Está bien recordar este tipo de noticias para darse cuenta de la situación por la que pasa, y ha pasado, el urbanismo en este país. Las presiones políticas sobre los técnicos urbanistas han sido escandalosas y delictivas en casi todas las ocasiones. La corrupción político-financiera ha campeado a sus anchas mayoritariamente, si bien es verdad que, en algunos casos, se ha contado también con la ayuda técnica necesaria. Solo la integridad y honestidad de algunas personas ha conseguido frenar este fenómeno vergonzoso de chantaje, pero muchos técnicos han agachado la cabeza y comulgado con intereses especulativos en los que ellos no sacaban beneficio. Han callado por defender solamente su puesto de trabajo, algo éticamente reprobable, sin duda.
"LAOPINIÓN* : Los responsables de la Gerencia de Urbanismo de Málaga estudian dejar sin efecto los más de cien expedientes abiertos por construcciones ilegales a otros tantos vecinos de la urbanización Villa Arenal debido las presiones y sugerencias que reciben a través de la concejala del distrito de Cruz de Humilladero, Teresa Porras, zona donde se asienta la urbanización, según confirmaron ayer fuentes de la propia Gerencia a este periódico. Según estas mismas fuentes, los más de 160 expedientes abiertos se encuentran de momento paralizados en Urbanismo y su impulsora, la jefa de Disciplina Urbanística de la Gerencia, Teresa Domingo, ha sido apartada del caso.
Este asunto de disciplina urbanística habría derivado, según estas fuentes, en un conflicto entre la concejala Teresa Porras y la responsable de Disciplina Urbanística, lo que ha motivado incluso que planeara el cese de la jefa de Urbanismo.
Los expedientes sancionadores se encuentran ya prácticamente terminados y ha sido en este punto del proceso administrativo cuando la responsable del distrito Cruz de Humilladero, Teresa Porras, ha intervenido para presionar a Urbanismo e impedir que concluyan en una sanción para los vecinos que hayan cometido una irregularidad urbanística, según las fuentes de la propia Gerencia. Porras habría logrado el respaldo del concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, y del gerente, José Cardador, logrando que, de momento, los expedientes se paralicen.
El concejal de Urbanismo reconoció ayer a este periódico que el asunto se ha convertido en un problema, tanto por la amplitud de los expedientes abiertos, –más de 160– como por la gravedad de algunos de ellos, así como por la actitud «poco amistosa» de algunos vecinos.
Respecto a las intenciones de la concejala Teresa Porras y de otros responsables del distrito, Pomares rechazó que «existan presiones» y definió su trabajo como «de mediación». «Los responsables del distrito quieren lo mejor para sus vecinos e intentan solventar el tema salvando los intereses de esos vecinos». También quiso ser claro respecto a si aprueba el trabajo realizado en este sentido por la jefa de Disciplina Urbanística y señaló que «más que a Teresa apruebo y avalo el trabajo total del departamento».
El conflicto urbanístico con los vecinos de Villa Arenal se inició en julio del año pasado cuando a consecuencia de una denuncia, los responsables de Urbanismo comprobaron la existencia de cientos de casos de incumplimiento de la legalidad urbanística. Un recorrido en helicóptero, con la presencia de la propia Teresa Domingo, permitió detectar fotográficamente decenas de ilegalidades. La inspección permitió comprobar como las edificaciones realizadas sin los permisos correspondientes abarcaban desde la cubrición de una pérgola hasta la construcción de piscinas, cierres de trasteros e incluso la ampliación de viviendas para disponer de más espacio habitable.
Como consecuencia de ello se abrieron decenas de expedientes disciplinarios que convulsionaron la urbanización que se levanta junto a la vieja fábrica de Intelhorce. Algunos de los vecinos optaron por demoler lo construido ilegalmente para evitar sanciones, mientras que otros iniciaron conversaciones con el distrito y con Urbanismo para intentar legalizar lo construido sin licencia.
Producto de todo ello es que hay unos 160 expedientes abiertos por construir ilegalmente. La responsable de Disciplina Urbanística, amparándose en la legalidad, ha continuado con la tramitación de los expedientes.
* La Opinión - 15.1.14
Foto: Aspecto de una parte de la urbanización Villa Arenal, junto a Intelhorce.- La Opinión
Málaga.- Urbanismo recibe presiones para anular las sanciones por obras irregulares en 160 chalés
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19.1.14
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Jerez.- Imputan un nuevo delito al exalcalde Pacheco
Continúan los escándalos urbanísticos cometidos por altos cargos políticos en Jerez. Y de nuevo es el exalcalde andalucista P.Pacheco, que ya fue condenado hace un año por malversación de fondos públicos a cuatro años y medio de cárcel, el que ahora es imputado por otros delitos de 2006 cuando era concejal de Urbanismo. La lenta justicia vuelve a demostrar su falta de eficacia pues lo que no sabemos es si alguno de los delitos que se le achacan ha podido prescribir.
"ANDALUCÍAINFORMACIÓN* : El titular del juzgado de instrucción nº4 de Jerez de la Frontera ha dictado un auto en el que explica que hay indicios que apuntan a que Pacheco y a otros excargos municipales, como Luis Cruz, exresponsable de la Gerencia Municipal de Urbanismo, cometieron prevaricación, falsedad continuada en documento oficial y fraude a la Administración, en concurso con un presunto delito de malversación de caudales públicos en grado de tentativa.
En el auto, el juez da por finalizada la instrucción del caso y pide a las partes personadas en él que presenten sus escritos de calificaciones y las peticiones provisionales de condena que trasladarán en su día al juicio, según han confirmado a Efe fuentes jurídicas.
El juez acusa en el escrito a un total de once personas, entre ellas Pacheco y Cruz, otros excargos municipales, el ex hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Jerez, Francisco Gómez, y un constructor, por cargar a las arcas municipales las obras de reforma de la casa que la hermandad tiene en la aldea de Almonte.
El juez explica que en el 2006, cuando Pacheco era primer teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, el entonces hermano mayor de la hermandad contactó con el Ayuntamiento para pedir una ayuda para esta reforma. Pacheco se comprometió, según el auto, a que el Ayuntamiento se hiciera cargo de las obras, que se facturarían aparentando obras menores en barriadas de Jerez que nunca se hicieron, de tal forma que el proceso no exigiera licitación pública.
Se hizo un primer proyecto que tenía un presupuesto de 300.000 euros y un segundo que lo cifró en 77.000 euros. Las obras fueron ejecutadas y finalizadas en primavera del 2007, el mismo año en el que, tras unas elecciones, hubo cambios en el gobierno municipal, tras lo que las irregularidades fueron descubiertas y las facturas no fueron pagadas.
El ex hermano mayor de la hermandad imputado en el caso ha asegurado hoy a Efe que tiene "la conciencia muy tranquila" porque él se limitó a pedir una ayuda al Ayuntamiento para adecentar el salón y la fachada de la casa de la organización en El Rocío. "Los ayuntamientos siempre han sido el paño de lágrimas de las hermandades, porque no tienen recursos. También he llamado a las puertas de particulares para pagar el arreglo de una carreta", señala Francisco Gómez, que asegura que el Ayuntamiento se hizo cargo del trabajo y que él no fue consciente de que el procedimiento fuera irregular.
El ex hermano mayor, que es contratista de obra, explica que el constructor que llevó a cabo la reforma, también imputado, le solicitó después a él que la hermandad abonara la factura "por un precio abusivo", a lo que el se negó porque el trabajo se le había encargado "directamente" por la Gerencia Municipal de Urbanismo, que se encargo del proceso.
* Andalucía Información - EFE - 8.1.14
Foto: El exalcalde jerezano Pedro Pacheco.EFE.
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18.1.14
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¿Del parque de Estambul al bulevar de Gamonal?
La corrupción urbanística de los últimos años ha destrozado numerosas ciudades en todo el país. Pero también ha ocurrido en otros países, aunque quizás no con la impunidad que aquí. Los ciudadanos normalmente son ajenos a las cuestiones técnicas del urbanismo, pero cuando les tocan lo suyo (el bolsillo) saltan como resortes. Es más hay muchos casos, como Marbella por ejemplo, en que los propios vecinos han sido partícipes de la propia corrupción político-financiera. Aquí ahora se presenta una curiosa comparativa con el precedente de Estambul donde el estallido inicial fue urbanístico, pero por detrás había otras cuestiones sociales muy graves, como en Burgos.
"JUAN LUIS SÁNCHEZ* : Qué potente es la idea de que lo que sucede en el barrio burgalés de Gamonal, donde cientos de vecinos impiden que avancen las obras del bulevar proyectado por el Ayuntamiento, tiene sus lazos con la resistencia del parque Gezi de Estambul, donde también un proyecto urbanístico fue el detonante de la acampada más grande de todas las que han visto las revueltas interconectadas desde 2010. Pero, ¿de verdad es comparable?
Por un lado, sí:
Es por una obra…
Esta era la idea para el Parque Gezi, junto a la plaza Taksim de Estambul: un centro comercial que sustituyera árboles y paseos.
La idea para Gamonal es un parking subterráneo donde las plazas se venderían a los vecinos por un dineral para evitar los aparcamientos autorregulados, que muchas veces creaban una doble fila crónica.
… pero en realidad, no es por una obra
Muchos de los manifestantes que conocí en el Parque Gezi de Estambul no habían estado en aquel parque nunca. Los primeros manifestantes se ataron a los árboles, sí, pero el parque no se defendió como bien ecológico sino como símbolo de mucho más: del hastío ciudadano a la injerencia en sus vidas de los poderes, contra la lógica comercial de un gobierno, el de Tayyip Edorgan, cada vez más intervencionista para saciar la agenda social conservadora islamista y cada vez más liberal para seguir creciendo en los ambientes del neoliberalismo económico y engordar la figura de la Turquía del crecimiento. En realidad, todo estalló porque la policía cargó salvajemente contra un grupo inofensivo de ecologistas y aquello fue la prueba definitiva de la soberbia del gobierno.
Tampoco hay nadie en Burgos que se manifieste solo para que le dejen aparcar como toda la vida. La obra en Gamonal es solo el detonante que también retrata ese ambiente de: mira, suficiente tenemos con todo lo que está pasando, con el fraude democrático en el que vivimos, con la estafa que está siendo la crisis como para que encima me toques también mi calle, como si no hubiera otras cosas que hacer.
Tanto Gezi como la calle Vitoria de Burgos son entornos públicos, mantenidos por el estado, pero sobre los que los vecinos reclaman una titularidad común para mantener una reglas no escritas de uso.
Distorsión mediática esquivada en redes
El silencio mediático de los grandes grupos a lo que empezaba a pasar en la plaza Taksim y Gezi se ha convertido ya en icono de la protesta: a la hora en que empezaban los primeros disturbios, transmitidos en directo por algunas cadenas internacionales, la televisión turca emitía un documental sobre pingüinos. La manipulación posterior de las semanas de acampada fue apabullante.
En el mundo tal y como lo conocíamos, ese ahogo informativo habría servido para disminuir la presión sobre Gezi. Pero en este en el que ya vivimos, el intento de censura lo que provoca es un efecto rebote en redes sociales, y la generación hiperconectada de clase media turca convirtió Internet en su mejor aliado contra las agendas mediáticas oficiales, en poder de grupos con enlaces económicos y políticos muy claros con el Gobierno de Erdogan.
En Burgos, el promotor del proyecto de Gamonal es el dueño del Diario de Burgos, que este lunes se descuelga con un artículo de opinión sin firmar y escrito por alguien que hace mucho tiempo que no escribe para que le lean. Vamos, que no es algo que escribiría el editorialista del periódico. Se titula ‘Las diez grandes mentiras’ sobre Gamonal y no tiene desperdicio.
El otro periódico de Burgos, El Correo, también pertenece a otro constructor.
Como en Gezi, los vecinos de Gamonal han tenido que llamar la atención de los medios “de Madrid” a través de las redes sociales. Solo a través de las redes sociales llegaba uno a contenidos donde los protagonistas no fueran todos, absolutamente todos, encapuchados de negro y con cara de cabreo previolento. “Grupos violentos radicales de ultraizquierda”, se podía leer en varios medios como en los turcos hablaban de çapulcus, es decir, vándalos y perroflautas. Porque como todo el mundo sabe, la ultraizquierda radical es muy de defender la doble fila.
Pero por otro lado, no:
Sí, pero no.
El centro de la elite blanca, laica y joven del cruce entre los países árabes, Europa y Asia no es un barrio de trabajadores de Burgos. Analistas como Olga Rodríguez identificaron la pobreza en el sustrato de las protestas de Estambul, entre otros factores. Pero también es verdad que sobre el terreno mi percepción era que se trataba de una elite, laica y de izquierdas, la que tiraba del carro en una lucha desesperada contra el ascenso de otra nueva élite, tradicionalista y a la vez muy entregada al capitalismo global.
La Plaza Taksim de Estambul es un mito político en Turquía. Es un lugar clásico y frecuentado por las movilizaciones sociales y casi un lugar de peregrinación para las manifestaciones de la izquierda laica. Los alrededores de Gezi-Taksim son los de un barrio comercial, moderno, burgués, lo más ‘occidental’ dentro de Estambul, con edificios altos de hoteles lujosos mezclados con interminables aceras de restaurante de comida para llevar con cuatro mesas y con cada vez más starbucks por metro cuadrado. Gamonal es un barrio de trabajadores, que una vez estuvo tan a las afueras de Burgos que en realidad era un municipio parte, luego anexionado.
La movilización de Estambul, no, no era vecinal. Taksim y Gezi eran más bien el concentrador de todos los grandes problemas políticos, económicos, religiosos y territoriales de Turquía. Los alevíes, kurdos, feministas o musulmanes comunistas llegaron a aquella plaza para yuxtaponerse (no dialogaron mucho entre ellos, no había una estrategia común) y hacer el ruido que todos escuchamos, usando las redes y las tecnologías aportadas por una juventud apartidista que prestó ese servicio a todos los descontentos con Erdogan como fórmula para mantenerlos a todos con ellos.
Lo de Gamonal, por ahora, tiene mucho más de lucha vecinal en un terreno que sí, es un símbolo como decíamos antes, pero también muy real, muy cotidiano, mucho más que Gezi para los jóvenes turcos: los aparcamientos del barrio. Es una reivindicación que conecta con muchos ejemplos de la tradición política de la España del crecimiento y el pelotazo, más que con una cumbre global de desencantos.
La comparación entre lo que pasó en Estambul y lo que sucede en Gamonal es seductora e inevitable, pero también metida un poco con calzador. Cualquier ebullición política va acompañada de nuevas palabras, nuevos puntos de vista, nuevas subjetividades, nuevos conceptos, nuevas realidades que antes eran ajenas y que ahora conectan casi automáticamente. Eso hemos aprendido. Pero las cosas no se pueden explicar antes de que ocurran o lo que se crean no son nuevas lógicas sino nuevas doctrinas.
* El Diario blog - juanlusanchez.com - 13.1.14
Foto: Burgos, proyecto bulevar Gamonal - eldiario
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17.1.14
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Gamonal y el fantasma de Méndez Pozo
Como ya se ha indicado antes en este blog, el caso de rebelión ciudadana por corrupción urbanística en el barrio de Gamonal de Burgos ni es el primero ni probablemente será el último. Pero sí destaca aquí la intensidad que ha adquirido en una ciudad que otras veces ha agachado la cabeza ante el caciquismo 'popular' local. El hartazgo vecinal ha llegado hasta rebosar el vaso y ahora clama contra la prepotencia de un alcalde insensible, salvo para sus intereses privados, y una mafia financiera-empresarial que actúa a sus anchas por toda la ciudad. Destaca el empresario, constructor y mediático, Méndez Pozo, que ya en su día fue condenado por corrupción y que siempre está en la sombra sobre todo lo que ocurre en Burgos (y otras ciudades).
"ELCONFIDENCIAL* : Burgos ya no es sólo morcilla y frío. Desde el pasado viernes, los vecinos de Gamonal han acaparado la atención mediática para reivindicar su rechazo a un bulevar. Por el camino, manifestaciones diarias, bloqueo de obras y destrozos de mobiliario han servido para garantizar el interés nacional de un conflicto local. “No creo que sea símbolo de nada”, explica la geógrafa Begoña Bernal, profesora de Patrimonio Urbano y Patrimonio Natural de la Universidad de Burgos y experta como autora de trabajos como “De Gamonal a Burgos. Un capítulo en el desarrollo urbano de la ciudad de Burgos”.
“Gamonal es un barrio muy popular, de clase trabajadora, muy concienciado, afectado por el paro y por tanto con pocos recursos ahora para comprar las plazas de garaje (19.000 euros) que propone el Ayuntamiento”. Sin entrar en cuestiones técnicas, como la dificultad de construcción subterránea por el agua (Gamonal se levanta sobre el desaparecido Río Pico y entre el Arlanzón y el Río Vena), la profesora Bernal explica lo ocurrido en Gamonal como la reacción natural a “una actuación municipal innecesaria, que pretende transformar la mejor y principal calle, el eje vertebrador de toda la ciudad”.
Por si fuera poco, en este conflicto aparece en escena uno de los monstruos favoritos de Burgos, el promotor inmobiliario (Río Vena) y empresario de medios (Promecal) Antonio Miguel Méndez Pozo. El millonario dueño del Diario de Burgos y también presidente de la Cámara de Comercio, uno de los poderes fácticos regionales, aparece entre medias una vez más, como viene ocurriendo a lo largo de los últimos 40 años, desde que comenzó a despuntar como empresario del ladrillo junto a prebostes burgaleses de finales del Régimen, como relata José María Chomón en el libro “El Jefe”.
Esta vez ha bastado con que la firma de ingeniería, arquitectura y urbanismo MBG, gestionada por un hijo de Méndez Pozo, fuera responsable del diseño del proyecto (por el que ha cobrado 240.000 euros) para que su nombre y su pasado carcelario (condenado a tres años de prisión por el Caso Construcción de Burgos) salga de nuevo a la palestra, a pesar de que la obra -presupuestada en 8 millones de euros- corre a cuenta de las constructoras burgalesas Arranz Acinas y Copsa. “Es fácil enganchar a Michel por su pasado”, lamenta una persona de confianza de su equipo directivo.
El clima de tensión ha convertido la sede del Diario de Burgos en cita obligada de las movilizaciones. “No se puede ser tan parcial en una ciudad tan pequeña”, subraya un indignado de Gamonal, agraviado por la línea editorial del periódico sobre este tema. “Este caso demuestra que el poder real está concentrado en muy pocas manos. Hay que evitar que sean siempre los mismos actores los que toman las decisiones que nos afectan a todos”. Y en Burgos, con una población de 180.000 habitantes, el barrio rebelde representa un 35% de la población y vota PP como primera fuerza política desde 2011.
Promesa electoral
El bulevar de la discordia pretende remodelar, a su paso por Gamonal, un tramo de la infinita Calle Vitoria (levantada sobre la antigua nacional Madrid-Irún), el eje que atraviesa toda la ciudad y une el centro con su satélite. Como si de la reforma del aborto se tratara, el alcalde de Burgos, el popular Javier Lacalle (1969), pretende llevar a cabo su promesa electoral al pie de la letra, independientemente del número de voces críticas existente. Para la profesora Bernal, “esto es resultado del hartazgo generalizado. La gente está harta de tanta prepotencia y cansada de hacer las cosas por las buenas”.
Israel Hernando es uno de los vecinos que ha salido a la calle estos días. Forma parte de Bulevar Ahora No, movimiento vecinal que recogió el testigo de otra plataforma anterior que se disolvió días antes de que se iniciaran las movilizaciones. “¿Te imaginas que en Madrid cortan la Gran Vía para hacerla peatonal, sin consensuar con nadie? Gamonal necesita otras cosas antes, como ayudar a su gente”. Y a continuación cita de memoria la lista de recortes sociales (sanidad, guarderías, alumbrado, seguridad vial…) que ha sufrido el barrio durante el periodo de crisis para demostrar que sobran los motivos.
“La lucha de Gamonal es una lucha social. La ciudadanía rechaza la forma en que se gestiona el dinero público”. Es la opinión de Mónica Ibáñez, profesora de Sociología en la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos. “Hay un claro desencanto popular. Un barrio obrero, azotado por el paro, ve todo esto como un insulto y reacciona. No hace falta que haya algo orquestado. Las cosas pueden formarse por inercia, pero es cierto que nunca nos vale con la realidad y necesitamos trascender. El bulevar es la representación de algo que se considera innecesario, pero la cuestión no es el bulevar en sí mismo”.
Promesa electoral
El bulevar de la discordia pretende remodelar, a su paso por Gamonal, un tramo de la infinita Calle Vitoria (levantada sobre la antigua nacional Madrid-Irún), el eje que atraviesa toda la ciudad y une el centro con su satélite. Como si de la reforma del aborto se tratara, el alcalde de Burgos, el popular Javier Lacalle (1969), pretende llevar a cabo su promesa electoral al pie de la letra, independientemente del número de voces críticas existente. Para la profesora Bernal, “esto es resultado del hartazgo generalizado. La gente está harta de tanta prepotencia y cansada de hacer las cosas por las buenas”.
Israel Hernando es uno de los vecinos que ha salido a la calle estos días. Forma parte de Bulevar Ahora No, movimiento vecinal que recogió el testigo de otra plataforma anterior que se disolvió días antes de que se iniciaran las movilizaciones. “¿Te imaginas que en Madrid cortan la Gran Vía para hacerla peatonal, sin consensuar con nadie? Gamonal necesita otras cosas antes, como ayudar a su gente”. Y a continuación cita de memoria la lista de recortes sociales (sanidad, guarderías, alumbrado, seguridad vial…) que ha sufrido el barrio durante el periodo de crisis para demostrar que sobran los motivos.
“La lucha de Gamonal es una lucha social. La ciudadanía rechaza la forma en que se gestiona el dinero público”. Es la opinión de Mónica Ibáñez, profesora de Sociología en la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos. “Hay un claro desencanto popular. Un barrio obrero, azotado por el paro, ve todo esto como un insulto y reacciona. No hace falta que haya algo orquestado. Las cosas pueden formarse por inercia, pero es cierto que nunca nos vale con la realidad y necesitamos trascender. El bulevar es la representación de algo que se considera innecesario, pero la cuestión no es el bulevar en sí mismo”.
El pasado de Gamonal puede ayudar a entender el presente incendiario. No hace mucho, en el año 2005, el entonces alcalde popular, el exministro Juan Carlos Aparicio, renunció a los planes municipales de construir un parking en el barrio ante la oposición violenta de los vecinos. Ahora como entonces los problemas de circulación y aparcamiento son característicos, hasta el punto de que en algunas perpendiculares a la Calle Vitoria los coches en doble fila se aparcan sin freno de mano echado para poder ser desplazados. Pese a todo, el Ayuntamiento vuelve a disponer y los vecinos, a rechazar.
Esta particular idiosincrasia de Gamonal tiene raíces históricas. Hasta 1955 fue un municipio independiente. Ese año, Burgos incorporó bajo su perímetro a la remota aldea fechada en 935, cuando sólo era un asentamiento de campesinos ubicado en el radio de influencia del Castillo de Burgos, según explica Luis Castro, profesor del IES Félix Rodríguez de la Fuente en el trabajo “Apuntes para la historia de Gamonal de Río Pico”. El desarrollo de aquel enclave, cruce de caminos jacobeos y entorno propicio para la planta del gamón, corrió en paralelo al de Burgos hasta la mitad del SXIX.
* El Confidencial - Carlos Hernanz - 14.1.14
Foto: Burgos, asamblea vecinos Gamonal - elconfidencial
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17.1.14
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Tema: NOTICIAS CastillaLeón
El Consejo de Europa alerta sobre la corrupción en España y la politización de la Justicia
A propósito de casos vergonzosos de urbanismo salvaje como el del Algarrobico, viene el Consejo de Europa, a estas alturas, a señalar la preocupación existente por la corrupción en este país. Un poco tarde parece este rasgarse las vestiduras en Europa cuando ya se llevan más de 10 años de escándalo tras escándalo. Eso sí, pone el dedo en la llaga al advertir la implicación delictiva de diputados y altos mandos judiciales (CGPJ) en que se haya llegado a esta lamentable situación. Pero tampoco el Consejo Europeo sanciona ni exige nada urgentemente a España, simplemente lo denuncia y 'solicita' cambios. Poco riesgo tiene esa recomendación de cambio. Demasiado poco exigente.
"REPÚBLICA* : Un informe emitido este miércoles por el Consejo de Europa alerta de la preocupación que existe en este organismo por la "proliferación de escándalos de corrupción" que "debilitan la credibilidad de las instituciones españolas". El informe ha sido elaborado por el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) y, al hilo de los casos de corrupción, se detiene especialmente en el ámbito judicial, donde asegura que sus expertos han recibido quejas del "riesgo de politización" que existe en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por "el modo de elección que permite a los partidos políticos repartir los puestos del CGPJ entre sus candidatos".
Ante esta situación, recomienda que se analice el marco legislativo que rige el CGPJ y "sus repercusiones sobre la independencia efectiva y percibida de este órgano". El informe también pide incluir "criterios objetivos" y "reglas de evaluación" para nominar a altos funcionarios judiciales.
En este sentido, pide que la elección de los jueces de los tribunales Constitucional y Supremo y los presidentes de tribunales provinciales y superiores de justicia sean nominados “sin dudas sobre su independencia, imparcialidad y transparencia del proceso”.
En cuanto a la figura del fiscal general del Estado, el informe solicita revisar el método de selección, ya que, a pesar de todas las garantías, la “percepción de la independencia del fiscal general del Estado es preocupante”. Así, pide que se realicen esfuerzos para que la Fiscalía “sea y parezca imparcial, objetiva y libre de toda influencia o injerencia externa”. Asegura que, salvo casos aislados, “no existe ningún indicio serio de corrupción en jueces y fiscales”.
El informe destaca la aprobación de la nueva ley de transparencia que entró en vigor hace un mes, la labor que desarrolla la Fiscalía Anticorrupción y el papel que ha desempeñado el poder judicial español en el perfeccionamiento de las reglas deontológicas judiciales latinoamericanas. También se da cuenta del “papel clave” que desempeñan jueces y abogados individuales en la lucha contra la corrupción y les pide que “se mantengan alerta ante el riesgo de perder su imparcialidad e integridad”.
Pero, sobre todo, los expertos del Greco lamentan que España estuviera en 2008 entre los 20 países menos corruptos del mundo y el año pasado se situara en el puesto número 30. Sin citar los escándalos, el informe constata que España “ha sido el escenario de numerosos casos de corrupción protagonizados por responsables políticos de primer orden, altos funcionarios o empresarios”. Recuerda además que la crisis económica “ha acrecentado la amplitud de la desilusión y de la desconfianza de los ciudadanos”, lo que ha hecho que “la cuota de confianza en la clase política y los partidos sea bajísima”.
Entre las recomendaciones que hace el texto, destaca la adopción de un código de conducta parlamentaria, que guíe a los políticos en la prevención de conflictos de intereses, regalos e intereses financieros, y la introducción de reglas sobre la relación con los grupos de presión.
El informe es el cuarto que realiza el Greco sobre España y tiene como objetivo analizar el cumplimiento de los estándares del Consejo de Europa en la lucha contra la corrupción. En concreto, se evalúa la “Prevención de la corrupción de los parlamentarios, jueces y fiscales”.
Para la elaboración del informe, el Greco (organismo del Consejo de Europa al que pertenecen sus 47 estados miembros más EEUU y Bielorrusia) envió un cuestionario a las autoridades españolas y un grupo de expertos realizó una visita a España entre el 10 y el 14 de junio de 2013. La delegación estaba compuesta por Yves Marie Doublet, director adjunto de la Asamblea Nacional francesa; James Hamilton, ex fiscal general de Irlanda; Hans Nelen, catedrático de Criminología en la Universidad de Maastricht (Holanda); y Djuro Sessa, juez del Tribunal Supremo croata. Durante su visita, mantuvieron encuentros con jueces, fiscales, parlamentarios del Congreso y el Senado, representantes del Ministerio de Justicia, ONG, académicos y periodistas.
Las autoridades españolas deberán presentar un informe antes del 30 de junio de 2015 con las medidas adoptadas relativas a las recomendaciones realizadas.
* La República - EFE - 15.1.14
Foto: Bruselas, inetrior Consejo de Europa - EFE
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16.1.14
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Tema: NOTICIAS Europa , NOTICIAS URBANISMO , NOTICIAS VIVIENDA
Estado y Junta consideran 'cosa juzgada' que la licencia del Algarrobico vulnera la ley
Ya no se sabe si reír o llorar por el caso del famoso hotel ilegal de El Algarrobico. Han pasado 10 años (diez) desde que el ayuntamiento de Carboneras (Almería) concediera la licencia para su construcción y, gracias a la acción ciudadana, se consiguió su paralización, cuando ya se levantaba como un buque varado en medio de una playa vacía y protegida. Una historia rocambolesca ha permitido que todavía no se haya derribado por la acción de la débil justicia y de una Junta de Andalucía que también lo consintió inicialmente. Ahora veremos cómo y cuándo se termina de resolver este caso emblemático de la corrupción urbanística que ha asolado este país en los últimos 15 años. Una vergüenza que demuestra el poco valor que en España se ha dado a todo lo concerniente al urbanismo salvaje y al medio ambiente. En esto también somos diferentes al resto de Europa.
"EUROPAPRESS* : Abogacía del Estado y Junta de Andalucía piden que se confirme "íntegramente" la sentencia que ordena revisar la licencia para el hotel de El Algarrobico. En la vista oral que se celebra en audiencia pública ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ambas partes han remarcado que el permiso municipal aprobado en 2003 es "contraria" a las normativas sectoriales en materia de Costas y medioambiental.
Así, el letrado de la Abogacía del Estado ha indicado que la sala "no tiene más remedio" que declarar nulo de pleno derecho el acto administrativo por el que se aprobó la licencia ya que concurren los requisitos para considerar que la mercantil adquirió derechos contra el ordenamiento jurídico.
Al igual que el letrado de la Junta, ha hecho hincapié en que la vulneración de la Ley de Costas "es cosa juzgada" al existir tres sentencias en firme del Tribunal Supremo (TS) que sostienen que la servidumbre del dominio público marítimo-terrestre en la franja costera en la que se levanta el establecimiento de 20 plantas y 411 habitaciones es de 100 metros y, por tanto, la construcción la invade de forma parcial.
Han remarcado, asimismo, que estas resoluciones "tienen potencia para influir en el sentido de fallo" que vaya a dictar la sala y avalan "totalmente el razonamiento del juez" de Almería que dictó la resolución de septiembre de 2008 por la que se apuntó la nulidad de la licencia.
En el mismo sentido se ha pronunciado el letrado de la Junta, quien ha subrayado que se está "ventilando" si el citado permiso de obras "incumple" en materia de Costas y ambiental, y en este último caso, ha recordado que se trata de un "debate estéril" ya que, por sentencia de junio de 2012, está publicada en BOJA la calificación del suelo sobre el que se asienta el hotel como "espacio protegido no urbanizable".
Si bien ninguna de las dos administraciones, ni estatal ni autonómica, han hecho alusión a la demolición de lo edificado en el paraje enclavado en pleno parque natural de Cabo de Gata-Níjar, sí la ha interesado subsidiariamente el abogado de las asociaciones conservacionistas Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar, José Ignacio Domínguez, quien ha recordado que en los recursos que dieron lugar a la sentencia ahora en litigio se solicitaba que se condenase al Ayuntamiento de Carboneras a revisar de oficio la licencia concedida en enero de 2003, se paralizasen las obras --como así ocurrió en 2006-- y se iniciase el expediente para "la demolición de lo construido y la restablecimiento de la legalidad urbanística por ser las obras ilegales e ilegalizables".
Domínguez, quien ha sido el último en exponer las alegaciones ante el tribunal, ha advertido de que el alcalde carbonero, Salvador Hernández (Gicar), ya ha trasladado su intención "públicamente" de "hacerlo aunque declarando la validez de la licencia" por lo que de que ha reclamado al tribunal que vaya "más lejos" y no acote el fallo a obligar a la revisión de oficio del acuerdo de comisión de gobierno por el que se autorizaba la edificación del hotel de Azata del Sol, .
En la audiencia pública, que ha contado con la asistencia de simpatizantes de Greenpeace que vestían camisetas con el logo del colectivo conservacionista y que ha quedado vista para sentencia después de poco menos de dos horas y media, el Ayuntamiento y la mercantil Azata también han coincidido, en este caso, para cuestionar la competencia del magistrado que dictó la sentencia en discusión, Jesús Rivera, para pronunciarse sobre la normativa urbanística que "amparó" la concesión de la licencia, que correspondería al TSJA según han dicho, y defender su actuación como "irreprochable".
"20 AÑOS DE CONFORMIDAD DE JUNTA"
También han coincidido en arremeter contra la Junta, que, según ha destacado el letrado del Consistorio, "ha estado más de 20 años prestando conformidad a las normas de planeamiento urbanístico relativas al hotel sin ningún tipo de impugnación ni deslegitimización de las Normas Subsidiarias o del Plan Parcial del Sector ST-1" del paraje del Algarrobico sobre el que se levanta el hotel".
En esta línea, ha expuesto que no procedería obligar a revisar el permiso de obras concedido a Azata ya que ni esta ni ninguna de las herramientas urbanísticas que precedieron a su aprobación "fueron impugnadas en tiempo y forma" y, por tanto, serían "firmes". Ha remarcado el abogado municipal que "cumplía los requisitos reglados" por ley y "no había motivo alguno para no concederla" al tiempo que ha argüido que si el tribunal ordena su revisión sería "contraria a los principios de equidad y buena fe en función del principio de seguridad jurídica".
"No se puede estar cambiando a una cosa u otra porque las Normas Subsidiarias en las que se basó están aprobadas por la Junta", ha apuntillado. Ha indicado que "no se puede achacar" al Ayuntamiento que incumpliese la normativa medioambiental ya que el Algarrobico era "área urbanizable" en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata de 1994 como "así lo reconoció y ratificó la Junta" al aprobar las citadas normas, lo que no obstante entra en contradicción con lo dicho en firme en junio de 2012 por el Alto Tribunal andaluz, que considera que era "espacio protegido no urbanizable".
Por su parte, el abogado de Azata ha realizado un extenso alegato para justificar la "legalidad de la licencia", en el que ha reiterado, pese a la jurisprudencia en torno al caso, que "es absolutamente incierto" que el Plan Parcial del sector ST-1 "tuviese que estar sometido a la Ley de Costas" en lo que califica de "error incompresible" del magistrado Rivera. Ha remarcado además que cuando la sociedad adquirió los terrenos en 1999 a otras dos mercantiles, los vendedores, entre ellos "la Junta", dijeron que el suelo "no estaba sujeto a ninguna limitación que resultara del parque natural".
"Con esa información en la compra había la firme creencia de que la ampliación del espacio protegido no afectaba al sector ST-1 y además en la documentación informativa de la Junta se establecía que ese suelo correspondía a zona D2 o áreas urbanizables".
AZATA, "VÍCTIMA DE IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS"
En este punto, y tras entrar en consideraciones acerca una "supuesta extralimitación" del juez de Almería y acerca de la demora o incumplimiento presunto de plazos por parte del ministerio para ejecutar el deslinde en la franja litoral de El Algarrobico y de los recurrentes para impugnar la licencia, el letrado de la promotora ha lamentado que la "víctima" de "todas estas irregularidades" haya sido "una sociedad inversora que no ha ido a Almería a buscar problemas y que está sufriendo las gravísimas consecuencias de tanta irracionalidad".
"Se ha acusado como un defecto el no haberse revisado el plan parcial de acuerdo a la disposición adicional tercera de la Ley de Costas --ya derogada-- cuando lo cierto es que esa revisión directa la deberían haber hecho Ayuntamiento y Junta de Andalucía. Nadie actuó y se dejó a Azata en una situación de extrema debilidad", ha apuntillado.
Por último, tanto el abogado de Azata, que ha sostenido que "los vicios" de la sentencia obligan a su revocación, como el del Ayuntamiento, han cuestionado al magistrado Jesús Rivera por señalar en septiembre de 2008 que la "licencia es nula" cuando "era materia ajena" a su competencia y han rechazado "radicalmente" lo que estiman como "descalificaciones" ya que reprochó a Junta y Ayuntamiento "una burda maniobra para orillar" la declaración de suelo protegido no urbanizable del suelo.
Cronología del Algarrobico (El País)
3 de marzo de 2003. Carboneras (Almería) concede la licencia de obra.
30 de abril de 2005. Ecologistas solicitan al fiscal que investigue.
17 de noviembre de 2005. El BOE publica que la zona de deslinde de costa que afecta al hotel es de 100 metros.
2 de diciembre de 2005. Costas inicia la expropiación del hotel.
22 de febrero de 2006. Un juez paraliza de forma cautelar la obra del complejo hotelero porque podría vulnerar la ley de Costas.
30 de marzo de 2006. Obras Públicas impugna ante el juzgado la licencia municipal para construir el hotel.
10 de mayo de 2006. La Junta anuncia que ejercerá su derecho de retracto y comprará las parcelas.
5 de septiembre de 2008. Un juzgado la licencia de obras.
4 de noviembre de 2010. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestima el recurso de súplica del Ayuntamiento de Carboneras contra la decisión de prohibir cualquier actuación urbanística en el sector
27 de marzo de 2012 El Tribunal Supremo dictamina que el hotel vulnera la Ley de Costas al invadir parcialmente la zona de protección del dominio público marítimo-terrestre.
5 de julio de 2012. El Gobierno central y la Junta recuperan el consenso para demoler el hotel.
8 de enero de 2014. El TSJA rechaza los recursos de la constructora del hotel y confirma que la propiedad del suelo en el que se asienta es de la Junta.
* Europa Press - 14.1.14
Foto: El Algarrobico, hotel ilegal - turismo
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Cuando la protesta vecinal logra paralizar proyectos urbanísticos
La reciente protesta vecinal ante la injusticia urbanística, bajo forma de pelotazo político-empresarial, en el barrio de Gamonal en Burgos, ha puesto de actualidad un asunto que no es la primera vez que sucede ni probablemente será la última. Hoy día sucede con mayor empuje debido al hartazgo ciudadano ante las mentiras y los recortes sociales producidos por los políticos en el poder. Pero ha habido casos de rebelión vecinal, como el del barrio de Cabanyal en Valencia, bastante semejantes. Normalmente la corrupta casta política parece recular ante las protestas mayoritarias pero, si la justicia no interviene a tiempo, vuelven a la carga pasado un tiempo. En este sentido el papel de la justicia ha sido débil y de complicidad muchas veces con la casta político-financiera. A continuación se ven algunos ejemplos.
"20MINUTOS* : La remodelación de un barrio, la construcción de una cementera, la planificación de un parking... Muchas son las causas que han desatado la indignación vecinal recientemente en España contra proyectos de carácter urbanístico. El caso más reciente es el de Burgos, donde los vecinos del barrio de Gamonal llevan desde noviembre saliendo a la calle para evitar la conversión de la calle Vitoria en un bulevar.
A falta de saber si lograrán o no sus demandas, la geografía española está poblada de ejemplos de protestas vecinales de esta índole que sí lograron sus propósitos, en ocasiones gracias al apoyo recibido de partidos opositores o sindicatos, que sirvió para hacer ruido y presionar a un ayuntamiento o a una empresa. Estas son algunas de las protestas vecinales contra proyectos urbanísticos que en los últimos años han logrado sus objetivos:
Andalucía
Construcción de la biblioteca central de Sevilla. Los hechos ocurrieron en 2008, con el cambio de calificación de los terrenos del parque de El Prado, donde se iba a ubicar la biblioteca. El recorte de la zona verde llevó a los vecinos más próximos al lugar a presentar acciones judiciales para solicitar la paralización de este inmueble. Aunque la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y la Universidad de Sevilla recurrieron la decisión, finalmente una sentencia del Tribunal Supremo en 2011 fue favorable a los ciudadanos. Un año más tarde, en 2012, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó a la Universidad que demoliese todo lo que se había construido desde 2008 y la obligó a dejar los jardines tal y como estaban antes de las obras.
Una gasolinera no deseada en Málaga. Es la historia de un David contra Goliat. Los habitantes del distrito malagueño de Cruz de Humilladero consiguieron a base de protestar que la multinacional Carrefour trasladase la construcción de una estación de servicio pensada para construirse junto a varios bloques de viviendas. Los vecinos presentaron más de 1.500 firmas contra este proyecto en el Ayuntamiento, lograron que el PSOE se pusiera de su parte y presentara una moción en el Pleno municipal, que posteriormente respaldaron PP e IU.
Aragón
No a un centro de drogodependientes en Zaragoza. La presión vecinal en el barrio zaragozano de Rosales del Canal provocó que en marzo de 2013 la empresa encargada de construir allí un centro de rehabilitación para drogodependientes perteneciente a una asociación de índole religiosa desistiera y abandonara. El enfado de los vecinos se debía a que el Ayuntamiento hubiera cedido una parcela de titularidad pública a una entidad privada religiosa, y pedían que se construyese en esa zona equipamientos sociales, deportivos o educativos. Meses después de que la empresa abandonara la construcción, el Ayuntamiento aprobó en un pleno la paralización de las obras.
Castilla y León
Construcción de un parking en Burgos. Las marchas contra el bulevar de la calle Vitoria no son las primeras protestas protagonizadas por los vecinos de Gamonal. En agosto 2005 ya saltó la chispa de la indignación contra la construcción del parking subterráneo en la avenida Eladio Perlado. Los altercados de entonces se saldaron con heridos —hubo cargas policiales— y detenidos, e incluso hubo varias personas imputadas, acusadas de ocasionar lesiones a policías y provocar desorden público. El conflicto hizo que el entonces alcalde, Juan Carlos Aparicio, cediera a las protestas se paralizó la ejecución del párking.
Comunidad Valenciana
Plan del Cabanyal en Valencia. Este proyecto municipal que suponía el derribo de 1.650 casas en el barrio marinero de la ciudad provocó en 2010 el levantamiento de los vecinos de la zona contra las intenciones del ayuntamiento. El Gobierno central llegó a decir que este plan suponía un expolio del patrimonio. Desde entonces se encuentra paralizado en los tribunales. A principios de este mes de enero, el Gobierno respondió en una pregunta al diputado de Esquerra Unida Ricardo Sixto que estudiarán junto con la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento una adaptación del plan que permita mantener el barrio actual sin derribos.
Galicia
Obras en la plaza de España de Ferrol. En 2007, las protestas para logar la paralización de las obras en la céntrica plaza comenzaron siendo de carácter vecinal, para posteriormente unirse los partidos opositores y los sindicatos. La reforma prevía además la construcción de un edificio de carácter privado. Finalmente, la presión hizo que tras las elecciones municipales de ese mismo año, el Gobierno local —formado por una coalición PSOE-IU— ordenase parar este proyecto llegando a un acuerdo amistoso con la empresa constructora, a la que pagaron casi 8 millones de euros a cambio de aceptar la rescisión del contrato firmado en 2004.
Modificación de una carretera en A Coruña. La queja de los vecinos de los barrios coruñeses de O Birloque y Elviña llegó el pasado año hasta el propio Ministerio de Fomento, que accedió a rectificar un plan diseñado en 2008 para la avenida de Salgado Torres y conectar ambos barrios a través de un paso elevado.
Madrid
Adiós a un parking para autocaravanas en Getafe. El Ayuntamiento dio marcha atrás el pasado mes de septiembre en el proyecto de construcción de un aparcamiento para autocaravanas cerca del polideportivo de Arcas del Agua, atendiendo así a las protestas de los vecinos de la zona. En lugar de autocaravanas, en la parcela se construirán 49 plazas de aparcamiento —de las cuales 24 serán para minusválidos y 19 preferentes de minusválido—.
Proyecto urbanístico de Pacífico, en Madrid. Los residentes del distrito de Retiro sospechaban en 2011 de que en esa zona se estaba llevando a cabo una especulación urbanística en torno al proyecto del Metro de Madrid, que preveía constrir dos edificios de nueve alturas en el espacio delimitado por las calles Doctor Esquerdo, Cavanilles, Sánchez Barcaíztegui y Granada, y decidieron denunciarlo a través de un blog. Finalmente, el Ayuntamiento de Madrid cedió a sus protestas y se comprometió a edificar cuatro inmuebles de menor altura en el lugar.
Murcia
Una cementera en Abanilla. El proyecto para instalar una planta de molienda de cemento en la falda de la Sierra del Cantón generó el pasado mes de diciembre el descontento entre los centenares de vecinos que habitan las pedanías cercanas. La indignación llegó hasta el punto de encararse al alcalde en una reunión informativa organizada por el ayuntamiento, hasta que finalmente se acordó hablar con la cementera y paralizar el proyecto.
* 20 Minutos - SARA RÍOS -14.01.2014
Foto: Vecinos del barrio de Gamonal, en Burgos, concentrados frente a la comisaría de la Policía Nacional - EFE
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Valladolid.- El TSJ anula 5000 viviendas junto a un espacio natural en Aldeamayor de San Martín
Aldeamayor es una población de 12.500 habitantes, cercana a Valladolid capital, donde se pretendía dar un gran pelotazo urbanístico al autorizar una macrourbanización de 5.000 viviendas en terrenos de alto valor ecológico. En este caso la justicia ha llegado a tiempo anulando el acuerdo de la corrupta Comisión Provincial de Urbanismo que no había puesto ningún obstáculo a su construcción. Como se ve, gracias a la acción ecologista y finalmente judicial, el interés público ha primado sobre el interés privado en una acción urbanística deplorable de las autoridades 'populares' vallisoletanas.
"TERCERAINFORMACIÓN* : Por sentencia de 4 de diciembre de 2013, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Castilla y León ha anulado el Plan Parcial “Camino de Santa María” de Aldeamayor de San Martín, situado entre esta localidad y Aldeamayor Golf, donde estaba prevista la construcción de 4.969 nuevas viviendas para una población de 12.500 habitantes sobre 300 hectáreas de alto valor ecológico, afectando al espacio protegido de la Red Natura 2000 “Salgüeros de Aldeamayor”.
La sentencia del TSJ anula el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid de 30 de junio de 2009, dado que “no se ha justificado en absoluto la conveniencia de desarrollar el sector […] o la conveniencia de la transformación urbanística de los terrenos […] y más en particular que no se ha justificado que exista en Aldeamayor de San Martín la necesidad de ampliar el suelo […] con destino residencial y especialmente que sea necesaria la construcción de 4.969 viviendas más”.
La Sala reitera así el razonamiento de las sentencias anteriores anulatorias de las Normas Urbanísticas Municipales de Mucientes, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Tudela de Duero o las Áreas Homogéneas 5, 7 y 11 de Valladolid, añadiendo como motivo de ilegalidad en el caso de Aldeamayor de San Martín el incumplimiento de la obligación de resolver con plenas garantías y sin conectar con las redes municipales su propio abastecimiento de agua, establecida por el PGOU de Aldeamayor de San Martín y las Directrices de Ordenación Territorial de Valladolid y Entorno (DOTVAENT).
El voto particular de la Presidenta de la Sala destaca además que parte de los terrenos que integran el Sector litigioso se incluyen dentro del Lugar de Interés Comunitario (LIC) “Salgüeros de Aldeamayor”, incluidos en la Red Natura 2000 debido a la presencia de al menos un tipo de hábitat natural prioritario, mientras, otra parte importante del Sector colinda con el LIC.
En la ficha oficial de este espacio natural protegido se destaca “los criptohumedales salinos y la flora asociada a los mismos. Junto con Las Lagunas de Villafáfila constituyen los dos espacios de mayor interés regional para este tipo de hábitat.” En cuanto a vulnerabilidad se señala “presencia importantes amenazas de conservación debido a la presión urbanística periférica”, que en palabras de la magistrada “desde luego se incrementa sensiblemente con un desarrollo urbanístico que comporta la construcción de 4.969 viviendas”.
Resulta por ello sorprendente que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León emitiera una declaración de impacto ambiental positiva de la urbanización, admitiendo que se cercara de hormigón y ladrillo este singular espacio natural protegido en prácticamente todo su perímetro (actualmente aparece asediado e incluso invadido por la urbanización “Aldeamayor Golf” y el Polígono Industrial “El Brizo”).
Ecologistas en Acción se felicita de que en el último año la Justicia haya anulado las autorizaciones de la Junta de Castilla y León para edificar 42.000 viviendas en Valladolid y tres municipios de su entorno (Aldeamayor de San Martín, Mucientes y Tudela de Duero), poniendo de manifiesto el disparate alentado y/o permitido por las Administraciones Públicas de nuestra región: una enorme burbuja inmobiliaria que nos ha llevado al desastre económico y social que actualmente padecemos.
Por todo ello, Ecologistas en Acción pide al Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín y a la Junta de Castilla y León que pasen página de la etapa del urbanismo salvaje y “a la carta” derivado de la antigua Ley de Urbanismo y del PGOU de este municipio aprobado en 2002, haciendo prevalecer el interés general sobre el de la promotora inmobiliaria Metrovacesa, propietaria mayoritaria de un proyecto curiosamente redactado por el arquitecto municipal de Valladolid Luis Álvarez Aller, imputado en los procesos de la manipulación del PGOU de Valladolid y la reforma de los áticos del edificio vallisoletano donde reside su Alcalde.
* Tercera Información - 14.1.2013
Foto: Ubicación de la macrourbanización de 5.000 viviendas proyectada en Aldeamayor de San Martín- (CADENA SER)
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Burgos.- La presión de los vecinos de Gamonal retrasa el inicio de las obras del bulevar
La indignación social ha estallado en el barrio del Gamonal en Burgos. Los vecinos se han sublevado contra el alcalde 'popular' a raíz de unas obras previstas para su calle principal y ya llevan tres días de auténtica batalla campal. La principal causa es la falta de diálogo del ayuntamiento ante sus reivindicaciones urbanas. Aquí siempre hemos defendido un urbanismo participativo en el que desde las distintas administraciones tengan en cuenta la opinión de los afectados. Esto no ha ocurrido en Burgos debido a un alcalde prepotente y por eso ha estallado la rebelión. La idea de un bulevar no parece mala en principio, pero bajo ese proyecto ideal se esconde un pelotazo urbanístico en forma de aparcamientos carísimos y constructores corruptos amiguetes.
"ELPAÍS* : Unas 200 personas siguen concentradas a esta hora en el barrio burgalés de Gamonal, donde a las siete de la mañana estaba previsto que se retomaran las obras para convertir la calle de Vitoria en un bulevar. Pero las máquinas no han llegado. Tampoco están en las instalaciones habituales del Ayuntamiento donde se aparcan. El Ayuntamiento asegura desconocer el paradero de la maquinaria y afirma que ha sido "por motivos de seguridad" por lo que la empresa no ha empezado las obras y se ha llevado la maquinaria de las cocheras donde suelen estar guardadas.
José Damarco, jefe del gabinete de prensa del Ayuntamiento ha confirmado que las obras seguirán: "Las obras van a seguir. Habrá que presionar al Ministerio del Interior para que disuelvan a los manifestantes, porque nosotros tenemos que continuar con el proyecto". Los vecinos, mientras, corean "Gamonal no quiere bulevar" vigilados por 10 unidades de la policía.
“Muy estético, muy bonito, pero no nos sirve para nada", afirma una vecina sobre el proyecto de bulevar. "Algo tendrá que hacer el alcalde, porque no nos vamos a mover”, añade Teodora Palacios, 61 años, una de las personas que permanece en el cruce de la calle de Vitoria con la de San Bruno. Los vecinos se han organizado para hacer turnos y que en ningún momento hayan menos de 100 personas en la zona de obras.
El secretario Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, ha afirmado en una entrevista en la cadena SER que los incidentes son obra de "grupos violentos que se desplazan" a distintos puntos de España. “Volvemos a constatar cómo detrás de movimientos de vecinos se infiltran grupos violentos que generan un enorme daño social”, ha explicado. Martínez ha defendido, "para atajar estas circunstancias", la reforma de la ley de seguridad ciudadana.
Este lunes el distrito obrero suma una jornada más de protestas por el proyecto municipal. Gamonal ha vivido tres noches de violentos enfrentamientos, con cerca de 40 detenidos y varios heridos. Por las noches sus calles se convierten en un espacio hostil, donde es fácil respirar el desencanto y el odio que existe contra las autoridades. Cuando las farolas alumbran las calles y la niebla cubre la ciudad uno de los barrios más grandes de Burgos (60.000 habitantes), se transforma.
Las ventanas de los aglomerados edificios se encienden, los vecinos asoman sus cacerolas y apoyan desde su casa las protestas. Otros bajan a la carretera y animan a que todos se unan. Y empiezan la sublevación: “Gamonal no quiere bulevar”, “Libertad a los detenidos”, o “El pueblo unido jamás será vencido”.
Los vecinos volvieron a juntarse ayer: la cita fue a las siete de la tarde en su punto de reunión, la zona cero. Así llaman al cruce de la calle de Vitoria con la calle de San Bruno. Habían vivido dos días seguidos de intensas manifestaciones y de disturbios violentos en contra de la conversión de la calle de Vitoria en un bulevar.
Primero fue una cacerolada, luego caminaron hasta la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, donde estaban los detenidos desde los altercados del viernes pasado. Después, más de un millar se concentró ante el Diario de Burgos. Eran ancianos, jóvenes, niños, madres con los carritos de bebé, que protestaban a voz en grito: “Están vendidos y no cuentan lo que realmente está pasando aquí”.
Luego, el plan era regreso al punto de partida y a casa. Pero solo hace falta que uno se aventure a lanzar la primera piedra para que se repitan los altercados: sucursales de banco destrozadas, contenedores de basura quemados, las vallas que cubren la zona de obra tiradas, y las marquesinas de autobuses y cabinas de teléfonos sin cristales. Esto es lo que volvió a pasar anoche, aunque sobre las diez todo había terminado. La lluvia y la intención de madrugar para bloquear esta mañana las máquinas fue llevando a los vecinos a sus casas.
Fue justo cuando se supo que los detenidos comenzaban a quedar en libertad: 16 arrestados el viernes salieron en libertad provisional, acusados de desórdenes públicos y daños. Y 13 de los 23 del sábado, pasaron a disposición judicial. El resto, eran menores.
“Se escandalizan con una lona rota, pero no cuando destrozan a una familia con las subidas de impuestos y las inexistentes reformas sociales”, denuncia Enrique Alonso Velasca, del área de juventudes de IU. “La violencia no es lo idóneo, ni lo que buscábamos, pero a ver si así nos escucha el señor alcalde”, afirma con seriedad, mientras recibe el apoyo de quienes lo escuchan. No todos los vecinos están de acuerdo con los enfrentamientos agresivos; sin embargo, los defienden. Los justifican en que a veces, la cólera, después de dos meses de protestas pacíficas, no se puede frenar.
Casi nadie quiere dar su nombre, los enfrentamientos con los antidisturbios de los últimos días los han dejado atemorizados. Este domingo, dos mujeres han salido a la calle con lágrimas en los ojos. Llevaban pancartas donde se lee: Justicia para los detenidos. Libertad sin cargos YA!!. En la noche del sábado, cuando, junto a sus parejas, regresaban de cenar y se dirigían a su coche aparcado en una de las calles donde la batalla campal seguía, los antidisturbios alcanzaron a los hombres, de 27 y 35 años, con sus porras.
“Hay que defender a los detenidos porque han actuado por una causa justa y al alcalde hay que echarlo de Burgos”, protesta un hombre octogenario.
“Por más que le pedimos al señor alcalde que nos reciba, no nos hace caso. ¿De qué democracia hablamos cuando las autoridades no quieren dialogar con los ciudadanos?”, denuncia Ana Moreno, una de las promotoras de la plataforma Bulevar Ahora No. Fue la organización que se encargó de movilizar a los burgaleses a las manifestaciones pacíficas de los últimos dos meses.
El viernes, sin embargo, antes de los disturbios, decidieron disolverse. “No queríamos albergar a grupos violentos”, explica. La plataforma ya no es necesaria para que la gente proteste. A través de las redes sociales y del boca a boca, las personas se reúnen. “Ahora, acudimos a título propio”, confiesa Raúl Salinero, concejal de IU y que figuró como apoyo para que la organización se formara. Él asegura que han intentado por las vías institucionales lograr que el alcalde se siente a discutir con ellos y con las asociaciones vecinales, pero sin éxito. El regidor, Francisco Javier Lacalle (PP), convocó a la misma hora de la cacerolada, una rueda de prensa. En ella afirmó que el proyecto del bulevar es “resultado de la participación ciudadana”. Reprobó sin titubeos y con fuerza los actos “vandálicos” de los últimos días y felicitó a las fuerzas de seguridad por su actuación. Reconoció a la plataforma Bulevar Ahora No por presentar sus discrepancias con pasividad y aseguró que esta organización es parte del consejo de barrio. “Con ellos nos hemos reunido innumerables veces”, aseguró.
Lacalle no pudo explicar porqué están surgiendo estos grupos violentos que, según él, “no son un reflejo de Burgos”.
Manolo Alonso es un sexagenario que se ha convertido en un referente vecinal. Su autoridad es indiscutible. Cuando pide silencio, la gente se calla; cuando suplica que dejen los actos vandálicos, los jóvenes obedecen, y cuando pide la palabra, todos lo escuchan. No le gustan los disturbios violentos y estos suceden una vez que él se va a casa. “Dejan una mala imagen del barrio y no es nuestro objetivo destruir nuestra zona, pero ojalá sirva para que el alcalde reflexione”, puntualiza. Este argumento se repite una y otra vez. Luchan por su calle, no era su objetivo destruirla.
* El País - MARINA GÓMEZ-ROBLEDO - 13.1.14
Foto: Vecinos del barrio de Gamonal montan guardia esta mañana para que no se reanuden las obras. / LUIS SEVILLANO
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Sueños de grandeza rotos en la cultura valenciana
A estas alturas poco se puede decir ya del inmenso despilfarro delictivo ocurrido en los últimos 15 años en la Comunidad Valenciana. El partido popular que ha ocupado casi todas las poltronas del poder ha hecho y deshecho lo que le ha venido en gana durante este tiempo, sin casi oposición debido a las mayorías absolutas conseguidas. La consecuencia urbanística de esto ha sido la corrupción generalizada e ingentes cantidades gastadas inútilmente en obras y urbanizaciones faraónicas. Tarde o temprano esto se acaba pagando y ahora en la Comunidad solo se ven deudas por todas partes. No obstante, los altos cargos culpables del delito parecen haber escapado de una justicia débil y politizada. Lamentable.
"ELPAÍS* : Cuando la Comunidad Valenciana estaba de moda, al que osaba cuestionar los grandes proyectos de la política cultural era tildado de provinciano y antipatriota. Si se decidía construir una ópera o unos estudios de cine, lo que podía ser una buena idea, las nuevas infraestructuras debían ser las más impactantes y rutilantes. Eran los tiempos en que lo valenciano estaba a la vanguardia del mundo, según el argumentario reiterado por la Generalitat. Hoy, aquellos sueños de grandeza se han roto o se han transformado en una pesadilla para el Consell y para el contribuyente.
La Ciudad de la Luz de Alicante, que costó más de 250 millones de euros, sigue parada, generando gastos y ningún ingreso, a la espera de que las autoridades españolas y europeas resuelvan los aspectos técnicos de la venta del complejo cinematográfico o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie favorablemente al recurso presentado por Ciudad de la Luz para no devolver las ayudas públicas. El último director autóctono que intentó rodar en el complejo alicantino, el castallense Eugenio Mira, se fue con la música de Grand Piano, protagonizada por Elijah Wood, a otra parte.
Como buena parte de los profesionales del audiovisual (y de otros sectores culturales), que deben salir para buscarse la vida. Y todavía más cuando el que tenía que ser el verdadero motor de la industria, como ha sucedido en otras comunidades autónomas, como la catalana, la vasca o la gallega, se ha eliminado. Incluso el nombre de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) ha sido borrado de las señales de indicación de tráfico.
Canal 9, sin embargo, ya nada podrá hacer por “promocionar el star system” de los profesionales de la cultura valenciana, escritores, autores teatrales, actores, músicos, como propuso en 2004 el entonces (y efímero) consejero de Cultura y Educación, Esteban González Pons. “Tengo el sueño de un programa que promocione” a los profesionales valencianos, afirmó Pons. Un sueño que fue a parar al bulevar de los sueños rotos, con la idea de quedarse.
Sobre todo, tras la determinación de la Generalitat de acabar con las emisiones de Canal 9 y Ràdio 9, fundamentada en que la nulidad del expediente de regulación de empleo (ERE) y la readmisión de un millar de trabajadores comportaba un coste insostenible para las depauperadas arcas valencianas. Lo repitió el pasado viernes el presidente valenciano, Alberto Fabra, del PP, sin entrar en quién fue el causante de haber inflado la plantilla, que cobra unos 190.000 euros al día de permiso retribuido con las puertas cerradas del Centre de Producció de Burjassot.
Fabra también se refirió al desprendimiento del mosaico cerámico (trencadís) que recubre 8.000 metros cuadrados de la gigantesca fachada del Palau de les Arts. La ópera afronta su tercera gran crisis en sus ocho años de andadura, tras el hundimiento de su plataforma escénica y la inundación de sus dependencias situadas bajo el nivel del antiguo cauce del río Turia.
El presidente sostuvo que la prioridad es la seguridad del público y condicionó la reapertura del Palau (que ha suspendido el estreno de su ópera Manon Lescaut, de Puccini, en febrero) a las conclusiones del informe del Instituto Tecnológico de la Construcción. Un informe encargado sólo a raíz de la caída de cascotes de trencadís el pasado 26 de diciembre, cuando se trata de una consecuencia lógica de los abombamientos o arrugas detectadas desde hace meses en el cascarón del impactante edificio diseñado por Santiago Calatrava, que costó 478 millones de euros. Ayer se veía el caparazón de acero sin revestimiento de trencadís en otra zona localizada más abajo del primer desprendimiento, en la misma fachada.
Algunos trabajadores del Palau temen lo peor. El ejemplo de RTVV es muy reciente, la situación financiera de la Generalitat está al borde del colapso y el ERE de la plantilla de la ópera, aunque al final se pactó, no se ha llegado a cerrar del todo. Fabra apuntó una posible solución para continuar la temporada, que pasa por abrir la entrada por una fachada ya asegurada, mientras se interviene sobre la otra.
El continente (sólo el mantenimiento y apertura cuestan 3,2 millones de euros al año) sigue condicionando el contenido del Palau de la Arts, dirigido por Helga Schmidt. En el plano artístico ha logrado el reconocimiento de los aficionados y de la crítica. Tanto por la calidad de sus montajes (sus Otello y La Bohème de la temporada pasada acaban de recibir tres premios Campoamor), como por el sonido de su apreciada orquesta.
Sin embargo, la ópera no ha resuelto sus graves problemas de financiación, la Sindicatura de Comptes ha vuelto a poner algunos peros a la gestión en su informe de 2012. El Ministerio de Cultura sigue sin entrar en el patronato de su fundación y la Consejería de Cultura ha anunciado el nombramiento de un administrador.
El espacio anexo al Palau de les Arts sirve, también, de albergue de un proyecto cultural y educativo inicialmente destinado a residir en otro inmueble de ensueño, que finalmente se disolvió como azucarillo en las aguas resultantes de la explosión de la burbuja financiera, inmobiliaria y de la SGAE. Cuando Francisco Camps mostró en 2007 la maqueta de la sede europea de la Berklee College of Music de Boston, ésta se iba a alojar en un espectacular edificio de 100 metros de altura y 27 plantas, diseñado por Antón García Abril, y ubicado en suelo público. Con un coste de 95 millones de euros, podría haber ofrecido clases a 1.000 alumnos y residencia a 250 personas.
Estos días la Berklee arranca el segundo trimestre de su segundo curso en Valencia y Europa, con alumnos de todo el mundo y profesorado tanto internacional como autóctono, pero, eso sí, en un espacio muy distinto y de dimensiones más ajustadas.
Tal es el magnetismo y la necesidad de cubrir los distintos espacios del Palau de les Arts, que cuando se anunció el cese del Teatre Talía como teatro público, en la Consejería de Cultura se barajó la programación de esta céntrica y antigua sala, dedicada básicamente al teatro valenciano, pasara a la sala Martín i Soler del coliseo operístico. Fue una ensoñación impracticable que quedó en nada, del mismo modo que de la Ciudad de las Artes Escénicas que se anunció en Sagunt solo queda una nave restaurada pero vacía, cuya intervención ha costado 23 millones de euros, según constaba en el pasivo de la fundación del mismo nombre que aún en 2010 se fundió en la Fundación de las Artes y ahora desaparece con ésta.
Como desaparece la Fundación de la Llum de les Imatges, encargada de restaurar y promover el patrimonio eclesiástico valenciano con una inyección de más de 100 millones de euros. Ha sido la única línea política que se ha mantenido como un objetivo prioritario y continuado de la línea política en materia cultural de los diversos Gobiernos de la Generalitat.
La Ciudad de las Artes Escénicas, que Eduardo Zaplana anunció en 2000 para compensar a Sagunt de la virtual pérdida de la Ciudad de la Luz, que se fue finalmente a terrenos de Aguamarga de Alicante, llevaba asociado también un gran proyecto residencial. De la actividad teatral que se iba a desarrollar en los chalets y demás instalaciones de la antigua gerencia de Altos Hornos queda un fantasmagórico recuerdo en el que la representación de Las Troyanas de Irene Papas es una imagen cara e imperecedera.
La antigua nave siderúrgica saguntina acogió en 2007 el último suspiro de la Bienal de Valencia, otro proyecto que se inscribía en los sueños de grandeza de la Generalitat bajo los auspicios de la antigua secretaria autonómica de Cultura y hoy directora el IVAM, Consuelo Ciscar. De hecho, ya desde su primera edición de 2001 se la comparaba desde instancias organizadoras con la centenaria Bienal de Venecia. Ni los millones de impactos mediáticos ni los centenares de miles que visitantes a la Bienal de Valencia (según los balances oficiales que contrastaban completamente con la venta de entradas y el vacío de los espacios expositivos) impidieron que la Generalitat eliminara el encuentro entre las artes dirigido por el italiano Luigi Settembrini.
Aquellos espectáculos ya son recuerdo, mientras hoy el paro afecta a la mayoría de la profesión teatral (entre el 80 y el 90%), como recuerda en su último boletín la Associació d’Actors i Actrius del PV; el teatro valenciano apenas cuenta para los premios Max, donde brilló con luz propia años atrás, y un recinto como El Musical de El Cabanyal languidece, tras haber sido un revulsivo en la escena valenciana. “Se apostó por los contenedores para vender imagen exterior, en lugar de los contenidos”, subraya Toni Benavent, vicepresidente de Avetid, la asociación más representativa de las compañías y salas valencianas. “Si se hubiera hecho al contrario, estaríamos jodidos por la crisis, pero no tanto, porque si algo tenemos aquí es talento”. ¿Sol Picó y Carles Santos tendrían la proyección que tienen si se hubieran quedado aquí?, se pregunta.
Sobreviven las iniciativas independientes y privadas razonables e imaginativas, ajustadas a la penuria económica presente y reviven iniciativas públicas que probablemente nunca debieron dejarse, como el Circuit Teatral repuesto por Culturarts, que intenta sacar a flote la política cultural. “Es bueno que se recupere”, reconoce Benavent, “pero volvemos al punto de partida, tras perder dos años y con la mitad de presupuesto que hace cinco”.
La mitad de su presupuesto ha perdido también en apenas cinco años el IVAM, otrora buque insignia de la cultura valenciana. Su deriva expositiva le ha alejado de la primera fila de los centros españoles, como ponen de manifiesto las recientes clasificaciones de las mejores muestras del 2013, publicadas recientemente en los principales medios escritos de comunicación. Fiar sus sueños de grandeza a la puesta de marcha de su proyecto de ampliación, diseñado por los ahora Premio Pritzker Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, que forman el equipo Sanaa, se antoja como un ejercicio inane de nostalgia.
El atractivo y discutible plan de cubrir con una piel metálica de 30 metros de altura el actual edificio duerme en el cajón del olvido desde su presentación en 2003. Ni la coyuntura económica ni las prioridades políticas apuntan a un despertar del proyecto.
De modo que el IVAM se ha quedado sin ampliación y sin contar con su subsede del Centre del Carme, un espléndido complejo arquitectónico renacentista y barroco, cuya restauración está incompleta y que se ha quedado en tierra de nadie, como una suerte de cajón de sastre con capacidad para albergar todo tipo de exposiciones.
El que continúa sin contar con un continente en consonancia con su contenido es el Museo de Bellas Artes de Valencia San Pío V, de titularidad estatal y gestión autonómica. Sin embargo, el inicio de la quinta fase de ampliación este mismo año es, sin duda, una de las mejores noticias en materia cultural que se han producido en el último decenio. Ahora bien, se ha rebajado la ambición del proyecto para ahorrar costes suprimiendo el cambio de su actual acceso, justo frente a una vía de incesante tráfico rodado, por una entrada noble a través de los jardines de Vivero. La Administración asegura que se hará en el futuro, lo que sería un sueño de justicia más que de grandeza.
* El País - FERRAN BONO / JUAN MANUEL JÁTIVA - 8.1.14
Foto: Alicante, ciudad de la luz - elpais
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Un exedil de Urbanismo del PNV en Lezo será juzgado por prevaricación
Continúa la corrupción urbanística en el País Vasco, por más que los ciudadanos allí parezca que no valoren tanto esta lacra pública como en otras autonomías. Ahora es el caso de Lezo (Gipuzkoa) donde un concejal de Urbanismo del PNV es imputado por un delito continuado de prevaricación ocurrido hace 10 años (diez). Una vez más la justicia ha estado demasiado lenta y así no hay forma que estos cargos públicos sean condenados ejemplarmente, siempre además que no haya prescrito el delito.
"DIARIOVASCO* : El exedil de Urbanismo de Lezo entre los años 2003 y 2007, Jesús María Martiarena (PNV), será juzgado a principios de año en San Sebastián acusado de un delito de prevaricación por adjudicar presuntamente "de forma directa" unas obras de excavación y la redacción del proyecto de un aparcamiento en esta localidad. El exconcejal se enfrenta a una petición de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por parte de la Fiscalía de Gipuzkoa, que le imputa un delito continuado de prevaricación.
Los hechos tuvieron lugar en la legislatura comprendida entre los años 2003 y 2007, período en el que Lezo fue gobernado por el PNV y EA en coalición.
La siguiente legislatura, la localidad fue dirigida por ANV, formación que se hizo con la Alcaldía y que denunció lo sucedido ante la Fiscalía, según han señalado hoy a EFE fuentes del caso.
El Ayuntamiento de Lezo, que en la actualidad está gobernado por la coalición abertzale Bildu, ejerce la acusación particular en este caso y también reclama nueve años de inhabilitación para el procesado.
El caso se remonta al 24 de noviembre de 2003 cuando, según el escrito de acusación del Ministerio Público, la Comisión de Gobierno de la localidad aprobó un documento para "la normalización de cinco procedimientos de contratación", tras lo cual presuntamente el procesado adjudicó dos de estos proyectos "de forma directa", a pesar de que tenía "pleno conocimiento" del "procedimiento legal para las adjudicaciones".
El documento recuerda que entre las atribuciones del procesado se encontraba la aprobación de proyectos de obras y servicios que no excedieran de 30.000 euros, así como de suministros y contratos de asistencia técnica que no rebasaran los 12.000.
En este contexto, el encausado habría adjudicado "de forma directa" las obras de excavación de la parcela municipal conocida como Salva, del Polígono 107, "sin tramitar expediente administrativo de contratación" de los trabajos, "sin oferta pública" y "sin aprobación previa del órgano del gobierno municipal competente que era la Junta de Gobierno Local".
El documento de la Fiscalía aclara que el presupuesto presentado por la adjudicataria de esta excavación "ni siquiera permitía conocer las características de la obra, ya que no existía estudio previo o aproximado del gasto total", que en todo caso excedió "notablemente" de los 30.000 euros, ya que las dos facturas que presentó al Ayuntamiento posteriormente, en 2006, ascendieron a 56.524,19 euros y a 36.339,22 euros.
Asimismo, el concejal presuntamente adjudicó "directamente" a otra empresa la redacción del proyecto básico de construcción de un aparcamiento en el área de Arraitoki, así como la urbanización de la zona, que supuso un desembolso de 66.928,71 euros, más 5.116,09 "de gastos de PCV".
Los "honorarios" de esta empresa fueron pagados por el consistorio el 14 de junio de 2007, dos días antes de la fecha fijada para la constitución de los nuevos ayuntamientos surgidos de las elecciones locales celebradas el 27 de mayo de aquel año y que auparon a ANV a la Alcaldía de Lezo.
El escrito de la Fiscalía concreta que, "al igual que en el supuesto anterior, no hubo resolución municipal para tramitar" el citado expediente de contratación, no existió concurso público" ni se comunicó al órgano competente por la cuantía del desembolso.
* Diario Vasco - EFE - 7.12.13
Foto: Lezo (Gipuzkoa) - caminosantiago
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Tema: NOTICIAS País Vasco
El Gobierno vende el castillo de Maqueda por 9,5 millones
El Gobierno central sigue con su afán privatizador, llegando hasta el propio Patrimonio histórico-artístico que está sufriendo una sangría constante, como es el caso del monumental Castillo de Maqueda (Toledo). Abandonado a su suerte por el Gobierno propietario tras descartar, como es su obligación legal, la restauración y rehabilitación del castillo, solo se le ocurre que venderlo al mejor postor. Esto supone una pérdida del Patrimonio de todos, y más para los habitantes de la localidad que ven como su historia de siglos es pisoteada por unos mercaderes que pretenden sacar tajada de la venta del castillo. La justicia debería intervenir inmediatamente y hasta la misma Unesco a través de la organización 'Hispania Nostra'.
"LASPROVINCIAS* : El Ministerio del Interior se ha propuesto recaudar fondos para el Estado y, para ello, ha puesto a la venta varios inmuebles de su propiedad cuyo valor y estado de conservación pueden consultarse en su página web. Uno de estos inmuebles es el castillo de Maqueda (Toledo), una fortaleza de origen árabe, reconstruida en el siglo XV, que en las últimas décadas ha sido utilizada como cuartel de la Guardia Civil y destacamento de la Agrupación de Tráfico. Próximamente, el castillo toledano se subastará con un precio de salida de 9.588.290 euros.
El 'castillo de la Vela', como también es conocido, iba a albergar el Museo Nacional de la Guardia Civil y parte del archivo histórico de este cuerpo. Estos eran, al menos, los planes del Gobierno central en los primeros años del siglo XXI. Sin embargo, la crisis ha echado por tierra estos proyectos, algo que lamenta el alcalde de Maqueda, Esteban Ríos, del PSOE, a quien el ministerio ofreció el castillo . «Nos sentimos frustrados porque Interior nos lo ofreció, pero somos un pueblo pequeño, no tenemos dinero y, además, su mantenimiento sería muy costoso», reconoce el primer edil, que ahora se pregunta quién querrá adquirirlo y qué uso respetuoso se le dará teniendo en cuenta que la fortaleza es Monumento Histórico Artístico desde 1931.
El alcalde aún recuerda que en 2003 se iniciaron las obras para acoger en su interior el Museo Nacional de la Guardia Civil, una idea que acabó desechándose. «Todavía hay varias vitrinas montadas con un panel de los guardias civiles que ETA asesinó», apunta Esteban Ríos.
Quienes pujen y se hagan con la propiedad de este castillo en el que la reina Isabel la Católica llegó a residir dispondrán de un inmueble de tres alturas más sótano con una superficie construida de 3.523 metros cuadrados. «El castillo y su recinto son impresionantes y están muy bien conservados porque el grosor de las paredes es de más de tres metros y eso asienta mucho la edificabilidad del castillo», explica el alcalde de Maqueda, que confía en que sus nuevos dueños valoren la ubicación de la fortaleza y sus vistas pues se levanta sobre una cima. El castillo, que hace décadas fue donado por una familia al Estado, lo subastará próximamente la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE), si bien no se ha fijado una fecha concreta.
* Las Provincias - JUAN VICENTE MUÑOZ - 3.1.14
Foto: Maqueda (Toledo), castillo - galeon
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Tema: NOTICIAS CastillaMancha
La corrupción, la estrella judicial que no se apaga
Debido a la tardanza y debilidad de la acción judicial en este país, aun quedan innumerables casos de corrupción pendientes de ser investigados y sentenciados por los tribunales. En este blog se ha repetido incesantemente que poco se puede hacer en la lucha contra la corrupción urbanística si la justicia no toma medidas cautelares para evitarla o deja que las acusaciones de prevaricación política prescriban. Así se llega a este 2014 con sentencias recurridas por falta de dedicación o por excesiva politización judicial. Si a esto se unen los casos de corrupción pendientes en los tribunales, veremos un panorama bastante desolador.
"ELDIARIO* : Este año 2014 traerá una intensa actividad en los tribunales de justicia, como viene siendo habitual en los últimos años, en la que destacarán las investigaciones sobre los casos de corrupción, la estrella judicial que no se apaga. Madrid, con los casos Gürtel y Bárcenas, y Palma, con Nóos y el Palma Arena, tendrán en permanente conexión el foco de la actualidad, que también iluminará las novedades de las causas sobre los ERE fraudulentos de Sevilla y la trama de las ITV y el Palau de la Música de Barcelona.
CASO GÜRTEL (Madrid).- Investigación a una supuesta trama de corrupción ligada al PP, que comenzó a instruir en 2009 el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón (condenado después por ordenar escuchas ilegales en el caso), y que en 2014 tratará de concluir su sucesor en el juzgado, Pablo Ruz, para llevar el caso a juicio.
Hay un centenar de imputados en la causa, entre los que destacan el presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa; el extesorero del PP Luis Bárcenas (que llegó a acumular 48,2 millones de euros en Suiza y que se encuentra en prisión desde el 27 de junio), y sus antecesor en ese cargo Ángel Sanchís ("depositario y custodio" del dinero de Bárcenas "expatriado desde Suiza").
CASO BÁRCENAS (Madrid).- Pieza separada del caso Gürtel, abierta por el juez Pablo Ruz en 2013 a raíz de la publicación de los llamados "papeles de Bárcenas" sobre una supuesta contabilidad B en el PP. Los documentos reflejan presuntas donaciones de empresarios y pago de sobresueldos a altos cargos del partido.
Hasta el momento hay 17 empresarios imputados, así como el propio Bárcenas y su antecesor en la tesorería del PP Álvaro Lapuerta, así como el gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas; el exgerente del partido Cristóbal Páez y el arquitecto que realizó la reforma en la sede de la calle Génova, Gonzalo Urquijo.
También han declarado como testigos la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y sus antecesores en el cargo Francisco Álvarez Cascos y Javier Arenas, entre otros. El 19 de diciembre, Ruz envió a la policía a la sede nacional del PP, de donde se llevó cinco mil folios para la investigación.
CASO NÓOS (Baleares): Es una pieza separada del Palma Arena en la que se investigan desde 2010 varios presuntos delitos de corrupción por el supuesto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos -que fue presidido por Iñaki Urdangarin, imputado en la causa, entre 2003 y 2006-, así como fraude fiscal y blanqueo de capitales.
La investigación tiene su epicentro en Palma, pero cuenta con ramificaciones en Valencia, Barcelona y Madrid, donde hay decenas de imputados.
El juez José Castro ultima la instrucción y una de las últimas decisiones pendientes es si vuelve a imputar a la infanta Cristina para que declare, cuestión que resolverá previsiblemente en los primeros días de 2014.
PALMA ARENA (Baleares): Iniciado en 2008 para investigar el sobrecoste en la construcción del velódromo Palma Arena durante la etapa de gobierno de Jaume Matas (PP) de 2003-2007, este caso ha derivado en 26 piezas distintas, entre ellas los casos Nóos y Over, de las que por ahora se han juzgado dos.
En el primer juicio, Matas fue condenado en marzo de 2012 a 6 años de prisión por varios delitos de corrupción al beneficiar con dinero público a un periodista que le escribía los discursos, si bien el Tribunal Supremo redujo la pena a 9 meses al considerar que solo había cometido tráfico de influencias.
El pasado 8 de diciembre solicitó el indulto del Gobierno para evitar entrar en prisión, como había ordenado la Audiencia de Palma. En el segundo juicio, Matas ha sido condenado por un jurado a pagar 9.000 euros como autor de un delito de cohecho por presionar a un hotelero para que pagara a su esposa 42.111 euros por un trabajo ficticio. Respecto al resto de piezas, la mayoría se están instruyendo.
ERE FRAUDULENTOS (Sevilla): El caso de los ERE falsos suma hasta ahora 133 imputados por la juez sevillana Mercedes Alaya entre "intrusos", mediadores y altos cargos de la Junta, aunque en noviembre las nuevas ramas abiertas por esta magistrada y su compañero Juan Gutiérrez Casillas se ampliaron a nueve empresas públicas andaluzas y los avales otorgados por casi todas las consejerías.
Alaya ha imputado hasta ahora a una treintena de altos cargos o exaltos cargos de la Junta, entre ellos la exministra Magdalena Álvarez, y el pasado 22 de noviembre dio un paso más al pedir al Congreso de los Diputados y al Parlamento andaluz que certifiquen el aforamiento de los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves y cinco exconsejeros de la Junta.
La magistrada ha extendido su investigación al sindicato UGT, ha imputado a varios de sus dirigentes por posibles irregularidades en las comisiones percibidas de los ERE, y ha abierto una nueva vía que investiga el desvío de fondos de formación para otros fines, hasta el punto de haber ordenado el registro de la sede regional de esta formación.
CASO PALAU (Barcelona): Cuatro años y medio después de abrirse la investigación por el expolio del Palau de la Música a manos de Fèlix Millet y Jordi Montull, el caso está casi listo para enviarse a juicio: la Fiscalía pide 27 años para los saqueadores confesos y siete y medio para el extesorero de CDC Daniel Osàcar.
El fiscal plantea además el comiso de 6,6 millones a la formación nacionalista por las comisiones ilegales que cree que recibió de la constructora Ferrovial a cambio de obra pública, mientras la acusación particular ejercida por el Palau se ha cebado en Millet, para el que pide 81 años de cárcel, sin acusar a CDC del expolio.
También el caso de las irregularidades urbanísticas por la construcción del fallido Hotel del Palau de la Música está a las puertas de juicio, que se iniciará en febrero próximo contra Millet y Montull y la antigua cúpula de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona.
CASO ITV (Barcelona): La presunta trama de empresarios y cargos públicos que intentaba amañar el mapa de estaciones de ITV en Cataluña ha comportado este año la imputación por tráfico de influencias del diputado de CDC Oriol Pujol, al que el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) considera "vértice" entre las dos ramas de la presunta red corrupta.
La imputación de Pujol por el caso de las ITV, que sigue en instrucción, le ha costado su cargo de secretario general de CDC, funciones que ha delegado temporalmente, aunque sin renunciar a su escaño de diputado en el Parlament.
OPERACIÓN CAMPEÓN (Lugo): Tras más de dos años de diligencias, la operación Campeón, en la cual se investiga la existencia de una supuesta trama para obtener subvenciones públicas de forma fraudulenta, con el empresario lucense Jorge Dorribo -propietario de la farmacéutica Nupel- en el epicentro de las pesquisas, podría quedar definitivamente concluida antes de marzo.
Aunque el fiscal ha solicitado la práctica de nuevas diligencias en la causa, en cuyo sumario figuran más de medio centenar de imputados, la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo, Estela San José, está ya resolviendo los recursos que presentaron los abogados defensores para solicitar el sobreseimiento del proceso tras el cierre inicial de la fase de instrucción.
OPERACIÓN POKEMON (Lugo): La jueza del llamado caso Pokemon, Pilar de Lara, informó en su última resolución de que el secreto de sumario, después de casi año y medio de reserva sobre las actuaciones, podría quedar levantado "de forma parcial" antes del próximo 11 de enero, de forma que casi medio centenar de imputados, en las nueve piezas en las que ha sido dividida la causa principal, podrán conocer los hechos que les atribuye la instructora.
Esta operación investiga la existencia de varias tramas en distintas administraciones, en Galicia, Asturias y Cataluña, para hacerse con contratos y concesiones públicas a base de sobornos a los responsables políticos y en el sumario figuran como imputados los alcaldes de Santiago de Compostela, Lugo y O Carballiño, así como los antiguos regidores de Ourense y Boqueixón.
* El Diario - EFE - 31.12.13
Foto: Barcelona, Palau de la música - educastur.es
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Tema: NOTICIAS URBANISMO , NOTICIAS VIVIENDA
Imputado el alcalde de Torremolinos por presunta prevaricación urbanística
Torremolinos es una población muy cercana a Málaga capital y con un término municipal pequeño casi totalmente construido desde hace bastantes años. Por lo tanto se ha mantenido un poco al margen del boom inmobiliario de los últimos tiempos. No obstante aún queda espacio para pelotazos urbanísticos como este caso del Plan del Campo de golf, redactado hace 9 años (nueve) bajo el mandato del alcalde 'popular' P.Fernández. Este tema de corrupción urbanística ha supuesto un perjuicio patrimonial para el ayuntamiento de más de 15 millones. Ahora solo queda esperar que la justicia sea más diligente y efectiva.
"ELDIARIO* : El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández (PP), ha sido imputado por la posible comisión de delitos de prevaricación urbanística y falsedad documental, entre otros, y declarará ante el Juzgado de Instrucción nº4 de la localidad el próximo 5 de marzo. El procedimiento había sido archivado por este órgano judicial y fue reabierto en junio del año pasado por orden de la Audiencia Provincial de Málaga, que ordenó continuar investigando los hechos denunciados. En la causa se investigan las presuntas irregularidades cometidas en la venta de terrenos integrados en el plan parcial Campo de Golf de la ciudad de la Costa del Sol. Según el escrito de denuncia, la transmisión irregular de esos terrenos habría supuesto un perjuicio patrimonial para el consistorio de más de 15 millones de euros.
Los hechos datan del año 2005 y actuaciones posteriores de reparcelación del año 2008, según recoge la resolución de la Audiencia Provincial, emitida el 28 de junio. El juzgado de instrucción investiga la venta directa y, por tanto, sin concurso público, del 10% del aprovechamiento urbanístico en el sector R.1.10 del Plan Parcial de Ordenación del municipio. Según la denuncia interpuesta en su día, la superficie vendida asciende a 12.886 metros cuadrados, todo el suelo del que era propietario el Ayuntamiento en el sector.
En la denuncia se considera que la venta, que se formalizó el 4 de enero de 2005, debió realizarse mediante concurso público, por tratarse de un bien patrimonial municipal. Según el denunciante, el precio de la venta fue de 653,08 euros el metro cuadrado; en 2008, el proyecto de reparcelación definitivo aprobado por el Ayuntamiento estableció que el precio es de 1.679,85 euros. "La pérdida para las arcas municipales es de 15,347 millones de euros", asegura la representación jurídica de la acusación.
Fuentes del Consistorio aseguran que "todo se hizo de acuerdo con la Ley, con los preceptivos Informes de los Técnicos Municipales, que son los que por Ley deben hacer las valoraciones de los terrenos", y sugieren que se fue más allá de lo legalmente prescrito: "Se hizo algo inusual, como fue ratificar la valoración mediante la tasación de dichos terrenos por una de las dos empresas más solventes de España en esta materia, Tasaciones Hipotecarias S.A.".
Venta autorizada por el alcalde, según la denuncia
La denuncia explica que las tres sociedades mercantiles que adquirieron la parcela (Promociones y Proyectos Inmobiliarios Mijas, S.A., la Leala Norte, S.L. y P.Q. Suquined S. L.) vendieron el mismo día 3.500 metros cuadrados a Construcciones Reyal S.A.U. (actualmente Reyal Urbis, hoy en concurso de acreedores). Siempre según este documento, la venta inicial (del Ayuntamiento a las tres adquirentes) se fraccionó en dos contratos (por 3.094 metros cuadrados y por 9.672 metros cuadrados), lo que sirvió, explica el abogado del denunciante, para "modificar el órgano competente para la contratación": en lugar de por el Pleno, fue autorizada por el alcalde.
Los contratos fueron ratificados por el Pleno en marzo y en mayo de 2005, pero ya en abril (un mes antes de la autorización del Pleno de la segunda venta) se elevó a escritura pública el contrato de cesión de suelo entre las compradoras originales y Reyal Urbis, incorporando una certificación del Pleno datada en marzo. Esto da pie a que los denunciantes interpreten que o bien se incorporó una certificación falsa, o bien la escritura pública es falsa. Por eso, el juzgado también ha ordenado a la notaría que remita una copia de la escritura pública. Según la denuncia, Luis Miguel Salguero Gómez era representante de dos de las empresas compradoras, presidente de la Junta de Compensación del sector y trabajador de la notaría en la que se formalizó la escritura pública.
Pedro Fernández es alcalde de Torremolinos desde 1995. En 2011 revalidó la mayoría absoluta y desde entonces gobierna con el apoyo de 17 de los 25 concejales. El juez le cita a declarar "en calidad de imputado" mediante una providencia fechada el 18 de diciembre, a la que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia. Fuentes del ayuntamiento insisten en que la denuncia ya fue archivada en dos ocasiones: el 21 de diciembre de 2011 por la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo, y el 24 de abril de 2012 por el Juzgado que ahora cita a declarar al alcalde.
Sin embargo, la Audiencia ordenó el 28 de junio de 2013 la reapertura las diligencias. Se investigarán, por tanto, la posible comisión de delitos de prevaricación y falsedad documental, "sin perjuicio de una ulterior concreción, a la vista de los posibles escritos de acusación, por otros tipos penales (blanqueo, etc)", según dispone la resolución de la Audiencia Provincial. La decisión de archivar la causa, adoptada por el juzgado de instrucción, había sido apoyada por la Fiscalía, que se opuso (mediante informes de 10 de octubre de 2012 y de 2 de marzo de 2013) a la reapertura del procedimiento.
* El Diario - Néstor Cenizo - 8.1.14
Foto: Torremolinos, ayuntamiento - centroasturiano
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Tema: NOTICIAS Andalucía
