En Urbanismo existen toda clase de trucos y fraudes de ley para realizar lo que a la administración de turno le interesa. La impunidad con la que se actúa sobre todo desde los municipios es infinita, sabedores de que la justicia cierra los ojos y que las autonomías, en la mayoría de ocasiones, están compinchadas para realizar el delito. No es el caso de Granada donde, quizás por pertenecer a distinto partido político que la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento 'popular' fue denunciado al querer introducir una norma liviana que, en realidad, suponía un cambio sustantivo del Plan general municipal. Así ahora todo lo sucedido urbanísticamente en el último año en la ciudad queda en 'stand by' ya que presupone una ilegalidad manifiesta.
"GRANADAHOY* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha suspendido cautelarmente la Ordenanza Municipal de Edificación (OME) aprobada por el pleno del Ayuntamiento en mayo de 2013. En esencia, se trataba de un conjunto de medidas que pretendían regular de forma más liviana todo lo relacionado con las edificaciones de la capital, ya fuesen arreglos o construcciones nuevas. Justo después del 'ok', el Gobierno autonómico recurrió y, al poco tiempo, el grupo municipal de Izquierda Unida presentó alegaciones. Consideraban que actuaba al margen del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que sólo se trataba de una excusa para acometer el levantamiento de inmuebles de forma poco legítima.
Un plan para "modificar encubiertamente el planeamiento urbanístico de la ciudad". Ahora, el tribunal deja en "suspenso" el acuerdo del 24 de mayo de hace un año.
El auto, al que ha accedido Granada Hoy, señala que se suspende cautelarmente la ordenanza pues, de lo contrario, el recurso contencioso administrativo presentado por la Junta "podría perder su finalidad" debido a que los "actos de ejecución" y la "modificación del entorno físico" generarían "daños de imposible o difícil" reparación si, en última instancia, se optase por la nulidad de esta medida municipal. O lo que es lo mismo, ni prohibe la nueva ordenanza ni permite su operatividad. La deja en 'stand-by'.
A pesar de que la resolución no es definitiva -existe la posibilidad de un Recurso de Reposición-, la respuesta es vista desde IU como una auténtica victoria. "Se le acaban las tretas y manejos al Gobierno municipal del PP para ir tapando sus irregularidades urbanísticas y, en especial, las de las zona de ocio del Serrallo Plaza, por las que los responsables políticos de Urbanismo en Granada han sido denunciados por la Fiscalía", declaró su líder en la casa consistorial, Francisco Puentedura. "La Justicia nos da la razón".
De acuerdo con sus palabras, el PP pretendía "alterar usos y condiciones de edificabilidad", en contra de lo que define el PGOU. "Era una ordenanza realizada para tapar todos los pufos urbanísticos del PP en Granada, pero este auto judicial deja claro que dichos pufos no son legalizables y, por tanto, las irregularidades urbanísticas que la edil de Urbanismo y el alcalde han consentido en estos últimos años van a ir saliendo a la luz", puntualizó Puentedura.
* Granada Hoy - VÍCTOR OLIVENCIA - 23.4.14
Foto: Granada, ayuntamiento - picasaweb.google.com
Granada.- El TSJA deja en 'stand-by' la última ordenanza de Urbanismo
El ladrillo se convierte en azucarillo
La enorme crisis-estafa que sufre España desde hace ya unos años tiene su origen en la década de los noventa y fue realizada con premeditación y alevosía. En el campo urbanístico y de ordenación del territorio se puede poner como fecha la de 1998, con la aprobación por el Gobierno Aznar de la nueva Ley de Suelo. Esta delictiva ley, conocida como la del "todo vale", dio vía libre a la especulación urbanística salvaje en la que todas las administraciones sacaron tajada con el apoyo de un sistema financiero 'ad hoc' como fueron las culpables Cajas de Ahorro (controladas por el poder político). Esto permitió un despilfarro público sin límite y la generación de enormes plusvalías en todos los actores de la construcción que dio origen a la tristemente famosa 'burbuja inmobiliaria'. Sin embargo, a día de hoy, la casi totalidad de delincuentes de 'guante blanco' que obtuvieron sustanciosas ganancias con semejante proceso mafioso, continúan en la calle sin que la justicia haya actuado contra ellos como debía.
EDUARDO LIZARRAGA* : Todo comenzó en 1998, cuando el primer gobierno de Aznar, con Rato como asesor, se empeñó en lograr que el precio de la vivienda fuera más asequible para todos los españoles y reactivar de paso el sector inmobiliario, muy tocado tras la crisis del ’92. Para ello aprobó una nueva Ley del Suelo. O al menos eso es lo que dijeron en su momento. Otras lenguas, seguro que perversas, aseguran que fue una petición de muchos políticos municipales que querían tener recursos a su alcance. Recursos en suelo o lo que es lo mismo en dinero.
El caso es que dando mayores disposiciones municipales sobre el suelo éste no se abarató sino todo lo contrario. Y la vivienda para todos los nacionales tampoco. Eso sí, comenzó un negocio muy lucrativo, el del ladrillo, para unos cuantos españoles —demasiados— visto lo que pasó. Ya es imposible dar marcha atrás, pero en la distancia y en los juzgados puede verse que la mayoría de los casos de corrupción sucedidos tienen como causa la especulación inmobiliaria y la recalificación de terrenos. Municipios de cualquier color político repartiéndose el botín con sus controladores autonómicos que además “intercedían” con la Caja Provincial para conseguir el dinero necesario para la operación. Todo ello, sin hablar de que estas recalificaciones, y las construcciones que les siguieron, han sido el principal daño causado al medio ambiente y la biodiversidad en nuestro país durante los últimos veinte años.
Y aunque ahora se rasgue las vestiduras, el PSOE no se opuso a tamaño dislate que multiplicaba las posibilidades de corrupción por 8.000, o algo más que es, o era en aquella época, el número de municipios españoles. Y si no se opuso es porque también le interesaba y esperaba poder captar recursos. Así, sin discusiones, se dieron las llaves del cofre del tesoro a políticos de bajo nivel y escasa preparación, que llenaron las arcas municipales y las cuentas de los partidos sin olvidar, en muchos casos, las suyas propias.
Y preparado el escenario llegaron los actores del drama que se avecinaba. Políticos de toda laya que estaban en política “para hacer dinero”, promotores antiguos, o de nuevo cuño, de esos del Mercedes 190 y el “peluco de oro” y que ponían en contacto a los políticos con terratenientes que se dejaban querer. Para cerrar el círculo faltaba el dinero y éste llegó, en principio, desde esas instituciones netamente españolas, contestadas por la UE como un anacronismo y en las que los dos partidos principales tenían las manos metidas hasta los tobillos: las Cajas de Ahorros. Estos organismos iban a ser la piedra fundamental para conseguir traer del futuro ingentes cantidades de dinero, para invertir en suelo y viviendas, que hipotecan ahora a los españoles imposibilitando la salida de la crisis por ausencia de financiación.
Y se inició la fiesta para algunos que ahora pagamos entre todos. La era dorada del derroche y los megayates.
El precio de las viviendas, a pesar de las previsiones aznaristas, subió de año en año y de mes en mes, de forma espectacular —casi un 30% en el 2006—. Tanto como los casos de corrupción municipal, muchos de ellos aún sin juzgar o prescritos. La costa se enladrilló sin nadie que se atreviera a decir nada, salvo Greenpeace, que fue acusada de querer frenar el desarrollo español y de ser enemiga del progreso.
A las Cajas se sumaron los bancos, y a los políticos municipales los autonómicos, con obras faraónicas “porque mi Comunidad se lo merece” era su frase repetida. Y así nos hicimos con aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches, Centros de Congresos sin congresistas e Instituciones Feriales de primer orden, haciendo certámenes de novias, de coches de segunda mano o de alimentos macrobióticos.
Y los números fueron aumentando de manera obscena, al igual que los títulos absurdos… los primeros en construcción en Europa; el mayor ratio en consumo de cemento; los mayores incrementos de precios… Íbamos disparados, hasta que nos salimos en la curva de 2008 con Lehman Broters como copiloto. En enero de aquel año el Instituto Nacional de Estadística español anunció una fuerte bajada de la compraventa de viviendas (un 27% en el primer trimestre de 2008) y de la contratación de hipotecas (un 25% en enero de 2008), por lo que ahora se considera ese momento el de la explosión de la burbuja española.
Burbuja ésta que había sido negada de forma sistemática por los agentes del mercado y los partidos políticos, interesados todos ellos en que el negocio siguiera en marcha sin tener en cuenta las catastróficas consecuencias que su cortoplacista visión iba a tener. Según el Banco de España, en el periodo 1997-2007 el precio de la vivienda en España se había incrementado alrededor de un 150% en términos nominales, lo que corresponde con un 100% en términos reales, el precio máximo se alcanzó al final de la burbuja, en 2007; en ese momento comenzó el descenso en el precio de la vivienda.
Ahí acabó todo el espejismo de crecimiento, se vendieron los megayates, y ante la falta de dinero engrasando la maquinaria comenzaron a saltar los engranajes de la corrupción por todas partes. Era como si todos hubiéramos tenido los ojos cerrados con los billetes que caían desde los edificios en construcción y mientras lleváramos el bolsillo lleno todo nos daba igual. Los más listos ya se habían retirado del negocio en el que sólo quedaban los más pardillos y los que habían llegado al final. Las quiebras de las constructoras se multiplicaron, y daba igual el tamaño que tuvieran ya que ante el desastre la única diferencia es que hacían más ruido al caer.
Y con las quiebras, nuestra geografía comenzó a llenarse de edificios por vender, por terminar o por levantar; con urbanizaciones en mitad del campo llenas de farolas y calles que no llevaban a ninguna parte y en las que las malas hierbas crecían con profusión. A la vez y conforme el paro comenzaba a subir en un Tourmalet duro e interminable, las fachadas de los edificios se llenaban de anuncios de ‘Se Vende’ y las noticias de desahucios comenzaban a ocupar espacio en los periódicos. Los bancos, tan generosos un año atrás dando hipotecas al 100% con un 20% suplementario para el Cayenne, cerraban el grifo del dinero y agudizaban la crisis, imposibilitando que los pocos interesados en comprar pudieran hacerlo y logrando que los promotores enganchados se fueran al hoyo en tiempo record.
Y hasta aquí todo ha sido ajuste, suave en un principio, duro después y más duro a continuación. Y llegó la nacionalización de numerosas cajas de ahorro quebradas: Caja Castilla-La Mancha, Caja Sur, Caja Mediterráneo, Nova Caixa Galicia, Caixa Catalunya, Unnim y Bankia y las ayudas públicas para fusiones de otras muchas entidades bancarias. Con esta medida socializamos sus pérdidas entre todos los españoles poniendo un dinero –se estima que podría superar los 105.000 millones de euros- que será difícil por no decir imposible recuperar.
Durante los años de bonanza, el “afán constructor”, como se publicitaba una conocida inmobiliaria, se tradujo en la construcción de 525.331 viviendas en el 2003, 586.092 en el 2004 y 612.066 en el 2005 y más de 800.000 en el 2006. Por supuesto que no todo se vendía y así en el 2004 se vendieron un total de 295.000, en el 2005, unas 336.000 y en el 2006 unas 600.000 unidades, []lo que indicaría una acumulación de viviendas nuevas. Significativamente, el parque de viviendas vacías en España era en 2005 de 3,35 millones, lo que supone un 14% del total.
Tenemos en estos momentos más de 900.000 casas nuevas, casi todas propiedad de bancos, terminadas y esperando comprador. Terrenos recalificados en todas las Comunidades Autónomas y que sólo en la Comunidad Valenciana, una de las más afectadas por la corrupción y los pelotazos urbanísticos, podrían albergar más de un millón y medio de pisos. Recalificaciones que han terminado con casi toda la costa mediterránea virgen y se han extendido por el interior en patatales lejanos de los centros urbanos. Por si esto fuera poco más de un millón y medio de propietarios, asfixiados casi todos por la situación económica y el paro, intentan vender su propiedad con muy pocas perspectivas de éxito. Y lo que es peor, están atrapados en un bucle maléfico ya que cuanto más tardan en vender más ha bajado la casa de precio y su venta pudiera llegar a no cubrir el valor de la hipoteca pendiente. Así, en 2014 el número de hipotecados en España cuya vivienda vale menos que el préstamo pendiente de pagar subirá hasta el 10,7% y, previsiblemente, llegará al 11,3% en 2015. Esto se traduce en que unos 580.000 propietarios podrían perder dinero si quisieran vender su vivienda o podrían sufrir un desahucio quedando a deber dinero al banco si su situación económica empeorase.
En estos momentos el valor del inmobiliario se ha ajustado hasta llegar a los precios que tenía en marzo del 2003. Por supuesto que esto es una cantidad media y que en algunas zonas habrá bajado más y en otras menos. Es decir, los que compraron en 2002 que, tras la entrada de España en el euro con las vacilaciones del momento, fue el momento en que los precios comenzaron a inflarse hasta llegar al paroxismo del 2007, están llegando al límite de su apuesta inmobiliaria y cuando termine esta crisis, que terminará, podrán vender al valor que compraron y olvidar las fastuosas revalorizaciones que experimentaron los pasados años.
Esto es el escenario lógico que debiera suceder si los bancos y su financiación quieren, que de momento es que no. Las hipotecas son una rara avis, cara para los que se la conceden y con unos diferenciales para los no clientes que pueden estar por encima del 3,5%. Y esto no anima al mercado inmobiliario.
Ahora mismo la oferta es desmesurada, con más de dos millones de propiedades en venta entre obra nueva y vivienda usada. Y en los dos mercados son los bancos los que mandan con la hipoteca en la mano. Ni el promotor que aún sobrevive, ni el particular que quiere vender su propiedad, lo conseguirán si el banco no da la financiación al posible comprador. Y el banco es juez y parte, ya que también dispone de una inmensa cartera inmobiliaria a la venta, que podría llegar a más de 700.000 pisos entre todos las entidades juntas. Pisos de promotores arruinados o de particulares desahuciados. Y está claro que a la hora de pedir la hipoteca sólo la obtendremos si el piso que queremos es del banco; y con buenas condiciones y en algunos casos al 100% de su precio.
Artículo aparte merece hablar de las grandes operaciones que administraciones y bancos, incluyendo a la Sareb, están haciendo con los fondos de inversión oportunistas, bien llamados fondos buitre. Fondos llegados a España durante el 2013, de la mano de políticos y banqueros españoles, y que se están beneficiando de las inmensas cantidades de dinero público destinado a sanear las entidades financieras perjudicadas por un ladrillo que ahora se vende agrupado y barato. ¿A quién benefician estas operaciones? ¿Qué bancos están detrás de esos fondos?
En estas condiciones es difícil que la situación mejore en poco tiempo. La digestión de toda esta inmensa oferta inmobiliaria va a ser lenta, sobre todo por unas necesidades a la baja. Y es que las perspectivas para los próximos años apuntan a que en el periodo 2011-2015 se crearán anualmente 165.000 nuevos hogares en España, frente a los casi 400.000 entre 1997-2009. Es preciso tener en cuenta también la vuelta a sus países de muchos de los inmigrantes que llegaron a España durante la década prodigiosa, que están dejando viviendas vacías que se añaden al mercado inmobiliario de venta o alquiler.
La perspectiva de solución ya se ve, pero va ser lenta y no va a llegar a todos los sitios por igual. El Consejo General del Notariado ha comenzado el año dando buenas noticias a los propietarios de viviendas. En su informe de abril, ceñido al terreno y basado en operaciones reales, nos indica que el número de compraventas de casas en febrero creció hasta un 39,8%, hasta las 26.602 transacciones, respecto al mismo mes de 2013. Ya en el mes de enero se disparó un 59,2%. También los precios se recuperan y así, se incrementaron un 0,6%, que es mucho menor que en enero, cuando lo hicieron un 8,6%, pero va marcando tendencia.
Es preciso, en todo caso, controlar todo el suelo de reserva para no comenzar a construir antes que de verdad sea necesario. Los ayuntamientos se debaten entre la pobreza y la tentación urbanística, y es que han sido demasiados años en los que el modelo funcionó y les llenó los bolsillos y las arcas. Ya hay algunos, como el de Gandía, que quieren meterse en nuevas aventuras recalificadoras, en este caso con su último trozo de costa virgen y protegida Tal vez fuera necesaria la puesta en marcha de un Plan Nacional de recuperación del sector y de salida organizada de la crisis. Pero claro, se chocará con las CC.AA., sus competencias y sus intereses partidistas y dudo mucho que el actual Gobierno tenga fuerza, tiempo y legitimidad para liderar un Plan que será complejo. La vivienda es una necesidad básica para los españoles y si estamos como estamos es porque muchos lo entendieron como negocio. Y así volatilizaron el sector inmobiliario convirtiendo el ladrillo en azucarillo, aunque bastante amargo.
* Público - Eduardo Lizarraga - 9.5.14
Foto: El Roto - Aquí yace el urbanismo, 20070128elroto - elpaís
Más de dos décadas de alta velocidad en España se saldan con 13.000 millones de euros en sobrecostes
Continúan abrumando las cifras del despilfarro delictivo del AVE en este país. Se habla de 13.000 millones en sobrecoste de obras, algo inusual y que demuestra la enorme corrupción existente en el transcurso de su puesta en servicio, que todavía continúa además. Pero es que esta demencial cifra solo representa un 30% de lo presupuestado, es decir que el resto se ha hecho por la cara, por delito político-empresarial, cuando todos los estudios técnicos decían que no eran necesarias estas líneas de AVE para un país pequeño como el nuestro. Como ya hemos debatido aquí bastante este grave asunto, solo volver a insistir en la pasividad cómplice de la justicia que ha sido incapaz de imputar a ningún alto cargo público por semejante dispendio económico y atropello a la ciudadanía.
"VOZPÓPULI* : Han transcurrido casi 22 años desde el primer viaje de un AVE en España, el que inauguró la línea Madrid-Sevilla. Más de dos décadas que han dado para mucho, para convertirse en el segundo país del mundo en número de kilómetros de alta velocidad ferroviaria, más de 3.000, tras una inversión acumulada que supera los 47.000 millones de euros. Pero de esta cantidad, aproximadamente un 30% no estaba presupuestado. Es la partida de sobrecostes, que se sitúa en el entorno de los 13.000 millones.
Los desvíos presupuestarios no han sido siempre homogéneos. Sin duda, el más notable fue el que se dio en aquel primer trazado entre Madrid y Sevilla, al que la sombra de la polémica no dejó de perseguir prácticamente desde la colocación de la primera traviesa. Los aproximadamente 1.600 millones de euros presupuestados para acometer el proyecto terminaron transformados en una inversión de casi 2.700 millones.
El punto de contraste lo pone el trazado de alta velocidad entre Madrid y Valladolid, cuyas primeras estimaciones de sobrecostes se sitúan en el entorno del 9%, lo que va entre el presupuesto de 3.775 millones de euros y un total invertido de algo más de 4.200 millones de euros.
Sin duda, el mayor esfuerzo económico se hizo para llevar el AVE hasta Barcelona y, de ahí, hasta la frontera con Francia. Como ocurriera con la primera línea de alta velocidad, el AVE Madrid-Barcelona también estuvo rodeado de polémica porque la sombra de los sobrecostes comenzó a sobrevolar el trazado diseñado para la ocasión prácticamente desde el principio.
Programado para que llegara a Barcelona en 2004, el primer viaje tuvo lugar aquel año aunque el destino final no fue la Ciudad Condal sino Lleida, una de las paradas intermedias. No sería hasta cuatro años más tarde cuando se pudo al fin completar el recorrido, tras una inversión de 8.970 millones de euros, casi un 20% por encima de los 7.550 presupuestados (tras varias revisiones) y teniendo en cuenta además que, como señaló el Tribunal de Cuentas, los contratos se adjudicaron con una baja media del 9%.
Los AVE de última generación
La prolongación de la línea hasta la frontera con Francia fue otro intenso capítulo en la historia de los sobrecostes de la red de alta velocidad, que también finalizó con un notable retraso y con notables sobrecostes asociados a su construcción.
Málaga, Córdoba, Valencia y Alicante han sido, sobre todo estas dos últimas, las líneas de alta velocidad de última generación, cuyo coste total aún está por determinar, aunque las primeras estimaciones apuntan a sobrecostes cercanos al 30%. Han sido, además, proyectos ya afectados por el recorte en la licitación en obra pública provocados por la crisis, lo que ha repercutido de forma negativa en cuestiones tan primordiales como la seguridad.
Como muestra, el ejemplo de uno de los tramos del AVE a Valencia, que carece del sistema de frenado ERMTS, que permite la reducción de velocidad automática de la máquina a su paso por las correspondientes balizas. Una circunstancia que se puso de manifiesto a raíz del trágico accidente del Alvia en Santiago de Compostela, en un trazado considerado como de alta velocidad, cuando en realidad no tiene todas las condiciones para ser calificado así.
Aluvión de cifras y polémicas
Las grandes cifras de la alta velocidad española han vuelto a situarse en primera línea de actualidad después de que un juzgado de Barcelona esté instruyendo una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en la adjudicación y desarrollo de un contrato del AVE entre Barcelona y la frontera francesa, con hipotéticos sobrecostes de por medio. Un proceso que, por el momento, se ha saldado con una decena de detenidos, relacionados tanto con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) como con la constructora Corsán-Corviam, adjudicataria del contrato.
Sucesivos informes del Tribunal de Cuentas, el último de ellos publicado el año pasado, habían alertado desde hace más de diez años de los sobrecostes en que estaba incurriendo el proyecto de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. La polémica ha terminado de avivarse con la información publicada este lunes por El País, en la que se habla de 10.000 millones de euros de sobrecostes pagados por el Ministerio de Fomento en los últimos seis años, tanto en alta velocidad, como en aeropuertos, carreteras, etc.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, achacó a los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero unos sobrecostes de 8.000 millones de euros para añadir a continuación que desde que el PP recuperó la Moncloa la cifra se había reducido a cero.
Los contratos de alta velocidad, que a lo largo de sus más de veinte años de historia en España han pasado por las mesas de todos los gobiernos, ponen de manifiesto que los sobrecostes no parecen tener relación con los colores políticos.
* Voz Pópuli - Raúl Pozo - 16.5.14
Foto: Protesta AVE no, Tren sí (archivo) - ecologistasenaccion.org
La Directora del IVIMA, imputada por la venta de 3000 viviendas a fondos buitre
El asunto de la venta fraudulenta de 3.000 viviendas del IVIMA madrileño a la empresa multinacional de inversiones Goldman Sachs, junto con la española Azora, se va desenredando poco a poco. Ahora la justicia imputa a la Directora general de Vivienda de la Comunidad por "malversación de caudales públicos y prevaricación continuada". En total, 32 promociones del Plan Joven se vendieron irregularmente a los 'fondos buitre', repartidas en once municipios madrileños cuyos inquilinos están temiendo que les cambien las condiciones del alquiler y compra de tal forma que no puedan hacerles frente. También resulta llamativo que la justicia haya imputado solamente a la Directora General, cuando tiene cargos por encima de ella que deberían estar al tanto de esta corrupción evidente.
"KAOSENLARED* : Quienes el 30 de abril instigaron una brutal represión a vecinos y vecinas que intentaban detener un desahucio, son ni más ni menos las y los corruptos de la película. ¿Acaso nos sorprende? Investigan adjudicaciones fraudulentas a la sociedad Azora Gestión, en la que participa Goldman Sachs.
La directora general de Vivienda de Madrid imputada por presunto delito de prevaricación por la venta de pisos del IVIMA
El juzgado de instrucción número 48 de Madrid, que admitió a trámite la querella interpuesta por el Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid contra la Comunidad por "malversación de caudales públicos y prevaricación continuada" en la venta de 3.000 viviendas del IVIMA a la empresa Azora, ha citado a declarar como imputada a la directora general de Vivienda, Ana Gomedio, para el 9 de junio.
Así figura en un auto fechado a 25 de abril, por el que se admite a trámite la querella presentada por el Grupo Socialista contra Gomedio, tras acordar la incoación de diligencias previas el pasado 25 de febrero.
Gomendio firmó la resolución de 6 de junio de 2013 por la que se dispuso la publicación de la convocatoria denominada 'Enajenación de 32 promociones (viviendas en arrendamiento o en arrendamiento con opción a compra, garajes, trasteros y locales) pertenecientes al Instituto de la Vivienda', con un presupuesto base de licitación de 168 millones de euros, que fueron adjudicadas a la sociedad Azora Gestión, en la que participa Goldman Sachs, por el importe de 201 millones de euros.
* Kaos en la Red - 9.5.14
Foto: IVIMA, viviendas en Madrid - pueblos-espana.org
La fiscalía alerta del incumplimiento de las órdenes de derribo de viviendas
La confusión generada en torno al Urbanismo, con distintas normas y leyes según el territorio, a veces hasta opuestas entre sí, ha conseguido que los ayuntamientos discrepen en las medidas tomadas y los propios vecinos no sepan bien a qué atenerse. Esto ocurre con las miles de viviendas ilegales construidas en los últimos años en este país. La tendencia general está siendo la de legalizar el máximo posible, evitando los derribos, aunque esto suponga un agravio comparativo con los que sí han cumplido la normativa. Alcaldes y consejeros rivalizan demagógicamente en querer legalizar lo imposible legalmente, saltándose todo tipo de recomendaciones técnicas y del sentido común. La provincia de Cádiz es una de las que cuenta con más número de estas situaciones conflictivas irregulares y puede servir de mal ejemplo en este sentido.
"ELPAÍS* : La Fiscalía de Cádiz ya tiene ultimado un inventario de sentencias con órdenes de derribo de viviendas ilegales sin ejecutar en el área de la bahía y la comarca de la Janda. La fiscal jefe, Ángeles Ayuso, se propuso a finales de 2012 realizar este listado para demostrar una queja que se ha convertido en crónica: la escasa ejecución de estas condenas. Llegar al derribo es algo excepcional para las casas irregulares. En la mayoría de los casos la demolición termina por evitarse debido fundamentalmente a la enorme maraña judicial y de trámites, la aplicación de diversos criterios, la dejadez municipal o la falta de medios.
Según los datos de este inventario, de las 43 órdenes para tirar construcciones sin licencia, solo se han ejecutado cuatro en los últimos cuatro años. Las demás resisten el peso de la justicia. De las 39 restantes, solo en dos ocasiones la demolición ha sido ya completamente descartada. Por lo tanto, quedan otras 37 demoliciones pendientes que, por diferentes razones, siguen aguardando una resolución definitiva o el momento en que las máquinas actúen. En el inventario de la fiscalía se ve reflejada la enumeración de cada uno de los procedimientos judiciales, algunos de ellos se remontan hasta el año 2007.
Ayuso se propuso realizar este inventario para dimensionar un problema real al que se enfrentaba la Fiscalía de Medio Ambiente. Sus peticiones de derribo de viviendas ilegales empezaban a tener una acogida satisfactoria entre los jueces.
Por ejemplo, durante mucho tiempo la justicia impidió las demoliciones atendiendo el criterio de que en un futuro, con las revisiones de los planes generales, los suelos donde habían proliferado viviendas sin licencia, podían ser recalificados y eso podría resolverse iniciando un proceso de legalización. Algunas sentencias atendieron el criterio de la fiscalía de que la casa debe ser demolida independientemente de su futuro urbanístico porque en el momento de ser construida su promotor se saltó la ley.
Pero la llegada de sentencias firmes de derribo no ha ido en paralelo a su ejecución. Tal como sospechaba Ayuso antes de encargar este inventario, la mayoría de esos fallos judiciales no se han ejecutado.
Y en muy raras ocasiones, un dueño ha tirado su propia casa. Pero la fiscalía detecta que tampoco los Ayuntamientos realizan esta tarea. En algunos casos, como este, ha llegado a utilizar el argumento de que los actuales inquilinos necesitan esas casas para vivir porque, en realidad, algunas de las viviendas con órdenes de derribo se han convertido en primera residencia, aunque en su origen no lo fueran.
La fiscalía lamenta no obstante que los Ayuntamientos asuman ese papel protector cuando durante años permitieron que en sus términos municipales se levantaran estas casas sin cortapisas. “Entre ellas está la construcción de algunas casas de 200 metros cuadrados e incluso la construcción de adosados en grupo”, se lee en el texto del informe.
En este caso, el inventario recoge los datos del área de la bahía de Cádiz y la comarca de la Janda, pero la fiscalía de Jerez y Algeciras también están elaborando sus propios informes. La obtención de esta información tan concreta servirá para conseguir el propósito que se marcó hace ya año y medio la fiscal jefe de Cádiz. Que las Administraciones y el Poder Judicial conozcan la dimensión del problema y tomen conciencia de las dificultades para hacer frente, con la ley en la mano, al urbanismo ilegal.
Entre todos tendrán que resolver la suma de viviendas que todavía siguen en pie por razones bien diferentes. Este listado, como anticipo, analiza caso a caso. Por ejemplo, la fiscalía presentó recurso contra un auto del Juzgado de lo Penal 4 de Cádiz que suspendía la demolición de una construcción por dos años contados desde el 23 de mayo de 2012.
El juez argumentaba que daba este plazo de cortesía por si en este plazo cambiaba la calificación jurídico-urbanística del terreno. La fiscalía cree que esta decisión no tiene fundamento legal y la Audiencia Provincial de Cádiz emitió el 29 de junio de 2012 un auto confirmando una demolición acordada por el Juzgado de lo Penal 5.
Para la fiscalía este tipo de apelaciones son maniobras de los propietarios para dilatar en el tiempo una sentencia firme, de manera que se pueda evitar el derribo si en ese tiempo ha cambiado la calificación de los suelos y se ha hecho edificable toda la zona donde radica la construcción.
Por ello, en su inventario, la fiscalía es especialmente crítica contra la actuación de los Ayuntamientos. Ante otro juzgado, un Ayuntamiento —tampoco identificado— llegó a pedir la suspensión de la demolición porque su uso había cambiado. El ministerio público cree que cuando un Consistorio actúa así está asistiendo a un condenado por un delito. La legislación marca que debe ser el propietario el que ejecute ese derribo y, en caso subsidiario, es el Ayuntamiento el que debe hacerlo.
Y entre otras maniobras dilatorias, el ministerio público también ha encontrado recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional o incluso peticiones de indulto ante el Ministerio de Justicia, medida de garantía a la que se oponen tajantemente desde la fiscalía. Los jueces gaditanos tampoco las han atendido de momento.
La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta, Elena Cortés, que ayer estuvo en Cádiz, dijo respecto al inventario que esta competencia corresponde a Medio Ambiente y Ordenación del Territorio pero reconoció la dificultad de aplicar algunas normas. “Es algo complicado pero cuando se aprueban leyes es para que se cumplan”, resolvió. Instó además a que, en la medida de lo posible, se busquen mecanismos “para que el cumplimiento de la ley sea efectivo tal y como lo ha planteado la Junta de Andalucía desde Ordenación del Territorio”, dijo.
Demoliciones pendientes
El juzgado de lo penal 1 de Cádiz tiene 14 órdenes pendientes. Dos derribos se han ejecutado. En otra resolución sin ejecutar, se advierte al propietario de que está incurriendo en un delito.
El juzgado de lo penal 2 tiene cinco ejecutorias. Entre ellas, hay una en la que se apercibe al Ayuntamiento a demoler cuanto antes.
El juzgado de lo penal 3 ha atendido seis órdenes de derribo. Una sola se ha ejecutado. Los demás requerimientos siguen sin atenderse todavía.
El juzgado de lo penal 4 estudia ocho ejecutorias con demolición. En una de ellas el juez ha suspendido la demolición en atención a una posible recalificación de los suelos.
El juzgado de lo penal 5 acumula 15 órdenes de derribo. Solo una de las construcciones ha terminado demolida. En uno de los casos, el Ayuntamiento afectado ha llegado a pedir la suspensión de la demolición, algo que indigna a la fiscalía.
La Audiencia Provincial, en su sección cuarta, tiene dos ejecutorias acumuladas. Una se ha resuelto con la demolición ya ejecutada y otra con una desestimación de la súplica para evitar el derribo de 2012. Aunque se incoó en 2007, la construcción sigue en pie.
* El País - PEDRO ESPINOSA - 8.5.14
Foto: Derribo de una vivienda ilegal en 2009 en Chiclana, Cádiz. / EDUARDO RUIZ
El juez imputa al ‘número dos’ de Rita Barberá por los contratos de Nóos
El asunto viene de hace nada menos que 10 años, con los contratos de Nóos con el Ayuntamiento de Valencia. Está claro que se hicieron irregularmente y que ya hay más imputados por este caso relacionado con el instituto de I.Urdangarín. Pero lo que resulta vergonzoso es que la justicia actúe tan tarde y además, según parece, todavía no haya terminado con la lista de culpables. Porque si está el número dos del Ayuntamiento 'popular', ¿no lo sabía el uno?. ¿Y qué ocurre con la Generalitat de Camps también implicada en la trama corrupta?... Según vaya avanzando en el tiempo se va a ver con claridad que aquí ha habido demasiados cómplices y que algunos jueces y fiscales también han contribuido a ello.
"ELPAÍS* : El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha imputado al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, por los convenios suscritos con el Instituto Nóos para la organización de tres ediciones —de 2004 a 2006— de los Valencia Summit, congresos sobre deporte y promoción de la ciudad, financiadas a medias por la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la Generalitat (Cacsa) y por la fundación municipal Turismo Valencia Convention Bureau (TVCB). El magistrado cita a declarar el sábado a Grau en los juzgados de Palma de Mallorca en calidad de presidente del patronato de la citada fundación.
En el auto hecho público este martes, Castro acepta la petición de la acusación popular, que ejercen los socialistas de Valencia, a la que se sumó la fiscalía, al apreciar “indicios fundados de criminalidad” en la firma y ejecución de los convenios con Nóos, que costaron a las arcas públicas valencianas más de tres millones de euros.
En su escrito, el magistrado asegura que existen “indicios racionales” de que “se orilló el interés general, se prescindieron de los obligados cauces administrativos de contratación, no se llevó a cabo ningún estudio previo de viabilidad ni de ajuste a los precios de mercado” y “tampoco fiscalizó el desarrollo del convenio ni se pidió a Nóos que justificara el destino de los fondos públicos recibidos”. Castro entiende que todos ellos son requisitos obligados para una fundación que, según argumentan la acusación popular y la fiscalía, se nutría de fondos de “naturaleza abrumadoramente pública, lo que hace necesario que Alfonso Grau, sea oído en calidad de imputado”.
La fiscalía alude a un informe del IGAE (Intervención General de la Administración del Estado) que acredita que es el sector público el que financia la práctica totalidad de los gastos de la TVCB, siendo la aportación del Ayuntamiento de Valencia entre 1992 y 2013 la más relevante de todas, con 63,4 millones de euros. Le corresponde, además, el 99% de los votos y es el Gobierno local quien preside el patronato de TVCB. Según el fiscal de Palma Pedro Horrach, “queda sujeta a la ley de Contratos públicos”.
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá y su número dos, Alfonso Grau, se han escudado desde un principio en que la fundación es privada e insistido en que los convenios se decidieron “de forma colegiada” entre todos los patronos de una fundación que promociona turísticamente la capital.
Las declaraciones de los patronos, en calidad de testigos, los pasados 11 y 12 de abril ante el juez Castro no apuntan en esa dirección. De un modo u otro, una mayoría señaló que Grau y el director general, José Salinas, controlaron el proceso de contratación con Urdangarin. Rafael Ferrando, patrono por la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), a la pregunta en el juzgado de quién decidía, respondió: “Supongo que sería el director de la fundación [Salinas] y el presidente [Grau]”. “Ellos eran los que nos informaban del tema”, declaró.
Otra testigo, la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, Mayrén Beneyto, que comparte gobierno con Grau, reconoció que no decidía nada. “Grau me parece una persona estupenda con capacidad para tomar decisiones en esos temas”, manifestó.
Desde que estalló el proceso, Barberá ha reducido el caso a la “importancia electoral” de los socialistas. “Todo ha empezado con un escrito interesado de los socialistas”, dijo hace dos días. Ayer, con la imputación en marcha, la regidora no quiso valorar la citación de Castro y solo recordó que “citar a declarar a una persona es para su mejor defensa”.
Joan Calabuig, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, replicó que el objetivo de la personación “no es ir contra nadie, sino recuperar el dinero que se entregó indebidamente a Urdangarin”. El edil recordó que los ediles del PSPV tomaron la iniciativa “ante la absoluta pasividad” de Barberá y su equipo. “El Grupo Popular fue incapaz de dar un solo paso para defender los intereses de la ciudad, por ello nos vimos obligados a tomar la iniciativa y personarnos”, justificó. Calabuig lamentó que Barberá se escude en su número dos cuando cada vez está más acreditado que Turismo Valencia fue un instrumento para burlar los controles de la ley.
El resto de grupos de la oposición municipal han ido un paso más allá. El portavoz municipal de Compromís ha exigido la dimisión de Grau. Y ha reiterado la necesidad de poner en marcha una comisión de investigación que fiscalice las actividades hechas por la fundación y pagadas con presupuesto municipal.
El portavoz de Esquerra Unida, Amadeu Sanchis, también pidió la renuncia del vicealcalde para que se defienda de la imputación “como un ciudadano particular sin mezclar a la institución en el proceso”. Del mismo modo, ha pedido su renuncia como presidente de Turismo Valencia.
El coordinador de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Valencia, Eduardo Gómez, exigió a Grau que abandone el acta de concejal y deje de cobrar un sueldo público mientras permanezca imputado. “Ha comprometido la imagen de la ciudad”, según Gómez.
Un político en el final de su carrera
C. V. VALENCIA
Alfonso Grau, hombre fuerte de la alcaldesa Rita Barberá, es el primer imputado de la fundación Turismo Convention Bureau, una de las dos entidades gestoras de los convenios suscritos con el instituto de Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres para la organización de tres ediciones de Valencia Summit.
Es el último pero no el único encausado en la conocida como rama valenciana del caso Nóos. Hay otros cinco cargos y funcionarios de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) —sociedad de la Generalitat— imputados.
Grau, de 73 años, viudo y con dos hijas, es médico cirujano, vicealcalde de Valencia y responsable del área económica del Consistorio.
Entró en el Ayuntamiento de Valencia como segundo teniente de alcalde en 1995, segundo mandato de Barberá y el primero en que el que el PP logró una mayoría absoluta que ha conservado desde entonces. Su trayectoria pública ha estado dedicada a la política municipal, donde ha ocupado las concejalías de Fiestas, Presupuestos y Hacienda y Grandes Proyectos, hasta situarse como número dos incontestable de la alcaldesa, con la creación de una vicealcaldía pensada para él tras las elecciones municipales de 2011.
Grau ha sido el gran aliado de Barberá para hacer frente a las críticas y acusaciones recibidas por la gestión de la ciudad, especialmente en sus grandes proyectos, como el plan de El Cabanyal.
Político culto, con fama de rocoso y duro en los debates con los grupos de la oposición, Grau se ha encargado de defender los grandes proyectos de Valencia. Mucho antes de su imputación, en el Consistorio se daba por sentado que Grau no repetiría en la próxima candidatura. Es un político al final de su carrera pública.
* El País - CRISTINA VÁZQUEZ - 13.5.14
Foto: Valencia, ayuntamiento - wikimedia.org
El Gobierno renuncia a la mezquita de Córdoba en favor de la Iglesia
Algo que parece evidente, como que los monumentos y Bienes de Interés Cultural deben ser propiedad del Estado, que tiene la capacidad y obligación de su conservación como así lo recoge la Constitución, por obra de una Ley Hipotecaria de los tiempos del ínclito presidente Aznar, pasan a ser de la Iglesia, según dice la misma Hacienda pública que ha renunciado a su propiedad (algo inaudito). Un tema que ha pasado desapercibido pero que tiene una importancia capital por ser la Iglesia católica privada y estar fuera de los cauces representativos públicos. Por medio de esta Ley de 1998 miles de propiedades de todo tipo —cementerios, huertos, ermitas o catedrales— han pasado a manos de ésta, lo que ha llevado a múltiples denuncias y protestas ciudadanas por ese ilegal y obsoleto reconocimiento.
"ELPAÍS* : La Mezquita de Córdoba se ha convertido en uno de los símbolos más visibles de la lucha de plataformas ciudadanas contra los privilegios de la Iglesia. Y en esa pelea, el Estado acaba de ponerse del lado de la jerarquía eclesiástica. La Dirección General de Patrimonio del Estado, encargada de la defensa de los bienes públicos, no considera que el Obispado de Córdoba haya “usurpado” los más de 22.000 metros cuadrados del monumento, como planteaba un particular en una denuncia que ha decidido archivar.
Patrimonio, dependiente del Ministerio de Hacienda, se coloca al margen del debate asegurando que de su investigación “no ha resultado indicio alguno de que dicho inmueble pudiese ser de titularidad de la Administración General del Estado”. Añade que el único “titular catastral” del monumento es el Obispado de Córdoba y pasa de puntillas sobre la constitucionalidad del artículo de la Ley Hipotecaria que convierte a los clérigos en una suerte de notarios.
El artículo 206 de esta norma franquista de 1946 les ha permitido inmatricular (registrar por primera vez) a su nombre miles de propiedades con un proceso sencillo que distintos expertos jurídicos consideran inconstitucional. La citada Ley Hipotecaria equiparó a la Iglesia con un funcionario para registrar propiedades. En 1998, el Gobierno de José María Aznar extendió este privilegio para que también pudiera aplicarse a los templos de culto. Desde entonces son miles las propiedades de todo tipo —cementerios, huertos, ermitas o catedrales— que han pasado a sus manos.
Solo en Navarra se han registrado 1.087 propiedades con esta fórmula, entre ellas la Catedral. Una estimación realizada por este periódico hace un año con fuentes cercanas al Registro de la Propiedad aludía a unas 4.500 en España, aunque la cifra real no se conoce porque el Gobierno no da datos.
En medio de este debate, en el que las plataformas ciudadanas piden el fin de esos privilegios con carácter retroactivo, el Ministerio de Justicia presentó en abril una reforma de la Ley Hipotecaria que elimina el artículo 206. Pero, además de los meses de tramitación que quedan por delante, ha fijado un año desde su publicación el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que entren en vigor los cambios.
El Obispado de Córdoba registró la Mezquita en 2006 por 30 euros. A finales de 2013 un grupo de ciudadanos crearon una plataforma cívica para exigir que la titularidad y la gestión pasaran a manos públicas y tratar así frenar el intento del obispado de borrar las huellas islámicas del monumento (llegó a borrar el término mezquita de folletos y carteles). Otra Administración, la Junta de Andalucía, ha dado también algún paso en este debate y pidió un informe en febrero que le indique si es competente para pedir su gestión o la titularidad del monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad hace 30 años.
La postura del Estado ha quedado definida por ahora en la respuesta a la denuncia de un particular, Fernando Jabonero, que acudió por su cuenta a la Dirección General de Patrimonio para denunciar la “usurpación” de este bien por parte de la Iglesia. Patrimonio le responde en un escrito fechado el 6 de mayo, haciendo suya la misma referencia histórica que usó el Obispado de Córdoba cuando inmatriculó la Mezquita a su nombre en 2006. Ambos citan que Fernando III el Santo decidió en 1236 que fuera “consagrada y convertida en Catedral”.
“El Código Civil no recoge la consagración de un bien como una de las fórmulas para adquirir una propiedad, eso es solo un acto religioso”, señala Isabel Urzainqui, abogada de la Plataforma de Defensa del Patrimonio de Navarra, el colectivo que ha sido referencia en esta batalla ciudadana contra la inmatriculación de más de un millar de propiedades en la Comunidad Foral y ha conseguido arrebatar algunas de ellas a la Iglesia. Urzainqui considera que los argumentos de Patrimonio para archivar la denuncia por la Mezquita son una “dejación del Estado por no defender un patrimonio público”.
El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pública de Navarra, Alejandro Torres, comparte que la postura del Estado incluye argumentos “más políticos que técnicos”. “Es sorprendente que el órgano que debe defender el patrimonio no se plantee la menor duda sobre la inconstitucionalidad” de las inmatriculaciones, añade. Patrimonio lo zanja señalando que no existe un pronunciamiento contrario del Tribunal Constitucional, que ni siquiera tiene encima de la mesa una petición para analizar este asunto.
“Deberíamos inundar con denuncias las Administraciones hasta que esto se pare"
P.Á.
Fernando Jabonero es un informático que nació hace 56 años en Pastrana (Guadalajara). En esta localidad de la Alcarria empezó su particular pelea quijotesca contra los privilegios de la Iglesia. Descubrió que el convento de Santa Teresa había sido registrado en 1999 por los frailes. Acudió indignado a la Abogacía del Estado para intentar que se diera marcha atrás. El asunto todavía colea. Cuando un grupo de ciudadanos se unieron para reivindicar la gestión pública de la Mezquita de Córdoba, Jabonero presentó por su cuenta una denuncia ante la Dirección General de Patrimonio por la “usurpación” del monumento por parte de la Iglesia. La respuesta no le ha convencido.
Pregunta. ¿Por qué denunció este asunto?
Respuesta. Veía por Internet mucho movimiento alrededor de este tema. Y tras mi experiencia con el convento de Pastrana, consideré que la única vía de intentar recuperar la Mezquita era presentar una denuncia en Patrimonio del Estado.
P. ¿La respuesta le ha convencido?
R. Me ha sorprendido por contradictoria. Por un lado, citan un informe de la Abogacía del Estado que dice que fue el Rey Fernando III quién decidió qué hacer con la mezquita. Es decir, fue el rey el que decidió sobre algo que era suyo y dejó a la Iglesia como gestora. Y luego añaden que no hay nada que hacer. Está llena de incongruencias.
P. ¿La presentó en solitario?
R. Sí, hacerlo solo tiene una ventaja y es que nadie te lleva la contraria. Llevo años investigando y consultando a amigos que conocen el tema y con el paso de los años he adquirido suficiente experiencia para elaborar los escritos y presentar los documentos.
P. ¿Considera que denunciar es una buena vía para los ciudadanos?
R. Lo que deberían hacer los ciudadanos es una revolución, inundar la Dirección General de Patrimonio con miles de peticiones, aburrir al poder hasta que tenga determinación y derogue el artículo de la Ley Hipotecaria que beneficia a la Iglesia. Debemos atosigar a la Administración para que trabaje al servicio del pueblo y no de los partidos y de los Gobiernos en las prerrogativas abusivas a la Iglesia Católica. Es increíble que se persiga más al ciudadano por una multa que a la Iglesia. Te rastrean durante años si no pagas mientras que en el caso de la Iglesia, le dejan que registre propiedades sin pruebas documentales o que campe a sus anchas.
P. ¿Va a responder al escrito de Patrimonio?
R. Estoy preparando una nueva denuncia argumentando que lo que me ha respondido es una broma pesada y no una verdadera argumentación. Desde el punto de vista político, los ciudadanos nos merecemos un esfuerzo mayor por parte de las Administraciones. Patrimonio debería indagar mejor para dejar esto claro y no darle carpetazo tan pronto. Al final resulta que los principales abogados de la Iglesia en todo lo que tiene que ver con sus privilegios y prebendas han sido los sucesivos Gobiernos del Estado.
* El País - Pilar Álvarez - 9.5.14
Foto: Córdoba, mezquita aérea- arte
Adif, bajo sospecha, ha gestionado 46.000 millones en la red del AVE
Aquí sí que entramos en uno de los temas mayores del despilfarro delictivo de infraestructuras de transporte en este país. La empresa estatal ADIF, dependiente de Fomento, que ha estado en el ojo del huracán por los sobrecostes de obras y comisiones ilegales cobradas, ha manejado 46.000 millones de la Red AVE. Desde la primera línea Madrid-Sevilla en 1992, que desató un caso de comisiones ilegales, los responsables de la Red han tenido que responder por diferentes causas ante los tribunales. Más allá de pequeñas deficiencias técnicas, lo que llama fuertemente la atención es el diseño en sí de esta infraestructura ferroviaria que sitúa a España en el 2º lugar mundial, cuando no hay demanda poblacional ni condiciones económicas para ello. Sería de desear que la justicia, si es que existe, actuara de una vez contra los responsables político-financieros de esta enorme estafa económica para todos los ciudadanos.
"ELDIARIO* : Cuando el 11 de octubre de 1986 el Gobierno anunció la decisión de convertir el proyecto de acceso ferroviario rápido Brazatortas-Córdoba en una línea de alta velocidad Madrid-Sevilla nadie podía prever que, un producto al que después llamaríamos AVE, llegaría a convertirse en uno de los pocos comunes denominadores de los Ejecutivos, tanto del PSOE como del PP, que se han sucedido al frente de los destinos del país. Políticos de todo signo y empresas de múltiples procedencias se han entregado sin descanso a una tarea cuyo presupuesto nunca ha dejado de estar engrasado.
España ha invertido 67.000 millones en el ferrocarril en los últimos 27 años. Más de la mitad de esa cifra descomunal, 46.000 millones, han sido destinados a crear y poner en servicio 3.100 kilómetros de red y servicios AVE. Otros 1.500 kilómetros están en construcción. Acontecimientos como el vivido con la detención de una decena de directivos de Adif, la empresa publica responsable de construir la nueva red, y de una compañía adjudicataria habitual de sus concursos, se suman a una larga lista de casos que han enturbiado la imagen del proyecto de la alta velocidad ferroviaria en España
Comisiones ilegales
Ya desde el proyecto de su primera línea entre Madrid y Sevilla, la construcción del AVE ha estado perseguida por la sombra de la corrupción, un largo proceso legal que, partiendo de las primeras concesiones en 1989, tuvo en el punto de mira a Siemens.
La multinacional alemana resultó perdedora al final de la década de los ochenta en el primer gran contrato de adjudicación de los 24 trenes de alta velocidad que inauguraron el servicio y aún hoy están en activo. El ganador fue su competidor francés Alstom por un importe de unos 51.000 millones de pesetas (270 millones de euros). Con la venta de este material, la empresa gala TGV lograba asentar su hegemonía en la alta velocidad ferroviaria europea y cerraba el paso a los modelos alemanes ICE.
El batacazo que supuso la adjudicación de aquel emblemático contrato a Alstom fue enseguida compensado con la elección de Siemens por el Gobierno de Felipe González de sendos contratos para la electrificación y el suministro de la señalización de aquel primer AVE. El importe inicial fue de 75.000 millones de pesetas (454 millones de euros), pero finalmente se desvió hasta 96.000 millones (581 millones de euros).
Los rumores de que Siemens había pagado comisiones a cambio de estos contratos tomaron cuerpo judicial en 1993 con la imputación de algunos directivos de la multinacional. Se les acusó de haber entregado 850 millones de pesetas (algo más de cinco millones de euros) a sociedades que se relacionaron con la financiación ilegal del PSOE, asunto entonces de gran relevancia política. En 2008 el tema todavía coleaba y se produjeron comparecencias en sede judicial de exdirectivos de Siemens en España.
Estaciones fantasma
La construcción de la segunda línea de alta velocidad, entre Madrid y Barcelona, amenazó con un nuevo escándalo cuando se supo que la estación del AVE en Guadalajara se había ubicado en Yebes, a 10 kilómetros del centro de la ciudad. Junto a la terminal, que contaba con un presupuesto de 12 millones de euros, se proyectó una promoción inmobiliaria con el nombre de Valdeluz que debería albergar a unas 34.000 personas. Entre los propietarios de los terrenos aledaños a la estación se encontraba la familia de Fernando Ramírez de Haro, marido de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Con el paso de los años Valdeluz no ha superado los 2.000 habitantes.
Al arriesgado deporte de colocar las estaciones del AVE a una distancia temeraria de los núcleos urbanos se apuntaron Tarragona (cuya estación está a 11 kilómetros), Segovia-Guiomar (a 6 kilómetros), Puente Genil (a 4 kilómetros), Utiel-Requena (a 5,5 kilómetros de Requena), Antequera-Santana (a 19 kilómetros) y Cuenca-Fernando Zobel (a 4 kilómetros). Resultado: la mayoría de ellas cuenta con menos de 10 viajeros al día, según datos de Renfe.
Deficiencias de Delicias
En 2010, seis años después de que fuera inaugurada, los medios de comunicación locales denunciaron la situación del AVE de Zaragoza. Las deficiencias “no paran de crecer”, apuntaban, pese a que su presupuesto inicial se había elevado a 40.000 millones de pesetas (unos 240 millones de euros).
El Heraldo de Aragón describía así la situación de la terminal: “A las consabidas goteras y baldosas rotas, se ha unido una gran grieta que atraviesa casi de punta a punta el andén que comparten la terminal ferroviaria y la de autobuses y el apuntalamiento de una de las oficinas sobre el vestíbulo de salidas. Antes de bajar al andén, parte del vestíbulo está acordonado por si acaba de reventar la cristalera de las oficinas, que ocupan un gran voladizo de metal. La vidriera ya está rajada, tapada en parte por cinta aislante, y dos puntales evitan que ceda aún más la estructura. Abajo, en el andén, los viajeros deben soportar un intenso frío, porque el suelo radiante instalado nunca ha llegado a funcionar”.
Seguridad en cuestión
El mayor borrón en la historia del AVE se produjo, sin embargo, el 24 de julio de 2013 cuando el descarrilamiento de un tren Alvia segó la vida de 79 personas en las proximidades de la estación de Santiago de Compostela. El juez que investiga lo ocurrido apunta como causa última a las deficiencias en el despliegue del sistema europeo ERTMS, creado para dar seguridad a los modernos ferrocarriles a velocidades superiores a 200 kilómetros por hora, lo que le ha llevado a señalar como responsable de la catástrofe al gestor de la infraestructura, Adif.
La primera sorpresa técnica tras el accidente fue comprobar que en los últimos ocho kilómetros del recorrido antes de la estación de Santiago no se había instalado ERTMS y solo existía el veterano sistema de seguridad ASFA. La sorpresa mayor saltó cuando Adif reconoció que la inversión de 164 millones de euros realizada en el ultra moderno sistema de seguridad europeo se encontraba prácticamente inutilizada.
El Estado español ha invertido 3.240 millones de euros en ERTMS para dar seguridad en 1.786 kilómetros de su red, pero no ha logrado los estándares de control en la ruta que se buscaban. Fuentes de Adif reconocen que, 14 años después del inicio de su instalación, el nivel dos del sistema todavía está en pruebas.
Túnel a ninguna parte
La pasada semana se conocía que Adif ha tomado la decisión de tapiar las bocas de un túnel de 7,5 kilómetros de longitud que debería servir para conectar las provincias de Almería y Murcia mediante alta velocidad ferroviaria. Su construcción ha supuesto una inversión de 435 millones de euros y hasta que no haya presupuesto para concluir los nueve tramos aun pendientes de la línea costera, el que es el mayor paso soterrado de la red del AVE en Andalucía no conducirá a ninguna parte.
* El Diario - Antonio Ruiz del Árbol - 5.5.14
Foto: AVE inacabado Antequera-Sevilla - EFE
La Comunidad de Madrid invirtió 850.000 euros en un centro ambiental que sigue cerrado
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Acostumbrados a cifras de corrupción de más de 7 dígitos puede parecer insignificante esta cantidad despilfarrada delictivamente por la Comunidad de Madrid en el Monte Abantos de El Escorial, pero es una muestra más de la forma de actuar de ciertos políticos 'populares' que desprecian olímpicamente lo que supone el bien común y actúan movidos únicamente bajo el principio del pelotazo urbanístico y la rentabilidad económica ilegal. Este tipo de delitos públicos en Madrid es bastante conocido, ya sea bajo el mandato del gobierno autonómico o del propio ayuntamiento de la capital. Todo esto, además, cuando quedan sin resolver judicialmente importantes tramas mafiosas como la de Gürtel y otras varias.
"ELPAÍS* : La Comunidad de Madrid invirtió la pasada legislatura casi un millón de euros en la rehabilitación de un edificio de principios del pasado siglo en el monte Abantos. El Gobierno regional lo quería reconvertir en un centro de interpretación ambiental y, de paso, impulsar el turismo en el entorno natural de San Lorenzo de El Escorial. El recinto, destinado en un principio a un hospital en la época de la Guerra Civil, nunca llegó a entrar en funcionamiento.
“Todos pensábamos que su apertura iba a coincidir con el duodécimo aniversario del desgraciado incendio del monte Abantos, que llegó a quemar más de 170.000 árboles en 1999, aparte de hábitats de importantes especies. Pero lamentablemente el estado del centro es de abandono total”, critica Antonio Fernández Gordillo, diputado socialista en la Asamblea de Madrid.
El Ejecutivo autonómico adjudicó las obras de mejora a la empresa PCYMA por 859.074,35 euros. Los trabajos de acondicionamiento, iniciados en 2008 y finalizados dos años más tarde, no se tradujeron en la apertura del centro. Pese a que las obras se concluyeron hace cuatro años, el complejo permanece cerrado al público. Desde entonces, la maleza ha recuperado el espacio perdido, entre cristales rotos y una inquietante sensación de abandono. El complejo se encuentra al inicio de una pista forestal por la que se llega al arboreto Luis Ceballos, otro centro de educación ambiental perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente.
La Comunidad calcula que “en un año” se podría abrir, y subraya que el monte donde se encuentra el edificio es de titularidad municipal y, por tanto, el Ayuntamiento es el que debe decidir el uso que se le da, siempre con el visto bueno del Ejecutivo autonómico. “No puedo comprometerme a un plazo concreto, pero sí a que en breve tendremos ese edificio listo para ser utilizado”, afirma el director general de Medio Ambiente, Ricardo Riquelme. Mientras, el parlamentario del PSOE le recuerda que se han producido destrozos en las puertas y ventanas del edificio desde que la compañía que lo rehabilitó retiró al vigilante jurado que lo cuidaba.
“Una inversión de cerca de un millón de euros es algo importante en los tiempos que corren, y a estas alturas no solo el centro no se ha puesto en funcionamiento sino que hace poco se ha acometido el tema de la energía eléctrica”, prosigue Fernández Gordillo, que no entiende las dificultades para el abastecimiento eléctrico del centro de interpretación.
En un principio se pensó que la acometida proviniese del Hospital de El Escorial, pero hubo diferentes problemas técnicos. Al final, se produjo desde un transformador cercano al centro de interpretación. “La acometida eléctrica ya está. Es cierto que no hay un transformador [en el centro], sino que hay un transformador situado justo en la carretera, al lado de un bar o un merendero que hay allí cerca. Esa acometida eléctrica ha tenido sus problemas pero se han solucionado”, argumenta el Ejecutivo autonómico. El tiempo lo dirá. Mientras, el reloj sigue transcurriendo.
* El País - JOSÉ MARCOS - 7.5.14
Foto: Centro de Interpretación Ambiental del Monte Abantos. / SANTI BURGOS
Greenpeace pinta de negro el hotel El Algarrobico
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Ayer mismo comentábamos aquí sobre la ordenación territorial salvaje e ilegal que ha ocurrido con la construcción del simbólico hotel almeriense de El Algarrobico. Pues ayer mismo, también, en una acción de protesta más, Greenpeace ocupaba esta horrenda mole frente al Mediterráneo y la pintaba de negro señalándola así como importante Punto Negro costero. La espectacular operación seguramente no tendrá mayores consecuencias, pero es un recordatorio a la ciudadanía de que en este país todavía existen colectivos que dan la cara frente a la corrupción generalizada y no se conforman con aquello del "y tú más", tan previsible e infantil. También hay que esperar que la justicia rectifique de una vez su lamentable trayectoria cómplice con estos atentados paisajístico y sentencie la demolición inmediata, exigiendo responsabilidades a los políticos y empresarios corruptos.
"EFE* : Más de cien activistas de Greenpeace se encuentran en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), para pintar un enorme punto negro en la fachada del hotel, de 21 plantas y 411 habitaciones construido por Azata, para exigir su desmantelamiento inmediato. La organización ecologista ha informado de que se trata de la sexta acción que lleva a cabo en estas instalaciones así como que es en la que más activistas han participado en la historia de Greenpeace en España, para reclamar a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Medio Ambiente que devuelvan este paraje natural a los ciudadanos.
"Algarrobico punto negro de la costa" y "Demolición ¡YA!" son algunas de las consignas que se leen en las pancartas de los ecologistas que participan en esta iniciativa contra el que "se ha convertido en el mayor punto negro del litoral español".
Exigen demolerlo y recuperar la zona
Greenpeace ha indicado que el hotel de El Algarrobico "es un ejemplo reconocido internacionalmente de la impunidad con la que se ha actuado en la costa del país en los últimos años, donde aún se pretende hacer prevalecer la normativa urbanística sobre la ambiental".
Este colectivo ha reclamado que se proceda a la demolición inmediata del inmueble y se inicie la recuperación de la zona, sin que la "maraña judicial que se ha creado" sirva como "escudo" a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Medio Ambiente.
En este sentido, Greenpeace ha exigido al Gobierno andaluz que como "primer movimiento" ejerza su derecho de retracto sobre los terrenos, y que el Ministerio de Medio Ambiente aplique a continuación la Ley de Costas y la del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad para ordenar el desmantelamiento del hotel y la restauración de la playa a continuación.
Los ecologistas han instado además a ejecutar en protocolo de colaboración firmado entre ambas administraciones para la consecución de este objetivo.
Una larga maraña judicial
Greenpeace se ha referido además a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara urbanizable el suelo sobre el que se asienta el hotel, y que así estaba calificado en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata de 1994, que "no hace más que enmarañar el caso y dar tiempo a las administraciones para no hacer cumplir la ley".
El director de Greenpeace España, Mario Rodríguez, ha afirmado que "si se siguen permitiendo las estratagemas del Ayuntamiento de Carboneras y la promotora, Ministerio y Junta estarían amparando los intereses de una constructora, frente a la defensa del medio ambiente que prima la ley".
"Las dos administraciones no necesitan ninguna sentencia más, existe un hotel que invade una playa y un Parque Natural protegido internacionalmente, y lo único que deben hacer es cumplir la ley", ha apostillado Rodríguez.
* RTVE - EFE - 11.5.14
Foto: Una activista de Greenpeace muestra un cartel delante del hotel El Algarrobico - EFE/Mario Gómez
Zaragoza.- "Marcelino Iglesias cobró un millón de euros por desbloquear la operación urbanística"
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La corrupción urbanística abarca todas la Comunidades y los principales partidos políticos. Evidentemente es mayor en ciertas Autonomías como la valenciana y en partidos como el PP (según se ve en este blog), pero eso no implica que no exista en el resto, como lo atestigua esta noticia que, de verse corroborada por la justicia, es de una enorme gravedad, dado el cargo público del socialista M.Iglesias. En el tristemente corrupto municipio zaragozano de La Muela, una recalificación de terrenos fue favorecida por el expresidente de Aragón a cambio de un millón de euros, según denuncia un empresario vasco implicado también en la trama.
"ELCONFIDENCIAL* : "La empresa Construcciones Sagain entregó un millón de euros a Marcelino Iglesias en diciembre de 2008 por facilitar el cambio de calificación urbanística de la 6ª fase del polígono industrial Centrovía, en el municipio de La Muela, que había sido inicialmente denegada por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza". Quien lanza tan rotunda acusación contra el entonces presidente de Aragón y actual portavoz del PSOE en el Senado es el empresario vasco Santiago Sánchez Valor, que ha firmado una declaración jurada, en poder de este diario, en la que asegura: "Me consta, porque tuve conocimiento de ello en varias reuniones presenciales, que con el pago de esa comisión se desbloqueó la operación urbanística".
Quienes presuntamente pagaron esa mordida fueron los empresarios Francisco Aramburu e Ignacio Unsain -que tenían deudas contraídas con Sánchez Valor, su antiguo cliente-, actualmente imputados por varios delitos de corrupción en el conocido como caso La Muela, una monumental estafa urdida en el municipio del mismo nombre en torno a la entonces pujante industria eólica, que convirtió casi de la noche a la mañana a esa localidad situada a solo 20 kilómetros de Zaragoza en una de las más ricas de España. La exalcaldesa de La Muela, Mariví Pinilla –que ya estuvo cuatro meses en prisión–, se enfrenta ahora a una pena de 37 años y al pago de una fianza de 66 millones de euros.
El fiscal del caso La Muela –instruido por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Almunia de Doña Godina, Alfredo Lajusticia, en el que hay 45 imputados– acusa a Pinilla de haberse enriquecido ilícitamente favoreciendo con recalificaciones irregulares a varias empresas constructoras, entre ellas Construcciones Sagain, manejada por Unsain y Aramburu. Ninguno de ellos quiso ayer ofrecer a este diario su versión de los hechos.
Quienes presuntamente pagaron esa mordida fueron los empresarios Francisco Aramburu e Ignacio Unsain -que tenían deudas contraídas con Sánchez Valor, su antiguo cliente-, actualmente imputados por varios delitos de corrupción en el conocido como caso La Muela, una monumental estafa urdida en el municipio del mismo nombre en torno a la entonces pujante industria eólica, que convirtió casi de la noche a la mañana a esa localidad situada a solo 20 kilómetros de Zaragoza en una de las más ricas de España. La exalcaldesa de La Muela, Mariví Pinilla –que ya estuvo cuatro meses en prisión–, se enfrenta ahora a una pena de 37 años y al pago de una fianza de 66 millones de euros.
El fiscal del caso La Muela –instruido por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Almunia de Doña Godina, Alfredo Lajusticia, en el que hay 45 imputados– acusa a Pinilla de haberse enriquecido ilícitamente favoreciendo con recalificaciones irregulares a varias empresas constructoras, entre ellas Construcciones Sagain, manejada por Unsain y Aramburu. Ninguno de ellos quiso ayer ofrecer a este diario su versión de los hechos.
Iglesias, que gobernó Aragón durante 12 años (1999-2011) y fue número tres del PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero, respondió ayer con un "no rotundo" a las acusaciones de cobro de comisiones, y aseguró que "no conoce" a Unsain y Aramburu. Este último, en conversación telefónica con este diario, se limitó a decir: "Gracias por llamar. Adiós". Sin embargo, un segundo empresario también muy cercano a la firma Construcciones Sagain –que responde a las iniciales C. P.– ha ratificado las acusaciones de Sánchez Valor, asegurando que la entrega del millón de euros al actual portavoz socialista en el Senado se hizo a través de Agapito Iglesias, dueño del Real Zaragoza C. F. y socio de Unsain y Aramburu en Inversiones Aguina S. L. , que acudió a recogerlo al hotel Meliá Zaragoza de la avenida César Augusto de la capital aragonesa pocos días antes del fallo de la Comisión de Ordenación del Territorio.
De suelo rústico a urbanizable
Construcciones Sagain adquirió en 2005 una dehesa de 239 hectáreas de suelo rústico, a tres euros el metro cuadrado, en el término municipal de La Muela. El pelotazo supuestamente urdido por Unsain y Aramburu, en connivencia con Pinilla, consistía en la recalificación de esos terrenos como suelo urbanizable de uso industrial para levantar en ellos la 6ª fase del polígono Centrovía. Eran los años del boom urbanístico e industrial de La Muela, que quintuplicó su población mientras surgían como setas cientos de molinos de viento y la alcaldesa subvencionaba con dinero público viajes al Caribe para sus vecinos. El negocio iba a ser redondo, porque el polígono se levanta junto a la autovía Madrid-Barcelona y muy cerca de la Plataforma Logística de Zaragoza y el aeropuerto de la capital. Sólo hacía falta que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza (CPOT) avalase la recalificación.
Pero la CPOT dijo no. En un informe emitido el 11 de agosto de 2008, la comisión, con su presidenta, Nuria Mas, a la cabeza, denegó la operación urbanística con el argumento de que la 5ª fase del polígono Centrovía aún estaba pendiente de ejecución, y que sus dimensiones eran más que suficientes para asegurar el desarrollo industrial de La Muela, por lo que era innecesario acometer las obras de la 6ª fase. Sin embargo, cuatro meses más tarde, en diciembre de 2008, la CPOT, sorprendentemente, cambió radicalmente de criterio y dio luz verde al proyecto.
Un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, fechado en enero de 2009 y al que ha tenido acceso El Confidencial, afirma que la inesperada aprobación del proyecto de delimitación de la 6ª fase del polígono industrial de Centrovía "se produjo a pesar de que unos meses antes este mismo órgano [la CPOT] había rechazado ese mismo proyecto y que no habían cambiado las circunstancias que motivaron su denegación, es decir, continúa el excedente de suelo industrial en este municipio, puesto que la 5ª fase seguía sin arrancar".
Fuentes cercanas a la investigación judicial han asegurado a El Confidencial que Agapito Iglesias, dueño del Real Zaragoza C. F. y empresario muy cercano al expresidente de Aragón –con el que, pese a la coincidencia de apellidos, no tiene vínculo familiar alguno– y Carlos Escó, entonces viceconsejero de Obras Públicas y mano derecha de Marcelino Iglesias en el Ejecutivo autonómico, también jugaron "un papel decisivo" para torcer la voluntad de la CPOT en beneficio de Construcciones Sagain. De hecho, en otra conversación pinchada por la policía, la alcaldesa Pinilla "dice que ha hablado con Carlos Escó, que es el único que le puede dar la orden [a Nuria Mas] para meter lo de La Muela". Iglesias y Escó, además, están imputados en el llamado caso Plaza, el mayor escándalo de corrupción en la historia de Aragón.
El pasado mes de febrero, un juez de Zaragoza pidió para Iglesias y Escó una fianza de responsabilidad civil de casi 19 millones de euros por su presunta implicación en el saqueo de decenas de millones de euros en la construcción y gestión de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), una de las mayores de Europa. Escó es, además, el marido de Eva Almunia, exsecretaria de Estado de Educación con Rodríguez Zapatero y candidata socialista en las últimas elecciones autonómicas, que perdió frente a su rival del PP y actual presidenta, Luisa Fernanda Rudi. Las Cortes de Aragón aprobaron hace dos meses la creación de una comisión de investigación para depurar las responsabilidades políticas del caso.
* El Confidencial - José L. Lobo - 8.5.14
Foto: La Muela (Zaragoza) - turismodezaragoza.es
El Algarrobico: jueces frente a la ecología
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Un tema que ya hemos debatido aquí hasta la saciedad: la responsabilidad de la justicia en los miles de casos de corrupción urbanística que ha habido en este país, solo en los últimos años. Evidentemente la acción inicial corresponde a las mafias político-financieras-empresariales, pero la justicia, lejos de solventar los problemas causados al medio ambiente y la Ordenación Territorial, ha sido cómplice la mayoría de las veces de este delito tan característico de nuestra tierra. Falta de medios se puede aducir en su defensa, pero la ignorancia atrevida y la prepotencia judicial con la que han acorralado a los que criticaban y denunciaban estos evidentes delitos, solo ha demostrado su mala fe en encontrar una solución aceptable. Jueces y fiscales han formado parte de esa élite trasnochada, proveniente de otra época, que se ha situado en primera línea contra el raciocinio actual y la legalidad ambiental europea más avanzada.
"MIGUEL A.BLANCO* : Los jueces no son ecologistas. Cuando se trata de hacer justicia (?) en asuntos que tienen que ver con cuestiones medioambientales y ecológicas, el resultado en la mayoría de los casos es desconcertante cuando no sorprendente. Como en el caso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ante el caso del hotel del Algarrobico y lo que le rodea, en Carboneras. No hay muchas sentencias, más bien son pocas, que resuelvan desaguisados ambientales, a favor de denuncias ecologistas, según qué salas. En la mayoría de los casos, en que así sucede, lo más probable es que las sentencias no lleguen a ejecutarse.
Y de esta manera, urbanizaciones o edificaciones ilegales y destructoras del paisaje, que surgen por intereses particulares o municipales del negocio y del capital, sonríen en su interior cuando reciben la notificación de una sentencia en contra. Los medios de comunicación informan de ello, que la urbanización tiene que ser demolida. Los promotores y ayuntamientos que lo han permitido, tras haber sido comprados, sonríen en su interior, a sabiendas de que la urbanización seguirá adelante, en la mayoría de los casos. Y a los ecologistas sólo les queda el derecho a la crítica, a la protesta, a la denuncia, frente a quienes ven en la tierra, el paisaje, la naturaleza, como su propiedad para la oportunidad de hacer negocio. En la mayoría de los casos predomina el concepto de “propiedad privada”, como un derecho permanente e inalterable. Para nada, el trasfondo del bien social que tiene que emanar de toda propiedad pública o privada, que no es ni mucho menos inmutable.
Cuando, hace ya años, por ejemplo surgió un proyecto de urbanización en la Fabriquilla, en la costa del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, la Junta de Andalucía (Consejería de Medio Ambiente) lo rechazó porque afectaba al orden del Parque Natural. Al principio, las resoluciones judiciales fueron favorables a la Junta. Hasta que llegó al Tribunal Supremo, que falló a favor de los intereses de los promotores de la urbanización. En estos casos, es factible el llegar a un acuerdo para una permuta de terrenos o de una indemnización a los promotores o propietarios ante la inviabilidad de la urbanización, por la Junta, en este caso. En estas situaciones, el tribunal suele fijar la cantidad de la indemnización que, en este caso, si no recuerdo mal, la Junta de Andalucía estaba dispuesta a asumir. Sorprendentemente, el Tribunal Supremo resolvió que no había lugar a la indemnización, que no había más salida que la construcción de la urbanización de la Fabriquilla que, afortunadamente hasta ahora, no se ha levantado.
Y ahora nos encontramos con el dilema del hotel del Algarrobico, otro disparate que nunca tuvo que iniciarse. No sería mala idea que se hicieran públicas las actas de la Comisión provincial de Urbanismo donde se debatió el tema, para saber qué y cómo se votó, quiénes apostaron por el proyecto y quiénes no. No sé cómo quedará al final el tema del Algarrobico, pero personalmente creo que su destino tiene que ser la demolición y la puesta en evidencia pública de quienes lo permitieron y fueron cómplices de tal aberración.
Y así un asunto tras otro ante la Justicia (?), siempre con interese urbanísticos, que han planificado invadir el territorio donde y como sea. Son situaciones que suelen terminar en los tribunales, en la mayoría de los casos para nada. Para eso están los jueces, bueno, la mayoría de los jueces, en defensa de las razones, lamentablemente sagradas, de la propiedad privada y frente al espíritu, noble y justo, de la Ecología, del Paisaje y de la Tierra.
* Secreto Olivo - Miguel Ángel Blanco Martín - Abril 2014
Foto: Hotel El Algarrobico (Almería) - flickr
Segovia.- Varios VIPs se enfrentan a una macrodemanda por comprar viviendas 'Gürtel' que ahora no quieren pagar
Nos estamos acostumbrando cada vez más a las polémicas urbanísticas. Así, también le llegó el turno a Segovia, donde hace ya 7 años que distintas asociaciones denunciaron una serie de ilegalidades cometidas por la empresa Segovia 21 (participada por la Diputación de Segovia, Caja Segovia y la Cámara de Comercio) en torno al macroproyecto urbanístico situado en el margen de la carretera que une La Granja con Segovia. Ahora empresarios y políticos vinculados al antiguo Consejo de Administración de la empresa del pelotazo fallido se enfrentan a una demanda que acaba de ser presentada por no querer pagar viviendas que adquirieron entonces.
*VOZPÓPULI* : Empresarios y políticos de distinto pelaje se enfrentan a una macrodemanda por comprar viviendas de lujo que ahora no quieren pagar. Son personajes vinculados al antiguo Consejo de Administración de Segovia 21, un pelotazo fallido relacionado con la trama 'Gürtel' en la vertiente segoviana de la Sierra de Guadarrama. Entre los empresarios que adquirieron las viviendas del complejo sito en Palazuelos de Eresma figuran apellidos tales como Salazar-Simpson (SimpsonCars), Benatar (Fomento Territorial), o González (Ontex, participada por Goldman Sachs y TPG). Y entre los políticos, hay miembros de importantes familias populares locales, como Juárez o Beloqui (arquitecto jefe de la sección de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León) y socialistas, tal que Agudíez.
Sucede que Caja Madrid no financiaba la promoción si no estaba colocado el 65% de las viviendas. Así que estos VIPs pastoreados por el consejero delegado Atilano 'Milano' Soto, se apresuraron a hacer acopio de los pisos. Algunos se quedaron con varios, como los hijos del empresario francés Elías Benatar, que se hicieron con uno cada uno; o Jesús Sánchez, exdirector de Segovia 21. Otros compraron entre varios una de las casas, como los hijos del exsenador socialista Manuel Agudíez, imputado en el 'caso del Torreón de Lozoya'. El caso de Salazar-Simpson, cuestionado expresidente de la Fundación Centro Nacional del Vidrio de La Granja, es único: después de comprar pidió a Atilano Soto que le rescindiera el contrato, cosa que el expresidente de Caja Segovia hizo, sin más.
Pasado el tiempo, los adquirentes decidieron que ya no querían unas viviendas que no iban a colocar a otros primos ni a tiros. Los primeros de estos 'compradores fantasma', no contentos con no quedarse con los ladrillos, demandaron a Segovia 21 para reclamar las cantidades entregadas a cuenta y se encontraron con que el juez les condenó a escriturarlas a precio de 'boom' más IVA, intereses, aval y costas. Los 13 VIPs de esta macrodemanda, que acaba de ser presentada, se enfrentan a una causa similar por la compra de 16 de estas viviendas.
El complejo de lujo ha quedado en un 'bluf'
Segovia 21 ha sido un proyecto polémico desde sus inicios. A principios de 2013, su Consejo de Administración desfiló ante el fiscal jefe de Segovia Antonio Silva Jaraquemada, que terminó archivando el caso. A día de hoy, el flamante complejo se ha revelado un auténtico 'bluf': el vivero de empresas no tiene actividad, el NH Hoteles se quedó a medio hacer, el campo de golf no tiene socios suficientes y nadie quiere las viviendas de lujo. A mediados de abril, Segovia 21 entró en preconcurso de acreedores con una deuda de 17 millones de euros a su accionista Bankia y 850.000 euros a Hacienda.
* Voz Pópuli - Fátima Martín - 2.5.14
Foto: Segovia 21, construcciones sin acabar - vozpopuli
Imputados once ex altos cargos de Adif por el accidente de Santiago
Cuando parecía que el caso del accidente del AVE en Santiago, donde murieron 79 personas, estaba cerrado por 'orden gubernativa', ha surgido de improviso una imputación judicial contra ex-altos cargos de la empresa pública ADIF para exigir responsabilidades como potenciales autores de delitos contra la seguridad colectiva, homicidio y lesiones. Parece que nos ha oído algún juez en lo que desde este blog llevamos reclamando desde hace meses: que la culpabilidad debía estar más repartida por los responsables técnico-políticos que permitieron la catástrofe. A pesar de aplaudir esta iniciativa judicial, ésta debería ampliarse a responsables de Renfe y, sobre todo, del ministerio de Fomento, últimos capos del desastre que ha supuesto la instalación con prisas del AVE en este país, con el gravísimo despilfarro delictivo que ha supuesto para la economía en general, sin obtener un claro beneficio público que lo justifique.
"PÚBLICO* : El juez Luis Aláez, que instruye el caso por el accidente del Alvia el pasado 24 de julio en Angrois, donde murieron 79 personas, ha llamado a declarar como imputados al expresidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) Antonio González Marín, al exdirector de Seguridad en la Circulación Andrés Cortabitarte López y a nueve miembros del consejo de administración del organismo cuando se abrió la línea Ourense-Santiago, según un auto notificado este viernes.
En concreto, llama a declarar el día 22 de mayo a las 10.00 horas al exdirector de Seguridad en la Circulación, Andrés Cortabitarte López; el 23 de mayo a partir de las 9.30 horas a tres vocales del entonces consejo de administración de Adif, Juan Carlos Cáceres Díez (CC.OO.), Mercedes Rodríguez Arranz (por Fomento), Félix Díaz Martínez (UGT); el 26 de mayo a partir de las 9,30 horas a Juan Ángel Mairal Lacoma, Carlos Bartolomé Marín (también vocales y además, exjefes de gabinete de cargos de Fomento). Esa misma jornada declarará Javier Hurtado Domínguez, vocal por Fomento en el consejo de administración y exdirector de gabinete de José Blanco.
El 27 de mayo están citados a partir de las 9.30 horas Carlos María Juárez Cólera, quien fue director de gabinete de Blanco en 2009 y posteriormente director general de Infraestructuras Ferroviarias de Fomento; Mercedes Caballero Fernández (también vocal del consejo de administración) y Gerardo Luis Gavilanes Ginerés (otro vocal por Fomento). Por último, el magistrado llama al expresidente de Adif Antonio González Marín el 28 de mayo a las 10,00 horas.
Estas imputaciones se producen semanas antes de que se materialice el traslado de Aláez al Juzgado de lo Penal de la capital gallega, cuando asumirá la causa Andrés Lago Louro.
El auto explica que los informes preliminares entregados por cuatro de los seis peritos en los últimos días aportan información que, a su juicio, "acarrea una provisional atribución de responsabilidades penales a determinadas personas de Adif responsables de la seguridad en la circulación ferroviaria como potenciales autores de un delito contra la seguridad colectiva, previsto y penado en el artículo 350 del Código Penal, y partícipes en los delitos de homicidio y lesiones de los artículos 142 y 152 del Código Penal".
Sin las medidas de seguridad suficientes
El magistrado hace un repaso a la investigación y a decisiones técnicas que se adoptaron en la línea -nuevo proyecto, desconexión del sistema de control de velocidades ERTMS- y destaca que "no debe olvidarse que han sido responsables de Adif los que idearon esa conexión ferroviaria compleja y novedosa entre las estaciones de Ourense y Santiago de Compostela y los que sancionaron y su materialización y puesta en servicio".
"Son esos responsables de Adif los que ordenan ejecutar un novedoso y complejo enlace ferroviario que no tiene las medidas de seguridad suficientes", incide. En este sentido, hace hincapié en que no tiene "ya no las de una línea de alta velocidad (...) sino siquiera las adecuadas a la especial situación creada al no adoptar los cambios o innovaciones normativas que la seguridad exigía en el punto de conversión o entronque de la línea de alta velocidad en la línea convencional".
Con esa actuación, critica, "se ha incrementado el riesgo de forma muy significativa, pues al eliminar la implantación del sistema de supervisión continua, el ERTMS, en esos kilómetros en que se integra la curva de A Grandeira --donde se produjo el descarrilamiento--, no se ha dado a la situación de riesgo originada una solución adecuada".
Dice, a continuación, que "la solución adoptada para garantizar la seguridad en ese tramo puede ser tachada de ilegal a la par que insuficiente". "Pues es una medida específica para una línea de alta velocidad que se aplica a un trayecto que no dispone de un sistema de explotación propio de las líneas de tales características, el ERTMS o similar, y sin que se supla la deficiencia en modo alguno; y con la que se exporta el control de la velocidad del tren a los agentes de conducción o maquinistas para que lleguen a la curva a la velocidad adecuada de forma incorrecta, ya que en los instrumentos básicos de su trabajo, que son el libro horario y cuadro de velocidades máximas y la señalización en la vía, se le dan indicaciones imprecisas y contradictorias (...)", afirma.
Hasta el momento, el maquinista era el único imputado en la causa, tras admitir un despiste que hizo que no frenase antes de tiempo en la curva de A Grandeira. En definitiva, concluye, "se ha trasladado el control del tren en el tramo en que se encuentra la curva esencialmente al conocimiento que el maquinista debe tener de la línea (...)".
Delito contra la seguridad colectiva
Para el juez, esa actuación de los responsables de Adif "es la que puede incardinarse, en principio, en el delito contra la seguridad colectiva" y en las figuras de homicidios y lesiones imprudentes. "No solo ha puesto en peligro a cualquier persona que viajase por la línea, sino que, además, se ha materializado en el descarrilamiento de un tren con el resultado de múltiples fallecimientos y de lesiones para otras muchas de las personas que viajaban en él", sentencia.
En recuerdo de otras resoluciones, indica que la "ideación y construcción del enlace ferroviario entre Ourense y Santiago aparece influida presuntamente por intereses circunstanciales y superpuestos a la seguridad en la circulación: la pronta apertura de una línea ferroviaria que resultase atractiva al público". "Se trataba de publicitar, transmitir, a la sociedad el logro de la prometida llegada de la Alta Velocidad a Galicia, con la adelantada apertura de una nueva conexión ferroviaria entre Ourense y Santiago de Compostela que redujese los tiempos del viaje entre ambas ciudades", asevera.
En este sentido, Aláez señala que "un obstáculo a ese objetivo era su construcción en ancho universal, por las demoras que ocasionaban las operaciones o maniobras que había que hacer en los cambiadores de ancho". "Y para superar ese obstáculo no se dudó, presumiblemente, en tolerar el incremento de riesgo que conllevaba el recorte de la implantación del sistema ERTMS desde la estación de Santiago hasta unos kilómetros antes (...)", censura.
Por ello, concluye que "se han dejado prevalecer determinados intereses en la creación de ese nuevo enlace ferroviario entre Ourense y Santiago de Compostela por los responsables de velar prioritariamente por la seguridad". Algo que, según reitera, "condujo a la construcción de un complejo enlace ferroviario que no tiene las medidas de seguridad suficientes".
Insiste en la "manifiesta y clamorosa infracción normativa de la solución adoptada" para advertir, con todo, que "dicho discurso no puede hacerse extensivo, sin más, a quienes no habiendo tomado aquella importante decisión ni participado en el proceso constructivo de la línea han asumido con posterioridad responsabilidades en materia de seguridad en la circulación ferroviaria".
Por último, también subraya que "no hay obstáculo para valorar la posible relevancia penal de la decisión de desconexión (...) porque una cosa es que esa desconexión pueda conllevar un incremento del riesgo para la circulación en los 79 kilómetros en que está implantada la circulación al amparo del ERTMS y que la decisión al respecto pueda merecer algún reproche y otra es que el descarrilamiento del tren suponga la realización o materialización del peligro creado por esa desconexión conforme al juicio de previsibilidad o probabilidad que podía formarse quién la decidió".
* Público - agencias - 9.5.14
Foto: Santiago de Compostela, accidente AVE - EP
