El ilegal campo de golf del Canal, situado en pleno centro de Madrid en el barrio de Chamberí, fue un empeño de la expresidenta 'popular', E.Aguirre, cuando estaba al mando de la Comunidad. Su realización fue protestada por vecinos, asociaciones y hasta el propio Ayuntamiento que le denegó la licencia, a pesar de lo cual se hizo irregularmente, incluso contra varias sentencias judiciales, cuando todos, además, querían un parque como pulmón verde de toda esa zona urbana. Sin hablar del abuso urbanístico que suponía (y supone) tener una gran zona privada nueva en medio del barrio, algo único y demoledor entre las grandes ciudades del planeta. Pero claro, detrás del golf había un negocio lucrativo, ya que la adjudicación del contrato privado fue para un socio del hermano del actual presidente Ignacio González. Así se empieza a entender todo el asunto y el deterioro del resto del conjunto.
"ELDIARIO* : El parque de Santander, la zona verde recreativa que rodea al ínclito campo de Golf que la Comunidad de Madrid construyó en el distrito de Chamberí de Madrid, se deteriora. La zona gratuita abierta al público de las instalaciones del Tercer Depósito del Canal de Isabel II sufre daños desde hace semanas en sus fuentes, máquinas de ejercicios y columpios que no se reparan.
El recinto del Canal es célebre en Madrid porque fue un empeño personal de Esperanza Aguirre, que lo levantó contra el criterio de los vecinos del barrio —que querían y quieren sólo un parque, no un campo de golf—, contra la oposición y el propio criterio del Ayuntamiento, que denegó el permiso para realizarlo. La adjudicación de las zonas de pago del parque señalan al actual presidente regional, Ignacio González, que la adjudicó a un socio de su hermano y su cuñado, y el recinto se ha visto por dos veces señalado por la Justicia por ilegal. Ahí sigue pese a todo ello, sufriendo el paso del tiempo, al menos en la parte abierta al público que Aguirre utilizó como argumento para sostenerlo contra viento y marea.
La mitad de las fuentes del parque no funciona, una de las máquinas del circuito para realizar ejercicios lleva más de un mes tumbada en el suelo, al menos dos de los columpios de una de las zonas de juegos infantiles están precintados y no se pueden utilizar. El propio campo de golf no se salva de la falta de mantenimiento. Una de las dos plataformas destinadas a la práctica está cerrada y el césped artificial de toda esa zona, levantado.
Fuentes del Canal de Isabel II, propietaria de los terrenos y responsable del parque, niegan que exista tal deterioro y afirman que las instalaciones son víctimas de actos vandálicos. "No es una falta de mantenimiento, es justo al revés. Los estudios que hacemos a nivel de usuario nos dicen que el parque está bien, los usuarios nos felicitan", asegura una portavoz del ente. "Las fuentes las reparamos, pero los niños juegan, les meten arena, y se atascan", afirma. Algunas llevan más de un mes sin dar agua, sin embargo. Respecto a los columpios y la máquina, esta portavoz asegura que están en proceso de cambiarlos por otros nuevos, y que al ser una empresa pública esto lleva sus plazos.
Las instalaciones del Canal han estado rodeadas de polémica desde que se construyeron, en 2003. La entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre, invirtió 50 millones de euros en un recinto con dos zonas diferenciadas: una para la práctica de deportes de pago con dos campos de fútbol, ocho pistas de padel, un campo para la práctica del golf y un pitch & putt (un mini campo de golf) y alrededor de todo esto un parque con una pista de tartán de 1,2 kilómetros y un pequeño circuito deportivo para realizar ejercicios.
Aguirre levantó el campo de golf, que ocupa casi un cuarto de la superficie total de todo el recinto, bajo el argumento de "enriquecer la oferta del entorno". La presidenta apeló al "interés general" para realizar la obra, presumió de que las zonas verdes comunes aumentaban notablemente respecto a lo que había antes y levantó el recinto con la oposición también del Ayuntamiento de Madrid, que dirigía Alberto Ruiz Gallardón.
Después se supo que el Canal de Isabel II, que por entonces presidía Ignacio González, el actual presidente de la Comunidad de Madrid, había adjudicado la gestión del campo de golf —con el voto del propio González, que no se abstuvo— a la empresa Tecnoconcret S.L., creada sólo seis semanas antes de la adjudicación, sin experiencia en el sector y entre cuyos dueños figuraba un socio de su hermano y de su cuñado.
Desde que se construyó el campo de golf la Comunidad ha ido acumulando reveses judiciales por las obras. Primero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid negó que existiera el "interés público" al que Aguirre se aferró para realizar la obra. "No está motivado, responde al intento de sustraerse a la aplicación de las reglas que (...) en materia urbanística, corresponde a los ayuntamientos", razonó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Luego el Supremo desestimó el recurso que la Comunidad había interpuesto y dio la razón a la asociación de vecinos El Organillo, que había cuestionado este supuesto "interés general".
Los fallos judiciales no amedrentaron a Aguirre, que elaboró un plan especial para legalizar el proyecto a posteriori. Pese a ello, una década después de haber levantado el campo de golf, este no cuenta aún con la preceptiva licencia del ayuntamiento para operar. Fuentes del Canal lo reconocen, pero con matices: "La Justicia no nos ha exigido cerrar el parque por esto en ningún caso, determinó que había que regularizar la situación urbanística y administrativa. Lo que se ha hecho, se tramitó ante el ayuntamiento la licencia en agosto y estamos desde entonces esperando", explica su portavoz. "Estamos abiertos porque estamos habilitados para estar abiertos", recalca.
* El Diario - Daniel Sánchez Caballero - 17.3.15
Foto: Una máquina de ejercicios deteriorada en el Parque Santander.- eldiario
El millonario campo de golf de la Comunidad de Madrid pasa de pelotazo a parque deteriorado
El ladrillo amenaza un bosque litoral en Oropesa del Mar
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De nuevo estamos ante las prisas municipales por realizar proyectos imposibles antes de las elecciones. En Oropesa (Castellón) el gobierno 'popular' ha sacado del cajón un antiguo Plan urbanístico (2003) que pretende duplicar el número de viviendas en el municipio, cuando buena parte de las construidas actualmente están vacías. Pero, además, el Ayuntamiento las quiere levantar en un pinar de gran valor ambiental junto al mar, por lo que varios colectivos y vecinos de la localidad han protestado fuertemente. Hay que tener en cuenta que el actual Plan General es del año 1982 y no está actualizado a las modernas normas medioambientales, a pesar de lo que dice la Ley vigente de la interesada Generalitat valenciana.
"ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Oropesa quiere sacar adelante un proyecto urbanístico sobre lo que ahora es un pinar litoral de 110.678 metros cuadrados. Es la denuncia que ayer realizó la plataforma Bosc Viu (que aglutina a organizaciones como Acció Ecologista-Agró y Gecen) y un grupo de vecinos de una urbanización colindante. El proyecto dormía desde 2003, cuando el Consistorio lo adjudicó provisionalmente, y ha sido retomado recientemente.
“El Ayuntamiento tiene previsto aprobar este PAI antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas por temor a perder el poder”, indicaron. “No hay nada decidido”, dijo Tomás Fabregat, edil de Urbanismo, sin querer entrar en más detalles.
El plan es conocido como Ampliación El Balcó y su suelo, pese a ser pinar de “gran valor ambiental”, según los ecologistas, está catalogado como urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbanística vigente en Oropesa, que es el de 1982. “El PGOU no se ajusta ni tiene en cuenta los importantes y numerosos cambios legislativos producidos desde 1982 hasta hoy (…) Fue aprobado sin que mediaría una previa Declaración de Impacto Ambiental”, advirtió la Consejería de Medio Ambiente en un documento de 2009 por el que suspendió el proyecto y lo supeditó a un estudio ambiental. Con este escrito, la Comisión Territorial de Urbanismo criticó que la clasificación del suelo urbanizable del plan del 82 “no es congruente con los valores medioambientales existentes” y exigió que cualquier terreno del litoral de Oropesa que fuera “urbanizable” y contara con una programación prevista (como el caso de la ampliación de El Balcó), debía ser tratado legalmente como no urbanizable. El Ayuntamiento tuvo que sacar el proyecto a información pública.
En diciembre de 2012 la Generalitat aprobó la Ley 10/2012 de Medidas Fiscales y fijó que, a partir de entonces, cualquier terreno que figurase como urbanizable en el PGOU sería considerado así. El proyecto dejaba de contar con un paraguas protector. Inmediatamente, el 14 de enero de 2013, el Ayuntamiento mandó un escrito a la Consejería pidiendo que se reanudara la tramitación de la aprobación definitiva “sin esperar contar con el informe favorable de la administración forestal”. El plan se reactiva.
“Es un PAI más que parecía que se había desactivado y ahora vuelve a renacer, en un momento en el que no tiene sentido”, dice Francisco González, portavoz del Gecen, que critica que, de seguir adelante, tendrá un “nefasto impacto” sobre el entorno, similar al que se produjo con las urbanizaciones colindantes con esta pineda. Ecologistas y vecinos criticaron que se quiera relanzar este plan cuando en el municipio hay urbanizaciones vacías.
Este terreno sigue como urbanizable en el nuevo PGOU que el Ayuntamiento está tramitando, un documento que se agarra al ladrillo al prever duplicar su parque de viviendas pese a admitir que una buena parte de las actuales están vacías.
* El País - Lorena Ortega - 28.3.15
Foto: Protesta de ecologistas ante el pinar amenazado por un plan urbano en Oropesa.- elpais
Operación Chamartín. Prótesis frente a acupuntura
Ya se ha escrito bastante en este Blog acerca del enorme pelotazo urbanístico que va a suponer la Operación Chamartín, un modelo de ampliación de la ciudad claramente desfasado y que va implicar más desequilibrio para Madrid en una zona ya de por sí congestionada. Aunque la idea del proyecto nace hace décadas, es en 2011 cuando se aprueba el Plan urbanístico gracias a un convenio de 11.000 millones de presupuesto (luego reducido). Algo tan desmesurado como los numerosos rascacielos que se pretenden implantar en la llamada zona financiera o las 17.000 nuevas viviendas. Eso sí, camuflado de unas zonas verdes residuales y falsas, al ir situadas sobre la misma Estación del tren. Es un proyecto agresivo y carente de sostenibilidad para el barrio y la ciudad entera, que no tiene ningún sentido hoy día, pero que el interés despilfarrador y faraónico de los políticos 'populares' quiere comenzar antes de las próximas elecciones, si nadie lo remedia.
"EDUARDO MANGADA* : La Operación Chamartín es un grave atentado contra Madrid. Es rechazable políticamente, tanto por su contenido como por sus promotores y el costo previsto para su desarrollo. Rechazable por el momento en que se proclama la aprobación del Plan Parcial que la sustenta jurídicamente (?) y la firma de un convenio urbanístico para su gestión y ejecución suscrito por la CAM, el Ayuntamiento, Renfe y DUCH (sociedad liderada por el BBVA). Una decisión que se adopta con una sospechosa celeridad y opacidad a menos de cien días de unas elecciones municipales y autonómicas en las que se anuncia, con un alto grado de probabilidad, un cambio de signo político, ideológico, en nuestros gobernantes. Una ofensa grosera y desleal al juego limpio democrático. Una falta de elegancia.
Igualmente rechazable por su dimensión y diseño urbano, faltos del más mínimo rigor disciplinar. Un encadenamiento de pequeños manhattans, una mezcla de tipologías diversas copiadas de revistas y tarjetas postales. Súmese a esto el que la pieza clave de este nuevo desarrollo es una inmensa y costosa losa de hormigón que cubre gran parte de las instalaciones ferroviarias. Una losa sobre la que se implanta el “parque central” de la nueva ciudad, evidenciando una falta de cultura botánica, unida a la incultura urbana. Desde el postmoderno Bofill de 1993, ya rechazable, al día de hoy, cada nuevo diseño urbano ha ido de mal en peor.
Previo a un análisis disciplinar, creo necesario exponer muy sucintamente un concepto, la resilencia, y dos metáforas, la prótesis y la acupuntura.
La resilencia es un concepto nacido de la mecánica de materiales y, especialmente, de la teoría de la elasticidad, que se ha extendido a la ecología, la sociología, la psicología e incluso la gerencia empresarial. Denominados resilencia a la capacidad de una viga, un árbol, una persona o un grupo social para recuperar su forma inicial, organización y funciones, tras sufrir una deformación producida por una fuerza o circunstancia externas cuando esta causa desaparece. Más próximo a nuestro tema, cabe referirse a la resilencia de los ecosistemas urbanos, ligada al concepto de sostenibilidad. Una ciudad es tanto más resilente cuanto más diversa es en todos sus componentes físicos y sociales; más compuesta por unidades esté, con una cierta autonomía, con una “estructura de gobernanza descentrentralizada”, pero no transformadas en guetos; más capacidad de retroalimentación tenga; más rica sea en capital social, entendido como la trama establecida entre el poder institucional y las redes sociales, “a través de plataformas y mecanismos que faciliten la participación de la ciudadanía y sus diferentes formas asociativas”; entre otros. (“La resilencia de los ecosistemas urbanos: una propuesta de evaluación para la sostenibilidad”. Tesis de Maestría de Marta Suárez Casado, 2012).
En el debate urbanístico suelen aparecer dos metáforas, un tanto simplonas, traídas de la medicina: la prótesis y la acupuntura. La primera se refiere a las grandes implantaciones de un nuevo desarrollo, potente por su dimensión y contenido en relación con la ciudad en que se asienta, sean incrustaciones en el tejido ya consolidado, sea como un añadido en sus bordes más o menos definidos. Por el contrario, hablamos de acupuntura cuando nos referimos a intervenciones puntuales de tamaño pequeño y medio, dispersas por la ciudad, cuyos efectos positivos se extienden más allá de sus límites enriqueciendo, recualificando, el entorno y, a veces, la ciudad entera. En estos casos cobra plena vigencia el concepto de “proyecto urbano” tal como lo entendió y definió Manuel de Solà-Morales.
Chamartín pertenece a la familia de las prótesis por su dimensión, contenido y forma, aunque, si nos referimos solo a la forma, cabe más bien calificarla de excrecencia, de un flemón urbano.
Un nuevo paradigma, forzado por la aguda crisis financiera que golpea el planeta, está presente hoy en el discurso urbanístico: construir sobre lo construido, hacer ciudad en la ciudad existente. Olvidemos la expansión dispersa de la ciudad sobre suelos vírgenes, que demanda nuevas y costosas infraestructuras y un gran consumo de recursos energéticos, junto con la ocupación indiscriminada del territorio y la expoliación del paisaje. Rentabilicemos la riqueza espacial, económica y social de nuestras ciudades, sus calles, sus edificios, sus ciudadanos y sus instituciones. La historia de la ciudad puede entenderse como un palimpsesto, como una serie de capas superpuestas que van configurando la nueva ciudad sobre la heredada.
Paradigma que conduce a un renacer de la austeridad como virtud y no como cobertura de una autodestructiva obsesión contra el déficit, que conlleva la degradación de la calidad de vida de los ciudadanos, justifica el recorte de derechos y la privatización de servicios sociales básicos. “Una agresión organizada que llamaremos austeridad”, dice Saskia Sassen. Recuperar un urbanismo de la austeridad que acuñó hace años Campos Venutti. Un saludable cambio de paradigma que puede desvirtuarse, banalizarse, cuando este hacer ciudad en la ciudad es solo un camuflaje de una agresión, una invasión por el poderoso bloque inmobiliario que, agotada la rentabilidad del crecimiento indiscriminado, descubre un nuevo nicho de negocio en la ciudad existente, aprovechando las rentas de situación. Chamartín responde a esta perversión. La apropiación de un inmenso territorio de nuestra ciudad para un gran negocio especulativo amparado por el poder político.
En momentos de gran incertidumbre frente al devenir económico, social y político, en los próximos años o décadas en los que, como réplicas violentas del terremoto actual, pueden repetirse crisis económicas y políticas que golpeen gravemente a nuestras ciudades. Las grandes dimensiones, fuertemente ancladas en el suelo y rígidamente construidas, soportadas por ingentes recursos técnicos y financieros, tienen poca resilencia, poca capacidad de recuperar su forma una vez pasada la dolorosa sacudida. Tras el golpe suele quedar una ruina más que se sumaría a las múltiples que la burbuja inmobiliaria ha dejado sembradas en nuestro país. Un desolado paisaje.
Nuestros sueños megalómanos de hoy pueden crear monstruos urbanos mañana.
Cabe afirmar que ganamos resilencia, al mismo tiempo que sostenibilidad, cuando las grandes magnitudes se fraccionan en un conjunto de pequeñas actuaciones. Los ecologistas suelen utilizar el símil del Titanic. Frente al imprevisto choque contra un iceberg, hubiera tenido más capacidad de reacción, más capacidad de resistencia, una flota de pequeños paquebotes que el gigante lujoso y ostentoso. En la ciudad ocurre algo parecido. Descompongamos la superficie, contenidos y recursos financieros concentrados en una sola intervención de grandes dimensiones (Chamartín en nuestro caso) y diseñemos cinco, diez o quince áreas de actuación seleccionando aquellas zonas de la ciudad que ofrecen una oportunidad, un vacío presente o potencial. Actuaciones con un gran efecto recualificador en su entorno a corto y medio plazo. La eficacia en la mejora física y social se multiplica y se hace presente ante los ciudadanos, que le prestarán su apoyo. Pero además, si surgiera una nueva crisis que reduzca los recursos económicos o cambie la hegemonía de los valores culturales y políticos, podría esquivarse por la presencia de estas múltiples operaciones de acupuntura urbana. Podrían hundirse uno, dos o más paquebotes, pero impediríamos el naufragio del Titanic.
Un futuro donde va a primar la escasez es un futuro en el que hay que primar la resilencia de nuestras actuaciones en general y, sobre la ciudad, de forma más necesaria aún. Escasez económica o financiera, escasez de recursos energéticos, escasez de suministros, etc., a las que hay que sumar la escasez autoimpuesta por una cultura de la austeridad frente al consumismo despilfarrador.
Madrid ofrece un mapa en el que asentar múltiples intervenciones, transformaciones de la ciudad, a través de operaciones de escala media, aprovechando las oportunidades dispersas en el territorio municipal y regional, que deben servir para hacer una ciudad más rica, más digna y más justa. Una ciudad más integrada, más compleja y más solidaria, rompiendo la dicotomía entre “la ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres”.
Una condición para que estas intervenciones punteadas y dispersas constituyan un mecanismo para la recualificación física y social de nuestro patrimonio urbano y no se conviertan en un nuevo ardid para expoliar los lugares más rentables de la ciudad (Operación Canalejas, Plaza de España, Parque Móvil o Mercado de Legazpi, entre otros muchos), es la obligación de los poderes públicos de exponer con claridad quiénes las promueven, con qué usos y actividades y para qué ciudadanos se destinan. ¿Cómo serán percibidas por la ciudadanía? ¿Cómo mejoras o, por el contrario, cómo agresiones a su calidad de vida?
Si Chamartín puede calificarse de error urbanístico, de territorio invadido y agredido por los poderes financieros amparados por los poderes políticos, también está equivocado cuando no tiene en cuenta su necesaria resistencia a las previsibles crisis que sin duda van a producirse en nuestra sociedad. Su dimensión, su condición de gran operación inmobiliaria, más que un enriquecimiento de la ciudad supone una gravosa hipoteca espacial y económica para el futuro de Madrid.
* Nueva Tribuna - EM - 6.3.15
Foto: Madrid, operación Chamartín 3D - nuevatribuna
La Junta de Castilla y León pagó un sobrecoste de 30 millones por un edificio de oficinas en Valladolid
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Los despilfarros delictivos urbanísticos abarcan toda la geografía del país como si de nuevos ricos se tratara, ya sea por parte del Gobierno central como por los Gobiernos autonómicos y Ayuntamientos. En Arroyo de la Encomienda, junto a Valladolid, la Junta 'popular' de Castilla y León pagó 30 millones de más por un edificio destinado a servicios públicos. La empresa que construyó el inmueble lo tasó en 40 millones, aunque el Gobierno regional pagó 52 millones, más ocho por el IVA y otros nueve a Hacienda. Aunque hay una investigación judicial en marcha, es de suponer que los altos responsables públicos ni sean citados, del dinero no se sabrá nada y deberán ser los ciudadanos quienes paguen la factura de esta nueva especulación inmobiliaria.
"ELDIARIO* : Nuevo sobrecoste. Nueva justificación. Aunque se pague una mayor cantidad económica por una obra o por un edificio, la Junta de Castilla y León, en manos del PP desde hace 28 años, siempre encuentra un argumento para justificar ese incremento en el pago, a través del dinero público.
La investigación sobre la compra del edificio que alberga la sede de la Agencia de Desarrollo de la Junta de Castilla y León –antes, la Agencia de Desarrollo Económico (ADE)- depara sorpresas cada vez que se conoce un informe. La Cadena Ser de Castilla y León desveló ayer que un informe de la Agencia Tributaria reconoce que por ese inmueble se pagaron nueve millones más de los 60 abonados por la Junta de Castilla y León. Y este incremento del valor final se debió, según ese informe, a argumentos como “imputación de la carga financiera incurrida durante la ejecución de la edificación del edificio de oficinas”.
Es decir, que por el flamante edificio, ubicado en el municipio de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), que compró el Gobierno castellano y leonés a la empresa Urban Proyecta PM3, a través de la Consejería de Economía, se pagaron en torno a 70 millones de euros: 52 por el inmueble, otros 8 por el IVA y otros 9 –en concreto, 8,4 millones de euros- más por conceptos que desvela ahora la Agencia Tributaria.
Según la información de la emisora, los nuevos 9 millones de euros se justificarían en siete facturas relacionadas con la construcción del edificio. O dicho de otra manera, se compró el inmueble y, además, la Junta de Castilla y León tuvo que pagar por otros gastos en los que había incurrido la empresa constructora.
Uno de los aspectos llamativos de este polémico edificio es que la empresa Urban Proyecta fijó el precio del inmueble en unos 40 millones de euros. Por tanto, el Gobierno regional habría pagado un sobrecoste de 30 millones.
Mientras desde la Consejería de Economía se mantiene silencio ante esta información, el portavoz del Gobierno de Castilla y León, José Antonio de Santiago Juárez, volvió a justificar estos sobrecostes. Si hace unas semanas hablaba de “mejoras” para avalar el aumento del coste final del Hospital de Burgos, ahora habla de “discrepancia” entre la Junta de Castilla y León y la Agencia Tributaria sobre la “devolución del IVA”. En esa “discrepancia” estaría la variación del coste final del edificio.
Por su parte, el secretario general de los socialistas de Castilla y León y candidato a la Junta, Luis Tudanca, se comprometió a realizar una auditoría pública de las empresas y organismos públicos para que “se sepa la verdad” por la existencia de “varios asuntos turbios”. En su opinión, el Gobierno regional “ha malversado y enterrado dinero público lo que ha impedido tener buenos servicios, garantizar la igualdad de oportunidades o impulsar políticas de empleo y reindustrialización”.
En la investigación judicial abierta para dilucidar las supuestas irregularidades en la compra del edificio, se analizan las cuentas de 13 personas vinculadas con la operación de compraventa del edificio y la adquisición de unos terrenos en la localidad vallisoletana de Portillo para promover un polígono industrial. Entre ellos está Rafael Delgado Núñez, el que fuera número dos de la Consejería de Economía entre 2003 y 2011.
* El Diario - Justini Sanchón - 26.3.15
Foto: Edificio de la Junta de Castilla y León, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), sede de las empresas públicas - eldiario
Una ley de Aguirre abre la puerta a la construcción de viviendas de lujo en un bosque de Pozuelo
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El Monte del Pilar es uno de los pulmones verdes de la Comunidad de Madrid, situado a escasos quince kilómetros del centro de la capital en el municipio de Pozuelo, una de las localidades con mayor renta del país. Gracias a la interpretación de una ley nefasta de la Comunidad aprobada en tiempos de E.Aguirre, la llamada 'Ley Virus', se pretende ahora construir allí (suelo rústico) 32 viviendas de lujo para familias adineradas. El Ayuntamiento del PP está indeciso aun pero, obviamente, el poder del dinero hablará por sí solo. El problema fundamental es que el terreno no está protegido y preservado urbanísticamente, como debería, y así lo han solicitado varios colectivos.
"ELDIARIO* : Una ley impulsada por Esperanza Aguirre durante su último mandato al frente de la Puerta del Sol amenaza un monte de unas 800 hectáreas en la zona noroeste de Madrid. Los propietarios de los terrenos, pertenecientes a varias familias aristocráticas, han solicitado al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón un total de 32 licencias para construir viviendas de lujo avalados por la ley de Viviendas Rurales Sostenibles (bautizada como 'ley Virus'), que permite edificar en lugares no urbanizables.
El Monte del Pilar es uno de los pulmones verdes de la Comunidad de Madrid, a escasos quince kilómetros del centro de la capital. Es un espacio de 800 hectáreas, poblado de pinos y encinas, que pertenece a familias nobles desde la venta de bienes estatales tras la desamortización de 1855. El espacio que está en riesgo es el situado en Pozuelo -una de las localidades con mayor renta per cápita de España y con el precio del suelo disparado-, que en su plan urbanístico define el terreno -en manos privadas- como suelo no urbanizable.
Los propietarios del suelo han solicitado 32 licencias para poder construir viviendas en ese terreno amparándose en la 'ley Virus', que permite edificaciones de una planta en parcelas de a partir de 6 hectáreas, pese a que se trate de suelos no urbanizables. Uno de los pocos requisitos que exige la ley es que no haya casas colindantes en un radio de 250 metros.
" Otra vez el Monte de Pozuelo se ve amenazado por la presión del ladrillo y los intereses económicos de los propietarios", advirtió el candidato del PSOE a la alcaldía, Ángel G. Bascuñana, que aprovechó una marcha en defensa de la masa forestal para denunciar que los dueños pretenden construir "grandes viviendas destruyendo un ecosistema único que está protegido".
La ley permite construir casas de hasta 900 metros cuadrados por cada parcela de seis hectáreas, según explica María Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción. "Se puede acoger cualquier suelo -añade-. Este no es un espacio protegido porque no tiene ninguna figura de protección autonómica".
El consistorio, gobernado con mayoría absoluta por el PP, ha rechazado 26 de las 32 licencias solicitadas y mantiene vivas otras seis. Los miembros de la asociación Ciudadanos por el Monte, creada con el objetivo de defender esta masa forestal, aseguran que se han denegado por un "defecto de forma". Sin embargo, temen que si se subsana el error y lo solicita cada uno de los propietarios de manera individual se les dé permiso para edificar chalés de lujo.
El Ayuntamiento de Pozuelo ha precisado que las licencias se han denegado porque la petición incumple "la normativa tanto del Plan General de Ordenación Urbana como de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid". "En este caso nos encontramos claramente ante una parcelación del monte para una promoción urbanística que no está prevista en la LVRS", aclara el consistorio de Paloma Adrados, que recuerda que "suelo del Monte de Pozuelo es un suelo no urbanizable y también forestal con una especial protección".
El plan urbanístico de la localidad prevé que los terrenos se permuten por otros para que los propietarios puedan construir y este pase a ser público. Sin embargo, no se ha ejecutado. El monte está en un paraje de gran valor, entre urbanizaciones exclusivas como El Plantío y Monteclaro, y, según el vicepresidene de la asociación vecinal, Pedro Cea, el "desacuerdo está en el precio" ya que el consistorio "ofrece menos de lo que solicitan los dueños".
Un monte de nobles
La parte del monte que aún está en manos privadas -en la localidad de Majadahonda los vecinos lograron que pasara a ser un espacio público mediante la permuta de los terrenos- está estrechamente relacionada con la nobleza. Varios marqueses y condes, como Juan Güell Martos (conde de Güell) o Angustias Martos Aguirre, condesa de Heredia-Spínola; son dueños de fincas en la zona.
Otra parte del monte es de la familia Oriol, descendientes de José Luis de Oriol Urigüen, fundador de Hidrola (la actual eléctrica Iberdrola). La propia Esperanza Aguirre está vinculada a este clan: su hijo se casó con Carolina de Oriol, biznieta de Oriol Urigüen. La boda se celebró en una finca del Monte del Pilar. Además, una prima segunda de la candidata del PP a la alcaldía de Madrid está casada con otro descendiente del fundador de la compañía eléctrica.
A la familia Oriol también pertenece la que era presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol. El matrimonio Aznar-Oriol ha protagonizado otro escándalo urbanístico al construir una cancha de polo privada en una zona de máxima protección medioambiental. Alejandro Aznar, por su parte, ha edificado una mansión en un parque natural de Castilla-La Mancha.
El marqués Luis María de Palacio y Oriol, primo de la exministra Ana de Palacio, actuó como representante de la familia ante el consistorio al solicitar un permiso para renovar el vallado de sus terrenos. Aquella actuación ya provocó protestas de los vecinos, que aseguraron que esas vallas se habían utilizado para cerrar caminos públicos. Fue entonces, hace tres años, cuando se reavivó el conflicto y los ciudadanos volvieron a reclamar al Ayuntamiento la titularidad pública del monte.
El PSOE promovió una iniciativa en la Asamblea de Madrid en la que solicitó que se declarara como "espacio protegido y preservado", pero la propuesta no prosperó. La última batalla del colectivo por la defensa del Monte del Pilar se ha topado con la ley que permite a los dueños construir en ese suelo. Los socialistas la tienen recurrida ante el Tribunal Constitucional.
* El Diario - Irene Castro - 16.3.15
Foto: Imagen del Monte del Pilar / Asociación Ciudadanos por el Monte
Un estudio concluye que ninguna línea española de AVE es rentable
Lo que señala este estudio de la Fundación 'Fedea' no es nada nuevo, desde este Blog se ha comentado en numerosas ocasiones el despilfarro absoluto que ha supuesto (y todavía continúa) el proyecto del AVE en este país. En este nuevo estudio se hace hincapié en que, en ningún caso, se amortizará la descomunal inversión realizada, suponiendo, además, un grave atentado para el Territorio desde su aspecto ambiental. El punto de partida es que en España hay pocos viajeros para tantos kilómetros de AVE, a diferencia de otros países con mayor densidad poblacional y que, aun así, se han moderado en la construcción de estas líneas de alta velocidad. Así pues, se considera que el AVE aquí no aporta ningún beneficio a las empresas públicas, ni a la sociedad en su conjunto si se tiene en cuenta la enorme inversión hecha. Un despropósito delictivo de grandes proporciones donde han caído los gobernantes políticos desde hace más de 20 años.
"ALEJANDRO BOLAÑOS* : “Ni para las empresas, ni para la sociedad”. Así de concluyentes se muestran Ofelia Betancor y Gerard Llobet en un estudio presentado este jueves que analiza si son rentables los principales corredores de alta velocidad en España. Los investigadores de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) estiman que, ni considerando los beneficios indirectos, como los derivados de los ahorros de tiempo, la descongestión en las carreteras, o el coste evitado en trayectos de avión, se compensa la multimillonaria inversión realizada. La clave, aducen, es que el nivel de demanda no es, ni será, suficiente para generar los ingresos precisos.
Un anterior estudio de Fedea (en cuyo patronato participan el Banco de España y una docena de grandes compañías) contrastaba las grandes cifras del despliegue del tren de alta velocidad con lo ocurrido en otros países. Un contraste que precipita la pregunta sobre la rentabilidad de esa apuesta: La red española, con 2.515 kilómetros en servicio y otros 1.200 en construcción, es la segunda mayor del mundo, solo detrás de la china. Y, con mucha diferencia, es la mayor en términos relativos: 54 kilómetros por millón de habitantes, frente a los 31 kilómetros de Francia. Sin embargo, el número de viajeros que usan este modo de transporte está muy lejos del que registran otros países: aun con el repunte registrado el año pasado —un incremento del 16%, hasta los 29,7 millones de viajeros—, en España hay 11.800 pasajeros por kilómetro operativo de AVE, cuando en Japón (158.121) o Francia (61.400) la relación es mucho mayor.
El punto de partida, pues, es que en España hay pocos viajeros para tantos kilómetros de AVE. Y que, como destacan los investigadores de Fedea, el despliegue ha tenido un coste multimillonario para las arcas públicas, pese a que el coste por kilómetro de vía es de los más bajos del mundo: se han gastado más de 40.000 millones de euros solo en la construcción de las líneas, con obras programadas que sumarán 12.000 millones más. Es, además, una prioridad de este y anteriores Gobiernos. El Ministerio de Fomento, en pleno año electoral, quiere poner en servicio 1.000 kilómetros más para conectar a ocho capitales a la red de alta velocidad, lo que se llevará casi la mitad de la inversión que ha presupuestado para 2015.
La cuestión a la que quieren responder los investigadores es si esa inversión acabará siendo recuperada en 50 años desde el inicio de la construcción de las vías. Para ello estiman los ingresos en el periodo y los costes variables (explotación, mantenimiento, compra de trenes, etc). En el cálculo aplican una tasa de descuento —la rentabilidad mínima exigida a un proyecto de inversión—, que permite comparar la inversión inicial con el flujo de ingresos y costes acumulados en ese medio siglo. Y expresa el resultado (el valor esperado descontado de cada magnitud) en euros de 2013.
El estudio se concentra en los cuatro principales corredores de AVE, el Madrid-Barcelona, el Madrid-Andalucía, el Madrid-Levante y el Madrid-Norte, que suman más del 70% del tráfico y cerca del 60% de la inversión hecha. En los tres primeros, los ingresos superan los costes variables, lo que implica que es mejor seguir operándolos que dejar de hacerlo. En el Madrid-Norte, sin embargo, incluso la propia explotación sería deficitaria, con lo que el coste para las arcas públicas seguiría aumentando. A diferencia del resto, este corredor no ha conectado aún en alta velocidad real (y por tanto no ha podido robar viajeros al avión) con el área de más peso económico, en este caso el País Vasco, y la mayoría de los trayectos se cubren con trenes Alvia, que no llegan a los 250 kilómetros por hora.
Sin beneficio para la sociedad
El superávit de explotación logrado en las otras tres líneas, sin embargo, palidece en comparación con el valor de la inversión. Así, el trabajo de Fedea estima que ese saldo positivo solo permitiría recuperar el 50% de la inversión pública en el Madrid-Barcelona, y apenas el 11,4% y el 9,6%, respectivamente, en las conexiones con Andalucía y Levante. Si la cuenta se amplía a su rentabilidad social, que incluye beneficios y costes indirectos, el resultado es algo mejor, pero aún notablemente insuficiente: se compensa el 80% del coste de la obra del corredor Madrid-Barcelona, y lo recuperado no llegaría a la mitad en los otros dos grandes corredores.
La conclusión del estudio es contundente. La construcción de las líneas AVE no aporta ningún beneficio a las empresas públicas, ni a la sociedad en su conjunto si se tiene en cuenta la enorme inversión hecha, en comparación con la posición de partida, una red ferroviaria convencional en convivencia con aeropuertos y autovías. Y, tras lamentar que el Gobierno no haya publicado los análisis en los que se basó para decidir la construcción de cada corredor, destaca “el alto coste de oportunidad que habrá asumido la sociedad española como consecuencia de tales decisiones de inversión y la persistencia de sus consecuencias para el futuro”. Solo un aumento muy considerable de los viajeros, que desborde las previsiones hechas en este trabajo –Fomento cree posible duplicar el tráfico en cinco años-, limitaría esas pérdidas.
Los investigadores de Fedea especulan con otras razones, más allá de las económicas, para explicar este inusitado despliegue de la red de alta velocidad. “Una de ellas puede ser el supuesto rédito político”, añaden, antes de desgranar otras “justificaciones empleadas”: “el prestigio otorgado a España”, “el desarrollo de la industria nacional” o “la cohesión política”. “Nuestros resultados ponen de manifiesto la falta de justificación económica fundamentada acometer las inversiones de alta velocidad en España”, insisten.
* El País - AB - 26.3.15
Foto: AVE, vista - diagonal
Los ‘elefantes blancos’ de Gallardón en Madrid
La huella del exalcalde 'popular' de Madrid, y expresidente de la Comunidad, AR.Gallardón, en la ciudad es todavía visible 4 años más tarde. Multitud de proyectos inacabados o sin uso (elefantes blancos) son testigos de su lamentable paso por la capital. Su soberbia natural, demostrada en la sede faraónica del nuevo Ayuntamiento, y su escasa visión urbanística a medio plazo han dejado la ciudad con una deuda de más de 10.000 millones, ya que del mandato de A.Botella apenas se puede hablar nada, solo continuadora suya. Los intentos de que Madrid fuese sede olímpica, con todos los gastos que conllevaba, son atribuidos a su nefasta gestión. Lo mismo que los túneles del río, el anulado judicialmente PGOU o las fallidas operaciones Calderón, Campamento, Bernabeu, Chamartín, etc. Lo peor del asunto es que semejante personaje público se haya ido 'de rositas' dejando a los ciudadanos empeñados hasta las cejas.
"ELPAÍS* : Retirado ya de la política, a Alberto Ruiz-Gallardón (PP), el alcalde que cambió la fisonomía de Madrid y la anatomía de su Ayuntamiento, le ha llegado la hora del examen final a su gestión municipal (2003-2011). Ana Botella concluyó su último mandato, al convertirse él en ministro de Justicia, pero serán las elecciones de mayo las que juzguen su legado.
Con una inversión de 10.457 millones en sus ocho años y medio de mandato, Gallardón construyó edificios y enterró autovías, peatonalizó barrios y sembró la ciudad de escuelas infantiles, instalaciones deportivas y centros sociales. Duplicó, casi triplicó el presupuesto municipal, desde los 2.300 millones del último año de su predecesor, José María Álvarez del Manzano (PP), hasta los 5.300 millones de 2008, antes de la gran recesión. Pero también disparó la deuda, desde los 1.366 millones heredados de Álvarez del Manzano hasta los 6.453 millones que dejó a Botella cuando en diciembre de 2011 saltó al Gobierno central (dimitió en 2014). Aunque en realidad la deuda fue mayor: sumando las empresas municipales y las facturas impagadas, rebasó los 9.000 millones, y obligó a dos rescates consecutivos del Ministerio de Hacienda.
Botella, cuya política ha sido deudora y continuación de Gallardón, presumió el viernes de haber rebajado esa deuda a 5.936 millones. El único halago que ha recibido hasta el momento de Esperanza Aguirre, candidata del PP para las elecciones de mayo, ha sido para “su gestión extraordinaria en la ortodoxia financiera”.
Aguirre ha cuestionado, entre otros asuntos, la limpieza de la ciudad, hasta el punto de tachar varios barrios (incluido el suyo de Malasaña) de “guetos”. Pero su mayor andanada ha sido para Gallardón por el aspecto más espinoso de su gestión: las obras.
Aguirre cargó contra el palacio de Cibeles, pero ese edificio es sólo el paradigma del gasto en obras, los sobrecostes de varias infraestructuras y la incapacidad para hallar utilidad a las finalizadas, agravado esto último por las tres candidaturas olímpicas fallidas. Usando la terminología del Comité Olímpico Internacional sobre edificios carísimos sin uso posible tras los Juegos, son los “elefantes blancos” de Gallardón.
Los precedentes. Antes que alcalde, Gallardón presidió la Comunidad (1995-2003). En sus primeros años, construyó un nuevo edificio para la Asamblea regional y reformó la sede del Gobierno autonómico. El presupuesto anunciado para cada obra rondó los 17 millones de euros. Su predecesor, Joaquín Leguina (PSOE), también se había planteado remodelar el edificio de la puerta del Sol: no se atrevió por su coste. Curiosamente, el traslado en 2007 del Ayuntamiento desde la Casa de la Villa al Palacio de Cibeles también fue idea del PSOE, en este caso de la rival de Gallardón en las municipales de 2003, Trinidad Jiménez. Ganó él, y se salió con la suya: el Estado le cedió el Palacio de Telecomunicaciones a cambio de edificios valorados en 360 millones, y Gallardón hizo una reforma tasada en 80 millones y que acabó costando 138. En total, 500 millones.
Aguirre ha prometido una consulta para ver qué hacer con el inmueble una vez que devuelva su despacho a la Casa de la Villa. No ha aclarado qué haría con los 2.000 funcionarios que trabajan en Cibeles ni con el centro cultural que ocupa el 65% del edificio.
El Madrid Olímpico. Gallardón impulsó las candidaturas fallidas para los Juegos Olímpicos de 2012, 2016 y 2020. Esta última, gestionada por Botella, presumía de tener el 74% de las infraestructuras construidas y cifraba en 6.536 millones la inversión realizada ya para preparar los Juegos. Pero en realidad ese dinero se había dedicado a autovías, metro, aeropuerto... Infraestructuras olímpicas como tales, tan sólo se construyó la Caja Mágica.
Inaugurada en 2009, se licitó por 139.749.625 euros. En 2011 ya había costado 294.045.576 euros (un 110% más). EL PAÍS ha desvelado esta semana un sobrecoste adicional de entre 33 millones (lo que exige en los tribunales la constructora FCC) y siete millones (lo que está dispuesto a aceptar el Ayuntamiento), que subiría el coste a más de 300 millones.
La Caja Mágica apenas tiene uso y arrastra pérdidas debido a su alto coste de mantenimiento. Pero al menos está terminada, no como el Centro Acuático, la otra gran instalación olímpica, cuyas obras se iniciaron con un presupuesto de 137 millones y se paralizaron en 2011 tras un desembolso de 54,5 millones. El esqueleto ha sido tasado en 19 millones.
Al lado se encuentra La Peineta. Gallardón convenció al Atlético de Madrid para convertir el estadio Vicente Calderón en pisos y sufragar así los 200 millones que costaría reformar y mudarse luego a la Peineta. El cambio de campo, previsto para 2012, se ha retrasado ya a 2018. Las obras siguen su lento curso y, tras sortear su paralización judicial, están pendientes de la negociación entre FCC, el Ayuntamiento y el club. Las cuentas, tras el derrumbe de la burbuja inmobiliaria, no salen.
Reveses judiciales. La mudanza del Atlético la anuló el Tribunal Superior de Justicia al tumbar el plan urbanístico de Gallardón para construir pisos sobre el suelo del Calderón. Ese mismo tribunal anuló también el plan impulsado por el exalcalde (que acabó aprobando Botella) para ampliar el estadio Santiago Bernabéu de acuerdo con los planes del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Y también la Operación Chamartín, aprobada en 2011 para alargar casi cuatro kilómetros el Paseo de la Castellana y construir 17.000 viviendas. Y también el plan de ceder a la iglesia católica 15.000 metros cuadrados de suelo municipal junto a la iglesia de San Francisco el Grande para que construyera allí una nueva sede arzobispal (bautizada como minivaticano por su tamaño).
Aunque para anulación, la del Tribunal Supremo, que en 2013 tumbó el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 en lo referido a todos los nuevos barrios de la capital (desde Vallecas a Valdebebas, pasando por el aeropuerto de Barajas), como castigo por una artimaña jurídica de Gallardón. En ese varapalo murió también la Operación Campamento, que ahora se pretende reanimar al hilo del interés del inversor chino Wang Jianlin por los terrenos.
Pero la Justicia no sólo ha actuado por lo que ha hecho Gallardón, sino también por lo que no ha hecho: la Fiscalía Provincial de Madrid abrió una investigación al Ayuntamiento por abandono del patrimonio histórico al dejar caerse a pedazos el palacio de la duquesa de Sueca, y otra por derribar una casa blasonada del siglo XVII en el barrio de Embajadores.
Los fantasmas. El Centro de Convenciones de la Castellana se ha quedado en un agujero en el que se invirtieron 83 millones. Ahora se ha licitado para uso comercial con un alquiler de dos millones anuales. Harán falta 43 años para rentabilizarlo. No es la única instalación fantasma.
Algunas obras de Gallardón siguen en obras aún, como la reforma del paseo de la Dirección (encomendada hace casi una década a Dragados) o la nave Boetticher (bautizada como “catedral de las nuevas tecnologías” cuando al fin se iniciaron los trabajos, en 2009, tras años de preparación). Otras nunca se realizarán, como la recuperación del templete de la Red de San Luis o el coliseo de las Tres Culturas (encomendado por Álvarez del Manzano al empresario José Luis Moreno). Y otras están a la espera de hacerse realidad desde hace años, como la reforma de los mercados de La Cebada y Mostenses, o la rehabilitación de la plaza de España (prometida por Gallardón, ideada por Botella, y a expensas del próximo alcalde; un tercio del presupuesto correría a cargo de Wang Jianlin, propietario del edificio España).
La lista de proyectos frustrados o a medias es interminable: las Escuelas Pías funcionan a medio gas (falta la escuela infantil, por ejemplo); el centro Conde Duque tiene varias instalaciones pendientes; el antiguo mercado de Legazpi prevé renacer como centro deportivo; la Casa de la Carnicería está en vías de mudar en hotel; los salones históricos de la Casa de la Villa siguen cerrados, como lo están también los teatros Madrid y Daoíz y Velarde...
¿En qué gastó 10.500 millones de euros?
Gallardón invirtió 10.456 millones de euros en sus ocho años y medio de mandato. El 55,5% de las actuaciones se sufragaron con deuda. La notable gestión de su equipo económico, encabezado por Juan Bravo, le permitió llevar a cabo esas obras en tiempos de bonanza, y mantener a pleno rendimiento el gobierno local cuando la crisis recortó los ingresos y complicó el pago de la deuda pendiente. Pero ¿qué construyó con ese dinero? La principal inversión fue el soterramiento de la M-30, que costó 4.142 millones, según las cuentas del equipo de Gallardón, a los que se sumaron 371 millones del parque de Madrid Río. Gallardón gastó 376 millones en infraestructuras culturales, principalmente Matadero (61,3) y Conde Duque (32,7).
Las actuaciones urbanísticas (sin contar la M-30) se llevaron 1.156 millones, con un coste aparejado de 640 para suelo. En vías ciclistas se gastó 59 millones; en mantenimiento urbano, 281; en centros deportivos municipales, 186; en instalaciones deportivas básicas, 78; en bibliotecas, 53; en centros polivalentes, 71; en otros centros culturales, 141; en colegios públicos, 166; en escuelas infantiles, 96; en escuelas de música, 13; en equipamientos para los servicios sociales, 212...
* El País - Bruno García Gallo - 15.3.15
Foto: Esqueleto del centro acuático construido junto al estadio olímpico de La Peineta. / ULY MARTÍN
Terra Mítica: la montaña rusa de la sospecha
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Quince años después de la inauguración del complejo de ocio y tras una década de proceso judicial, parece que empieza el juicio de una parte del caso Terra Mítica, el gran Parque Temático en Benidorm. La iniciativa del magno proyecto surgió del exalcalde y exjefe del Consell, el 'popular' E.Zaplana, y ahora se acusa a casi 40 implicados por fraude y otros delitos en su irregular construcción. Se habla de pérdidas públicas de la Generalitat por más de 150 millones de euros. Sin embargo el juicio es solamente parcial e, incluso, el luego ministro Zaplana no ha sido ni siquiera imputado, con lo que todo parece una especie de pantomima, más o menos disfrazada, cuando el pelotazo urbanístico es de mucha mayor envergadura. Otro 'debe' de la cómplice justicia valenciana que ha tenido tiempo de sobra para investigar más profundamente el asunto.
"MOISÉS PÉREZ* : Eduardo Zaplana, 1997. El entonces presidente de la Generalitat Valenciana tiene un sueño: un parque temático que pueda competir con Port Aventura. Son los momentos de gestación de un dominio popular que dura 20 años. Y se necesitan grandes iconos. La construcción, tras un cambio de opinión bipolar, del complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias no basta. Como todo régimen, precisa de varios colosos megalómanos de hormigón.
El president proyecta el parque en su ciudad adoptiva: Benidorm. Para ello, encarga varios informes. Ninguno cumple con sus expectativas. Pero, él no se rinde. Consigue un estudio de la consultora Price Waterhouse que bendice sus cifras: 3 millones de turistas y una inversión de 270 millones. Se vislumbran las montañas rusas, las atracciones y los espectáculos. Sí, pero de –supuesta- corrupción.
Terra Mítica se convertirá en el gran exponente de la ruina y del presunto saqueo que poblaran los grandes proyectos impulsados por la Generalitat Valenciana. Los sobreprecios, la facturación fantasma, las grabaciones que salpicaran a Zaplana, la colocación de personal afín y la especulación con el suelo del parque y aledaños serán las verdaderas atracciones del parque.
Trama de facturas falsas
La primera gran atracción del recinto de ocio será una obra de teatro. Estará dirigida presuntamente por Vicente Conesa, empresario afín a Zaplana. José Camarasa –ex diputado socialista que denunció el caso- explica la trama: “En el plazo de dos o tres años, se habría producido, según me contaron varios de los implicados, un sobreprecio en los pagos. Es decir, se facturaba una cantidad irreal, y la diferencia se la quedaba Conesa”.
Precisamente, una parte de esta presunta red corrupta es lo que se empezará a juzgar próximamente. En concreto, un supuesto fraude fiscal de 4,4 millones de euros durante la construcción del parque temático. De entre los acusados por la fiscalía, destacan los exdirectores del recinto Luis Esteban y Julio Valverde –ex cuñado de Zaplana- o el propio Conesa. La presencia de personal afín -ya sea por amistad o por parentesco familiar-, provocó acusaciones de la oposición al Consell de que el complejo era una agencia de colocación de afines.
Sin embargo, lo juzgado es una versión reducida de un escándalo mayúsculo. Se cifran los sobrecostes en 150 millones de euros. La trama facturaba supuestamente con empresas fantasma, es decir, con mercantiles que no tenían la capacidad suficiente para ejecutar los servicios. Incluso, algunas emiten sus recibos antes de que se aprueben las obras. El extremo es tal, que cuando estalla el caso tres de los contratistas devuelven a Terra Mítica más de 4,5 millones de euros por conceptos como “error de mediciones y falta de calidad en las obras”. Delirante.
Tres, también, son las principales empresas puestas bajo sospecha: Hormigones Martínez, Lubasa y C3 Ingeniería de la Construcción y el Medio Ambiente. Forman, entre otras, la Unión Temporal de Empresas Terra Verd, concesionaria de las obras de jardinería en el recinto. Y las tres cuentan –ahora- con un historial polémico.
Hormigones Martínez está salpicada en la supuesta financiación ilegal del PPCV y fue sancionada por la CNMC por pactar precios y repartirse licitaciones de obra. Lubasa fue otra de las empresas que supuestamente financiaron de forma ilegal al PP valenciano. Además, es una asidua en embarcarse en los grandes proyectos de los populares: participó en la aventura privatizadora del Hospital de Alzira y en el fiasco de Mundo Ilusión. La tercera, es propiedad de Conesa, a quién le persigue la polémica después de llevarse con controversia la adjudicación del mapa sonoro de Benidorm en la época en que presidía el consistorio Zaplana.
Casualmente, en las manos de Conesa era donde acababa el dinero pagado de más. Todo, según se desprende de las conversaciones mantenidas entre los diputados del PSPV José Camarasa y Antoni Such, y los empresarios implicados José Herrero y Antonio Moreno. El dinero recolectado por “el director facultativo del parque” –a juicio de un informe de Hacienda-, tendría un presunto destino: Suiza y Andorra. Se transportaba supuestamente en bolsas.
De las comisiones rogatorias hechas por la justicia para dirimir las presuntas cuentas helvéticas de Conesa y Antonio Moreno, nadie sabe. Tampoco de sus supuestos dineros en la Banca Privada de Andorra (BPA), puesta en tela de juicio en estas últimas semanas por lavar -al parecer- dinero procedente de organizaciones criminales. Y por albergar una cuenta relacionada con la familia Cotino.
Zaplana, salpicado
“La vez que más dinero he visto en efectivo, ciento veinte [millones de pesetas] y, otra, noventa. Se lo entregaban al señor Conesa y se lo metió, yo lo he visto con mis propios ojos, en la bolsa […] El señor Conesa guardaba la bolsa en el coche y dijo delante de mí que los dineros se los repartía con Zaplana”.
Las palabras pronunciadas por los dos empresarios en la conversación mantenida con los dos ex diputados socialistas son la prueba más impactante del caso. Y lo narraron “en representación de 15 empresarios más, que se ponen en contacto conmigo”, afirma Camarasa. Constituyen la parte más importante de todas las grabaciones al implicar como presunto comisionista al ex president de la Generalitat Valenciana.
“A mí y a Toni –en referencia a Antoni Such- nos parecieron creíbles las declaraciones, sobre todo por la rigurosidad de cómo se contaba y por las pruebas documentales de las que gozábamos”, defiende el exdiputado del PSPV. Contra los cuatro participantes de las conversaciones se querelló Zaplana. Sin embargo, la justicia dio la razón a los dos representantes socialistas.
Los empresarios, tras la denuncia del ex ministro de trabajo con Aznar, se retractaron de sus palabras. Zaplana les quitó la querella. Las grabaciones son la prueba de un caso mayor al que se va a juzgar. La investigación de la parte gruesa sigue durmiendo el sueño de los justos tras su reapertura en 2011 por la Audiencia de Valencia. Pero, los aspectos sombríos y la polémica no terminan en lo analizado por los tribunales.
Especulación urbanística, empresarios amigos y ‘enchufados’
En Terra Mítica la sospecha es permanente. Tanto, que la controversia llega hasta al suelo en donde se ubica el recinto de ocio. Para su construcción, se expropiaron diez millones de metros cuadrados de terreno no urbanizable de especial protección forestal. Se encontraban entre las poblaciones de Benidorm y Finestrat. Pero, un hecho curioso había ocurrido cuatro años atrás: un incendio había arrasado una parte de los terrenos.
El suelo en parte carbonizado fue adquirido por varios empresarios. Eliseo Quintanilla, fue uno de ellos. Dedicado al negocio farmacéutico y ex presidente de la patronal alicantina, entonces era vicepresidente en representación del sector empresarial de la sociedad creada para promover el parque. Lo compró por 8 millones de pesetas, y tras la recalificación, se embolsó 9 millones de euros por la venta.
Los otros compradores del suelo fueron la Familia Puchades de Benidorm y el empresario francés Roch Tabarot. Pero, con los suelos aledaños del parque también se hizo negocio. Y de entre quiénes lo realizaron, destacó la empresa Los Almendros, en cuyo accionariado estaban la entonces esposa de Eduardo Zaplana y la madre de esta. Su suegro, senador del PP, también era accionista, según la web Los Genoveses.
La polémica con el suelo no acaba aquí. Hay más. En 2004, Terra Mítica entraba en suspensión de pagos. El gran sueño de Zaplana se convertía en pesadilla para su sucesor –con permiso de Olivas- y posterior enemigo Francisco Camps. Para sacar al parque de su situación agónica, a la Generalitat se lo ocurrió una idea: subastar 216.000 metros cuadrados del suelo de reserva. Es decir, ganar dinero jugando a la especulación urbanística.
Pero, se toparon con un problema: Pérez Devesa (PP), alcalde de Benidorm. Enfrentado con el Consell debido a su afección al bando del ex president, promovió informes y una resolución del ayuntamiento en que se declaraban en contra de la actuación urbanística. Según cuenta el libro Tierra de Saqueo, ante tal situación tuvo que intervenir Zaplana para desatascar el embrollo. Se llegó a un pacto: los zaplanistas aceptaban la subasta de terrenos, pero el Consell cedía en que no se iban a vender varias parcelas, sino que sería un único comprador quién lo hiciera. ¿Y quién los compró? La sombra omnipresente de Alicante: Enrique Ortiz.
Casualmente, Ortiz había formado parte de la agrupación de interés económico Gestión y Financiación de Infraestructura (GFI) que tenía una porción pequeña del accionariado del recinto. En esa agrupación había otras empresas relacionadas con el PP: Sedesa, Cyes, Luis Batalla y Hormigones Martínez. Empresas implicadas, posteriormente, en la supuesta financiación ilegal del PPCV. El parque estaba controlado accionarialmente por la Generalitat y las cajas de ahorro.
Asimismo, había otros empresarios destacados que tenían participaciones: Juan y José Lladró o Andrés Ballester, estaban entre ellos. Este, gran amigo de Zaplana, asumió la dirección del complejo de julio de 2006 a 2007. Terra Mítica se vendió en 2011 por 65 millones. El pufo era total: había costado 400. “Ante los escándalos, me pareció extraño que muchos empresarios que eran accionistas no pidieran ningún tipo de responsabilidad civil o penal”, comenta Camarasa. Es el olvido de un caso con indicios de gran escándalo reducido a lo mínimo. Terra Mítica como gran montaña rusa de la sospecha.
* El Diario - MP - 21.3.15
Foto: Benidorm (Alicante), parque Terra Mítica - elpais
Manifiesto abierto por los espacios urbanos de Madrid
A raíz de los movimientos antiglobalización se han venido desarrollando en España y en otros países multitud de espacios urbanos autogestionados, con distintas formas de actuación comunitaria. En Madrid, junto con otras ciudades del país, se llegó en 2011 a la confluencia del llamado Movimiento ciudadano 15M, y después se han multiplicado estos espacios sociales que han llenado los barrios de distintas inquietudes cívicas, siendo el Urbanismo y la mejora de la vida cotidiana uno de los más significativos. La importancia de estos movimientos tiene como ejemplo destacado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que ha tenido una actuación estelar de amplia repercusión en los últimos tiempos.
"BASURAMA* : Una de las situaciones más fructíferas que ha dado nuestra época ha sido la multiplicación de espacio urbanos autogestionados, que han venido aparejados a una enorme toma de conciencia de la importancia que debe tener la ciudadanía en la gestión de la ciudad y del territorio. Espacios urbanos autogestionados de todo tipo: espacios públicos, espacios sociales, espacios culturales, espacios centrales y periféricos, espacios ciudadanos, vecinales o como lo quieras llamar.
Hay espacios espectaculares y recoletos, los hay de gestión híbrida, municipal o independiente, están ocupados, okupados, cedidos, alquilados… Espacios que han devuelto a la ciudad y a la calle su función imprescindible de escenario, entorno y ambiente de la vida en común. Han sido los espacios que han propuesto ciudades españolas vivibles para todos y todas, y en concreto, los lugares que han hecho de Madrid la ciudad viva y en marcha que es hoy en día, en lugar de la ciudad gris que le deparaba comerse los despojos de la crisis. Son los laboratorios donde se diseña el futuro, donde diseña la posibilidad de las vidas felices del futuro.
> Los miles de personas que han participado en Stop Desahucios, y en los movimientos de resistencia por puro sentido común, como son todos los barrios amenazados por la gentrificación, la casa de Ofelia Nieto 29, en Madrid, el barrio del Cabanyal de Valencia o la fábrica Averly en Zaragoza.
> La posibilidad real de otra gestión de la crisis habitacional que ha propuesto la PAH, y que suponen Las Corralas de Sevilla, los bloques de la PAH Sabadell y la Cava, la Leona, la Manuela y Cadete en Madrid, así como el gran cambio mental que la PAH ha ofrecido a una sociedad inmobiliariamente enferma como la nuestra.
> Los prototipos necesarios para pensar el futuro del espacio público como bien común que ponen en marcha cada día, entre otros, El Forat de la Vergonya y Recreant Cruïlles en Barcelona, El solar Corona de Valencia, El Campo de Cebada, Esta es una plaza, y el Solar de Grilo en Madrid, así como todos los huertos urbanos que han proliferado en todo el estado, y también en todo Madrid, de Tetuán al pueblo de Vallecas, donde se reconstruye el lazo social entre grupos muy diversos que cultivan su sociedad mientras cultivan verduras.
> Lugares tan distintos entre sí como el Espacio Vecinal Montamarta de San Blas, El CSA La Tabacalera de Lavapiés, La Morada en Chamberí, el centro social Seco y la Villana en Vallecas, o el puente de colores de San Cristóbal de los Ángeles, han permitido que la gestión urbana “desde abajo” se extienda por toda la ciudad de Madrid, gestionando cada vez más realidad. Sin olvidarnos de los varios lugares que ha ido recuperando la gente de Moratalaz, la última una oficina de Caja Madrid abandonada, (poco antes de que muchos de sus activistas fueran detenidos,la semana pasada, de la manera más escalofriante por sacar una pancarta en un pleno municipal).
> Nota aparte merecen las trayectorias de las veteranas La Casika de Móstoles, La Casa Invisible de Málaga, y el Patio Maravillas de Malasaña, que tras muchos años y después de haber superado muchos procesos de agresión, tienen que seguir luchando por sus espacios tanto como el primer día. Como si no hubiéramos aprendido nada en ellas, con ellas, de ellas.
> Los inestables éxitos mutantes de Astra, en Gernika y de Can Batlló en Barcelona, siempre prototipando caminos y soluciones que eran impensables antes de que ocurrieran, incluso en medio de agresiones tan brutales como el derribo de Can Vies. La relativa estabilidad de el Ateneu candela de Terrasa, La Harinera de Zaragoza o los HirikiLabs de Tabakalera de Donostia, o la capacidad de escucha hacia Medialab Prado e Intermediae en Madrid demuestran que estos espacios son posibles, que no sólo pueden ser flor de un día; flores de olor exquisito y de muerte temprana.
Además de la amenaza constante de desalojos criminales para miles de familias, muchos de estos espacios están amenazados en estos días. Desde el cierre de La Invisible en Málaga, esta Navidad, hasta el desalojo preventivo anunciado para El Patio Maravillas este viernes, nos jugamos mucho de cómo gestionar nuestras ciudades; nos jugamos mucho de nuestras vidas.
El Campo de Cebada anunció su hartazgo la semana pasada, hartos de violencia y falta de cuidados por parte de los miles de usuarios de ese espacio. Esta es una plaza está esperando desde diciembre la respuesta del Ayuntamiento para sacar adelante un nuevo acuerdo de cesión del espacio que ofrecen al barrio desde hace más de seis años. El Solar de Grilo, por su parte, ha recibido una amenaza de desalojo recientemente, justo en el momento en el que consolida su dimensión más pública.
Aún tenemos frescos el desalojo a traición del bloque de la Obra Social de La PAH La Cava, donde vivían 13 menores, Los derribos de Ofelia Nieto 29, de Can Vies en Sants, Barcelona y de El Centro Social Okupado La Traba, que condujo a la reclamación del mercado de frutas y verduras de Legazpi para los vecinos, que se reúnen cada martes en Intermediae Matadero amparados por muchos amigos, entre ellos la FRAVM. Haciendo oídos sordos, el ayuntamiento ha sacado ese edificio a concurso; para instalar usos tan necesarios en el barrio como una biblioteca gastronómica y un Spa. A pocos metros de allí se anuncia la construcción de un centro comercial que atenta contra toda lógica urbanística y social.
En toda Europa y en el resto del mundo hay propuestas y experiencias similares, pero el caso español supone siempre entre todas ellas motivo de estudio y admiración. Siempre se resalta la inteligencia colectiva que ha supuesto y que, a su vez, genera para la gestión de la crisis en la que todos estamos inmersos. Debería suponer, también, motivo de orgullo para los que los tenemos más cerca, y además de disfrutar de ellos, debemos cuidarlos, construirlos y defenderlos ahora, porque defenderlos es defender nuestra(s) vida(s). Unas vidas posibles más dignas y felices para todos. Defendámoslos ahora, antes de que desaparezcan y los echemos tanto en falta que no sepamos vivir sin ellos.
Nos jugamos, en realidad, cómo vamos a vivir, a gestionar, diseñar y construir nuestras ciudades. Mañana será demasiado tarde. Sabemos que la primavera de 2015, con su acelerado ciclo electoral, será movida, pero ningún político que piensen que la política consiste en votar cada cuatro años podrá destruir nuestras vidas ni nuestras ciudades.
Por todo ello, exigimos el derecho a la ciudad. Exigimos el cuidado y la responsabilidad de las ciudadanas e instituciones de Madrid, para continuar creciendo y ayudando a que estos espacios puedan continuar existiendo, puedan seguir haciendo-en-común. Como medida inmediata demandamos el realojo de El Patio Maravillas en un espacio municipal, y la suspensión de su desalojo hasta que ese espacio no esté cedido con todas las garantías.
Llamamos también desde aquí a seguir a defendiendo y cuidando todos aquellos espacios que nos han permitido ser y hacer en común.
#StopDesahucios #ElPatioseQueda.
* Diagonal - Basurama - 17.3.15
Foto: Madrid, protesta desalojo Patio Maravillas - diagonal
Investigan por prevaricación a la cúpula de Urbanismo de Alicante
Las irregularidades urbanísticas en el Ayuntamiento de Alicante ya se cuentan por dos cifras al menos. Pendientes numerosos juicios relativos a los casos del Plan General, Brugal, etc, con los alcaldes 'populares' Alperi y Castedo imputados por favorecer al constructor amiguete Ortiz; ahora sale una noticia sobre una licencia ilegal concedida a un chalé hace 14 años nada menos. Casi es de risa comparándolo con los asuntos anteriormente comentados, pero también que no se haya ejecutado una sentencia práctica tantos años después, lo que vuelve a demostrar la lentitud exasperante de la justicia urbanística que, lejos de implantar la ley rápidamente, dando ejemplo, al final termina beneficiando a los propios infractores.
"GEMA PEÑALOSA* : La cúpula de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante está bajo la lupa de un juez por una licencia urbanística que no se ajusta a la Ley. En síntesis, las pesquisas pivotan en que el consistorio autorizó en su día, hace 14 años, la construcción de un chalé que invade una zona verde. Lo llevan diciendo desde 2001 varios juzgados de lo contencioso e incluso el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), quienes acreditan que, efectivamente, hay una invasión, al tiempo que aprecian un error en la concesión de la licencia.
La querella a la que ha tenido acceso este periódico pone el acento en una conducta municipal «arbitraria» y habla de «trato de favor» hacia la constructora que levantó el chalé, Urbana Juárez SL. El magistrado ha abierto una investigación tras admitir el escrito por un presunto delito de prevaricación por omisión. El escrito se sustenta en el permiso de obra de una casa situada en la zona del Cabo de las Huertas que los denunciantes consideran ilegal; en el hecho de que el consistorio, pese a reconocerlo en numerosos escritos, todavía no haya ejecutado la demolición de la parte que está fuera de ordenación y en la tramitación de una nueva solicitud de licencia de ocupación sobre un «plano falso».
La querella señala a la actual concejal de Urbanismo, Marta García-Romeu (pese a que no fue elegida en ese cargo hasta 2011), a quien fuera gerente de Urbanismo, Enrique Sanus -imputado en el caso Rabasa-, un técnico, José María Navarro Lifante, y el letrado del Ayuntamiento Pablo Núñez de Cela. Por el momento, el juez no les ha llamado a declarar.
La denuncia se presentó a finales del pasado mes de octubre en un juzgado alicantino. Tras estudiarla, el magistrado la admitió a trámite y abrió diligencias de investigación. El delito: prevaricación por omisión. El trasfondo es tremendamente técnico y está trufado de resoluciones, escritos y cambios de criterio aunque podría resumirse en que todas las partes -Ayuntamiento y querellantes- están de acuerdo en que hay un exceso de obra pero el órgano competente para derribarla (el Ayuntamiento) no termina de ejecutarlo ni de instar a un desalojo para hacerlo. Además, según la querella, hay otro contratiempo: que el consistorio, dice, ha comenzado un nuevo trámite para legalizar el chalé con un plano «falso» y con el criterio de otra topógrafa, ya que el anterior, recuerda, siempre concluyó que el muro de cerramiento invadía una parte de zona verde. «Se tramita la nueva solicitud de licencia de ocupación con un plano falso».
El asunto arranca en el año 2001. La anomalía se detectó en el muro de cerramiento que al parecer invadía una zona verde, tal como consta en el escrito. El chalé quedaba «fuera de alineación exterior de cerramiento así como de las distancias de retranqueo marcadas por la ley». A juicio de los querellantes, la parcela quedó mal delimitada y la vivienda no se ubica en el lugar que le corresponde. Al parecer, y según indican, el topógrafo municipal les dio la razón. Sin embargo, continúan, la incorporación de un nuevo topógrafo ha variado el criterio y hay una nueva tramitación en curso.
Por su parte, García-Romeu rechazó cualquier atisbo de ilegalidad. «Se trata de un expediente en el que yo nunca he intervenido desde que tomé posesión, únicamente firmé la denegación de la licencia de primera ocupación como puede verse en todos los papeles». «Por eso, he solicitado el sobreseimiento de la causa y, por supuesto, la Justicia puede contar con mi total colaboración», concluyó.
'UNA NUEVA LICENCIA SOBRE UN PLANO FALSO'
Este asunto es una 'herencia' de Sonia Castedo. Cuando era edil de Urbanismo, la querellante ya denunció estos hechos. Desde el Ayuntamiento se reconoció que había un error, que se invadía un viario de zona verde y en ese segmento de tiempo Castedo modificó la licencia. En ese momento, un juez tuvo que archivar la causa pero dejó la puerta abierta a futuras investigaciones. Se sobreseyó, dijo, «con independencia de que en un futuro pueda haber responsabilidad respecto a la licencia de ocupación». Desde entonces, las demandas en los tribunales han sido constantes. El Ayuntamiento siempre ha reconocido que había un error en la licencia pero, sin embargo, nunca lo ha solventado. Lo más llamativo se produjo después de que en enero de 2014, la querellante advirtiera al Ayuntamiento de que emprendería acciones penales por el «reiterado y consciente incumplimiento de los acuerdos municipales». Después se produjo una reunión, que es el foco de la polémica. El escrito asegura que la querellante se reunió con José María Navarro y que éste le informó de que estaba tramitando «de nuevo» la licencia de primera ocupación» y que «se había de conceder porque el proyecto cumplía la legalidad urbanística». La querellante solicitó entonces una addenda del arquitecto municipal. «A continuación se produjo una reunión con el arquitecto, con Navarro y la jefa del departamento de Cartografía y los técnicos municipales mostraron el plano del que partía la documentación de la licencia de primera ocupación, que nada tenía que ver con el autorizado por la licencia de obras. Es decir se tramita la nueva solicitud de licencia con un plano falso». El asunto ahora está en manos del magistrado que será quien decida qué curso tomará.
* El Mundo - GP - 16.3.15
Foto: El polémico cerramiento del chalé ubicado en el Cabo de las HuertaS. M. LORENZO
La alcaldesa de Madrid revende en vísperas de las elecciones proyectos estancados durante años
Llegan las elecciones municipales y autonómicas y los políticos de turno se aprestan a dejar 'atado y bien atado' su negocio urbanístico. En Madrid al menos 12 magnos proyectos (ver a continuación) han sido rescatados ahora por A.Botella, que los vende como de su propia cosecha, cuando todos vienen de muchos años atrás y ya en su día fueron descartados por despilfarradores o de irregular realización. La herencia del faraón A.Gallardón se deja sentir demasiado en una ciudad con el récord absoluto de deuda pública y que todavía no ha encontrado su correcto lugar urbanístico, perdida entre pelotazos y obras sin sentido que no han contribuido para nada al bienestar básico ciudadano, mientras suponen arrastrar mayores pérdidas económicas.
"ÁNGEL CALLEJA* : Ana Botella se fotografió este lunes en la nave Boëtticher para presentar Madrid Campus de la Innovación, el proyecto con implicación de agentes privados (Microsoft, Ferrovial, Telefónica...) que dará contenido a una infraestructura remodelada con dinero público (40 millones de euros), pero sin actividad desde los años 90. Antes que ella, Alberto Ruiz-Gallardón ya se dejó retratar en estas instalaciones en un puñado de ocasiones.
Sin embargo, la antigua fábrica industrial de Villaverde no es el único proyecto que el Ayuntamiento de Madrid ha vendido en más de una ocasión sin que los madrileños hayan podido disfrutar de ellos. La propia Botella ha emprendido en los últimos meses una carrera de reinauguraciones, presentaciones y cambios urbanísticos a fin de aportar a su legado algo más que la austeridad impuesta por la deuda que le dejó su predecesor, la huelga de limpieza o la venta de viviendas sociales a fondos buitre. La alcaldesa ha llegado a ofrecer bajadas de impuestos para cuando ya no esté.
Doce proyectos nada nuevos
Reforma de la Plaza de España.
Gallardón la anunció en mayo de 2011 como su gran baza electoral para mantener la Alcaldía, pero no dio ni un paso para su ejecución. Su sucesora recogió el testigo y anunció la recuperación del plan en agosto de 2014. El proyecto, para el que el magnate chino Wang Jialin (propietario del Edificio España) aportará 30 millones de euros, supone la eliminación de 12.500 metros cuadrados de asfalto y el soterramiento del paso elevado entre Ferraz y Bailén. Las obras empezarían este año, pero no se ha firmado ningún documento con los inversores privados que financiarían la operación. Las propuestas de los ciudadanos, que incluyen situar en este enclave la estatua del dios Neptuno, se presentaron el viernes 13 de marzo.
Mercado de frutas de Legazpi.
En 2008 iba a acoger las nuevas oficinas de la Gerencia de Urbanismo, pero la crisis desbarató la propuesta de reformar de Pesquera y Ulargui Arquitectos, que ascendía a 78,4 millones de euros. En 2012 se planteó en él un intercambiador, un aparcamiento y un mercado de abastos. El proyecto definitivo del Ayuntamiento, divulgado el 20 de febrero, pasa por construir un espacio 'gourmet', una zona comercial, un polideportivo y una biblioteca. Los vecinos de Arganzuela han reclamado -sin éxito- la cesión de estos 34.500 metros cuadrados para fines culturales y sociales, como ha hecho con El Campo de la Cebada o La Tabacalera, pero el Ayuntamiento prefiere adjudicar la rehabilitación (que asciende a 54 millones) y gestión a un promotor privado durante 40 años.
Nave Boëtticher.
La primera piedra para su rehabilitación se colocó en 2009. El exalcalde Gallardón anunció la apertura de la 'Catedral de las nuevas tecnologías' media docena de veces, pero nunca cumplió. En marzo de 2014, Botella aseguró que el edificio estaba "en la fase final de su rehabilitación". El portavoz de IU en la Junta de Villaverde, Javier Muñoz, denuncia "la desvergüenza de vender unas instalaciones que ya han anunciado, prometido y presentado cada vez que se acercan unas elecciones". "Hoy por hoy, la Boëtticher sólo es un carísimo decorado para que se hagan selfies los cargos del PP", según Prado de la Mata, coordinadora de la formación en el distrito.
Casa de la Carnicería.
La empresa pública Paradores rechazó en 2007 la oferta consistorial para instalar un hotel con vistas a la Plaza Mayor en las antiguas dependencias de la Junta Municipal de Centro. En 2012, UPyD denunció la degradación del inmueble mediante unas fotografías publicadas por 20minutos. El Ayuntamiento no publicó el anuncio de la licitación de la concesión hasta el pasado 3 de marzo.
Faro de Moncloa.
José María Álvarez del Manzano lo inauguró en 1992 como punto de interés turístico y torre de comunicaciones, aunque también se pensó como centro de control de tráfico. Se presupuestó en 2,2 millones, pero acabó disparándose hasta los 3,8. Cerró por problemas de seguridad tras el incendio de la torre Windsor en 2005. Gallardón gastó 5,6 millones del Plan E en adecuarlo a la normativa de edificios, pero nunca fue reabierto ni tuvo restaurante, como llegó a barajarse. Botella se subió a su terraza en febrero para anunciar las obras de renovación, que lo convertirán en mirador y oficina de turismo. En el futuro, podría albergar una cafetería y una terraza.
Centro Internacional de Convenciones.
Más conocido como "el agujero de la Castellana". Gallardón lanzó la idea de dotar a Madrid de un palacio de congresos singular en 2004. El concurso de ideas fue convocado en 2006, pero el diseño de Emilio Tuñón, Luis Moreno Mansilla y Matilde Peralta del Amo, que emulaba a un sol naciente, vio la luz en 2007. Las obras se detuvieron en 2010. Botella anunció el desbloqueo de los trabajos en diciembre de 2014. La cesión de la parcela a un privado durante 75 años permitirá aprovechar los casi 100 millones invertidos en cimientos para una dotación pública municipal y usos recreativos y de ocio con pequeño y mediano comercio.
Operación Chamartín.
Sin desarrollo desde 1997. El consorcio urbanístico 'Prolongación de la Castellana', creado en 1997, implica al Ayuntamiento, la Comunidad, el Ministerio de Fomento, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), y la empresa DUCH, liderada por el BBVA. La firma del convenio que relanzaría el plan estaba prevista para 2008, pero no fue hasta el pasado 30 de enero cuando las partes implicadas, incluida Botella, rubricaron el soterramiento de las vías de tren, la prolongación de la Castellana y la creación de un área residencial con 17.000 pisos.
Operación Calderón.
Incluye la demolición de la fábrica de Mahou (ya ejecutada) y del Vicente Calderón, el traslado del Atlético de Madrid al estadio de La Peineta, el soterramiento de la M-30 a su paso por Arganzuela y la construcción de ocho bloques de viviendas, dos rascacielos de 36 pisos (un total de 2.000 viviendas) y un parque. El Ayuntamiento aprobó el plan urbanístico en 2009. En 2012, el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) lo paralizó por incumplir las alturas máximas previstas en la normativa del suelo. La Comunidad de Madrid cambió la ley para sacarlo adelante. Por el camino, el Supremo tumbó la sentencia del TSJM. El pleno del Ayuntamiento aprobó el plan definitivo en 26 de noviembre de 2014. La nueva fecha para la conclusión de las obras es el año 2022.
Teatro Daoíz y Velarde. El 28 de diciembre de 2006, Día de los Inocentes, los madrileños se despertaron con la sorpresa de que el antiguo cuartel militar, de 7.000 metros cuadrados, se transformaría en teatro infantil y centro cultural. Hoy, permanece sin butacas ni escenario. Botella realizó una 'inauguración fantasma' en febrero, pero la exposición temporal a la que asistió dejará paso de nuevo al polvo, ya que no existe proyecto de gestión.
Bajada de impuestos.
La alcaldesa prometió en septiembre de 2013 una rebaja del IBI para 2016, a pesar de que abandonará la política activa tras las elecciones municipales y autonómicas de este año. El 10 de febrero de este año repitió su mensaje, añadiendo que el recibo descenderá hasta un 20%. El 12 de marzo aprobó un Plan Presupuestario a Medio Plazo (sic) que incluye estas medidas y que servirá de "marco" para el próximo alcalde.
Parque Olímpico.
Las candidaturas de Madrid para organizar los Juegos de 2012, 2016 y 2020 fracasaron una tras otra, por lo que el Parque Olímpico situado en San Blas quedó sin sentido. El Ayuntamiento reordenó la parcela en octubre para convertirla en un corredor verde con un estadio y parking disuasorio, 300.000 metros cuadrados de zonas verdes y nuevos paseos y viales.
Paseo de la Dirección.
El Pleno municipal sacó adelante el definitivo Plan Parcial de Reforma Interior del Paseo de la Dirección en febrero. En diciembre ya había vendido la ampliación de las zonas verdes y la mejora de las conexiones. Su rehabilitación lleva prevista desde antes de los años 80. El nuevo proyecto, que se iniciará "en unos días", según el Ayuntamiento, prevé 500 viviendas libres y 1.500 protegidas o de precio limitado.
* 20 Minutos - AC - 17.3.15
Foto: Madrid, Botella en la nave Boetticher - ayuntamiento
Un derribo inapelable en Alcanar
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El llamado 'caso Turov' sobre la construcción ilegal de 32 apartamentos en Alcanar (Tarragona) ha llegado al fin de los recursos planteados. La lentísima justicia ha tardado 12 años (doce) en dictar sentencia de derribo para un asunto que parecía de libro. Al transcurrir tanto tiempo, en realidad es ahora cuando van a empezar los problemas para su ejecución, ya que los propietarios están dispuestos a defender hasta el final su ilegalidad y, además, son apoyados por el cómplice gobierno municipal de ERC, con lo que la situación puede demorarse eternamente si no se ponen los medios adecuados. Esto es lo que ocurre con la 'injusta' justicia urbanística en este país: se tarda demasiado en sentenciar, cuando se logra hacerlo, y luego es tarde para encontrar una buena solución para todos. Aquí lo hemos denunciado desde hace años, pero lejos de mejorar, las cosas empeoran en la mayoría de los casos para los imprescindibles derribos de restitución de la Ordenación Territorial.
"ELPAÍS* : A primera vista nada hace presagiar que el bloque tenga los días contados. La hierba del jardín está cortada y peinada. La alfombra verde aparenta recibir un minucioso cuidado como el agua de la piscina, cristalina y sin bichos ni hojas, pulcritud nada fácil en una tierra ventosa como el Montsià. Las apariencias engañan. El carpetazo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al caso Turov de la urbanización Serramar en Alcanar ordena el derribo de 32 apartamentos construidos bajo una licencia urbanística contraria a la ley.
Es el principio del fin de un asunto que colea desde hace 12 años. Para disipar titubeos, la sentencia concluye indicando que el veredicto no es “susceptible de recursos”.
En dos meses habría que derribar el bloque, pero en Alcanar no son pocos los que dudan de que se actúe con presteza. “Todavía será lento. Falta un informe técnico para decidir cómo lo tumbamos, luego habrá que aprobar la partida presupuestaria y, por último, un concurso público para adjudicar los trabajos”. Manel Martí, concejal de Urbanismo, advierte de que cumplir la sentencia “será complicado. Se ha optado por la solución más traumática. Si algún vecino no se quiere ir tendrán que mandar a los Mossos d’Esquadra”.
Verónica reside en Amposta. De vez en cuando echa una ojeada al apartamento que su amiga Lina, de Zaragoza, tiene en Serramar. “Ella está segura de que no lo derribarán, porque hay mucha gente afectada”. Lo mismo piensan en la inmobiliaria Nurgem, que durante años ha gestionado alquileres y compraventas en el bloque. “Se arreglará, el Ayuntamiento se pondrá de por medio y no los tumbarán”, pronostica una responsable de la agencia.
“¿Cómo lo solucionará el Ayuntamiento? ¡No tenemos margen de actuación!”, exclama el concejal. Es más, lamenta que demasiado en medio está el equipo actual en un asunto en el que “no tuvimos ninguna responsabilidad”. Martí señala a Batiste Beltrán, antiguo alcalde ya fallecido, y lo acusa de desencadenar los desmanes urbanísticos. “Se dedicaba al asunto inmobiliario y tenía su oficina al lado del Ayuntamiento”, dice.
Pero el caso Serramar se empezó a torcer con el sucesor de Beltrán, el socialista Ricard Bort. El equipo actual (ERC) piensa llevarle a él y a su junta de gobierno al juzgado si Alcanar es condenado a pagar indemnizaciones. “Quizá ya les llegó el caso envenenado del anterior alcalde, pero si el pueblo termina pagando, los responsables deben responder por daños y perjuicios”. Ellos, dice Martí, aprobaron en julio de 2003 una licencia de obras que contravenía la normativa municipal. Las responsabilidades se ampliarán a los técnicos que no frenaron la concesión de una licencia que permitió 32 apartamentos en una zona planificada como ciudad jardín y donde, como máximo, se podían levantar nueve casas unifamiliares. Secretaria y arquitecto municipal y el jurista de Urbanismo (“jamás emetió ningún informe”) serán exigidos judicialmente, “porque si el Ayuntamiento sufre un daño tiene que intentar resarcirse”. Ninguno de los supuestos responsables sigue en el Ayuntamiento.
La sentencia del TSJC critica duramente la manga ancha con que actuó el Consistorio y añade que “no es cierto que el único parámetro vulnerado fuera la densidad máxima. La licencia también infringía el parámetro relativo a las distancias”.
En la misma calle, la propietaria de una espaciosa casa observa el bloque condenado. Es la única vecina que ha resistido la batalla judicial. Tenía un motivo poderoso: “Me instalé aquí en febrero de 2003 y en julio empezaron las obras”. Y la panorámica sobre la montaña quedó eclipsada. Otros atribuyen su persistencia al desacuerdo con la indemnización ofrecida por la promotora de la obra, Turov, de Badalona.
Desde el Ayuntamiento no esconden las dificultades con la vecina, pero también recuerdan que cuando estalló el asunto y ella pedía explicaciones, alguien la despachó con un “si tienes tantas quejas no vengas al Ayuntamiento, vete a los tribunales”.
* El País - Marc Rovira - 15.3.15
Foto: Alcanar (Tarragona), viviendas ilegales - elpais
España, el país donde hay más AVE y donde menos se utiliza
El despilfarro del AVE español es famoso ya en el mundo entero, que contempla con estupor como un país endeudado hasta las cejas y con unas carencias sociales evidentes, es capaz de tener una línea de Alta Velocidad de 3.000 km (solo superada por China), cuando, además, el promedio de viajeros es insuficiente y solo genera más perdidas en todo su trazado. Solo hay que hacer la cuenta de 18 millones de media por km construido. Para más inri se ha arruinado el ferrocarril tradicional para cortas o medias distancias que era el más utilizado por la población en general e, incluso, las nuevas líneas no permiten por su configuración el transporte de mercancías, con lo que la inutilidad y el abuso estaba garantizado de antemano. Hecho ya este despropósito irracional, los altos cargos políticos no han sido siquiera juzgados por el mayor delito público ocurrido en el país y, según parece, van a irse 'de rositas' tras las enormes pérdidas dejadas para la ciudadanía.
"EXPANSIÓN* : España se ha convertido en un gigante global en el tren de alta velocidad. Algo más de veinte años después de que se pusiera en marcha la primera línea de AVE -la que une Madrid y Sevilla y que arrancó en 1992-, el país ha escalado hasta la cima de las potencias mundiales en este tipo de transporte. España no fue el primero (Japón inauguró su primera ruta en 1964, y Francia en 1981), pero sí es uno de los países que más ha acelerado.
España cuenta actualmente con +2.500 kilómetros de vías de ferrocarril de alta velocidad, lo que nos convierte en el segundo país del mundo con una red más extensa en términos absolutos (sólo por detrás de los 11.000 kilómetros con que cuenta China, el país de las magnitudes siempre desproporcionadas), según los datos de la Unión Internacional del Ferrocarril (UIC).
Sin embargo, en términos relativos, poniendo en relación la extensión de la red y la población del país (una ponderación comúnmente utilizada por los expertos en la materia para calibrar mejor las magnitudes), España es líder global indiscutible con 54 kilómetros de vías de alta velocidad por cada millón de habitantes. Francia, con 31 kilómetros por millón de ciudadanos; Bélgica, con 19; y Japón, con 16, nos siguen... de lejos. Y la tan populosa China, con sus más de 1.300 millones de habitantes, se hunde hasta la parte baja de este ranking, con sólo 8 kilómetros de alta velocidad por cada millón de personas.
Contabilizando los kilómetros de red ahora en construcción, el liderazgo de España en términos relativos se refuerza. Está previsto que la red de alta velocidad española sume en los próximos años unos 1.200 kilómetros más, hasta un total de 3.700 kilómetros (la red china escalará hasta los 14.600 kilómetros, por otro lado). Con la nueva dotación, la ratio española crecerá hasta 79 kilómetros por millón de habitantes de España, abriendo una mayor brecha con Francia (43), Japón (23), Bélgica (19) o Alemania (18).
Mucho AVE, poco uso
"España destaca por su liderazgo en dotación de infraestructura una vez corregida por población, lo que contrasta con el escaso uso de la misma, muy por debajo del resto de redes de alta velocidad" internacionales, según destacan Daniel Albalate y Germà Bel, profesores de la Universidad de Barcelona, en un estudio para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre el desarrollo de la alta velocidad en el mundo y sus efectos. "La implantación de una infraestructura no implica necesariamente su uso, por lo que los países con mayor dotación pueden no ser los que tienen un mayor número de pasajeros". Y ése es precisamente el caso de España.
El AVE español transportó el año pasado algo más de 29 millones de pasajeros, un 14% más que en el ejercicio anterior. Un registro que le coloca a años luz de los más de 420 millones de usuarios de la alta velocidad china o los 330 millones de pasajeros de Japón (en ambos casos, con datos de 2012). Los datos de España son pobres en términos absolutos, pero también en términos relativos. El AVE de España cuenta con poco más de 11.500 pasajeros por cada kilómetro de vía operativo. Muy por detrás de los 158.121 pasajeros por kilómetro de Japón, los 132.000 de Corea del Sur, los 106.000 de Taiwán o los 61.400 de Francia.
Rentabilidad
Con estos datos, la alta velocidad española está, claro, lejos de la rentabilidad. Algo que no es exclusivo del AVE nacional, ya que según los expertos de Fedea en todo el mundo sólo han conseguido ser claramente rentables las líneas entre Tokio y Osaka, y entre París y Lyon. Y más recientemente, pero de manera mucho más modesta, también la ruta china entre Jian y Quingdao.
"La tecnología de alta velocidad ferroviaria es extremadamente exigente en costes, lo que exige unas densidades de demanda muy elevadas para que esta inversión genere beneficios sociales. Aún más, si tenemos en cuenta su escaso impacto sobre la actividad económica agregada, sus efectos centralizadores en el sector servicios, el potencial de degradación de la oferta convencional de ferrocarril, y los efectos perjudiciales en el ámbito de la cohesión territorial y la equidad personal", sentencian los profesores Albalate y Bel.
Según los expertos, la inversión en alta velocidad puede llegar a ser rentable en corredores de media distancia entre áreas metropolitanas muy pobladas, que sufren un problema de congestión en sus comunicaciones, y con una demanda potencial realmente elevada. Sin embargo, "en la práctica se ha tendido a extender las redes mucho más allá de lo que hubiese sido razonable, con resultados económicos y sociales precarios, que están muy lejos de ser compensados por beneficios extraeconómicos de los que no existe evidencia".
Y en este contexto, "el caso español es especialmente extremo, constituyendo un modelo de política equivocada, puesto que ha dado lugar a la red de alta velocidad más extensa del mundo en términos relativos (y la segunda en términos absolutos, con los niveles de demanda más bajos entre todos los países en que se ha implantado".
No obstante, los expertos de Fedea apuntan que España se encuentra entre los países en que la construcción de las líneas soportan costes más bajos, con una inversión media necesaria de 18 millones de euros por cada kilómetro de vía. Sin embargo, en el informa se subraya que en esta cifra no se incluye los costes de construir las estaciones del trayecto ni las indemnizaciones por expropiaciones.
Sólo China presenta un importe más ajustado que el español (con entre 6 y 17 millones de euros por kilómetro, según las líneas). Muy lejos se sitúan los países que se encuentran entre los que afrontan costes más elevados, como Italia, con 61 millones de euros por kilómetro; Japón, con 53 millones; o Corea, con 42 millones.
* ExPansión - David Page - 9.3.15
Foto: AVE no, Tren sí - ecologistasenaccion.org
