El escándalo de la corrupción no es exclusivo de este país, pero aquí ha encontrado un caldo de cultivo muy favorable que proviene de las raíces mismas de la dictadura. Ciertos sectores político-financieros-judiciales han continuado en la oscuridad año tras año alimentando el grave problema. Las cifras oficiales son lamentables pero solo representan un pequeña parte de la realidad, pues ésta es más difícil de detectar y se esconde a la opinión pública. Aún así, que de 500 imputados solo 20 estén en prisión es objeto de una seria reflexión acerca de cómo funciona (mal) este sistema complejo. Casi todos los partidos políticos, sobre todo los mayoritarios, tienen mucho que ocultar y no quieren 'levantar la liebre' por si acaso. Lo mismo ocurre con el sector financiero que, obviamente, saca tajada de esta situación delictiva. Y, por supuesto, la justicia que carece de la necesaria independencia y solo es el brazo armado de los dos anteriores sujetos, con lo que el círculo se completa y se llega a este estado de corrupción absoluta en el que, tristemente, el Urbanismo suele ser la estrella de la función, mal que le pese.
"HUFFINGTONPOST* : Bárcenas, Roca, Julián Muñoz, María Antònia Munar, Del Nido y Díaz Ferrán son los reclusos más famosos por la corrupción en España. Entre las cifras de la corrupción en España, destaca que hay casi 1.700 causas abiertas en diferentes órganos judiciales, más de 500 imputados en estos procedimientos y sólo una veintena cumpliendo condena en alguna de las cárceles del territorio nacional. Un estudio publicado en 2013 cifró en 40.000 millones el coste social de la corrupción en España y, respecto al aumento de fondos para la investigación, Justicia gastó más de 10 millones de euros en reforzar juzgados que investigan casos de corrupción en 2012.
Los casos de corrupción, según los datos recogidos por Europa Press en esta radiografía de la corrupción en España, afectan a todos los niveles de la administración y las investigaciones en marcha salpican tanto a quienes han sido miembros del Gobierno -como los exministros Manuel Chaves y Magdalena Álvarez, relacionados con el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía-, como a dirigentes autonómicos y numerosos alcaldes y responsables municipales.
El pasado año, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifró en 1.661 las causas abiertas en los diferentes órganos judiciales españoles por delitos relacionados con la corrupción. Éstas afectan a tipos penales como la prevaricación, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversaciones, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude, estafa, falsedad documental y delitos contra el patrimonio histórico y contra el medio ambiente.
Pese a este abultado número de procesos, la cifra de personas que actualmente están en prisión cumpliendo condena es muy reducida, sobretodo debido a la dilatación de los procesos judiciales, que en muchos casos son muy amplios y su investigación abarca un amplio periodo de tiempo.
Por ejemplo, en el caso Gürtel sólo el extesorero del PP Luis Bárcenas está actualmente en prisión. El resto de imputados, más de 150, están aún a la espera de que finalice la fase de instrucción de la causa que investiga el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. En la cárcel está también el expresidente CEOE Gerardo Díaz Ferrán por el desmantelamiento de Marsans para evitar el pago a sus acreedores, aunque está pendiente de ser juzgado por más causas en distintos tribunales.
BALEARES, LA COMUNIDAD CON MÁS POLÍTICOS ENTRE REJAS
Por comunidades, Baleares es autonomía en la que más políticos están en prisión por alguna causa relacionada con la corrupción. Por diferentes casos, están en prisión el exconseller Josep Juan Cardona, el exdirector general Kurt Viaene, el exgerente del Consorcio Antònia Ordinas y el exconcejal 'popular' en Lloseta Felipe Ferré. También han acabado en prisión el exalcalde de Andratx Eugenio Hidalgo (PP) y el exgerente de la empresa pública Bitel Damià Vidal, condenado a cinco años por una trama de desvío de fondos.
De la misma manera, están también en la cárcel varios de los que fueron responsables del extinto partido Unió Mallorquina, empezando por la que fuera presidenta del Parlamento balear y del Consell de Mallorca, María Antònia Munar, condenada en firme a un total de once años y medio por diferentes casos. También de Unió Mallorquina están en la cárcel por condenas firmes el exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal, los exconsellers Bartomeu Vicens y Francesc Buils y el exjefe del Instituto de Inversiones para la Mejora del Entorno Turístico Antoni Rebassa.
No es el caso del expresidente Jaume Matas, condenado a nueve meses de prisión por tráfico de influencias en el primero de los casos por los que ha sido juzgado y que está pendiente de que el Gobierno resuelva su petición de indulto antes de entrar en prisión.
Caso aparte es el del exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, que entró en prisión en 2009 por malversar fondos en clubes de alterne masculinos y abusar de menores. Desde marzo se encuentra en un Centro de Inserción Social. También en febrero de este año entró en prisión el expresidente de Agrupación Social Independiente (ASI) Joaquín Rabasco por desviar más de un millón de euros del Ayuntamiento mallorquín de Llucmajor a cuatro empresas ligadas a él.
SÓLO UN IMPLICADO EN LOS ERE ANDALUCES EN PRISIÓN
En pleno escándalo tras salir a la luz un presunto fraude en Andalucía con los fondos para cursos de formación, otro de los procesos con más repercusión pública durante los últimos meses ha sido el de los ERE fraudulentos de Andalucía, en el que hay imputadas 144 personas pero sólo el exdirectivo de Vitalia Eduardo Pascual continúa en prisión. Se da la circunstancia de que Pascual solicitó este miércoles su libertad, aunque la juez Alaya aún no se ha pronunciado.
Entre los implicados en este caso, la juez Alaya ha remitido a las Cortes Generales a través del Tribunal Supremo la "preimputación" de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y del exconsejero José Antonio Viera. Además, está imputada la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez, a quien la juez ha pedido una fianza de responsabilidad civil de 29.568.129,20 euros.
También cumplen condena el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, condenado a siete años en el caso en el que fue juzgado junto a sus exparejas Isabel Pantoja y Maite Zaldívar, quienes sin embargo no han ingresado en prisión. También está en la cárcel el exasesor de Marbella Juan Antonio Roca, principal acusado del caso 'Malaya' y también juzgado por 'Saqueo I' y el 'caso Minutas'.
Por este último proceso está también en la cárcel el letrado y expresidente del Sevilla José María del Nido cumpliendo una pena de siete años por irregularidades en los encargos que le hizo el Ayuntamiento de Marbella.
En Cataluña, este mismo año ha ingresado el exinspector jefe de Hacienda, Josep Maria Huguet, --condenado a seis años y diez meses por su implicación en el 'caso Hacienda'-- y también los expresidentes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) Antoni Herce y Enric Roig, condenados a cuatro años y medio por malversación, aunque éste sólo va a la prisión a dormir. Además, la Audiencia de Barcelona ha ordenado esta semana la inmediata entrada en prisión del empresario andorrano Fidel Pallerols y del excargo de UDC Vicenç Gavaldà, condenados por una financiación irregular.
Además, están imputados en casos de presunta corrupción en diferentes fases de investigación el diputado de CiU Oriol Pujol; el presidente de la Diputación de Tarragona, Josep Poblet (CiU); el exalcalde de Sabadell Manuel Bustos; el diputado de CiU Xavier Crespo, el exvicepresidente del Gobierno central y expresidente de Caixa Catalunya, Narcís Serra (PSOE); el expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet.
VALENCIA, MUCHOS IMPUTADOS PERO NINGÚN ENCARCELADO
Un caso particular es el de la Comunidad Valenciana, donde hay múltiples escándalos de corrupción abiertos pero ningún político está en prisión. En las Cortes Valencianas, hasta cinco diputados del PP están imputados, cuatro de ellos por el 'caso Gürtel', y la quinta, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, por el 'caso Brugal'. Pero también están imputados hasta cinco exdiputados 'populares' que renunciaron al escaño.
Tampoco en Galicia hay ningún político en prisión, aunque sí son varios los que entraron en prisión preventiva y ahora están en libertad bajo fianza. Es el caso de numerosos implicados en el caso Pokémon, que afecta a políticos de PSOE y PP de varias provincias gallegas, como el ex alcalde de Orense Francisco Rodríguez o el de Boqueixón (A Coruña), el 'popular' Adolfo Gacio.
En Canarias, pese a la decena de regidores imputados en diferentes casos judiciales, sólo cumple condena el fundador del Partido Independiente de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, ya en tercer grado por condena de 8 años de cárcel por malversación de caudales públicos por la gestión del Complejo Agroindustrial de Teguise durante su época como alcalde de este municipio lanzaroteño.
Murcia también cuenta con varios municipios afectados por casos de corrupción, pero únicamente el exalcalde de Totana está en prisión, aunque en la actualidad disfruta del tercer grado y sólo duerme en la cárcel.
* El Huffington Post - EP - 20.4.14
Foto: Corrupcíon, montaje foto - terra.es
Cifras de la corrupción en España: 1.700 causas, más de 500 imputados y sólo 20 en prisión
Smart city: la utopía obsoleta
El declive de la civilización milenaria europea ante el avance norteamericano, y posteriormente asiático, ha supuesto una grave crisis para el Urbanismo ideal que durante tantos siglos se fue construyendo paso a paso. Al menos desde los tiempos de la Grecia clásica una serie de escritos y realizaciones fueron sirviendo de base para una cultura avanzada también en la Ordenación del Territorio. Pero llegados al siglo pasado parece que un tsunami haya acabado con la relación de los humanos con su entorno hasta el punto de hacerlo desaparecer casi por completo, como ocurre hoy en día. Los interminables suburbios y las gigantescas urbanizaciones aleatorias, movidas solo por el afán de lucro del capital, han sido una terrible desgracia para las condiciones y la calidad de vida en buena parte del planeta. Actualmente pocas utopías permanecen en el horizonte del auténtico Urbanismo perdido.
"J.M.DE LA VIÑA* : Smart city. Arcaico eufemismo anglosajón que dejó de desarrollarse hace casi un siglo, cuando los americanos promovieron el urbanismo deslavazado y los europeos copiaron tal aberración, que hizo furor en la España delirante de la corrupción ladrillera que se resiste a finalizar, de adosados espantosos aliñados en excelsa puerilidad consultora y bancaria. Ya no se diseñan ciudades inteligentes: se desparraman. Ya no se construyen edificios: se escupen todos iguales, de diseño famélico y anodino, que las curvas ya no se llevan. Ya no se erigen plazas armoniosas y ajardinadas: se colocan losetas una al lado de la otra encima de un agujero tenebroso y profundo.
Se extiende la contaminante urbanización salvaje sin proveerla de urbanismo, sin ninguna lógica ni control al albur de la ley de la selva, al arbitrio del más corrupto. Finalizará el proceso el día en que no quede ningún resquicio por invadir ni ninguna huerta por enladrillar.
Europa abandonó hace ya tiempo su modelo urbanístico milenario que fue bello, eficaz, sostenible y cómodo en su sencillez conceptual: la ciudad mediterránea, encalada unas veces, modelada en eficiente y blando adobe otras, a menudo tallada en dura piedra como la que rige demasiadas mentes arquitectónicas que se dicen eminentes.
Ha convertido sus maravillosos centros históricos en simples parques temáticos para el turista y el visitante, eliminando los cuarterones. En caros lugares rellenos de oficinas sin gracia ni vida una vez despojados de alma sus modernísimos interiores open space, o convertidos los vestigios de sus grandiosos edificios antiguos en reductos elitistas de “diseño” para asilvestrados nuevos ricos y algún que otro agraciado forrado de dinero.
Desde la antigüedad hasta no hace mucho, la sabiduría urbanística y arquitectónica se adaptaba por necesidad al entorno, al clima y los materiales que tenían a mano. Los recursos disponibles eran limitados. La energía era un bien escaso y renovable, pura tracción animal la que no era biomasa.
Tales constricciones estimularon por necesidad la originalidad y el pensamiento, la imaginación, la belleza y el arte. Cada zona o territorio desarrolló su propio estilo, sublimado en lugares grandiosos como la Ciudad Prohibida de Pekín o la Alhambra de Granada. Ejemplos opuestos de lo que puede dar de sí la imaginación y un buen oficio cuando se utilizan materiales de pobre y toneladas de buen hacer.
La ingeniería utilizada para erigir la grandiosa cúpula de Brunelleschi, por ejemplo, continúa asombrando después de tantos siglos. ¿Cuántos arquitectos de hoy serían capaces de diseñar nada mínimamente similar en sabiduría y belleza con la eficacia energética, la minuciosidad y el detalle que se merece?
El milagro no estaba en el resultado, sino en la maestría con la que fueron ejecutadas tales joyas teniendo en cuenta las limitaciones de la época. Ya no se construyen tales maravillas. La abundancia y la diversidad de materiales sofisticados, la abundancia de energía barata ha fomentado la vagancia intelectual que impide utilizarlos con sabiduría, eficiencia y racionalidad sea esta formal o caótica.
Hoy se plantifica idéntico rascacielos en Oslo o en Dubai, en Chicago o en Río de Janeiro, en Barcelona o en Londres. Da igual el clima, la orografía o la orientación. Se aumenta la potencia de los sistemas de climatización y asunto arreglado.
En muchos países del Golfo Pérsico la climatización supone la mitad del consumo energético. Un exceso que volverá moribundas a tales ciudades cuando su petróleo deje de manar y ya no lo puedan pagar, dentro de no demasiados años, si antes no las engulle el cambio climático o el aumento del nivel de los mares.
¿Cómo denominar el estilo homogéneo y vulgar que embrutece cualquier ristra de adosados o rascacielos acristalado que aplasta la sensibilidad, como cualquiera de los cuatro pirulís que abochornan Madrid y lo convierten en horrible amago de ciudad supuestamente moderna?
Es bien conocido el caso del sobrevalorado arquitecto que atiende al nombre de Frank Gehry. Construyó dos edificios casi idénticos, el uno en Bilbao, el otro en Los Angeles. Mientras el de aquí es vistoso por fuera y anodino por dentro, el de allí no se como es por dentro pero por fuera es una auténtica aberración en vista del clima local. Que se lo digan a los que viven cerca.
La radiación solar no es la misma en ambos lugares, los reflejos que produce el metal son de muy diferente intensidad. El aumento de la temperatura circundante que provoca es tolerable en Bilbao pero inadecuado en California. Allí el sol luce más. Obligó a rediseñar paneles para atemperar los fenómenos perniciosos incrementando la cuenta.
¿Por qué no se diseñan los edificios adecuándolos al entorno? Calatrava es otro buen exponente de diseños arquitectónicos presuntamente defectuosos y torpes en vista de los litigios que acumula y los trencadís que pugnan por atracar la cuenta corriente de los ciudadanos una vez cobrados unos honorarios desproporcionados e injustos. No hay más que visitar alguno de ellos para comprobar sus múltiples desperfectos, como el terriblemente defectuoso aeropuerto de Bilbao.
Antiguamente tales chapuzas no se solían producir ya que los mecenas, fuesen papas, reyes o emperadores no lo permitían: mandaban a la cárcel o a la hoguera al susodicho sin contemplaciones. Solían ser gentes de elevada sensibilidad artística y gran cultura a los que era difícil engañar, a pesar de sus muchas carencias y de su crueldad.
Hoy tales mecenas son mediocres políticos sin ninguna trayectoria ni acervo cultural o educativo que apenas saben hacer la “o” con un canuto. Les importa un bledo el dinero que gastan. Demasiados arquitectos estrella se aprovechan de ello, siendo aplaudidos por cohortes de fans fashion, de ilusos que se asombran por cualquier juego de artificio mediocre y flojo, y por una parafernalia mediática desmedida y atontada que ríe las carísimas gracias.
Alejandro Magno, su arquitecto Dinócrates de Rodas en su nombre, trazó Alejandría con tiralíneas siguiendo el plan hipodámico, el mismo que utilizó el centralista Ildefonso Cerdá para diseñar la Barcelona moderna, luego modernista, a pesar de las reticencias de la oposición local de entonces, su ayuntamiento retrógrado que continúa comportándose de igual manera, afianzado por la pacata burguesía provinciana que se las daba de moderna y avanzada mientras propugnaba un cerril urbanismo medieval, la misma que hoy pugna por echarse al monte, renegando de su seny tradicional.
Fue una imposición centralista y denostada entonces de la cual hoy todos se apropian y enorgullecen, hasta los paisanos que se opusieron, cuyos herederos insisten en cercenar la convivencia mientras sus fuerzas vivas excluyentes armadas de la triste concupiscencia que se ha reencarnado en deriva absolutista, continúan con idéntica cerrazón ideológica y mental. No hace falta que den las gracias.
El grandioso París que nos sigue asombrando lo diseñó, con parecida oposición, el barón Haussmann siguiendo la griegas pautas, igual que fue pergeñado el Barrio de Salamanca en Madrid mediante clásicas inspiraciones, la Gran Vía o incluso la decepcionante Ciudad Lineal. Le proporcionó gloria y la baronía al funcionario, pero le costó el puesto cuando los parisinos se hartaron, para luego elevarlo a los altares.
¿Quién no querría vivir en el centro de París aunque su cielo no sea tan azul como el del viejo Madrid castizo y entrañable del que apenas quedan vestigios, cuando la contaminación apenas se atisbaba y los tranvías lo abarrotaban? La botella municipal no sigue medio vacía, nunca estuvo medio llena.
Cruzando el charco, las ciudades norteamericanas más emblemáticas, grandiosas y sostenibles como la igualmente cuadriculada Nueva York o San Francisco son excepción y no la norma en EE.UU. ¿Es Nueva York una ciudad estadounidense? O quizás lo es más cualquier metrópoli extensa del Medio Oeste, todas igual de incómodas, derrochadoras, ineficientes y con fecha de caducidad. Detroit parece querer ser la primera.
Antiguamente las ciudades se proveían de las huertas circundantes, importando solo aquellos alimentos que eran incapaces de producir. Tales vergeles yacen hoy bajo el cemento. Volverán a ser necesarios el día en que la economía fundamental se implante, cuando la adaptación al cambio climático y la lucha por su mitigación obliguen a aplicar la ciencia de la escasez, a limitar drásticamente los transportes innecesarios, las emisiones y el consumo energético con ellos, con el fin de que las energías renovables se dediquen a usos imprescindibles y no suntuarios.
Cuando llegue ese día, la supuesta obsolescencia clásica cotizará de nuevo al alza mientras que la rabiosa modernidad de arrabal, arrasado mediante urbanizaciones vulgares y ristras de adosados uniformes y canallas se habrá quedado obsoleta nada más terminar.
Queda pendiente de reurbanizar las monstruosas conurbaciones actuales, aplicando verdadera INNOVACION mediante criterios sostenibles que permitan afrontar el futuro con optimismo, como Haussmann y Cerdá propugnaron y lograron a mucha menor escala. Caótico el brainstorming de hoy a la altura de la arquitectura clónica que se sigue erigiendo y del urbanismo que dejó de desarrollarse. Le he dedicado la misma profundidad que cualquier arquitecto estelar a proyectos supuestamente sublimes que incrementan de manera suicida el derroche energético, las emisiones, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Lo siento.
*José M. de la Viña, Dr. Ingeniero Naval
* El Confidencial - Opinión - 8.4.14
Foto: Buenos Aires, zona norte - skycrapercity
8,6 millones enterrados en el parque acuático de Jaén
Siguiendo con más despilfarros delictivos realizados por la casta político-empresarial en los años del boom urbanístico, traemos otro caso paradigmático de la cantidad de equipamientos municipales que se han levantado sin pies ni cabeza al olor del pelotazo y la corrupción. La denominada “playa de Jaén” está paralizada después de una millonaria inversión pública, 8,6 millones, realizada por el anterior equipo del ayuntamiento, de signo socialista. Tras el fracaso del inicial proyecto ahora está en juego, además, el coste de las obras que el nuevo gobierno 'popular' ha decidido transformar absurdamente en parque de ocio y que está también paralizado. Otro despilfarro delictivo más, aquí a dos bandas.
"ELPAÍS* : Cristales rotos, puertas arrancadas, el tendido eléctrico desvalijado, muros agrietados y un aspecto más propio de un solar arrasado por un tsunami. El que iba a ser parque acuático de Jaén, símbolo en su día de las obras faraónicas construidas durante la época de bonanza económica, es hoy un ejemplo evidente del derroche de dinero público y de la desidia de las Administraciones por mantener un patrimonio común. Después de invertirse 8,6 millones con cargo al plan E del gobierno de Rodríguez Zapatero, la llegada al Ayuntamiento jiennense del PP en 2011 frenó el proyecto. Los actuales mandatarios decidieron cambiar su uso por un parque de ocio y multiaventura. Pero hoy el parque de ocio ya es historia, y casi la misma suerte ha corrido el parque multiaventura, también abandonado a pesar de estar construido en un 80%.
El resultado es que la instalación es hoy pasto de la dejadez institucional, mientras el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía se tiran los trastos a la cabeza culpándose mutuamente de la responsabilidad de su mantenimiento.
La que iba a ser la "playa de Jaén" —fue el gancho que utilizó el anterior gobierno de PSOE e IU a la hora de vender un proyecto escasamente demandado entre la ciudadanía— empezó a construirse en 2009 en la barriada de Valdeastillas, junto a la autovía A-316. Pero el proyecto naufragó dos años después al llegar a la alcaldía el PP. El alcalde jiennense, José Enrique Fernández de Moya, justificó la marcha atrás por la falta de financiación, que se estimaban en otros 4,2 millones más. También se apuntó a una "viabilidad nada clara" en su explotación posterior.
Pero lo cierto es que el PP se había opuesto desde el principio a esta obra que calificaron como un "despilfarro", e incluso sembró dudas sobre su legalidad al cuestionar que el parque acuático y una zona comercial anexa se levantara sobre suelo rústico y al margen del PGOU. Y una vez que accedieron al gobierno local, con la obra ya en marcha, acusó al PSOE de desviar dinero de esta obra para otros gastos municipales.
En su lugar, PP presentó el proyecto de un parque multiaventura que se construiría sobre los mismos terrenos del parque acuático y que contaría con pistas de fútbol siete, pádel o tenis así como para la práctica de esquí, rocódromo, tirolina y una pista de karting. En total, un coste de 2,4 millones. Pero, según el alcalde, el nuevo proyecto tendría coste cero para las arcas municipales, ya que esperaban una subvención de un millón de la Junta —comprometida dentro del plan Proteja para los materiales del parque acuático— y el resto lo aportarán los empresarios que explotasen el parque.
Sin embargo, dos años después de que el PP presentara el nuevo proyecto, y después de que el alcalde anunciara la inauguración de la primera fase para el pasado verano, no solo no hay fechas para su culminación, sino que el parque es hoy un estercolero y un lugar propicio para los actos vandálicos, como denuncian los vecinos de la zona.
"Nosotros seguiremos con la tramitación hasta donde se pueda", señaló recientemente el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Francisco Javier Márquez, después de acusar a la Junta de Andalucía de "bloquear" la iniciativa. Y es que, según Márquez, la Junta reclama ahora informes que, a su juicio, "pasó por alto" mientras se construía el parque acuático. "Se estaba haciendo a las bravas, sin legalidad urbanística, sin exigirle ningún papel", censuró el edil.
El Ayuntamiento lamenta que la Delegación de Agricultura y Medio Ambiente le solicite ahora la Autorización Ambiental Unificada, la compatibilidad con el Plan General de Ordenación Urbana, un informe sobre la situación del suelo, un estudio sobre impacto ambiental, otro sobre contaminaciones lumínica y sonora y, finalmente, otro sobre excavaciones arqueológicas. Documentos que el delegado provincial de Medio Ambiente, Julio Millán, justifica en que el Ayuntamiento presentó en su día un reformado básico del proyecto con actividades que sí requieren de informes medioambientales.
"No estamos poniendo impedimentos ni entorpeciendo la gestión del Ayuntamiento, solo que se concrete el trámite en función de lo que han planteado en el nuevo proyecto", agregó Millán.
Mientras tanto, los vecinos de Valdeastillas se quejan de que la falta de vigilancia está atrayendo a multitud de saqueadores, además de las molestias que generó en su día la obra a muchos inquilinos. Son varios los escritos presentados en el Ayuntamiento denunciando que los movimientos de tierras realizados en el que iba a ser parque acuático motivaron el cambio de correntías en las aguas naturales, y eso derivó en la entrada masiva de aguas pluviales en algunas propiedades privadas. En otras casas aparecieron grietas a consecuencia del embalsamiento en la zona por las lluvias.
Curiosamente, el gobierno municipal del PP, que ahora se muestra impasible ante las críticas vecinales, sí que fue contundente en su día al arremeter contra el anterior mandato de PSOE e IU por los importantes daños provocados en la urbanización Valdeastillas. Incluso sembró la alarma al advertir del riesgo de derrumbe del muro perimetral de la urbanización.
* El País - GINÉS DONAIRE - 12.4.14
Foto: Parque acuático de Jaén. / JOSÉ MANUEL PEDROSA
El alcalde de Arroyo de la Encomienda, condenado urbanístico y alcalde
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Este municipio situado a las afueras de Valladolid ha tenido un enorme crecimiento en los últimos años, con bloques de viviendas y adosados desmesurados para su original población. En los años de la burbuja inmobiliaria ha sido gobernado por el 'expopular' J.M.Méndez, tristemente conocido por su corrupción urbanística, y que, a pesar de ser condenado a cárcel e inhabilitación en uno de los mayores escándalos de Castilla y Léon, continúa al frente del Ayuntamiento como si no hubiera pasado nada. Algo inexplicable y que vuelve a demostrar la impunidad absoluta de que gozan los políticos corruptos en este país. Ya no es que cueste su investigación, y luego imputación, es que además, aunque sean condenados, se pasan la justicia por el forro. Evidentemente, en las filas del PP de Valladolid deben estar muy satisfechos con semejante espécimen feudal, por llamarle algo.
"ELPAÍS* : Arroyo de la Encomienda, una localidad a siete kilómetros de Valladolid y a orillas del Pisuerga, es conocida como "la Marbella de Castilla" por su crecimiento urbanístico. Y en la mejor línea de Jesús Gil, su atípico alcalde, José Manuel Méndez Freijo —nacido hace 52 años en As Nogais (Lugo)—, lleva más de una década gobernando pese a haber sido condenado por cohecho y prevaricación a tres años de cárcel y ocho de inhabilitación por favorecer a una empresa que le había regalado una casa y dinero. José Manuel Méndez fue el principal condenado por la Audiencia Provincial de Valladolid por el denominado 'caso Arroyo', uno de los mayores escándalos de corrupción urbanística de Castilla y León. La sentencia lo consideraba el artífice de una trama que permitió recalificar en 2005 un suelo industrial para que la constructora Mahía construyera 2.984 viviendas, que nunca se llegaron a levantar. El exjuez Javier Gómez de Liaño, el abogado de Luis Bárcenas, fue su defensor.
Arroyo de la Encomienda, fiel a su condición de ciudad dormitorio, ha vivido de "las licencias de construcción antes de la crisis" y ahora, con muchas urbanizaciones paralizadas y viviendas a medio terminar, lo hace "de los centros comerciales", resumen en el Ayuntamiento. Más del 90% del suelo —más de mil hectáreas— es urbanizable. Ha pasado de 4.588 vecinos en 2001 a 16.643 en 2013. Tal y como lo define su alcalde en su cuenta de Twitter, "Arroyo de la Encomienda es una ciudad bañada por el Pisuerga donde merece la pena vivir, sobre todo por sus vecinos".
En medio del fragor del ladrillo llegó el convenio entre el Ayuntamiento y la empresa Mahía, gallega como el alcalde. El acuerdo fue calificado como "una patente, relevante y clamorosa vulneración de la legalidad urbanística" por la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, dictada el 22 de noviembre. Y añade que Méndez Freijo dictó resoluciones, "a sabiendas de su arbitrariedad e injusticia, para favorecer los intereses de Mahía, en contra de la legalidad urbanística, y de la cual había recibido gratuitamente en julio de 2004 una vivienda en Vilagarcía de Arousa".
Durante el juicio, el alcalde negó los regalos, pero la Audiencia Provincial de Valladolid destacó como hecho probado que, además del chalé, recibió 30 millones de pesetas [180.000 euros] en 2001. Méndez Freijo siempre ha mantenido que era un préstamo, un "auxilio financiero". "En realidad fue un regalo, pues no consta fuera devuelto a Mahía ni reclamado por dicha sociedad", dice la sentencia. Respecto a la vivienda, Méndez aseguró que la había pagado, pero la sentencia asegura: "Estamos ante una apariencia de venta que trata de esconder la realidad de un verdadero regalo de Mahía a Méndez Freijo en 2004".
José Manuel Méndez sigue defendiendo que es "inocente", tal y como ha insistido a este periódico. Y, por ello, añade tajante: "Seguiré siendo el alcalde de Arroyo porque estoy amparado por los votos de los ciudadanos".
Méndez es un camaleón político. En Galicia, donde nació y vivió hasta los 23 años, militó en el Bloque Nacionalista Galego —fue concejal por este partido en As Nogais—, primero, y en el Partido Socialista de Galicia, después. Ya en Valladolid, adonde llegó hace 30 años, estuvo en el Partido de los Independientes de España, logró la alcaldía en 2003 con el PP y en 2007 creó su propio partido, Independientes por Arroyo, con el que lleva de alcalde otros siete años. Es atípico y vehemente. Llegó al municipio vallisoletano vendiendo futbolines y máquinas tragaperras en un viejo coche Renault 11 con las ruedas totalmente desgastadas, según recuerda un vecino de la localidad que prefiere no ser identificado. Y ahora cobra del Ayuntamiento un sueldo que, según los datos de 2011, superaba los 60.000 euros.
Su vehemencia se aprecia en cualquier pleno. Como en el último, cuando respondió de forma tajante a la portavoz del Grupo Socialista que le había pedido su dimisión: "Se le contestará por escrito. Y punto". O cuando replicó: "Cuando tenga que dar explicaciones, las daré".
También se le recuerda por firmar un convenio con una fundación vinculada al Opus por el que se regalaba a la agrupación religiosa una parcela de 2,5 hectáreas para construir un instituto concertado, sin que haya ninguno público en el municipio. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Verónica Calvo, asegura que "en Arroyo se gobierna a golpe de resoluciones de alcaldía".
En los últimos meses se ha conocido otra querella por prevaricación, lesiones y coacciones supuestamente cometidas contra el interventor municipal, que está de baja por depresión después de presentar "numerosos reparos a innumerables actos administrativos". "En un Ayuntamiento vivo es normal que entren muchas denuncias", replica tranquilo el alcalde.
José Manuel Méndez gana elecciones sin parar desde 2003, y cada vez con más apoyo. Y a él recurre para justificar su permanencia en el cargo. "Los servicios jurídicos me han dicho que puedo seguir, y lo haré hasta que el Tribunal Supremo me diga que soy inocente. No hay motivos para dimitir".
La oposición —PP y PSOE—, sí los encuentran. Los populares, "por una cuestión ética", según su portavoz, José Antonio Otero; los socialistas, porque "así lo marca la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que dice que es incompatible que un alcalde condenado siga ejerciendo", afirma Verónica Calvo.
En la misma idea de incompatibilidad coincide la Asociación Arroyo-Siglo XXI, creada por un grupo de vecinos del municipio y que, gracias al empeño de sus miembros y de su abogado, José María de la Red, lograron sentar en el banquillo a Méndez.
Para ellos, la incompatibilidad "es más que clara". Se amparan en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que dice que son inelegibles "los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos (…) contra la Administración pública".
Pero la Junta Electoral Central sostiene, en un acuerdo del 20 de marzo pasado en respuesta a un recurso del PSOE, que "no corresponde a esta Junta proceder al enjuiciamiento de situaciones concretas", por lo que debe ser un pleno el que resuelva esa posible incompatibilidad. Por ello, el PSOE ha pedido el apoyo del PP para convocar un pleno extraordinario en el que determinarla, aunque la mayoría absoluta del partido de Méndez Freijo impediría que saliera adelante la propuesta.
El alcalde de Arroyo de la Encomienda lo tiene claro: "Mi mandato, el que me dieron los ciudadanos, llega hasta 2015. Después, Dios dirá".
* El País - JUSTINO SANCHON - 20.4.14
Foto: José Manuel Méndez, a la izquierda, con su agobado, Javier Gómez de Liaño, acude a la vista en Valladolid en la que fue condenado. / R.GARCÍA (EFE)
Un informe de la UDEF desvela la dependencia de varias constructoras de las adjudicaciones del PP
El caso 'Bárcenas' sigue desvelando noticias de gran calado político-empresarial, sin que la justicia se digne a 'tirar de la manta' y acusar directamente a la plana mayor del partido que ha estado cometiendo durante años graves ilegalidades de trasfondo urbanístico para conseguir elevadas comisiones. Así se sabe que algunas de las empresas que figuran como donantes en los papeles de Bárcenas recibían hasta un 80% de sus contratos públicos de administraciones gobernadas por el PP, hecho éste de una gravedad tal que haría actuar de inmediato a cualquier justicia no politizada como ésta. Pero aquí parece ser que los grandes delincuentes, los llamados de cuello blanco, siguen libres en la calle, mientras a los pequeños se les castiga sin más miramientos. Y a este estado de cosas 'algunos' lo llaman democracia.
"ELDIARIO* : Varias de las 15 empresas que figuran como donantes en la supuesta contabilidad B del Partido Popular elaborada por Luis Bárcenas recibieron más de la mitad de sus contratos públicos en el periodo 2002-2009 de administraciones gobernadas por el PP. En algunos casos la cifra llegó a alcanzar el 80% de las adjudicaciones procedentes de la Administración central, gobiernos autonómicos y ayuntamientos. Así se desprende de un informe elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en el que se cruzan las adjudicaciones realizadas por el conjunto de las administraciones públicas y las gobernadas por el PP a estas 15 compañías, esencialmente constructoras, con las anotaciones manuscritas del extesorero del Partido Popular.
El documento, de 496 páginas y al que ha tenido acceso eldiario.es, fue remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz el viernes.
La Udef, que confirma que todas las empresas que presuntamente entregaron fondos al PP recibieron adjudicaciones de administraciones públicas gobernadas por ese partido –algo prohibido por la ley–, divide las 15 constructoras en cuatro grupos en función del porcentaje de los contratos públicos adjudicados por el PP en los años transcurridos entre 2002 y 2009.
Según el informe, dos sociedades, Aldesa y Licuas, recibieron el 80% de sus contratos públicos de gobiernos (ayuntamientos, ejecutivos autonómicos o administración central) del PP. En el caso de Assignia (Constructora Hispánica) y Asedes, las adjudicaciones de gobiernos populares superan el 50%. La cifra es de más del 30% en los casos de Bruesa, FCC, OHL y Sacyr y de menos de ese porcentaje para Azvi, Cyopsa, Degremont, Romero Polo, Rubau, Sando y Sorigué.
Cabe señalar que durante la mayor parte del periodo analizado por la UDEF la Administración central estaba en manos del PSOE y que el Partido Popular sólo mantuvo el poder en la totalidad de los ocho años analizados en la Comunidad de Madrid, la Comunitat Valenciana, Castilla y León, Murcia y La Rioja.
Dependencia del PP
Aunque la UDEF indica que "la cuantía e importe" de las adjudicaciones públicas recibidas por los presuntos donantes del Partido Popular "sigue con carácter general la tendencia de la evolución de la licitación pública en este periodo" (evolución creciente hasta la llegada de la crisis en los dos últimos años de la serie), los datos recogidos por la UDEF revelan una importante dependencia de algunas constructoras de las administraciones del PP. Una relación que lleva a que su compartamiento durante el tiempo analizado sea muy distinto al de otras empresas de su sector.
El caso más llamativo es el de Aldesa. Según recoge el informe, esta constructora pasó de recibir adjudicaciones públicas por valor de 703 y 491 millones de euros en los años 2002 y 2003 a 75 millones de euros coincidiendo con la salida del PP de Moncloa en el año 2004. Desde ese momento, el volumen facturado a la administración por esta sociedad no vuelve a superar los 201 millones de euros en todo el periodo analizado. Se da la circunstancia de que en 2002, el año de mayor número de adjudicaciones públicas a esta compañía, todas proceden de gobiernos del PP.
El origen de las adjudicaciones a esta empresa varía también de forma notable tras la derrota electoral de Rajoy en marzo de 2004. Si con Aznar en el Gobierno la mayor parte de las adjudicaciones públicas procedían de la Administración central, a partir de ese momento sus principales clientes pasan a ser gobiernos autonómicos y ayuntamientos, habitualmente en manos del PP.
Según señala el informe, las anotaciones manuscritas de Luis Bárcenas incluyen entregas de fondos con los conceptos Aldesa y J.M. Rubio (que la UDEF identifica como Juan Manuel Fernández Rubio, exvicepresidente de la compañía) en los años 2002, 2003 y 2004.
Información insuficiente para vincular donaciones y adjudicaciones
En el resumen que encabeza el informe, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal señala las dificultades para establecer vínculos entre las supuestas donaciones al PP anotadas por Bárcenas con las adjudicaciones de administraciones gobernadas por el Partido Popular a las empresas donantes.
"Para establecer una correlación entre dichas donaciones de dinero y los procesos de adjudicación pública en los que las empresas, con las que se encuentran relacionadas las personas que figuran como aportantes de fondos, tienen intereses, sería preciso disponer de información adicional que permita realizar unas inferencias lógicas a partir de un conjunto de elementos cuantitativos, temporales y subjetivos de los que en estos momentos no se dispone", indica la Udef.
* El Diario - Ander Iñaki Oliden - 17.4.13
Foto: Bárcenas con policía - eldiario
El TSJA declara firme una sentencia que da a la Junta el suelo del Algarrobico
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El caso del hotel ilegal de 'El Algarrobico' no tiene fin a la vista. Las sentencias judiciales siguen y siguen cayendo, normalmente contrarias a la empresa constructora y al Ayuntamiento de Carboneras, pero no hacen más que liar la madeja de una situación encallada y confusa, salvo que alguien con más autoridad y decisión se proponga finalmente la urgente demolición. Ahora parece ser que la Junta de Andalucía es la propietaria legal de los terrenos donde se asienta el 'mamotreto', en contra de lo que afirmaba la empresa privada, pero, en realidad, no se sabe si esta es la misma Junta que permitió su construcción por omisión de control y vigilancia. Así que todo queda flotando en el aire, una vez más.
"ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado la firmeza de una de las tres sentencias que dan a la Junta andaluza la propiedad del suelo sobre el que se levanta el hotel de Azata en la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), por un importe de 2,3 millones de euros. La resolución, que desestimó el recurso de apelación del Ayuntamiento de Carboneras contra el derecho de retracto que ejerció el Gobierno que presidía Manuel Chaves en 2006, es firme en virtud de un auto de 13 de enero, aunque no ha entrado aún en ejecución, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
Por otro lado, la Junta no ha solicitado la ejecución, en este caso provisional, de las otras dos sentencias dictadas en diciembre que validaron el citado derecho de retracto y que han sido recurridas en casación ante el Tribunal Supremo (TS) por la promotora Azata y la constructora Azata del Sol.
Azata formalizó el recurso el 11 de febrero mientras que Azata del Sol lo hizo a principios de abril, según han precisado las mismas fuentes, que ha indicado que en ambos procedimientos ninguna de las partes personadas, en este caso Junta y propietarias del establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones, han interesado la ejecución de forma provisional.
La sentencia de la Sección Primera del Alto Tribunal que ya es firme, dictada en octubre de 2013, considera conforme a derecho el retracto ejercido por la Junta sobre cinco fincas propiedad de Azata y establece que el suelo es, por tanto, de titularidad pública.
En esta línea, designa al delegado de Medio Ambiente para que, en nombre de la Junta, formalice las escrituras de compraventa o, en su defecto, actas de pago y ocupación, así como la demás documentación necesaria para la "total inscripción" de las cinco fincas que componen los sectores ST-1 y ST-2 de El Algarrobico en "los registros pertinentes".
Apunta, con respecto a la posibilidad o imposibilidad de restaurar los terrenos a su estado primitivo, que el destino que haya de darse a los terrenos objetos de litigio "es una cuestión que se suscitará con posterioridad y a resultas del derecho de retracto".
Notorio interés medioambiental
La Junta de Andalucía adquirió por 2,3 millones de euros a la promotora en septiembre de 2006 el suelo con el objetivo, según indicó el entonces presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves, de restaurar la zona para devolverla al estado anterior a su construcción y de hacer "desaparecer" el establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones.
El TSJA subrayó en su sentencia que el interés medioambiental del paraje "resulta notorio" por estar bajo hasta seis figuras conservacionistas europeas y aludió a la sentencia que dictó la misma sala en junio de 2012, en la que se revocaba el PORN que entró en vigor en 2008 al entender que había rebajado el nivel de protección con respecto a 1994 y que este podía "hacer factible la realización de nuevas edificaciones o rehabilitación de las ya existentes".
En este punto, entraba de lleno en la controversia que ha marcado todos los procedimientos en torno al hotel y que se centra en la "más que cuestionable calificación de urbanizable de los terrenos" y hacía referencia a los planos modificados en 1997 por la Junta y en la que se basó el Ayuntamiento para dar vía libre a la construcción del hotel ya que la zona "debatida" aparecía como D2 o urbanizable ordenada.
Recordaba que el Alto Tribunal ya calificó esta sustitución de planos como "un mecanismo burdo para pasar el suelo de especial protección a no urbanizable" y consideró que "había sido una triquiñuela para hacer jugar a la inversa la jerarquización de los planteamientos urbanísticos y medioambientales, adaptando el PORN a la normativa municipal, lo que está vedado".
De hecho, poco después el mismo tribunal emitía un auto en el que se declaraba el paraje "espacio protegido no urbanizable" y obligaba a su publicación en BOJA, un pronuncionamiento que entra en contradicción con el dictado por la Sección Tercera el pasado mes de marzo en el que cataloga los sectores ST-1 y ST-2 como "urbanizables" y que ha llevado a los colectivos ecologistas y a la propia Junta a recurrirla en casación ante el TS.
* El País - EP - 22.4.14
Foto: Miembros de la plataforma Desmontando El Algarrobico, durante una protesta el pasado día 16 a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. / MIGUEL ÁNGEL MOLINA (EFE)
El exalcalde de Las Rozas, imputado por prevaricación y desobediencia
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En este caso de Las Rozas (Madrid) se solapan dos actividades ilegales con el mismo fin delictivo de la utilización indebida de fondos públicos. Por un lado hay un municipio rico del extrarradio de la capital, cuyos sucesivos gobiernos 'populares' han sido varias veces imputados y condenados por delitos urbanísticos (por ej. con el Plan de Ordenación Urbana); y por otro, una utilización de terrenos públicos para un 'deporte' tan conflictivo urbanísticamente como es el fútbol. Así, en la ya tristemente famosa Ciudad del Fútbol, la justicia vuelve a imputar el exalcalde de la localidad y a numerosos concejales del anterior gobierno municipal, algunos todavía en activo.
"ELPAÍS* : Bonifacio de Santiago Prieto, diputado regional del Partido Popular y exalcalde de Las Rozas, ha sido imputado por los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación por las reiteradas decisiones adoptadas para no ejecutar una sentencia que obliga a la Federación Española de Fútbol (RFEF) a devolver al Ayuntamiento el espacio de casi 115.000 metros cuadrados que ocupa la actual sede de la Ciudad del Fútbol.
También han sido imputados siete concejales del PP del anterior Gobierno municipal, de los que tres continúan en el gabinete del regidor actual, José Ignacio Fernández Rubio: Antonio Garde Fernández-Fontecha, concejal de Deportes; José Luis Álvarez de Francisco, edil de Hacienda; y Francisco Javier Espadas López-Terradas, actual responsable de Innovación y Administración electrónica, protección civil, ferias y fiestas. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) les citó a declarar a principios de mayo.
La decisión judicial (firme desde 2007) anula el acuerdo de pleno de 1998 por el que se cedieron los más de 100.000 metros cuadrados a la RFEF, que preside Ángel María Villar, terrenos en los que se edificó un complejo deportivo. Los imputados deberán responder sobre las razones por las que donaron a la Federación de Fútbol, y a coste cero, unos terrenos que eran de dominio público. Al tratarse de bienes demaniales, no patrimoniales, no se podían donar salvo a entidades de derecho público sin ánimo de lucro. Tras sucesivos incumplimientos y los consiguientes parches municipales, el Consistorio aprobó el pasado septiembre el pliego de condiciones para la adjudicación de la concesión de la Ciudad del Fútbol.
“Llevamos esperando siete años a que se cumpla la ley... ¿Acaso la ley no es igual para todos? Sobre todo cuando los desahucios de domicilios, por ejemplo, se ejecutan de manera implacable y estos señores permanecen usurpando un dominio y sin pagar un solo euro al ayuntamiento”, critica el portavoz local del PSOE, Miguel Ángel Ferrero. El responsable socialista es favorable a que la Federación Española continúe en la localidad, y cree que los fallos judiciales así lo harán posible, ya que la sede de la selección “permanecerá en Las Rozas de una manera legal al evitarse precisamente el pelotazo urbanístico”. “Lo único que pedimos es que la Federación pague al municipio lo que le corresponde. Y resulta que debe al municipio 75 millones de euros por el aprovechamiento del espacio de la Ciudad del Fútbol”.
“Es inconcebible que el PP haya consentido que la Federación haya estado lucrándose durante diez años de unos contratos ilegales y nulos en virtud de las sentencias judiciales, que suponen una media de 7,5 millones de euros anuales”, reflexiona Ferrero.
El PP cuenta con 16 concejales en Las Rozas, por cuatro del PSOE, tres de UPyD y dos de IU.
* El País - JOSÉ MARCOS - 22.4.14
Foto: La Ciudad del Fútbol de Las Rozas. / ULY MARTÍN
Autopistas: las constructoras siempre ganan
La estafa de las autopistas de peaje continúa su carrera de fondo en este país, tras 30 años de las primeras quiebras que hizo que el Estado acudiera con prontitud a su rescate. El asunto de fondo es una pésima planificación de las infraestructuras de transporte que, además, se ha politizado vergonzosamente, permitiendo que cada nuevo gobierno o partido en el poder tratara de ejecutar su propio Plan, muchas veces opuesto al anterior. Y esto, en algo especializado para durar en el tiempo, ha sido un desastre absoluto, cuando no un grave delito contra la hacienda pública. Se han realizado, sobre todo en los años pasados del 'boom' constructivo, autopistas de peaje despilfarradoras, con intereses partidistas para las empresas encargadas de su construcción y explotación, que han hecho que 'absurdamente' España esté a la cabeza mundial en su kilometraje. Algo claramente delictivo, sin pies ni cabeza.
"DIAGONAL* : “Ya no somos el viejo país atrasado que se queja, sino un país moderno y próspero”, clamaba José María Aznar en 2003 durante la inauguración de la Radial 2, una de las cuatro autopistas de peaje que rodean Madrid y una de las nueve que hoy se encuentran en quiebra o al borde de la misma, con deudas de 4.600 millones de euros. 2003 fue también el año en que la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), nacida de la nacionalización de tres autopistas de peaje de Galicia, Asturias y Navarra, rescatadas en 1984 después de su quiebra, volvió, una vez saneadas las cuentas, a manos privadas. Hoy, 30 años después de la primera quiebra, once después de la privatización de ENA, la historia se repite. Como ya ocurrió en 1984, el Gobierno rescatará las autopistas en bancarrota, esta vez tras hacerles una quita del 50% de la deuda.
El resto, unos 2.400 millones de euros que las empresas concesionarias aún deben a los bancos tras la quita, serán asumidos por el Estado a través de un ‘banco malo’ de autopistas, una nueva ENA, que pagará a las entidades financieras a través de bonos a 30 años. Lo que, según el Gobierno, no supondrá ningún gasto para las arcas públicas es, según el economista José Manuel Naredo, “pan para hoy y hambre para mañana”, ya que, “en vez de poner ya el dinero del presupuesto, precisamente por las exigencias de recortar el déficit, lo que se hace es endeudarse hacia el futuro a base de avalar deudas por parte del Estado”. Y esto sin contar con los sobrecostes de las expropiaciones, que se estimaron en 400 millones de euros y alcanzan ya los 2.300 millones.
En esta ocasión, las autopistas están concentradas en la Comunidad de Madrid y en la zona de Murcia y Alicante, nuevas vías de peaje que formaron parte de la gran segunda tanda de construcción de carreteras, según explica el ingeniero de caminos y experto en planificación y gestión de infraestructuras José Manuel Vasallo. Son las radiales 2, 3, 4 y 5, la autopista Eje Aeropuerto, la AP-41, que une Madrid y Toledo, la AP-36, entre Ocaña y La Roda, o la AP-7, desde su inicio en Alicante hasta Vera, pasando por Cartagena, además de la circunvalación de Alicante.
Todas ellas, adjudicadas entre 1998 y 2004, forman parte del boom de las autopistas. Al calor del boom inmobiliario, cuando en España se estaban construyendo más viviendas que en Francia y Alemania juntas, los kilómetros de autopistas se multiplicaban a un ritmo que parecía guardar poca relación con la demanda de uso de las mismas, y el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020 anunciaba la creación de otros 6.000 kilómetros que se sumarían a los 9.000 ya existentes, convirtiendo al Estado español en el país europeo con mayor número de vías rápidas. Estas autopistas están marcadas por una de las grandes deficiencias de la Administración a la hora de planear infraestructuras: la previsión del tráfico.
“En general, las sobreestimaciones han existido siempre, sobre todo en los primeros años”, explica Vasallo. “Pero, a diferencia de las primeras, que tenían una escasa competencia, en el caso de las últimas, como las radiales a Madrid, las vías principales estaban ya construidas”. Y así, de los cien mil vehículos al día que Álvarez-Cascos vaticinaba que la Radial 2 iba a tener de media, esta vía, en su mejor momento, allá por 2007, superó por poco la décima parte para seguir bajando hasta los poco más de 4.500 coches diarios actuales. Cifras parecidas han tenido el resto de vías de pago que se han construido en Madrid; la de Madrid-Toledo, que ya en su primer año registraba un tráfico un 80% menor del esperado; o la de Ocaña-La Roda, que en 2013 apenas superaba los 2.800 vehículos al día. A partir de 2013, el Gobierno aumentó una de sus líneas de ayuda a las autopistas, las cuentas de compensación, que pasaron de garantizar un 49% a un 80% de los ingresos previstos pero no alcanzados por las concesionarias.
Una legislación a medida
“El modelo español [de concesión de obra pública] es un modelo donde ha primado mucho el reequilibrio económico financiero”, explica Vasallo. Desde que en 1972 se aprobó la Ley 8/1972, de ‘Construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión’, en la que se recogían varios reales decretos por los que se hicieron las primeras concesiones de autopistas en el Estado español, la legislación ha ido encaminada a minimizar el riesgo para las empresas.
En el año 2003 se aprobó la Ley 13/2003, del 23 de mayo, reguladora del conrtato de concesión de obras públicas, para adaptar la legislación a la normativa de la Unión Europea, una normativa, según señala Vasallo, “más orientada a que haya una adecuada transferencia de riesgos, a preservar mucho la competencia y limitar la renegociación”.
El concepto de ‘riesgo’ por parte de la empresa concensionaria era uno de los más repetidos en la normativa europea, riesgo a no sacar los beneficios esperados que la empresa concesionaria tendría que asumir. En la traducción al sistema español, ese concepto de ‘riesgo’ se vería suavizado con el de ‘equilibrio económico’, por el que el Estado compensa a la empresa concesionaria cuando no saca el rendimiento esperado de la explotación de la infraestructura. “En muchos casos, esa compensación económica viene a través de un incremento de plazos, de un cambio en las tarifas, etc. Eso, así, parece razonable, el problema es cuando no hay transparencia sobre lo que ocurre”, comenta Vasallo a DIAGONAL. Según aparece citado en su estudio La intervención de la Administración ante las dificultades financieras de las sociedades concesionarias de autopistas de peaje, publicado en 2011 por el Instituto de Estudios Fiscales, en 14 autopistas se han producido renegociaciones de plazos, en algunas de ellas, como la de Valencia-Alicante, hasta en tres ocasiones, ampliando el plazo de concesión de los 27 años iniciales hasta los 47 años.
A este principio de ‘equilibro económico’, en la legislación española se le une otro concepto, el de ‘responsabilidad patrimonial’, que en muchos casos alcanza casi la totalidad de la inversión realizada por las concesionarias en la infraestructura. Según el texto original de las distintas concesiones, publicadas en el Boletín Oficial del Estado, la responsabilidad patrimonial de la Administración de las nueve vías que a día de hoy se pretenden rescatar alcanzaba los 3.502 millones de euros, y en la mayoría de los casos ya se preveía que una parte de esta responsabilidad patrimonial fuera destinada al pago de expropiaciones de terrenos destinados a la construcción de estas carreteras. Fue el caso de la Circunvalación de Alicante, en cuya construcción la concesionaria, Ciralsa, formada en un 50% por ACS y la mitad restante repartida entre Abertis y Global Vía, empresa resultante de la fusión de las concesionarias de Fomento Construcciones y Contratas (FCC) y Bankia, invirtió 445 millones de euros, respaldados, según dictó el Real Decreto 282/2004, de 13 de febrero, con una responsabilidad patrimonial de la Administración que ascendía a 398,6 millones de euros si la concesionaria quebraba y, por lo tanto, no podía explotar la infraestructura durante los 36 años de plazo de la concesión. Incluidos en ese monto, ya se contemplaban casi 89 millones de euros destinados al pago de expropiaciones de terrenos.
Menos riesgo aún corría la aventura en el sector de las autopistas de Ferrovial y Sacyr cuando se lanzaron a construir la Radial 4, adjudicada en el año 2000 por el entonces ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos. La infraestructura, en la que la concesionaria, Autopistas Madrid Sur, invirtió 553 millones de euros, estaba también bien respaldada, en su caso por una responsabilidad patrimonial de la Administración que iba más allá del importe de la construcción, 559,6 millones de euros, por si le iban mal los negocios antes de que pasaran los 65 años de plazo de concesión de la vía.
En los papeles de Bárcenas
“Las familias de poder en este país son las mismas desde hace años. Y esas familias van buscando nuevos nichos de negocio, construyeron vivienda, luego presas, luego vivienda de nuevo, luego otra vez infraestructuras, compraron empresas energéticas… El capital español ha quedado en muy pocas manos y va mutando ligado al poder”, explica un miembro de Basurama, colectivo que, a través del proyecto 6000km.org documenta desde 2006 el consumo de territorio.
Por eso quizá no sorprende volver a encontrar a estas familias en las anotaciones de los papeles de Bárcenas. Como el pago que realizó Manuel Contreras, de 120.000 euros, el mismo día que el Consejo de Ministros adjudicaba la obra de la AP-41 a la concesión de la que formaba parte su empresa, Azvi. O el realizado, según los apuntes, por José Luis Sánchez Domínguez, presidente de Sando, otra de las adjudicatarias de la AP-41, dos días después de la concesión, según la querella presentada por Ecologistas en Acción, la Asociación Libre de Abogados e Izquierda Unida.
No son las únicas. Los presidentes de las macroempresas de infraestructuras Sacyr, OHL, FCC y Ploder, concesionarias de varias de las autopistas ahora en quiebra, también aparecen, a partir de 2004, como donantes del PP según los papeles del extesorero. El propio Luis Bárcenas tiene cierta experiencia con las autopistas. En el año 2002, el extesorero del Partido Popular pasó a estar en nómina de Autopistas del Atlántico, una de las vías gestionadas por ENA, poco antes de que dejara de ser una empresa pública para pasar a formar parte de los activos de Sacyr a cambio de 1.586 millones de euros.
“Según hemos podido ver ahora en sede judicial, en todos los supuestos las autopistas tenían informes técnicos desfavorables por parte de los técnicos de los ministerios porque entendían que no había demanda suficiente. A pesar de eso, todas se contrataron, obviamente para seguir manteniendo este sistema de financiación irregular del Partido Popular”, explica Enrique Santiago, abogado de IU en la querella Bárcenas. La concesión de la Autopista Madrid-Toledo forma parte de la querella popular. El resto, al haber pasado diez o más años, habrían prescrito. Por lo pronto, según confirma Santiago, la concesión de la autopista no está siendo una vía prioritaria de investigación.
40 AÑOS LEGISLANDO DEL LADO DE LAS EMPRESAS
Ley 8/1972, de 10 de mayo // La ley de conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión reunía en una normativa los reales decretos aprobados, desde 1967, para la aprobación de concesiones de autopistas de peaje.
Ley 13/2003, de 23 de mayo // La adaptación a la normativa europea se aprovechó para cambiar algunos detalles en la normativa de concesiones de autopistas, como la derogación del artículo 26 b., sobre la responsabilidad con los expropiados, o el límite en 75 años.
Ley 17/2012, de 27 de diciembre // Como respuesta a la campaña #novullpagar, el Gobierno añadió un nuevo artículo a la ley de concesiones, el 29, con el que se endurecen y facilitan las sanciones a los que no paguen los peajes de las autopistas.
Ley 1/2014, de 24 de enero // Como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 2013, en la que se confirma la responsabilidad de la Administración en el pago de las expropiaciones, se añade el artículo 17 para incluir esta disposición, señalando que este monte se descontará de la responsabilidad patrimonial de la Administración.
* Diagonal - Ter García, Gladys Martínez - 15.4.14
Foto: Autopistas de peaje vacías - elpais.com
La lucha vecinal se intensifica en Madrid con un centenar de protestas activas en los barrios
A raíz de la gran protesta del 15 de mayo de 2011, parece que la ciudadanía se ha vuelto más reivindicativa ante los numerosos ejemplos de corrupción y recortes político-financieros de todo tipo. Tras las importantes 'Mareas' especializadas, la lucha se ha diversificado por todos los barrios de Madrid, a través de los propios vecinos y Plataformas creadas al efecto, sobre todo tras la desaparición y/o complicidad política de los sindicatos 'oficialistas'. Es importante conocer que estas protestas en la mayoría de las ocasiones van dirigidas contra el urbanismo depredador que acosa a los habitantes de una zona, acrecentado por los recortes sin límite de las administraciones implicadas. A continuación se hace un desglose pormenorizado, barrio por barrio, de estos casos de indignación madrileña.
"20MINUTOS* : El movimiento vecinal está más vivo que nunca. Las asociaciones de los barrios y municipios madrileños están intensificado en los últimos meses las protestas contra los recortes que sufren en sus vecindarios y para reclamar la construcción de nuevos equipamientos públicos. Actualmente, los vecinos madrileños mantienen activas más de un centenar de reivindicaciones sobre problemas concretos de sus barrios, según la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (Fravm). De hecho, prevén una primavera caliente con acciones y manifestaciones en diferentes barrios y municipios.
"Ha habido un repunte de la movilización como respuesta a los recortes. Este es uno de los momentos en que más se está expresando la lucha vecinal porque se ha demostrado que organizándose y saliendo a la calle se pueden transformar las cosas", asegura Ignacio Murgui, presidente de la Fravm. La Federación se ha marcado el objetivo de "impulsar la recuperación del espacio urbano para realizar asambleas abiertas regulares y salir a la calle", según un documento interno de la entidad, que marca su hoja de ruta para los próximos meses. Se plantean la posibilidad de "realizar plenos alternativos coordinados entre los distritos" y de ampliar el movimiento vecinal a "pueblos de más de mil habitantes que carecen de asociación".
Entre los motivos de estas reivindicaciones se encuentran la lucha para evitar el cierre de institutos, la petición de remodelación de colonias degradadas, la construcción de centros sanitarios en barrios con déficit de ambulatorios, la instalación de ejes viarios para favorecer la movilidad en los barrios o el desarrollo de mejoras en el transporte público. En los últimos días estas protestas se han traducido en manifestaciones con centenares de vecinos, como las realizadas para pedir la construcción de institutos en Butarque o el PAU de Vallecas, la reapertura de las bocas del metro en Valdebernardo y Nueva Numancia, o el uso público de la finca Torre Arias, en San Blas.
"La ciudadanía está dando un paso adelante. Hay tres motivos para este aumento de las movilizaciones. Principalmente, el desencanto hacia la clase política hace que se unan para buscar una solución a los problemas. Además, se perciben los recortes sociales y los ciudadanos luchan para mantener los servicios. Y por último, los vecinos están motivados porque ven que cuando se organizan tienen éxito en sus peticiones", explica Ramón de Marcos, sociólogo experto en movimientos ciudadanos. Además de esas protestas de barrio, los colectivos vecinales también tienen cada vez más participación en plataformas "contra los desahucios, la privatización de la sanidad pública o el deterioro del transporte público", destacan fuentes de la Fravm. Incluso, estos días han vuelto a resurgir los colectivos antiparquímetros para exigir la retirada del SER en zonas periféricas.
Las principales protestas, distrito a distrito
Arganzuela: Los vecinos reivindican la construcción de un instituto para el entorno de Legazpi y Delicias e incluso proponen ubicarlo en los solares existentes entre la antigua estación y el parque Enrique Tierno Galván, que están catalogados como suelo dotacional. Sin embargo, temen que el nuevo Plan General Urbanístico convierta esos terrenos en uso residencial o lucrativo. Por otro lado, están recogiendo firmas para que se eliminen las antiguas vías de mercancías Delicias-Abroñigal, que forman una barrera entre dos barrios. Proponen sustituirlas por una vía verde.
Barajas: Una década después de anunciarse la remodelación del Barrio del Aeropuerto, los vecinos avanzan más movilizaciones para que se lleve a cabo. Los antiguos y degradados edificios se iban a rehabilitar para dejar paso a modernas construcciones, con nuevas zonas verdes, pero el plan sigue en el aire y los residentes exigen su ejecución.
Carabanchel: Los residentes piden que la finca de Vista Alegre, un vergel en el centro del distrito, se abra como jardín público para disfrute de los ciudadanos. El Ayuntamiento no se decide a habilitar este jardín, pese a las constantes manifestaciones, fiestas reivindicativas y acciones que llevan a cabo los vecinos. Los vecinos tampoco abandonan sus protestas contra el Ivima por la cantidad de pisos públicos vacíos, abandonados por falta de mantenimiento y con impagos a las comunidades de propietarios.
Centro: El ruido es el principal caballo de batalla de todas las agrupaciones vecinales de Centro: la proliferación de terrazas y locales de ocio nocturno sigue sin freno, lo que ha llevado a los vecinos a acudir a la Defensora del Pueblo e incluso a amenazar con demandas ante la Fiscalía de Medio Ambiente. Otra petición insatisfecha es la de construir un polideportivo junto al antiguo mercado de la Cebada. El Ayuntamiento demolió las anteriores instalaciones deportivas con la promesa de levantar un centro nuevo, pero aún no se ha realizado.
Chamartín: Los vecinos se volcaron contra la conversión del hospital de La Princesa en un geriátrico. Consiguieron su objetivo mediante marchas y firmas, pero todavía siguen alerta. Además, exigen a la Consejería de Sanidad que construya un nuevo centro de especialidades médicas, ante la carencia de equipamientos sanitarios.
Chamberí: El gran objetivo de los vecinos es la construcción de un parque público en los terrenos que ocupa el campo de golf del Canal de Isabel II. Consiguieron que un juez lo declarara ilegal y ahora siguen luchando para que el jardín sea de entrada libre para los ciudadanos. También son parte activa en la reivindicación de un plan para rehabilitar el edificio histórico del Beti Jai y convertirlo en equipamiento público.
Ciudad Lineal: Dos protestas siguen abiertas en el distrito, después de muchos años de reivindicaciones: una es la construcción de un centro de salud en La Elipa, un barrio con carencias sanitarias; la otra exige el desmantelamiento de las torres y cables de electricidad que son considerados como peligrosos por los vecinos, sobre todo en la zona de Quintana.
Fuencarral-El Pardo: La Comunidad cerró el centro de especialidades del distrito, obligando a los vecinos a desplazarse hasta el hospital de La Paz. Intentaron evitar el cierre y no lo consiguieron, pero todavía no se han dado por vencidos y siguen pidiendo su reapertura. Además, son constantes las marchas vecinales para exigir la habilitación de equipamientos educativos, sanitarios y deportivos en los PAU de Montecarmelo y Las Tablas.
Hortaleza: Los vecinos se están movilizando para impedir que el instituto Rosa Chacel pierda su ciclo de Educación Secundaria. También siguen en pie las acciones vecinales para que se terminen de remodelar los edificios de la UVA y del poblado de Canillas, dos barrios deteriorados pendientes de una rehabilitación.
Latina: En Batán llevan años tocando a la puerta del Ayuntamiento para pedir el soterramiento de la A-5. Es la solución que proponen contra el elevado nivel de ruido que sufren por el tráfico de la vía a su paso por el barrio. Incluso han llevado al Ayuntamiento a tribunales por los daños que ese ruido provoca en la salud de los vecinos. Otro foco de protestas está en la Colonia de los Olivos, una zona conflictiva del distrito que sigue a la espera de un proyecto de remodelación.
Moncloa: Los residentes del entorno de Ciudad Universitaria exigen el desmantelamiento del Ciemat, un centro de almacenaje de residuos nucleares, al considerar que es nocivo para su salud. Su lucha les ha llevado a pedir estudios epidemiológicos y a constantes manifestaciones que continúan vivas hoy en día. Se han hecho trabajos de descontaminación, pero los vecinos piden que continúen hasta que haya "reactividad cero". También realizan con frecuencia fiestas reivindicativas y actos simbólicos para solicitar una mayor protección para la Dehesa de la Villa.
Moratalaz: La asociación vecinal reivindica la reforma de áreas degradadas del distrito, como los polígonos A, C y G, así como los barrios 1 y 2 de Pavones. Además reclaman que se finalice el ámbito de la Cuña Verde y que se mantengan en condiciones las áreas de este parque que ya están construidas.
Puente de Vallecas: La vivienda centra las protestas de los vallecanos. Por una parte, reclaman activamente el cobro de las subvenciones para la rehabilitación prometidas por la Comunidad. También solicitan que se finalice la construcción del Ecobarrio en el Ensanche, un ambicioso plan urbanístico que permanece paralizado con aspecto de barrio fantasma.
Retiro: El barrio reclama la construcción de un centro de especialidades médicas para cubrir la carencia de equipamientos sanitarios y exigen que se ponga ya en servicio el teatro proyectado en los antiguos cuarteles de Daoiz y Velarde.
Salamanca: Los vecinos están manteniendo diálogos con las administraciones para que habiliten equipamientos públicos en los terrenos de las cocheras de Metro de Ventas. La intención de la Comunidad es construir allí un centro comercial.
San Blas: Hace dos semanas, los vecinos se manifestaron en las puertas de la finca Torre Arias para que el Ayuntamiento abra los jardines y destine todo el recinto a dotaciones públicas. También se movilizan por la construcción de centros sanitarios (como un nuevo ambulatorio en Gran San Blas) y por el mantenimiento de centros educativos (como el instituto Barrio de Bilbao).
Tetuán: Una reivindicación histórica que sigue en marcha es la petición de equipamientos públicos (escuela infantil y biblioteca, entre otros) en las cocheras de Metro de Cuatro Caminos. La Comunidad planea construir allí viviendas y una zona verde. Además, el Ayuntamiento ha aprobado un plan para urbanizar las cocheras cercanas de Bravo Murillo, con pisos y equipamientos. Por otro lado, los vecinos se oponen a la venta de viviendas públicas por parte del Ivima en La Ventilla.
Usera: Los vecinos reclaman la construcción de una biblioteca en San Fermín y la remodelación de otra en Orcasur, mediante recogidas de firmas y reuniones con el Ayuntamiento. Otra de sus prioridades es la reforma integral y la reactivación del mercado de Orcasur, para potenciar el tejido económico del barrio.
Vicálvaro: Cientos de vecinos marcharon la semana pasada por la calle Pinillas para exigir la apertura de la boca de Metro de Valdebernardo, que fue cerrada dentro del plan de ahorro de la Comunidad. También hay protestas por cierres de vestíbulos en Nueva Numancia (Vallecas) y en El Capricho (Barajas).
Villa de Vallecas: Los malos olores procedentes de la incineradora de Valdemingómez centran las reivindicaciones vecinales, que piden su cierre definitivo. Los vecinos del PAU se han manifestado recientemente para pedir la habilitación de un instituto y un colegio, dada la falta de estos centros en el barrio. Además, se movilizan por la construcción de una conexión viaria entre el barrio y el hospital Infanta Leonor.
Villaverde: Los vecinos de Butarque se muestran entre los más activos de la capital. Salen a la calle con frecuencia para pedir un instituto, la retirada de una gasolinera o la regeneración del parque Lineal del Manzanares. En otras zonas del distrito exigen la rehabilitación de sus barrios, como en San Cristóbal de los Ángeles, Los Rosales o Villaverde Bajo.
Vecinos activos en toda la región
En el resto de municipios madrileños, también hay destacadas luchas vecinales. En Alcalá se oponen a la eliminación de Secundaria en el instituto Avellaneda y en Coslada piden que permanezca el bachillerato tecnológico del centro Luis Braille y la Secundaria en el de La Cañada. También en Coslada rechazan las derivaciones del hospital del Henares. Mientras, en Alcorcón hay protestas activas por el servicio de recogida de vidrio, por la falta de limpieza viaria y contra los recortes en las escuelas de adultos, danza y música. Los vecinos de Fuenlabrada reclaman que Coca Cola mantenga su planta en el municipio y que el edificio clasusurado del colegio Julio Verne se reconvierta en centro multifuncional. En Morata mantienen una lucha vecinal contra la incineración de residuos en la fábrica de cementos Portland y los residentes de Villaviciosa se oponen a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana que prevé urbanizar gran parte del municipio. Los ciudadanos de Leganés protestan por los recortes en las becas escolares de comedor y por la cesión de parcelas públicas a empresas privadas. Por su parte, en Majadahonda rechazan la eliminación de pistas deportivas y la tala de árboles en el parque de Colón. Además, en varios municipios, como Alcobendas y Majadahonda, denuncian la venta de viviendas públicas (de empresas municipales o del Ivima) a entidades privadas.
* 20 Minutos - MARIO TOLEDO - 14.4.14
Foto: Madrid, concentración vecinal en Vallecas para exigir instituto- J.Paris
El fiscal imputa al alcalde de Porriño centenares de contratos fraudulentos
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Otro caso más de corrupción urbanística en Galicia. Esta vez es en el municipio pontevedrés de Porriño, cuyo alcalde 'popular' otorgaba a dedo la contratación de obras a allegados empresariales, a pesar de los informes contrarios de la arquitecta y el secretario municipal. Es fácil imaginar que si algunos casos salen a la luz, debe haber una cantidad enorme de municipios en situación parecida, sobre todo cuando se utilizan subterfugios poco claros para que el delito no sea reconocible. Muchas veces hay hasta terceras personas que asesoran en la oscuridad para tratar de dar legalidad a la corrupción político-empresarial (recordemos Marbella por ejemplo). Hay que contar en casi todos los casos con el visto bueno o el 'pasotismo' de otras formaciones políticas y de los técnicos municipales para tratar de ocultar estos habituales delitos urbanísticos.
"ELPAÍS* : Prevaricación continuada, cohecho, malversación de fondos, tráfico de influencias y vulneración del derecho de los trabajadores por supuestas contrataciones irregulares. La titular del juzgado de instrucción nº3 de Porriño, C.Martínez, que acaba de levantar el secreto del sumario de dos causas abiertas contra el alcalde de este municipio, Nelson Santos, del PP, lo imputa por la contratación a dedo de empresas afines a cargos de su formación política y a familiares y por haber autorizado pagos por cuatro millones de euros —ignorando los reparos constantes del secretario y del interventor— por obras que, según consta en la denuncia de la fiscalía de Vigo, en algunos casos no llegaron a ejecutarse. A los reparos de los funcionarios, que el alcalde obvió sistemáticamente, se sumaban los informes de la arquitecta municipal en los que certificaba, tras personarse en algunas de las obras facturadas, que “no estaban ejecutadas”.
Santos entró en 2010, —en cuanto accedió a la alcaldía a través de la moción de censura que la formación política que presidía antes de pasarse al PP, Ciudadanos por Porriño (CxP), planteó al BNG— en una espiral contratadora. La práctica habitual del alcalde consistía, según denuncia el fiscal, en contratar “indiscriminadamente” servicios para el Ayuntamiento omitiendo “de manera absoluta” los procedimientos legales. “Hasta el punto”, dice el fiscal en su denuncia, de que “no existe por escrito ninguno de los contratos relativos a centenares de prestaciones”.
La fiscalía especifica que este supuesto delito de prevaricación del regidor se evidencia en que se presentaban al cobro al Ayuntamiento facturas sin que constara la previa contratación de las empresas. Nelson Santos autorizaba los pagos levantando, uno tras otros, los reparos de los informes del interventor y del secretario que advertían “de lo ilegal de la contratación”, a dedo, “por no tratarse de obras menores”. En la documentación judicial a la que ha tenido acceso este diario, consta que el alcalde autorizaba por decreto cada una de esas facturas “sin regularizar en ningún momento la situación de dichas contrataciones”. Lo hacía “mediante designación directa, sin publicidad ni libre concurrencia” y ordenaba los pagos durante meses “sin proceder a la contratación legal de los servicios que remuneraba”, precisa el informe del ministerio público.
Lo hizo, según se desprende de la documentación incluida en el sumario, con buena parte de los servicios básicos de mantenimiento del Ayuntamiento. La mayoría de ellos recayeron en empresas vinculadas a CxP, escisión del PP que retornó al partido una vez alcanzada la alcaldía mediante la moción de censura. Las obras adjudicadas supuestamente de forma ilegal van desde un arreglo de tuberías por las que el Ayuntamiento pagó más de 7.000 euros, sin contrato ni licitación y levantando los reparos de los técnicos municipales, hasta los 198.000 abonados —procedentes de fondos municipales y de la Xunta— por obras en el cauce del río Louro que la arquitecta municipal comprobó que no estaban culminadas, según detalló en un informe. Entre las adjudicaciones a dedo contraviniendo los informes llenos de reparos de los dos funcionarios figura la del servicio de mantenimiento del alumbrado público a la empresa Abelmar, de la que es presidente un destacado militante del PP de O Porriño, Abelardo Otero Tourón. El sumario incluye una carpeta específica sobre contrataciones municipales a esta sociedad a la que ya en 2010 el alcalde ordenaba, con reparos del inteventor, el pago de facturas por 379.000 euros correspondientes al mantenimiento completo del alumbrado público que hasta antes de la moción de censura asumía el Ayuntamiento con su personal. Paralelamente, la empresa realizaba montajes y distribución de propaganda para la campaña electoral del PP. En el informe judicial consta la declaración de un funcionario que sostiene que un concejal del grupo de gobierno le indicaba que copiara literalmente en las prescripciones técnicas de los informes las características de Abelmar. El secretario y el interventor alertaron de que la voluntad de la empresa se imponía a los intereses vecinales.
* El País - CRISTINA HUETE - 16.4.14
Foto: Porriño (Pontevedra), ayuntamiento - flickr
Historia de un despilfarro: descarrila el AVE Sevilla-Málaga
Dentro de las barbaridades 'sin pies ni cabeza' que se han hecho en infraestructuras de transporte en los últimos años, destaca la línea directa de AVE entre Sevilla y Málaga. Como ya se ha dicho, en los recientes años dorados del despilfarro público cualquier capital de provincia o ciudad mediana pretendía que el costosísimo tren de alta velocidad parara allí y tuviera su gran estación, aunque cualquier estudio técnico 'normalito' demostrara la inutilidad de tal línea. Pero debido al 'interés' político-empresarial, y a unos medios cómplices, las acabaron realizando, con lo que han quedado para la posteridad como una prueba delictiva de la avaricia y la estupidez de 'personajillos' infames. Además, en todos los casos ocurridos, ninguno de los culpables de ese delito de despilfarro desmedido ha sido imputado judicialmente, con la gravedad que ha supuesto para el país dicha estafa pública.
"ELCONFIDENCIAL* : En la historia de los despilfarros de infraestructuras españolas merece una capítulo especial el (frustrado) AVE Sevilla-Málaga. La Junta ha dilapidado 280 millones de euros ya invertidos para la línea de transporte que comunicaría las dos principales ciudades andaluzas (la capital andaluza -y su poblada área metropolitana- y la segunda metrópoli de la comunidad autónoma y la pujante Costa del Sol) en apenas 55 minutos. Actualmente hay dos líneas: un tren regional que la conecta en dos horas y media horas y un Avant en 2 horas. El problema no es sólo esos 280 millones en una plataforma de 77 kilómetros entre Marchena y Antequera, sino las miles de hectáreas de cultivo expropiadas sin producir.
El 60% del AVE lo estaba construyendo la Junta. El resto, correspondía al Gobierno central, aunque en el diseño inicial del proyecto (de 2004) el Ejecutivo del entonces presidente Manuel Chaves se comprometió a financiarlo al 100%.
¿Qué pasó entonces? La ambición desmedida, respaldada por una burbuja económica galopante donde no se miraba el gasto en los presupuesto de la Junta de Andalucía, quiso que el Gobierno de Chaves ideara una conexión de la estación de Santa Justa con el aeropuerto de San Pablo, además de la construcción de túneles en los accesos a Sevilla. El resultado fue una obra que pasaba a costar 1.300 millones de euros.
Obras paradas desde 2011
Hasta la llegada de José Antonio Griñán al Ejecutivo de la Junta en abril de 2009, las obras del AVE circulaban a todo tren. Incluso Griñán anunció para 2013 la conexión de todas las capitales de provincia mediante alta velocidad en un eje ferroviario transversal, que uniría Huelva con Almería. Las obras del AVE entre Sevilla y Málaga se pararon en 2011 y así se han quedado hasta principios de este año.
La Junta ha optado por cancelar anticipadamente el préstamo del Banco Europeo de Inversiones de 180 millones de euros que pilota la exministra de Fomento Magdalena Álvarez para evitar el pago de una compensación por incumplir los plazos de ejecución que rondaría 210.000 euros. Devolverá el dinero con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica sin que tenga impacto en el presupuesto ni en el déficit tras acordarlo la Junta con el Ministerio de Hacienda.
El PP andaluz ha sido el partido político más activo en reivindicar esta infraestructura. A través del hashtag #AVEaNingunaParte, que se llegó a convertir en trending topic, ha mantenido una campaña activa en redes sociales. El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, y el del PP sevillano, Juan Bueno, se reunieron en Antequera, situada en el centro de Andalucía, para recordar que no habría que ser “un lince para comprender que la unión a través del AVE de Sevilla y Málaga, desde el punto de vista turístico y económico, es algo importantísimo", según Bueno.
“Elemento vertebrador en una Andalucía tan centralista”
Joaquín Aurioles, profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Málaga y expresidente del Observatorio Económico de Andalucía, tacha como “despilfarro”, “deficiente gestión” e “imprudencia financiera” el proyecto cancelado del AVE entre las dos ciudades. “El problema no es tanto la línea Sevilla-Málaga, sino saber si se desmonta el resto de líneas andaluzas. Me preocupa que se descarte para siempre el proyecto. Sería un gran elemento vertebrador en una Andalucía tan centralista, aunque también es verdad que tampoco es excesivamente doloroso: la comunidad tiene muchos más problemas”.
Hay otras líneas AVE proyectadas en Andalucía que sí han corrido con más suerte que la cancelada por la Junta de Andalucía. Es el caso de la Alta Velocidad entre Antequera y Granada, con el 80% de su recorrido en obras. Está previsto que se inaugure a finales de 2015. Siguen en el aire las infraestructuras de AVE Sevilla-Huelva y Granada-Almería. Mientras tanto, trabajar a diario en Sevilla y vivir en Málaga –o viceversa– continúa siendo difícil con dos horas de viaje entre las dos ciudades.
* El Confidencial - Agustín Rivera - 19.4.14
Foto: Obras entre Antequera y Marchena en una foto de archivo.- (Efe)
Privatización de viviendas protegidas: “O pagas o a la calle”
Ya se ha advertido repetidamente de la especulación inmobiliaria que se está produciendo con el enorme parque de viviendas que, gracias a la acción irresponsable del Gobierno, está en manos del artificial 'banco malo', o Sareb, con venta de activos a bajo precio a fondos buitres internacionales. Algo que, debido a la falta de transparencia del propio banco, se está produciendo en unas condiciones fraudulentas, cuando no delictivas. Igualmente, el Ivima de la Comunidad madrileña lo está haciendo pero con mayor gravedad si cabe, ya que se trata de viviendas protegidas las que ha puesto en manos de estos fondos especulativos que, lógicamente, carecen de escrúpulos sociales. Un asunto irregular de enorme importancia y que, salvo a los afectados directamente, está pasando desapercibido para los grandes medios y la sociedad en general.
"DIAGONAL* : “O pagas o a la calle. No somos una ONG. Somos inversores. Hemos invertido millones y queremos ganar dinero”. Fue la respuesta que los inquilinos de viviendas sociales jóvenes del Ivima recibieron de Encasa Cibeles, la sociedad pantalla que esconde a Goldman Sachs y a Azora a la que la Comunidad de Madrid ha malvendido casi 3.000 VPO por 201 millones de euros. “No somos una ONG”, dicen. Sin embargo, los contribuyentes han subvencionado a estos causantes de la crisis financiera, global y doméstica, la adquisición de unas viviendas protegidas por 201 millones que se tasaron en 300 millones.
Les ha costado cada piso unos 67.000 euros, mientras que a sus adjudicatarios, si quieren ejercer el derecho a compra, les exigen unos 150.000 euros. Cabe destacar que más de la mitad de estos inquilinos cobran la renta mínima. Son parados de larga duración, mujeres solteras con hijos, familias numerosas, inmigrantes, discapacitados… “Estas casas son de protección pública, están hechas con el dinero de todos los madrileños”, defienden los vecinos.
Desde que la Comunidad de Madrid del heredero de Esperanza Aguirre, Ignacio González, entregara a los buitres estas viviendas sociales, Encasa Cibeles, o sea, Azora y Goldman Sachs, no han parado de cometer irregularidades. La primera fue un error tipográfico por el que figuraba que habían adquirido las 2.935 viviendas, repartidas en 32 promociones, con sus 42 locales comerciales, ¡por 201.000 euros! Dicho error obligó a modificar la resolución, lo que concedió a los inquilinos el tiempo suficiente para presentar un recurso ante los tribunales, con la ayuda de movimientos por el derecho a la vivienda como la PAH. Más del 80% de los afectados se pudieron acoger a la justicia gratuita. Pero sus situaciones son tan precarias, que muchos no tenían dinero ni para pagar el transporte para ir a poner el recurso.
Más irregularidades
Según los afectados de la venta, “Encasa Cibeles compró las 3.000 viviendas sociales con un capital inicial de 3.000 euros, ¿te lo puedes creer?”. Su sorpresa no se queda ahí: “Si por contrato hay que ejercer el derecho a compra en 2014, ¿cómo pueden vender nuestras viviendas en 2013?”, “¿y por qué nos exigen que paguemos todo o compremos cuando se acabe la subvención, si tenemos derecho hasta a ocho años?”, se preguntan. Además, inciden en que “poco antes de la venta, cambiaron la ley para que se pudiera vender el conjunto de los edificios para no tener que dar el derecho al tanteo, pero la legislación dice que tienen que preguntarme”.
En los últimos meses, los medios han ido sacando a la luz más malas prácticas –cuando no supuestos delitos– de Goldman Sachs y Azora. Han puesto las viviendas a la venta por internet con los inquilinos (con opción a compra por contrato) dentro y por unos precios superiores al precio tasado del Ivima. En algunos casos, piden más del doble de lo que les costó adquirírselas a la Comunidad de Madrid. Todo un negocio privado con dinero público con tintes de presunta ilegalidad. Además, los afectados señalan que los anuncios ofertan cosas inexistentes y con fotografías que no se corresponden con la realidad.
Estimad@ Inquilin@, paga el IBI
Recientemente, los afectados han recibido cartas encabezadas con un “estimad@ inquilin@” para exigirles que pagen el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la Tasa de Residuos Urbanos por adelantado. Les piden de una tacada 600 o 900 euros, e incluso les ofrecen la posibilidad de fraccionarlo. Ante esto, los vecinos se han informado en sus respectivos ayuntamientos, donde les han dicho que ni siquiera se conoce aún el valor catastral de las viviendas. El IBI es un impuesto que pagan los propietarios, no los inquilinos. De hecho, el Ivima nunca se lo exigió.
En todo caso, según el artículo 20.1 LAU, arrendador y arrendatario tenían que haber pactado y haber hecho constar por escrito a la fecha del contrato el importe anual del IBI. Cosa que no se ha hecho, por lo que no es exigible, defienden los vecinos. Además, Encasa Cibeles está pidiendo por adelantado fraccionar y repercutir unos pagos (de IBI y de residuos) que hasta el momento no ha abonado. Es más, ni siquiera sabe si procede que los inquilinos los paguen, ni su cuantía exacta. “Están intentando recaudar dinero de cualquier forma”, lamentan los afectados.
Por si todo esto fuera poco, los caseros están pidiendo a sus inquilinos maltratados que les ayuden a echar a los ocupas que están utilizando estas viviendas sociales. En el Ensanche de Vallecas, donde más afectados hay, aproximadamente el 30% de los pisos está ocupado por familias en su mayoría gitanas. Pero los arrendatarios no les han seguido el juego: “No es fácil la convivencia, pero mi problema no son los ocupas. Mi problema es cómo puedo llegar a fin de mes con la renta que tengo”, aseguran.
A los vecinos que sí pagan, les están intentando separar: “Cada vez que se acaba una subvención, nos dicen que hay que pagar el alquiler entero, o comprar el piso, o si no, a la calle. También nos están intentando separar. Nos ofrecen otro contrato, otro piso, otra zona…”.
¿Cómo viven esta situación los afectados? “Me está enfermando. No veo lógica. No tenemos recursos. Están jugando con nuestro futuro. Casi no duermo pensando en que me pueden echar. Nos dicen que nos enfrentamos contra los poderosos: la Comunidad de Madrid y Goldman Sachs, que no sólo tiene peso económico, sino también peso político”, se lamenta una madre de tres hijos cuyo trabajo consiste en “buscar trabajo”.
Negocios privados con dinero público
Las causas contra la operación se acumulan. Además del recurso presentado por los vecinos, ha sido admitida a trámite la querella criminal presentada por el Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid contra la Comunidad de Madrid de Ignacio González por malversación de fondos y prevaricación por la venta “a precio de regalo” de las viviendas públicas a una empresa privada.
* Diagonal - F.Fafatale - 17.4.14
Foto: Azora. Manifestación en diciembre de 2013 en el barrio de la Ventilla por la venta de viviendas sociales del IVIMA. / DAVID FERNÁNDEZ
