5.000 viviendas.

En el caso de Totana se reúnen algunas de las claves de los casos relacionados con la corrupción urbanística que han señalado los expertos y que intentan atajar varias iniciativas políticas. En primer lugar, el empresario consiguió hace un año un convenio urbanístico que autorizaba la construcción de un número de viviendas con el que Totana duplicaría el número de habitantes.

Mayor transparencia

La nueva Ley del Suelo, aprobada por el Gobierno central hace pocos meses, posterior a la aprobación del proyecto de Totana, tiene como uno de sus principales objetivos conseguir una mayor transparencia en estos convenios. Los expertos señalan, por lo demás, que esta figura legal es una perversión de la planificación que deben hacer los poderes públicos, ya que finalmente con los convenios los planes de los ayuntamientos se hacen a medida del constructor y no de los intereses generales.

Otra de las claves del caso de Totana es la gran cantidad de suelo en manos del empresario Manuel Núñez: 2,2 millones de metros cuadrados. La ley tomó dos medidas para evitar la retención especulativa de suelo, como impedir que se valore éste según las expectativas de recalificación y establecer unos plazos para sacarlos al mercado. El Gobierno ha realizado un estudio en el que ha identificado a los principales propietarios de suelo de España, pero no los hace públicos por problemas con la ley de protección de datos personales. Según esta estadística, en Murcia un particular acapara la propiedad de 4,7 millones de metros cuadrados y en Madrid otro tiene en su poder un millón y medio de metros.

Por otra parte, tanto en Mugardos como en Madrid los escándalos se basan en que funcionarios municipales obligaban a los empresarios que necesitaban obtener licencias y otros permisos a pasar por empresas con las que estaban relacionados. Las últimas modificaciones en la Ley de Gobiernos locales, aprobadas el año pasado, establecieron un régimen de incompatibilidades y un registro de intereses similar al que ya funciona en las administraciones autonómica y central.

Endurecer las incompatibilidades

A pesar de la reciente aprobación de estas modificaciones, los socialistas han anunciado un nuevo endurecimiento de las incompatibilidades de los cargos municipales. En Madrid, responsables de las áreas de Medio Ambiente estaban relacionados con gestorías y empresas, por ejemplo, de jardinería. En Mugardos, como en Madrid, los funcionarios municipales detenidos estarían presuntamente relacionados con empresas de arquitectura que cobraban por agilizar los trámites.

Si se repasa el mapa de los casos más importantes de corrupción urbanística Marbella concentra dos de gran calado. El primero fue el conocido como operación Ballena Blanca. Se consideró el mayor golpe contra el blanqueo de capitales procedente del crimen organizado de Europa hasta la fecha, e incluía la posible “detracción ilegal masiva de fondos con origen en la empresa petrolera rusa Yukos”, del magnate Mijail Jodorkovsky, según informó la Policía española. El juez del caso ha decidido investigar en un procedimiento separado esta red que presuntamente usó el paraíso fiscal de Gibraltar para canalizar inversiones en urbanizaciones en la Costa del Sol. Sin embargo, en el caso de la operación Malaya, que llevó a la cárcel a la mayoría del Gobierno municipal de Marbella, el juez del caso se ha quejado de que Gibraltar “no coopera en absoluto” con las autoridades españolas. La falta de colaboración judicial de Gibraltar es un asunto perpetuamente aparcado en el Ministerio de Exteriores.

La última clave de los escándalos de corrupción urbanística se encuentra en las competencias que ostentan los municipios en esta materia y la falta de supervisión sobre ellos de las comunidades autónomas. En Marbella, tras la disolución del Ayuntamiento por la operación Malaya, el Gobierno central intentó adecuar una fórmula para tomar las riendas de la vigilancia de estas actuaciones. Sin embargo, su intención de crear consorcios con su participación y la de municipios y autonomías en las principales áreas metropolitanas del país no ha visto la luz. En su lugar, la Junta de Andalucía ha creado una nueva figura, un comisionado para la Costa del Sol que vigilará el urbanismo de estos municipios.

Entretanto, el caso Malaya continúa en fase de instrucción, mientras que sus principales protagonistas, desde el ex alcalde Julián Muñoz al ex asesor de Urbanismo José Antonio Roca, se enfrentan a otros juicios por irregularidades que llegaron a los tribunales antes de explotar el golpe que dinamitó definitivamente su red en Marbella.








* Tiempo de Hoy - 07/12/07
Viñeta: El Roto - elpais.com