Comprar lo nuestro

Camilo José CELA CONDE* : En un intento desesperado de acabar con el lastre de la corrupción urbanística que ha convertido el litoral español en una especie de muralla de la China pero de cemento, la ministra del Medio ambiente, doña Cristina Narbona, ha anunciado que su departamento aspira a hacerse con la propiedad de aquellos terrenos aún sin construir que estén situados junto a la costa. Habrá comunidades autónomas en las que va a ser difícil adquirir siquiera un solar de los más pequeños. Cuando las playas y los acantilados de las zonas turísticas se contemplan desde el mar, el panorama aterra. Todo lo que se ve es una especie de cortina de edificios gigantescos decorada, a mayor abundamiento, por no pocas grúas que son anuncio de aún más agobio constructor.

La manera lógica mediante la que cualquier país digamos civilizado habría resuelto la necesidad de mantener virgen una parte prudente de sus costas pasa, claro es, por la protección. Crear parques, reservas, santuarios o como se les quiera llamar. Pero no sé por qué arte de birlibirloque, el anuncio mismo de que se piensa proteger un enclave lleva en este reino de inmediato a que se convierta en una especie de disparate urbano asomándose a la mar.

En esa tesitura, es decir, si no sabemos proteger o ignoramos al menos cómo hacerlo a tiempo, antes de que termine a muy corto plazo por resultar lo contrario, parece que el entrar en competencia con los promotores de las eventuales urbanizaciones futuras es una vía adecuada para evitar mayores males. Pero la idea de la ministra Narbona no es nueva. Como sin duda se recordará, la isla de la Dragonera pudo protegerse hace un montón de años gracias si no recuerdo mal a que otra mujer, doña Maria Antònia Munar, se la compró desde el Consell de Mallorca a su dueño. Amenazaba ya un proyecto de llenar la Dragonera de chalets de lujo y el Consell cortó por lo sano. En buena parte, asumiendo una derrota. Las islas no habitadas, los montes, los pantanos y los desiertos deberían ser, de acuerdo con la lógica aplicable a los conceptos de propiedad pública y privada, patrimonio común en manos del Estado. Pero no por la vía de comprar a precio de mercado sino mediante la mucho más eficaz de no dejar que se privaticen. O procediendo, si es ya tarde, a la expropiación de la misma manera que se obra cuando hay que construir un puente, un aeropuerto o una carretera.

Mediante esa fórmula de entrar en la subasta de los terrenos, estamos comprando en realidad lo que, cuando se apareció el concepto mercantil de la propiedad del suelo, nunca debería haber salido de las manos públicas. Los coletazos de la época feudal asignaron a la nobleza y a la Iglesia -católica, claro es- aquellas tierras que antes sólo eran suyas en un sentido muy relajado: los territorios que quedaban bajo la supuesta protección de un señor dispuesto, como única tarea reseñable, a cobrar los impuestos. Aquellos países que no hicieron jamás una reforma en serio sufren hoy consecuencias como las de tener que hacerse a precio de solar -o casi- con los espacios que se quieran dejar vírgenes. Y no es sólo el país el que queda bajo sospecha: las comunidades autónomas cargan aquí con su parte del pecado. O del negocio. Porque éste es espléndido, sí, pero por desgracia no para los ciudadanos.









* Diario de Ibiza - Opinión - 26 de diciembre de 2007