El Ayuntamiento de Telde quiere hacer jefe de Urbanismo a un acusado por corrupción

Hasta aquí podíamos llegar, resulta que ahora en Urbanismo se pone a los zorros a cuidar de las ovejas. Esto ocurre en el ayuntamiento, del PP y CC, de Telde (Gran Canaria), donde pretenden colocar de jefe del Servicio de Urbanismo a un acusado de haber cobrado 30.000 euros en sobornos urbanísticos, por lo que pide el fiscal de este caso ocho años de cárcel y catorce de inhabilitación para él. Como se aprecia el grado de degeneración política al que se ha llegado justifica todo, porque además la prepotencia con la que actúan los implicados es totalmente delictiva y, de nuevo, la justicia debería intervenir atajando estas situaciones, so pena de caer en complicidad evidente.
"ELDIARIO* : El grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria), formado por el Partido Popular y Coalición Canaria, pretende llevar al pleno corporativo de final de mes una propuesta de concurso para cubrir las jefaturas de servicio de la institución con la principal pretensión de colocar con plaza fija al frente del Servicio de Urbanismo a José Luis Mena, actualmente acusado y con petición de ocho años de cárcel y catorce de inhabilitación para empleo público por recibir sobornos y falsificar documentos precisamente cuando ocupaba ese puesto interinamente en el periodo 2003-2007.

Los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Telde, la cuarta ciudad de Canarias (100.000 habitantes), pusieron el grito en el cielo el pasado viernes cuando en la comisión municipal de Régimen Interior aparecieron unas propuestas para la nueva relación de puestos de trabajo (RPT), tramitadas por la vía de urgencia, en la que, entre otras jefaturas, aparecía la de Urbanismo, con unas bases que las centrales consideran “un traje a la medida” de Mena.

Fuentes sindicales consultadas este lunes por Canarias Ahora han confirmado sus sospechas que se centran en el baremo que PP y CC quieren aplicar para otorgar estas jefaturas por considerar que están hechas para que Mena pueda regresar al departamento de Urbanismo ya como jefe y sin posibilidad de que se le remueva por decisiones políticas, como ocurrió en este mandato al acceder a la concejalía de Urbanismo el nacionalista Pablo Rodríguez.

En concreto, las bases que el grupo de gobierno quiere aprobar prevén 27 puntos sobre 32 posibles para criterios que cumple sobradamente el acusado de corrupción José Luis Mena. Es particularmente destacable que se otorguen seis puntos a la “experiencia” en el puesto de jefe de servicio, condición que, unida a la exigencia básica de ser funcionario de carrera, pocas personas cumplen en Telde.

Los otros criterios que dan ventaja a Mena son grado personal (6 puntos), cursos (6), antigüedad (6) y titulación (3), mientras que tan solo cinco puntos se destinan a evaluar la memoria que habría de presentar cada opositando (3 puntos) y la defensa oral de la misma ante un tribunal (dos puntos).

De policía local a factótum del urbanismo

José Luis Mena entró en el Ayuntamiento de Telde como policía local y fue escalando posiciones a partir de haber obtenido la carrera de Derecho con la que ya optó, vía oposiciones, a una plaza de técnico de Administración General. Esa plaza está adscrita al área de Urbanismo, a cuya jefatura accedió por la vía de la libre designación (decisión política) siendo alcalde Aureliano Francisco Santiago Castellano. Cuando el PP accedió a la alcaldía en compañía de Ciuca en 2003 desempeñó un papel determinante en varios casos de presunta corrupción.

Con el urbanismo en manos de Guillermo Reyes (Ciuca) se le retiró del puesto para que lo ocupara una trabajadora interina del Ayuntamiento, María Jesús Santana, hija de un veterano de la UCD que fue concejal entre 1979 y 1983. Pero pronto Reyes se cansó de la inacción del departamento y volvió a recuperar a José Luis Mena para dirigir juntos el urbanismo de la ciudad.

Mena ha sido detenido en dos ocasiones en otras tantas operaciones de corrupción de la Policía en Telde, y en estos días se sienta en el banquillo de los acusados presuntamente por haber cobrado sobornos de la de la cooperativa Grupo Europa para facilitar que esa compañía accediera a suelo municipal para la construcción de viviendas sociales mediante un concurso amañado.

El fiscal anticorrupción pide para este funcionario al que Coalición Canaria y el PP quieren consolidar al frente del urbanismo de Telde ocho años de prisión por los delitos de cohecho y falsedad, además de 90.000 euros de multa.

Además, está imputado en una investigación penal por presuntamente haber falsificado documentos del servicio de urbanismo que dirigía para implicar en un caso de tráfico de influencias al concejal que lo nombró jefe de esa oficina, Ildefonso Jiménez, que resultó por ello condenado en primera instancia en el marco del llamado caso Alisios.

* El Diario - Canarias Ahora - Carlos Sosa - 27.1.14
Foto:

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Un juzgado procesa al exconcejal de Urbanismo de Elche por ‘UrbiElx’

Continúa la corrupción urbanística en la provincia de Alicante, siguiendo el mal ejemplo de la capital donde aun hay pendientes varias y graves causas judiciales. En este caso se trata de Elche, donde se imputa al concejal de Urbanismo entre los años 2003-2007 por tráfico de influencias y negociación prohibida en una permuta de terreno. Un caso confuso ya que el propio Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana ya archivó la causa que por esta misma querella se seguía contra el alcalde de entonces. Como vemos no hay quien entienda muchas decisiones judiciales, sobre todo si éstas se producen diez años más tarde de suceder los hechos delictivos.
"ELPAÍS* : El juzgado de Instrucción nº5 de Elche ha incoado un procedimiento abreviado contra el exconcejal de Urbanismo de Elche (Alicante) entre 2003 y 2007 y actual concejal socialista en la oposición, Emilio Martínez, a quien se le atribuyen los delitos de tráfico de influencias y negociación prohibida para funcionarios.

Así lo ha confirmado este viernes el propio Martínez en una comparecencia ante los medios de comunicación convocada con carácter urgente después que esta mañana se le haya comunicado el auto.

La resolución judicial se enmarca en el conocido como 'caso UrbiElx', en el que un arquitecto ilicitano acusó, entre otros, al propio Martínez y al exalcalde socialista de la ciudad, Diego Macià, de influir en la compra de una parcela en las inmediaciones del actual centro comercial de El Corte Inglés --inaugurado en 2007-- mucho tiempo antes de la construcción de ese complejo, lo que reportó a la mercantil que adquirió los terrenos, según el querellante, unos cuantiosos beneficios cuando se edificó el centro comercial. Esos terrenos fueron adquiridos por la mercantil 'UrbiElx', participada por familiares de Macià.

Emilio Martínez ha expresado su "sorpresa y estupor" ante un auto judicial que permite seguir el proceso contra él cuando, según ha recordado, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ya archivó la causa que por esta misma querella se seguía contra el exalcalde de Elche y exdiputado autonómico, Diego Macià.

"Quiero denunciar que esta querella forma parte de las casi 20 que han promovido dos personas afines al PP de Mercedes Alonso contra el alcalde y el equipo de urbanismo y que en su inmensa mayoría han sido archivadas", ha señalado Emilio Martínez.

Confía en la absolución

El edil socialista ha indicado que "ayer mismo se absolvió a una técnico municipal que ha sido criminalizada durante muchos años, asegurando el órgano judicial que existió temeridad manifiesta en la querella y en el escrito de acusación, es decir, que el acusador ha actuado de muy mala fe, y por tanto le obliga al pago de las costas", ha explicado Martínez, que ha confiado en que la causa que a él se le ha abierto tenga el mismo final.

"La hemeroteca constata que al menos desde noviembre de 2001 se conocía en la ciudad la ubicación del centro comercial El Corte Inglés en esta zona y no sólo eso, sino también que se han sometido a aprobación y a difusión pública en diarios oficiales todos los elementos que confirmaban la llegada y ubicación de ese centro comercial, antes que yo fuera concejal en el Ayuntamiento", ha defendido el edil socialista.

Martínez ha avanzado que presentará un recurso contra la resolución judicial porque "entendemos que el paso que da el juzgado contiene algunos elementos que en nuestro recurso vamos a intentar aclarar para que el órgano judicial reconsidere este paso". Emilio Martínez ha dicho que no abandonará su acta de concejal hasta conocer la resolución del recurso.


* El País - EP - 24.1.14
Foto: Elche (Alicante), ayuntamiento - absolutelche

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La Comunidad de Madrid autoriza levantar hoteles rurales, tiendas y chalés en zonas protegidas

La Comunidad de Madrid parece que no termina nunca en su afán depredador del territorio y ahora, con las últimas reformas en materia ambiental aprobadas en diciembre por el gobierno 'popular', permitirá ocupar terrenos en montes públicos, vías pecuarias y espacios protegidos. Una ley muy peligrosa ya que, por su propia indefinición, hace que quepan todo tipo de actividades, turísticas o privadas, con lo que zonas protegidas hasta ahora pasarían a ser una mercancía más para su uso. Además, sin exigir especiales medidas para esta utilización abusiva, simplemente se deja al criterio de cada cual, con lo que la especulación urbanística y la corrupción están garantizadas de antemano.
"20MINUTOS/ÁNGEL CALLEJA* : Desde este año, cualquier madrileño que cumpla los requisitos podrá regentar una casa u hotel rural, una tienda de comestibles, una empresa de actividades al aire libre (excursiones, observación de la naturaleza) y hasta una finca para celebrar eventos en zonas protegidas donde antes estaba prohibido. Para hacerlo posible, el gobierno de Ignacio González aprobó en el pasado 19 de diciembre una serie de reformas que permitirán explotar económicamente espacios que hasta el momento estaban vetados, aunque las zonas catalogadas de máxima protección o zonas clasificadas como reserva natural y reserva integral permanecerán al margen.

La modificación se hizo a través de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, más conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos, un método que impide que los asuntos sean debatidos por separado en el parlamento regional.

En total, la conocida como 'ley escoba' ha cambiado cinco preceptos. El primero de ellos es la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza, que pasa a autorizar "excepcionalmente" la cesión y ocupación de parcelas en los 216 montes públicos catalogados (el Monte Abantos, las dehesas de Cercedilla o el Robledillo de Moralzarzal) por períodos de hasta 75 años para cualquier uso que se considere "compatible con las funciones de utilidad pública del monte".
El criterio es tan amplio que incluye la explotación maderera y de pastos, la recogida de setas, la creación de itinerarios recreativos, zonas de acampada y aparcamientos o "cualquier otro tipo de infraestructura recreativa de uso público".
La pasada legislatura, la Comunidad llegó a introducir como uso tolerable en la Ley del Suelo la práctica del golf, lo que le dio vía libre para contruir un campo en la finca de investigación agropecuaria El Encín, en Alcalá de Henares. En 2013, el Tribunal Supremo declaró el recinto ilegal, aunque sigue en funcionamiento. Ahora, la Comunidad promueve un espacio recreativo y hotelero de hípica en la en la Dehesa de Sotomayor en Aranjuez, incluida en la Red Natura 2000.

Negocios en los parques
El Ejecutivo ha entrado de lleno en los parques regionales de la Cuenca Alta del Manzanares, del río Guadarrama y del Sureste, tres de los espacios con mayor valor ambiental del territorio. Merced a la modificación de sus respectivas leyes, la Comunidad convierte en legales dentro de sus límites las tiendas de productos agropecuarios, los establecimientos hosteleros, las casas y hoteles rurales y las instalaciones para actividades científicas o divulgativas en edificaciones ya construidas.

Además, autoriza la conversión en alojamientos de las edificaciones tradicionales y también de aquellas que tengan algún valor arquitectónico, aun cuando estas últimas estén fuera del ordenamiento urbanístico. De forma complementaria, permite como novedad "las obras de ampliación indispensables para las condiciones de habitabilidad", según el artículo 10 de la Ley de Medidas Fiscales, que modifica a su vez los preceptos de las leyes de los parques. Los dueños, por lo tanto, podrán incluir habitaciones o salas adicionales de nueva construcción.
La Comunidad ha redactado de nuevo el apartado 17.2 de la ley del parque del Manzanares para permitir instalaciones en una de las zonas donde estaba prohibido. Ello supone regularizar de facto la carpa que la socia de la mujer del presidente autonómico, Carmen Cafranga, usa para celebrar bodas, bautizos, comuniones y reuniones de empresa en la finca La Muñoza. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid paralizó el negocio de Cafranga por estar al margen de la normativa, pero ahora ya no puede ponerle pegas.
Cafranga ya había salido beneficiada en 2012, cuando la Comunidad introdujo como uso tolerable en los parques regionales la organización de eventos. De un golpe, el gobierno regional legalizó la actividad de 39 fincas similares denunciadas reiteradamente por la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración y la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid. En paralelo, la Comunidad ha reorientado la Ley de Vías Pecuarias para que los particulares puedan ocupar parcialmente estas sendas por un máximo de 10 años. A cambio, el beneficiario deberá pagar las tasas correspondientes.

Chalés "sostenibles"
Los cambios acometidos a finales del año pasado son una continuación de la senda iniciada por el Ejecutivo con la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles (o 'ley virus', como la calificaron sus detractores), que se gestó en 2012.

Gracias a la misma, los propietarios de parcelas rurales de más de 6 hectáreas (60.000 metros cuadrados) pueden construirse chalés de una planta y varias habitaciones dotados de acceso, aparcamiento y todos los suministros necesarios. Su única obligación será respetar unas mínimas normas técnicas y estéticas, ya que no tendrán que cumplir ninguna pauta específica de eficiencia energética ni presentar un proyecto de impacto ambiental.
La ley, que consta de solo nueve artículos, tres disposiciones y un anexo, sentencia en su preámbulo que "la concepción de que la presencia del hombre necesariamente tiene un efecto negativo sobre el medio rural no es cierta en muchos casos". Sin embargo, no aporta ningún dato o estudio que apoye esa afirmación.

"Esquilman el territorio"
La Comunidad defiende que sus políticas promueven un aprovechamiento "sostenible" del medio natural y promover el "empleo verde". Expertos y colectivos ambientalistas, sin embargo, denuncian que el objetivo es "liberalizar" el campo y "desregular" los espacios protegidos.
"Como el mercado inmobiliario no repunta, buscan poner elementos de valor en el campo esquilmando el territorio y anteponiendo el derecho de disfrute del propietario al derecho y obligación de conservación del medio ambiente. Es una postura ideológica", critica Agustín Hernández Aja, director del departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica.
María Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción, sostiene que estos cambios no benefician a la población rural, sino a los propietarios de grandes fincas: "¿Quién tiene dinero para hacerse un chalé, restaurar un molino o poner un negocio en el campo? Los grandes terratenientes, en su mayoría".

Nieto recuerda que Esperanza Aguirre ya eliminó las juntas rectoras de los parques regionales y los patronatos de los espacios protegidos, los consejos de Caza y de Pesca Fluvial, el Consejo del Fuego, el Patronato de Vías Pecuarias y la Comisión de Calidad del Aire en 2010. El pasado 2 de enero, la Consejería de Medio Ambiente dejó sin competencias a los responsables de los parques regionales y creó la figura del director único de parques, que delegará funciones en los conservadores de estos espacios.
Los defensores de la naturaleza creen, sin embargo, que la 'ley virus' es la más dañina de todas las iniciativas. "Es un desastre completo. Ignora la normativa urbanística y de planificación del territorio y se lleva por delante todo el conocimiento acumulado en sostenibilidad", argumenta la arquitecta María Jesús González, miembro de la asociación profesional Sostenibilidad y Arquitectura (ASA), que emitió en 2012 un duro comunicado contra el anteproyecto de ley.
La ley, además, perjudica la labor de los agentes forestales. "A más viviendas o edificaciones en el campo, más riesgo de que se produzca un incendio. Los comprobamos en Robledo de Chavela. Nuestra prioridad es la gente. Si tenemos que salvar edificaciones dispersas, el resto del monte se quema", alerta Miguel Higueras, portavoz del cuerpo en Madrid por UGT. Ello se une a otras agresiones toleradas por la Consejería de Medio Ambiente como la proliferación de viviendas ilegales en suelo rústico o los vertidos y la falta de conservación que sufren los espacios protegidos.
El Partido Socialista de Madrid ha recurrido la 'ley virus' ante el Tribunal Constitucional. Si los magistrados la rechazasen, no sería el primer varapalo que la Justicia da a la Comunidad de Madrid en materia ambiental. En 2011, el Supremo declaró ilegal el desdoblamiento de la carretera M-501 debido a que Aguirre lo realizó sin la obligada declaración de impacto.


* 20 Minutos - Ángel Calleja - 23.1.14
Foto: El Escorial (Madrid), vista desde monte Abantos - 20minutos

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Juzgan al excalde de Campos y a su edil de Urbanismo por falsificar un documento

La Comunidad Murciana es una de las que presenta mayor número de delitos urbanísticos en relación con sus habitantes, la corrupción en estos años pasados ha sido generalizada, bajo el mandato del ínclito expresidente 'popular' Valcárcel. Todavía queda mucha materia que investigar y sentenciar, a poco que la justicia se esmere un poco más y no deje que los responsables se vayan sin ser penalizados. Hoy es el caso del exalcalde de Campos del Río y el gran complejo urbanístico de Trampolín Hills, que fue paralizado por la justicia pero que deja una larga lista de estafados en esta delictiva promoción turística.
"LAOPINIÓN* : La Audiencia Provincial de Murcia juzgará el próximo martes al ex alcalde de Campos del Río, Ricardo Valverde, y al ex concejal de Urbanismo Juan Luis Peñalver, que están acusados de falsificar un documento para hacer viable el proyecto de las obras de un resort promovido por Trampolín Hills. Las conclusiones provisionales de la fiscalía piden cuatro años de prisión y quince meses de multa, con una cuota diaria de diez euros, junto con cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Con ellos se sentará en el banquillo Antonio Martínez, promotor urbanístico que, en nombre de la empresa citada, suscribió un convenio con el Ayuntamiento, luego anulado por los tribunales, para la puesta en marcha del proyecto urbanístico.

Según el fiscal, tanto el entonces alcalde como el que era concejal de Urbanismo suscribieron un documento para sortear el inconveniente que para la viabilidad del proyecto representaba la modificación introducida en la ley de 2006, que regula la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Para «burlar los nuevos requisitos ambientales, afirma el ministerio público, los acusados, en septiembre de 2006, decidieron elaborar y firmar un mendaz documento, fechándolo el dos de junio de 2004, que daba cumplida respuesta a las exigencias de la ley».

El fiscal acusa por el mismo delito al promotor inmobiliario Antonio Martínez, para el que solicita dos años y seis meses de cárcel; quince meses de multa a razón de 150 euros por día, y un año y nueve meses de inhabilitación.


* La Opinión de Murcia - EFE - 25.1.14
Foto: Campos del Río (Murcia), Trampolín Hills - laverdad.es

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Alicante.- Edificios públicos en pie que iban a ser y no fueron

Ya se ha hablado aquí en bastantes ocasiones del enorme despilfarro público de los últimos años habido en la Comunidad Valenciana en obras y edificios sin utilidad o que superaban el límite de lo necesario para sus habitantes. Al final solo han dejado esqueletos vacíos y deudas, mientras los responsables del delito, políticos y financieros, no han sido sancionados o penalizados por ello. En la provincia de Alicante hay numerosos ejemplos delictivos de este afán derrochador público que ha sido una verdadera plaga y que, lamentablemente, como se puede contemplar actualmente van a dejar huella en el urbanismo y la ordenación territorial.
"MARINAPLAZA* : En plena época de bonanza económica no solo las grandes capitales o la Comunitat Valenciana se lanzaron a hacer obras faraónicas. Los municipios pusieron bajo la supervisión de las áreas de Urbanismo e Infraestructuras grandes proyectos que dotarían a los pueblos de espacios públicos para uso y disfrute de los vecinos. Muchos de ellos fueron inaugurados, algunos coincidiendo con periodos electorales, pero otros ni siquiera han abierto sus puertas o, si lo hicieron, otros han tenido que cerrarlas.

Las inversiones llegaban de planes como el de la Generalitat, conocido como Plan Confianza, o del Gobierno central con el Plan E. Millones de euros destinados a construir edificios municipales. Pero en algunos municipios el problema vino después: había que llenar esos espacios y las arcas municipales ya empezaban a resentirse. En otros casos, las inversiones de instituciones públicas se destinaron a algo tan necesario como centros de salud o de día que ni siquiera han visto la luz. También es cierto que algunos de ellos se han reconvertido para darles uso y que muchas otras obras sí han cumplido su cometido.

Finestrat es uno de esos municipios. En su término municipal se han invertido 1,2 millones de euros en algunas instalaciones municipales que permanecen cerradas y sin uso. Así, el nuevo Centro de Salud, el centro social de Terra Marina y las aulas sociales construidas en al antiguo cine llevan cerradas a cal y canto desde hace dos años.

Así lo denunciaba el PSPV local esta semana. El nuevo consultorio ha tenido un coste de 571.855,38 euros a los que luego se añadieron 60.5936,63 euros por unas obras complementarias para adecuar los accesos del edificio. Las aulas sociales construidas en el antiguo cine costaron 353.934 euros y el centro social de la urbanización Terra Marina, 212.512 euros.

Tanto el Centro de Salud como el de Terra Marina son viejos conocidos. El alcalde Honorato Algado lleva dos años anunciando su puesta en marcha cada Navidad cuando hace balance del año y anuncia los proyectos del siguiente. Por ello, los socialistas creen que la fecha para su inauguración está marcada: las elecciones municipales de 2015. Y es que la fiebre de abrir instalaciones municipales suele llegar cuando hay unos comicios a la vista.

Pero Finestrat no es el único. En La Vila, el Ayuntamiento destinó fondos del Plan E a la rehabilitación del viejo colegio de La Ermita, catalogado como Bien de Interés Local, para convertirlo en un centro de uso polivalente. Cuatro años después, el edificio permanece cerrado e incluso se está deteriorando, según las fuentes consultadas. El presupuesto: cerca de 600.000 euros.

A él se suma la extensión administrativa de la Cala, unos locales para dar servicio a los vecinos de esta zona vilera y que permanecen también cerrados después de acondicionarlos. Pero además, el Ayuntamiento también destinó dinero a rehabilitar dos casas en pleno centro del municipio, al lado del Consistorio, de las que solo hizo la fachada para mejorar la imagen.

No todo son edificios cerrados a cal y canto. En L’Alfàs del Pi, el edificio del Centro de Día, construido con fondos del Plan E, fue construido pero nunca fue dotado para tal fin por el Consell. Por ello se ha sido reconvertido en el Centro ‘L’Alfàs + social’ en el que se da cabida a más de 100 colectivos entre asociaciones y entidades de Bienestar Social, así como el departamento municipal.

El Centro de Día de Benidorm, construido en La Cala, ha corrido la misma suerte. Ahora, el edificio construido también con fondos del Plan E con un presupuesto de 600.000 euros más algún modificado en la obra que encareció su coste, ha sido rebautizado, y no solo en el nombre sino en uso.

El inmueble recibió la denominación de Centro Municipal Pepa Esperanza Llinares Llorca y se ha destinado a varios colectivos sociales del municipio para dotarlos de un lugar donde ejercer su actividad como la Asociación de Familiares de Alzheimer (AFA Marina Baixa) o Asmibe, entre otros. Pero una de sus plantas aún no tiene uso aunque el alcalde Agustín Navarro anunciaba esta misma semana que el presupuesto de 2014 contará con una partida que rondará los 80.000 euros para adecuar ese espacio para esa primera asociación.

Y entre todo, la capital turística mantiene otro edificio financiado con el Plan Confianza cerrado, el museo de Boca del Calvari. Pero entre todo, el proyecto más destacable es el Centro Cultural, ubicado en la avenida de Europa, que solo es un esqueleto de hormigón al igual que le ocurre al Auditorio planeado en Callosa. Ambas obras no tienen fecha, ni plazos ni siquiera financiación sobre la mesa que permita terminarlas por lo que, mientras esto no cambie, seguirán siendo edificios faraónicos a medio terminar.


* La Marina Plaza - Andrea Vicente - 18.1.14
Foto: Finestrat (Alicante), ayuntamiento - lamarinaplaza

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La España del despropósito inmobiliario - Documental 'Casas para todos'

"PÚBLICO* : ¿Qué idea hay más necia que la de decenas de miles de casas vacías cuando existe la misma cantidad de personas sin un hogar? ¿Qué adjetivo se merece un país en el que muchas de sus familias han perdido la casa precisamente por la codicia de los promotores inmobiliarios, los constructores, los bancos... lanzados a una desaforada carrera en la construcción de viviendas? ¿Insensato? Sí. ¿Disparatado? También. Pero sobre todo, país bárbaro, inhumano, despiadado. Territorio del despropósito y de lo irracional, España es mal ejemplo en el resto del mundo por las consecuencias de la burbuja inmobiliaria, circunstancia que se ha convertido en el eje central de 'Casas para todos', película documental del alemán Gereon Wetzel.

Récord histórico de creación de viviendas
Una urbanización abandonada. Casas y calles vacías. Un barrio de edificios altos deshabitado. Terrenos urbanizados -asfalto y farolas- en mitad del campo. La garita de un guardia de seguridad que vigila 30.000 pisos vacíos y que en sus ratos libres, es decir, prácticamente siempre, hace gimnasia en los jardines y las piscinas medio llenas de esa colonia. Son imágenes que solo se detienen para que el espectador escuche algunas voces, generalmente sobre fondos negros. Y la primera de todas es la de Aznar. 27 de noviembre de 2003: "¿Por qué España crece al 2,5 por 100 y Alemania, Francia e Italia no? ¿Por qué? Pues yo le voy a decir a usted por qué, porque son los países en los que más confianza hay hoy en Europa, en el mundo. Vamos a construir el año que viene 650.000 nuevas viviendas en España, más que en Francia y Alemania juntas. Récord histórico de creación de viviendas en España".

Récord histórico de especulación. Pisos y más pisos, adosados, chalés... desiertos, que nadie compra. Y con ellos, lo que ha quedado. Calles que sirven de pistas de prácticas para futuros conductores de autobús o como canchas de skateboard o vías para ciclistas... terrenos que han vuelto a ser conquistados por la naturaleza y por donde pasan de nuevo los pastores con sus rebaños. "Modelo de concepción urbanista sumamente innovador y eficaz...", decía el anuncio del proyecto de Marina d'Or Golf, cuyo PAI (Programa de Actuación Integrada) acaba de ser anulado por el Tribunal Superior de Justicia.

Premio al mayor disparate
Casas para todos incide en esa sensación del absurdo, mostrando en la pantalla la situación incoherente de unos hombres y mujeres que viven debajo de un edificio que no se terminó de construir o la de las 26 familias que encontraron refugio en unas viviendas de nueva construcción en Sevilla. Escenas que hacen saltar chispas cuando aparecen después de haber escuchado las palabras de Francisco Hernández 'el Pocero', en septiembre de 2008, sentenciando: "En tres meses se quita el paro en mi país. ¿Cómo? Liberando el suelo".

Isidro Fainé, presidente de La Caixa, también está 'invitado' a participar en esta película, en la que se aprovechan unas declaraciones que hizo en 2011, en las que afirmaba: "Hay cosas que hoy cuestan cien y mañana sólo cincuenta, pero tu casa siempre tendrá un valor". Los audios de otras promociones urbanísticas completan el panorama sonoro del filme, en el que, sin duda, el premio al mayor despropósito se lo lleva Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón entre 1995 y 2011.

"Hay quienes dicen que estamos locos por inaugurar un aeropuerto sin aviones. No han entendido nada (...) Este es un aeropuerto para las personas, este es un aeropuerto por y para Castellón. Y a partir de hoy, durante mes y medio, cualquier ciudadano que lo desee podrá visitar esta terminal o podrá caminar por las pistas de aterrizaje, algo que evidentemente no podrían hacer si fueran a despegar o a aterrizar aviones".

La burbuja inmobiliaria en el cine
Ni aviones en los aeropuertos ni familias en las viviendas, justo la idea contraria de la que lanzaron las familias que habitaron Corrala Utopía (bloque propiedad de Ibercaja): "Ni gente sin casa / ni casas sin gente". Un lema que, tristemente, no es realidad en España.

Casas para todos no es la primera película que se ocupa de la burbuja inmobiliaria en nuestro país. Desde el género documental, Erwin Wagenhofer contó las consecuencias del capitalismo, las causas de la crisis y, entre ellas, se detuvo especialmente en la edificación masiva en España en Let's Make Money (Vamos a hacer dinero). En €spanish dream, de Guillermo Cruz y Santiago Cirugeda, se hablaba de la dificultad que se les presenta a los jóvenes a la hora de acceder a una vivienda. Laura Folguera, en A ladrillazos, hablaba del pelotazo inmobiliario, del crecimiento urbanístico de la Comunidad Valenciana, y de las denuncias en la Unión europea. El cortometraje de Aleix Saló Españistán (La burbuja inmobiliaria), realizado sobre su propio cómic, fue un éxito de visitas en la Red. Desde la ficción, Jaume Balagueró o Max Lemcke, con Para entrar a vivir y 5 metros cuadrados, se ocuparon también del tema.


* Público - Begoña Pina - 23.1.14

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El Supremo ratifica que el Ayuntamiento de Badajoz debe tirar el Cubo

La noticia del famoso 'Cubo' ilegal de Badajoz sigue dando que hablar tras 12 años (doce) de polémica. Lo último es que el Supremo ha emitido un nuevo auto, contra el que no cabe recurso, que da de plazo hasta el 30 de abril para presentar el proyecto de demolición y ejecutar las obras este verano. El ayuntamiento sigue dando largas, poco decidido a acatar las órdenes del tribunal en lo referente al derribo de las dos últimas plantas de este moderno edificio que atenta contra el Patrimonio monumental de la localidad. A este respecto se incluye aquí una noticia anterior que aclara las claves de esta sentencia judicial.
"HOY* : El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Badajoz (en octubre de 2012) contra la orden de tirar el conocido como 'Cubo' de la Facultad de Biblioteconomía, situado en el interior de la Alcazaba. El Consistorio utilizó como argumentos el enorme coste de la demolición y las dificultades para llevarla a cabo. Ahora se enfrenta a otro capítulo de un problema que lleva más de doce años en los tribunales. La sentencia firme del Supremo (con fecha 10 de octubre de 2013) establece que deben tirarse dos plantas del Cubo pero se permite dejar las cubiertas en su estado actual.

Hay que derribar «las dos plantas del edificio de nueva construcción (el Cubo) construido en un área ya edificada anteriormente y que alberga el salón de actos en planta baja y despachos de profesores en otras tres superiores, debiendo procederse a la demolición de las dos plantas superiores que acogen actualmente unos pequeños despachos», reza la sentencia.
«Deben eliminarse -continua- los tres torreones de remate de los patios que se sobreelevan respecto al resto de la construcción y asoman de un modo muy ingrato y agresivo encima de la muralla almohade».
En cuanto a la capilla que existía en la zona, «debe procederse a tapiar los dos grandes huecos abiertos con dinteles metálicos, devolviéndole el carácter de espacio cerrado, con reconstrucción de los volúmenes que había adosados».
«En lo que respecta al patio principal del hospital militar (el edificio que había allí antes), deben retirarse el cuerpo acristalado con celosías de madera y cubierta plana, debiendo restituirse a su estado anterior; al igual que la arquería del piso inferior a la que deberá devolvérsele la diafanidad original, eliminando la carpintería de madera que impide su visión frontal», añade la sentencia del Supremo.
4.000 euros de costas
También se condena al Ayuntamiento a pagar las costas del recurso de casación por un valor máximo de 4.000 euros.
Desde Amigos de Badajoz, la asociación que denunció las construcciones ilegales de Biblioteconomía, no han querido hacer ninguna declaración al respecto alegando que es el Consistorio quien tiene que mover ficha. «El Supremo ha terminado el proceso, ahora las actuaciones han de volver al TSJEX (Tribunal Superior de Justicia de Extremadura)», indicó ayer José María García, abogado de Amigos de Badajoz.
¿Y qué dice el Ayuntamiento? Aún no hay respuesta porque todavía no saben qué hacer. «El fin es respetar la sentencia, mirar por los intereses de los ciudadanos y defender el Cubo. Casar las tres variables es difícil», fue lo único que se dijo ayer.
El Consistorio presentó el recurso con la intención de ganarlo (aunque también era una forma de ganar tiempo), de manera que todavía no tiene pensado un plan B. El equipo de Gobierno es conocedor de la sentencia desde el pasado 29 de octubre, pero no ha informado de que sabía de la ratificación del Supremo de la obligación de tirar el Cubo hasta ayer, cuando el primer teniente de alcalde, Alberto Astorga, sólo dijo que será el alcalde, Francisco Javier Fragoso, o el concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo, quienes hagan declaraciones sobre este asunto.

CRONOLOGÍA DEL 'CUBO'

03/06/1998. La Comisión Provincial de Bienes Inmuebles aprueba el proyecto de la Facultad de Biblioteconomía en la zona de la Alcazaba, con el 'Cubo' incluido.
13/06/2000. Amigos de Badajoz denuncia la ilegalidad del Cubo por considerarlo un impacto grave en el conjunto de la Alcazaba.
23/02/2003. El TSJEX determina que el hospital militar, donde se ubica la Facultad de Biblioteconomía, debe volver a su estado original por la existencia de construcciones consideradas ilegales, lo que implica la demolición del Cubo, del aulario y el rebaje en 1,35 metros de la cubierta de toda la edificación.
15/10/2007. Fecha límite impuesta por el TSJEx para llevar a cabo las obras en la Alcazaba que afectan a Biblioteconomía.
17/04/2008. El TSJEx rectifica y falla a favor de la permanencia del Cubo al estimar inejecutable el derribo del mismo.
11/11/2009. El TJSJEx rectifica de nuevo y en un auto determina que el Cubo sí debe ser derribado.
03/05/2012. Otro auto del TSJEx determina rebajar sólo en dos alturas el Cubo y dejar las cubiertas en su estado actual.
23/10/2012. El Ayuntamiento recurre al Supremo la orden de demolición de dos alturas del Cubo.
08/11/2013. Sentencia firme del Tribunal Supremo para derribar las dos alturas del Cubo.


* Hoy - ROCÍO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ - 9.11.13
Foto: El conocido como 'Cubo' de la Facultad de Bibilioteconomía, integrado en el recinto de la Alcazaba. :: PAKOPÍ

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El polideportivo ‘fantasma’ que costó 10,5 millones a Navalcarnero

Los casos de despilfarro público han sido innumerables en estos años pasados de urbanismo salvaje y sin control. Ayuntamientos, Autonomías y Estado han pugnado entre sí por ver quien cometía el mayor derroche injustificado y, además, sin ser pedido por los administrados ni contando con ellos para su realización. La mayoría de estos desastres urbanísticos han quedado como esqueletos varados de un país en ruinas, pero hay otros que se han construido y siguen sin apenas uso y sin que los responsables de tamaño despropósito hayan sido acusados por la justicia, a pesar de dejar una enorme deuda en la administración de que se trate. Algo vergonzoso y delictivo, sin ninguna duda. Un ejemplo de esto lo tenemos en Navalcarnero (Madrid).
"ELPAÍS* : Hay excesos del ladrillo que duelen a la vista. Que, imposibles de ocultar, se yerguen desafiantes como símbolo del derroche de unos tiempos más cercanos que lejanos en los que prácticamente todo valía. El abandono del polideportivo La estación, en Navalcarnero, un esqueleto de hormigón colonizado por litronas y hierbajos en el que el gobierno municipal de Baltasar Santos (PP) ha invertido 10,5 millones de euros, representa esa época.

“Lo delirante del asunto es que encima se ha certificado y pagado como construido en un 90%, cuando no hay construido realmente ni un 15%”, lamenta el portavoz del PSOE y anterior regidor, José Luis Adell. “Por culpa de la crisis el polideportivo se quedó ahí parado. La intención es retomarlo, pero no es una prioridad... Es lo que hay”, trata de justificar un portavoz del Ayuntamiento. El PP cuenta con 12 concejales por siete socialistas, uno de IU y otro del Partido Democrático Popular (PDAP).

En mayo de 2006 Navalcarnero —Santos gobierna de manera ininterrumpida desde 1995 la localidad de 25.000 habitantes— adjudicó el concurso a Constructora Hispánica SA, conocida por su vinculación con el caso Gürtel (los dueños actuales de la compañía no tienen nada que ver con los anteriores), por 14.837.273 euros, incluidos un parque y un vial de acceso al centro deportivo desde una rotonda cercana. El Ayuntamiento pondría el 80% de la financiación y la concesionaria el 20% restante, con una duración estimada de las obras de 18 meses.

Las instalaciones, de 6.000 metros cuadrados construidos, contarían con una piscina olímpica, tres piscinas de recreo, vestíbulos, aseos, médico, gimnasio, pista de footing, graderío, almacenes y “salas multifuncionales”. El proyecto se caracterizaba por la existencia del grupo de piscinas, desarrolladas en distintas plataformas: cada una descargaría su agua en la siguiente, “conformando un conjunto de láminas de agua a diferentes niveles”, explicaba la propaganda del proyecto. La cafetería prevista dispondría de una entreplanta desde la que se apreciaría “la perspectiva de las piscinas de recreo”. Tras toda esta obra, “terminada y en funcionamiento en un plazo de año y medio”, el complejo se completaría “con nuevas instalaciones deportivas” en una segunda fase.

Pese a las expectativas provocadas, y tras colocar la primera piedra en junio de 2006, los trabajos se interrumpieron en 2008.

Rebasado el plazo para su estreno con creces, el polideportivo amenaza ruina, con los conductos de ventilación amenazando con desplomarse sobre los incautos que se atreven a aventurarse en sus entrañas. Expertos consultados coinciden en que la mayor parte de los trabajos realizados son “inservibles”. Desde el gobierno local aseguran que se retomarán “en cuanto se pueda”. Navalcarnero tiene prorrogados los presupuestos desde hace seis años. La oposición calcula una deuda de al menos 250 millones.

El estado de construcción y conservación del complejo de La Estación contrasta con los 10.590.020 euros que el Consistorio se ha gastado en las obras. Además, el equipo de Santos aprobó en noviembre de 2010 un modificado por importe de 1.186.722,63 euros más IVA en favor de Assignia Infraestructuras SA, la sociedad que compró Constructora Hispánica SA, modificando el anterior contrato. “La cantidad finalmente no se abonó, pero es un escándalo que se aprobase un modificado sobre una obra no ejecutada, cuando además en el contrato original ya se recogían esas supuestas modificaciones”, denuncia Adell. El anterior alcalde subraya que las empresas mencionadas, pese a no haber terminado el polideportivo, fueron las adjudicatarias de posteriores concursos municipales como la gestión de un colegio o la renovación del mercado local.

El pasado octubre los portavoces del PSOE y PDAP presentaron una querella, admitida a trámite y por la que ya están declarando testigos y querellados, en el Juzgado de Navalcarnero contra el regidor y los concejales de Hacienda y Urbanismo por presuntos delitos de estafa, falsedad documental, prevaricación y malversación por la concesión para la construcción del polideportivo y su posterior gestión.

“El PP de esta comunidad tiene dos grandes récord de gestión: Madrid, como gran ciudad, con el mayor endeudamiento por habitante de España, y Navalcarnero, la pequeña Marbella madrileña con el mismo récord”, reflexiona María Teresa González Ausín, diputada regional socialista.

Una pintada sobre una de las paredes exteriores del centro deportivo resume lo que sucedió en Navalcarnero y tantos otros lugares: “Viva la vida loca! $”. Tan loca que la ubicación que se eligió para el polideportivo fantasma fue justo al lado del polideportivo con que ya contaba Navalcarnero.

Y el tren tampoco llegó

El polideportivo La Estación era una de los proyectos “más ambiciosos” de Navalcarnero, reconocía un folleto municipal del proyecto en junio de 2006. Baltasar Santos iba más allá al asegurar que serviría a la villa para “seguir manteniendo su liderazgo y seguir ostentando el título de capital del deporte”. El alcalde del PP incluso adelantaba que a sus “numerosas iniciativas” se sumarían “pronto” otras como la “llegada del tren” que enlazara con Móstoles. “Gracias el entendimiento entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que financiará la obra, está previsto que el tren empiece a funcionar en 2008”, afirmaba Santos.

La expresidenta regional, Esperanza Aguirre, colocó en febrero del 2008 la primera piedra, pero el tren nunca llegó. Con un trazado de 14,8 kilómetros, paralelo a la A-5, las obras se ralentizaron en 2010 hasta interrumpirse en 2012. Se calcula que OHL, la adjudicataria, invirtió 130 millones de los 362 previstos.


* El País - José Marcos - 17.1.14
Foto: Graderío y piscina olímpica del polideportivo sin terminar de Navalcarnero. / CARLOS ROSILLO

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Imputado en tres causas urbanísticas el alcalde popular de Ponteareas

Las visitas del alcalde 'popular' de Ponteareas (Pontevedra) a los juzgados para declarar por irregularidades urbanísticas se están convirtiendo en demasiado habituales. Las imputaciones de prevaricación son numerosas pero según la 'norma' de los políticos de este país, ante todo es no dimitir y seguir en la poltrona mientras los jueces no sentencien definitivamente, con lo cual el paisaje de imputados por la justicia está llenando hasta el último rincón de la geografía. Tampoco parece que en este caso la Xunta 'popular' de Feijoo vaya a decir ni exigir nada, con lo que también su desprestigio entre los ciudadanos se va acelerando.
"ELPAÍS* : El alcalde de Ponteareas inició ayer su tercer calvario judicial por presuntos delitos relacionados con el urbanismo. A las 11 de la mañana, Salvador González Solla entraba en el juzgado nº2 de la localidad pontevedresa para declarar como imputado por supuesta prevaricación, relacionada con obras realizadas en un chalé de su propiedad. La oposición reclamó su dimisión inmediata. Solla replicó que agotará el mandato y lamentó la actuación judicial: “Aquí lo imputan a uno por nada”.

La declaración de ayer es consecuencia de la presunta inacción municipal ante la denuncia de un particular que acusó a Solla de demoler sin licencia una construcción antigua para levantar su casa, de ejecutar un anexo a modo de porche también sin permiso y de incumplir los retranqueos y las alturas máximas en el muro de cierre. Pese a la denuncia, presentada en mayo de 2011, Solla continuó con la construcción de su casa sin que la inspección municipal actuara hasta dos años y medio después, en octubre de 2013. El pasado 25 de noviembre, la junta de gobierno local abrió un expediente sancionador y de reposición de la legalidad al alcalde por la “posible comisión de una infracción urbanística muy grave”.

El alcalde, del PP, que es a su vez concejal de Urbanismo, tiene otras dos causas urbanísticas abiertas por supuesta prevaricación. En una de ellas, en la que también está imputado el párroco José Carlos Pérez, otro juzgado local atribuye a ambos ese y otros presuntos delitos por el levantamiento sin licencia de un conjunto funerario del siglo XVIII en la iglesia parroquial de Guillade para pavimentarlo. La otra causa la abrió un tercer juzgado de Ponteareas a instancias de una empresa, Ecocelta, que le acusa de negarle una licencia de actividad.

“Son tres imputaciones, pero podían ser 45, porque no tienen sentido”, se defiende Solla, que ve motivos “políticos y personales” en esta cascada de imputaciones. De dos de ellas hace responsable al exlíder del BNG en Ponteareas Roberto Mera, mientras que la que le obligó a declarar ayer es en su opinión “una revancha clarísima” del denunciante, un constructor de la zona llamado Jesús Castrodeza al que el Ayuntamiento paralizó una obra por carecer de licencia. Respecto a las obras de su casa, el alcalde solo admite la falta de licencia del derribo de la vivienda vieja y otras irregularidades menores, pero lo atribuye a un error y sostiene que todas las deficiencias de la obra “son legalizables”.

En su declaración ante el juez, Solla sostuvo que no influyó en el retraso en la actuación de la inspección de obras. “Yo aquí soy uno más: ni paralicé, ni suspendí ni di instrucciones a nadie relacionadas con ningún expediente”, declaró ayer. Solla afirmó que no tendría sentido eludir “licencias que cuestan 60 euros” y subrayó el hecho de haber solicitado permiso para una piscina: “Debo ser el único en este ayuntamiento que lo ha pedido”.

Socialistas y nacionalistas reiteraron ayer su exigencia de dimisión. “No se puede entender que el alcalde y máximo responsable de urbanismo pueda exigir que se cumpla la legislación cuando él es el primero que no lo hace”, observó el portavoz del BNG, Xosé Represas. “Un alcalde que no cumple las normas urbanísticas y que actúa en favor de sus propios intereses no puede seguir siéndolo ni un minuto más”, añadió. Solla zanjó esa posibilidad. “Agotaré el mandato para el que fui elegido por mis vecinos”, anunció el alcalde.


* El País - PABLO LÓPEZ - 21.1.14
Foto: Ponteareas (Pontevedra), plaza mayor - google.es

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La Fiscalía denuncia el polígono industrial de Grazalema

En la provincia de Cádiz parece que se siguen saltando las normas que afectan a los Parques Naturales, si hace poco era el de los Alcornocales con la gran finca de La Almoraima, ahora es el de la Sierra de Grazalema, donde se está construyendo un 'ilegal' polígono industrial, el causante del nuevo escándalo medioambiental. La Fiscalía así lo denuncia dirigiendo su acusación contra la alcaldesa de Grazalema, la exdelegada de la Consejería de Medio Ambiente y los técnicos del servicio de la Diputación que informaron a favor del ilegal polígono industrial.
"ECOLOGISTASENACCIÓN* : La Fiscalía denuncia la construcción del polígono industrial de Grazalema porque “los hechos pudieran tener significación penal”. La denuncia va dirigida contra la alcaldesa de Grazalema, la anterior delegada de Medio Ambiente y técnicos de Diputación. La fiscal de Urbanismo, Medio Ambiente y Patrimonio Histórico, Patricia Navarro, ha notificado a Ecologistas en Acción que ha remitido al Juzgado de instrucción de Ubrique la denuncia que presentó en la Fiscalía provincial Ecologistas en Acción por la construcción de un polígono industrial en el municipio de Grazalema, dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema, que infringe todo tipo de normas urbanísticas y medioambientales.

Dicha remisión se ha hecho con carácter de denuncia, por evidenciarse que los hechos denunciados pudieran tener significación penal, por lo que procede esclarecerlos en el procedimiento penal.

Ecologistas en Acción viene denunciando desde enero de 2012 ante todas las administraciones competentes, la construcción de un polígono industrial junto al pueblo de Grazalema que incumple todas las normas sobre tipología del PGOU de este municipio, la condiciones vinculantes que en su momento incluyó la Consejería de Medio Ambiente (CMA), en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del PGOU, el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y gestión (PRUG) del parque natural”. Estas normas obligan a que las nuevas construcciones -y específicamente las naves del polígono industrial- deberán utilizar materiales tradicionales, tener fachadas con revestimientos blancos y cubiertas de teja árabe inclinadas a dos aguas, prohibiendo los materiales cerámicos vidriados, plásticos o revestimientos metálicos. Saltándose a la torera estas normas, el Ayuntamiento de Grazalema -promotor del polígono-, en clara connivencia con la Diputación provincial –que ha redactado el proyecto- y la CMA -que lo justifica y se niega a paralizarlo-, está construyendo un edificio de enorme dimensiones, con un paseo en su cubierta, y con una horrorosa terminación metálica de las fachadas, lo que está provocando un impacto gravísimo e irreversible sobre la imagen urbana de este pueblo blanco, uno de los emblemas del parque natural.

Ecologistas en Acción llegó a presentar en la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema una propuesta para que se instara al ayuntamiento de Grazalema “a adaptar el proyecto a las normas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cumpliendo las condiciones vinculantes de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del PGOU, y a los objetivos, propuestas de ordenación y criterios de gestión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del parque natural”. El presidente de la Junta Rectora, Alfonso Moscoso, y el actual delegado territorial de las Consejerías de Agricultura y Medio Ambiente, Federico Fernández, impidieron incluso que se votara dicha propuesta, avalando las ilegalidades denunciadas.

La denuncia avalada por la Fiscalía va dirigida contra:

· Mª José Lara Mateos, alcaldesa de Grazalema, que aprobó el proyecto de Parque Industrial de Grazalema, y que teniendo la obligación de actuar ante estas ilegalidades no lo ha hacho.

· Silvia López Gallardo, ex delegada de la Consejería de Medio Ambiente, quien teniendo la obligación de actuar ante estas ilegalidades no lo hizo.

· Los técnicos del Servicio de Asesoramiento a Municipios (SAM) de la Diputación Provincial que han redactado y/o informado favorablemente el proyecto de Parque Industrial de Grazalema.

Ecologistas en Acción estudiará ampliar la denuncia a todos los actuales responsables de las administraciones públicas implicadas en este escándalo urbanístico que siguen sin actuar a pesar de que las obras están ya muy avanzadas y el daño es cada vez más irreversible.

Ecologistas en Acción hace responsable del daño medioambiental y de las consecuencias económicas y patrimoniales que se deriven de la paralización de estas obras y de la más que probable obligación de demolición a los responsables del Ayuntamiento, de la Diputación provincial y de la Junta de Andalucía que han promovido, autorizado, financiado y/o avalado esta palmaria ilegalidad, de la que los ecologistas hemos advertido desde el inicio de las obras. Conforme más se tarde en paralizar las obras, mayor será el daño causado y el coste de la reparación. Al final puede suceder igual que con el Algarrobico.


* Ecologistas en Acción - 15.1.14
Foto: Grazalema (Cádiz), poligono ilegal - Ecologistas en Acción.

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La justicia tumba 40.000 nuevas viviendas en San Miguel de Salinas

Siguen cayendo a cuentagotas los casos de corrupción urbanística en la Comunidad Valenciana, no solo en lo referente a los famosos PAIs ilegales, sino también con los Planes Generales municipales. Eso ha ocurrido 6 años más tarde (seis) en el alicantino de S.Miguel de Salinas gracias a la acción judicial, ya que el Plan carecía de la correspondiente evaluación ambiental estratégica. Muchos vecinos estaban en contra y lo hicieron saber, pero el ayuntamiento del PP, junto con la Comunidad, lo aprobaron y siguieron adelante ilegalmente, con las consecuencias que ahora vemos en este nuevo varapalo urbanístico .
"ELPAÍS* : La crisis económica desactivó el frenesí urbanizador, y ahora los tribunales de Justicia entierran definitivamente el urbanismo salvaje y desaforado. El Ayuntamiento de San Miguel de Salinas, una localidad de La Vega Baja de apenas unos 7.000 habitantes, aprobó en 2008 un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que preveía construir 40.000 nuevas viviendas para dar cobijo a 100.000 habitantes. Una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) tumba esta propuesta por carecer de la correspondiente evaluación ambiental estratégica.

Pero este varapalo judicial no ha sido el único. El Tribunal Supremo anuló por tercera vez el intento del Ayuntamiento de Castellón, de validar su PGOU. Y en Benissa el Supremo también anuló la aprobación definitiva del PGOU cuyo trámite de información pública “no fue reiterado”. El Plan Rabassa, que proyectaba 13.500 viviendas en Alicante, también acumula sentencias en contra, y en una de ellas el TSJ también anuló el proyecto por no tener autorización medioambiental estratégica.

En el caso de San Miguel de Salinas el TSJ ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto en 2009 por la Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel y Amigos de Sierra Escalona contra la aprobación definitiva, por parte de la entonces Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat, del Plan General de Ordenación Urbana de San Miguel de Salinas.

El TSJ anula el Plan mediante una sentencia de 13 de noviembre de 2013, comunicada a los recurrentes el pasado 15 de enero, que desestima las pretensiones de las partes demandada y codemandada (Generalitat y Ayuntamiento) para que se considerara conforme a derecho la aprobación definitiva del Plan.

La sentencia, compartida por cuatro de los cinco magistrados de la Sala, declara nulo el planeamiento urbanístico por no haberse sometido a un proceso de evaluación ambiental estratégica (EAE) exigible por la Ley estatal 9/2006 sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medioambiente, un proceso que, tal y como plantearon los recurrentes no puede ser suplido por la emisión de una simple declaración de impacto ambiental. La Ley 9/2006 establece la obligatoriedad de aplicar la EAE a todos los planes que puedan tener efectos sobre el medioambiente, como en el caso de San Miguel, un PGOU “insostenible, especulativo e irracional”. En la sentencia los magistrados exponen que la ausencia de EAE supone un “vicio determinante” de la nulidad de pleno derecho del Plan, que queda anulado en su totalidad.

Una agresión a sierra Escalona

El nuevo PGOU de San Miguel de Salinas suponía una “clara agresión” a los valores ambientales y paisajísticos de la Sierra de Escalona. Un espacio natural protegido como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Unión Europea. Además, 7 de los 55 millones de metros cuadrados que integran el término municipal de San Miguel forman parte del LIC, que sigue esperando su declaración como Parque Natural de la Comunidad Valenciana tras más de 7 años desde que la Generalitat inició el proceso de su declaración.

La sentencia, que refleja la postura mayoritaria de la Sala, no entra a valorar otros cinco motivos impugnatorios invocados en el escrito de demanda de los vecinos y ASE, pero sí lo hace el magistrado discrepante, que en su voto particular estima parcialmente la demanda. El magistrado considera que se debería eliminar del planeamiento el suelo no urbanizable común de categoría 3 (siete millones de metros de supuesto suelo no urbanizable) que el plan ahora anulado permitía que se reclasificaran como suelo urbanizable para futuros desarrollos residenciales, incluso en el entorno inmediato de la Sierra Escalona.


* El País - EZEQUIEL MOLTÓ - 22.1.14
Foto: La sierra de Escalona, y San Miguel de Salinas al fondo.- elpais

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La Comunidad de Madrid regaló a Martinsa 200 millones en edificabilidad

Otra vez la Comunidad de Madrid, con Aguirre de Presidente y González de Vicepresidente, especulando delictivamente con terrenos públicos. Ahora se trata de un caso de hace 10 años (diez) en Arganda en los que favoreció a la constructora Martinsa para permitir que edificara un número mucho mayor de viviendas con el consiguiente beneficio ilegal. Pero fue aprobado por la politizada Comisión de Urbanismo y nadie parece que reclamara nada, ni siquiera una justicia que, una vez más, sigue demostrando el enorme desprestigio que se ha ganado entre la ciudadanía de este país.
"ELMUNDO* : La Comunidad de Madrid, con Ignacio González de vicepresidente, aprobó el aumento exponencial del número de viviendas en las parcelas públicas vendidas a Martinsa por el Consistorio madrileño de Arganda. Una operación que constituye uno de los pilares del caso Gürtel y de la que el actual presidente madrileño se ha intentado desvincular por completo durante los últimos días. Sin embargo, fue el Gobierno regional en el que González era el número dos y un hombre de su máxima confianza, Mariano Zabía, el responsable de la Comisión de Urbanismo que acabó dando el visto bueno para que se disparase espectacularmente el negocio del empresario Fernando Martín.

Zabía es un hombre de la máxima confianza de González desde que éste se lo llevó al Ministerio de Educación en 1996.

El número de viviendas permitidas inicialmente en la denominada UE-124, también conocida técnicamente como «Área de Centralidad», que fue adjudicada a bajo precio en noviembre de 2004 a Martinsa por 77 millones de euros -el empresario vendió posteriormente sólo un tercio de estas parcelas por 73-, ascendía a 1.580, de las cuales 300 eran de titularidad pública.

Tras las sucesivas modificaciones, la cifra se elevó a 2.731 viviendas de las que se estableció que 600 serían públicas. Es decir, que gracias a la autorización del Gobierno regional se permitió a Martinsa sobre la misma superficie levantar un 73% más de pisos: 1.151 más.

El visto bueno pasaba por la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, que despachaba las continuas modificaciones solicitadas por el promotor «informando favorablemente al Plan Parcial de Reforma Interior de la UE-124, que modifica la ordenación pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbana de Arganda del Rey». Una y otra vez esta comisión se limitaba a dar el visto bueno a las mismas «en los términos contenidos en los informes de la Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio», que era quien validaba los cambios en primera instancia en el Ejecutivo madrileño.

Según ha acreditado ya la policía en el sumario de Gürtel, el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, utilizó su sociedad Golden Chain para cobrar en Suiza los 12,8 millones de euros de comisión que desde otro paraíso fiscal, el Principado de Mónaco, le abonó Fernando Martín en 2006 por sus gestiones para conseguir que el PP le otorgase el pelotazo de Arganda.

Martín adquirió al Ayuntamiento de Arganda del Rey, concretamente a una sociedad municipal, un total de 150.000 metros cuadrados, la parcela más extensa del Plan Urbanístico, por 77 millones de euros pese a que había sido tasada en 96 millones. Finalmente, el precio abonado por Martinsa ascendió tan sólo a 66 millones de euros. La Comunidad de Madrid no sólo autorizó el referido aumento del número de viviendas por hectárea sino el número de plantas, que pasaron de seis a 10, lo que supuso unos beneficios adicionales de 200 millones. Pero éstos no fueron los únicos cambios propuestos por Martinsa y validados por el Gobierno madrileño.

LaComunidad también dio su visto bueno para la eliminación de la gran superficie comercial prevista inicialmente en este desarrollo urbanístico. Bajo el argumento de que mejoraría «la calidad del espacio público y aumentaría la vida urbana», se canjeó el gran centro por bajos comerciales que contaran con la misma extensión.

Tal y como reveló EL MUNDO, existe una curiosa coincidencia entre la empresa fiduciaria que adquirió el ático en Marbella del presidente de la Comunidad de Madrid y la que empleó Correa para cobrar la citada comisión de Arganda. Tanto Golden Chain como Waldorf Overseas Investments comparten los mismos testaferros en Panamá.

Se trata de las sociedades Dulcan y Winsley, que ostentan la condición de lo que en la terminología mercantil panameña se denomina «subscribers» o, lo que es lo mismo, testaferros. Eso sí, comparten fiduciarios pero no «agentes».

Waldorf Overseas Investments está gestionada por Mossack Fonseca, bufete de abogados especializado en ocultar grandes fortunas e investigado por participar en grandes operaciones de blanqueo de capitales. Por su parte, el gestor de Golden Chain es Aba Legal Bureau, un despacho de características similares.


* El Mundo - EDUARDO INDA, ESTEBAS URREIZTIETA - 19.1.14
Foto:  Arganda (Madrid),  terrenos pelotazo unidad 124 - publico

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El alcalde de Burgos vive en un ático de lujo edificado por los constructores de la obra de Gamonal

Se empiezan a tener datos precisos sobre la corrupción urbanística en Burgos, tras las últimas protestas sobre el bulevar del barrio de Gamonal. Se sabía que el capo 'popular' Méndez Pozo estaba detrás del asunto, oculto bajo numerosas sociedades según costumbre de las diferentes mafias, pero ahora comienzan a salir los intereses comunes con políticos como el alcalde PP de Burgos. Y, como siempre, el Urbanismo está en la picota, es el principal generador de los asombrosos enriquecimientos ilícitos de políticos y empresarios, con la complicidad una vez más de una justicia injusta y de unos medios de comunicación vendidos al capital más corrupto y depravado.
"IGNACIO ESCOLAR* : Desde el Ayuntamiento de Burgos, hace días que insisten en una idea: que el famoso constructor condenado por corrupción Antonio Miguel Méndez Pozo no tiene nada que ver con la polémica obra de Gamonal. Sin embargo, una de sus empresas ganó el concurso para diseñar el proyecto, y otra de las adjudicatarias, la constructora Arranz Acinas, es aliada de Méndez Pozo en varias negocios.

Méndez Pozo y Arranz Acinas son socios en la concesión del hospital público de Burgos, en una empresa de hormigón, en unas parcelas de Palencia, en la circunvalación de Burgos…, y también edificaron juntos una de las urbanizaciones céntricas más exclusivas y conocidas de la ciudad: el Residencial San Agustín. Es una urbanización de viviendas de lujo construida junto al nuevo bulevar ferroviario. Uno de los pisos más caros del residencial es, precisamente, el ático de lujo donde vive el alcalde de la ciudad, Javier Lacalle: una vivienda de la que el alcalde no ha informado en su declaración de bienes en el Ayuntamiento, construida sobre terrenos recalificados por el PP y cuya descripción en el Registro de la Propiedad no coincide con la realidad.

Javier Lacalle era concejal del Ayuntamiento de Burgos cuando se recalificó la parcela y, más tarde, primer teniente de alcalde y responsable de Urbanismo cuando se terminó de construir. Desde ese puesto, fue uno de los principales impulsores de la mayor operación urbanística de la ciudad: el bulevar ferroviario, levantado sobre las antiguas vías del tren. Esta operación supuso la recalificación y revalorización de numerosos terrenos, muchos de ellos de Méndez Pozo, además de un gran agujero en las cuentas de la ciudad. El Ayuntamiento de Burgos ya lleva gastados en el bulevar 63 millones de euros que todavía hoy debe a los bancos. El proyecto completo del bulevar ferroviario aún está sin terminar.

Los terrenos sobre los que se levantó el Residencial San Agustín, junto al bulevar ferroviario, pertenecían a la Diputación de Burgos, gobernada por el PP. Eran parte del antiguo Hospital Provincial, y fueron vendidos a un consorcio de cinco empresas constructoras entre las que, como es habitual en la ciudad, estaban Méndez Pozo y Arranz Acinas. La Diputación se quedó con uno de los edificios del antiguo hospital, que transformó en una residencia universitaria, y el Ayuntamiento con otro, que rehabilitó como centro cívico, con una piscina cubierta. El resto se vendió a los constructores. Antes de firmar ese convenio, el Ayuntamiento modificó el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de la ciudad para aumentar la edificabilidad de la zona en un 25%.

El alcalde de Burgos compró sobre plano su primera vivienda en el Residencial San Agustín el mismo año en que fue nombrado concejal de Urbanismo, en 2003, según figura en su declaración de bienes. Era una casa de 84 metros cuadrados construidos y dos habitaciones. Pero a principios de 2012 –ya siendo alcalde–, Javier Lacalle se cambió de casa dentro del mismo edificio a una de las mejores viviendas: un ático en el décimo piso de 167 metros cuadrados construidos y con amplias vistas a la ciudad, según fuentes que conocen directamente la vivienda.

El alcalde vendió su anterior piso a uno de sus subordinados: al gerente de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Álvaro Varona Cristóbal. Varona cobra 69.000 euros brutos anuales y es uno de los cargos municipales mejor pagados en Burgos, en un puesto designado directamente por el alcalde. Tiene 32 años y milita en el PP desde los 18, tal y como ha explicado en conversación telefónica con eldiario.es. Según Varona, la compraventa se cerró "al mismo precio que dio la tasación que hizo la Caja Laboral", que le concedió la hipoteca.

A pesar del fin de la burbuja inmobiliaria, los pisos en el Residencial San Agustín siguen siendo de los más caros de la ciudad. En el portal inmobiliario Idealista aparecen anuncios en ese mismo residencial con precios superiores a los 4.000 euros por metro cuadrado.

La hija de Méndez Pozo, arquitecta del edificio

Uno de los arquitectos que firmó los planos del edificio es Blanca Méndez, la segunda hija del constructor Méndez Pozo. La inmobiliaria Río Vena, propiedad de Méndez Pozo, es uno de los promotores de la obra junto con Arranz Acinas, adjudicataria, a través de otra empresa, de la obra de Gamonal.

El alcalde de Burgos es amigo personal de Blanca Méndez, hasta el punto de que fue uno de los políticos que asistió a su boda, que se celebró en Burgos el verano de 2008, cuando Lacalle era concejal de Urbanismo. Además del hoy alcalde, a la boda de la hija del poderoso constructor acudieron, entre otros políticos, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera (PP); el entonces presidente del Congreso, José Bono (PSOE); el entonces presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda; la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; y el hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Rajoy no estuvo en la ceremonia, pero sí llegó a la cena.

Blanca Méndez, además de firmar el Residencial San Agustín como arquitecta, es también la persona que gestiona el estudio MBG, que ganó el concurso para la obra de Gamonal, una adjudicación supuestamente anónima donde el proyecto vencedor salió antes publicado en las páginas del Diario de Burgos, propiedad de Méndez Pozo.

Un patrimonio sin declarar ante el Ayuntamiento

En la declaración de bienes que Javier Lacalle ha presentado en el Ayuntamiento de Burgos, su nueva vivienda no aparece, a pesar de que es obligatorio para todos los concejales comunicar cualquier cambio en su patrimonio. Sólo declara su antigua vivienda en el Residencial San Agustín y una plaza de garaje.

Sin embargo, el ático de lujo del alcalde sí aparece en el Registro de la Propiedad número 4 de Burgos, aunque la vivienda que Lacalle y su esposa habitan, junto con sus dos hijos, se parece muy poco a la descripción de la finca que está depositada en el registro. Según la información registral, la nueva casa del alcalde sólo tiene dos dormitorios y la mitad de los 167 metros cuadrados de la vivienda es una terraza de 83,46 metros. Según el registro, la nueva vivienda del alcalde tiene sólo 76 metros cuadrados útiles, sólo cinco metros cuadrados más que la anterior, que tenía 71. Según el registro, ambas tienen sólo dos dormitorios. Sin embargo, fuentes que conocen la vivienda aseguran que la zona habitable del nuevo ático es bastante mayor y que tendría más de dos dormitorios.

Tampoco encaja la fecha de compraventa que aparece en la información registral a la que ha tenido acceso eldiario.es. Según el Registro de la Propiedad, el alcalde compró la vivienda en septiembre de 2012. Sin embargo, otras fuentes confirman que el alcalde y su familia viven en ese nuevo ático desde al menos nueve meses antes de cerrarse la compraventa ante el notario. Según fuentes que conocen la vivienda, se mudó a los pocos meses de conseguir la alcaldía, tras las elecciones de mayo de 2011.

La escritura de compra se firmó el 14 de septiembre de 2012. Ese mismo día, el alcalde y su mujer compraron también otras tres propiedades más en el mismo Residencial San Agustín: un trastero y dos plazas de garaje.

Desde eldiario.es, hemos intentado ponernos en contacto tanto con el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, como con el director de Comunicación del Ayuntamiento, José Domarco, para pedir una explicación sobre el origen de este patrimonio y sobre las anomalías en la información registral. Ninguno de los dos ha querido responder.

Una familia que vive de la política

Tanto Javier Lacalle como su mujer no tienen ningún ingreso conocido cuyo origen no sea la política. En el caso del alcalde, de 44 años, estudio Derecho pero nunca ejerció. Se afilió al Partido Popular con 19 años. Ha sido presidente de las Nuevas Generaciones del PP de Burgos (1994), concejal del Ayuntamiento de Burgos con 25 años (1995-1999), director general de Juventud de la Junta de Castilla y León (1999-2003), concejal de Urbanismo y teniente de alcalde (2003-2011) y finalmente alcalde de la ciudad (desde 2011). Entre 1999 y 2003 también fue secretario general de la Red Española de Albergues.

Lacalle jamás ha trabajado en otra ocupación que no sea la política. Su sueldo como alcalde es de 69.133 euros brutos anuales.

En cuanto a su mujer, Cristina Merino Ibáñez, copropietaria de la vivienda, del trastero y de las dos plazas de garaje en régimen de gananciales, trabaja como gerente de Adecoar (Asociación para el Desarrollo de la Comarca del Arlanza). El presidente de esta asociación es el alcalde del pueblo burgalés de Villangómez, Juan Carlos Peña, del Partido Popular. La asociación, en la práctica un órgano político, gestiona fondos del programa Leader, unas ayudas de la Unión Europea teóricamente destinadas al desarrollo rural. Adecoar recibió una subvención de 4,5 millones de euros para seis años, aunque después su presupuesto se recortó en un 30%. En la actualidad, la asociación apenas tiene actividad conocida, salvo pagar el sueldo a la gerente –la esposa del alcalde, que cobra unos 2.700 euros netos al mes– y a dos técnicos. Todos estos puestos son de libre designación, sin pasar ninguna oposición.

La Diputación Provincial de Burgos, que preside el presidente del PP de Burgos, César Rico, aporta anualmente 100.000 euros a cada uno de los programas Leader, que se añaden al resto de los ingresos. Este año, la Diputación ha condicionado esta ayuda a que se destine el 70% de estos 100.000 euros para cubrir los gastos de personal. Es una manera de garantizar que, pese a los recortes, el dinero para sueldos no se recortará.


* El Diario _ Ignacio Escolar - 20.1.14
Foto: El edificio donde se encuentra el ático de Lacalle. Imagen: Google Maps.

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País Vasco.- La corrupción planea sobre una decena de casos

Como ya se ha visto en este blog, la corrupción urbanística es indiferente a banderas y colores. Tanto en Cataluña como en el País Vasco abundan los casos en que los partidos nacionalistas en el poder, CIU y PNV respectivamente, han caído en las redes mafiosas de la corrupción, aunque los medios de comunicación afines hayan tratado de ocultarla muchas veces. En el País Vasco, el caso del número dos del PNV en Álava es de los más conocidos, aunque también ha habido imputaciones por prevaricación de varios alcaldes e irregularidades importantes en la concesión de concursos públicos de obras. Es decir, como en el resto del Estado español.
"ELDIARIO* : De la corrupción tampoco se libra Euskadi. Aunque las instituciones y líderes políticos vascos se ufanan en afirmar públicamente que es un fenómeno residual, cada vez surgen más voces que apuntan que hay bastante más de lo que sale a la superficie. Los tribunales investigan ahora una decena de casos y en el último año han aflorado prácticas irregulares en la gestión municipal en otra media decena.

El principal pendiente y el de mayor gravedad es el llamado 'caso De Miguel', el apellido del ex número dos del PNV de Alava y ex diputado foral, imputado junto a otras 10 personas (en su mayoría ex cargos peneuvistas y familiares) en una presunta red de corrupción urbanística. A Alfredo De Miguel se le imputa por el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras en el Parque Tecnológico de Álava tras las 24 grabaciones realizadas por una abogada en una causa en la que se investigan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, prevaricación, malversación, falsedad documental y alteración de precios en concursos públicos. El caso lleva en investigación cuatro años y medio aunque le parece que la instrucción está a punto de finalizar tras la recepción a final de año del esperado informe de la Ertzaintza sobre el caso.

También se habla de saqueo al dinero público en el caso Epsilon, el frustrado proyecto automovilístico impulsado hace cinco años por el Gobierno Ibarretxe que supuso la pérdida de 50 millones de euros de ayudas públicas, 16 millones del Gobierno vasco y el resto del central. El proyecto ofrecía datos sospechosos, como que la empresa creada por Joan Villadelprat tuviera un capital social de solo 90.000 euros y recibiera esos 50 millones en créditos y subvenciones. Su promotor, el conocido directivo en la Fórmula 1 Joan Villadelprat, ya ha sido condenado al pago 900.000 euros y la inhabilitación de tres años para administrar bienes por su gestión empresarial y está pendiente de otra investigación penal por un delito de alzamiento de bienes.

La lentitud de la Justicia en Euskadi para aclarar otra presunta irregularidad tiene su ejemplo en el caso Zubiaurre, el supuesto espionaje informático en una sociedad pública del Gobierno vasco (la SPRI) protagonizado por Antton Zubiaurre, quien fue uno de sus máximos directivos durante ocho años. Este sumario lleva más de tres años de investigación pero está bloqueado desde hace año y medio. También han pasado dos meses y medio desde que concluyó el juicio sin que se conozca el fallo contra el empresario vizcaíno Jabyer Fernández, acusado de no pagar 43 millones de euros a Hacienda. En este caso se mezcla la relación entre un empresario y el poder, que se vuelve en contra del primero por enfrentarse a las instituciones.

Otras situaciones de presunta corrupción se localizan a nivel municipal. El ex alcalde y actual director de Igualdad de la Diputación de Bizkaia, Xabier Legarreta, (PNV) está imputado de dos delitos urbanísticos por una operación que supuso un quebranto de 3,4 millones para las arcas municipales. El alcalde de Loiu, Bizente Arteagoitia, (PNV) otro edil actual y ocho ex concejales más (los hechos sucedieron en 2006 ) de este municipio están imputados por un delito de prevaricación al conceder una licencia para la construcción de un chalé. Dos fallos judiciales anteriores han confirmado la nulidad de la licencia concedida por el ayuntamiento y la Diputación de Bizkaia ha confirmado que se ocuparon terrenos públicos.

El anterior regidor de Lemoa, Javier Beobide, (PNV), fue juzgado en diciembre por presunta prevaricación por la creación de una bolsa de empleo de manera irregular. Beobide saltó a la luz pública por gastarse la pasada legislatura hasta 16.000 euros en la compra de puros. Además, junto a otro concejal peneuvista y cinco trabajadores del Ayuntamiento, ingresaron casi 50.000 euros en dietas de kilometraje sin ninguna justificación. El PNV obligó a Beobide a darse de baja en el partido por estos hechos, denunciados por Bildu, que nos los ha llevado a los tribunales ni la Fiscalía ha actuado de oficio. Los tribunales también deben dirimir lo ocurrido en Lezama, donde dos constructoras han demandado a la alcaldesa Alaitz Etxeandia (PNV) por el proyecto urbanístico de recalificar el solar de su familia en una zona inundable, un plan anulado por la Justicia en 2008 pero que se ha vuelto a presentar de manera idéntica por el consistorio.

Las anomalías en la gestión se han sucedido, aunque sin que exista demanda en los tribunales, en localidades como Alonsotegi, que, pese a ser el segundo municipio vasco más endeudado por habitante (más de 1.600 euros por vecino), se gastó casi 8,6 millones de euros sin justificar, según refleja un informe de la interventora municipal. Este dinero procede de una sociedad municipal, dedicada a gestión urbanística y que funcionó entre 2003 y 2011, cuando se disolvió dejando un agujero de 4,1 millones que fue asumido por el Ayuntamiento. En Zalla está en entredicho la gestión de dos vertederos, uno oficial y otro clandestino. El primero, uno de los más grandes de Euskadi, ha incumplido el permiso del Gobierno vasco, que no ha adoptado ninguna medida, y causa contaminación . En Balmaseda, el hasta hace poco alcalde y parlamentario vasco Joseba Zorrilla (PNV) ha visto archivada sin que se practique ninguna diligencia una adjudicación "a dedo" de la gestión del polideportivo a una mujer “muy cercana al PNV”, quien además explotó el servicio sin ningún contrato y sin ninguna tarifa aprobada por el pleno.

La actuación de la Justicia se ha visto salpicada también por la gestión de los concursos mercantiles, lo de las empresas en quiebra, puesto que jueces vascos han elegido a dedo a los administradores que luego les han invitado a congresos. Estos concursos son un negocio muy estimado para los administradores. El Gobierno vasco se ha visto igualmente afectado este año al destituir de su cargo Agustín Elizegi, director de EJIE, la sociedad pública de informática por su implicación en una adjudicación de 1,4 millonaria de una contrata a una empresa para la que trabajó anteriormente.

Algunas de todas estas irregularidades en la gestión del servicio público se repiten año tras año en los informes del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, a los que en basantes ocasiones se hace caso omiso, sobre todo en las adjudicaciones a dedo y en el fraccionamiento de los contratos para evitar el control de lo que se gasta con el dinero de todos. El Tribunal de Cuentas ha constatado como el anterior gobierno del PSE concedió a dedo seis subvenciones por casi nueve millones o que EITB adjudicó a dedo durante 2010 servicios por 4,2 millones de euros.


* El Diario - Alberto Uriona - 1.1.14
Foto: Vitoria, parque tecnológico de Álava - lks

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Málaga.- Urbanismo recibe presiones para anular las sanciones por obras irregulares en 160 chalés

Está bien recordar este tipo de noticias para darse cuenta de la situación por la que pasa, y ha pasado, el urbanismo en este país. Las presiones políticas sobre los técnicos urbanistas han sido escandalosas y delictivas en casi todas las ocasiones. La corrupción político-financiera ha campeado a sus anchas mayoritariamente, si bien es verdad que, en algunos casos, se ha contado también con la ayuda técnica necesaria. Solo la integridad y honestidad de algunas personas ha conseguido frenar este fenómeno vergonzoso de chantaje, pero muchos técnicos han agachado la cabeza y comulgado con intereses especulativos en los que ellos no sacaban beneficio. Han callado por defender solamente su puesto de trabajo, algo éticamente reprobable, sin duda.
"LAOPINIÓN* : Los responsables de la Gerencia de Urbanismo de Málaga estudian dejar sin efecto los más de cien expedientes abiertos por construcciones ilegales a otros tantos vecinos de la urbanización Villa Arenal debido las presiones y sugerencias que reciben a través de la concejala del distrito de Cruz de Humilladero, Teresa Porras, zona donde se asienta la urbanización, según confirmaron ayer fuentes de la propia Gerencia a este periódico. Según estas mismas fuentes, los más de 160 expedientes abiertos se encuentran de momento paralizados en Urbanismo y su impulsora, la jefa de Disciplina Urbanística de la Gerencia, Teresa Domingo, ha sido apartada del caso.

Este asunto de disciplina urbanística habría derivado, según estas fuentes, en un conflicto entre la concejala Teresa Porras y la responsable de Disciplina Urbanística, lo que ha motivado incluso que planeara el cese de la jefa de Urbanismo.

Los expedientes sancionadores se encuentran ya prácticamente terminados y ha sido en este punto del proceso administrativo cuando la responsable del distrito Cruz de Humilladero, Teresa Porras, ha intervenido para presionar a Urbanismo e impedir que concluyan en una sanción para los vecinos que hayan cometido una irregularidad urbanística, según las fuentes de la propia Gerencia. Porras habría logrado el respaldo del concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, y del gerente, José Cardador, logrando que, de momento, los expedientes se paralicen.

El concejal de Urbanismo reconoció ayer a este periódico que el asunto se ha convertido en un problema, tanto por la amplitud de los expedientes abiertos, –más de 160– como por la gravedad de algunos de ellos, así como por la actitud «poco amistosa» de algunos vecinos.

Respecto a las intenciones de la concejala Teresa Porras y de otros responsables del distrito, Pomares rechazó que «existan presiones» y definió su trabajo como «de mediación». «Los responsables del distrito quieren lo mejor para sus vecinos e intentan solventar el tema salvando los intereses de esos vecinos». También quiso ser claro respecto a si aprueba el trabajo realizado en este sentido por la jefa de Disciplina Urbanística y señaló que «más que a Teresa apruebo y avalo el trabajo total del departamento».

El conflicto urbanístico con los vecinos de Villa Arenal se inició en julio del año pasado cuando a consecuencia de una denuncia, los responsables de Urbanismo comprobaron la existencia de cientos de casos de incumplimiento de la legalidad urbanística. Un recorrido en helicóptero, con la presencia de la propia Teresa Domingo, permitió detectar fotográficamente decenas de ilegalidades. La inspección permitió comprobar como las edificaciones realizadas sin los permisos correspondientes abarcaban desde la cubrición de una pérgola hasta la construcción de piscinas, cierres de trasteros e incluso la ampliación de viviendas para disponer de más espacio habitable.

Como consecuencia de ello se abrieron decenas de expedientes disciplinarios que convulsionaron la urbanización que se levanta junto a la vieja fábrica de Intelhorce. Algunos de los vecinos optaron por demoler lo construido ilegalmente para evitar sanciones, mientras que otros iniciaron conversaciones con el distrito y con Urbanismo para intentar legalizar lo construido sin licencia.

Producto de todo ello es que hay unos 160 expedientes abiertos por construir ilegalmente. La responsable de Disciplina Urbanística, amparándose en la legalidad, ha continuado con la tramitación de los expedientes.


* La Opinión - 15.1.14
Foto: Aspecto de una parte de la urbanización Villa Arenal, junto a Intelhorce.- La Opinión

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Jerez.- Imputan un nuevo delito al exalcalde Pacheco

Continúan los escándalos urbanísticos cometidos por altos cargos políticos en Jerez. Y de nuevo es el exalcalde andalucista P.Pacheco, que ya fue condenado hace un año por malversación de fondos públicos a cuatro años y medio de cárcel, el que ahora es imputado por otros delitos de 2006 cuando era concejal de Urbanismo. La lenta justicia vuelve a demostrar su falta de eficacia pues lo que no sabemos es si alguno de los delitos que se le achacan ha podido prescribir.
"ANDALUCÍAINFORMACIÓN* : El titular del juzgado de instrucción nº4 de Jerez de la Frontera ha dictado un auto en el que explica que hay indicios que apuntan a que Pacheco y a otros excargos municipales, como Luis Cruz, exresponsable de la Gerencia Municipal de Urbanismo, cometieron prevaricación, falsedad continuada en documento oficial y fraude a la Administración, en concurso con un presunto delito de malversación de caudales públicos en grado de tentativa.

En el auto, el juez da por finalizada la instrucción del caso y pide a las partes personadas en él que presenten sus escritos de calificaciones y las peticiones provisionales de condena que trasladarán en su día al juicio, según han confirmado a Efe fuentes jurídicas.

El juez acusa en el escrito a un total de once personas, entre ellas Pacheco y Cruz, otros excargos municipales, el ex hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Jerez, Francisco Gómez, y un constructor, por cargar a las arcas municipales las obras de reforma de la casa que la hermandad tiene en la aldea de Almonte.

El juez explica que en el 2006, cuando Pacheco era primer teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, el entonces hermano mayor de la hermandad contactó con el Ayuntamiento para pedir una ayuda para esta reforma. Pacheco se comprometió, según el auto, a que el Ayuntamiento se hiciera cargo de las obras, que se facturarían aparentando obras menores en barriadas de Jerez que nunca se hicieron, de tal forma que el proceso no exigiera licitación pública.

Se hizo un primer proyecto que tenía un presupuesto de 300.000 euros y un segundo que lo cifró en 77.000 euros. Las obras fueron ejecutadas y finalizadas en primavera del 2007, el mismo año en el que, tras unas elecciones, hubo cambios en el gobierno municipal, tras lo que las irregularidades fueron descubiertas y las facturas no fueron pagadas.

El ex hermano mayor de la hermandad imputado en el caso ha asegurado hoy a Efe que tiene "la conciencia muy tranquila" porque él se limitó a pedir una ayuda al Ayuntamiento para adecentar el salón y la fachada de la casa de la organización en El Rocío. "Los ayuntamientos siempre han sido el paño de lágrimas de las hermandades, porque no tienen recursos. También he llamado a las puertas de particulares para pagar el arreglo de una carreta", señala Francisco Gómez, que asegura que el Ayuntamiento se hizo cargo del trabajo y que él no fue consciente de que el procedimiento fuera irregular.

El ex hermano mayor, que es contratista de obra, explica que el constructor que llevó a cabo la reforma, también imputado, le solicitó después a él que la hermandad abonara la factura "por un precio abusivo", a lo que el se negó porque el trabajo se le había encargado "directamente" por la Gerencia Municipal de Urbanismo, que se encargo del proceso.


* Andalucía Información - EFE - 8.1.14
Foto: El exalcalde jerezano Pedro Pacheco.EFE.

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¿Del parque de Estambul al bulevar de Gamonal?

La corrupción urbanística de los últimos años ha destrozado numerosas ciudades en todo el país. Pero también ha ocurrido en otros países, aunque quizás no con la impunidad que aquí. Los ciudadanos normalmente son ajenos a las cuestiones técnicas del urbanismo, pero cuando les tocan lo suyo (el bolsillo) saltan como resortes. Es más hay muchos casos, como Marbella por ejemplo, en que los propios vecinos han sido partícipes de la propia corrupción político-financiera. Aquí ahora se presenta una curiosa comparativa con el precedente de Estambul donde el estallido inicial fue urbanístico, pero por detrás había otras cuestiones sociales muy graves, como en Burgos.
"JUAN LUIS SÁNCHEZ* : Qué potente es la idea de que lo que sucede en el barrio burgalés de Gamonal, donde cientos de vecinos impiden que avancen las obras del bulevar proyectado por el Ayuntamiento, tiene sus lazos con la resistencia del parque Gezi de Estambul, donde también un proyecto urbanístico fue el detonante de la acampada más grande de todas las que han visto las revueltas interconectadas desde 2010. Pero, ¿de verdad es comparable?

Por un lado, sí:
Es por una obra…
Esta era la idea para el Parque Gezi, junto a la plaza Taksim de Estambul: un centro comercial que sustituyera árboles y paseos.

La idea para Gamonal es un parking subterráneo donde las plazas se venderían a los vecinos por un dineral para evitar los aparcamientos autorregulados, que muchas veces creaban una doble fila crónica.

… pero en realidad, no es por una obra

Muchos de los manifestantes que conocí en el Parque Gezi de Estambul no habían estado en aquel parque nunca. Los primeros manifestantes se ataron a los árboles, sí, pero el parque no se defendió como bien ecológico sino como símbolo de mucho más: del hastío ciudadano a la injerencia en sus vidas de los poderes, contra la lógica comercial de un gobierno, el de Tayyip Edorgan, cada vez más intervencionista para saciar la agenda social conservadora islamista y cada vez más liberal para seguir creciendo en los ambientes del neoliberalismo económico y engordar la figura de la Turquía del crecimiento. En realidad, todo estalló porque la policía cargó salvajemente contra un grupo inofensivo de ecologistas y aquello fue la prueba definitiva de la soberbia del gobierno.

Tampoco hay nadie en Burgos que se manifieste solo para que le dejen aparcar como toda la vida. La obra en Gamonal es solo el detonante que también retrata ese ambiente de: mira, suficiente tenemos con todo lo que está pasando, con el fraude democrático en el que vivimos, con la estafa que está siendo la crisis como para que encima me toques también mi calle, como si no hubiera otras cosas que hacer.

Tanto Gezi como la calle Vitoria de Burgos son entornos públicos, mantenidos por el estado, pero sobre los que los vecinos reclaman una titularidad común para mantener una reglas no escritas de uso.

Distorsión mediática esquivada en redes

El silencio mediático de los grandes grupos a lo que empezaba a pasar en la plaza Taksim y Gezi se ha convertido ya en icono de la protesta: a la hora en que empezaban los primeros disturbios, transmitidos en directo por algunas cadenas internacionales, la televisión turca emitía un documental sobre pingüinos. La manipulación posterior de las semanas de acampada fue apabullante.

En el mundo tal y como lo conocíamos, ese ahogo informativo habría servido para disminuir la presión sobre Gezi. Pero en este en el que ya vivimos, el intento de censura lo que provoca es un efecto rebote en redes sociales, y la generación hiperconectada de clase media turca convirtió Internet en su mejor aliado contra las agendas mediáticas oficiales, en poder de grupos con enlaces económicos y políticos muy claros con el Gobierno de Erdogan.

En Burgos, el promotor del proyecto de Gamonal es el dueño del Diario de Burgos, que este lunes se descuelga con un artículo de opinión sin firmar y escrito por alguien que hace mucho tiempo que no escribe para que le lean. Vamos, que no es algo que escribiría el editorialista del periódico. Se titula ‘Las diez grandes mentiras’ sobre Gamonal y no tiene desperdicio.

El otro periódico de Burgos, El Correo, también pertenece a otro constructor.

Como en Gezi, los vecinos de Gamonal han tenido que llamar la atención de los medios “de Madrid” a través de las redes sociales. Solo a través de las redes sociales llegaba uno a contenidos donde los protagonistas no fueran todos, absolutamente todos, encapuchados de negro y con cara de cabreo previolento. “Grupos violentos radicales de ultraizquierda”, se podía leer en varios medios como en los turcos hablaban de çapulcus, es decir, vándalos y perroflautas. Porque como todo el mundo sabe, la ultraizquierda radical es muy de defender la doble fila.

Pero por otro lado, no:
Sí, pero no.

El centro de la elite blanca, laica y joven del cruce entre los países árabes, Europa y Asia no es un barrio de trabajadores de Burgos. Analistas como Olga Rodríguez identificaron la pobreza en el sustrato de las protestas de Estambul, entre otros factores. Pero también es verdad que sobre el terreno mi percepción era que se trataba de una elite, laica y de izquierdas, la que tiraba del carro en una lucha desesperada contra el ascenso de otra nueva élite, tradicionalista y a la vez muy entregada al capitalismo global.

La Plaza Taksim de Estambul es un mito político en Turquía. Es un lugar clásico y frecuentado por las movilizaciones sociales y casi un lugar de peregrinación para las manifestaciones de la izquierda laica. Los alrededores de Gezi-Taksim son los de un barrio comercial, moderno, burgués, lo más ‘occidental’ dentro de Estambul, con edificios altos de hoteles lujosos mezclados con interminables aceras de restaurante de comida para llevar con cuatro mesas y con cada vez más starbucks por metro cuadrado. Gamonal es un barrio de trabajadores, que una vez estuvo tan a las afueras de Burgos que en realidad era un municipio parte, luego anexionado.

La movilización de Estambul, no, no era vecinal. Taksim y Gezi eran más bien el concentrador de todos los grandes problemas políticos, económicos, religiosos y territoriales de Turquía. Los alevíes, kurdos, feministas o musulmanes comunistas llegaron a aquella plaza para yuxtaponerse (no dialogaron mucho entre ellos, no había una estrategia común) y hacer el ruido que todos escuchamos, usando las redes y las tecnologías aportadas por una juventud apartidista que prestó ese servicio a todos los descontentos con Erdogan como fórmula para mantenerlos a todos con ellos.

Lo de Gamonal, por ahora, tiene mucho más de lucha vecinal en un terreno que sí, es un símbolo como decíamos antes, pero también muy real, muy cotidiano, mucho más que Gezi para los jóvenes turcos: los aparcamientos del barrio. Es una reivindicación que conecta con muchos ejemplos de la tradición política de la España del crecimiento y el pelotazo, más que con una cumbre global de desencantos.

La comparación entre lo que pasó en Estambul y lo que sucede en Gamonal es seductora e inevitable, pero también metida un poco con calzador. Cualquier ebullición política va acompañada de nuevas palabras, nuevos puntos de vista, nuevas subjetividades, nuevos conceptos, nuevas realidades que antes eran ajenas y que ahora conectan casi automáticamente. Eso hemos aprendido. Pero las cosas no se pueden explicar antes de que ocurran o lo que se crean no son nuevas lógicas sino nuevas doctrinas.


* El Diario blog - juanlusanchez.com - 13.1.14
Foto: Burgos, proyecto bulevar Gamonal - eldiario

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