Parece increíble la actividad delictiva de la familia Pujol y que hasta ahora no se haya descubierto el pastel corrupto que se estaban comiendo la mayoría de sus miembros, empezando por el capo de la 'famiglia', el honorable president Jordi. No es de recibo que la justicia haya tardado 24 años en descubrir las numerosas ilegalidades cometidas por este individuo que llegó a ser la imagen y honorabilidad de la propia Cataluña. Ahora se saben, además las fechorías de algunos de sus hijos, como Oriol, que siendo secretario de Industria de la Generalitat, vetó informes de Medio Ambiente para lucrar a altos cargos de su propio partido, Convergencia de Cataluña. Lo indignante de estos casos delictivos es que, seguramente, queden en la impunidad absoluta dada la poderosa influencia de esta 'famiglia' en la vida catalana.
"ELCONFIDENCIAL* : El 13 de marzo del 2002, tenía lugar en Barcelona una importante reunión entre los departamentos de Medio Ambiente y de Industria. En el cónclave estaban presentes Oriol Pujol Ferrusola, que había sido nombrado secretario de Industria, y Albert Mitjà, director general de Energía y Minas. La intención era desbloquear el visto bueno para la apertura de tres parques eólicos que la consejería de Medio Ambiente había paralizado. Lo malo del caso es que dos de ellos soportaban un informe negativo de los servicios de esa consejería, que desaconsejaba su apertura por razones ecológicas.
Oriol Pujol apeló a otros argumentos más ‘contundentes’: el president Pujol tenía interés personal en conceder esas licencias. Punto y final. El 8 de mayo siguiente, el entonces conseller en cap (consejero jefe), Artur Mas, enviaba una carta al consejero de Medio Ambiente, Ramon Espadaler, en la que le decía textualmente: “En las últimas semanas, he ido insistiendo en la necesidad de autorizar la instalación de algunos parques eólicos (…) Me gustaría que me informases lo más pronto posible de la situación de los proyectos siguientes: Prat del Compte (parques eólicos de Carena de la Tossa y Coll Ventós), Ascó (parque eólico de Barbers), Colldejou (parque eólico de Les Costes) y Portbou (parque eólico de Tramuntana). ¿Qué razones impiden conceder estas autorizaciones?” Mano de santo: el 17 de mayo, nueve días más tarde, eran aprobados los proyectos de Portbou y Ascó y una semana después, los dos de Prat del Compte.
Tres de esos parques eran los aludidos por Oriol Pujol y donde su padre tenía interés personal. ¿Por qué ese interés? Paradójicamente, dos de ellos pertenecían a un veterano militante de CDC y fundador de CiU, Joan Fages. El nombre de éste figura en los documentos oficiales de la constitución de la Federación de CiU, en representación de CDC, juntamente con los de Jordi Pujol Soley, Francesc Caminal, Maria Eugènia Cuenca, Marta Ferrusola, Jordi Pujol Ferrusola, Miquel Roca Junyent, Antoni Subirà, Pere Sagarra Trias, Núria Claverol o Carles Sumarroca Coixet.
El tercer parque era propiedad de este último, fundador junto a Jordi Pujol de CDC en los años 70. Sumarroca siempre ha hecho negocios a la sombra del poder y dos de sus constructoras (Teyco y Emte) están en el top ten de las privilegiadas compañías que reciben las adjudicaciones de obra pública de Cataluña. Además, Sumarroca compró a finales de los 90 la empresa Entorn, que había realizado el informe de impacto ambiental de su parque precisamente. Y Entorn era la compañía que había creado años antes Pere Pujol Ferrusola. Después de que Sumarroca la comprase, Pere Pujol siguió como director de la misma, aunque con el bolsillo un poco más lleno.
Una evolución sorprendente
De los dos proyectos que Artur Mas añadía en su carta, el de Barbers contaba con un informe medioambiental redactado por la compañía Codema, también propiedad de Sumarroca. Y el de Tramuntana era propiedad de Joan Fages. Lo cierto es que Codema y Entorn eran las compañías reinas de los informes en el sector eólico. La pequeña firma de Pere Pujol Ferrusola, uno de los hijos del todopoderoso president, había realizado los pertinentes dosieres de un buen puñado de parques eólicos, aunque le sobrepasaba en número Codema. Cuando Pujol dejó el poder, ambas compañías se habían encargado de 25 de los 67 informes que habían llegado al Gobierno, un 37,31% del total (normalmente, cada parque eólico contrataba a una compañía diferente para los informes).
La evolución de Entorn no deja de ser curiosa: en el año 2000, facturó 850.143,64 euros; en el año 2001, 990.398 euros; y en el año 2002, 1.699.217,23 euros. No es de extrañar porque comenzaron a lloverle contratos con la Administración: realizó los informes de impacto medioambiental del canal Segarra-Garrigues, la mayor obra civil de Europa; del canal Xerta-La Sènia; del campo de golf de Vilanera, en L’Escala (después de que una primera auditoría desvelase el severo impacto del proyecto); y del impacto ambiental de la variante de Cardedeu a Llinars. Además, obtuvo dos encargos de Medio Ambiente sobre el Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN) y numerosos contratos de consejos comarcales, controlados por CiU.
Entorn ya nació con estrella: en su primer año de rodaje, realizó el censo ganadero de las comarcas de Osona, Conca de Barberà, Urgell y Les Garrigues por un monto global de 38,5 millones de pesetas (unos 232.000 euros) y el censo industrial de las comarcas de Gironès, Alt Camp y Maresme (en total, unos 35,5 millones de pesetas, o sea, casi 200.000 euros). El mayor encargo fue el de Osona y se lo hizo Jacint Codina, entonces diputado de CiU, por 28 millones de pesetas. Claro que era el año 1994, lo que da una idea de las estratosféricas cifras que ello suponía. Paralelamente, realizó un informe a la carta para habilitar una planta embotelladora de agua mineral en el Montseny, argumentando que no había déficit de agua para extraer 56.000 metros cúbicos.
Posteriormente, comenzó también a recibir encargos de las empresas públicas Gisa y Regsa (encargadas de la obra pública y del regadío de Cataluña) por valor de cientos de miles de euros. A principios del 2000, sus principales clientes eran la Autoridad Portuaria de Barcelona (controlada por CiU), Ferrovial y Generación de Energía SA, un holding controlado por Joan Fages.
Durante el último gobierno de Jordi Pujol, en el año 2003, a la empresa de Pere Pujol el gabinete de su padre le hizo un último favor: le encargó el estudio de impacto ambiental del alargamiento de la línea 4 de Metro, que luego pasaría a ser la línea 2. En el 2005, Entorn fue la empresa que realizó el impacto ambiental del proyecto de ampliación del puerto deportivo de Sitges.
Otro vástago de los Pujol, Oleguer, comenzó a hacer negocios fuera de Cataluña. Era, precisamente, el más radical de los hermanos, un independentista acérrimo que participó en la campaña Freedom for Catalonia y en la gran pitada al Rey. Pero la pela es la pela y su negocio fue hecho, precisamente, en las tierras españolas de las que tanto abominan él y algunos miembros de su familia. Actualmente, está en el punto de mira de Anticorrupción por varias operaciones extrañas, entre otras la compra de la red de oficinas del Banco Santander en 2008 y la compra de varios inmuebles del Grupo Prisa en Madrid y Barcelona. La Udef le atribuye una fortuna de 137 millones de euros en Suiza y otros activos que pueden alcanzar los 400 millones de euros.
* El Confidencial - Antonio Fernández - 6.8.14
Foto: Barcelona, Oriol Pujol, junto su padre Jordi y A.Mas - publico
Cataluña.- Oriol Pujol vetó informes de Medio Ambiente para lucrar a altos cargos de CDC
La operación Yedra trepa en Urbanismo de Málaga
El urbanismo de la ciudad de Málaga sigue su signo caótico y depredador que la ha caracterizado desde hace bastantes años. Bajo el mandato del alcalde 'popular' De la Torre se han incrementado las irregularidades hasta el punto que, actualmente, está siendo investigada la propia Gerencia municipal de Urbanismo por diversos asuntos. Uno es la llamada 'Operación Yedra', sobre la reclasificación de grandes terrenos en la sierra próxima al barrio de Churriana. El Seprona incide en la vinculación de los propietarios de los terrenos con antiguos directivos de Urbanismo, lo que favorecería un gran pelotazo urbanístico, con perjuicio grave, además, para los habitantes de la zona que perderían un importante pulmón verde en su barrio.
"LAOPINIÓN* : La investigación de la Guardia Civil sobre la llamada Operación Yedra apunta a antiguos directivos de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga en relación a un convenio para reclasificar una parte de la Sierra de Churriana y sobre los que duda de su legalidad.
Una investigación que el Ayuntamiento rechaza de plano. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, insistió ayer en la «actuación impecable» de los técnicos de Urbanismo y considera que la aparición de este convenio en la Operación Yedra es tangencial, fruto de la investigación de los negocios del acusado L. A. F. B., implicado en tráfico y tenencia ilegal de armas y actuaciones urbanísticas irregulares.
Sin embargo, la Guardia Civil mantiene sus dudas sobre la operación urbanística. Los datos aportados ayer por Sur vienen a corroborar las sospechas del Seprona sobre una gestión extraña del convenio. La presencia de un sobrino del alcalde, Daniel Portero; de un antiguo gerente de Urbanismo, Andrés Gutiérrez Istria; y del antiguo concejal de Churriana José Hazañas; ponen sobre la mesa el origen de este convenio.
De la Torre no quiso ayer evadir las preguntas sobre este aspecto, después de participar en la iniciativa Gazpacho Day en el Mercado de Atarazanas, a donde por cierto acudió acompañado de Hazañas, actual asesor de Alcaldía y que no se suele prodigar en apariciones públicas en los últimos años.
Beneficio para la ciudad El regidor insistió en la legalidad del convenio urbanístico, del que recalcó que supuso un enorme beneficio para la ciudad. Argumenta que el propietario, L. A. F. B., pedía urbanizar los 367.890 metros cuadrados de El Albaricocal, que ya estaba calificado como no urbanizable en el PGOU. «Es el Ayuntamiento quien le dice ´No´ y negociamos que sólo ocupe el 5% del terreno con uso hotelero y ceda al Ayuntamiento el resto como libre, zona verde o no urbanizable», relata De la Torre.
El alcalde justifica este cambio de calificación, de un terreno que inicialmente estaba ya protegido en su totalidad en el PGOU, en que la Junta lo había desprotegido en la redacción del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM) y en la necesidad de recibir la propiedad de estos suelos, con idea de mejorar el control que evite posibles edificaciones ilegales.
«Es difícil encontrar un sector en el PGOU con un balance tan beneficioso para la ciudad como éste», insistió De la Torre, quien recalcó que toda la documentación «está a disposición de quien quiera consultarla».
Relaciones e investigación La aparición de la existencia de relaciones entre familiares del alcalde y de antiguos directivos de Urbanismo con L. A. F. B. también fue abordada por el regidor, quien criticó que hay que ser «selectivo a la hora de aceptar a una persona que te pida un servicio profesional». «Si puedes enterarte, claro, porque uno no sabe toda la vida privada de los demás», recalcó De la Torre sobre las presuntas relaciones delictivas del principal acusado de la Operación Yedra.
La siguiente pregunta era obvia. Si todo es impecable, ¿por qué investiga la Guardia Civil este convenio? «No lo sé. No conozco la investigación». Sin embargo, considera que es sólo un interés tangencial el que mueve a los agentes de la Guardia Civil, fruto de la investigación sobre todos los negocios relacionados con L. A. F. B.: «Será por hechos paralelos y diferentes al propio convenio», afirma Francisco de la Torre. «Se habla de otras actividades económicas ilícitas y puede que por los antecedentes que tiene se investigue el convenio», explicó el alcalde.
Mientras, la Guardia Civil ya ha detenido a ocho personas relaciones con L. A. F. B. y encontrado el mayor depósito ilegal de armas localizado en España. Pero todo comenzó con una investigación de oficio de la Fiscalía de Málaga por delitos urbanísticos en la sierra de Churriana a instancias vecinales. Vuelta a El Albaricocal.
* La Opinión Málaga - Miguel Ferrary - 27.7.14
Foto: El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acudió al Gazpacho Day acompañado de José Hazañas, detrás a la izquierda.- Arciniega
Barcelona.- Dos constructoras de los papeles de Bárcenas entregaron 4,8 millones en comisiones a Pujol Ferrusola
El caso escandaloso del clan mafioso de los 'convergentes' Pujol - Ferrusola en Cataluña está muy lejos de haber terminado. Cada día que pasa se van descubriendo corrupciones a cual más grave en esta trama que, en manos del que ha sido 'honorable' president de la Generalitat durante 24 años causa indignación y una ofensa ilimitada a los principios del pueblo catalán y del país en general. Según un informe de la UDEF se advierte que las constructoras Copisa y FCC son contratistas de la Generalitat y no justifican los pagos al hijo del expresident. Por supuesto, ambas empresas aparecen también como beneficiarias de contratos millonarios con administraciones del PP, no solo de CiU. Es decir que "Dios los cría y ellos se juntan". El asunto sería gravísimo y de enorme repercusión si hubiera medios de comunicación libres y una justicia independiente de los poderes ejecutivos. Aun así ya veremos su trascendencia.
"ELDIARIO* : De confirmarse las sospechas de la Policía, Jordi Pujol Ferrusola y el Partido Popular compartieron “donantes”. El hijo del expresident facturó a lo largo de cinco años al menos 3,3 millones de euros a una constructora, el grupo Copisa, que figura en los papeles de Bárcenas como aportadora irregular de fondos para la formación que lidera Mariano Rajoy. Según un informe de la UDEF incorporado a la causa contra el primogénito de los Pujol, Copisa es la más generosa de las 17 empresas que investiga el juez Pablo Ruz por haber financiado la lujosa vida de Jordi Pujol Ferrusola. En unión con FCC, otra de las constructoras que aparece en los papeles de Bárcenas, Copisa habría abonado otro millón y medio de euros adicional a Pujol Ferrusola.
En febrero de este año, el juez Pablo Ruz dictó un auto en el que ordenaba al Grupo 24 de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF investigar a una serie de empresas que “directa o indirectamente, declaran ingresos procedentes de distintos organismos públicos de Catalunya”. Copisa es una gran constructora a la que Pujol Ferrusola giró 13 facturas entre 2005 y 2010. Según el informe de la UDEF, al que tuvo acceso eldiario.es, el hijo mayor de Pujol cobraba a cambio de “únicamente dar información sobre posibles negocios”, lo que trasladaba a través de “simples llamadas telefónicas” y para lo que no necesitaba “trabajador alguno ni sede social”.
Los investigadores no han logrado de Copisa correos electrónicos o cualquier otro documento que permita conocer en qué consistía el trabajo de Pujol Ferrusola para el grupo. Y no solo eso: los responsables de la empresa aseguran que él primero realizaba la gestión y luego discutían cuánto iba a cobrar por ella. El fraude es tan evidente que el inspector que firma el informe ironiza: “La simple observación de las facturas arroja como conclusión inherente que Jordi Pujol Ferrusola sería un experto en diferentes materias”, tales como la intermediación inmobiliaria por toda España, las refinerías petrolíferas, las plantas fotovoltaicas, la bolsa y la explotación de clubes de golf.
Los responsables de Copisa defendieron ante los agentes los trabajos de asesoría, como ante el juez Pablo Ruz habían negado antes su participación en la financiacion irregular del PP. Sin embargo, Luis Bárcenas anotó en sus papeles que la empresa había donado 100.000 euros en marzo de 2003 y otros 100.000 en mayo, días antes de las elecciones autonómicas.
La caja B del PP registra otros dos pagos de Copisa en 2008, de 36.000 y 18.000 euros, en enero y junio, respectivamente. Ese año, las elecciones generales se celebraron en mayo. En total, 254.000 euros en negro para el partido de Rajoy. Un informe de la UDEF de mayo de 2013 cifra en 76,97 millones de euros las adjudicaciones de administraciones gobernadas por el PP en toda España al grupo constructor.
Jordi Pujol Ferrusola y su expareja están imputados, por el momento, por fraude a la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. Aunque la Policía habla en sus informes de fondos procedentes de la “corrupción política”, el juez Ruz no aprecia aún indicios para ampliar la panoplia de delitos.
La tesis policial es que Pujol Ferrusola cobraba mordidas a empresas adjudicatarias de la Generalitat y administraba los beneficios que se repartía todo el clan Pujol. Incluso en ese caso, habría que demostrar que parte de ese dinero hubiera ido a parar a CDC para establecer mayores paralelismos con el ‘caso Bárcenas’.
Como ocurre con el PP, sin embargo, la Policía choca con la dificultad de demostrar que las donaciones -en este caso, comisiones- tienen carácter finalista. "Evidentemente, la conexión directa de esa adjudicación concreta con las plusvalías gestadas no es posible, porque no existen documentos de cualquier orden que así lo indiquen, y que carece de sentido requerir", dice la UDEF en el informe sobre Pujol.
"Variopintos negocios"
Con todo, Copisa no es el único nombre que enlaza uno y otro caso. El informe de junio de la UDEF sobre el hijo de Pujol afirma que la adjudicación de la Gran Vía de Hospitalet a una UTE formada por Copisa y FCC le pudo suponer otro millón y medio de euros. Sin especificar cuánto habría aportado cada empresa, la Policía menciona tres pagos en 2007.
La adjudicación se produjo en tiempos de Felip Puig como consejero de Ordenación Territorial. Su hermano Josep, dice la Policía, es amigo de Pujol Ferrusola y ambos han desarrollado “variopintos negocios”.
FCC es otra de las grandes constructoras del país, que entre 2002 y 2008 donó al PP de forma irregular 195.050,61 euros y hasta 2012 facturó 4.132 millones de euros de administraciones controladas por el Partido Popular. Su expresidente, José Mayor Oreja, hermano del que fue ministro del Interior, declaró ante Ruz como imputado.
Y otro nombre más: Luis Delso. La empresa que preside, Isolux Corsán, no figura como donante del PP en los papeles de Bárcenas. Sin embargo, el nombre de Delso salió a relucir en la declaración del extesorero del PP ante el Tribunal Supremo en julio de 2009, en el marco del caso Gürtel. Bárcenas dijo entonces que la denominación 'Luis el Cabrón', que aparecía en la contabilidad B de la formación, y al que se señalaba como receptor de 72.000 euros, era en realidad Luis Delso, algo que el presidente de Isolux ha negado reiteradamente.
El informe de la UDEF sobre Pujol Ferrusola dice que Delso y él tienen “una relación de afinidad muy cercana”. “Cuando inicialmente se procedió a requerir al grupo Isolux para que informara de la naturaleza de los servicios recibidos, y documentaran de forma acreditativa sus relaciones con sociedades de Jordi Pujol Ferrusola, olvidaron incluir en su respuesta, relaciones comerciales ascendentes a 1.276.000 euros”.
Ruz investiga un proyecto inmobiliario en México de Isolux en el que participó Jordi Pujol. La empresa y el hijo del expresident “no han sido capaces de entregar ni un solo documento que diera fe de esos trabajos”, dice el informe policial.
* El Diario - Pedro Águeda - 31.7.14
Foto: Barcelona, famiglia Pujol Ferrusola - alerta
Mondariz-Balneario proyecta viviendas en medio de un jardín histórico
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De nuevo aparece la corrupción urbanística en la Galicia interior, en concreto en el conocido balneario de Mondáriz cerca de Tuy (Pontevedra). Se trata del municipio más pequeño de España y está gobernado actualmente por el partido popular. Lógicamente es un lugar idílico y protegido histórica y artísticamente, tanto el edificio como los frondosos jardines circundantes. Aun así la contagiosa especulación urbanística ha llegado hasta este recóndito y privilegiado espacio natural y ya se anuncia una recalificación municipal de los terrenos para permitir la construcción de nuevos bloques de pisos, sin duda ilegales. Los vecinos han saltado mayoritariamente contra esta agresión al Patrimonio arquitectónico y natural, pero veremos si la lucha llega finalmente a los tribunales de justicia y la actitud de éstos, cómplices siempre con el poder más rancio.
"ELPAÍS* : Mondariz-Balneario es el municipio más pequeño de España (2,4 kilómetros cuadrados), tiene menos de 700 habitantes censados y unos cuantos chalés sin terminar de construir. Esto no impedirá, probablemente, que se vayan a levantar nuevas viviendas en un entorno privilegiado, el llamado bosque del Gran Hotel, dentro del recinto original y a pocos metros de la fuente de A Gándara, estampa habitual de los miles de turistas que aparecen anualmente por el enclave.
El proyecto lleva aparejada la construcción, opcional y a cargo de la Xunta, de un museo del agua. Algunos vecinos están que trinan, pero el alcalde, José Antonio Lorenzo, del PP, cree que no es para tanto.
Rehabilitado con paciencia tras el incendio de 1973, el Gran Hotel y su entorno forman un espacio unitario, según defienden los vecinos agrupados en torno a la plataforma SOS Xardíns Mondaríz Balneario. Alberte Reboreda, arqueólogo y uno de los portavoces, muestra el estado de deterioro del bosque, donde están desperdigadas varias ruinas de la iglesia de Casteláns (Covelo) trasladadas en su día al parque. Un arco y un coro románico reposan allí sin indicación alguna de su origen, justo al lado de un promontorio vallado donde se levantarán hasta tres edificaciones. Las hierbas rodean las bañeras del viejo hotel, a monte entre hierbas y tejas rotas donde se lee “Pontevedra”. “Son de la vieja fábrica de Riestra. Deberían estar en un museo”, lamenta Reboreda. El bosque termina donde empieza el jardín, donde se ubica el viejo invernadero y la lavandería, también en los huesos.
El proyecto parte de un convenio del año pasado entre el propio alcalde y la constructora Sodesmon, abreviatura de Sociedad para el Desarrollo Sostenible de Mondariz. La empresa la dirigió hace años Javier Solano, que fue dueño de la empresa de aguas y preside el patronato de la Fundación Mondariz-Balneario, pero la regenta ahora el constructor comarcal Ángel Covelo. Gran parte de los terrenos ajardinados son propiedad de Sodesmon, que los cedería al Ayuntamiento a cambio de que le permitan construir en 1.445 metros cuadrados del bosque, ya que el espacio donde teóricamente sí podría edificar “ya tiene una excesiva concentración hotelera y se ubica sobre varios elementos protegidos”, según reconoce el mismo documento. Así que las partes acordaron intercambiar cromos.
También acuerdan empresa y regidor la cesión del edificio de la antigua lavandería para que la Xunta, a través de la Axencia de Turismo de Galicia, levante un Museo del Agua, una obra que “en caso de no prosperar, por cualquier circunstancia”, no anula el resto de cláusulas. El Ayuntamiento recibiría igualmente 400 metros cuadrados de otra parcela para servicios municipales, que previsiblemente pasarían a albergar la maquinaria que ahora se guarda en el recinto de otro viejo hotel en ruinas.
La Universidad de Vigo ha emitido un informe a instancias de la plataforma que afirma que “sería del máximo interés desarrollar la iniciativa de crear un Museo del Agua, pero siempre primando el criterio de salvaguarda del conjunto del balneario de Mondariz, de modo íntegro e integrado, evitando cualquier recalificación que permita la fractura de su integridad”. El informe, firmado por la decana de la Facultade de Historia de Ourense, Beatriz Comendador, también avala que se dé a los jardines la consideración de Bien de Interés Cultural.
Preguntado sobre la oportunidad del acuerdo, que obliga al Ayuntamiento a recalificar suelos protegidos, el regidor contextualiza: “Llevo 32 años de alcalde y estoy encantado de conocerme”. Después alega que las múltiples rehabilitaciones de edificios en el entorno parten de un “sueño” suyo y que si se construye en piedra y no en hormigón en su pueblo es por su empeño personal. Sobre la obra en concreto y quienes a ella se oponen, dice que son “esos del Bloque”, a los que achaca que se oponen por sistema a sus ideas. Asegura que el plan solo saldrá adelante si tiene autorización de Patrimonio y Urbanismo y a continuación enseña un diseño por ordenador de tres chalés semiocultos por una fronda, pese a que en el área que se prevé construir abundan los tocones de carballo. Sobre el museo, dice que está en camino pero que no lo publicita demasiado “hasta que lo tenga en la mano”.
“En la vida las cosas no son como quieres, sino como son mejor para todos”, viene a resumir Lorenzo, que termina con una exposición sobre los múltiples visitantes ilustres al balneario. Avanza, en ese sentido, que el desaparecido Sancho Gracia (“fue amigo mío y ha mostrado gran lealtad con el pueblo”) será honrado con una escultura.
* El País - VÍCTOR HONORATO - 28.7.14
Foto: Jardín histórico en el que se proyecta la operación urbanística. / LALO R. VILLAR
Los jueces paralizan la operación urbanística del Real Madrid en torno al estadio Bernabéu
Los auténticos 'pelotazos' urbanísticos los suelen dar los clubs de fútbol, que para eso entienden bastante del tema y, por supuesto, cuanto mayor actividad económica tiene un club, mayor es el pelotazo urbanístico a realizar. Eso pasa en todos los clubs españoles, que ya ha han sido apercibidos por la UE por sus prácticas ilícitas. El Real Madrid, lógicamente, no podía ser menos, y se recuerda todavía el escandaloso asunto de su antigua Ciudad Deportiva en la Castellana, con unas recalificaciones de juzgado de guardia que, sin embargo, fueron admitidas por la inexistente y cómplice justicia urbanística del momento. Ahora se trata del nuevo megaPlan para la remodelación del Estadio Bernabeu, y alrededores, que ha sido paralizado, momentáneamente, por el Tribunal de Justicia, pero del que no tenemos duda que se terminará haciendo por las enormes presiones que ejerce el club blanco, dirigido por el archimillonario constructor Florentino Pérez.
"ELDIARIO* : La justicia ha puesto freno, al menos momentáneo, a la expansión urbanística que el Real Madrid planeaba realizar en torno a su estadio aprovechando la remodelación del campo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha suspendido cautelarmente el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que modificaba el Plan General de Ordenación Urbana para permitir las construcciones anejas al Bernabéu. El convenio entre el Ayuntamiento de Madrid y el club presidido por Florentino Pérez, tras permutas de terreno y cambios de edificabilidad, permitía a la entidad deportiva remodelar la fachada del estadio, crear un centro comercial, un hotel de lujo y un aparcamiento.
La medida provisional se ha tomado tras una iniciativa de Ecologistas en Acción. La ONG recurrió la operación tras la incoación por parte de la Comisión Europea de un expediente de sanción contra España por presuntas ayudas ilegales por parte de las adminsitraciones públicas al Real Madrid. Con ese procedimiento abierto, los magistrados entienden que tiene que paralizarse todo.
El TSJM entiende que el mero hecho de que la CE esté investigando sobre los convenios que llevaron al Real Madrid a obtener parcelas de terreno justo alrededor de su estadio es motivo para suspender la operación: "La incoación a España por parte de la Comisión Europea de un procedimiento es causa suficiente para suspender cautelarmente el Acuerdo", escriben los magistrados, ya que detectan "elementos indiciarios suficientes para determinar una conexión directa entre la investigación y el objeto del presente recurso".
El baile de permutas sobre el que indaga Bruselas comenzó en 1996 con un convenio entre el Real Madrid y el Ayuntamiento. El club cedía los terreno de su ciudad deportiva a cambio de otras parcelas. En 1998, mediante un nuevo convenio se incluía en las permutas de terreno una parcela en la zona norte de Madrid (Las Tablas) que no pertenecía aún al Ayuntamiento madrileño. El valor de la parcela era de medio millón de euros. Para cuando Madrid registró ese suelo como su propiedad habían pasado cinco años. Así que en 2011, el Gobierno local asumió que no podía ya darle el suelo al Real Madrid y convino compensarle. El valor había crecido a 22 millones de euros, según tasación municipal.
En lugar del terreno de Las Tablas, el club dirigido por Florentino Pérez recibió otros en el sur de la ciudad (Carabanchel). Pero, no terminó ahí el baile de suelos. Según relata el auto de los jueces, las parcelas de Carabanchel volvieron al Ayuntamiento a cambio de, ahora sí, 6,5 millones de euros y "un solar frente a su Estadio Bernabéu en el cual edificará un centro comercial y un hotel".
Por su parte, la Comunidad de Madrid –cuya aprobación del Plan Urbano de Madrid es lo que se ha recurrido técnicamente– ha utilizado una de las técnicas procesales más habituales para dejar sin efecto una posible suspensión cautelar como es pedir una fianza para evitar posibles perjuicios económicos durante la paralización. En este caso, los jueces no han considerado necesaria la caución y Ecologistas no deberá hacer frente a un pago preventivo. La acción legal ya se financió mediante una acción de crowfunding.
Preguntado por este diario, el Real Madrid ha declinado hacer un análisis de la decisión judicial. El auto es recurrible ante el Tribunal Supremo.
* El Diario - Raúl Rejón - 1.8.14
Foto: Madrid, alcaldesa Botella, Florentino P. y presidente Atlético - eldiario
El Consell de Camps 'orilló los mecanismos de control' para favorecer a la trama Gürtel
La trama Gürtel, de corrupción en el partido popular, es inabarcable y cada día nos depara nuevas sorpresas. Era sabido que en la Comunidad valenciana tenía uno de sus focos más importantes, pero no que el propio presidente Camps trabajara habitualmente para ella. Multitud de actividades y obras fueron fraccionadas ilegalmente para su adjudicación a dedo a las empresas Orange Market y otras de la trama corrupta dirigida por F.Correa desde Madrid. En el auto de procesamiento del propio juez investigador hay más de una veintena de altos cargos del Consell valenciano en la época de la presidencia de F.Camps. Ahora hay que esperar que la justicia actúe con mayor rapidez y decisión, ya que las irregularidades cometidas por esta mafia político - empresarial son de bastantes años atrás, con el perjuicio ya causado.
"ELMUNDO* : La Generalitat Valenciana de Francisco Camps trabajó, al parecer, al dictado de la trama Gürtel. En multitud de contratos menores investigados por el juez José Ceres y el fiscal, Jesús Carrasco, el TSJ ha detectado "la existencia de multifraccionamiento" para que el grupo de empresas que dirigía Francisco Correa desde Madrid y Álvaro Pérez El Bigotes desde Valencia se llevaron la mayoría de los eventos organizados por el Consell "existiendo la muy presumible voluntad de orillar los mecanismo de control".
Esta es una de las conclusiones que se extrae del auto de procesamiento que el juez Ceres ha entregado hoy a las partes personadas en la pieza 5 de Gürtel, la que ha investigado un puñado de contratos menores de la Generalitat. Ceres ha cerrado este jueves la instrucción con el procesamiento de más de una veintena de altos cargos de la Generalitat que, durante la presidencia de Francisco Camps, firmaron contratos con Orange Market.
La causa se abrió por la adjudicación de contratos menores de distintas consellerias a Orange Market que alcanzaron los 7,2 millones de euros. El juez ha apreciado irregularidades algunos de ellos firmados por altos cargos de Vaersa, Presidencia, Sanidad y La luz de las Imágenes y Grandes Proyectos.
El auto de 227 páginas, recoge un resumen de las actuaciones practicadas en el último año e incluye numerosos correos electrónicos intervenidos a la organización que dirigía Francisco Correa y describe la fórmula de actuar de la administración durante esta etapa.
"Resulta significativa la facturación de nuevo por sociedades del grupo de Francisco Correa que no han tenido otro interlocutor que Álvaro Pérez, que realizaron tantas reiteradas y presuntas ilegales contrataciones en los Premios Salud y Sociedad de los años 2006 y 2007", dice el juez sobre uno de los contratos analizados, el del acto para celebrar la ampliación del Hospital Clínico en febrero de 2008.
Respecto al ex conseller Manuel Cervera, el juez sospecha que su departamento pagó a través de la caja fija para burlar, al parecer, los mecanismo de control de la Administración pese a que dichas contrataciones eran "pluralmente irregulares, coordinadas y dirigidas por alguien superior" que la investigación no ha podido determinar.
Respecto al acto inaugural de la Volvo Ocean Race celebrado en 2008 en Alicante, el juez confirma en el auto de procesamiento que Orange conocía con antelación la propuesta de adjudicación. Destaca, en concreto, "la coincidencia en tres de los cuatro criterios de adjudicación finalmente aprobados como eran la propuesta artística, la espectacularidad e integración y el espectáculo piro-musical, que demuestra el conocimiento previo que tenía Orange de las bases de licitación". Todo ello dio a El Bigotes y Correa una "ventaja determinante" respecto al resto de empresas candidatas, según concluyó la Intervención General de Estado en un informe que cita Ceres.
Sobre Dora Ibars, ex directora general de Promoción Institucional con Camps y destituida de sus cargos por Alberto Fabra, el juez mantiene que "sin competencias como reconoce para ello, negocia, decide y da por hecho" que el grupo Correa montaría otros expositores en Fitur, al margen del de la Generalitat, como era el de Cacsa o el Palau de Les Arts Reina Sofía. "Ibars es quien decide repartir los importes a facturar a los distintos expositores" dice Ceres antes de añadir: "Lo que va comunicando a través de una de sus empleadas que hace de enlace entre Orange y los distintos expositores sin que estos hayan negociado con la mercantil los importes de pago y sus necesidades reales".
Ceres concluye que la trama pudo cometer delitos continuados de prevaricación administrativa pues supuestamente se simulaban invitaciones a empresas del grupo Correa en Madrid para que no se presentarán y se llevará los actos Orange, que en realidad formaba parte del mismo holding empresarial. Y destaca : "Más sorprendente aún es la tolerancia del fraccionamiento cuando no presunta indicación de la propia Administración", es decir, el instructor sospecha que era el propio Consell el que ofrecía fórmulas para pasar desapercibidos entre "el ya de por sí deficitario control y fiscalización de la facturación" en diversos actos.
LOS 27 IMPUTADOS
Juan Miguel Bellver (Director general de la empresa pública Vaersa), Antonio Santo (ex delegado de UGT en Vaersa), Joaquín Fernando Tomás Font de Mora (Director del gabinete jurídico de Vaersa), Patricia Callaghan (alto cargo de Vaersa), Dora Ibars (Directora general de Promoción Institucional), Silvia Caballer (Directora general de Archivos e Innovación Tecnológica, y secretaria general del Institut Valencià de la Joventut), Vicente Farnós (Director de Castelló Cultural), Enrique Navarro (Secretario autonómico de Familia y Solidaridad), Alicia de Miguel (Consellera de Bienestar Social), Auxiliadora Hernández (Secretaria autonómica de Educación), David Serra (Secretario Autonómico de Deportes), Carmen Díaz Quintero (Gerente de la Fundación pública La Luz de las Imágenes), Rafael Peset (Director de Asistencia Sanitaria), Paz Aviñó (Secretaria general de la Conselleria de Agricultura y alto cargo de la conselleria de Sanidad), Manuel Cervera (Conseller de Sanidad), Luis Rosado (Conseller de Sanidad), Enrique José Bort (Director de gabinete del Sepiva), Inmaculada García (Directora general de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat), Paula de Cubas (Asesora de prensa de Vicepresidencia de la Generalitat), José Manuel Vidal (Alto cargo en varias consellerias), Aránzazu Valles (Gerente de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana, S.A) Miembros de la trama Gürtel: Francisco Correa, Álvaro Pérez, Pablo Crespo, Cándido Herrero, Isabel Jordán y Mónica Magariños.
* El Mundo - JUAN NIETO - 24.7.14
Foto: Valencia, Consell de Camps (archivo) - levante
Casi la mitad de los 5.000 millones del segundo Plan E se adjudicaron a dedo
5 años más tarde (cinco) el 'diligente' Tribunal de Cuentas encuentra un fraude en la adjudicación de multitud de obras públicas del llamado Plan E, impulsado por el gobierno de R.Zapatero. El organismo destaca que el 42% del importe total del programa, 2.100 millones de euros, fue adjudicado por las entidades locales siguiendo procedimientos con escasa o nula difusión, es decir que esas pequeñas obras fueron concedidas a dedo por los dirigentes municipales. Una grave acusación la de este siniestro organismo público para hacerla tan tarde y tan fuera de lugar, ya que si el asunto fuera prevaricador, el lugar lógico de esta acusación debería ser el de los tribunales de justicia y, de momento, esto no se ha producido. Parece que pueda haber de fondo un interés partidista, conocidos los actores que intervienen en este caso.
"ELCONFIDENCIAL* : El Tribunal de Cuentas ha encontrado graves defectos formales en el segundo Plan E del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aprobado en octubre de 2009 con una dotación total de 5.000 millones de euros bajo la denominación oficial de Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local (FEESL). El organismo supervisor concluye en su informe de fiscalización, al que ha tenido acceso este diario, que casi la mitad del presupuesto del programa acabó adjudicándose a dedo, que la mayoría de los proyectos financiados no fueron de utilidad pública y que en uno de cada tres expedientes los fondos no sirvieron para generar ni un sólo puesto de trabajo.
El documento cuestiona con dureza la utilidad del fondo, que supuso un desembolso equivalente al 0,5% del PIB nacional. El organismo destaca que el 42% del importe total del programa, 2.100 millones de euros, fue adjudicado por las entidades locales siguiendo procedimientos con escasa o nula difusión. En la gran mayoría de esos casos, precisa el Tribunal del Cuentas, se utilizó en concreto el procedimiento negociado sin publicidad, es decir, que los empresas adjudicatarias fueron elegidas a dedo por los dirigentes de las entidades locales. A juicio del órgano supervisor, se trata de “una concentración muy elevada en un tipo de procedimiento que la propia Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público configura como excepcional frente a los procedimientos abierto y restringido, que garantizan en mayor medida los principios de publicidad y libre concurrencia”.
El Tribunal de Cuentas añade que, además de utilizar procedimientos de adjudicación opacos en casi la mitad de los procedimientos, también se ha detectado que, en el 87% de los expedientes, las entidades locales no justificaron con la diligencia exigible la selección de los criterios para la licitación de las obras o servicios.
La fiscalización también concluye que en un 56% de las adjudicaciones con cargo a la dotación del Plan E “no se acreditó o se hizo de forma inadecuada la necesidad pública de la inversión, cuestión que, además de suponer un requisito básico para la adjudicación, recogido en el artículo 22 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), supone una garantía de que los fondos públicos se destinen a un fin necesario para la entidad local”. Sólo el 44% de los proyectos de la segunda fase del plan de estímulo del Ejecutivo garantizó la utilidad del gasto público.
Adjudicación sin compromiso de empleo
El Tribunal de Cuentas también pone en duda el efecto que el programa tuvo en la creación de empleo, pese a que ese era uno de los objetivos con los que fue anunciado. El informe apunta que el “27% de los proyectos fue adjudicado a empresas que no se habían comprometido a la contratación de ningún trabajador procedente del desempleo” y, un porcentaje aún mayor de los expedientes, el 38%, “se adjudicó a empresas que no iban a necesitar contratar a ningún trabajador nuevo”. Además, el 13% de las empresas que se comprometieron a “emplear nuevos trabajadores” incumplió esa promesa. Y por último, se ha podido constatar que el 9% de los empleados que según las firmas adjudicatarias habían sido contratados del desempleo “no constaba como inscritos en los correspondientes Servicios Públicos de Empleo”.
La fiscalización del segundo Plan E alcanza conclusiones similares a las que se desprendieron del análisis del primero, conocido oficialmente como Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) y aprobado en 2008 con una dotación de 8.000 millones de euros. El Tribunal de Cuentas consideró que el 70% de los proyectos financiados con cargo a ese programa no justificaron su utilidad pública y que sólo el 4% de los trabajadores que fueron contratados para obras o servicios financiados por el plan mantenían sus empleos a finales de 2011.
* El Confidencial - José María Olmo - 1.8.14
Foto: Obras Plan E - wikipedia
Vecinos de Madrid protestan contra Ana Botella por la cesión al Opus Dei de una finca histórica
Las asociaciones de vecinos de Madrid están de nuevo en guerra contra la política urbanística privatizadora de la alcaldesa A.Botella. A pesar de las más de mil alegaciones que presentaron para que la Quinta de Torres Arias, un palacete con enormes jardines de cinco siglos de antigüedad, fuera finalmente de uso público, la alcaldesa, sin embargo, lo cedió al Opus Dei, a través de Universidad privada de Navarra. Una operación fraudulenta, especulativa y esperemos que reversible si llega a los tribunales de justicia, como parece ser su camino final. Es conocida la vinculación de A.Botella y familia con esta secta ultracatólica que actúa calladamente, pero que practica un proselitismo evidente entre las filas del conservador Partido Popular.
"POSTDIGITAL* : Una protesta vecinal convocada por la Plataforma por el Uso Público de la Finca de Torre Arias ha recriminado hoy a la alcaldesa Ana Botella la intención del Ayuntamiento de Madrid de ceder esta finca pública del siglo XVI, de alto valor patrimonial, a la Universidad de Navarra, privada y vinculada a la secta ultracatólica Opus Dei. La protesta ha tenido lugar frente al Palacio de Cibeles coincidiendo en horario con la celebración del pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el que se ha aprobado el Plan Especial para la Finca de Torre Arias, un espacio para el que los vecinos de San Blas llevan años reclamando un destino de sus instalaciones a equipamientos públicos que sean 100% de gestión pública, ya que la zona sufre una fuerte carencia dotacional.
El Plan ha sido aprobado en solitario por el grupo municipal del PP, “tras ignorar las más de 1.000 alegaciones presentadas por asociaciones vecinales y vecinas y vecinos a título individual”, ha informado la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), y contempla la demolición de edificios de alto valor arquitectónico para la construcción de un aparcamiento.
Además de las demoliciones, el Plan regula el uso dotacional como equipamiento educativo del edificio principal, estableciendo el régimen de obras admisibles, y el PP ha asegurado que se llevará a cabo “un concurso público al que puedan acceder todos aquellos organismos educativos o culturales interesados”.
Para la Plataforma por el Uso Público de la Finca de Torre Arias esto “invita a pensar que el Ayuntamiento de la capital ha diseñado un ‘traje a medida’ para la privatización parcial de la quinta vía la cesión de parte de las instalaciones a organismos como la Universidad de Navarra, vinculada al Opus Dei, que ya ha mostrado su interés en instalar en ellas una sede para impartir cursos de postgrado”.
“No puede ser que los chavales y chavalas de Canillejas no tengan un instituto público en el barrio y el Ayuntamiento de Madrid ceda un espacio público destinado a una institución educativa de élite”, han expresado desde la plataforma, que exige la redacción y aprobación de un plan de rehabilitación integral para uso dotacional público que dé respuesta a las necesidades del distrito.
Una privatización encubierta
La Quinta Torre Arias es una hacienda de cinco siglos de antigüedad y una extensión de 13,45 hectáreas, situada en el último tramo de la calle de Alcalá. Además de la abundante vegetación y del palacete principal, cuenta con diversas construcciones catalogadas por el Ayuntamiento con diferentes niveles de protección histórico-artística, como las caballerizas, el matadero, varias fuentes y estanques y otras edificaciones anexas.
Tras la muerte en 2012 de su antigua propietaria, la condesa de Torre Arias, se hizo efectiva la cesión de la finca al Ayuntamiento de Madrid en virtud de un acuerdo firmado en 1985 entre sus propietarios y Enrique Tierno Galván, el entonces alcalde de la capital, según el cual la quinta pasaría a manos del municipio con la condición de que el espacio se empleara como parque público y para servicios a la ciudad.
La Plataforma por el Uso Público de la Finca de Torre Arias cree que el Partido Popular pretende saltarse las condiciones del acuerdo, que establecía el uso público como condición para la cesión, mediante una privatización encubierta, a la vez que aparenta dar cumplimiento a las necesidades vecinales de dotaciones educativas cuya gestión estará en realidad en manos privadas y no serán accesibles para todo el mundo.
* PostDigital - 30.7.14
Foto: Madrid, Quinta de Torres Arias - dinastias
Dimite el alcalde de Paterna, imputado por dos delitos de prevaricación
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Otro alcalde 'popular' valenciano que dimite ante la imputaciones por prevaricación urbanística que le acechan. Por supuesto él alega motivos personales pero, tras años de permanencia en la poltrona municipal, las irregularidades en obras municipales, con colaboraciones privadas, parece que le pasarán factura en forma de sentencias condenatorias, a poco que la justicia sea imparcial y se esmere en estos nuevos casos de corrupción urbanística en la Comunidad Valenciana. Aparte de quién presentara las denuncias, lo que está claro es que, si un alcalde 'popular' dimite, algo muy grave debe haber detrás, porque es conocida su querencia habitual a negar todas las ilegalidades que cometen.
"PÚBLICO* : El alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, imputado por sendos delitos de prevaricación administrativa, ha anunciado este miércoles "por sorpresa" en el transcurso del pleno ordinario de julio su dimisión, tras siete años en el cargo, por motivos personales. Fuentes del Ayuntamiento de Paterna han explicado que durante la sesión plenaria, Agustí ha hecho balance de sus años de gobierno y ha considerado que, aunque cree que las acusaciones de la oposición por las que está imputado no tienen peso, "lo mejor para Paterna" es marcharse ahora.
Agustí ha señalado que la dimisión se formalizará a partir de este jueves y ha pedido "apoyo sin fisuras" a sus compañeros para que ocupe la Alcaldía la primera teniente de alcalde del municipio, Elena Martínez. Las mismas fuentes han indicado que Agustí, que ha sido alcalde de Paterna desde que en 2007 arrebatase el cargo al PSOE, ha esgrimido motivos personales para abandonar su puesto y ha asegurado que su decisión llega en el momento oportuno "más allá de las críticas de la oposición".
Respecto al peso que hayan podido tener en su decisión las imputaciones por supuestas prevaricaciones a raíz de sendas denuncias de la oposición por su gestión en la zona franca y la adjudicación de las obras del auditorio, Agustí ha señalado que éstas "no tienen peso", que "confía en la justicia" y que "el tiempo las aclarará". Agustí, junto a otros cinco concejales del municipio, está imputado por supuestas irregularidades en la promoción de la zona franca, un proyecto de colaboración público privada que, según los cálculos del consistorio, supondría una inversión de 288 millones de euros y la creación de unos 70.000 puestos de trabajo.
Esta imputación parte de una denuncia de Compromís ante la Fiscalía Provincial de Valencia por el supuesto uso "irregular" de 628.000 euros de fondos públicos a través de la empresa municipal Gespa para financiar la promoción de "una Zona Franca inexistente". Además, el hasta hoy alcalde de Paterna también se encuentra imputado por un posible delito de prevaricación administrativa en el proceso de adjudicación de las obras del auditorio del municipio por un importe de 456.470 euros.
En este caso la denuncia partió del portavoz socialista en el Ayuntamiento, Juan Antonio Sagredo, quien ha señalado que les ha pillado "por sorpresa" el anuncio del alcalde, que se ha emocionado. Sagredo, a pesar de las palabras del alcalde, ha considerado que las imputaciones que pesan sobre él han influido de manera "absoluta" en su decisión.
* Público - EFE - 30.7.14
Foto: Alcalde de Paterna (archivo) - paternaahora
Ecologistas denuncia que Murcia quiere hacer un parque temático en un espacio natural protegido
En la Comunidad Murciana continúan como si no hubiera habido 'burbuja inmobiliaria', con faraónicos proyectos ilegales como el que ahora denuncian los siempre vigilantes 'Ecologistas en Acción' en el municipio de Alhama. Se trata de un gran Parque Temático, otro más, que invade una zona protegida al ser declarado Parque Natural. De nuevo la mafia urbanística 'popular' se ha puesto a funcionar a todo tren, ya que tanto el Ayuntamiento como la Comunidad aprueban este nuevo atentado contra la Ordenación del Territorio, algo difícil de entender salvo que existan intereses espurios político-empresariales en la consecución de este macroproyecto. Habrá que esperar de nuevo a la intermitente acción judicial para tratar de resolver este nuevo caso de corrupción en el Urbanismo murciano.
"ELDIARIO* : La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia va a recibir en breve el recurso que Ecologistas en Acción presentó en diciembre del año pasado, y cuyo procedimiento se ha retrasado al haberse acogido a la justicia gratuita. La organización ecologista denuncia la resolución del ayuntamiento de Alhama de Murcia por la que se aprobó el Plan Especial de Ordenación del Parque Paramount en 2013, al entender que tanto el gobierno municipal como el autonómico, ambos del PP, están obviando la consideración de no urbanizable del 21% de su superficie.
Los 320.000 metros cuadrados que son objeto de recurso pertenecen al Parque Regional de Carrascoy-El Valle, y pasaron a ser urbanizables en 2001 con la disposición adicional octava de la Ley del Suelo de la Región de Murcia. La enmienda, añadida a última hora por el gobierno popular, pretendía hacer coincidir los límites de los Parques Regionales declarados por una ley de 1992 con los de los Lugares de Interés Comunitario (LIC), y abría la puerta a la urbanización de unas 11 mil hectáreas de terreno protegido. El PSOE presentó un recurso de inconstitucionalidad y en diciembre de 2012 –casi doce años después-, una sentencia del Tribunal Constitucional tumbó la Ley del Suelo de Murcia e hizo que todos esos terrenos recuperaran su condición de no urbanizables. Por ese motivo Ecologistas en Acción exige la anulación del Plan Especial de Paramount.
Poco después de hacerse pública la sentencia, el entonces consejero de Turismo, Pedro Alberto Cruz, declaró que los servicios jurídicos del ayuntamiento de Alhama de Murcia la habían revisado y que no alteraba “en nada” el proyecto. En la misma línea se expresó el presidente de la sociedad promotora, Jesús Samper, al asegurar que el parque temático y de ocio seguía adelante y que la resolución judicial no le afectaba.
Tecnicismos administrativos
El ayuntamiento de Alhama de Murcia y la comunidad autónoma no discuten los límites legalmente reconocidos del espacio natural, pero argumentan que esa parte del proyecto se va a dedicar a aparcamientos y zonas verdes, un uso que consideran compatible con la gestión y conservación de los valores ambientales del Parque Regional de Carrascoy-El Valle. En declaraciones a eldiario.es, el concejal de Urbanismo de Alhama de Murcia, Ángel Cánovas, defiende la legalidad del proceso y argumenta que según una norma medioambiental de 1985, en la que se dividía el espacio natural y se permitía diversos usos según zonas, el Plan Especial de Paramount sólo afecta a la denominada “franja de protección” donde se permite la construcción de aparcamientos. En su opinión, la norma que revive la sentencia del Constitucional es la de 1985, y añade: “De hecho, en nuestro Plan Especial hemos ampliado la superficie protegida”.
Por su parte, el secretario de Ecologistas en Acción Región de Murcia, Rubén Vives, discute esos argumentos y cree que ayuntamiento y comunidad están tratando de rodear administrativamente las resoluciones judiciales “agarrándose a la norma de 1985”. En declaraciones a este medio, Vives estima que las administraciones incurren en un error, ya que la Ley regional de 1992 que declaró oficialmente a esos espacios como Parques Regionales, “tiene un rango superior a la norma de 1985 y no diferencia usos ni zonifica el terreno, sino que consolida sus límites y otorga a toda su superficie la condición de no urbanizable”.
Rubén Vives reconoce que se trata de un asunto complejo y muy técnico que muchas veces se escapa a la comprensión ciudadana, pero lo resume: “Las administraciones no entienden que un Plan Especial es una herramienta de planificación urbanística que no puede afectar a un suelo urbanizable y a un suelo no urbanizable a la vez, porque son categorías de suelo distintas y llevan procedimientos diferentes”. En su opinión “nos encontramos ante una situación esquizofrénica”. Por su parte, el concejal Ángel Cánovas admite que la legislación podría ser más clara, pero “en este caso es que está clarísimo”.
Presiones políticas y modelos de desarrollo
Ecologistas en Acción confía en que la justicia les dará la razón. Sin embargo, su secretario matiza: “Nuestros abogados nos dicen que esto está ganado, pero en este tipo de procedimientos judiciales estamos convencidos de que hay influencia política, porque cuando alguien tumba una cosa de este tipo, sabe que eso tiene unas consecuencias. De hecho nadie nos ha sabido explicar la razón de que el Constitucional tardara doce años en tumbar la Ley del Suelo de Murcia, cuando la media para resolver un recurso de inconstitucionalidad es de tres o cuatro años”.
Rubén Vives opina que “todavía” no hay nerviosismo en las administraciones afectadas porque a diferencia del caso Novo Carthago, el recurso aquí es por la vía contencioso-administrativa: “La consejería de Ordenación del Territorio dice que los usos son compatibles, y como el ayuntamiento se fía de lo que dice la consejería, ellos están tranquilos. A ver qué pasa cuando la justicia empiece a pedir papeles”. Según Vives, “si les quitan la razón, les dará el soponcio”, algo que el concejal de Urbanismo de Alhama de Murcia descarta: “Cumplimos con creces las normas”.
A la pregunta de si Ecologistas en Acción percibe un mayor apoyo ciudadano en estos momentos de crisis frente a proyectos como el del Parque Paramount, Rubén Vives reflexiona: “El papel de encantador de serpientes que siempre tiene un promotor o la administración pública con lo de prometer empleos, es difícil de contrarrestar. Evidentemente las organizaciones ecologistas no podemos prometer empleos, pero ya tenemos la experiencia de otros proyectos y sabemos que este modelo tampoco ha cambiado nada. En su momento daría puestos de trabajo en la construcción, pero, ¿después qué? Después, nada”.
El exconsejero de Cultura y Turismo de Murcia, Pedro Alberto Cruz, afirmaba en enero de 2013 que “hay que ser respetuoso con el medio ambiente, pero no se pueden dinamitar proyectos que fomentan el desarrollo regional, porque si no, ¿cómo vamos a salir de la actual situación de crisis?”. Para el concejal Ángel Cánovas, “en un municipio como Alhama, donde hay dos mil personas en el paro, es importante que salgan adelante proyectos así que pueden ser un revulsivo en un sector como el de los servicios, que tira mucho del empleo”, y añade que en el caso de Paramount, “el riesgo corre por cuenta del inversor”.
Sin embargo Rubén Vives cree que esas afirmaciones “son mentira, porque todo eso necesita dinero público a punta de pala, y si luego este modelo quiebra, lo pagamos entre todos. Ese dinero público debe invertirse en proyectos reales que creen empleo de verdad, y no en un modelo agotado”. Vives recuerda que “Samper ha anunciado ya un montón de veces que tiene inversores de todo el mundo, sólo le falta decir que tiene inversores extraterrestres, pero al final va y pide dinero público de los Fondos FEDER”. El secretario de Ecologistas en Acción concluye que “conservar el medio ambiente no nos ha llevado a la ruina, es este modelo el que nos ha llevado a la ruina”.
* El Diario - Pedro Serrano Solana - 29.7.14
Foto: Zona en la que está previsto el parque temático Paramount - eldiario
Orihuela.- Ángel Fenoll, el capo de las basuras
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La corrupta Comunidad Valenciana sigue dando que hablar para mal, lamentablemente. A las recientes condenas judiciales de los 'populares' C.Fabra (Castellón), Hernández Mateo (Torrevieja) y la posible de J.Cotino (Valencia), se ha unido la del empresario del PP, capo de las basuras en la Vega Baja, A.Fenoll. Este último asunto ha pasado casi desapercibido, pero la enorme trama delictiva que tenía montada con el negocio de las basuras y vertederos, caso 'Brugal', le han supuesto 35 años de cárcel, según una reciente sentencia judicial. Evidentemente, en esta trama mafiosa hay numerosos políticos 'populares' imputados que iremos viendo desfilar por los juzgados en fechas próximas, ya que, como se sabe, la zona ilegal de actuación abarca toda la Vega Baja alicantina y gran parte de la murciana. Solo hay que esperar que la justicia sea diligente y actúe contra la corrupción urbanística con más energía.
"ELDIARIO* : Retrato del factótum de Orihuela y de uno de los cabecillas de la trama “Brugal”, condenado esta semana a 35 años de cárcel. Sin respiro. No hay semana que no se acumulen las malas noticias para el PP valenciano, ya sea por el desplante de los empresarios que ven al PSPV-PSOE como un interlocutor más válido para sus reivindicaciones o por los casos de corrupción que convierten el País Valenciano en un fango de corrupción permanente. Está semana, precisamente, el PP ha tenido una ración quíntuple.
La condena del “cacique” Carlos Fabra a 4 años de cárcel por parte del Tribunal Supremo –aunque ha sido recurrida al TC- , la providencia al ex alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, para que entre en prisión, la investigación de Anticorrupción al presidente de las Corts Valencianas, Juan Cotino, por las presuntas adjudicaciones a residencias de su familia y el cierre de la pieza cinco de la trama Gürtel, que se ha saldado con el procesamiento de un diputado del PP y tres ex consellers, han ocupado los focos de los medios de comunicación.
Pero, otra condena también ha afectado el PPCV, aunque no ha tenido tanta transcendencia en los medios. Es la condena por parte del juzgado de lo Penal número 3 de Orihuela al empresario Ángel Fenoll a 35 años de cárcel, auténtico factótum de la política oriolana, cabecilla de la trama ‘Brugal’, magnate del negocio de la basura y uno de los empresarios más importantes de la provincia de Alicante junto con el omnipresente Enrique Ortiz. Una sentencia que parece poner fin al arquitecto de la política de Orihuela.
El emperador de la Vega Baja
Fenoll fue el emperador la Vega Baja. Natural de Múrcia, la política en la capital de la comarca situada más al sur de la provincia de Alicante no se puede explicar en las últimas décadas sin hablar de Fenoqui, nombre con el que se conoce de forma coloquial. Propietario de la mercantil Colsur SL construyó un auténtico imperio basado en el negocio de la basura a base de extorsiones y sobornos, según las afirmaciones sostenidas por la policía y la Fiscalía Anticorrupción en el sumario del caso Brugal.
La relación entre el empresario y la ciudad alicantina empieza en 1988, cuando consigue la adjudicación a dedo del negocio de la basura. Para evitar problemas, tirará de pillería y situará el vertedero en una parcela situada al límite entre el País Valenciano y Murcia, en la localidad de Abanilla. Una ubicación estratégica que ha causado problemas para pedir licencias al no saber si era competencia del gobierno valenciano o el murciano.
Su vinculación con el PP comienza a fraguarse bien pronto. Es condenado por tenencia ilícita de armas, estafa al seguro y por delito electoral. Por este último, se le condena a un año y medio de prisión, aunque finalmente se libra de la cárcel. ¿La irregularidad? Comprar votos para el PP por cinco mil pesetas (30 euros) en las municipales de 1991.
La afinidad al PPCV se hace patente cuando ayuda al ex alcalde Luis Fernando Cartagena a fabricar facturas falsas con las que esconder 48.000 euros donados por parte de las monjas para obras de servicio social y que Cartagena guardó en el piano del ayuntamiento de Orihuela sin ser destinados nunca a fines sociales, sino para su beneficio y el del PP.
No obstante, su afinidad al PPCV no le es problema para ayudar a otros partidos si lo cree conveniente. Fenoll, según el libro Tierra de Saqueo, ayudó a Francisco García Ortuño, anterior líder del PSPV-PSOE de Orihuela entre 2003 y 2007, en su nueva etapa como candidato del Partido Social Demócrata, una marca impulsada por el condenado por corrupción Rafael Blasco, para quitarle votos al PSOE.
Su sombra es omnipresente en la política de la Vega Baja. Precisamente, sus intentos por evitar que su ex socio José Alcantara vendiera su mercantil a Ferrovial, propició una escisión en el PP y dio lugar a una nueva formación denominada Centro Liberal. Una venta que no se produjo, ya que la otra parte de Colsur era propiedad de la mujer de José Alcantara y Fenoll forzó la ruptura del matrimonio para evitar la adquisición de su empresa.
Pero, el episodio que más transcendencia tuvo fue su apoyo a Mónica Llorente, hija de uno de sus padres políticos en Orihuela, Manuel Llorente. El alcalde del PP, Juan José Medina condenado por prevaricación en 2013 y distanciado de Fenoll, decide sacar a concurso la recogida de la basura y esta vez la empresa de Fenoqui no consigue la adjudicación. Antes del concurso para adjudicar la contrata, el empresario se reúne con un concejal del Centro Liberal y este le revela que la empresa que iba a ganar sería Urbaser, filial de la empresa propiedad de Florentino Pérez ACS, porque había sobornado al alcalde y a los concejales con tres millones de euros. Fenoll que había acudido a la reunión con una grabadora, entrega la cinta a la Fiscalía Anticorrupción.
Distanciado desde hace tiempo de Medina y a raíz de no adjudicarle la contrata de las basuras, el magnate decide aprovecharse de las guerras entre campistas y zaplanistas que se producen en Alicante. Y es entonces, cuando apoya a Llorente, enfrentada con el campista Medina y próxima al líder provincial José Joaquín Ripoll, entonces presidente de la Diputación de Alicante. Un paso clave para ampliar sus negocios, pero que dará al estallido del caso Brugal.
Basura convertida en fango
La suerte de Fenoll se tuerce cuando los agentes de la Brigada Provincial de la Policía Judicial lo investigan durante un año y en 2007, una semana después de las municipales, lo detienen. La policía encuentra en sus despachos un arsenal de cintas y de material sobre sus negocios sucios y el de otros que dará lugar a la eclosión del caso ‘Brugal’ y al surgimiento de muchas piezas como la que implicará a Sonia Castedo y al constructor Enrique Ortiz en el presunto amaño del PGOU de Alicante.
Pese al surgimiento del escándalo ‘Brugal’, Fenoll se hace con la suya. Llorente, apadrinada por el empresario, llega a la alcaldía de Orihuela y convoca de nuevo el concurso, ya que el anterior que había de ser adjudicado a Urbaser queda desierto. La contrata la gana una UTE formada por Sufi, Liasur y Gobancast. Colsur, la mercantil de Fenoll, no gana, pero él está contento. Desconfiado ante la investigación de Brugal, crea dos empresas tapadera (Gobancast y Liasur) para hacerse con la contrata y así evitar perderla, según la investigación.
Pero, sus negocios no se quedan ahí. Su apoyo por Llorente le lleva a Ripoll, quién adjudicará a principios de 2008 la contrata de recogida de basuras del Plan Zonal de Gestión de Residuos de la Zona XVII de la Vega Baja a la UTE Cespa-Ortiz. Según la investigación, la adjudicación se pacta entre los empresarios Ortiz y Fenoll y el presidente de la Diputación. Ripoll presuntamente adjudicaba el vertedero a una empresa de Ortiz a cambio de que este comprara unos terrenos de Fenoll valorados en cuatro millones y comprados por el capo de las basuras por 800.000 euros. Un acuerdo, que también según la investigación, contemplaba la entrada de Fenoll en el capital de Tabarka Media. Una apuesta por los medios de comunicación que no es nueva para el empresario de la basura: cuenta con una televisión en Orihuela (Tele Vega Baja) y tenía otras dos emisoras afines en Alcoi y Alicante.
Imputado por delito contra el Medio Ambiente, Fenoll controlaba la práctica totalidad de las contratas de la Vega Baja. La policía lo investigó por financiar la campaña municipal del PP en los pueblos de Pilar de la Horadada, Bigastro, Jacarrilla, Algorfa, Rafal y Callosa del Segura supuestamente a cambio de contratas. La investigación fue posteriormente archivada.
Sus negocios no solo habitaban en la Vega Baja. Según la policía, Fenoll se benefició de la contrata de basura de la localidad de Calp (Marina Alta) a cambio de supuestos sobornos a diferentes dirigentes municipales del PP. Todo, según la investigación, con el visto bueno de algunos técnicos del ayuntamiento y con el Calpe C.F. como protagonista. Presuntamente servía como lavadora del dinero de los supuestos sobornos.
Sin embargo, la figura de Ángel Fenoll ya no tiene la influencia que anteriormente tenía. Su imputación en el caso Brugal, la municipalización del servicio de basura por el gobierno de Montserrate Guillén en Orihuela y el triunfo judicial de los vecinos que exigían cambiar de ubicación el vertedero ha laminado su poder en la capital de la Vega Baja. La condena a 35 años de cárcel por 11 delitos fiscales y otro de falsedad documental parecen enterrar una época de reinado en Orihuela y en la Vega Baja del capo del negocio de la basura.
* El Diario - Moisés Pérez - 26.7.14
Foto: Orihuela (Alicante), empresario Ángel Fenoll - elpais.com
12 causas judiciales acorralan al gobierno municipal de Ourense
La provincia de Ourense se ha convertido en uno de los focos de corrupción urbanística más destacados del país. Si a la enorme influencia mafiosa del sentenciado capo del PP, Baltar, se une la especulativa socialista del gobierno de la capital y de la propia Xunta 'popular', queda dibujado un panorama desolador, solo comparable con los peores lugares corruptos levantinos. El ayuntamiento orensano tiene pendientes 12 causas judiciales por diversas obras públicas adjudicadas ilegalmente a dedo, habiendo, entre otros, 8 miembros del gobierno imputados. Habrá que ver si la actuación judicial está a la altura de las circunstancias, ya que de la principal de las causas pendientes han pasado 7 años (siete) y han seguido gobernando los mismos como si tal cosa, con impunidad descarada.
"ELPAÍS* : Tras siete años de gobierno, la justicia cerca al Ayuntamiento socialista de Ourense. Ninguna ha llegado todavía a la fase de apertura de juicio oral, pero una docena de causas penales salpican actualmente a 11 políticos municipales, ocho de ellos miembros de la Junta de Gobierno bipartita. Y todos los implicados miran al próximo otoño. Con la fontanería de los partidos trabajando para la elección de candidatos de los comicios locales de 2015 y con la instrucción judicial de algunas de las causas a punto de finalizar, el mes de septiembre está marcado en rojo en el calendario.
La instrucción que más preocupa, imputó a toda la Junta de Gobierno del año 2007 –un bipartito junto al BNG– por adjudicar, supuestamente a dedo, sin publicidad y con urgencia, la reforma de la calle Bedoya a una empresa de la que es directivo un miembro de la ejecutiva local del PSdeG con puesto en la lista electoral. La investigación concluirá con el verano y si el juez ordena abrir juicio a todo el gobierno de aquel año, el actual alcalde y sus dos tenientes de alcalde, siguiendo la norma del PSOE, deberán dimitir a pocos meses de las elecciones. Ese vacío en un gobierno dividido en dos bandos, con cinco concejales afines al alcalde y otros cinco enfrentados al regidor, abriría otra vez el melón del poder entre las dos familias socialistas ourensanas.
Aquella misma Junta de Gobierno bipartita está siendo investigada en otros dos casos: por adjudicar una obra de forma urgente y sin publicidad, y por legalizar una urbanización con orden de derribo tras pagar una indemnización de 358.000 euros de forma supuestamente irregular. El juez que indaga ese proceder, tras imputar a la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, está a punto de encausar de nuevo a todo el gobierno de 2007, según explican los propios señalados por la denuncia. La investigación de irregularidades en el servicio de ayuda a domicilio, imputó a la teniente de alcalde, Marga Martín, por malversación de caudales públicos y cooperación para estafa. El magistrado instructor constató la existencia de facturas falsas por varios cientos de miles de euros, pagos inflados a la concesionaria y enchufes dirigidos desde la alcaldía.
Aunque el regidor, Agustín Fernández, suma dos imputaciones por supuesta prevaricación, el horizonte pinta más oscuro para la otra teniente de alcalde y edil de Urbanismo. Soto acumula imputaciones por presunta prevaricación o malversación en seis casos diferentes. Además de las derivadas de su presencia en la Junta de Gobierno, en el caso matadero se dilucida si prevaricó por conceder licencia para el derribo y construcción de un muro. Otro juez la investiga por conceder permiso de ocupación y apertura a una residencia universitaria ilegal o por declarar secreto el nuevo plan de urbanismo en tramitación y no permitir su consulta.
Los tentáculos de la Operación Pokémon llegaron a Ourense en 2012 y se llevaron por delante al exalcalde, Francisco Rodríguez –imputado por blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias o prevaricación–, a un exedil del BNG también imputado y además tumbaron el bipartito. La Pokémon destapó enchufes por toda Galicia, también en Ourense, una práctica investigada a su vez por otro juez en caso de las asistencias técnicas. La instrucción indaga supuesta prevaricación y malversación del exalcalde Rodríguez, del actual alcalde, de la directora general de Personal, Carmen Rodríguez, y de dos exoncejales del BNG, por enchufes de personal externo contratado como asistencia que luego consolidó puesto fijo. Además, tanto el alcalde Fernández como el exalcalde Rodríguez, han sido denunciados por el pago de un millón de euros, con facturas reparadas por el interventor, a un periódico local. Las indagaciones de la instructora encargada del caso permanecen estancadas desde hace meses.
Los jueces no son los únicos que cercan al Ayuntamiento. El fiscal jefe tiene entre sus manos dos casos que apuntan contra políticos locales. Por un lado investiga si es ilegal que el alcalde endosase al Plan E aceras de su casa debía pagar él. Y por otro, rastrea las cuentas de la agrupación municipal socialista al hallar indicios de supuesta malversación de caudales públicos en el pago del salario a un exasesor del partido, recientemente llamado a declarar como imputado. Pero la jurisdicción penal no es la única que ha puesto contra las cuerdas al gobierno ourensano. A comienzos de julio, una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tumbó medio centenar de puestos a dedo de la plantilla municipal, entre ellos los de la hija, el chófer o las dos secretarias del alcalde. El gobierno dice que cumplirá la sentencia sin ceses o despidos. Y en medio de esta complicada maraña judicial, el alcalde y sus ediles más fuertes se afanan en denunciar una estrategia de acoso y derribo contra ellos.
* El País - PABLO TABOADA - 27.7.14
Foto: Ourense, obras adjudicadas a dedo - elpais
Valencia.- El PP desoye a los vecinos y aprueba derribar parte del Cabanyal
Erre que erre, algunos políticos 'populares' no aprenden ni a gorrazos. Dª Rita, la alcaldesa corrupta valenciana es uno de ellos, a pesar de ha que su Plan primitivo de derribo del barrio del Cabanyal fue echado abajo hace años por el Ministerio de Cultura y de las advertencias repetidas de la UE. Ahora se acaba de sacar de la manga un nuevo Plan del Cabanyal, aprobado por el PP naturalmente, que cae en los mismos errores de expolio cultural por mucho que lo quiera disfrazar. Los vecinos, por supuesto, han saltado de nuevo ante esta afrenta sin justificación y ya se anuncia otra vez una temporada calentita contra la dictadora alcaldesa R.Barberá y su partido.
"LAMAREA* : Un total de 638 edificios (más de 1.200 viviendas) y una gran avenida que partirá el barrio por la mitad. Este es el nuevo plan para El Cabanyal que el equipo de gobierno de Rita Barberá ha aprobado esta mañana con los votos a favor del PP y con la oposición del resto de grupos. El pleno, que se ha desarrollado en un ambiente de tensa calma, ha contado con la participación de vecinos del barrio que, tras la aprobación del plan, se han pintado la cara de rojo y han permanecido de pie y en silencio durante varios minutos en señal de protesta.
Durante el debate, el Partido Popular ha justificado su plan alegando que de este modo dan cumplimiento a la Orden del Ministerio de Cultura del gobierno de Zapatero, que definía el anterior plan para el Cabanyal de “expolio” y pedía un nuevo proyecto urbanístico.
La oposición ha rechazado este nuevo plan ya que lo considera una mera “operación de maquillaje” pero que continúa con la agresión al barrio y ha pedido al gobierno de Barberá que “rectifique”, “retire la propuesta” e “inicie un diálogo con vecinos y plataformas ciudadanas que permita la rehabilitación del barrio”.
Desde Esquerra Unida, su portavoz en el Ayuntamiento de Valencia, Amadeu Sanchis, ha recordado que “esta adaptación del plan es ilegal” ya que continúa habiendo “expolio”. En este sentido, ha anunciado que su grupo ha presentado un escrito al presidente de la Generalitat “para que subrogue las competencias urbanísticas del Ayuntamiento ya que no se está cumpliendo la ley”.
Joan Ribó, de Compromís, ha incidido en que “se derriban 194 viviendas en la zona BIC (Bien de Interés Cultural) y ha vuelto a destacar que “prolongar [la avenida hacia el mar] y proteger es incompatible”. Además, ha calificado de “impresentable, opaca y chapucera” la memoria económica.
Finalmente, desde PSPV, el concejal Vicent Sarria ha denunciado que “ustedes hablan de una propuesta de adaptación a la Orden Ministerial, pero es mentira, no se adapta, sigue habiendo una avenida de 48 metros que se convierte en un boulevard que destruye la parte fundamental del barrio”.
“Mi abuela ya defendió el Cabanyal hace 17 años”
Pero, sin duda, las intervenciones más emocionantes han sido las de tres representantes de tres asociaciones que han tomado la palabra antes del pleno. Una de ellas, Mar Villora, ha recordado que su abuela, fallecida hace algunos años, intervino hace 17 años en el pleno que aprobó el primer plan que partía el barrio en dos y que se declaró ilegal por el Tribunal Supremo. “Ni las bombas, ni la riada destruyeron el barrio, y vosotros tampoco lo conseguiréis”, ha concluido.
El resto de representantes vecinales se ha quejado de que “nos hacen pasar por la misma situación” y han terminado con un poema: “ Si Blasco Ibáñez levantara la cabeza y viera lo que quieren hacer / destruir el Cabanyal, en nombre de él”.
Tras la aprobación en el pleno, los vecinos han salido a la calle para concentrarse contra el nuevo plan, que ven como “una amenaza más” a sus viviendas. “Que lleguen pronto las elecciones”, pedía con resignación más de uno.
* La Marea - Toni Martínez - 25.7.14
Foto: Protesta en el Cabanyal de Valencia - (archivo)
Alicante.- Así diseñó el hermano de Castedo el 'pelotazo' para 'hacer rico' a Ortiz
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"ELMUNDO* : Las conversaciones intervenidas por la Policía en el caso Brugal recogen el momento exacto en el que empezó a fraguarse el pelotazo urbanístico del promotor Enrique Ortiz con el Plan General de Alicante. La fecha concreta es el 6 de noviembre de 2008, apenas dos meses después de que el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, haya cedido la vara de mando a la hasta entonces concejal de Urbanismo, Sonia Castedo. En cuanto accedió a la Alcaldía la edil aceleró el Plan General de la ciudad, que llevaba tramitándose desde 2001. Las escuchas demuestran que la relación de Castedo con Ortiz, dueño del 70% de suelo urbanizable de Alicante, era ya muy estrecha.
La regidora no sólo recibió varios regalos del constructor, sino que ambos compartieron vacaciones. Esa misma Nochevieja, la de 2008, viajaron juntos a Andorra, tal como demuestran las fotos de la fiesta que EL MUNDO publicó en exclusiva.
El pinchazo arranca con el hermano de la alcaldesa, el abogado urbanista José Luis Castedo, llamando a Ortiz para explicarle paso por paso cómo puede sacar el máximo provecho al suelo que ha adquirido en parques naturales de Alicante. La Policía cree que el empresario se hizo con estos terrenos con la intención de dar posteriormente un pelotazo, y la siguiente conversación demuestra que fue el hermano de Castedo quien diseñó el concepto de «metro a metro» que luego se quiso introducir en el PGOU y en el refundido de leyes urbanísticas de la Generalitat.
Primero Castedo informa a Ortiz que no se puede construir en el suelo verde que ha adquirido:
José Luis Castedo: He estado hablando con el servicio de parques naturales de aquí y me han confirmado lo que te decía yo.
Enrique Ortiz: Sí.
J. L. C.: Que ni de coña se admite una actuación urbanística.
E. O.: Hostias, madre mía.
J. L. C.: Ahí se admiten actuaciones infraestructuras, en su caso si tiene que pasar una línea eléctrica, pero poco más.
E. O.: Madre mía, madre mía.
Tras darle la noticia, el abogado explica que ha contactado con el redactor del Plan General, Jesús Quesada, para hablar con él. Entonces empiezan a diseñar un plan b.
E. O.: ¿Pues qué se te ocurre que hagamos?
J. L. C.: Vamos a ver, ahí... hombre, habrá que ir viendo qué pasa con el plan. En principio si está metido está metido.
E. O.: Sí.
J. L. C.: Vamos a ver qué pasa en el trámite de alegaciones, y si empiezan a pinchar mucho...
La idea del hermano de la alcaldesa es utilizar la figura urbanística del «metro por metro», la que permite permutar suelo en parque naturales por terrenos donde sí se permita construir, para que Ortiz se deshaga del peso muerto obteniendo en el proceso el máximo beneficio.
J. L. C.: Yo una cuestión que me estaba planteando, a efectos de las alegaciones del parque natural, es que a mí me parece muy bien que por ejemplo a Los Saladares [de Aguamarga] le pongan un coeficiente de 0,25.
E. O.: Sí.
J. L. C.: Pero... eh... si ellos se empeñan en mantener esos coeficientes, aunque espero que no, si ellos le están dando un menor valor deberían darle un mayor valor en la adscripción.
Lo que el abogado está diciendo es que el Ayuntamiento debería compensar a los propietarios con suelo verde de «pocas unidades de aprovechamiento» con «metros de techo que tuvieran mayor valor», ya que el suelo en parques naturales no tienen ninguna utilidad para un particular y, sin embargo, al consistorio sí que le interesaría adquirirlo.
Para dejarlo claro, se lo ilustra a Ortiz de la siguiente manera:
J. L. C.: En realidad lo que ha hecho Jesús es una milonga, porque al final te da unas unidades de aprovechamiento pero que, en metros de techo, en función de donde te lo adjudiquen, vale tanto o vale cuanto.
E. O.: Claro, porque como te lo dé en el polígono industrial pues fíjate...
J. L. C.: No vale nada, y sin embargo, te lo dan en La Condomina...
E. O.: Y vale un huevo, y te haces rico.
J. L. C.: Aunque te den menos.
E. O.: Es mucho más el 0,25 en La Condomina que el 0,75 en un industrial.
J. L. C.: Entonces es una opción que estaba considerando.
E. O.: Pues míralo, José Luis, a ver si lo que nos interesa al final es decirle que lo meta como suelo protegido.
Una vez trazada la estrategia, el promotor presionó a Quesada -incluso a través de Castedo- para conseguir su objetivo. Poco después estalló Brugal y la tramitación del PGOU quedó suspendida.
EL PROMOTOR TRATÓ DE QUE EL CONSELL SIGUIESE EL PLAN
Año y medio después de que el hermano de la alcaldesa trazase la hoja de ruta para Ortiz, el empresario presionaba al Consell para que éste incluyese el «metro por metro» en el refundido de leyes urbanísticas. Así consta en una conversación entre Ortiz y el abogado Juan Enrique Serrano.
Juan Enrique Serrano: Que sepas que Parot [un cargo de Urbanismo] me llamó el otro día (...) me dijo que le parecía muy bien, que estaba de acuerdo con todos los temas que había que meter, pero creía que el ambiente dentro de la casa no era proclive a lo del metro metro.
Enrique Ortiz: Ya, ya.
J. E. S.: Dentro hay varias posiciones tomadas, y él me habla en confianza que ahí el conseller [Juan Cotino] es el que menos criterio tiene. Lo digo para que tú le aprietes.
* El Mundo - S. SAMPEDRO | H.F - 27.7.14
Foto: Sonia Castedo y Enrique Ortiz - elmundo
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Almería.- El TSJA dice ahora que la licencia del hotel El Algarrobico es legal
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Con el caso del ilegal hotel de El Algarrobico, en la costa virgen y protegida almeriense, ya no se sabe si reír o llorar. Es tal el grado de ridiculez interesada de las administraciones y de los tribunales de justicia implicados que ha llegado el momento de acusar claramente a esta caterva de personajes corruptos. Hace más de 10 años que se concedió la primera licencia municipal de obras y desde entonces han intervenido la débil Junta de Andalucía, el Gobierno central, tribunales de justicia de todo tipo y, por supuesto, la acción ciudadana y de organizaciones ecologistas que han protestado en multitud de ocasiones contra esta aberración urbanística, considerada, además, emblema internacional de la especulación salvaje del Urbanismo en el país. Ha habido casi una veintena de sentencias contrarias a este 'mamotreto' ilegal, pero el asunto, finalmente, se puede decidir por otra sentencia más, esta vez injusta y posible prevaricadora de un Tribunal andaluz. Estamos ante el mayor disparate judicial y político del urbanismo salvaje en todo el país, encima en todo un emblema internacional de la corrupción española más sangrante... Así que: reír o llorar.
"ELDIARIO* : La licencia municipal de obras concedida en 2003 al Azata del Sol para construir el hotel en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), es conforme a derecho y no viola ni la Ley de Costas ni la normativa que protege los valores medioambientales del parque natural de Cabo de Gata-Níjar. Así lo ha dictaminado la Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una sentencia que estima los recursos de Ayuntamiento de Carboneras y empresa promotora contra el fallo del juez de Almería, J.Rivera, que ordenó en 2008 la revisión de oficio de esa licencia al estimar que el hotel invadía el dominio público marítimo terrestre y se levantaba sobre suelo no urbanizable de especial protección.
La sentencia hecha pública este miércoles por el alto tribunal andaluz sostiene que la resolución de Rivera causa indefensión a las partes demandadas al no haber resuelto de "forma congruente y motivada" sus argumentos contra la revisión de oficio, ni la denuncia del Ayuntamiento de que las asociaciones ecologistas no habían aportado los documentos que exige la Ley para interponer demandas contencioso administrativas".
"DECLARACIONES MÁS ALLÁ DE SU COMPETENCIA"
En cuanto al recurso de la Junta de Andalucía, declara que la sentencia "fue incongruente" porque, pese a negar todos los argumentos por los que la Junta pedía la nulidad de la licencia, estimó el recurso del letrado de la administración autonómica "y además, no se limitó a declarar que se iniciara el trámite de revisión de oficio sino que hizo declaraciones que iban más allá de su competencia".
También revoca la sentencia por este motivo aunque entra a resolver el fondo de la demanda y declara que la licencia fue otorgada "con arreglo al planeamiento urbanístico aplicable ya que este planeamiento había sido aprobado por la propia Junta de Andalucía y por el Ayuntamiento carbonero", contando, según remarca, con "informes previos y favorables" de la Administración del Estado, "que como titular de la defensa de las Costas no opuso ningún inconveniente".
LOS PLANES URBANÍSTICOS, DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
La sentencia de la Sección Tercera, según indica el TSJA en un comunicado, sostiene, asimismo, que el ordenamiento jurídico "debe articular los medios para que los planes urbanísticos sean coherentes con la legislación ambiental y de costas", pero matiza que, una vez aprobados, "su aplicación y la concesión de las licencias de obras previstos en dichos planes es obligatoria para el Ayuntamiento".
"No puede alegarse la nulidad de aquellos planes urbanísticos, que son normas jurídicas vigentes, y su eventual nulidad no constituye causa para la revisión de la licencia urbanística", remarca.
El tribunal argumenta que la propia ley "impide los procedimientos de revisión de oficio de los reglamentos y planes urbanísticos a instancia de particulares, que pueden solicitar su declaración de nulidad si recurren las licencias que los aplican dentro del plazo legal para ello, dos meses desde el otorgamiento de la licencia".
Recuerda, no obstante, que, una vez que dichas licencias alcanzan firmeza, "solo se puede pedir su revisión de oficio por defectos de nulidad de las propias licencias, y no de los planes o reglamentos que definen las condiciones para otorgarlas".
"Por tanto, la clave del litigio es que lo que el juez de instancia --en alusión al magistrado Jesús Rivera-- resolvía como motivo para revisar la licencia eran las supuestas ilegalidades de los planes urbanísticos, y no defectos de nulidad de la propia licencia, que era firme y por tanto inatacable por esta vía".
DEFECTO DE FORMA
Con respecto a la causa de inadmisión de las impugnaciones de los colectivos ecologistas, señala que la causa de la inadmisión es que quienes comparecieron en nombre de estas asociaciones ecologistas "no acreditaron que existiera un previo acuerdo del órgano competente de las respectivas asociaciones que asumiera la decisión de interponer las demandas" y subraya que es "imprescindible" dicho acuerdo para actuar válidamente en nombre de una persona jurídica como son estas asociaciones privadas.
También expone que este defecto de comparecencia, que se les puso de manifiesto por la defensa del Ayuntamiento de Carboneras, pudo haber sido subsanado en toda la tramitación ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería pero que "no aportaron el acuerdo, ni alegaron nada sobre la razón de no hacerlo".
La Sección Tercera estima, así, que hay un "incumplimiento consciente" de este requisito que la ley exige para garantizar que las asociaciones privadas asumen la responsabilidad de los actos y demandas de quien comparece en el proceso, "lo que el juez Rovera debería haber declarado y no entrar a enjuiciar los recursos así interpuestos".
* El Diario - EP - 30.7.14
Foto: El Algarrobico (Almería), protesta Greenpeace - A.Rodríguez, Greenpeace
