Lo que parecía imposible hace poco tiempo, está a punto de suceder ahora. El gobierno 'popular' en su afán depredador y favorable a las grandes compañías mafiosas del sector eléctrico, va a prohibir mediante nueva ley a los pequeños productores de energías renovables el que continúen haciéndolo. En vez de apoyar la autonomía energética ciudadana, algo que lleva importantes beneficios para todos en cuestión de contaminación o de economía, prohíbe que esto ocurra. Es decir, lo contrario de lo que hacen todos los países de nuestro entorno, ya que es ir contra el futuro y la propia Naturaleza. Totalmente vergonzoso y delictivo.
"JV.BARCIA* : La reforma del sector eléctrico que está a punto de aprobar el PP en solitario en las próximas semanas tiene como fin último la perpetuación de un modelo eléctrico que este año generará para esas compañías unos beneficios superiores a los 6.300 millones de euros. Esto a pesar de que la demanda peninsular de energía eléctrica en el mes de noviembre ha descendido un 0,2% con respecto al mismo mes del año anterior. Como nos recuerdan desde Ecologistas en Acción, “en los once primeros meses del año, corregidos los efectos del calendario y las temperaturas, el consumo ha sido un 2,5% inferior al del año pasado.
La demanda eléctrica bruta en este periodo ha sido de 224.513 GWh [Gigavatio hora], un 2,6% menos que en el mismo periodo de 2012”. Esos beneficios se logran a costa de tres subidas en la factura eléctrica en el presente año, de ser el tercer país europeo con la factura más cara, sólo después de Chipre e Irlanda, de arrojar a más de dos millones de familias a la pobreza energética –según datos del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE)–, de desequilibrar la balanza comercial española debido a las importaciones de recursos naturales para generar electricidad por valor de 45.000 millones de euros y de seguir contribuyendo de manera decidida al cambio climático.
Javier García Breva, presidente de la Fundación Renovables, se muestra contundente ante esta reforma: “Las nuevas normas son discriminatorias y arbitrarias con el ahorro de energía y las renovables. Un Gobierno sensato debería exigir a todas las fuentes energéticas lo que ahora se le exige al autoconsumo”.
Para Jorge Morales, director general de GeoAtlanter, eléctrica especializada en energía sostenible, “nos encontramos ante las incoherencias de un sistema eléctrico sobredimensionado, donde las grandes compañías hicieron una apuesta ruinosa por la construcción de plantas de ciclo combinado, en la creencia de que la demanda eléctrica por parte de la ciudadanía crecería, cuando en realidad ha ocurrido lo contrario”.
Claves de ‘la contrarreforma’
Los opacos y enrevesados textos de la reforma gubernamental, con más de 4.000 folios, son toda una declaración de intenciones de un sector que se ha caracterizado por la virulencia de sus embestidas y el hermetismo sus argumentos.
Para Mario Sánchez Herrero, fundador de Ecooo, un proyecto que tiene como objetivo la transformación energética, la reforma impulsada por el Gobierno tiene una triple dimensión que no se debe obviar. “En primer lugar, aquellos aspectos que guardan una relación directa con la factura de la luz, y que pasan por el incremento del término fijo de potencia y la disminución del importe variable en función del consumo eléctrico real, lo que desincentiva de manera brutal el ahorro y la eficiencia”. En segundo lugar, subraya Sánchez Herrero, “se desactiva la democratización energética a través de instalaciones de autoconsumo, con dos medidas sin parangón, como son el impuesto al sol, por el cual de cada kilowatio/hora (KWh) producido con un valor de 12,5 céntimos, siete de ellos serán para el peaje de respaldo, y a través de la amenaza, a quienes haciendo autoconsumo se nieguen a registrarse, de multas de entre seis y 60 millones de euros”. Para Sánchez Herrero, “este despropósito culmina con la culpabilización de las renovables del déficit de tarifa”.
Sobre el déficit de tarifa y el desequilibrio financiero del sistema eléctrico español, García Breva opina que “si algo queda claro en las normas con las que el Gobierno pretende equilibrar las cuentas del sistema eléctrico es la triple penalización al consumidor. Establece una subida de la luz automática y permanente, hace inviables el ahorro de energía y el autoconsumo, y la diferencia del déficit se carga a los presupuestos del Estado, es decir, al dinero del contribuyente”. Para la Fundación Renovables, “si el objetivo es elevar los ingresos del sistema, la visión recaudatoria de las medidas va a conseguir aumentar el déficit eléctrico al alentar un descenso aún mayor de la demanda”.
Respuestas a la normativa
La dimensión del dispositivo regulatorio propulsado por el ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, con el apoyo de Unesa, patronal de la industria eléctrica, es de tal calibre que ha unido críticas de agentes y sectores muy variados, como es el caso de la Federación de Empresarios del Metal, que considera que el borrador del decreto de autoconsumo “contiene unas disfunciones e incoherencias que impiden el cumplimiento de sus propios objetivos. Son tales las disfunciones detectadas que, al contrario que en los países de nuestro entorno, en el caso español puede provocar una paralización total de la industria fotovoltaica, eólica de pequeña y media potencia y de otras tecnologías renovables aplicadas al autoconsumo, como consecuencia de la indebida creación de los nuevos peajes bajo el concepto de ‘peajes de respaldo’, que en la práctica hacen inviable el autoconsumo”.
La propia base del PP se ha dividido a propósito de la iniciativa de Soria, lo que se ha evidenciado en los encarnizados y turbios enfrentamientos entre el gabinete de Montoro con el equipo de Soria. La tensión interna del Ejecutivo se ha elevado cuando, además, gobiernos autonómicos conservadores (Navarra, Murcia y Extremadura) han presentado recursos de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 9/2013, donde se adelantaban algunos de los elementos más corrosivos de la contrarreforma.
Por su parte, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, entidad que aglutina a más de 120 organizaciones y cuenta con más de diez nodos territoriales en los que participan miles de activistas, está lanzando diferentes iniciativas. Como recuerda Cote Romero, una de sus coordinadoras: “Hemos interpuesto hasta cinco denuncias ante la UE por el actual sistema energético español, hemos instado a cientos de ayuntamientos a condenar la contrarreforma de Soria. Para el 14 de diciembre tendremos nuestro primer encuentro estatal por un nuevo modelo energético y estamos analizando las posibilidades reales para lanzar una campaña de desobediencia civil. La ciudadanía no puede consentir que también le roben el sol y el viento”.
* José Vicente Barcia Magaz es responsable de Comunicación de Ecooo y Cocoordinador de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.
* Diagonal - Opinión - 16.12.13
Foto: El ministro de Industria impulsa una ley para disuadir a los pequeños productores de energía. / ÁLVARO MINGUITO
Una ley para ‘apropiarse’ del sol y del viento
El juez Silva del caso Blesa: "En España la noticia no es que haya corruptos, es que hay impunidad"
Algo evidente lo que dice este honrado juez que, como algunos pocos más, intenta denunciar la impunidad a todos los niveles que existe en este país con la corrupción, sea urbanística o de otra especie. Era sabido que no podía haber tantos casos de corrupción en las esferas del poder, sin que la propia justicia colaborase de alguna forma con esta lacra. Porque aquí ninguno de los grandes corruptos: políticos, financieros o empresariales ha pasado por la cárcel. Todos los pelotazos, todas las agresiones al territorio o a la economía han pasado de puntillas por los juzgados, cuando lo han hecho, sin recibir siquiera un pequeño apercibimiento. Así se ha llegado al punto de crearse una auténtica red mafiosa, empezando por la propia cúpula del poder. Algo inaudito en países de nuestro entorno.
"PÚBLICO* : "Me he dedicado a trabajar decentemente y me están machacando". Es la amarga queja del juez Elpidio José Silva, que envió a la cárcel al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y fue acusado por ello de prevaricación por la Fiscalía, en una querella que ha instruido en tiempo récord el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
En una entrevista con Público, el magistrado Silva destaca que "en España la noticia no es que haya corruptos, sino que hay impunidad", y recuerda que en la causa contra Blesa "nadie ha hecho nada" desde que él abandonó su instrucción hace cinco meses, sino que, al contrario, tanto la jueza que le sustituyó como el fiscal han intentado "quitárselo de encima de la manera más torticera y brutal". "Quién se haya cargado una investigación así tendrá que responder con su patrimonio", señala, tras recordar que la compra del City National Bank of Florida por Caja Madrid pudo suponer pérdidas superiores a 600 millones de euros.
"Queremos saber si ha habido una gestión delictiva en Caja Madrid o en Bancaja, y si el hundimiento de esas entidades ha llevado al rescate bancario. Porque si sale gratis hacerlo mal, mañana lo van a hacer mal otra vez", explica.
Sobre los correos electrónicos de Miguel Blesa que él ordenó intervenir y cuyo contenido está aireándose en la prensa, considera que, en contra de lo que afirma el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, "no están invalidados", y revelan "sospechas de criminalidad, indicios, alertas, o incluso pruebas de cargo". Y en cuanto a una eventual investigación penal por la difusión de los mails, como la que estudia emprender el Tribunal Superior de Madrid, advierte: "El ciudadano no está dispuesto a que le engañen y le digan que el problema es la filtración de los correos. Es seguir navegando en el cinismo más impune".
Silva entiende que si hay una "caza de brujas" contra él por parte de determinados jueces y fiscales, ese "escándalo judicial" debe ser investigado por el Tribunal Supremo."La causa que tienen abierta contra mí no vale nada, y nunca debió admitirse a trámite porque es evidente que es un disparate".
¿Por qué reabrió en 2o12 el caso contra Blesa por el crédito de 26,6 millones dado por Caja Madrid a Gerardo Díaz Ferrán cuando era consejero de la entidad?
No había más remedio. En la denuncia ya se dibujaba un delito societario, pero en 2010 no había el más mínimo indicio periférico de criminalidad, por eso archivé provisionalmente la denuncia de Manos Limpias. ¿Cúal es el dato periférico que aparece en el año 2012? Pues de un doble carácter: primero, el hundimiento de la entidad, que es un hecho notorio.
Y en segundo lugar, porque ya estaba reaperturado. Lo que acaba de decir la Audiencia Nacional en el tema de las preferentes, es decir, que al juez Fernando Andreu le corresponde investigar, equivale a decir que el asunto ya estaba reaperturado por Andreu, que debe investigar el delito societario que haya podido cometer Blesa antes que Rato. Y ello incluye créditos prestados de manera muy irregular cometiendo delito societario. Las preferentes son el mismo delito que los créditos irregulares, y todo se engloba en un delito societario que se puede haber cometido continuadamente.
El delito societario del artículo 295 del Código Penal en su modalidad de administración desleal es el delito que comete el gestor bancario, cuando gestiona la entidad contra todos los protocolos de cumplimiento, contra todas las alertas que tiene cumplir, de tal manera que con su mal obrar produce un daño económico a la entidad, y eso vale para preferentes, para créditos o para la compra del banco de Miami.
El fiscal le reprocha haber ordenado intervenir los correos de Blesa mediante una providencia y no con un auto judicial motivado.
La forma de ordenar pruebas en términos generales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal es la providencia, no el auto. Uno sólo dicta un auto cuando directamente está afectado un derecho fundamental, como cuando hay una intervención de las comunicaciones telefónicas, del correo personal o una entrada y registro en una casa. Cuando la resolución no afecta a un derecho fundamental, no se dicta por auto, por ejemplo ir a por los correos corporativos, que no son de Blesa, sino de la entidad, como dejó dicho el propio Blesa en unas normas de cumplimiento preventivo que aprobó. El correo corporativo es de la empresa.
Pero la noticia no es que sea por providencia o por auto, sino que hay personas pervirtiendo el proceso, mintiendo, diciendo cosas inciertas todo el rato y les sale gratis, no hay consecuencias. La noticia es que la postura del Ministerio Fiscal y de una serie de magistrados de la Audiencia no se entiende, y hay que investigar porque están tejiendo este lío y montando este lío en España.
¿A qué se refiere exactamente?
Cuando aparecen personalidades del ámbito institucional haciendo estas cosas, la noticia deja de ser el posible delincuente. Blesa no es la noticia. En España la noticia no es que haya corruptos. Los hay en Chicago, Nueva Jersey, Delaware, Alemania, Francia o Israel. La noticia es que en España hay impunidad, y cosas que hacen los jueces y los fiscales, que son auténticas barbaridades y no hay consecuencias, les sale gratis.
Esa impunidad es la que nos va a salir muy cara. En el caso de Novagalicia ya nos ha costado 8.000 millones de euros. Porque hay una tasa que se llama a nivel internacional tasa de integridad, que es la prima de riesgo de integridad, que si no la cumples te cuesta más dinero mantener tu país. Es una prima de riesgo de inseguridad jurídica, de corrupción, de falta de integridad, de deslealtad en la gestión. Cuando se vaya a vender Bankia, pues se venderá a la baja. Esto rebaja al país y lo deja por los suelos. No podemos dar esta imagen.
¿Los correos de Blesa son nulos, como sostiene el fiscal Moix?
Hay gente que dice: los correos son inválidos. Mentira, los correos no son inválidos porque la existencia de los correos no depende de mi resolución. Cuando yo acuerdo una cosa como pedir las declaraciones de Hacienda o los correos corporativos de Bankia, la anulación de mi resolución no puede afectar a la validez de esas pruebas, ya que su existencia no depende de mi resolución.Nunca es inválido el correo por ser inválida la providencia por la que yo acuerdo ir a por el correo.
Los correos fueron estudiados por la Guardia Civil y los peritos de KPMG, que vieron datos sospechosos. ¿Qué decía el fiscal en aquel momento?
No existía. El fiscal por aquí no ha venido nunca salvo a los actos de las prisiones (de Blesa). Nunca ha estudiado documentación ni ha hecho preguntas relevantes.
Los indicios estaban sostenidos por mí, por el equipo de la Guardia Civil, por los peritos de KPMG, por los abogados de Manos Limpias, y ahora la Audiencia Nacional, y la sección 15 de la Audiencia de Madrid, que ordena la libertad de Blesa pero dice que en el caso del banco de Miami hay importantes indicios de criminalidad. La causa está viva, pero nadie hace nada. El problema era yo, estuve cuatro meses de suspensión, he vuelto y me he abstenido ¿Porqué nadie en 5 meses ha hecho nada ahí?
Ha habido una jueza sustituta en el Juzgado.
Hay una sustituta que se ha dedicado a intentar quitarse la causa de encima. Primero enmienda mi criterio (que cabría preguntarle: oiga ¿si hay un criterio del titular, porqué lo enmienda usted?). Pero se lo salta.
Segundo: manda la causa a decanato porque no somos competentes, que era la tesis que tenía el fiscal. Decanato le dice: "Quédese con la causa porque es del 9". Pero ella, no contenta con esto, hace un informe y lo manda a la Audiencia Provincial, pero la Sección 17 le dice que "no", que es del 9, y además le dice que está bien tramitada y bien llevada la instrucción de la causa.
¿Y esto sale gratis? La Ley de Enjuiciamiento Criminal dice muy claro que mientras tú te estás intentando quitar de enmedio, investigues. No ha investigado y el fiscal del caso tampoco. Y el fiscal no es privado, lo pagan los ciudadanos. Cinco meses y se dedican a intentar quitárselo de encima de esa manera tan torticera y brutal. Pero es que es delictivo, un delito de dejación competencial, es intentar abandonar la competencia en una materia concreta.
Ningún imputado, por muy poderoso que sea, tiene poder para conseguir estas cosas. Hay que investigar lo que pasa con algunos elementos del aparato judicial. Esto es un escándalo y no tiene que ver con los imputados del caso Blesa o banco de Miami, no tienen poder para llegar a este tipo de cosas.
La impunidad es el asunto, la falta de integridad como tasa económica sin valorar, que nos cuesta dinero a todos los ciudadanos. Ya no se trata de que se investigue penalmente, sino de que puedan responder de los inmensos daños y perjuicios que pueden causar. Banco de Miami puede suponer, si es verdad la imputación, pérdidas por encima de los 600, 700, 800 millones de euros. Quien se haya cargado una investigación así tendrá que responder con su patrimonio y su responsabilidad personal.
¿Cree que cometió errores en la instrucción?
Yo me he dedicado a trabajar decentemente y me están machacando. Yo soy un juez normal, de mi nónima, que no miró el nombre de nadie en los papeles. Yo no sabía quien era Blesa. En ese caso no hubo errores, todo es impecable. Pues nada: a por el juez. No hombre, eso es romper la baraja. Yo formo parte del sistema como el que más, desde luego mucho más que los corruptos. Dejeme en paz, y persígame cuando haya hecho algo mal de verdad, pero no cuando lo haga bien y a usted no le venga bien lo que yo hago, y usted puede hacer todo tipo de cosas que se salen de las reglas del juego.
Lo que está haciendo hoy Gavilán, el fiscal Moix y la Sala del TSJ de Madrid lo están viendo más de un milllón de españoles, hay nueve o diez plataformas ciudadanas trabajando día y noche para ver lo que está pasando aquí. Hay un político, Miguel Angel Revilla, que ha recogido 134.000 firmas. Los españoles quieren saber qué pasa, no estamos dispuestos a que nos tomen más el pelo. Esto nos cuesta mucho dinero. El rescate nos ha costado 40.000 millones.
Y queremos saber que pasó en Caja Madrid, en Bancaja, si ha habido una gestión delictiva que se cargó esas entidades, y si el hundimiento de esas entidades nos ha llevado al rescate bancario. Porque si sale gratis hacerlo mal, mañana lo van a hacer mal otra vez. Y eso no lo podemos consentir.
¿Qué ha sucedido para que nadie esté investigando a Blesa y en cinco meses se haya instruido la causa contra el juez que le investigó?
Eso es un escándalo judicial. La causa de Blesa ha dejado de ser lo más importante. Esa es una de las estrategias fundamentales de la corrupción, que el imputado y los corruptos dejen de ser los protagonistas y pasen a serlo las instituciones. En España estamos subrayando uno de los mayores niveles de corrupción del mundo. Primero por la forma hipócrita en que la practicamos, y en segundo lugar por el efecto que tiene que las causas penales importantes no se muevan y que los ciudadanos vean que todo sale gratis.
La consecuencia final es que hay que investigar muy a fondo qué está pasando en el TSJ de Madrid, qué pasa con el instructor y qué pasa con los instructores de mis expedientes disciplinarios que consiguieron que yo me apartara cuatro meses del juzgado. Y si esto es un escándalo y una caza de brujas institucional contra mí, tendrá que investigarlo el Tribunal Supremo.
La causa que tiene abierta contra mí el instructor Jesús Gavilán no vale nada. Primero la querella nunca debió admitirse a trámite porque es evidente que es un disparate y no vale para nada, porque Moix (el fiscal) demuestra que ni siquiera ha estudiado la causa. No se dio cuenta de que yo me intenté inhibir en favor de la Audiencia Nacional, pero tampoco se dio cuenta de que no fui yo, sino mi compañero, Juan Antonio Toro, ya que me imputa la reapertura.
Además, no permiten que se reproduzcan los correos en la causa. Eso en sí es un hecho que bordea lo incompresible y posiblemente sea delictivo, porque está privando del derecho de defensa en términos que son muy injustos. Yo meto a alguien en prisión y tengo unos elementos de juicio. Me tiene que dejar que todos los elementos de juicio afloren en la causa que abre contra mí por prevaricación. Cómo me van a privar de ello.
Declaran los secretarios judiciales, y señalan que no había retrasos en mi juzgado, y que los que había eran por el gran cúmulo de asuntos. Después los peritos, que respaldan mi investigación, y después los guardias civiles, que la apoyan por encima de mis expectativas. El fiscal Moix se dedica a amedrentar a la secretaria judicial y a números de la Guardia Civil que acuden a declarar como testigos, les reprende. Si eso es verdad, eso es un delito. Es una atrocidad, y hay que investigarlo. Y mientras tanto el caso Blesa está dormido, y el caso Banco de Miami aunque está vivo, está también dormido.
¿Le sorprende que Fiscalía coincida con Aznar en que lo que hay investigar de los correos es su filtración?
Si ha habido filtraciones, que las investiguen. Yo no sé porqué los periodistas tienen los correos. Si existe una filtración, eso es un delito, pero desde luego es mucho más grave un delito societario o el tráfico ilegal de armas. Está muy mal filtrar correos, pero también está muy mal querer cargarte las pruebas escondiéndolas en un cofre y que nadie se pueda defender con ellas, y desprestigiándolas. Si alguien impide a un ciudadano que se defienda, en este caso yo, eso está muy mal. Es un delito grave. Y filtrarlos está mal, pero también está la libertad de expresión. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué ha pasado aquí.
Está claro que mientras yo lo investigué no hubo filtraciones, y que yo investigué en un tiempo récord. Decir que una filtración de unos correos es más relevante que la posible comisión de un delito continuado societario durante muchos años que se ha llevado por delante a la tercera entidad crediticia más importante del país, me parece que es seguir navegando en la desproporción, en la desmesura y el cinismo más impune.
¿Qué opina de que ni el fiscal ni el instructor hayan dicho ni siquiera si se han leído todos los correos?
Es una demostración de la poca seriedad y el despropósito que está guiando todo esto. Unos correos como éstos no son un paisaje, que uno se sienta y se pone a mirarlo. No se puede ver en general. Hay que coger correo por correo y estudiarlo, y su relación con la prueba documental, testifical, pericial, y con resultados de indicios de criminalidad tremendos en todas esas pruebas. O sea que los correos hay que estudiarlos uno a uno.
Y prácticamente todos los correos revelan o sospechas de criminalidad, o alertas (no es un indicio pero sí una infracción de protocolo relevante en el ámbito bancario que hay que ver si llega a constituir indicio) o indicios porque reúnen varias alertas, o incluso pruebas de cargo. Pero hay que leerlos todos y conectarlos todos.
Y no sé cómo no reaperturan la causa Blesa de una forma muy sencilla: con cualquier indicio de criminalidad de los múltiples que han surgido nuevos, y pidiendo los correos de Barcoj, Amat y de los demás imputados.
¿Los correos son íntimos, como dice el TSJ de Madrid?
Al ser correo corporativo, no afecta a la intimidad. Además, para colmo, íntimo hay muy poco, prácticamente nada. Una cosa es intimidad cien por cien, y otra cosa intimidad relacionada con posibles infracciones muy graves de gestión bancaria que se llaman alertas. Imaginemos que una persona esté gestionando una entidad bancaria y está utilizándola para fines que tienen que ver con temas de amantes, historias. Es muy importante saber que la gestiona de esa manera. Y también cuando alguien gestiona una entidad y se dedica a otros negocietes. Porque esos ramales pueden dar lugar a otras infracciones de gestión o a nuevos delitos, que ya no sean delito societario y haya que incoar diligencias aparte como en el caso del banco de Miami. Que yo recuerde uno solo es cien por cien íntimo.
¿El hecho de que se estén conociendo los correos contribuye a hacer justicia?
Justicia a la corta. La justicia que puede salir de que se estén difundiendo no la voy a negar. A la corta, la ciudadania, el lector, sabe que aqui ha pasado algo muy extraño. Eso se ha conseguido. Pero el problema es que es una justicia corta, porque la larga que se investigue todo lo que ha pasado hasta sus últimas consecuencias, esclarecerlo por los jueces, y que se vea si se tiene que condenar, y que se cumpla la pena. Esa es la justicia de verdad.
Aquí la prensa está teniendo que hacer un trabajo de mínimos, de un país que está en situación de mendacidad judicial. Y está teniendo que venir la prensa a salvar unos muebles que no le corresponden. Eso es calamitoso.
¿La impunidad puede tener que ver con que en la caja estaban representados los tres principales partidos, sindicatos y empresarios?
La impunidad que rodea a este asunto, y los motivos por los que estos procesos se manipulan, se detienen, lo explicó linea a linea en un libro que se publica a finales de enero "La justicia desahuciada. España no es país para jueces". Es de locos. Tiene que ver con personajes ilustres, personajes poderosos, elementos de la casta política, de la casta judicial. Los ciudadanos ya no aguantan más. Es un espectáculo bochornoso que les produce náuseas.
¿Hay divorcio entre la calle y la justicia?
Hay un divorcio profundo. Los jueces se han divorciado de la sociedad. Se han metido en una esfera impresentable. En sus cargos, en su rollito interno. Sin la colaboración de algunas asociaciones judiciales el Consejo General del Poder Judicial no podría haberse politizado como lo está ni llevarse a cabo el sistema de reparto de botín de cargos en el Consejo desde hace más de 20 años. Aunque hay magistrados valientes en las asociaciones que están empezando a plantear que basta ya.
El único juez al que mira la ciudadanía como un juez legítimo, respetable, y que lo está haciendo bien soy yo, y eso no vale, porque no es verdad. Soy uno más, que a lo mejor me he cansado y he sido el primero que he empezado a contar.
Blesa se queja de que usted, con sus investigaciones, le ha 'cercenado' su vida profesional
Mi trabajo afecta a los ciudadanos, por eso lo hago con la máxima responsabilidad. En el caso de Blesa, no sólo creo que le ingresé bien en prisión, es que creo que no debería estar en libertad. España es el único país del mundo occidental que le mantendría en libertad. ¿Qué eso le ha podido producir perjucios? Tendría que demostrarlos, pero tendrían que ver con que aparece rodeado de indicios en la práctica de actividades de naturaleza penal.
¿Confia en la justicia española y en que Blesa será juzgado adecuadamente?
Ahora mismo tengo la obligación por sentido común de no confiar en la justicia española. Confío en la ciudadanía, que sabrá exigir a la justicia española que haga lo que tiene que hacer. El hecho de que no esté suspendido hoy, se debe a la ciudadanía. El poder lo tienen los ciudadanos. El corrupto intenta hacer creer que el poder lo tiene él y que nada tiene solución, y el ciudadano acaba diciendo: "esto no hay quien lo cambie". Pero no es verdad, cuando los ciudadanos quieren, la sociedad cambia.
El movimiento ciudadano que se está produciendo alrededor de estas causas penales pedirá explicaciones, y se tendrán que cumplir las leyes. Cuando una causa está asociada al hundimiento de la tercera entidad financiera de un país, que era la caja de ahorros posiblemente más grande del mundo, y esa entidad está relacionada con asuntos muy turbios como aparecen en los correos --Gürtel, venta de armas-- además directamente con una gestión bancaria que ha podido dar lugar al hundimiento de esa entidad, eso interesa a los ciudadanos.
Y cuando eso está relacionado con el rescate bancario, que ha llevado a España a donde estamos: generaciones comprometidas, inicio del desmantelamiento de servicios públicos, copago, repago, personas ancianas abandonadas, la ley de asistencia desmovilizada, gente que no se puede matricular en la universidad porque no tiene dinero, millones de personas en paro, miles de empresas quebradas; los ciudadanos dicen: mire, de todos los relatos que quiero oir, este es el que más me interesa.
El ciudadano no está dispuesto a que le engañen y le digan que el problema es la filtración de los correos. No quiere ya más engaños.
* Público - ANDRÉS MUÑIZ - 2.1.14
Foto: Expresidente Blesa de Caja Madrid - 20minutos
Orihuela.- Asalto al último kilómetro virgen
Que la costa está saturada de construcciones, legales o legalizadas, es algo ya sabido. Que al empuje inicial de la dictadura con el ministro Fraga al frente, se ha ocupado casi totalmente, gracias, además, a la salvaje burbuja inmobiliaria de los últimos años, también. Pero aún quedan recónditos lugares costeros donde el acoso del brutal ladrillo no ha llegado todavía. Pocos, pero los hay. Aquí vemos el caso del municipio de Orihuela, uno de los más castigados por gobernantes 'populares' prepotentes e incultos que han hecho del pelotazo urbanístico una fuente para forrarse particularmente, tanto ellos como sus amiguetes de la mafia ladrillera.
"ELPAÍS* : El último kilómetro de costa virgen de Orihuela (Alicante) va a perder a uno de sus defensores más concienciados y la política española a uno de sus dos alcaldes ecologistas (el otro es el de Villena). Una moción de censura presentada el viernes por el PP derribará en enero a Monserrate Guillén, de Los Verdes, y con él, se quedarán sin protección un caracol endémico, una planta singular y la única zona que permitía ver el mar desde la lejanía en los 16 kilómetros de costa del quinto término municipal más grande de España.
Guillén y su Gobierno de coalición con el PSPV-PSOE estaban buscando la manera de armarse con argumentos medioambientales para detener el plan de urbanización de Cala Mosca, un proyecto aprobado por el anterior ejecutivo del PP para levantar 1.700 casas. Los populares, que tienen a 5 de sus 12 concejales imputados o condenados, han decidido acabar con el mandato verde de Guillén, un profesor de música de 56 años que ha batallado contra el poder y el dinero.
En la capital de La Vega Baja, la comarca más meridional de la Comunidad Valenciana, se juzga el 30% de los casos de corrupción de la región, en muchos casos con el cemento como elemento común. Por eso la defensa del último kilómetro de playa virgen se había convertido en algo simbólico. Sobre todo si se tiene en cuenta que en la costa oriolana se han construido 40.000 casas, de las cuales 10.000 no tienen cédula de habitabilidad. El urbanismo ha sido tan salvaje que “hay hasta piscinas privadas en viales públicos”, ejemplifica la concejal de Urbanismo, la socialista Antonia Moreno.
El proyecto urbanístico fue aprobado por la mayoría absoluta del PP en 2007, con Mónica Lorente de alcaldesa —hoy en la oposición, imputada en dos causas y con posibilidad de una tercera—. Los socialistas ya en su momento denunciaron la inexistencia de un estudio de impacto ambiental en la zona, además de que el 10% de suelo en primera línea de costa que la promotora debía ceder al Ayuntamiento fue permutado por suelo rural en una zona de huerta sin valor económico.
Cala Mosca llama la atención desde la carretera puesto que es el único momento en el que la vista descansa en el horizonte marítimo en todo el término municipal. Es un espacio de 600.000 metros cuadrados que cae en forma de acantilado sobre una cala alejada del paseo marítimo. Sus aguas están dentro de un área de protección marítima que mantiene una zona impecable de posidonia. En tierra viven dos especies endémicas: el caracol Tudorella mauretanica —al que la amenaza de extinción le ha llegado antes que un nombre común— y la jarilla de cabeza de gato, una planta que solo se localiza en poco puntos de la Península, además de Baleares, Cerdeña o el Magreb.
La Unión Europea, que llegó a visitar la zona a petición de Los Verdes, se interesó por el asunto. El 15 de noviembre pasado envió una carta recordando al Ayuntamiento y la Consejería de Medio Ambiente que el proyecto necesita de un informe de impacto ambiental del que carecía, y más tratándose de una zona con especies en peligro de extinción, por insignificantes que puedan parecer. “Son las autoridades españolas las que deben hacer respetar el derecho medioambiental comunitario”, recordaba la misiva.
Guillén pidió a la Consejería de Medio Ambiente la declaración de microrreserva de la zona, que ha decidido no entrar en el tema hasta ver el proyecto de impacto ambiental que debe realizar la empresa Grupo Inmobiliario Gomendio.
Guillén llegó al Ayuntamiento en 2003 como el primer concejal ecologista de la historia de Orihuela. Provenía de la lucha vecinal contra un vertedero que los habitantes de la pedanía oriolana de Torremendo rechazaban. En su batalla llegaban a tirarse literalmente delante de los camiones de basura. En 2011 pudo hacerse con el poder cuando la popular Mónica Lorente perdió su mayoría absoluta y ecologistas y socialistas obtuvieron el apoyo de un grupo de ediles que se escindieron del PP, cansados de corruptelas, formando una nueva formación. Precisamente, dos de esos ediles que le auparon al poder son hoy los firmantes que necesitaba el PP para el próximo 3 de enero votar una moción de censura contra Guillén.
“Hay intereses que pesan”, lamentó comedido Guillén sabiendo que su tiempo como alcalde está a punto de llegar a su fin y, por tanto, su defensa de cala Mosca, ya que es el Ayuntamiento el que debe tutelar el estudio de impacto ambiental. “En Orihuela hay intereses de poder y dinero. Y nosotros estorbamos”, sentencia.
Desde que llegó a la alcaldía en junio de 2011, Guillén se enfrentó al poder de los intocables en una ciudad en la que los cuatro alcaldes que le precedieron fueron imputados (dos condenados en firme). En su punto de mira estuvo aquel empresario que quiso instalar un vertedero en Torremendo, Ángel Fenoll, investigado hoy por un juez por supuestos vertidos ilegales en el vertedero que finalmente instaló en plena frontera murciano-alicantina. El proyecto de Fenoll originó un nuevo movimiento vecinal que llevó a 600 vecinos a acampar en el verano de 2011 frente a la planta de residuos pidiendo su cierre, deseo que cumplió Guillén: la empresa de Fenoll no tenía siquiera permiso para operar en Orihuela pese a enterrar residuos durante varios lustros en su término municipal. En 2012 Guillén municipalizó el servicio de recogida de basuras, que también gestionaba Fenoll, al estar su adjudicación bajo sospecha de amaño en la trama Brugal, todo un manual de cómo saquear dinero público a través de la gestión de los residuos y del suelo urbano y que actualmente esta en manos de la Justicia. Fenoll es el supuesto cabecilla de la trama y además, está acusado de financiar ilegalmente la campaña electoral de Lorente, la alcaldesa que le adjudicó el servicio de basuras y firmante de la moción.
En sus dos años en el Gobierno oriolano, Guillén denunció ante la Unión Europea los enterramientos ilegales que supuran en las inmediaciones del vertedero. Ante Bruselas llevó recientemente los estudios medioambientales realizados a petición judicial sobre el terreno y que alertan de la posibilidad de que la basura haya acabado filtrándose en los acuíferos de la comarca. Y nunca dejó de afear la conducta de la Diputación provincial y la Consejería de Medio Ambiente (en manos del PP) por mirar hacia otro lado y no parar un vertedero que hoy sigue funcionando desde la parte murciana.
Pero la ansiedad del PP por recuperar su feudo no se aceleró hasta este verano en el que llegó a presentar dos mociones de censura, inviables al ser apoyadas por concejales no adscritos. En estos dos años de legislatura, Guillén propició un trasiego constante de expedientes entre las concejalías y la Fiscalía sobre casos que afectan hasta a cinco ediles de la oposición. Cuatro de ellos ya están imputados; la quinta podría ser quien se postula como sustituta de Guillén, Pepa Ferrando, exresponsable de Turismo. Actualmente, una juez investiga la gestión de la futura alcaldesa en la anterior legislatura por posibles irregularidades en la contratación de servicios para la feria de turismo FITUR.
Los firmantes de la moción no esconden sus cartas. Apoyan que se vuelva a privatizar la recogida de residuos. Guillen cree que al tocar la basura se ha encontrado con un poder enraizado más de un cuarto de siglo en Orihuela. Y lo peor es que piensa que el caracol y la jarilla acabarán como él.
* El País - RUBEN ESQUITINO - 20.12.13
Foto: Orihuela, cala La Mosca - turismo
Madrid.- El ‘pelotazo’ del 3.700%
De todos es sabido que el fútbol siempre ha sido favorecido por los distintos gobiernos para tener a la gente 'embobada' mientras ellos seguían manejando los hilos de sus diferentes tropelías. Ahora la Comisión Europea ha puesto su punto de mira en varios clubs de los más poderosos y empieza a descubrir una trama corrupta de desvío del dinero público. Así sospecha que el Ayuntamiento de Madrid dirigido por Gallardón favoreció al Real Madrid al valorar en 22 millones unos terrenos que 13 años antes se estimaban en 595.000 euros. Es decir, nada menos que un pelotazo del 3.700%, si damos por buenas esas cifras.
"ELPAÍS* : ¿Dio el Ayuntamiento dirigido por el ahora ministro Alberto Ruiz-Gallardón un trato de favor al Real Madrid? ¿Tuvo justificación que el Consistorio valorara en 2011 en más de 22 millones de euros unos terrenos que 13 años antes tenían un valor de mercado de 595.000 euros, en una operación que favoreció al club blanco? Son algunas de las preguntas que deberá responder la Comisión Europea tras presentar hoy un procedimiento de sanción. Se trata de uno de los aspectos incluidos en la investigación que los servicios europeos de Competencia, bajo el mando de Joaquín Almunia, acaban de iniciar. Las sospechas de Bruselas se dirigen también contra el Barcelona, Athletic de Bilbao, Osasuna, Valencia, Elche y Hércules, por distintas cuestiones.
El documento preparado por el equipo de Almunia sobre la operación inmobiliaria del Real Madrid, al que ha tenido acceso EL PAÍS, muestra una operación en la que la Administración local se ha acogido a lo largo de más de una década a los supuestos más perniciosos para las arcas públicas.
El documento relata con precisión los pasos que ha ido dando el Ayuntamiento en lo que acabó convirtiéndose en un pelotazo inmobiliario para el Madrid. El acuerdo inicial, firmado en 1998, establecía un intercambio según el cual el equipo cedía al Consistorio 30.000 metros cuadrados situados en su Ciudad Deportiva y, a cambio, se hacía con una superficie total de 70.815 metros cuadrados: dos lotes en la zona de Julián Camarillo y unos terrenos en Las Tablas. Son estos últimos los que han despertado las sospechas de Bruselas.
Pese a lo firmado en el acuerdo inicial, un cambio legal hace pensar al Ayuntamiento en 2003 que no puede transferir a una entidad privada esas parcelas de Las Tablas, por lo que debe indemnizar al supuestamente perjudicado. A lo largo de 17 páginas, las autoridades europeas de Competencia van desmontando uno a uno los argumentos en los que se basó el organismo dirigido por Gallardón.
La imposibilidad legal de transferir las propiedades en litigio es, según Bruselas, cuestionable. Pero aún aceptando ese supuesto dudoso, Almunia y los suyos consideran que en ese caso la imposibilidad habría estado ahí desde el mismo momento en el que se firmó el contrato. Y por lo tanto, el error “es obviamente no imputable a una sola de las partes”. “Es sorprendente que las autoridades españolas no usaran este argumento para evitar hacer frente a una reclamación de más de 22 millones de euros”, continúa el documento.
Pero donde las autoridades europeas se explayan más es en el muy dudoso sistema que el Ayuntamiento de Madrid usó en 2011 en la valoración de unos terrenos que servirían para calcular la indemnización al club que preside Florentino Pérez. Bruselas tiene “serias dudas” sobre el “notable incremento” del valor de los terrenos. Es muy gráfico el cálculo que aporta uno de los demandantes: mientras que los precios del ladrillo crecieron en Las Tablas un 250% a lo largo de los 13 años analizados, la valoración de los terrenos en 22,7 millones que el Ayuntamiento aceptó como buena suponía una revalorización de los terrenos en disputa del 3.700%. Esto significa o bien que el precio acordado en 1998 era muy bajo o que el de 2011 era muy alto. “En cualquiera de los dos casos, el Real Madrid habría obtenido una ventaja de esta transacción que no se justifica en términos de mercado”, opinan en Bruselas.
“Es cierto que los precios del mercado inmobiliario aumentaron de forma considerable tras 1998. Pero también que empezaron a caer con fuerza en 2008”, añade. Es en este momento cuando las autoridades de Competencia enumeran el rosario de irregularidades que ha acompañado a la operación: el acuerdo de transferencia firmado en 1998 no iba acompañado de la evaluación independiente preceptiva; tampoco lo hubo 13 años después, cuando se efectuó el intercambio de activos con la valoración más favorable para el Madrid. La Comisión encuentra más agujeros en las explicaciones que aportaron entonces las autoridades españolas.
Al margen de si era obligatorio o no indemnizar por el terreno, y de si el precio pagado era el adecuado, la Comisión también muestra sus dudas ante una actuación de los poderes públicos que otorga una ventaja a una entidad privada que puede afectar a la competencia entre países y clubes. “Cuanto más dinero tengan los clubes para atraer a jugadores de primer nivel, más éxitos cosecharán en las competiciones, lo que les asegura más ingresos en actividades como material de promoción y derechos televisivos”, sostiene.
El documento parece responder a los argumentos que estos dos últimos días ha usado el Gobierno. Si el ministro Margallo afirmó el lunes que debe apoyar a los clubes españoles porque forman parte de la marca España; y Guindos dijo ayer que “lógicamente” defenderá los intereses españoles, la Comisión expone sus dudas “sobre la existencia de un interés común que justifique la ayuda selectiva a un protagonista muy potente de un sector económico altamente competitivo”.
Tranquilidad en los clubes, tormenta política
Los clubes españoles sobre los que pende la investigación de la Comisión Europea están tranquilos y convencidos de que no han cometido ninguna ilegalidad. “No hay nada que temer”, aseguró ayer el presidente del Athletic de Bilbao, Josu Urrutia, informa Efe. El club tiene abiertos dos frentes en Bruselas: por no haberse convertido en Sociedad Anónima Deportiva (como tampoco lo hicieron Real Madrid, Barça y Osasuna, también investigados), lo que les da ventajas fiscales, y por las ayudas recibidas para la construcción del nuevo San Mamés, en la que han participado varias administraciones vascas.
La calma que transmitió el Athletic es la misma que el lunes había trasladado el Barcelona y a la que ayer se unió Osasuna. “Nosotros ni hemos sido ayudados, ni hemos sido subvencionados, ni hemos entrado en ningún tipo de ilegalidad. Nos hemos acogido a un régimen societario que la ley nos posibilitaba”, dijo su presidente, Miguel Archanco.
Valencia, Elche y Hércules, en el punto de mira de Bruselas por los avales que recibieron de la Generalitat, el caso que más claro ven en Bruselas, no se pronunciaron. Tampoco el Madrid.
En el campo político el ambiente fue mucho más tormentoso. Las instituciones cuestionadas salieron en tromba a defenderse. Y el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, mostró su perplejidad ante el paso dado por Bruselas sin entrar a valorar la situación de cada club. “Mezcla casos muy diferentes y cuestiones muy alejadas en el tiempo y lo junta todo”, dijo Cardenal. Y añadió: “Es la Comisión la que tiene que explicar por qué cuestiona ahora la Ley del Deporte de 1990 [que creó las sociedades anónimas deportivas y permitió las excepciones] o por qué desconfía de las operaciones del Athletic y el Madrid pero no pregunta a Portugal por los estadios de la Eurocopa, por poner un ejemplo”. En Bruselas, donde hoy el colegio de comisarios trata la cuestión, la Defensora del Pueblo europea echó más leña al fuego. “La Comisión ha fallado al no dar respuesta a una queja durante más de cuatro años. No se trata solo de mala administración, sino que los ciudadanos europeos podrían detectar un conflicto de intereses dados los fuertes lazos del comisario con uno de los clubes investigados [el comisario de Competencia es Joaquín Almunia, socio del Athletic]”, dijo Emily O’Reilly en un comunicado. Desde el equipo de Almunia consideraron estas afirmaciones “inaceptables”.
* El País - LUIS DONCEL - 17.12.13
Foto: Madrid, montaje nuevo estadio Bernabeu - realmadrid
Málaga.- La corrupción aprovecha la falta de medios en los juzgados
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"ELPAÍS* : La investigación del caso Astapa sobre corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) avanza a paso de tortuga. La causa que llevó a la cárcel al exalcalde socialista Antonio Barrientos arrancó hace cinco años y medio y suma 107 imputados (dos presuntos implicados han fallecido). Ninguna de las personas vinculadas a este procedimiento podía imaginar en junio de 2008, cuando se produjeron las primeras detenciones, una demora semejante. Pero lo peor es que el final no se vislumbra. Fuentes de la investigación comentan que en 2014 estarán listos los informes policiales, aunque expresan sus dudas de que las pruebas periciales estén concluidas.
Ahí está el principal escollo: la valoración económica de los convenios urbanísticos, tema esencial sobre el que pivota el caso. Hasta ahora se han podido examinar siete acuerdos, análisis que ha concluido un presunto déficit de 20 millones de euros para las arcas municipales, y quedan pendientes cerca de 30 convenios. Esta labor debe hacerla un perito oficial y el camino recorrido en este campo ha sido una “verdadera odisea”. “La Justicia es cara y necesita medios”, añaden las fuentes. Y en Astapa la crisis se nota, porque no los hay.
Las dificultades con los peritos han dilatado la instrucción que dirige el Juzgado mixto 1 de Estepona. La presencia de un tasador ha sido irregular, a veces inexistente. En un primer momento se dispuso de uno de la Agencia Tributaria de una “calidad excepcional”, que fue el encargado de valorar los siete convenios. Pero su trabajo se limitó a eso. En una segunda fase se estimó que no podía atender las necesidades del juzgado y continuar con sus funciones ordinarias, por lo que fue desechado. Se recurrió entonces sin éxito a varios organismos de la Junta y, visto el resultado, a la compañía de tasación Tinsa, que recientemente informó de que había concluido el contrato que tenía con la Delegación de Justicia. Aparentemente, las trabas parecen haberse superado. Las fuentes consultadas explican que ahora se ha vuelto a comisionar a un perito.
En la sede judicial ni siquiera cuentan con un escáner especializado para digitalizar la documentación intervenida. Hay una máquina multifunción que también hace fotocopias e imprime y que no es adecuada, por ejemplo, para el tratamiento de planos. El sumario lo integran actualmente 58 tomos principales y unas 30 piezas documentales. Hay 163 cajas con papeles decomisados en los registros (una parte importante está pendiente de escanear) y 112 soportes informáticos. El volumen y la complejidad del caso, que investiga delitos de cohecho, malversación, fraude y blanqueo, entre otros, son enormes.
El juzgado no ha visto atendida su petición de contar con una máquina adecuada para digitalizar el procedimiento. La que se utilizó en el caso Malaya, para el que sí hubo un derroche de medios físicos y materiales, está ahora en el juzgado de Ronda que investiga el caso Acinipo. Y a la falta de algo que se presume tan básico como un escáner se suma la carga de trabajo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Estepona. Su titular, Jesús Torres, es el tercer instructor de la causa. Relevó a Isabel Conejo y a Virtudes Molina y echa jornadas de trabajo maratonianas. Es habitual que abandone la sede judicial a las seis de la tarde. Torres asume las labores propias de un juzgado mixto, es decir, lleva asuntos civiles y penales. Toma declaración, hace guardias y celebra juicios. Según fuentes judiciales, este año superará las 400 sentencias. Y en medio de todo esto instruye Astapa.
Un dato objetivo del día a día que soporta el juzgado de Torres está en la última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la de 2012. La media de ingresos de asuntos el año pasado en los cinco juzgados de Estepona fue de 1.149 en la jurisdicción civil y de 3.175 en la penal. La carga de trabajo máxima que fija el Consejo General del Poder Judicial está en 550 y 2.470 asuntos, respectivamente.
El juez y los funcionarios de Astapa escanean documentos en los ratos libres, explican las fuentes. A eso se están dedicando ahora con nueve cajas de papeles que acaban de llegar de Madrid. El equipo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) encargado de la investigación, que tiene en marcha la elaboración de varios informes y actúa en colaboración con efectivos de Málaga, tiene su sede física en el complejo policial de Canillas. Con el escáner ha pasado como con los peritos. Es todo una aventura. “Al inicio de la instrucción se pidió el auxilio de Hacienda porque tienen buenas máquinas, pero se rechazó por una cuestión de competencias”, apuntan fuentes de la investigación.
Las últimas declaraciones relacionadas con Astapa se produjeron a principios de verano. Hay en marcha cientos de informes patrimoniales de la Agencia Tributaria y están pendientes las comisiones rogatorias enviadas a Marruecos y Suiza para determinar el supuesto blanqueo de algunos implicados. La que se remitió a la República Checa ya está cumplimentada. Los convenios urbanísticos son el eje central del caso, pero la investigación abarca multitud de concesiones y contratos municipales entre 2003 y 2008. Además del exalcalde del PSOE, los principales implicados son los exediles José Ignacio Crespo, Manuel Reina y Francisco Zamorano, y el exgerente de Urbanismo Pedro López. Hay imputados arquitectos, empresarios, funcionarios y familiares de algunos excargos públicos.
Según los investigadores, el Ayuntamiento se regía por una “triple caja”. La caja A estaba perfectamente fiscalizada. La B estaría integrada por fondos no auditados procedentes de supuestas donaciones por los convenios urbanísticos que se gastaban en el ámbito municipal. Y la caja C contendría el dinero, también de convenios urbanísticos y otras concesiones, que supuestamente acababa en el “bolsillo” de algunos implicados.
Muñoz y Del Nido volverán a coincidir en el banquillo
La Audiencia de Málaga está curtida en juicios de corrupción. El principal ejemplo es el caso Malaya, sentenciado a principios de octubre y ahora pendiente de los recursos de casación anunciados ante el Tribunal Supremo, pero en los últimos años se ha especializado en procedimientos que tenían el cohecho o el blanqueo como delitos estrella. La instrucción del caso Astapa es posiblemente la que está más retrasada. Ni siquiera Acinipo, centrada en una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Ronda, acumula tanta demora a pesar de que estalló tres años después, en septiembre de 2011. Pero hay varios macrosumarios que ya han sido calificados por Anticorrupción, algunos incluso con auto de apertura de juicio, y cuya vista oral podría celebrarse a lo largo de 2014. Todo dependerá de la agilidad de los últimos trámites y del hueco disponible en las secciones de la Audiencia.
Uno de ellos es el conocido como caso Fergocom, que dirime la contratación irregular de obras en el Ayuntamiento de Marbella en 2001 y 2002. En el banquillo volverán a coincidir el exalcalde Julián Muñoz y José María del Nido, expresidente del Sevilla, condenados recientemente en firme a siete años de prisión en el caso Minutas por malversar dinero de las arcas marbellís a través de los honorarios cobrados por el abogado. Ambos se enfrentan en Fergocom a una petición fiscal de 11 años de cárcel y hay otros 11 acusados, entre ellos, dos hermanos de Del Nido. En este caso se estima un perjuicio para el Ayuntamiento de 1,6 millones de euros.
Otro procedimiento pendiente de celebración de juicio es Goldfinger. Julián Muñoz, que actualmente está en prisión, también será juzgado por la recalificación de la parcela en la que estaba la casa de Sean Connery en Marbella junto a Juan Antonio Roca, exgerente de Urbanismo marbellí y cabecilla de la trama de corrupción de Malaya. Se exponen a cuatro y ocho años de prisión, respectivamente, y hay acusados otros cinco exconcejales del GIL. Este caso también trata de determinar si existió fraude fiscal en la venta de las viviendas que se construyeron en ese suelo. En total serán enjuiciadas 17 personas, incluidos dos abogados, otros tantos empleados de banca, un empresario y varios asesores fiscales.
Procedente de otro juzgado de Marbella y también calificado por Anticorrupción está el caso Hidalgo, centrado en fraude fiscal y blanqueo de capitales. La fiscalía pide 170 años de cárcel y una multa cercana a los 1.000 millones de euros para 14 personas. Este procedimiento se centra en la labor del despacho de abogados Cruz-Conde y le costó en su día la carrera judicial al exjuez Francisco Javier de Urquía.
El último macrosumario de Málaga que ha sido calificado por el ministerio público es el caso Arcos, en el que el exalcalde socialista de Alcaucín (municipio del interior con 2.817 habitantes), José Manuel Martín Alba, se enfrenta a 226 años de cárcel por decenas de delitos, entre ellos, cohechos, blanqueos o falsedades de distinto tipo. La acusación afecta a 49 personas, incluido un exjefe de la Diputación Provincial. El caso tiene dos vertientes: la construcción y posterior legalización de viviendas levantadas en suelo no urbanizable; y la supuesta alteración de datos para dar apariencia de legalidad a determinadas edificaciones.
* El País - ESPERANZA CODINA - 29.12.13
Foto: Registro Ayuntamiento Estepona - EFE
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La Junta ha gastado más de 100 millones en la Ciudad del Medio Ambiente de Soria
La Junta de Castilla y León aprobó el pelotazo urbanístico de la Ciudad del Medio Ambiente de Soria por ley para evitar los tribunales. El Constitucional ha declarado inconstitucional el proyecto, lo que obliga a paralizar las obras. Los grupos ecologistas denuncian la inversión millonaria y exigen responsabilidades políticas. En este blog ya se ha hablado en varias ocasiones de esta enorme estafa y atentado a la Ordenación territorial causada por el Gobierno 'popular', con sede en Valladolid.
"MªJOSÉ ESTESO POVES* : El Tribunal Constitucional ha declarado estos días inconstitucional la Ciudad del Medio Ambiente porque el procedimiento empleado en su aprobación pasa por alto a los tribunales y el derecho de los ciudadanos a presentar alegaciones. La obra faraónica de la Ciudad del Medio Ambiente, que fue aprobada por ley por los diputados del PP en las Cortes de Castilla y León en marzo de 2007, se está levantando (aún siguen las obras) en el Soto de Garray (500 habitantes), en un paraje protegido, a diez kilómetros de la ciudad de Soria. El proyecto fue denunciado por la Asociación Soriana para la Defensa y el Estudio de la Naturaleza (Asden), integrada en Ecologistas en Acción. La urbanización prevista contemplaba la construcción de 800 viviendas de lujo, un parque empresarial, varios hoteles, dos torres de oficinas y un centro deportivo.
Un macroproyecto urbanístico de más de 500 hectáreas en suelo rústico de especial protección en un paraje donde se encuentran especies protegidas como la nutria, águila pescadora, tejón o milano real, entre otras, con una de las colonias de cigüeña blanca más importante de la península y donde se han talado numerosos árboles que llevaban en pie más de 300 años. Los diputados regionales del PP que impulsaron el proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente anunciaron que en esta urbanización habitarían 4.000 personas y en su ejecución se crearían más de 1.000 empleos.
Para no recibir alegaciones
El procedimiento empleado por Castilla y León para aprobar este megacomplejo fue dictar una ley a medida, que declaró el "interés regional" de la Ciudad del Medio Ambiente. Por eso, el 18 de diciembre de 2006 se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio de esta Comunidad. De esta manera, se permitió tramitar el proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente por su “interés regional” y no con el procedimiento de un plan urbanístico normal que hubiera permitido presentar alegaciones a los ciudadanos. Sólo el Tribunal Constitucional podía declarar la inconstitucionalidad de este proyecto, como ha ocurrido casi siete años después.
De la misma forma se han blindado otros proyectos urbanísticos, sobre todo en Castilla y León, cuyo "interés" es dudoso. De hecho, el Tribunal Constitucional también echó atrás el vertedero de residuos industriales de Fresno de la Ribera, en Zamora y el complejo de ocio Meseta Ski en Tordesillas, Valladolid, aprobados también por ley. En otra Comunidad Autónoma, Murcia, el Constitucional también tumbó la megaurbanización Marina de Cope.
Este ardid legal que emplea la Comunidad de Castilla y León para saltarse el control de los tribunales sólo puede ser recurrido por, al menos, 50 diputados o senadores, según establece la Constitución. En 2007, 50 diputados del PSOE llevaron al Constitucional la Ley de Aprobación del Proyecto Regional Ciudad del Medio Ambiente y el fallo se ha producido esta semana.
El Constitucional argumenta que el procedimiento por el que salió adelante la Ciudad del Medio Ambiente impide a los ciudadanos poder acudir a los tribunales. La Junta blindó este plan urbanístico, para evitar que se parase como acababa de ocurrir entonces con la llamada Ciudad del Golf, un pelotazo urbanístico en un monte público de Las Navas del Marqués, Ávila, muy parecido al de la Ciudad del Medio Ambiente. El Tribunal Superior de Castilla y León impidió que se ejecutara cuando ya se habían talado un gran número de árboles, en un pinar protegido donde anidaba la cigüeña negra.
"No se puede alegar desconocimiento"
Para el portavoz de Asden, Carlos González, la Junta de Castilla y León no puede alegar desconocimiento. "Desde el primer momento hemos denunciado el proyecto y las obras. Primero denunciamos que estos terrenos son suelo no urbanizable especialmente protegido, pero la Junta emitió un informe favorable. Después denunciamos que estaban destruyendo un ecosistema protegido, con unas plantas protegidas...entonces la Junta nos respondió que no pasaba nada. Luego denunciamos que estaban actuando en una zona de nidificación de aves en la que, por ley, no se puede actuar durante ese tiempo de reproducción y la Junta respondió con un informe en el que volvía a argumentar que eso no era relevante... Estábamos apelando a la Junta, la misma que estaba ejecutando las obras, la parte infractora", señala González.
Del proyecto se han levantado seis grandes edificios, de los diez previstos, en uno de los complejos de la Ciudad del Medio Ambiente llamado Cúpulas de la Energía, cuyo diseño fue adjudicado a los arquitectos Luis M. Mansilla, Emilio Tuñón y Carlos M. Albornoz.
Esos edificios, de estilo modernista y grandes cúpulas que se levantan por encima de los árboles que se han salvado de la tala, fueron paralizados en mayo de este año gracias a las denuncias de Asden. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León argumenta que las edificaciones superan la altura permitida y que la obra se aprobó sin contar con los informes jurídicos y técnicos y sin la tramitación de la licencia ambiental.
Un proyecto "modélico" según la Junta
"Ha sido todo un despropósito. Ni siquiera han construido lo que el proyecto contemplaba. Además, la Junta se ha esforzado en presentar la Ciudad del Medio Ambiente como algo modélico, no sólo por el nombre. Incluso han llevado el proyecto a convenciones en Madrid y hasta Latinoamérica, exponiendo estas obras como un modelo urbanístico sostenible y pagando grandes cantidades de dinero público para hacer propaganda", afirma González.
Para Asden esta es una victoria agridulce, porque se ha tardado mucho tiempo, siete años, en paralizar la Ciudad del Medio Ambiente. "La Junta de Castilla y León ha pagado más de 100 millones de euros, hasta ahora, en la Ciudad del Medio Ambiente de las arcas públicas, más las indemnizaciones a las que se tendrá que enfrentar para las empresas constructoras", aclara González.
Dinero público, negocio privado
La urbanización y el modelo del PP, también en Castilla y León, favorece a las empresas privadas: "Es algo inconcebible. Son más de 500 hectáreas que compra la Junta de Castilla y León con dinero público. Los proyectos de obra los paga la Junta, la ejecución de la urbanización la paga la Junta y luego, cuando ya está todo urbanizado, ellos se hacen diez edificios en un rinconcito, y el resto del complejo se lo pasan a la iniciativa privada, y recalifican los terrenos. Es decir, todos los gastos corren a cargo del erario público y cuando está todo hecho se entrega el negocio a las empresas privadas. Estamos para invertir el dinero público en otras cosas y no para generar urbanizaciones pagadas con dinero de todos para empresas privadas", señalan desde Asden.
El 14 de marzo de 2007 se aprobó la Ciudad del Medio Ambiente en las Cortes de Castilla y León, el último día de esa legislatura, con mayoría absoluta del PP, 48 representantes frente a 32 del PSOE, en el último punto del orden del día, sin posibilidad de discusión, "en una sola lectura y con carácter de urgencia".
Esa mañana gélida, algo más de 50 activistas se concentraron en el pequeño pueblo de Fuensaldaña, donde se encontraba entonces de forma temporal la sede del Parlamento de Castilla y León, en el castillo de Fuensaldaña, mientras acababan las obras de las Cortes regionales, en Valladolid. Los activistas estaban rodeados por un fuerte dispositivo policial de la Guardia Civil y antidisturbios. Varias pancartas y los gritos de los ecologistas ya denunciaban la barbaridad ambiental que sus señorías iban a perpetrar.
"Este es un día muy importante para Soria", dijo esa mañana María Jesús Ruiz Ruiz, soriana y entonces consejera de Medio Ambiente y vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, que más tarde pasaría a Urbanismo. Todo el mundo en la región sabe que la Ciudad del Medio Ambiente era un empeño personal de Ruiz, quien espetó ofendida a la prensa esos días: “Los sorianos no somos una especie a extinguir", en referencia al presunto interés del proyecto, o: "El proyecto demostrará que el desarrollo es compatible con el medioambiente y la actividad del hombre”.
Años después, con todo un paraje protegido destrozado por las obras faraónicas de la Ciudad del Medio Ambiente, María Jesús Ruiz elude su responsabilidad: "Pregunten al partido y a las Cortes", dice ahora desde su sillón del Senado.
Varios cargos de la Junta de Castilla y León fueron imputados por el caso de las Navas del Marqués, ahora las organizaciones ecologistas exigen que se investigue la responsabilidad de los diputados del PP que aprobaron la, paradójicamente llamada, Ciudad del Medio Ambiente.
* Diagonal - María José Esteso Poves - 14.12.13
Foto: La Ciudad del Medio Ambiente se construye sobre terrenos protegidos por el empeño de la Junta de Castilla y León (PP) / FELIX LAVILLA
Arquitectos estrella... de la propaganda
Igual que ocurre en otras profesiones, entre los arquitectos hay de todo. Aparte de una formación académica específica (muy valorada la española, por ejemplo), en el desarrollo de la actividad funcionan otros motivos, siendo el factor económico uno de los principales. Aquí entran en colisión diversos elementos entre los que no son ajenos la personalidad individual y la capacidad de adaptarse a factores como la ética o la falta de escrúpulos. Un tema largo de abordar pero que se aprecia claramente al analizar la obra y circunstancias de muchos edificios y urbanizaciones a lo ancho del planeta. Bastantes han servido, tristemente, para enaltecer dictaduras y apoyar las diferencias de clase, etnia o condición humana.
ELPAÍS* : Hace unos años, Rem Koolhaas declaró estar convencido de que su sede para la televisión china en Pekín, un enorme rascacielos espectacularmente fotogénico, contribuiría a llevar el progreso y la democracia a China. No se le ocurrió pensar que si ya tenían el símbolo puede que no necesitaran el cambio. Por esas fechas, Norman Foster concluía en Astaná, la actual capital de Kazajistán, su primera gran aportación al urbanismo de esa ciudad: la inmensa pirámide del Palacio de la Paz y la Reconciliación. Más allá de Nursultán Nazarbáyev —el presidente kazajo que, en 1997, hizo coincidir la fundación de esa nueva urbe con el día de su cumpleaños—, Foster es el gran protagonista de la operación urbanística que quiere transformar un antiguo pueblo de la estepa en la primera capital del siglo XXI.
El último ejemplo de cómo la mejor arquitectura está sirviendo a regímenes totalitarios para enviar un mensaje de progreso adquiere las formas curvas del nuevo edificio firmado por Zaha Hadid: el Centro Cultural Heydar Aliyev. Levantado en Bakú (Azerbaiyán), quiere contribuir a la modernización y, por tanto, democratización, de la antigua república soviética. Pero evidentemente no lo tiene fácil.
Siendo para muchos el trabajo más completo de la arquitecta, “una inmersión total en su universo por dentro y por fuera”, explica Rowan Moore en The Observer, siendo un trabajo en el que los pliegues y las ondulaciones alcanzan la perfección gracias a nuevos sistemas constructivos y al empleo de nuevos materiales —como el hormigón o el poliéster armados con fibra de vidrio (GFRC y GFRP)— es difícil querer vender progreso en un país gobernado, desde hace 40 años, por la misma dinastía.
La operación recuerda poderosamente a la de Astaná (cuya traducción es, precisamente, capital) cuando sustituyó a la antigua, Almaty. Allí, en 2010, Norman Foster sumó a su pirámide el Centro de Entretenimiento Khan Shatyr, un edificio que, de concursar en el libro Guinness de los récords, ganaría en la categoría de la mayor tienda de campaña del mundo. Bajo un mástil de 50 metros, kilómetros de efte envuelven un jardín botánico, playas artificiales, una catarata, un minigolf y un montón de comercios utilizables ahora sin necesidad de hacer frente al clima adverso del lugar. El arquitecto británico ha anunciado ya más proyectos en esa ciudad. Parece tener tantos planes para ella como el propio presidente Nazarbáyev y su ambición vitalicia de poder que lo ha perpetuado 23 años al mando del Estado más importante de Asia Central.
Problemas similares de opacidad política los sufren los habitantes de Azerbaiyán, donde Hadid es la nueva reina. Tras las filtraciones que propició Wikileaks, el periódico The Guardian describió como “federalismo medieval” el tipo de política que organiza la vida de este país de nueve millones de habitantes que se publicita en la camiseta del Atlético de Madrid. Es cierto que el monumental edificio de Hadid ofrece, como apuntan en su estudio, un gran espacio público dentro y fuera del inmueble en pleno corazón de la capital, pero poco ha trascendido de las condiciones en las que miles de habitantes fueron desalojados para levantarlo.
No es esta la primera vez que Hadid tropieza con una situación así. En Pekín, la asociación que vela por mantener el patrimonio arquitectónico chino le hizo ya esa recriminación cuando comenzó a construir su complejo Soho Galaxy. Y, efectivamente, todo lo fácil que resulta comprender que el nuevo centro es fruto de la investigación se vuelve difícil a la hora de buscar en él imágenes de progreso real o incluso interpretaciones de la cultura azerí de las que hablan los arquitectos.
El sinuoso centro cultural se ha convertido ya en un icono instantáneo, un símbolo nacional que rompe la monotonía del antiguo urbanismo soviético. Los bloques de viviendas grises y desnudos son ahora el telón de fondo de esta burbujeante creación que lleva el nombre del padre del actual presidente Ilham Aliyev —recientemente elegido para gobernar otro lustro su país, no sin acusaciones de fraude por parte del opositor, y antiguo asesor, Jamil Hasanli—. Antes de que Ilham Aliyev llegara al poder en 2003, su padre, el antiguo jefe del partido comunista que da nombre al centro cultural de Hadid, gobernó durante 30 años. Heydar Aliyev se convirtió en el presidente del nuevo país cuando este se independizó de la URSS en 1991. A esa época se remonta la voluntad de modernizar una república con libertad de culto. Y, a juzgar por las últimas obras inauguradas, el arte y la arquitectura les debieron de parecer la vía más rápida para esa transformación.
Primero lo intentaron con un Guggenheim a orillas del mar Caspio, pero la iniciativa no cuajó. Por eso, en 2007 convocaron el concurso que ganó Hadid y que dio como resultado el centro cultural recién inaugurado. A pesar de su tamaño y repercusión, ese edificio no está solo. Este otoño se ha abierto también el Museo de Arte Moderno de la ciudad, que reúne la colección de la primera dama, Mehriban Aliyeva, construido por su cuñado. Los Pashayevs, su familia, ocupan varios puestos de poder en el Gobierno de su país y concentran, además de los 10 bancos principales, compañías de seguros, la principal televisión del país y un conglomerado de constructoras.
En ese contexto, el extraordinario proyecto de Hadid podría quedar en máscara gigante. Son admirables el talento, la investigación y los ejercicios de ingeniería que hay detrás de muchos de los edificios que afloran en países en expansión, pero es importante darse cuenta de que, llegado un punto, la arquitectura en lugar de encubrir descubre cómo funciona el poder.
* El País - ANATXU ZABALBEASCOA - 20.12.13
Foto: El nuevo Centro Cultural Heydar Aliyev, levantado en Bakú (Azerbaiyán) por la arquitecta Zaha Hadid. / IWAN BAAN
Doce imputados en Ayuntamiento de La Coruña en la 'Operación Pokémon'
La trama mafiosa 'Pokemon' sobre contrataciones ilegales sigue a todo gas en A Coruña. Ahora se anuncia la imputación del primer teniente alcalde 'popular', además de otros concejales y técnicos. Como se ve el escándalo de la corrupción urbanística acompaña a toda la Comunidad gallega, desde sus máximos dirigentes en la Xunta a los de las de las principales ciudades (casi siempre del PP), en un afán desmedido por la obtención de comisiones y mordidas del mundo empresarial también claramente corrupto.
"EUROPAPRESS* : La jueza Pilar de Lara ha imputado a 12 personas, entre concejales y técnicos municipales, del Ayuntamiento de La Coruña en el marco de la operación 'Pokémon', que investiga una red de supuestas contrataciones irregulares a favor del grupo empresarial Vendex. Entre ellos está el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Coruña y portavoz local, Julio Flores, y el concejal socialista José Nogueira. Según estas mismas fuentes, entre los delitos que se les imputa se encuentran los de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraude y uso ilícito de información privilegiada.
Este jueves, funcionarios judiciales se han desplazado hasta el Ayuntamiento para comunicar a siete de los imputados la diligencia por la que deberán prestar declaración. Estas declaraciones tendrán lugar en los días posteriores al festivo de Reyes.
TÉCNICOS Y ASESORES
Además del primer teniente de alcalde y portavoz del gobierno municipal de A Coruña, Julio Flores, figuran como imputados un asesor suyo y el actual concejal socialista y exresponsable de Contratación y de Tráfico durante los mandatos socialistas, José Nogueira.
Junto a ellos, figuran dos funcionarias de la Concejalía de Cultura, entre ellas una asesora de la edil responsable de esta área; dos trabajadoras del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), entre ellos su administradora.
Entre los imputados están también un técnico de los Museos Científicos Coruñeses y su directora, Mónica I.P. y el director del Aquarium Finisterrae, Francisco José F. A.. A estos nombres se suma el del exjefe de asuntos económicos del área de Deportes.
En unos casos, la diligencia remitida por el juzgado la firmaron personalmente en el propio Ayuntamiento, mientras que en otros la notificación se les ha hecho llegar a su casa. Desde el grupo de gobierno no han confirmado oficialmente las imputaciones.
"COLABORACIÓN" CON LA JUSTICIA
Así, en declaraciones a los periodistas, el concejal de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Martín Fernández Prado, aseguró que no podía "confirmar nombres". "No los tengo, es un tema personal", ha manifestado antes de que transcendiera la relación de imputados.
No obstante, ha admitido que creía que "efectivamente" se estaban produciendo "acciones de este tipo", al ser preguntado por si se habían producido ya las primeras imputaciones en el Ayuntamiento de A Coruña.
El edil ha apelado también a la necesidad de ser "especialmente prudentes", aunque ha vuelto a trasladar la "máxima colaboración" con la Justicia por parte del Ayuntamiento.
El pasado 3 de diciembre, funcionarios de Aduanas registraron por segunda vez el Consistorio, recabando información de ordenadores de funcionarios y de concejales, entre ellos el primer teniente de alcalde Julio Flores o el concejal socialista José Nogueira, ahora imputados.
En el marco de esta operación, se llevaron, entre otros documentos, contratos de servicio de mantenimiento del Aquarium, adjudicado a una de las filiales del grupo Vendex.
UN CENTENAR DE IMPUTADOS
Con las nuevas imputaciones en A Coruña, la 'Operación Pokémon' ya llega al centenar de implicados en esta instrucción judicial que investiga una supuesta trama de sobornos de empresas a políticos para obtener concesiones de servicios públicos y renovarlas a lo largo de los años.
En el epicentro si sitúan las empresas del grupo Vendex, aunque también la concesionaria del servicio de aguas Aquagest centra ramas de esta investigación, entre otras empresas.
Desde que la operación estalló el 20 de septiembre de 2012 con la detención de los entonces alcaldes de Ourense, Francisco Rodríguez (PSdeG); y de Boqueixón, Adolfo Gacio (PPdeG); y del expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil Francisco Fernández Liñares, la 'Operación Pokémon' ha salpicado a otros gobiernos locales de las ciudades más importantes como los de Lugo y Santiago, donde sus propios alcaldes están imputados.
Aparte de los políticos y técnicos señalados en estos ayuntamientos, también ha sido imputado el alcalde de O Carballiño (Ourense) y se ha recabado información de la concesión de servicios públicos en otros múltiples consistorios como los de Ortigueira, Marín, Ponte Caldelas, Cospeito o Arzúa, entre otros.
Dentro de la propia macroinvestigación del caso 'Pokémon', que permanece bajo secreto de sumario desde hace más de un año, se han subdividido algunas operaciones como la 'Manga', que se centró en Santiago y en la que acabó imputado el exalcalde Gerardo Conde Roa, o la 'Pikachu', con la que ahora fue bautizada la rama que investiga las concesiones en A Coruña.
* Europa Press - 27.12.13
Foto: Op. Pokemon- EP
C.Valenciana.- La década de los dos mil planes urbanísticos
Las comisiones territoriales de urbanismo de las tres provincias de la Comunidad valenciana tramitaron 2.007 instrumentos de planeamiento de todo tipo desde 2003 hasta 2012. Una enormidad para lo habitual en la zona, lo que denota un afán de pura especulación económica, sin tener en cuenta las necesidades reales de la población. Esto, en muchos casos, ha llevado a la corrupción urbanística pactada entre las mafias políticas del poder, grandes empresas del sector y entidades financieras avispadas. Un salvajismo delictivo que ha traído como consecuencia la crisis-estafa que todavía se padece, lamentablemente.
"LEVANTE* : La Conselleria de Territorio ha dado vía libre en diez años a dos mil planes urbanísticos. «En la década pasada y en lo que se refiere al número de instrumentos urbanísticos aprobados, por las comisiones territoriales de urbanismo o por resolución del conseller, podemos contabilizar unos 2.000 documentos aprobados, lo que supone una media de 200 documentos al año», según admiten fuentes del departamento que dirige Isabel Bonig que facilitan, por primera vez desde que finalizó el «tsunami urbanístico», algunos datos sobre la tramitación urbanística de la época del boom del ladrillo.
Para quien desconozca su funcionamiento, las comisiones territoriales de urbanismo son órganos colegiados en los que están representadas todas las administraciones (central, municipal y autonómica), además de colegios profesionales como los arquitectos, en las que se tramitan todos los planes urbanísticos que precisan de aprobación autonómica.
Territorio considera que «la última década se puede calificar de excepcional ya que de manera consecutiva se ha pasado de una de las etapas más expansivas de nuestra economía, centrada en el desarrollo inmobiliario, a una de las peores crisis de las que se tiene memoria», señalan en un análisis estadístico que han realizado sobre el urbanismo entre 2003 y 2012, al que ha tenido acceso Levante-EMV. «Se trata de manejar datos objetivos que nos protejan de tantas apreciaciones subjetivas, prejuicios y lugares comunes que inevitablemente se producen cuando se habla de urbanismo», justifican desde el departamento que dirige Isabel Bonig.
La conselleria compara los datos recopilados entre 2003 y 2012 con «los del lustro anterior, 1997-2002, en los que se aprobaron 1.030 planes urbanísticos, lo que supone una cantidad media anual de 206 documentos, muy parecida a la de la siguiente década». Una similitud que, para el área responsable de urbanismo de la Generalitat, «quiere decir que globalmente, la tramitación y aprobación de instrumentos urbanísticos en la década no se aleja, en conjunto, de las pautas normales de épocas pasadas». Territorio también incide en que «el pico de aprobaciones [de planes urbanísticos] se produce en 2005 lo que supone que los documentos se iniciaron en el año 2003, o incluso antes». No obstante, según una estadística facilita por la entonces Conselleria de Urbanismo en 2005, y publicada por Levante-EMV en la edición del 6 de abril de 2009, la avalancha de presentación de proyectos urbanísticos se produjo entre 2003 y 2006 [cuando se anunciaron y aprobaron la ley de ordenación del territorio y protección del paisaje (Lotpp) y la ley urbanística valenciana (LUV), ambas actualmente en vigor]. En apenas dos años se tramitaron 556 planes urbanísticos, presentados en apenas viente meses por los ayuntamientos y promotores para evitar la entrada en vigor de ambas leyes. Un total de 198 se expusieron al público antes de la entrada en vigor de la Lotpp, el 3 de julio 2004, y otros 358 documentos urbanísticos se presentaron y aprobaron entre el 3 de julio de 2004 y el 1 de febrero de 2006 (el día que entraba en vigor la LUV), precisamente para esquivar la nueva normativa urbanística y tramitarse al abrigo de la ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU), vigente desde 1994 a 2006.
La «calma» urbanística llegó con la entrada en vigor de la LUV el 1 de febrero de 2006. Desde esta fecha hasta 2009 apenas se expusieron al público 158 planes urbanísticos, según la información de Urbanismo facilitada en 2009, que no especificaba los tipos de instrumento de planeamiento que se impulsaban.
La Conselleria de Territorio sí que facilita ahora esa información y reconoce que de los 2.007 documentos urbanísticos aprobados, la mitad se trata de planes generales municipales o normas subsidiarias: 90 nuevos y 909 modificaciones. Otros 928 se corresponde con planeamiento diferido: planes parciales, planes de reforma interior, planes especiales o programas de actuación integrada (PAI), como se puede ver en la tabla adjunta.
Aunque la radiografía sobre el territorio queda incompleta porque Territorio omite el dato e las nuevas viviendas planificadas en los nuevos planes urbanísticos. Para hacerse una idea, del volumen de viviendas planificadas, los planes generales de 52 municipios proponían la construcción de 718.106 nuevas viviendas, según un estudio realizado en 2009 por el catedrático de Geografía, Eugenio Burriel.
* Levante - LAURA BALLESTER/ SERGI PITARCH - 16.12.13
Foto: Catarroja (Valencia), zona urbanización Nou Mil·lenni - levante-emv.com
Valladolid.- Retorcer el Urbanismo no es el camino
La Junta 'popular' de Castilla y León continúa con sus desmanes urbanísticos, aunque no haga tanto ruido como otras Comunidades. Saltarse las normas legales es una de sus características especiales y el caso del municipio de Arroyo de la Encomienda, junto a Valladolid, es uno de los preferidos.
"ELECONOMISTA* : El revolcón que el Tribunal Supremo ha dado a Ikea, al Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda y a la Junta de Castilla y León al invalidar la operación urbanística que permitió la instalación de la multinacional sueca en la localidad vallisoletana ha supuesto una importante victoria para el pequeño comercio de la capital del Pisuerga en su larga guerra contra los macrocentros comerciales.
También es otro ejemplo, y ya son incontables, de la facilidad de las administraciones para utilizar la ley a su antojo o saltársela incluso a la torera si es necesario.
En política urbanística ha sido una constante en nuestro país y los varapalos judiciales resuenan un día sí y otro también. Son los ecos de los tiempos de los pelotazos en los que se retorcía el urbanismo para construir miniciudades de chalés adosados que al final terminaron por provocarnos la indigestión que a punto ha estado de mandarnos al otro barrio.
La práctica de utilizar el PGOU a la carta también sirvió para ponerse a disposición de las grandes multinacionales, muchas veces en una frenética disputa municipal por ver quien se hacía con el proyecto. Y si era necesario no había ningún problema en desvirtuar las normas que obstaculizaban los fines perseguidos.
En el caso del centro comercial Río Shopping, no ha sido un juez sino toda la escalera judicial hasta llegar al Supremo la que constata el incumplimiento no sólo de las normas municipales sino de la misma Ley de Equipamientos Comerciales. Y también está claro que los comerciantes vallisoletanos han sido los paganos y están en todo su derecho de pedir compensaciones.
El fallo no tendrá efectos prácticos porqué ha nadie se le puede pasar por la cabeza que las instalaciones vayan a ser demolidas. La cuestión es ver si el desaguisado va a quedar sin castigo o alguien, por fin, va a asumir responsabilidades porque lo que no se entiende es que las administraciones públicas tenga bula a la hora de saltarse la ley a las bravas y a la vez sean las que no pasan ni una a los ciudadanos.
* El Economista - Rafael daniel - 23.12.13
Foto: Ikea Arroyo
La España autonómica del despilfarro: diecisiete monumentos a la incoherencia
"ELCONFIDENCIAL* : Son iconos del despilfarro de dinero público. Grandes inversiones de dudosa utilidad, ejemplo de una época de las vacas gordas en la que el dinero no parecía ser un problema. Todos se sumaron a la fiesta: alcaldes, presidentes autonómicos y hasta ministros inauguraron proyectos que han resultado ser un auténtico fracaso. En muchos de ellos se siguen invirtiendo decenas de millones de euros. Los aeropuertos sin aviones son los más conocidos de la lista, pero hay mucho más. En algunos casos, como el Fórum de Barcelona, la factura se disparó hasta mil millones de euros. Repaso a varios de los proyectos estrella de cada región que acabaron estrellados.
1. Cataluña: el Fórum del sobrecoste
Fue un evento que dejó un impresionante legado arquitectónico y una elevada factura económica en Barcelona. Se cifró el precio de las obras en 2.190 millones euros, pero finalmente el Ayuntamiento de la Ciudad Condal reconoció que la inversión real acabó siendo de 3.270: mil millones más. El Edificio de Fórum, el emblema del proyecto, se llevó gran parte de la culpa de este sobrecoste. Su construcción se estimó en 48 millones de euros y acabó costando 134.
2. Andalucía: el tranvía de Jaén
Estaba destinado a revolucionar la vida de los habitantes de Jaén. 4,7 kilómetros de vías de uso gratuito para desplazarse de un lado al otro de la ciudad. A cambio, sólo ha vaciado las arcas locales. Los 120 millones de euros que ha costado a la Junta andaluza lo han convertido en el sueño a la pesadilla de la movilidad urbana.
Desde mayo de 2011 no está operativo. Una sentencia judicial admitió la demanda por competencia desleal de la concesionaria de autobús, que temía la pérdida de viajeros ante un medio de uso gratuito. Además, a comienzos de este año una auditoría del consistorio cifró en 3,3 millones de euros el coste de mantenimiento de las vías. Estos, a su vez, se añaden al millón y medio que Jaén tiene que abonar a la Junta por la amortización de los vagones.
3. Aragón: el aeropuerto para esquiadores
El aeropuerto de los Pirineos puede esgrimir un récord. Fue el que tuvo, en el primer semestre de 2013, el menor número de pasajeros entre todos los de España. Los 2.446 viajeros que lo utilizaron no fueron suficientes para convencer a ninguna aerolínea extranjera a quedarse. Su gran atractivo, según el Gobierno regional, habría sido la cercanía con las instalaciones para deportes invernales, una circunstancia que sirvió para justificar las ayudas por 2,7 millones de euros que llegaron desde el Ejecutivo aragonés. La cantidad amenaza con quedarse muy pequeña para saldar la deuda de 70 millones de euros que el aeropuerto mantiene con varias aerolíneas extranjeras.
4. Asturias: Musel, el gas cerca de casa
Costó casi como el más conocido Palacio de Congresos de Oviedo, obra de Santiago Calatrava, y conllevó además un problema medioambiental. La regasifigadora levantada en el puerto del Musel, en Gijón, supuso una inversión de alrededor de 370 millones de euros. Pero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, emitida en octubre, anula la autorización administrativa concedida a Enagás en 2008 por la Dirección General de Política Energética y Minas para la construcción de la planta. ¿La razón? Al momento de construirla, nadie se acordó de que la legislación establece una zona de seguridad de 2.000 metros entre instalaciones industriales con actividades molestas o peligrosas y núcleos de población: está demasiado cerca de las casas.
5. Comunidad Valenciana: las Artes en números rojos
Fue un complejo arquitectónico diseñado por Santiago Calatrava que cambió la imagen de Valencia. Costó más de 1.200 millones de euros y acumula más de 500 en pérdidas. El 2013 tampoco será un buen año. Según las previsiones de la Conselleria de Economía, cerrará el ejercicio con números rojos por valor de 52 millones. Todo ello para levantar un cine Imax, un museo de las ciencias, una ópera, un puente sobre el viejo cauce del río Turia, un oceanográfico y un gran edificio multiusos (l'Àgora).
6. Extremadura: el expresidente quiere su despacho
La Asamblea de Extremadura ha destinado más de dos millones de euros desde 2007 en poner a punto un local para el expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El presupuesto incluía un coche oficial y un gabinete propio en esa oficina, formada por un asesor, un secretario y un chófer. Entre las facturas que se pagaron con fondos públicos, se incluyeron 3.050 euros para un sofá Le Corbusier, 579 euros para un perchero, 679 para una lámpara, 222 en un cenicero-papelera o 1.800 en una alfombra roja. El revuelo provocó que el expresidente se viera forzado a renunciar “temporalmente” a su despacho.
7. Galicia: la ciudad de la Cultura que empezó Fraga
Fue un proyecto iniciado en tiempos de Manuel Fraga, y hasta la fecha ha costado a las arcas autonómicas más de 400 millones de euros. Sólo en el mantenimiento de los edificios, se gastan 4,5 millones de euros al año. Wilfred Wang, el único arquitecto del jurado que votó en contra del proyecto, calcula que, si algún día se terminaran los dos bloques restantes, el coste ascendería a 600 millones, más que el aeropuerto de Ciudad Real.
8. La Rioja: viviendas japonesas en Logroño
El arquitecto japonés y premio Pritzker de Arquitectura, Toyo Ito, creó en Logroño una promoción de 468 viviendas. Corría el año 2006. Hoy, el 65% de ellas está aún sin vender. El complejo, que tiene un llamativo color entre azul turquesa y verde, simula una cadena de ADN, por lo que los bloques están enfrentados entre sí, con muy poco espacio entre las fachadas. El 70% de las viviendas estaban destinadas a jóvenes, según planteó el Ayuntamiento cuando presentó el concurso para la edificación en una parcela municipal en la periferia de la ciudad. Unos 300 pisos de esa promoción, que cuenta con servicios comunes, son propiedad de la entidad financiera CaixaBank.
9. Madrid: la Caja Mágica
Fue uno de los proyectos estrella de Alberto Ruiz-Gallardón en su etapa como alcalde, y habría tenido que ser el gran espacio deportivo de la Comunidad para la celebración de los esperados Juegos Olímpicos. Para su construcción se contrató al prestigioso arquitecto francés Dominique Perrault. La inversión, que comenzó siendo de 120 millones de euros, acabó alcanzando los 294, más del doble de lo presupuestado. La Federación de Tenis, último inquilino que albergó las instalaciones, ha rescindido su contrato porque no podía pagar el alquiler y el elevado coste de su mantenimiento, concebidas para unos JJOO y no para el día a día de un club de tenis.
10. Murcia: (otro) aeropuerto sin aviones
El aeropuerto privado de Corvera (Murcia) lleva un año terminado y ni siquiera se ha inaugurado. El aeródromo murciano seguirá sin recibir aviones de pasajeros por lo menos hasta dentro de un año, por lo que perderá una tercera temporada turística. Hasta ahora, el Ejecutivo regional ha dilapidado 270 millones en él. La situación se tornó endiablada. El aeropuerto, que costó 266 millones, exigía que cerrase otro, público, ubicado a 35 kilómetros y en el que se acaban de invertir 70 millones que nadie puede compensar.
11. Navarra: velocidad en Los Arcos
En 2010, el Gobierno foral destinó 43 millones de euros a la construcción de un circuito que no ha logrado albergar ningún evento de relevancia internacional. La infraestructura, que iba a suponer un empujón al desarrollo de Navarra, terminó convirtiéndose en un agujero financiero: además de la inversión, el Ejecutivo foral desembolsa anualmente un millón de euros en coste de gestión.
12. País Vasco: un túnel ferroviario sin conexión
Uno de los casos más llamativos en el País Vasco es el túnel de cuatro kilómetros que conecta el Puerto de Bilbao con la localidad de Ortuella, atravesando el corazón del monte Serantes. Las obras de infraestructura se ejecutaron entre 2005 y 2009, con un presupuesto de 48 millones de euros, pero se paralizaron. Las vías no se llegaron a equipar y, desde 2011, sus dos únicos accesos están tapiados, a la espera de que alguien construya el vial que lo conecte con la red ferroviaria general.
13. Baleares: Palacio de Congresos de Palma
Puede que esté viendo la luz al final del túnel. Pero, hasta la fecha, el Palacio de Congresos de Palma se ha llevado al menos 43 millones de euros públicos, que el Gobierno regional ha tenido que abonar a la constructora Acciona en concepto de deuda.
La infraestructura arrancó en 2008 para convertirse en la “estrella del Turismo” de Mallorca. Sin embargo, la crisis obligó a ralentizar al máximo las obras en 2011. En noviembre de este año quedó desierto el concurso público convocado para financiar con 40,5 millones el complejo hotelero (268 habitaciones) que acompañará a dicho centro de convenciones.
14. Canarias: obra de arte monumental
Gastar dinero público sin mover una piedra. Es lo que ocurre a los pies de la montaña de Tindaya desde, al menos, 1993. El escultor Eduardo Chillida propuso convertir ese trozo de tierra en un gran cubo vacío con unas galerías hacia el exterior. Una monumental obra de arte que ha costado 25 millones de euros al Gobierno local, según estimaciones a la baja. En 1995, la decisión del Gobierno local de declarar el monte bien de interés cultural, obligó a cerrar las minas abiertas a las faldas del peñón. El Ejecutivo local tuvo que inyectar 5,4 millones de euros en las arcas de la empresa que tenía los derechos de explotación.
15. Reino de don Quijote: el sueño de Castilla-La Mancha
Junto con el aeropuerto de Ciudad Real, fue uno de los proyectos que Caja Castilla-La Mancha no dudó en financiar. La primera caja en sucumbir bajo la explosión de la burbuja inmobiliaria fue también una de las más implicadas a la hora de otorgar dinero para la construcción del Reino de don Quijote. José María Barreda, entonces presidente de la región, llegó a declararlo “estratégico” para la zona. El Hotel de 812 habitaciones que se habría construido como apoyo a un macrocasino, sin embargo, se esfumó en menos de un año.
Los parecidos con Eurovegas van más allá de las casualidades.
16. Cantabria: apuesta por el fibroyeso
Una fábrica levantada sobre millones de euros públicos de la que nunca salió nada. Es lo que ocurrió en Cantabria, en un caso que a comienzos de 2013 ha llegado a los juzgados. La instalación en cuestión habría tenido que producir cartón-yeso, o fibroyeso -pladur para viviendas- y habría traído empleo y desarrollo en la Cantabria de Miguel Ángel Revilla. Sodercan, una empresa pública regional, era el socio minoritario de la fábrica, cuyo 70% habría sido aportado por EuroAmérica S.A., empresa con sede en Costa Rica. A ella fueron 40 millones de euros procedentes de las cajas cántabras con los que se consiguió algo distinto a lo prometido, maquinaria antigua sobrevalorada.
La ubicación de la fábrica tampoco fue un acierto: Reinosa no estaba suficientemente cercana al puerto de Santander para que mereciera la pena el traslado del material para su exportación. Las inversiones públicas en el centro se cifran en alrededor de 60 millones de euros.
17. Castilla y León: Ciudad del Medio Ambiente.
Una ciudad medioambiental inconstitucional. Es lo que queda en Soria desde el pasado 12 de diciembre, cuando el Tribunal estimó el recurso presentado por el PSOE en 2007 contra el proyecto regional de la Ciudad del Medio Ambiente “nulo” e “inconstitucional”.
Hasta la fecha, 42 de los 100 millones de euros públicos previstos han ido a financiar la obra. Otros 50 llegarían de manos privadas. El proyecto, conocido como “Cúpula de la Energía”, se enmarcaba en la construcción de siete cúpulas temáticas en cada una de las provincias de la comunidad. Fue impulsado durante la legislatura 2003-2007.
* El Confidencial - Ana I. Gracia - 16.12.13
Foto: Barcelona, edificio Fórum culturas - ub
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