Medina del Campo fue en el siglo XVI el centro de las ferias comerciales de toda la península. De aquella época quedan aun importantes monumentos, a pesar de que muchos hayan desaparecido o estén en claro abandono. El gran Hospital de Simón Ruíz (BIC) es uno de los que están olvidados, lamentablemente, pues merecía mejor suerte dada su notable construcción. Pero ya se sabe que la política de Restauración y Rehabilitación de la Junta 'popular' de Castilla y León deja mucho que desear y es triste la dejadez de muchos monumentos declarados en su Comunidad. Hace pocos días el Hospital medinense sufrió otro importante derrumbe, uno más, por lo que por fin parece que la Fiscalía se ha dignado actuar ante la denuncia efectuada por 'Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio de Valladolid' que llevan largos años defendiendo una urgente restauración integral.
"ELADELANTADO* : Fiscalía de Valladolid acordó abrir diligencias penales ante el deterioro del Hospital de la Purísima Concepción y San Diego de Alcalá de Medina del Campo, declarado Bien de Interés Cultural y conocido como Hospital de Simón-Ruiz. En estado de ruina, el pasado día 13 de noviembre el inmueble sufrió el derrumbe de parte del mismo, en concreto de la espadaña de la capilla.
Tal circunstancia llevó a la Fiscalía vallisoletana a decretar la apertura de diligencias para “verificar el alcance y posible relevancia penal de los hechos”.
Así, entre otras pruebas, la acusación pública pidió que se librase oficio a la Sección de Patrimonio Histórico del Servicio Territorial de Cultura de Valladolid y al Ayuntamiento medinense para solicitar informe acerca del estado actual del BIC, última restauración que se hubiese llevado a cabo, medidas ejecutadas desde la misma para su conservación y si se adoptó o está prevista alguna con carácter urgente, tras producirse el derrumbe de parte del inmueble.
Y es que la Fiscal Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo recordó a que la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León asignase la “máxima protección y tutela” a los BIC y en su artículo 2 señala como deberes de la Comunidad “garantizar la conservación de su patrimonio cultural”, mientras que el artículo 24.1. deja bien claro que los propietarios están “obligados a conservarlos, custodiarlos y protegerlos debidamente para asegurar su integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro”.
En este sentido, la aludida norma prevé la ejecución subsidiaria e incluso directa por la Administración de las obras necesarias para la eficaz conservación de los bienes, cuando los propietarios no realicen actuaciones pertinentes para el cumplimiento de sus obligaciones.
El edificio, en la confluencia de la calle Costado del Hospital y la Avenida de Portugal, fue declarado Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, por Decreto de 13 de junio de 1991, y protegido como tal en la Ley 12/2002, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y Decreto 37/2007, de 19 de abril, del Reglamento de Protección del Patrimonio Cultural de la Comunidad.
Pese a ello, el monumento, propiedad de la Fundación Simón-Ruiz Envito, cuyo Patronato preside la alcaldesa socialista del municipio, Teresa López, sufrió un deterioro progresivo en los últimos años.
Construido a finales del siglo XVI y principios del XVII, fue Hospital de Medina del Campo hasta finales del siglo XX, después en sus dependencias albergó el Centro de Salud, algunas peñas del municipio y fue lugar donde ensayaba una banda de cornetas y tambores de Medina del Campo.
En los últimos años dejó de tener uso salvo el de almacén municipal, a pesar de que es BIC y está prohibido este uso. Su actual estado, según refiere la Fiscalía, propició incluso el acceso de terceras personas que llegaron a sustraer elementos del Retablo Mayor de la capital, hechos por los que se siguió procedimiento abreviado en el Juzgado de lo Penal 2.
La apertura de la presente investigación respondió así a la denuncia pública formulada a mediados de noviembre por la Asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio de Valladolid, que, pese a algunas opiniones locales minimizaron lo ocurrido, ya alertaba entonces de la “pérdida irreparable” del monumento ante la particularidad de cada una de las partes del Hospital así como de la construcción en ladrillo mudéjar datada a finales del siglo XVI y principios del XVII.
“Desgraciadamente este derrumbe no será el último si no se acometen en breve actuaciones puesto que el tejado cercano a la iglesia está en malas condiciones, incluso un lateral de la primera planta está en estado lamentable”, apuntó el colectivo.
La asociación incidió además en que el derrumbe coincidió con la celebración de la pasada Feria AR&PA de la Junta en la que la temática de este año era ‘Sociedad y Patrimonio’.
Sin embargo, a fecha actual no se produjo ninguna actuación al respecto ni existe un programa de rehabilitación y gestión del edificio, pese a los “numerosos intentos” en los últimos años por rehabilitarlo y propuestas para darlo una “gestión sostenible y eficaz”, una de las “prioridades” en la sociedad medinense, lamentó el colectivo.
Por ello, Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio de Valladolid urgió en noviembre a la Fundación Simón-Ruiz a buscar una solución “urgente” puesto que es un edificio “fantástico y único” en toda España pero que “se viene abajo” por no acometer el problema de forma “directa”.
* El Adelantado - EP - 1.12.14
Foto: Medina del Campo, hospital de Simón Ruiz - museoferias
La Fiscalía investigará el deterioro del Hospital de Medina del Campo
El Tribunal Superior imputa a un exalcalde de Las Rozas y siete ediles
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Las Rozas es un municipio cercano a Madrid, situado en la zona rica de la provincia, que ha tenido, bajo gobiernos del PP, múltiples encontronazos urbanísticos con la justicia. Desde la redacción irregular del PGOU a la implicación en el caso de corrupción Gürtel. Ahora vuelve a ser actualidad la Ciudad del Fútbol, un pelotazo urbanístico de altos vuelos que data nada menos que desde 1998, cuando el ayuntamiento cedió una gran parcela a la Federación Española de Fútbol. Ha habido ya varias sentencias para anular esa concesión de 120.000 metros cuadrados, pero desde el municipio se han negado a ejecutarlas, con lo que la justicia da un ultimatum al exalcalde 'popular' para su obligado cumplimiento.
"ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado 10 días a la fiscalía para que solicite juicio oral contra el exalcalde de Las Rozas Bonifacio de Santiago (PP) y siete de sus concejales (dos continúan en el equipo de gobierno). Los imputados formaban parte de la Junta Municipal que decidió no ejecutar durante años una sentencia que les obligaba a anular la concesión de 120.000 metros cuadrados de suelo público a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El TSJM considera que actuaron con desprecio a toda la actuación judicial, “pasando por encima de la ley, con la finalidad de seguir beneficiando a la RFEF”.
El fiscal presentó una querella el pasado marzo contra los miembros de la junta por prevaricación, delito al que se suma el de desobediencia en el caso del exregidor, en la actualidad diputado regional y presidente de la Comisión de Presidencia y Justicia de la Asamblea de Madrid.
El complejo proceso judicial de la Ciudad del Fútbol, donde hoy se levanta el macrocomplejo deportivo sede de los entrenamientos de La Roja, se remonta a 1998, cuando el Ayuntamiento cedió la parcela a la RFEF. El equipo de gobierno (PP) obvió que se trataba de terrenos de dominio público, por lo que no se podía traspasar su propiedad. Los ediles socialistas y de IU, en la oposición, interpusieron un recurso contencioso administrativo, que ganaron en 2004. Tras una sucesión de recursos, la sentencia devino firme tres años después, con las instalaciones deportivas ya construidas.
La sala solicitó al Ayuntamiento su ejecución y que la Federación de Fútbol se abstuviera de realizar cualquier contrato, cesión o transmisión del suelo que había recibido. Lejos de cumplir el mandato, la Junta Municipal persistió en su actitud y concedió autorización en 2008. El auto del Tribunal indica que los imputados actúan “a priori, con conciencia y con total indiferencia sobre las consecuencias de sus actos” en la adopción de los acuerdos, “tanto en el momento en el que otorgan el permiso como cuando lo prorrogan”. Los ediles imputados son Francisco Javier Espadas, Antonio Garde, Isabel Grañeda, Gema Matamoros, Juan Ramón Ruiz, José Luis Álvarez y Pedro Núñez Morgades.
En 2009, el TSJM dio un paso más al responsabilizar personalmente al exalcalde de la ejecución de la sentencia en un plazo de 60 días. Comienzan también las advertencias de que se dará traslado al fiscal por una posible desobediencia. Avisos que no hacen mella en De Santiago. El Ayuntamiento otorga un nuevo aplazamiento “haciendo caso omiso”, constata el auto.
De Santiago ha alegado la prescripción del delito al haber transcurrido el plazo de tres años. El TSJM argumenta, sin embargo, que en los casos de delito continuado el vencimiento se computa desde el día que se cometió la última infracción. En este caso, desde que el alcalde cesó en su condición, el 10 de junio de 2011.
Fuentes municipales consideran el auto judicial “un trámite más dentro del procedimiento” y anuncian que va a ser recurrido por los concejales que están en la actual Corporación. Aclaran, al mismo tiempo, que la situación actual de la Ciudad del Fútbol está legalizada “tras cumplir el Ayuntamiento punto por punto la sentencia del TSJM”.
La Federación ostenta desde julio la titularidad de la Ciudad del Fútbol. Para poner fin a la situación, el equipo de gobierno llevó a cabo una modificación puntual del Plan de Ordenación Urbana, que permitirá edificar 685 viviendas y cambiar la calificación del suelo que ocupa la RFEF. Por último, convocó un concurso para una concesión administrativa, a la que solo se presentó la Federación Española de Fútbol. “Como no podía ser de otra manera, porque estaba hecho a su medida”, declara el portavoz del grupo socialista Miguel Ángel Ferrero.
El PSOE ha interpuesto un nuevo recurso contencioso administrativo, en el que denuncia el lucro obtenido por la RFEF durante 10 años en los que ha ocupado los terrenos sin pagar nada al municipio. Ferrero matiza que “no es solo la actividad deportiva: las instalaciones cuentan con restaurante, hotel, un espacio en el que tiene su sede otra empresa …”. Según sus cálculos, que se basan en las valoraciones realizadas por los técnicos municipales, la cantidad alcanzaría el millón de euros anuales. “Por no hablar de los 100.000 euros que ha costado a todos los roceños la defensa de todo este asunto, que además se ha perdido”, concluye.
* El País - ESTHER SÁNCHEZ - 2.12.14
Foto:Las Rozas (Madrid), ciudad del fútbol aérea- diariogol
Yebes (Guadalajara): el mayor pueblo de España sin un colegio
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Parece increíble que a estas alturas haya todavía en este país municipios como Yebes de más de 2.500 habitantes sin colegio público. La localidad alcarreña tiene más récords mundiales, como la de ser la única del mundo en tener una estación de AVE, lejana a Guadalajara, pero no tener colegio. Algo incomprensible y vergonzoso, se mire como se mire, y que parece tener su origen en un pelotazo urbanístico 'popular', familiares de E.Aguirre, alrededor de los terrenos recalificados para la alta velocidad. Así el crecimiento poblacional se ha disparado en los últimos años, pero la falta de Ordenación del Territorio en la zona sigue permitiendo que carezca de una infraestructura básica como es un colegio, imprescindible servicio público que está en la base de cualquier localidad de mucho menor tamaño.
"ELDIARIO* : Un municipio de Castilla-La Mancha ostenta el mal reconocimiento de ser el mayor municipio de toda España que no tiene colegio: la localidad guadalajareña de Yebes. La localidad yebera es pionera incluso en todo el mundo en determinados datos: en la primera década de este siglo ha sido el pueblo de España que más ha crecido. De hecho crece a tal magnitud que hasta el propio censo del Instituto Nacional de Estadística queda obsoleto para contabilizar sus habitantes: en 2013 estaban registrados casi 2.500 personas, pero a día de hoy el Ayuntamiento mantiene que de facto viven en la localidad unas 3.400.
Un crecimiento de casi mil personas anual que da como resultado una distribución un tanto curiosa en la localidad. Hace cinco años en Yebes vivían 800 personas.
Otro hito de la localidad alcarreña es que es la única localidad del mundo donde se da un curioso fenómeno: tiene una infraestructura de tan alta tecnología como es estación de alta velocidad ferroviaria, pero no tiene algo tan básico como colegio. Y es que Yebes fue la localidad elegida para levantar la estación de AVE de Guadalajara, a pesar de ser otro núcleo urbano situado a varios kilómetros de la capital provincial, algo que molestó a la mayoría de habitantes que necesitan de un transporte extra para ir a coger un medio de transporte.
También influyó en el crecimiento de la localidad la expansión de la zona urbana de Madrid como ha ocurrido también con localidades del corredor de Henares o del norte de Toledo, como Seseña. En este caso, Yebes es parecido a la localidad toledana teniendo dos partes claramente diferenciadas: Yebes ciudad, y la urbanización Valdeluz. Esta urbanización, aunque de mucho menor tamaño, fue otra obra megalómana de construcción de nuevas viviendas con resultado parecido al de Seseña: ni la mitad de los pisos de Valdeluz están ocupados. Sin embargo sí que muchas familias han hecho de Yebes su lugar de residencia.
Pero la localidad no ha crecido en servicios para asumir un crecimiento, desde el año 2000 al año 2014, de más del 2000%. Y aún quedan por construir más de 7.000 viviendas del complejo residencial Valdeluz. De hecho de seguir su crecimiento habría incluso problemas de espacio en el término municipal, que solo tiene 14 kilómetros cuadrados y jamás estuvo planteado para semejante cantidad de personas.
En Yebes hace poco sí había colegio: una entidad privada abrió el que era único colegio de la localidad, pero lo cerró para el curso 2013. Cada día doce autobuses tienen que recoger a los chicos en edad escolar que ahora estudian la gran mayoría en la capital, a pocos kilómetros. No existe ningún plan para volver a abrir el colegio que hay a pesar de que lo han pedido los padres. Ninguna autoridad de la Junta de Comunidades se ha manifestado tampoco al respecto: sólo el candidato a la presidencia de la Junta por el PSOE, Emiliano García-Page, ha visitado el centro y ha asegurado que lo abrirá cuando sea presidente como una de sus promesas electorales. El PSOE también ha incluido la reapertura del colegio entre sus enmiendas a los presupuestos de la Junta para 2015, algo que no está planteado por el Gobierno de Cospedal.
Yebes también tiene más hechos curiosos: tiene un asteroide. Concretamente uno de los elementos del cinturón de asteroides, el 4661, recibe el nombre de Yebes, nombre que le puso en 1982 su descubridor, Miguel de Pascual Martínez, que lo hizo desde el observatorio astronómico que hay en la localidad.
Una estación de AVE, una nueva urbanización de 1.500 casas ya construidas con otras 7.000 en proyecto, un crecimiento de un 2000% en 14 años, un observatorio astronómico que ha descubierto incluso un asteroide; pero cero colegios.
* El Diario - Javier Robla - 30.11.14
Foto: Complejo residencial Valdeluz, Yebes (Guadalajara) / Ayuntamiento
Fiscalía acusa a exedil de Urbanismo de Turis de prevaricación y pide 8 años de inhabilitación
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En la C.Valenciana parece difícil que escape alguna población de las ilegalidades urbanísticas. Ahora es en Turis (Valencia) donde el fiscal imputa al exconcejal de Urbanismo (Partit Independent) por la concesión de licencia en 2006 para un conjunto de 6 viviendas unifamiliares, en contra del informe del arquitecto municipal. Demasiado tiempo, otra vez más, para la lenta justicia que actúa siempre vergonzosamente tarde cuando el asunto ya lleva varios años en ejecución.
"20MINUTOS* : Fiscalía Provincial ha remitido un escrito al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Requena (Valencia) en el que acusa al exconcejal de Urbanismo de Turis, del Partit Independent per Turis, Rafael Corell, de prevaricación administrativa y pide ocho años de inhabilitación administrativa para cualquier empleo o cargo público , y la apertura de juicio oral, según consta en el documento al que ha tenido acceso Europa Press.
En el escrito se expone que el acusado concedió en mayo 2006 una licencia de obras a la promotora Casas Balcón de Montroy para un conjunto constructivo de seis viviendas unifamiliares aisladas en la urbanización Vinyamalata de Turís. El arquitecto municipal emitió previamente y después de otorgar la licencia sendos informes en los que se recogía que "no procedía" a la concesión del expediente porque la parcela "no cumplía las condiciones para ser considerada solar".
Después de considerar ejecutadas las obras para la concesión de la licencia de primera ocupación, la promotora solicitó dicha licencia al Ayuntamiento, pero el arquitecto municipal emitió un informe el 20 de diciembre de 2007 en el que "se recogía expresamente que no procedía la concesión de la licencia" y se señalaban algunas incidencias para que se subsanaran.
Por ello, el exconcejal emitió el 7 de enero de 2008 una providencia para requerir a la promotora que subsanara las incidencias señaladas, aunque la diligencia de notificación se produjo el 16 de enero. Sin embargo, dos días antes, el 14 de enero de 2008, el exedil procedió a la concesión de la licencia de primera ocupación, por lo que "era materialmente imposible la subsanación de las deficiencias", ni existe constancia de un informe ulterior" del técnico municipal que acredite la subsanación de las mismas.
Agua de posible origen fecal
Con la concesión de la licencia, los propietarios entraron a sus viviendas "sin unos servicios básicos mínimos, con luz de obra y sin agua potable", ya que el suministro de agua provenía de unos depósitos abastecidos por unos camiones cuba "de origen desconocido". Tras unos análisis de muestras obtenidas del grifo de las cocinas resultó presentar una contaminación bacteriana "de posible origen fecal".
* 20 Minutos - EP - 27.11.14
Foto: Turis (Valencia) - mispueblos
El 'Banco malo' Sareb reparte el verdadero premio gordo de Navidad entre cuatro fondos buitre
La noticia de por sí es inquietante aun para los no entendidos: el 'banco malo' reparte 43.000 millones entre cuatro 'fondos buitre'. Es como si este fuera el país de 'jauja' y aquí los responsables de administrar la basura inmobiliaria que ha generado el propio sistema delictivo, pudieran deshacerse con enorme facilidad, a través de inversores opacos, de una enorme cantidad de dinero que estamos todavía sufriendo los ciudadanos por la crisis-estafa. Gracias a un concurso 'ad hoc' el Sareb público se desprende de unos activos en la mayor operación inmobiliaria realizada nunca en este país. Como ha sucedido desde el principio con la creación gubernamental de este siniestro 'banco malo', la falta de transparencia continúa siendo escandalosa y, más que probablemente, delictiva.
"ELCONFIDENCIAL* : El Gordo de Navidad llegará antes del 22 de diciembre. Al menos, para los que han participado en el concurso organizado por Sareb, que este miércoles decide en su consejo de administración quienes serán los elegidos para repartirse el negocio de gestionar 43.000 millones de euros en activos inmobiliarios. La suerte está echada. La entidad presidida por Belén Romana recibió ayer martes las ofertas vinculantes definitivas por los tres lotes en liza, en los que se dividen los créditos e inmuebles de cajas y bancos rescatados por el FROB, como fueron Bankia, Banco Gallego, CEISS, Banco de Valencia, BMN, CatalunyaCaixa, Caja 3, NovaCaixaGalicia y Liberbank.
Tras casi seis meses de trabajo, el Proyecto Íbero enfila sus últimas 48 horas. El fallo se sabrá este viernes. Y salvo sorpresa de última hora, es decir, que se repartan los tres bloques (Bankia/BancoValencia, CatalunyaBanc/BMN/Caja3 y NovaGalicia/Liberbank) entre los cuatro candidatos existentes (Cerberus, Apollo, Centerbridge y TPG), alguna de las plataformas de gestión de inmuebles corre el riesgo de quedar fuera de juego. Esta situación ha tensado la recta final del proceso, sobre todo después de que un cuarto bloque, el más pequeño (7.100 millones), compuesto por activos de CEISS/Banco Gallego se adjudicara hace unas semanas a Solvia (Banco Sabadell).
Este concurso es el más importante de estas características jamás realizado, puesto que establecerá quiénes venderán los casi 50.000 millones de euros en inmuebles y crédito promotor que tiene en balance el banco malo durante los próximos siete años. Dicho de otro modo, los ganadores serán los grandes jugadores del sector inmobiliario español durante ese periodo, después de que haya vencido el primer año de prórroga por el cual las plataformas de las entidades cedentes han estado administrando los activos traspasados en la constitución de la Sareb a cambio de unas comisiones mínimas de gestión, cuyos precios serán ajustados al alza en este nuevo contrato a largo plazo.
El potencial negocio en juego ha hecho que las principales plataformas inmobiliarias bancarias, todas vendidas a fondos (Apollo/Santander, TPG/La Caixa, Cerberus/Bankia/Cajamar y Centerbridge/Banesto/BMN), salvo en los casos de BBVA y Banco Sabadell, compitan a cara de perro por llevarse alguno de los lotes en liza. Sólo han quedado fuera del proceso las plataformas de Ceiss, Blackstone (Catalunya Banc) y Abanca. La clave pasará por saber quién se lleva el bloque 1, el más grande, de 20.000 millones, donde cabe la posibilidad de que a su vez se divida en dos para optimizar el precio y no dejar a un candidato sin cartera de activos.
Según fuentes del proceso, los salvaguardas jurídicas impuestas por la Sareb, asesorada para este proceso por KPMG, han demorado la resolución del Proyecto Íbero. El cambio de fórmula para la gestión de los activos, vinculada a una especie de "pago avanzado", según el cual se articularía una especie de préstamo al banco malo, que luego repagaría a las plataformas, ha generado reticencias de última hora. Todo está listo para que a partir del próximo 1 de enero de 2015 la gestión de los 200.000 activos inmobiliarios y financieros heredados del rescate al sistema bancario pasen a manos de terceros, dejando a la Sareb como mero fiscalizador de su trabajo.
* El Confidencial - Carlos Hernanz/Eduardo Segovia - 3.12.14
Foto: Sareb - paperblog
Cartagena.- Urbanismo legaliza las pérgolas y terrazas de todas las azoteas
Está visto que en este país es preferible construir ilegalmente y esperar a que se legalice, que hacerlo con todos los informes correctos, que suelen costar dinero y tiempo. Eso está ocurriendo con las miles de viviendas levantadas delictivamente en suelo rústico o sin los permisos pertinentes, y ahora también, con las construcciones fraudulentas que se realizan sobre las azoteas de los edificios, ya sean pérgolas como nuevos pisos encubiertos. El hecho de que esto se legalice sin más crea un precedente difícil de enmendar, además de un agravio comparativo para los vecinos que no lo han hecho, a sabiendas de su irregularidad urbanística. La caradura de los dirigentes del Urbanismo municipal y autonómico no tiene fin y, claramente, debería intervenir la justicia para frenar estos delitos flagrantes (fácilmente comprobables) y sentenciar a los culpables de estas acciones y a sus cómplices políticos que las permiten.
"LAVERDAD* : Los toldos, las pérgolas y los cerramientos con cristal u otros materiales móviles instalados en azoteas de edificios que tienen el máximo de alturas permitidas ya no serán motivo de denuncia y retirada obligatoria. Las comunidades de propietarios y los dueños de áticos de toda Cartagena podrán utilizar esas zonas, desaprovechadas hasta ahora. Así queda autorizado en virtud de la primera modificación puntual que se realiza al nuevo Plan General, que ayer recibió el visto bueno de la Comisión de Urbanismo y que será sometida a aprobación próximamente por el Pleno.
El concejal responsable del área, Francisco Espejo, indicó que se trata de «simplificar las normas y otorgar seguridad jurídica a los dueños de viviendas que hasta ahora estaban expuestos a todo tipo de denuncias». Dicho de otro modo, se legalizan los cerramientos, las terrazas y las pérgolas que se consideren 'no estructurales', con lo que se autoriza su uso, aunque no computen como áreas edificadas.
También se incluye la precisión de que los áticos de último piso tendrán el uso «específico vivienda» y no el más genérico «residencial».
El mismo criterio favorable a las construcciones existentes con algún elemento en situación irregular se aplicará para que todos los edificios cumplan las normas de «habitabilidad y accesiblidad». Por eso, se admitirán como legales las rampas y entradas que ahora están fuera de ordenación. Además, solo será obligatorio hacer dos plantas de párking subterráneo para uso de los residentes de nuevos edificios de viviendas. Hasta ahora, el mínimo era de tres, si era necesario para que al menos hubiera una plaza por vivienda.
Construcciones y arqueología
Los cambios en el Plan fueron ayer tan variados que la oposición prefirió no manifestarse. Destaca la eliminación de la prohibición taxativa de hacer obras «en zonas de intervención arqueológica, salvo las encaminadas al descubrimiento, protección y acondicionamiento de los restos arqueológicos o paleontológicos». A partir de ahora, se podrá hacer «lo que autorice la dirección general competente en materia de Patrimonio Histórico», en el sobrentendido de que ese departamento aplicará todas las limitaciones legales. De esta forma, el abanico de actuaciones es mucho más amplio, aunque quede sometido al dictamen de la autoridad competente.
La normativa sobre solares también será más laxa, ya que el vallado que hasta ahora se consideraba «provisional» hasta el momento de edificar, se admitirá como permanente.
Árboles menos protegidos
Otro cambio que flexibiliza la normativa para construir en zona urbanizable es el que elimina la obligatoriedad de evitar «daños en los árboles existentes en el entorno» de la obra que se ejecuta. A partir de ahora se podrán «eliminar los ejemplares arbóreos o arbustivos incompatibles con la ejecución» del proyecto. Su replantación no es obligatoria. Si el dueño del terreno consigue argumentar que es «imposible» hacerlo, por las razones que sean, podrá sustituirlos por otros «equivalentes».
También se ha eliminado la obligación de mantener la vegetación cuando se construya un parque o zona verde junto a un enclave protegido. Los ejemplares deberán ser «similares, no necesariamente los mismos», admitió Espejo. Esta modificación estará un mes sometida a alegaciones de los ciudadanos, tras su aprobación en Pleno.
La comisión revisó también dos cambios urbanísticos: uno para autorizar una urbanización en Los Urrutias y el otro, para una zona comercial en Cabo de Palos.
* La Verdad - EDUARDO RIBELLES - 28.11.14
Foto: Pérgola sobre terraza - foro
El desierto de las casas sin gente
En el último censo del Instituto Nacional de Estadística, publicado en 2013 pero con datos relativos a 2011, el número de viviendas vacías alcanzaba los 3,44 millones, un 10% más que en la década anterior. Pero teniendo en cuenta que en esa cifra no se incluyen las viviendas a medios construir, significaría que el total pasaría ampliamente de los 5 millones (cinco). Una barbaridad si vemos que el total de viviendas construidas en España está sobre los 25 millones. Es decir las viviendas vacías vendrían a ser un 20% del total. Algo sin precedentes en la UE, sobre todo porque gran parte de ellas han sido levantadas en los últimos años, en plena 'burbuja inmobiliaria', y por tanto se incluyen en el apartado de la especulación y la corrupción urbanística. O sea, no han sido construidas para vivir en ellas sino para especular con las mismas, como otro bien cualquiera del mercado. Un delito que todavía está vigente sin que nadie haya puesto solución a tamaño problema social (gente sin casa) y de ocupación del territorio (sobreocupación).
"PABLO ELORDUY/ TER GARCÍA* : El Gobierno mantiene las constantes que generaron la burbuja inmobiliaria.
Lo llaman Ciudad Valdezombi, pero en realidad se llama Ciudad Valdeluz. Forma parte del municipio de Yebes, en Guadalajara, y es famosa porque sus terrenos –propiedad de una tía del marido de la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre– ven llegar los AVE con destino a Barcelona.
Un anuncio en la web de Ciudad Valdeluz, una promoción de Reyal Urbis, empresa que lleva dos años en concurso de acreedores, muestra a un vendedor llamado Carlos, que nos explica que aquí “el equilibrio entre naturaleza y urbanismo es total”. Carlos y María, su acompañante en el anuncio, alaban las ventajas de vivir en una ciudad, Yebes, que tiene el mayor porcentaje de viviendas vacías entre las localidades con más de 2.000 habitantes. También es el municipio con mayor aumento relativo de número de edificios con respecto al anterior censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 2001. El crecimiento del número de edificios en esta ciudad a ocho kilómetros de Guadalajara ha sido del 678,9%, no hay ninguna errata.
Curiosamente, ciudad Valdeluz no está entre las urbanizaciones destacadas por algunas de las personas consultadas, que trabajan en el tema de los efectos de la burbuja inmobiliaria sobre el territorio. Pilar Díaz, de Paisaje Transversal, una oficina de innovación para mejorar el hábitat urbano y la calidad de vida de sus habitantes, elige varios ejemplos de lo que ella califica como ‘urbanismo basura’. La Isla de Valdecañas en Cáceres, donde tras una sentencia del Tribunal Supremo se deben derribar 130 viviendas construidas en un espacio protegido; el PAU de Vallecas y Valdecarros, casi paralizado; la ciudad del Pocero (Seseña, Toledo) o la Nueva Marina d’Or, una ciudad con el 41% de viviendas vacías, son los casos que Díaz destaca. Son los estragos de un “fast-urbanism de difícil digestión”, que ha generado espacios que, para esta urbanista, “requieren ser deconstruidos y naturalizados en la mayor medida posible”.
A menudo, lo que quedan son las cicatrices de promociones y ensanches detenidos un día cualquiera después del estallido de la burbuja inmobiliaria de 2007. El proyecto Nación Rotonda, en el que participan Esteban García, Miguel Álvarez y Rafael Trapiello, utiliza ortofotografías –vistas aéreas con la misma precisión que un plano– para documentar los cambios en el paisaje que han provocado proyectos como Valdeluz, la ciudad residencial Camposol, en Murcia, dividida por una autovía, o Ciudad Quesada, en Alicante, “un disparate desde el punto de vista del diseño urbano”, según Trapiello.
Precisamente Murcia y Alicante son algunas de las provincias más afectadas por el virus de las casas sin gente. También, paradójicamente, donde se están produciendo los aumentos de precio más relevantes en los últimos meses. Según la Sociedad de Tasación, en el segundo trimestre de 2014, el coste de la vivienda volvió a subir respecto al mismo periodo de 2013, tras siete años de caída ininterrumpida. Los expertos asocian esta revitalización del consumo de ladrillo a la especulación de inversores extranjeros en el litoral valenciano y en Canarias. El 17 de noviembre, el Consejo General del Notariado anunciaba el repunte del 20% de la compraventa de vivienda respecto a 2013. Del otro lado, los desahucios siguen al mismo ritmo: en los primeros seis meses del año, más de 26.500 familias perdieron su vivienda.
Censo o estadística
En el último censo del Instituto Nacional de Estadística, publicado en 2013 pero con datos relativos a 2011, el número de viviendas vacías alcanzaba los 3,4 millones, un 10% más que en la década anterior. Ese mismo año, las viviendas construidas superaban los 25 millones, un 20% más de las que se contaban diez años antes. De ese millón y medio de viviendas construidas durante la década, más de la cuarta parte siguen estando vacías.
La urbanista Raquel Rodríguez explica que la estadística del INE “censa viviendas aptas para ser ocupadas, no incluye en ningún caso viviendas a medio construir”. Pero, junto a esta característica, que ya venía de lejos, el censo de 2011 incorpora una variante respecto al anterior, de 2001, y es que por primera vez no se ha hecho un recuento real, sino que se ha hecho una muestra que rondaba el 12,3% de la población y el 11,9% de las viviendas, explica Rodríguez. “No es un censo, es una estadística”, comenta esta urbanista, para quien “la cocina” de las cifras puede tener sentido, pero no cuando estos datos de vivienda se presentan cada diez años. El próximo es en 2021, y no se cruza con otros registros administrativos, como sucede en otros países del entorno europeo. Las dos consecuencias principales del estallido de la burbuja, señala Rodríguez, fueron los desahucios y la metástasis de activos tóxicos. “De los primeros hemos tardado en tener datos fiables, pero de los activos tóxicos –viviendas sin vender, suelo, etc.– no hay manera de saber de qué estamos hablando. Esto dice mucho del propio gestor del producto. Es increíble que no se sepa cuánto, cómo, dónde”, se lamenta esta urbanista.
Las cifras del censo sitúan a España como el país con más vivienda vacía de la UE, con mucha distancia respecto al siguiente y acumulando más de la tercera parte del total europeo, que se sitúa en 11 millones de viviendas vacías, según publica The Guardian. Con estos números ya a la espalda, entre 2011 y 2013 se dieron certificaciones de fin de obra para más de 331.000 nuevas viviendas, según datos del Ministerio de Fomento. De estas nuevas viviendas que aún no ha contabilizado el Instituto Nacional de Estadística, 38.300 se sitúan en la Comunidad Valenciana, donde en 2011 la vivienda vacía suponía ya el 16% del total.
José León Paniagua, coautor del estudio La vivienda en España en el siglo XXI y ponente del seminario La vivienda que queremos, que tiene lugar estas semanas en Sevilla, explica que en el momento actual “no sólo existe un número insostenible de viviendas vacías, sino que además existe suelo disponible con capacidad para otras 2,6 millones de viviendas”. Para León Paniagua los más de seis millones de nuevas viviendas construidas en la década prodigiosa de 1997 a 2007 generaron un “urbanismo ilimitado” y una expansión urbana “ilimitada social y medioambientalmente”. Paniagua denuncia que no se ha producido ninguna medida correctora, “sino que la actitud del sector promotor y constructor, y de las administraciones públicas, es la de esperar para repetir nuevamente el proceso de negocio, sin querer reconocer que no se volverá a producir en décadas”. Una propuesta neoliberal que fue posible gracias a la denominada “alianza FIC”, de financieros, inmobiliarios y constructores, según los autores del citado estudio, encargado por Cáritas.
Sareb, la gran inmobiliaria
Desde que, en agosto de 2012, se creara la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), ésta ha limpiado las cuentas de las entidades bancarias y ha acumulado en sus primeros meses de funcionamiento 106.856 activos entre viviendas terminadas, suelo y obra sin terminar, por los que pagó 11.343 millones de euros a los bancos de origen, según el informe anual de la entidad.
Belén Romana, presidenta de la Sareb, anunciaba a finales de octubre que ésta había vendido cerca de 11.000 viviendas en el canal minorista. Otras operaciones de la sociedad más a lo grande han supuesto la transferencia de carteras de cientos o miles de viviendas a fondos buitre, como la cartera Teide, compuesta por 2.500 viviendas, cuya gestión pasó al fondo estadounidense Fortress y al grupo español Lar. Éstos pagan las viviendas según las van vendiendo. O el traspaso de cerca de mil viviendas al fondo HIG Capital por 100 millones de euros. Unas condiciones insuperables.
Ahora, después de dos años, los principales bancos vuelven a sumar activos inmobiliarios por más de 90.200 millones de euros, según publica El País. Una cifra superior a la alcanzada antes del traspaso de activos tóxicos a la Sareb, y la tendencia va en ascenso. De los 12.479 millones de euros en viviendas embargadas a promotoras, constructoras y hogares que contaba el Sabadell en diciembre de 2013, en septiembre de 2014 ha pasado a 13.210 millones. En ese periodo, Bankia aumentó su colección de viviendas y suelo embargados de 2.656 a 2.800 millones de euros. La dinámica se repite con La Caixa y el BBVA, cuya cartera de activos inmobiliarios alcanzó los 13.116 millones de euros en septiembre, según el informe financiero de la entidad.
En la red, decenas de páginas especializadas como pisosembargadosdebancos.com sirven como escaparate de los miles de inmuebles embargados en los últimos años. Desde la propia web de la Sareb se puede acceder a un portal para la compra de fincas rústicas, hoteles, oficinas, edificios industriales, locales comerciales y suelo. En la mayoría de los casos el precio se consulta mediante un formulario en la web. En el caso de la vivienda, el procedimiento es distinto. La Sareb ofrece un número de atención telefónica. Al llamar, una teleoperadora explica que las viviendas de la sociedad se comercializan a través de las propias entidades bancarias asociadas. Si se cuenta con los datos de la vivienda que se quiere comprar, el servicio de atención telefónica de la Sareb se ofrece a transmitirle la consulta al comercial responsable de dicha vivienda.
En la web de BankiaHabitat, línea inmobiliaria de la entidad, un apartado dedicado a inmuebles de la Sareb da información sobre más de 7.300 viviendas actualmente propiedad de la sociedad, pero procedentes de la antigua Caja Madrid. Sin embargo, las gestiones para la venta de esos inmuebles están, desde septiembre de 2013 y por diez años, en manos de la sociedad Promontoria Plataforma –después pasó a llamarse Haya Real State–, que se embolsa una comisión por cada venta. La sociedad, en la que figura como consejero un hijo de José María Aznar y Ana Botella, está vinculada al fondo buitre Cerberus, dirigido por, entre otros, el expresidente norteamericano George Bush.
Hace pocos días, la Sareb adjudicaba a Solvia, la plataforma inmobiliaria del Sabadell, la gestión de 49.000 activos inmobiliarios, la mayor parte viviendas, procedentes de Bankia, Banco Gallego y Banco Ceiss, y valorados en 7.000 millones de euros. Es el primer paquete de los cuatro que comprondrán el Proyecto Íbero, por el que la sociedad externaliza la administración de las viviendas y demás activos, cerrando el círculo que componen las entidades bancarias, la Sareb, las viviendas embargadas y el dinero de los rescates financieros a bancos y cajas.
Alternativas
En su último libro, 17 contradicciones y el fin del capitalismo, el urbanista David Harvey dedica el primer capítulo a la contradicción “fundamental” entre valor de uso y valor de cambio. Un concepto marxista, el de la diferencia entre valor de uso y valor de cambio, que, en esta ocasión, viene acompañado de un ejemplo en el que Harvey se refiere a la situación de España. No es necesario explicar la diferencia entre lo que ha supuesto el aumento del valor de cambio de las viviendas y la marginación de su valor de uso.
Los autores de La vivienda en España en el siglo XXI señalan que no se han tomado medidas que garanticen el acceso a la vivienda, que es “un espacio vital imprescindible para la socialización y un factor de inclusión social de primer orden”, según Paniagua. Para éste, los planes de vivienda mantienen “mecanismos continuistas, desfasados e inservibles para responder a las necesidades de alojamiento”. Así, explica, sigue manteniéndose un sistema de protección oficial que se ha demostrado inaccesible para gran parte de la población con necesidades habitacionales, y “sigue eliminada la vivienda de promoción pública”.
Dos datos más: el gasto público en vivienda se sitúa en el 0,7% del PIB. “Este gasto es dos y tres veces inferior al que tienen otros países de nuestro entorno, pero aún más grave es la estructura que ese gasto público tiene en nuestro país”. Esto se ha traducido en que “en los últimos diez años se han destinado 53.000 millones de euros a desgravaciones por inversión en vivienda, frente a la práctica inexistencia de subvención al alquiler o a la vivienda pública”. Se ha corregido algo, apunta Rodríguez, pero ha sido en casos “puntuales, como el País Vasco o la ley andaluza”, que fue recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy, que no tiene interés por corregir los excesos de la burbuja. El plan de vivienda 2013-2016, concluye Rodríguez, “vuelve a meterse en el mismo lío”. Este programa, presentado por Fomento en julio, se basa de nuevo en la construcción, esta vez para alquilar. Rodríguez apunta que “teniendo el stock que está en manos de la Sareb, habría que hacer un estudio de qué se tiene y ver si se es capaz de reconvertir ese parque”, también por una cuestión de tiempos, ya que, “entre que se aprueba todo el planeamiento, urbanizo el suelo, construyo las viviendas… para cuando usted tenga la vivienda preparada, ya no quedan jóvenes en este país”.
Millones de euros en embargos
En septiembre de 2014, La Caixa, BBVA y Bankia sumaban 6.520 millones de euros en activos inmobiliarios adjudicados procedentes de hogares, o, lo que es lo mismo, viviendas embargadas a familias que no han podido hacer frente a sus hipotecas, según muestran los informes financieros trimestrales de estas entidades. La suma es casi un 7% más de lo que estos bancos presentaban en diciembre de 2013.
Banco Sabadell, la entidad a la que se ha adjudicado la gestión del primer paquete de bienes inmuebles de la Sareb, alcanzaba en septiembre los 13.210 activos inmobiliarios adjudicados en sus cuentas, 731 millones más de los que contaba en diciembre del año pasado, aunque en su informe financiero no distingue entre los embargados a promotoras o constructoras y a las familias.
* Diagonal - Redacción - 25.11.14
Foto: Vivienda, evolución 1978-2011 - diagonal
El alcalde de Arroyo abandona la alcaldía por corrupción un año después de ser condenado
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Los partidos políticos de la denominada 'Casta' siguen hablando de corrupción día tras día, pero la realidad es que no hacen nada para evitarla y continúan 'mareando la perdiz'. La prueba es el alcalde del PP de Arroyo, un municipio importante a las afueras de Valladolid, que ha tardado todo un año en abandonar su puesto tras ser condenado por múltiples delitos urbanísticos. Tampoco la justicia ayudó demasiado ya que se le impuso una pena mínima (y tardía) para la gravedad de los hechos acontecidos. Recordar que fue sentenciado en 2013 por ser el auténtico líder de una trama que permitió recalificar en 2005 suelo industrial para que la constructora Mahía edificara 2.984 viviendas, que nunca se llegaron a hacer. Uno de los mayores escándalos urbanísticos habidos en Castilla y León.
"ELDIARIO* : Tras un año de estar al frente de una Alcaldía como condenado, ahora ha dimitido. El alcalde del municipio de Arroyo de la Encomienda, a escasos siete kilómetros de la Valladolid capital, José Manuel Méndez ya ha dimitido después de conocer que el Tribunal Supremo ha ratificado la condena: tres años de prisión y 16 de inhabilitación por los delitos de cohecho y prevaricación.
El ya exalcalde de Arroyo de la Encomienda fue el principal condenado por la Audiencia Provincial de Valladolid por el denominado ‘caso Arroyo’, uno de los mayores escándalos de corrupción urbanística de Castilla y León. En la sentencia, de noviembre de 2013, se le consideraba el verdadero líder de una trama que permitió recalificar en 2005 suelo industrial para que la constructora Mahía edificara 2.984 viviendas, que nunca se llegaron a hacer.
Desde entonces, 2005, José Manuel Méndez –entonces en las filas del PP- ha logrado auténticas prebendas políticas y una cercana casi inmunidad política y periodística. Desde 2005 hasta ahora es difícil encontrar una noticia crítica hacia su gestión, a excepción de algún medio de comunicación. Y desde esa fecha hasta ahora su poder, sus prebendas o su inmunidad ha hecho que, incluso, se dinamitara al PSOE en la localidad y a algún periodista de Valladolid que comenzó a publicar informaciones sobre este asunto.
El concejal socialista Ismael Bosch dejó la política de primera línea después de dos mandatos al frente del PSOE en esta localidad golpeado por la falta de apoyo ciudadano, ya que cada elección suponía una mayor pérdida de votos. Además, tampoco estuvo amparado por su partido durante su lucha contra la corrupción en Arroyo de la Encomienda.
Méndez recibió el jueves la sentencia del Tribunal Supremo y horas después lanzó un comunicado de prensa en el que anunciaba su intención de dejar el Ayuntamiento: “Siempre he creído en el Estado de Derecho y por tanto, he seguido siendo alcalde mientras no hubiese una sentencia condenatoria firme», dijo. Y si después de la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, en noviembre del pasado año, dijo que era “inocente”, ayer todavía insistía en la idea de que ha actuado “con honradez y siguiendo en cada una de mis decisiones, los informes jurídicos y técnicos que indicaban la legalidad de las resoluciones de Alcaldía o de los acuerdos del Pleno y Junta de Gobierno».
Pero la realidad es que la condena ya es firme. Como él pedía para dimitir. Y así lo ha hecho. Ahora solo falta por conocer de la Audiencia vallisoletana el momento de su entrada en prisión.
Por su parte, Verónica Calvo, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Arroyo, dijo ayer que “ni comparte ni respeta” la continuidad del grupo político de José Manuel Méndez, Independientes por Arroyo, “un grupo político sobre cuyos concejales planea la duda de transparencia y honradez, toda vez que todos y cada uno de ellos han sido hasta el día de hoy, cómplices y cooperadores necesarios para la aprobación de todas y cada una de las decisiones que afectaban al ámbito municipal, permitiendo con su voto y su condescendencia la permanencia al frente de un regidor hoy condenado por sentencia firme.
“Desde luego no podemos obviar que los hechos por los que ha sido condenado José Manuel Méndez fueron cometido cuando se encontraba en las filas del Partido Popular, un Partido Popular que en Arroyo que se ha mantenido en silencio sin aprobar ni votar a favor de ninguna Moción presentada por este Grupo, ni apoyando la celebración de un Pleno en el que se pudiera debatir la Incompatibilidad del señor Méndez”, añadió Verónica Calvo.
* El Diario - Justino Sanchón - 27.11.14
Foto: Arroyo de la Encomienda (Valladolid), alcalde, delegado territorial y mahía - elnorte
Málaga.- Los antiguos propietarios de los terrenos de Repsol piden al TSJA que se los devuelvan al perder el uso público
El gran 'pelotazo' de los terrenos de Repsol del Ayuntamiento de Málaga parece que se complica. Los primitivos propietarios expropiados en 1962 (nada menos) los reclaman ahora al perder su uso público y ser destinados a una gran operación urbanística con enormes torres de viviendas que, además, suponen un grave conflicto en la ciudad por su excesivo tamaño. Unos 6,3 millones de euros es la cantidad demandada a los implicados, pero ya veremos cómo y cuándo actúa esta débil justicia urbanística existente.
"LAOPINIÓN* : Casi 6,3 millones de euros o la devolución de 77.518 metros cuadrados de los antiguos terrenos de Repsol, junto a la avenida Europa. Eso es lo que piden los antiguos dueños de este suelo, que pusieron una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el pasado 4 de noviembre. La demanda, que completa un proceso iniciado en marzo de este año, argumenta que el cambio de uso de estos terrenos, perdiendo el destino público y acogiendo proyectos privados de construcción de vivienda, anula los argumentos de la expropiación.
Además, Antonio Rodríguez, uno de los afectados, insiste en que no han recibido ninguna notificación sobre el cambio de uso, pese a que la ley lo obliga.
La demanda hace referencia a 77.518 metros cuadrados de suelo que acogían un antiguo huerto que fue expropiado en 1962 argumentando interés público para instalar la infraestructura de Repsol. A cambio recibió el pago de 4,2 millones de pesetas de la época (25.492 euros).
Sin embargo, la privatización de Repsol, el final de esta actividad de almacenaje y distribución de crudo y la recalificación de ese entorno en el PGOU de 1997 para la construcción de viviendas, son los argumentos esgrimidos por los antiguos propietarios para pedir la reversión del suelo. También dejan la puerta abierta a recibir una compensación de 6,3 millones de euros, en función del valor concedido a los suelos tras el pago de Comarex a Repsol de 41,3 millones de euros para su compra y el acuerdo para abonar 82,3 millones de euros al Ayuntamiento como compensación por los ingresos urbanísticos previstos.
La petición de reversión fue planteada por los propietarios al Ministerio de Fomento, aunque no recibieron respuesta dentro del plazo legal de tres meses. De hecho, aquí hay un elemento de enfrentamiento, ya que Fomento respondió en realidad negando la reversión pero a los 3 meses y 9 días de recibir la petición, superando el plazo mínimo legal. Los propietarios entienden que se cumplieron los tres meses y eso se puede considerar como una aprobación por silencio administrativo. En este sentido, esperan una determinación del TSJA.
Un elemento con el que se mostraron muy críticos los antiguos propietarios fue con la actuación del Ayuntamiento. Antonio Rodríguez insistió en que mantuvieron una conversación con el concejal de Urbanismo, que se negó a atender sus argumentos. Además, critican que no se les notificó oficialmente ninguno de los cambios en la calificación de los terrenos, como obliga la ley para los dueños de suelos expropiados por uso público.
Los antiguos suelos de Repsol eran huertas que estaban en los arrabales de la ciudad y que fueron expropiadas en los años 60 para facilitar la implantación de la petrolera, que tenía en el puerto de Málaga su principal entrada de las importaciones de crudo. El final de tránsito condenó las instalaciones, que fueron desmanteladas y el suelo, que iba a zona verde, se recalificó para acoger viviendas, perdiendo así la consideración de interés público.
* La Opinión Málaga - Miguel Ferrary - 25.11.14
Foto: Recreación de las viviendas proyectadas en el antiguo Repsol.- la opinion
Los despojos del tsunami urbanizador
El llamado 'Tsunami urbanizador', 'Burbuja inmobiliaria', 'Urbanismo salvaje' o, simplemente, 'Ladrillazo' de las últimas décadas, solo tiene su explicación en una conjunción de circunstancias especulativas que hicieron que España se situara a la cabeza europea en crecimiento de viviendas y en gasto de cemento, por ejemplo. Un triste récord del que algunos se vanagloriaban (mientras crecían sus beneficios ilegales), pero que ha dejado un territorio asolado por bloques de cemento y ladrillo sin una justificación de bien común, sino más bien producto de la avaricia desmedida de empresarios oportunistas, políticos desaprensivos y financieros sin escrúpulos. La conclusión es altamente negativa para la sociedad española en su conjunto y el origen de la crisis-estafa que se sigue padeciendo hoy día. No obstante, la inmensa mayoría de culpables de este Tsunami arrasador siguen libres sin cargos, gracias a una justicia cómplice que, ni supo parar la orgía urbanizadora, ni ahora sabe como sentenciar a los delincuentes de esta atrocidad territorial.
"MELISSA GARCÍA LAMARCA* : Hace ya más de seis años que explotó la burbuja inmobiliaria, lo que Ramón Fernández Durán denominó el ‘tsunami urbanizador’. Los hechos de los años del boom, de este periodo de monocultura inmobiliaria, son vertiginosos: casi siete millones de viviendas construidas, 12 millones de hipotecas concedidas, más de 2,5 millones de trabajadores empleados en la construcción y un cuarto del territorio español construido. Algunos presumían de que España fuera el líder europeo de consumo de cemento y el quinto globalmente después de China, India, EE UU y Japón, durante un crecimiento económico inaudito.
Este cemento era la representación concreta de un crecimiento de acumulación de capital urbano en forma de vivienda, oficinas e infraestructuras que parecía no tener fin. La presión para comprar vivienda en particular venía de todos los lados, tanto de los actores públicos como de los privados, hasta la familia, vecinos e incluso amigos; pensábamos que los precios nunca caerían y que la vivienda era una inversión segura. Si estuviera presente, José Luis Arrese, el primer ministro de Vivienda, hubiera estado encantado de la vida de ver cómo su proyecto que empezó a finales de los 50 de crear “un país de propietarios, no de proletarios” se estaba haciendo realidad.
De hecho, esta orgía de construcción fue posible gracias a esta ideología y a una constelación de procesos calculados desde hace décadas. Entre otras se incluyen la liberalización de la legislación bancaria en 1981 y de la ley de suelos en 1997, y la creación de un marco legal para extender la financiación de viviendas más allá de los ahorros bancarios en 1992. Se encaja todo dentro de una política de vivienda que se preocupó más en estimular la actividad económica que en cualquier política o bien social. Y cuando España formó parte de la Eurozona y adoptó el euro, el capital extranjero que temía una devaluación de la peseta por fin pisaba suelo firme, y una cantidad de crédito sin precedentes fluyó al país como agua del grifo. Sacar una hipoteca llegó a ser casi tan fácil como ir a comprar pan.
Hasta que petó la burbuja. Y aquí estamos casi siete años después, demasiados millones de personas siguen sin trabajo y con pocas posibilidades de encontrar uno decente, a pesar de los anuncios del Gobierno y del Fondo Monetario Internacional de que el país se está recuperando y el empleo está creciendo. Para los que tienen trabajo, la precariedad laboral es ya una norma. Debido a esta combinación de desempleo y precariedad seguimos presenciando todos los días una serie salvaje de desahucios de alquiler y de hipoteca cuya ejecución paga y realiza el Estado, llevando a una gran parte de la población a vivir de la solidaridad familiar, de la caridad o de trapicheos explotadores de bandas organizadas. Y eso sin contar la desgarradora realidad de los que se quitan la vida antes de enfrentarse a un desahucio. Afortunadamente, muchísima gente está luchando en movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, contra los desahucios y el abuso infernal de los bancos, demostrando el valor terapéutico de procesos colectivos y del “sí se puede”.
Mientras tanto, existen 3,4 millones de viviendas vacías en todo el territorio, por lo menos un tercio de las cuales están en manos de entidades bancarias o en lo que es la inmobiliaria más grande de Europa, la Sareb, creada para limpiar de “bienes tóxicos” el balance de los bancos rescatados por el Estado (es decir, por nosotros). A ello hay que añadir los edificios que se quedaron a medio construir debido a la súbita bancarrota de las constructoras. Los nuevos propietarios prefieren mantener las viviendas vacías y solares a medio construir a la espera de que el mercado inmobiliario mejore y suban los precios de nuevo. De hecho, a pesar de ser una entidad 45% pública, el objetivo explícito de la Sareb es “desinvertir los activos en un plazo de 15 años, maximizando el valor de los mismos”.
El proyecto Empty Living (“habitar el vacío”), de Agustín Ortiz Herrera, señala las contradicciones fundamentales del modelo que se creó en la burbuja, y sus consecuencias. Este verano, Ortiz Herrera viajó a través del país sin una hoja de ruta concreta, parando en lugares especialmente afectados por la crisis, y encontró construcciones de viviendas inacabadas en las cuales es imposible vivir. La idea era habitar estos espacios abandonados, encontrar un lugar para descansar y pasar unas horas, incluso pernoctar si era posible. Pero en realidad los espacios escogidos no eran adecuados para esta actividad, el entorno era hostil, inseguro, decadente y absurdo. La presencia humana en estos lugares abandonados entonces se convierte en una contradicción. Los mismos espacios vacíos son presencias inquietantemente olvidadas, mutadas en metáforas de una derrota. Esas construcciones esperan un futuro más próspero y, sin embargo, se han convertido en todo un símbolo del fallo del sistema y de la frustración que aún genera esta crisis.
Las fotografías y el diario de Agustín Ortiz Herrera, que vale la pena mirar detenidamente, son un ejemplo de proyectos de arte y activismo cuyos objetivos son visibilizar y hacernos reflexionar sobre una realidad que nos puede ser ajena, o sobre aquello que nunca habíamos pensado. Lo que podemos hacer para contrarrestar el proceso de capital financiero detrás del tsunami urbanizador y sus consecuencias tal vez no nos quede claro, pero a partir de reflexionar con proyectos como Empty Living y luchar en movimientos como la PAH, nos pueden brotar ideas y alternativas para un futuro mejor.
Melissa García Lamarca, doctoranda en Geografía por la Universidad de Mánchester.
* Diagonal - MGL - 25.11.14
Foto: Una de las imágenes del proyecto Empty Living. Lejos de la localidad de Terrassa se alza esta estructura de hormigón. Rodeada de grandes navesindustriales, posiblemente estaba destinada a ser un edificio más en este modesto parque industrial / AGUSTÍN ORTIZ HERRERA
A Coruña.- Derribarán tu casa para construir un puente a ninguna parte
La urbanización del llamado Parque Ofimático ya formaba parte del Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña de 1989 y dará lugar a un polígono en el que se podrán construir más de 2.400 viviendas. Para Stop Desahucios, se trata de “un proyecto de 'nuevo barrio' que nunca fue necesario y que ahora mismo parece una broma de mal gusto, teniendo en cuenta el mal estado de los barrios ya existentes y la miseria y pobreza que tiene que sufrir buena parte de la gente que los habita”. ¿Cuál es la necesidad de estas obras en una ciudad con una enorme bolsa de viviendas vacías y que, además, tiene una población en progresivo descenso? Parece claro que el motivo es puramente especulativo entre la Xunta y el Ayuntamiento, propietarios de gran parte de los terrenos y que, de paso, se llevará por delante unas cuantas viviendas habitadas,
como la de Isabel y Álvaro.
"ANA ÁLVAREZ* : Mañana jueves 27 de noviembre, a las 9 horas, está previsto el desalojo y derribo de la casa de Isabel López, de 72 años, y su hijo Álvaro Corral, por orden del Ayuntamiento de A Coruña. Su vivienda se encuentra afectada por la construcción del llamado Parque Ofimático que, aunque inicialmente preveía acoger un campo empresarial de oficinas, con el paso del tiempo se ha convertido en un proyecto de polígono con varios miles de viviendas.
Dicho plan urbanístico afecta a las viviendas situadas en el barrio coruñés de Lugar de Elviña, familias que pasarán de contar con casas en propiedad a recibir, en el mejor de los casos, “un piso de protección oficial en régimen de alquiler”, explican desde la plataforma Stop Desahucios de A Coruña, canalizadora de las protestas de los vecinos y vecinas desde hace meses.
Los afectados se reunieron el pasado lunes 24 de noviembre con el concejal de urbanismo Martín Fernández Prado, quien “remarcó que el desalojo se efectuará sí o sí a lo largo de esta semana”, explicaban desde Stop Desahucios. Y esto a pesar de que Álvaro e Isabel han interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia que no ha sido resuelto todavía, y que legalmente tiene que ser resuelto para poder iniciar las obras del plan. Desde Stop Desahucios hablan, una vez más, de “la lógica de la apisonadora, de la ley de los hechos consumados”.
Un plan urbanístico sin sentido
La urbanización del llamado Parque Ofimático ya formaba parte del Plan General de Ordenación Municipal de la ciudad de 1989 y dará lugar a un polígono en el que se podrán construir más de 2.400 viviendas, según explica Ignacio Ferreiro para La Opinión de A Coruña. Para Stop Desahucios, se trata de “un proyecto de 'nuevo barrio' que nunca fue necesario y que ahora mismo parece una broma de mal gusto, teniendo en cuenta el mal estado de los barrios ya existentes y la miseria y pobreza que tiene que sufrir buena parte de la gente que los habita”. Esto, unido a que en la ciudad de A Coruña se calcula que hay alrededor de 20.000 viviendas vacías, además de un gran número de viviendas inacabadas. Y a todo ello se añade un coste previsto de dicha obra mucho mayor al de cualquier otro proyecto anterior en la ciudad. “La orografía y los dos viaductos incluidos en estas obras hacen que resulte superior [el coste] al de cualquier urbanización anterior”, puntualiza Ignacio Ferreiro.
Otra diferencia respecto a polígonos anteriores es que, en este caso, no será de iniciativa privada sino pública, siendo las obras costeadas con dinero público y no por las empresas constructoras. “La Xunta de Galicia es la propietaria de más de la mitad de los terrenos y se desenvuelve por el sistema de cooperación, por el que la adjudicación de las obras de urbanización corresponde al Ayuntamiento, que repercute luego su coste entre los propietarios, de forma que más de la mitad de ellas se pagarán con dinero público, en la misma proporción en la que es propietaria la administración”, explica Ferreiro. Las obras suponen un desembolso para el Ayuntamiento de 42 millones de euros, en lo que ya es el contrato de mayor importe del historia de A Coruña.
¿Cuál es la necesidad de estas obras en una ciudad con semejante bolsa de viviendas vacías y que, además, tiene una población en progresivo descenso? El censo indica que la población de A Coruña es menor hoy que en 1991. No parece haber una necesidad real para la construcción de más viviendas, y mucho más cuando conlleva dejar sin casa a muchas familias. Desde Stop Desahucios se han hecho también estas preguntas: “Si las empresas constructoras (Aproinco, grupo de promotoras inmobiliarias de la provincia de A Coruña) prefieren retrasar el comienzo de las obras a que vengan tiempos mejores para las inversiones, las cooperativas tienen ya las parcelas que necesitan y en nada les afecta lo que se haga al otro lado de la Avenida Alfonso Molina, donde vive la familia de Isabel, además de que el Ayuntamiento tiene que endeudarse aún más para seguir llevando a cabo las obras interminables, ¿por qué mantienen la idea de demoler urgentemente las viviendas de la margen derecha, donde aún no hay un plan claro de lo que se pretender edificar?".
“Las únicas que parecen ganar con esto son las empresas”, explica Héctor Tejón. “Hay una serie de redes ocultas invisibles que nosotros no llegamos a ver, pero esos 42 millones de euros han ido para alguien, eso está claro”, explica. Y va más allá: “¿Qué intereses tiene el Ayuntamiento, de repente, por acelerar todo esto en estos tres últimos meses? Ahí están las elecciones, en el mes de mayo. Ellos no tienen garantizado que vayan a revalidar la mayoría absoluta. Entonces quieren ir empezando todo para dejar comprometido y garantizado que se va a realizar la inversión”, apunta Tejón.
Las lagunas del plan del Parque Ofimático
El arquitecto Xoan Mosquera explica, dentro de la campaña para intentar paralizar la demolición de estas viviendas y con el plano de las obras previstas en la mano, que este viaducto, el que afecta a la vivienda de Isabel y Álvaro, “no es técnicamente viable”. Mosquera señala que no está definido el perfil del viaducto, ni siquiera del 'entronque'. “En el documento no se define el recorrido ni la rasante del todo, cosa que es necesaria para demostrar la viabilidad”. El puente sobre la casa de Isabel y Álvaro quedaría suspendido en el aire a 8 metros de altura, porque aún no está previsto dónde terminará, insisten desde Stop Desahucios.
El Ayuntamiento se escuda en el hecho de que el plan urbanístico ha sido aprobado y no puede ser modificado. “Curiosamente, cambiaron parte del Plan General para incluir una serie de variaciones que solicitaba ADIF. Los vecinos y vecinas de aquí, del Elviña, piden ser desafectados y les dicen que no se puede cambiar el Plan General. Pero sí se puede cambiar cuando los intereses son privados, de promotores y para un lucro, pero cuando son intereses de los vecinos parece que le molesta. Al Ayuntamiento parece que le molestan las personas”, denuncia Tejón.
A favor de Isabel y Álvaro está el gran apoyo popular. “Sabemos que la vecindad de aquí, de Lugar de Elviña, está a muerte, apoyando, mostrando su fuerza, siendo parte del movimiento de resistencia que estamos conformando”, se enorgullece el integrante de Stop Desahucios. También parece haber solidaridad por parte de toda la ciudad y de la opinión pública gallega. “A medida que se va acercando el día D sí que se va viendo un mayor acompañamiento y cómo esas redes existen y ahora se están haciendo más manifiestas. Hay una clara complicidad entre la vecindad, está todo el barrio implicado”, apunta Tejón.
La apuesta de vecinos y colectivos es clara por otro tipo de urbanismo, que ponga por encima de los anhelos de riqueza y las necesidades empresariales a la comunidad y las redes de vecindad, que parecen suponer “una molestia para el avance de un falso progreso económico que de social y comunitario no tiene nada y de prevaricación y engaño lo tiene todo”, reivindican desde Stop Desahucios A Coruña.
Por todo ello, vecinos y plataformas implicadas han convocado para esta tarde una concentración a las 20h. frente a la casa de Álvaro e Isabel, y a acudir mañana jueves 27 a las 8h. para parar el desalojo previsto por el Ayuntamiento.
* Diagonal - AA - 26.11.14
Foto: Protesta de stop Desafiunzamentos A Coruña sobre la avenida Alfonso Molina. / STOP DESAFIUNZAMENTOS A CORUÑA
Un sacerdote de Valladolid declara por irregularidades urbanísticas
"Con la Iglesia hemos topado". Cerrando el círculo de la corrupción urbanística en este país, no podía faltar una institución tan consolidada e influyente como la Iglesia Católica. Si en otras ocasiones ha venido a este blog por motivos relacionados con ilegalidades en su inmenso patrimonio histórico-artístico, aquí, dando un paso más, es la especulación inmobiliaria pura y dura. En Valladolid, una Fundación religiosa escenifica la unión del poder civil con el poder eclesiástico, en cuanto a irregularidades urbanísticas se refiere. La llegada de Braulio Rodríguez Plaza como arzobispo a la capital castellana disparó los oscuros negocios inmobiliarios, hecho por el que ya había sido denunciado por la propia Unesco cuando estuvo de obispo en Salamanca.
"DIAGONAL* : El sacerdote de la diócesis de Valladolid, Lino Collazos del Castillo, secretario general de la Fundación Emilio Álvarez Gallego, declaró el pasado viernes ante el Juzgado de Instrucción nº1 de Valladolid en calidad de imputado como consecuencia de las graves irregularidades urbanísticas relacionadas con dicha fundación.
El acto resultó muy breve, pues no estuvieron presentes ni el juez ni el fiscal y el imputado se negó a responder a las preguntas formuladas por el abogado de la acusación particular.
La Fundación Emilio Álvarez Gallego fue creada en 1973 por el sacerdote del mismo nombre. Su objeto inicial fue la ayuda a personas sordomudas y, con posterioridad, fue ampliado a protección y ayuda a todo tipo de minusválidos físicos. Para establecerse y llevar a cabo su labor se nutrió en su inicio de donaciones de terrenos hechas por el Ayuntamiento de Valladolid, que los expropió con ese fin. En ellos se crearon, por ejemplo, escuelas profesionales o salas de tratamiento para personas minusválidas.
Sin embargo, a partir del año 2002 todo cambió en la actividad de la fundación. Un factor clave en la deriva experimentada fue la llegada a Valladolid de Braulio Rodríguez Plaza como arzobispo. Éste había ejercido con anterioridad como obispo en Salamanca y en la capital charra ya se prodigó en negocios urbanísticos con las autoridades políticas de la ciudad y con las principales empresas constructoras, hasta el punto de protagonizar actuaciones que provocaron que la Unesco advirtiera de que si continuaba esa política urbanística agresiva con el patrimonio tendría que retirar a Salamanca la denominación de Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
En el primer número de Diagonal se relataron algunas de las actuaciones urbanísticas protagonizadas por Braulio Rodríguez Plaza en Salamanca, destacando la venta de la edificabilidad del vuelo de las tumbas del cementerio, dentro de la figura de 'transferencia de edificabilidad', procedimiento especulativo consistente en que los constructores compran suelo barato en los extrarradios y se lo entregan al Ayuntamiento a cambio de que la edificabilidad que les correspondía a esos solares fuese transferida a la zona centro, donde construir es mucho más lucrativo. Asimismo, se agregó a la edificabilidad de las parcelas allí existentes el aumentar las alturas o reducir zonas verdes, de forma que los barrios de la periferia se llenaron de solares sin construir, ya que su edificabilidad se trasladó, y en el centro alcanzó cotas altísimas que sobrepasaban los límites legales de densidad de población.
Como obispo, Braulio Rodríguez Plaza se apuntó a las trasferencias de edificabilidad y 'vendió' el vuelo del cementerio, la supuesta edificabilidad del mismo (teórica, que no real, pues allí no se iba a construir nada; el cementerio quedaba intacto, transfiriéndose la edificabilidad a otro lugar). Por tanto, la operación supuso embolsarse millones de euros a cambio de nada.
Para que todo ello fuese posible, el Ayuntamiento de Salamanca cambió el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) permitiendo las transferencias de edificabilidad (que más tarde fueron declaradas ilegales por los juzgados) y recalificando el cementerio, que pasó de ser terreno no edificable a ser considerado terreno edificable. Esto hizo posible la firma del convenio urbanístico de 'venta' con el Obispado. Lo mismo ocurrió con el Campo de Tiro, del que eran accionistas cargos políticos del PP.
Con esa experiencia de tratar con los poderes públicos para cambiar los planes urbanísticos llega Braulio Rodríguez Plaza al Arzobispado de Valladolid. Lo primero que logró fue una segregación de parte de los terrenos del Seminario diocesano, calificados como suelo deportivo (en el lugar se encontraba un campo de fútbol), y como el PGOU no permite construir hacia arriba, pues idea hacerlo hacia abajo: un aparcamiento subterráneo de tres plantas con capacidad para alrededor de 900 plazas. El alcalde, Javier León de la Riva, aprueba el proyecto y se lo adjudica a una empresa, Parkosa, creada días antes, con un capital de tan sólo 10.000 euros.
Este proyecto proporcionó unos altísimos beneficios (alrededor de 18 millones de euros) tanto al Arzobispado, al vender el subsuelo, como a los promotores, ya que cada plaza de garaje fue vendida por cerca de 29.000 euros al contado, o por algo más de 34.000 si se adquiría con financiación.
Según ha manifestado a Diagonal Ángel Ceballos, histórico dirigente de las asociaciones vecinales de Valladolid, “aproximadamente un tercio de esas plazas de garaje están embargadas, por lo que las mismas y la deuda generada pasarán previsiblemente al “banco malo” y acabará pagándose por todos los ciudadanos”.
Tal como indica Ceballos, “tras hacerse el parking subterráneo en los terrenos del Seminario se ha visto que han dejado hechos cimientos, lo que hace pensar que tienen intención de construir por encima en cuanto puedan cambiar la normativa. De momento está parado, pero seguro que un día lo retomarán y, suponiendo que tenga un mínimo de cuatro plantas, obtendrían un beneficio adicional de 40 millones”.
Respecto a la Fundación Emilio Álvarez Gallego, el Patronato consideró que actualmente las necesidades de las personas minusválidas ya las cubre el Estado, por lo que no es necesaria la labor de la fundación, y planea desmantelarla. Para ello entra en contacto con operadores inmobiliarios y con políticos.
Según consta en documentación entregada en el juzgado, Lino Collazos manifiesta que fue el propio alcalde quien se dirige a la fundación para tratar de la urbanización de los terrenos y locales que ocupa la misma fundación, en pleno centro de Valladolid.
En 2003 se lleva a cabo un estudio de detalle y se modifica de forma irregular el PGOU. La intención es demoler los edificios, reordenar el sector incrementando la edificabilidad y cambiando los usos a residenciales y hoteleros. Incluso una arquitecta municipal informa hasta en cuatro ocasiones en el plazo de tan sólo siete meses de que había serias contradicciones en el planeamiento del estudio de detalles, sin que el Ayuntamiento le hiciera caso.
Irregularidades
La primera actuación fue la venta del subsuelo por 6 millones de euros a la empresa Parkosa (la misma que se había hecho con los terrenos del Seminario), para que construyera otro parking subterráneo, de 454 plazas para automóviles y 28 para motocicletas, y de cuya venta está previsto obtener más de 28 millones de euros. Todo ello amparado en la figura de “aprovechamiento en subsuelo”, creada ad hoc y sin parangón en el ordenamiento jurídico.
La adjudicación se hizo mediante concurso restringido pese a que la normativa exigía que se hiciera mediante concurso abierto, y la venta se hizo sin la preceptiva autorización del Protectorado de Fundaciones, organismo de la Junta de Castilla y León.
La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Valladolid presentó denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), alegando que el subsuelo estaba tasado en más de 14,5 millones de euros, por lo que al venderlo por 6 se estaba provocando una pérdida patrimonial a la Fundación Emilio Álvarez Gallego de más de 8,5 millones de euros, a favor de la empresa Parkosa. Ese perjuicio a la fundación se añade al del valor de los edificios demolidos, sobre 35 millones de euros, por lo que el perjuicio a la fundación ronda los 44 millones de euros. El TSJCyL falló a favor de la federación.
El Arzobispo maniobró para hacer dimitir al presidente de esta federación, Luis Alberto Redondo, y presentó recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJCyL, que fue desestimado.
También Julia Álvarez Arregui (sobrina del fundador), la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valladolid y la Fiscalía Anticorrupción denunciaron los hechos.
Pese a la negativa del Protectorado de Fundaciones a autorizar la venta del subsuelo, las obras del parking se iniciaron, por lo que el proyecto está en el limbo (hecho el parking pero sin autorización), por lo que ha generado deudas de casi 15 millones de euros con la Caja del Círculo Católico (la Caja de la Iglesia). Ángel Ceballos indica a Diagonal que “si esa deuda acaba en el banco malo, de nuevo la pagaremos todos los ciudadanos”. Además, el Ayuntamiento no ha cobrado ni un solo euro por ningún concepto.
El Protectorado de Fundaciones, pese a no dar autorización, no se ha personado en la causa, habiendo dimitido el alto cargo responsable de este organismo.Y el Ayuntamiento vallisoletano, pese a todas las irregularidades, en su huida hacia delante ha firmado un convenio con la fundación para construir en sus terrenos un complejo hotelero, viviendas y oficinas.
Ángel Ceballos ha querido resaltar para Diagonal que “son los mismos protagonistas del expolio del aparcamiento del Seminario: el arzobispo, la empresa Parkosa (con Antonio Alberto Pastrana González como administrador único, dándose la circunstancia de que el arquitecto Elesio Gatón Gómez lo es tanto de Parkosa como del Arzobispado), el bufete de abogados Cantalapiedra (hermanos de la concejala Mercedes Cantalapiedra Álvarez, y bufete en el que curiosamente tenía su oficina el perito que realizó la tasación a la baja), y el alcalde como conseguidor. Parkosa es la misma empresa que adquirió un terreno industrial en el Pinar de Antequera y que el Ayuntamiento vallisoletano recalificó como residencial, tras una tala ilegal de árboles”.
Para Ceballos, “este escándalo escenifica la unión del poder civil con el poder eclesiástico" y "se trata de una modificación fraudulenta del PGOU sobre bienes de una fundación que, aunque es de la Iglesia, no puede disponer de ella a su antojo porque se tiene que atener a los objetivos fundacionales, y si no los cumple el Ayuntamiento tendría incluso que exigir la reversión de los terrenos que en su día expropió para donárselos a la fundación, pero debido a esa confluencia de intereses está ocurriendo lo contrario".
Braulio Rodríguez Plaza ostentó el Arzobispado de Valladolid hasta 2009, año en que fue ascendido a arzobispo de Toledo y Primado de España.
* Diagonal - ALBA C. - 24.11.14
Foto: Parking del Seminario, en Valladolid.- diagonal
Vecinos de Mirabueno demandan a Urbanismo
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Lo que está ocurriendo en el pueblo cordobés de Mirabueno es una muestra más del distanciamiento entre las autoridades municipales y sus propios vecinos. Tras +6 años de espera se ven obligados a demandar ahora al Ayuntamiento por la inconclusión de las obras de urbanización de su barrio. Este mismo año la Gerencia de Urbanismo desestimaba la pretensión de los vecinos tras un complejo asunto de legalidades en la junta de compensación. Los vecinos de Mirabueno consideran que son víctimas y no responsables de la paralización de las obras de urbanización del barrio y del tramo de ronda Norte estancado desde 2008.
"DIARIOCÓRDOBA* : La asociación de vecinos Mancomunidad Mirabueno ha interpuesto un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso--Administrativo nº2, admitido a trámite, contra una resolución de la Gerencia de Urbanismo de julio pasado que rechazaba su petición de reclamación patrimonial. Este recurso se suma a la larga lista de los presentados en distintos ámbitos en un complejo proceso que se inició como consecuencia de la paralización de las obras de urbanización de Mirabueno y de la ronda Norte, que debía acometer la junta de compensación, de la que Marín--Hilinguer era propietario mayoritario, y que ahora se torna más incierto que nunca después de que se acordara el lunes la liquidación de la empresa.
Los vecinos, representados por Rafael Valverde, argumentan en la reclamación por responsabilidad patrimonial que rechazó Urbanismo que el organismo municipal "admitió erróneamente" los avales que entre 2003 y 2005 presentó Marín--Hilinger, cuando debía haberlos prestado la junta de compensación, que en un primer momento no estaba constituida pero en el 2005 sí. A juicio de los vecinos, ese "funcionamiento anormal" ha llevado a no poder ejecutar los avales para concluir las obras, como pretendía Urbanismo, que inició los trámites para ello en el 2010. Sin embargo, una sentencia del TSJA de junio del 2012 impidió el uso de los avales. Por ello, el colectivo exige al Ayuntamiento que ejecute "a su costa las obras de urbanización". En julio del 2014, Urbanismo respondió con una resolución rechazando la petición de la asociación, en la que justificaba la presentación de los avales por Marín--Hilinger, y no por la junta de compensación, al ser la que pedía simultanear urbanización con edificación. Además, no ve "lesión, ni daño" y recuerda que los avales no se han perdido y que se ha abierto otro expediente para usarlos.
Los vecinos insisten en el "estado lamentable" y de "abandono" de Mirabueno, que han denunciado a través de distintos escritos dirigidos al Ayuntamiento. Además de la conclusión de las obras, piden el mantenimiento de la urbanización y una comisión de investigación. Creen que "si había pocas esperanzas de que Marín--Hilinger acometiera la urbanización, ahora hay cero", por lo que, "ahora más que nunca, el Ayuntamiento, por su propia responsabilidad, debe ejecutar lo que falta".
* Diario Córdoba - ISABEL LEÑA - 21/11/2014
Foto: Estado en el que está el barrio de Mirabueno. - Foto:A.J. GONZALEZ
Imputado por un delito urbanístico el alcalde de La Baronía de Rialb
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Parece mentira que con los actuales métodos todavía pueda ocurrir que se talen gran cantidad de árboles en pleno bosque y se permita una enorme edificación privada en dicha zona rústica. Eso es lo que ha sucedido en el pueblo leridano de La Baronía de Rialb en el que los Agentes Forestales se han dado cuenta del delito urbanístico demasiado tarde. Lógicamente, el gobierno municipal (CIU) estaba al tanto de semejante ilegalidad y ahora deberá rendir cuentas su alcalde ante la justicia. Esperemos que ésta sea justa y diligente, contra lo que nos tiene acostumbrados.
"ELPAÍS* : El Juzgado de Solsona ha imputado como presunto autor de un delito de urbanismo a Pere Prat, alcalde de La Baronia de Rialb y presidente del Consejo Comarcal de la Noguera por CiU. El edil ha sido imputado por permitir la construcción de un gran edificio en medio del bosque. La imputación del alcalde tuvo lugar, según ha confirmado la Fiscalía de Lleida, después de recibir un informe de los Agentes Rurales sobre la tala de gran cantidad de árboles en una zona boscosa para construir una vivienda de lujo.
Los agentes aportaron al juez fotos aéreas de la zona. En el mismo caso han sido imputados el arquitecto de la obra y el promotor, un abogado andorrano.
La polémica edificación que ha motivado las diligencias judiciales está situada en una zona conocida como la Serra del Palau, en el camino de Picoles, en el término municipal de La Baronia de Rialb. Los tres imputados tendrán que declarar en los próximos días ante el juez de Solsona y podrían ser acusados de un delito urbanístico si se demuestra que la construcción está en terreno no urbanizable.
Prat ha explicado que todavía no ha recibido oficialmente ninguna imputación y ha aclarado que la vivienda no es de nueva construcción, sino que se trata de unas obras de reforma de una masía ya existente en medio de una finca de más de 70 hectáreas. En el término municipal de La Baronía de Rialb (280 habitantes) hay registradas más de 200 masías diseminadas en medio del bosque y algunos de sus propietarios han mostrado interés por rehabilitarlas para usos turísticos, aprovechando la proximidad del pantano de Rialb. En los últimos años, el ayuntamiento ha dado licencias para reformar una veintena de masías.
* El País - LLUÍS VISA - 31.10.14
Foto: La Baronía de Rialb (Lleida) - ruralia
Madrid.- La operación Mahou-Calderón se aprobará sin tener en cuenta las decenas de miles de firmas en contra
Un total de 57.000 firmas se oponen a la construcción de dos rascacielos en los terrenos de Mahou-Vicente Calderón. El Ayuntamiento prosigue su venta apresurada antes de las elecciones del patrimonio y el suelo de Madrid. Esta vez le toca a la operación Mahou-Calderón favoreciendo a FCC frente a la oposición total de los vecinos, el resto de partidos políticos y los expertos en urbanismo. La comisión ordinaria de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid ha elevado al Pleno, con los votos en contra de toda la oposición, la aprobación definitiva del plan parcial de reforma interior del ámbito 'Mahou-Calderón' que convertirá la zona de la antigua fábrica cervecera y del estadio rojiblanco en un espacio con varias torres de pisos, grandes parques (entre ellos, el remate de Madrid Río) y en una M-30 soterrada. Algo incomprensible y fuera de escala hoy en día.
"NUDOSUR* : La plataforma de firmas Change.org va a entregar este jueves a la Junta Municipal de Distrito de Arganzuela 57.000 firmas mostrando el rechazo del proyecto 'Operación Mahou-Calderón' por el que se pretenden construir dos rascacielos a partir de 2015. De esta forma, se reclama que el proyecto que el Ayuntamiento de Madrid pretende realizar en los terrenos de Mahou-Vicente Calderón, se adecue a las "necesidades sociales, respetando el volumen y la altura de las edificaciones en relación a los edificios colindantes del entorno que ya hay construidos".
El Consistorio ha estimado seis de las diez alegaciones presentadas durante el período de información pública. La mayor parte, relacionadas con mejoras técnicas y el estudio de soleamiento. Han sido desestimadas las que se referían a la altura de las torres de pisos que se van a instalar en la zona.
En una superficie de 204.218 metros cuadrados, se mantendrá una edificabilidad de 175.365 metros, concentrada en 48.054 metros cuadrados de suelo. Así, todas las viviendas se concentrarán en 9 edificios cuyas alturas oscilarán entre las 7 y las 36 plantas. El resto del espacio se utilizará para realizar dotaciones públicas.
La operación se desarrollará en tres fases y concluirá en 2022. En primer lugar, se desarrollará la operación inmobiliaria, reconvirtiendo los usos actuales -deportivo e industrial- en residencial, terciario, dotacional y zona verde. La zona residencial se dividirá en cuatro manzanas. La primera fase de los trabajos se centrará en siete parcelas. Las dos más cercanas a la plaza de Francisco Morano se dedicarán a dos edificios con 8.362 metros cuadrados de edificabilidad. Otras cinco parcelas, separadas de las anteriores por una plaza y una calle, comprenderán otra manzana de 30.517 metros cuadrados, encuadrados entre el paseo de los Pontones (que ampliará la acera de este lado de la calle) y el paseo Imperial. Esta manzana tendrá una gran zona verde interior privada del tamaño del estadio Vicente Calderón y comercios a nivel de calle o como edificios exclusivos (17.536 metros cuadrados). Estos siete inmuebles contarán con unas alturas de entre 7 y 22 plantas. Estas dos manzanas representarán la primera fase del proyecto, según el documento. En ambos márgenes se crearán bulevares ajardinados.
La segunda parte de la intervención se centrará en el terreno de la acera suroeste del paseo de los Melancólicos. Otra manzana, dividida en dos parcelas con una superficie total de 11.786 metros cuadrados entre las dos, además de un pequeño terreno dotacional de 989 metros cuadrados. Allí se construirán dos rascacielos iguales y simétricos de 36 plantas, la altura aproximada con que cuenta la Torre de Madrid. Esta manzana constituirá la segunda fase del proyecto.
En tercer y último lugar, se rematará Madrid Río acondicionando la ribera del río con 36.333 metros cuadrados de zonas verdes que pretenden recuperar la esencia de la antigua pradera de San Isidro. En este punto, el Consistorio soterrará el tramo en superficie de la M-30. La operación será costeada por la constructora beneficiaria de la operación urbanística, a la sazón FCC, que acordó con los actuales propietarios del terreno (Atlético de Madrid y FCC) costear toda la operación (demoliciones, soterramiento, urbanización, construcción de edificios y dotaciones, y reforma de la Peineta), a cambio de el lucro urbanístico del ámbito.
El colegio Tomás Bretón recibirá, de forma colateral, 10.830 metros cuadrados para ampliar sus instalaciones, aunque el Consistorio no ha concretado en qué momento se realizará la cesión de suelo al centro. La implantación de los nuevos usos en el ámbito también supondrá la construcción de un aparcamiento de 4.263 plazas.
* Nudo Sur - EP - 19.11.14
Foto: Madrid, Mahou-Calderon recreacion - nudosur
