El triunfo de la especulación

JUAN CLAVERO SALVADOR* : Acabamos de celebrar el vigésimo noveno aniversario de la Constitución, texto que algunos leen sólo parcialmente a tenor de cómo van las cosas. El art. 47 prescribe que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación". Existe un mandato constitucional para que las administraciones garanticen el interés general en la ordenación del territorio e impidan la especulación; o sea, todo lo contrario de lo que han venido haciendo los Ayuntamientos con la complacencia de la Junta de Andalucía.

No hay que olvidar que la Junta tiene las competencias exclusivas en la ordenación del territorio desde hace casi un cuarto de siglo; sin embargo, hasta el año pasado no aprobó el primer Plan de Ordenación del Territorio (POTA), plan que incluía algunas tímidas medidas para dar cierta mesura al urbanismo desbocado que campea por toda Andalucía. Hace un año escribí en estas mismas páginas un artículo pidiendo que no se permitiera ninguna "flexibilidad" ante la especulación y la corrupción urbanística. Pero en solo un año los constructores, promotores urbanísticos y la FAM -el lobby de los alcaldes que han actuado como voceros de estos empresarios-, han conseguido la promesa del mismísimo presidente de la Junta de que no se aplicará el POTA en los municipios menores de 10.0000 habitantes -que suponen el 81% de los 770 municipios andaluces-, y que en el resto se aplicarán medidas de "flexibilidad" para hacer inocuo los límites a los crecimientos urbanísticos fijados por el POTA. No deja de ser un insulto a los ciudadanos y al Parlamento andaluz que se anuncie y se firme el compromiso de incumplir una norma aprobada por el mismo Parlamento. No se anuncia su modificación -que ya sería grave, por responder tan solo a los intereses de constructores y promotores- sino, simplemente, que no se cumplirá.

El POTA fija unos objetivos y normas que, sin ser la panacea, pretende imponer un poco de racionalidad a la desmesura que impera en el urbanismo andaluz. El POTA pretende que se mantenga el modelo compacto de la ciudad histórica mediterránea, rompiendo la tendencia a nuevos crecimientos exógenos de tipo anglosajón con campos de golf incluido, garantizando unos mínimos principios de sostenibilidad con la reducción del consumo de recursos naturales (agua, energía, suelo…). Pero la causa de la oposición de sectores económicos y municipales al POTA ha sido la inclusión de límites al crecimiento urbanístico. El POTA prescribe que no se admitirán crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% ni la construcción de viviendas para crecimientos de población superiores al 30% en ocho años. Con estos límites se garantiza suelo más que suficiente para construir las viviendas que demandan los ciudadanos y para los usos productivos necesarios. ¿Qué pretenden los opositores al POTA? Sencillamente seguir disponiendo de manos libres para recalificar suelo y revalorizarlo, con plusvalías de miles de millones de euros, y seguir imponiendo la planificación territorial a golpe de convenio urbanístico y talonario. Quitar esos límites es una concesión inadmisible a los especuladores urbanísticos, un desprecio al Parlamento y un incumplimiento flagrante del mandato constitucional.

El POTA prescribe también que los PGOU atenderán a parámetros objetivos (demográficos, parque de viviendas…), en base a la tendencia seguida en los últimos diez años. Teniendo en cuenta que en la última década el incremento de la población en Andalucía ha sido inferior al 1% anual, es bastante inviable que en un PGOU se puedan justificar incluso la construcción de viviendas para ese hipotético e inalcanzable 30% de incremento de habitantes.

El Pacto por la Vivienda que ha suscrito la Junta con las entidades empresariales y financieras -con la cohorte habitual- tiene como única finalidad dar oxígeno a un sector de la construcción en crisis, facilitando las recalificaciones de suelo y favoreciendo con dinero público la construcción de viviendas de venta libre que en la actual coyuntura de mercado nunca se construirían. De las 700.000 viviendas previstas, menos de la mitad serán protegidas y, además, a precios difícilmente asumibles por buena parte de los ciudadanos, sobre todo por los más jóvenes. La Junta está perdiendo una ocasión de oro para demostrar que apuesta por un urbanismo donde primen los intereses generales de los ciudadanos y no los de un pequeño grupo de especuladores.









* Málaga Hoy - Opinión - 28.12.2007