La jefa de Urbanismo de Alicante iba a las reuniones del PGOU a aprender

El escándalo urbanístico en Alicante continúa según van apareciendo las declaraciones de los implicados por corrupción en el caso Brugal, sobre el delictivo Plan General. Junto a las imputaciones ya sabidas de los dos últimos alcaldes 'populares', Alperi y Castedo, está sombra alargada del empresario Ortiz, cerebro y mayor beneficiado de la trama corrupta. Las declaraciones de la jefa jurídica de Urbanismo no tienen desperdicio ya que viene a decir que no sabe nada y que solo 'pasaba por allí'. Así se escribe la historia de todas las mafias, con la terrible ley del silencio.
"ELPAÍS* : La sombra del caso Brugal, que investiga el presunto amaño del planeamiento urbanístico de Alicante para favorecer al constructor Enrique Ortiz, proyecta suculentas ramificaciones. La Fiscalía Anticorrupción indaga cómo aterrizó el frustrado diseño del empresario Enrique Ortiz para remodelar el estadio José Rico Pérez en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) bajo sospecha. La jefa jurídica de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, Isabel Campos, aseguró este viernes que asistió a las primeras reuniones donde se decidió la operación “en calidad de oyente y para aprender”.

Campos, una interina que recaló en la cúpula urbanística de la mano de Castedo, en octubre de 2008, supervisó la redacción del PGOU durante la recta final de su tramitación. Este viernes declaró como testigo en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia ante el instructor del caso Brugal, Juan Climent.

La empleada municipal negó que formara parte de la comisión que decidió la recalificación del Rico Pérez. Un argumento que choca con la declaración del redactor del PGOU investigado, Jesús Quesada, según el abogado de Esquerra Unida, José Luis Romero, que ejerce la acusación popular junto al PSPV.

La fiscalía investiga si estas reuniones influyeron en la tramitación final del PGOU. O por el contrario, el Ayuntamiento de Alicante decidió de antemano plegarse al proyecto de Ortiz. De hecho, Quesada mantuvo reuniones previas con técnicos municipales con el constructor sobre la recalificación del estadio.

Climent tomó también declaración como testigo al funcionario municipal Manuel Beltrán Martínez. El trabajador elaboró en junio de 2008 un riguroso informe que concluyó desestimar el proyecto de Ortiz y, en el supuesto de aprobarse, incorporarlo al PGOU y no como un plan parcial, como solicitaba el promotor. El funcionario, que acumulaba una experiencia de más de 15 años, fue apartado del área del planeamiento tras firmar su documento.

Este viernes se presentó ante el juez como un técnico independiente que “dejó de leer periódicos para aislarse de la presión mediática”, según un asistente a su declaración. “Le retiraron del puesto por elevación”, añade esta fuente.

El abogado de Ortiz, Alejandro Bas, enmarcó las sospechas del Ministerio Público en la “desaparición” de “una hoja” de un escrito de Campos. “Hay veces que se traspapela un folio al hacer una fotocopia”, justificó el letrado.

La polémica urbanística del Rico Pérez se remonta a 2008. Ortiz, máximo accionista del Hércules, proyectó a través de su empresa Aligestión aprovechar la remodelación del estadio para construir una torre con un hotel, oficinas y una zona comercial de 30.000 metros cuadrados. El constructor presentó su plan a la Gerencia de Urbanismo, donde acababa de llegar Campos como jefa. El plan se frustró por la presión de las asociaciones vecinales y la polémica del caso Brugal. Quedó entonces al descubierto la amistad entre Castedo y el constructor, propietario del 70% del suelo urbanizable de Alicante.

La responsable jurídica de Urbanismo, Isabel Campos, se situó también en el centro de la polémica por su aparición en los pinchazos policiales del caso Brugal como receptora de un bolso de lujo de Ortiz. El empresario instó a la empleada a agilizar la tramitación de Rabassa para que llegase “al próximo pleno”, según las grabaciones.

Este viernes, el fiscal preguntó a Campos si estaba imputada por esta causa que se investiga en el juzgado de Instrucción número 6 de Alicante. La trabajadora zanjó: “Solo estoy denunciada”.


* El País - JOAQUÍN GIL - 5.12.13
Foto: Alicante, ayuntamiento -  wikipedia.org

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Cáceres.- El TSJ anula que se puedan construir 768 viviendas junto a la mina de la Esmeralda

Lo mismo de siempre, para que una Plan urbanístico salga adelante necesita de dos actores principales: el municipal que es el que propone y el autonómico que es el que da el visto bueno. Así ha ocurrido también en este caso delictivo del Plan General de la ciudad de Cáceres. La sentencia del tribunal judicial dice que la administración se excedió al clasificar los terrenos implicados como urbanizables contra la declaración de impacto ambiental, afectando asimismo al futuro desarrollo del ferial, cuya consulta de viabilidad ya aprobó el ayuntamiento.
"ELPERIÓDICO* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJ) anula en una sentencia la clasificación como suelo urbanizable de toda la franja de terreno que está delante y alrededor de la mina de la Esmeralda y enfrente del ferial. La Sala concluye en su resolución que el planificador --la Consejería de Fomento y el ayuntamiento-- se excedieron a la hora de clasificar estos terrenos como urbanizables al hacerlo "en contra de los informes técnicos y estudios realizados y en contra también de las conclusiones de la declaración de impacto ambiental". Es hasta ahora el fallo más duro contra el Plan General Municipal (PGM) de urbanismo en vigor desde 2010.

La sentencia no es firme. Desde la Consejería de Fomento se afirmó ayer a preguntas de este diario que "se está analizando la resolución del TSJ y evaluando la justificación del fallo, tras lo cual se decidirá si se recurre en casación o no".

La Sala de lo Contencioso del TSJ estima parcialmente el recurso de Tuco Gestión de Inmuebles contra el acuerdo de la Consejería de Fomento de febrero de 2010 con el que se aprobaba definitivamente el plan general.

La decisión del TSJ afecta a sectores residenciales en suelo urbanizable que se planifican en el PGM. En uno la incidencia es total. En el otro solo afecta a una parte del mismo, pero su repercusión real es mucho mayor.

Todo el sector residencial que se planifica entre la mina y la carretera de Mérida se anula con la decisión del tribunal. Deja de ser suelo urbanizable. En este sector, con una superficie bruta de setenta hectáreas, se planifica la construcción de 768 viviendas. A corto y medio plazo la sentencia no tiene efecto, dado que el sector no se iba a desarrollar, pero la resolución avala la protección de este terreno frente a futuras actuaciones y lo fundamenta en la declaración de impacto ambiental que se incluyó en el plan de urbanismo y en los informes con los que hace 15 años se impidió a Tuco el desarrollo de un residencial en esta zona debido a su valor ambiental y al impacto en el acuífero del Calerizo.

El otro argumento de la Sala para fundamentar la protección del terreno es que cuando se decidió que el suelo se clasificaría como urbanizable no se aportaron "en el expediente otros informes sobre la zona afectada distintos" a los que unos años antes habían impedido urbanizar y edificar en este terreno a causa de su valor ambiental.

EL SECTOR DEL FERIAL El otro sector al que afecta la sentencia es al que está planificado alrededor del recinto ferial y que es el único de los nuevos sectores que están en suelo urbanizable que tenía ya consulta de viabilidad aprobada por el ayuntamiento. Le afecta porque parte de este sector está al otro lado de la carretera de Mérida, enfrente del Junquillo. En esta zona no se planifica la edificación de viviendas, pero es parte de las cesiones que se harían al ayuntamiento para, entre otros usos, espacios verdes, pero al quedar con la sentencia como terreno no urbanizable no puede entrar en este sector y obligaría a redefinir el desarrollo del ferial ya planteado en la consulta de viabilidad.


* El Periódico Extremadura - JOSE LUIS BERMEJO 06/12/2013
Foto: La sentencia impide que se pueda edificar en todo el terreno que está entre la mina de la Esmeralda --la chimenea en la foto-- y la carretera de Mérida.- FRANCIS VILLEGAS

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Los verdaderos motivos del adiós de Eurovegas

Las Vegas Sands y el Gobierno rompen definitivamente las negociaciones sobre Eurovegas ante las crecientes exigencias del capo magnate Adelson. Todo ha sido una inmensa patraña, una especie de 'Bienvenido Mr. Marshall' del siglo XXI. Meses y meses de elucubraciones y engaños institucionales han caído por fin. Afortunadamente, hay que decir, porque más allá del varapalo 'popular', la instalación de la ciudad de los casinos en Alcorcón suponía un grave atentado a la Ordenación Territorial, como había sido denunciado en múltiples ocasiones por la plataforma 'Eurovegas No'. Un ejemplo nefasto de la gestión urbanística.
"ELDIARIO* : El sueño de Eurovegas ha saltado por los aires, si es que alguna vez tuvo intención de hacerse realidad. El Gobierno de Rajoy ha dicho "no" a las exigencias de Las Vegas Sands y ésta retira su propuesta. Es decir, el Ejecutivo no ha pasado por el trance de aprobar una beneficiosa fiscalidad propia que hubiera permitido a la compañía blindarse ante cualquier cambio legislativo y ante posibles pérdidas; modificar la legislación para eliminar el juego online, al que Sheldon Adelson ve como un enemigo de su negocio; y la recalcada solicitud de permitir fumar en sus casinos.

"El proceso ha sido extremadamente minucioso y, mientras el Gobierno y muchos otros, han trabajado con diligencia en este esfuerzo, no vemos un camino con los criterios necesarios para sacar adelante este proyecto a gran escala. Como resultado, no vamos a continuar persiguiendo esta oportunidad", asegura Sheldon Adelson a través de un comunicado. Adiós a los 35.000 millones de dólares (más de 25.000 millones de euros) que iban a convertir la Comunidad de Madrid en un nuevo maná económico, con la supuesta creación de más de 200.000 puestos de trabajo y la puesta en marcha al sur de la capital del mayor centro de ocio, hoteles y casinos que se hubiera visto nunca en Europa.

"Tenemos que agradecer a mucha gente que ha dedicado su tiempo y su energía a este proyecto". "El Gobierno de España, y especialmente el de la Comunidad de Madrid, ha perseguido esta oportunidad teniendo en mente el interés de los ciudadanos españoles", señala en el mismo comunicado el consejero delegado de la compañía, Michael Leven, el mismo que hace unos meses daba por hecho Eurovegas en una rueda de prensa multitudinaria acompañado por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Y Adelson matiza: "Como presidente y consejero delegado, mi papel no es sólo crear una visión de futuro para la compañía, también lo es conseguir los mejores intereses para nuestros accionistas. Desarrollar centros turísticos integrados en Europa ha sido mi idea desde hace años, pero hay un tiempo y lugar para todo y ahora nuestra atención se centra en el fomento de los países asiáticos, como Japón y Corea". Y, ahí, en Japón están puestas sus esperanzas, porque Eurovegas no ha muerto antes de nacer por falta de entendimiento con Mariano Rajoy. Detrás hay mucho más.

Sin financiación y con la mirada puesta en Japón

El principal problema: el dinero. Las Vegas Sands nunca ha tenido la financiación para el proyecto. Los bancos no le han dado carta blanca, entre otras cosas, porque el grupo está inmerso en un complejo proceso de renegociación de su deuda actual. Según su última presentación de resultados, su endeudamiento con la banca alcanza los 9.767 millones de dólares (más de 7.000 millones de euros). Y, desde principios de diciembre, está negociando con Bank of America, Merrill Lynch, BNP Paribas y Goldman Sachs, unos términos de pago más beneficiosos.

Además, en el firmamento de Adelson, España ya no era la estrella con más brillo. Desde hace tiempo, su mirada está puesta en Japón, donde el Ejecutivo promueve una ley, que podría estar lista en enero, que permitirá por primera vez la industria de los casinos y convertirá Japón en el tercer mercado mundial del juego, por detrás de Estados Unidos y de Macao, el paraíso de los casinos en China.

De hecho, Sheldon Adelson llevaba semanas oyendo recomendaciones para aparcar su proyecto madrileño y centrarse en el país del sol naciente. Uno de los últimos consejos llegó de la agencia de calificación Fitch, que, en el último informe sobre la compañía estadounidense, destacó las pegas del proyecto español y los posibles beneficios que le reportaría la apuesta japonesa. Fitch recalca, además, "la debilidad económica de Europa" como un factor clave que debe tener en cuenta. "La primera fase del proyecto costaría entre 8.000 y 12.000 millones de dólares (entre 5.800 y 8.700 millones de euros al cambio actual), seguida de otras dos fases más con un coste total de más de 36.000 millones de dólares", señala la agencia de calificación que, además, incide en que Eurovegas está condicionada tanto a recibir el visto bueno de las administraciones públicas españolas como a "un paquete de subvenciones e incentivos". Algo que ya no llegará.

Por ello, Fitch lanzó una clara recomendación a Adelson: que se centrase en sus opciones asiáticas. "Japón está considerando la legalización" de los megaresorts de casinos. Una "legislación que está respaldada por el actual partido en el Gobierno y que puede estar aprobada a principios de 2014", señala la firma de calificación. Sin embargo, le pone un 'pero': que el Gobierno nipón puede imponer a los inversores interesados en el prometedor mercado del archipiélago que vayan de la mano de un socio local, y puede limitar el número de licencias de juego que se permitan, por ejemplo, en grandes ciudades como Tokio y Osaka.

Por ello, Adelson tendría que ponerse las pilas. "Las Vegas Sands puede estar en la lista corta de candidatos que logren una licencia, dado su perfil financiero y su exitosa trayectoria en el desarrollo de resorts en Singapur, Macao o Las Vegas. A diferencia de España, Fitch vería positivamente la posibilidad de invertir en Japón", concluye.

Si se cumplen las previsiones, la compañía del magnate estadounidense será una de las primeras en ponerse en marcha, junto a otras grandes multinacionales como MGM Resorts International o Caesars Entertainment. No en vano las previsiones vaticinan que los casinos nipones pueden llegar a suponer unos ingresos de 10.000 millones de dólares al año (alrededor de 7.249 millones de euros). Detrás de este movimiento del Gobierno nipón, encabezado por el Partido Liberal Democrático, está, en gran medida, la necesidad de dotarse de una mejor oferta hotelera de cara a los Juegos Olímpicos de 2020, donde Tokio se alzó con la victoria y Madrid vio cómo se esfumaba, de nuevo, la posibilidad de ser olímpica.

Pero estas no son las únicas críticas que Sheldon Adelson ha tenido que escuchar. Antes del verano las dudas sobre el proyecto llegaron desde Deutsche Bank, que veía insalvables las condiciones planteadas por el grupo estadounidense para poner en marcha Eurovegas. Alcorcón tampoco era una opción de éxito para JP Morgan que, simplemente, aseguró hace unas semanas que abandonar su megacomplejo en España podría ser "un catalizador" para su negocio.


* El Diario - Cristina G. Bolinches - 13.12.13
Foto: EurovegasNo,  protesta (Madrid) - elmundo (archivo)

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Costa del Sol.- Esqueletos con vistas al mar

El gran desastre urbanístico ha terminado por ocurrir finalmente. La burbuja inmobiliaria de los últimos años ha arruinado la costa española que, ahora, se encuentra repleta de edificaciones y urbanizaciones sin uso o a medio hacer, como tristes esqueletos de un paisaje desolado. Las grúas apenas se mueven ya en la Costa del Sol. Las obras nuevas se cuentan con los dedos de una mano en una zona que trata de digerir un enorme parque de viviendas sin dueños, edificios a medio ocupar y complejos abandonados.
"ELPAÍS* : Las urbanizaciones sin habitar y de aspecto fantasmal, símbolo incómodo del furor inmobiliario y de la época de bonanza, se concentran en la Costa del Sol en la franja más occidental del litoral malagueño. El tránsito por la autopista de peaje que conduce hasta el límite con la provincia de Cádiz se convierte en un espectáculo de estructuras y edificios sin rematar salpicados por Estepona, Manilva o Casares, en pendientes imposibles que invitan a pensar cómo fue posible sufrir semejante fiebre por el ladrillo. Son complejos de viviendas pillados por la falta de dinero y la quiebra de sus promotoras o paralizados por orden judicial. Macroproyectos de centenares de casas, reducidas luego a decenas, que ahora agonizan y solo muestran persianas echadas. Algunas ni eso.

El stock de viviendas nuevas se eleva en Andalucía a 160.446 unidades, de las que 38.862 están en Málaga, según las últimas estimaciones de Unicaja. El parque se ha reducido en 30.000 inmuebles a nivel regional desde 2010, un tercio de ellas (11.900) vendidas en esta provincia.

La Costa del Sol está plagada de complejos habitables y con pocos inquilinos porque la venta de inmuebles ha sido mínima. Los carteles de inmobiliarias de bancos y promotoras, o simples anuncios de ‘se vende’ con teléfonos de particulares, se agolpan en la decena de urbanizaciones de la zona de Santangelo norte, en Benalmádena. El plan urbanístico para desarrollar este sector se quedó a medias, sin equipamientos públicos ni zona comercial, y hay unas 750 viviendas de las aproximadamente 2.000 proyectadas inicialmente. No están pobladas ni la mitad.

María del Carmen es propietaria desde septiembre de 2012. Lo suyo fue uno de esos chollos que a veces se consiguen en crisis, aunque no todo el mundo está dispuesto a reducir los precios. Compró su casa, de unos 80 metros cuadrados, por 93.000 euros. El anterior dueño se hizo con el inmueble unos años antes por 275.000 euros. En el bloque de al lado, un piso similar al suyo no baja de los 170.000 euros.

Disfruta de unas vistas al mar espectaculares, pero tiene que coger el coche para todo. En el camino se quedaron el supermercado y el gimnasio que había proyectados justo delante de su edificio. Dos de las urbanizaciones de la zona tienen vigilantes de seguridad las 24 horas del día para evitar ocupaciones (ya ha ocurrido alguna vez) y los dueños de las casas vacías, bancos o promotoras, manejan trucos como tener levantadas las persianas para dar apariencia de que están habitadas.

A la entrada del sector, un complejo de color amarillo tiene sus 62 viviendas habitables desde hace años, pero está completamente vacío. Su promotora, Cogilco, logró superar el concurso de acreedores y pretende comercializar el complejo en breve. Varios operarios se dedican ahora a labores de mantenimiento del exterior. La mayoría de las casas se destinarán a alquiler. Frente a estas, una constructora levanta varios adosados. Las grúas apenas se mueven en la Costa del Sol, las obras nuevas se cuentan con los dedos de una mano, porque el parque de viviendas sin vender es demasiado elevado.

Málaga presenta todas las quinielas posibles que pueden rodear al excedente de cemento. Y no solo en la costa, tanto en la zona oeste como en la parte oriental, donde abundan los ejemplos en Rincón de la Victoria. Las pretensiones faraónicas de crear nuevos núcleos de población que se quedaron por el camino se extienden también al interior.

En el ramal de la A-92 que se dirige al litoral, en Villanueva del Rosario (3.641 habitantes), llaman la atención tres estructuras de ladrillo que se alzan sin enlucir en una pequeña ladera en mitad de la nada. La capital malagueña y la playa están a algo más de 50 kilómetros, el clima es más continental que mediterráneo y solo campo rodea a estos edificios fantasma. Uno de los esqueletos pretendía ser un bloque de viviendas, otro un hotel y el tercero no se sabe ni lo que es. Forman parte del macrocomplejo urbanístico Valle del Rosario Gol, promovido por Grupo Mirador y Aifos (esta promotora está en concurso de acreedores y tres directivos han sido condenados en el caso Malaya).

La intención era construir más de 800 viviendas (la población del municipio se hubiera duplicado), un campo de golf de 18 hoyos, un establecimiento hotelero y una zona comercial. El proyecto se remonta a la década de los noventa, aunque las obras no se iniciaron hasta principios de 2006. Se paralizaron pocos meses después, en verano, por incumplimiento del convenio firmado con el Ayuntamiento. Existía la obligación de iniciar los trabajos por el equipamiento deportivo, pero se optó por levantar primero las viviendas. El abastecimiento de agua tampoco estaba garantizado en ese momento.

El proyecto ha estado salpicado de denuncias que poco a poco han sido archivadas por los juzgados, que no han apreciado ni delito medioambiental ni contra la ordenación del territorio. Lo que continúa en investigación es la denuncia de los particulares que compraron una vivienda en este complejo y se quedaron con las manos vacías.

Las licencias del macrocomplejo son legales y toda la documentación para desarrollar el sector es correcta, explica el alcalde de Villanueva del Rosario, José Antonio González. Incluso el problema del agua estaría solventado gracias a la depuradora que comenzó a funcionar a principios de 2012. Es decir, los promotores podrían ahora continuar con la obra. El alcalde ve “con buenos ojos” un proyecto de estas características, siempre dentro de la legalidad, porque sería un revulsivo para la economía local.

Pero la decadencia del sector inmobiliario no solo se concentra en estructuras espectrales. La Costa del Sol está plagada de complejos habitables y con pocos inquilinos porque la venta de inmuebles ha sido mínima. Los carteles de inmobiliarias de bancos y promotoras, o simples anuncios de ‘se vende’ con teléfonos de particulares, se agolpan en la decena de urbanizaciones de la zona de Santangelo norte, en Benalmádena. El plan urbanístico para desarrollar este sector se quedó a medias, sin equipamientos públicos ni zona comercial, y hay unas 750 viviendas de las aproximadamente 2.000 proyectadas inicialmente. No están pobladas ni la mitad.

Disfruta de unas vistas al mar espectaculares, pero tiene que coger el coche para todo. En el camino se quedaron el supermercado y el gimnasio que había proyectados justo delante de su edificio. Dos de las urbanizaciones de la zona tienen vigilantes de seguridad las 24 horas del día para evitar ocupaciones (ya ha ocurrido alguna vez) y los dueños de las casas vacías, bancos o promotoras, manejan trucos como tener levantadas las persianas para dar apariencia de que están habitadas.

A la entrada del sector, un complejo de color amarillo tiene sus 62 viviendas habitables desde hace años, pero está completamente vacío. Su promotora, Cogilco, logró superar el concurso de acreedores y pretende comercializar el complejo en breve. Varios operarios se dedican ahora a labores de mantenimiento del exterior. La mayoría de las casas se destinarán a alquiler. En frente, una constructora levanta varios adosados. Las grúas apenas se mueven en la Costa del Sol, las obras nuevas se cuentan con los dedos de una mano, porque el parque de viviendas sin vender es demasiado elevado.


* El País - ESPERANZA CODINA - 29.11.13
Foto: Una urbanización en Benalmádena, con pisos cerrados e inhabitados / GARCÍA SANTOS

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El Constitucional anula la Ciudad del Medio Ambiente de Soria

Todo parece puro surrealismo: el Constitucional declara anticonstitucional la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, ya que ésta es medioambientalmente delictiva, aparte de otras ilegalidades. Más de 7 años después que Castilla y León aprobara por Ley como de 'interés especial' esta gran ciudad junto al Duero, se anula cuando ya está a mitad de su construcción. Así pues grave delito autonómico que no permitió entonces que organizaciones ciudadanas y ecologistas recurrieran esta 'especial' aprobación. Habrá que ver si la justicia es ahora más diligente y condena a los políticos culpables de este atentado contra el medio ambiente y los ciudadanos.
"ELPAÍS* : El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la Ley que las Cortes de Castilla y León aprobaron en 2007 con la mayoría del PP y que amparaba la construcción de un gran proyecto urbanístico en el Soto de Garray (Soria). La llamada Ciudad del Medio Ambiente, que está a medias y ya se ha llevado 52 millones de euros de dinero público, incluía siete edificios emblemáticos en terreno protegido junto al Duero y sin un destino claro. El alto tribunal anula la urbanización al considerar que, al aprobarla por ley, Castilla y León se saltó el control de los tribunales y los ciudadanos, que no podían recurrir contra el plan urbanístico.

Más de siete años ha tardado el tribunal en fallar el recurso de inconstitucionalidad que presentaron 50 diputados del PSOE a la Ley de Aprobación del Proyecto Regional Ciudad del Medio Ambiente.

Fue en marzo de 2007 cuando las cortes aprobaron el extraño texto legal: dos páginas de Boletín Oficial del Estado de exposición de motivos, un artículo único de cinco líneas, dos disposiciones y 164 páginas de anexo con los detalles de la urbanización en las que incluso se fijan los metros de los viales o los kilovatios de las bombillas.

Al aprobarlo por ley, Castilla y León evitaba que los ciudadanos o los ecologistas pudieran recurrirlo ante los tribunales ordinarios. Evitaba así reveses judiciales como el de Las Navas del Marqués (Ávila), donde el Tribunal Superior de la comunidad anuló un gran plan urbanístico en un pinar protegido. Con un procedimiento similar, Castilla y León aprobó una pista de esquí con nieve artificial en terreno quemado en Valladolid, un vertedero en la misma provincia y una estación de esquí en Palencia.

El Constitucional ya tumbó hace un año la ley de Murcia para levantar 9.000 viviendas en primera línea de costa virgen. Aunque ese fallo llegó 11 años después de la ley, allí no habían empezado las obras. No ha sido así en Soria, donde las máquinas entraron pronto y levantaron los esqueletos de las cúpulas de la energía. Son edificios blancos y modernos, que representan los gajos de una naranja. Están junto al Duero en un soto protegido y no tienen un destino claro. En marzo pasado la junta paralizó la construcción de los edificios pero afirmó que mantenía el resto del complejo, que incluye un polígono industrial en el que apenas hay empresas.

El objetivo oficial era fijar los criterios “ecológicos, territoriales, sociales, económicos y científicos que han de definir un asentamiento sostenible contemporáneo”. En teoría la ciudad iba a crear mil empleos sostenibles y albergar a 4.000 personas.

Los aparcamientos semienterrados tienen punto de carga eléctrica en cada una de las 709 plazas de garaje aunque no hay coches. No existe ninguno de los 788 chalés ecológicos y sostenibles anunciados, pero las calles ya tienen fibra óptica. Sí funciona una central de biomasa.

El Constitucional recuerda que la ley “reclasifica una parte del suelo clasificado [...] como no urbanizable de especial protección” y lo convierte en terreno urbano. El uso de una ley “impide el control de la jurisdicción contencioso administrativa a que se someten el resto de planes urbanísticos”, afirma la sentencia, notificada ayer a las partes. El Constitucional critica “la desproporción en que ha incurrido el legislador” al usar una ley para amparar este proyecto, y más con los problemas que suscitaba, entre los que cita que la población de Garray iba a pasar de 500 habitantes a 4.500 y que el suelo estaba protegido.

El entonces secretario general del PSOE de Castilla y León, Óscar López, celebró el fallo: “Decían que iban a crear 1.000 empleos y al recurrirlo nos acusaban de ir contra el empleo y el desarrollo de la zona. Ahora se ve que ha sido una forma, otra más, de enterrar dinero público”. Añadió que la ciudad del Medio Ambiente tenía un fin político, atacar al alcalde de Soria, el socialista Carlos Martínez, que ayer pidió a la cúpula del PP que asuma responsabilidades políticas por lo que calificó como despilfarro.

Una portavoz de la Junta de Castilla y León afirmó que era pronto para opinar sobre la sentencia. La impulsora de estas iniciativas —que inicialmente incluía otras “cúpulas temáticas” a lo largo de las provincias del Duero— fue la exvicepresidenta regional, la soriana María Jesús Ruiz, hoy senadora por el PP. Esta ayer eludió la responsabilidad del proyecto: “Es una ley de las Cortes de Castilla y León. Llame allí”. Sobre si se sentía desautorizada, zanjó: “Yo era consejera de un Gobierno con un programa”.

La Ciudad del Medio Ambiente es un caso retorcido de la burbuja inmobiliaria. No solo es una urbanización en terreno protegido sino que lo impulsa la Administración pública donde no había llegado el ladrillo y con el fin teórico de proteger el medio ambiente.

Aunque durante años fue apoyado en Soria por el empleo y la inversión de 100 millones de euros, últimamente había cosechado críticas, ya que la Junta renunció hace un año a la segunda fase de las obras de ampliación del hospital de Soria, presupuestadas en 34 millones, mientras destinaba 11 a la ciudad del Medio Ambiente.

En abril pasado, el gerente de la Ciudad del Medio Ambiente, Nicolás Alonso, defendía ante las grúas que una sentencia adversa del Constitucional no afectaría en nada: “De cualquier manera, salga como salga, esto no tiene marcha atrás”.

Luis Giménez, arquitecto y miembro del grupo ecologista Asden, que batalló contra la Ciudad, reclama ahora ir a por los responsables: “Tiene que haber responsabilidad penal de los políticos que lo aprobaron. Ahora eso quedará como monumento al despilfarro”.

Leyes a la carta

El Tribunal Constitucional ya ha anulado varias leyes a la carta autonómicas que permitían construir en terreno rpotegido eludiendo el control de los tribunales.El Tribunal Constitucional ya ha anulado varias leyes a la carta autonómicas que permitían construir en terreno protegido eludiendo el control de los tribunales.

En diciembre pasado, el Constitucional anuló la reforma legal que aprobó Murcia en 2001 para construir 4.000 chalés en Marina de Cope, un parque natural virgen en el Mediterráneo. Pese a llegar 11 años después de que se aprobara la ley, el estallido de la burbuja inmobiliario hizo que aún estuviera sin construir.

En 2010, Castilla y León aprobó una ley para poder construir una pista de esquí en un antiguo bosque quemado en Valladolid, algo prohibido por la Ley de Montes. Está pendiente de fallo del Constitucional.


* El País - RAFAEL MÉNDEZ - 10.12.13
Foto: Las Cúpulas de la Energía de la Ciudad del Medio Ambiente, en el Soto de Garray (Soria). / L. S.

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Cartagena.- Urbanismo corrige el proyecto Novo Carthago obligado por la Justicia

La Comunidad murciana sigue su lucha particular con la valenciana por el mayor índice de corrupción urbanística. En Cartagena destaca la macrourbanización ilegal de Nova Carthago, permitida por el ayuntamiento, y que fue tumbada tiempo después por la justicia. Pero sigue faltando, como siempre, que se depuren las responsabilidades públicas para que casos graves como este no vuelvan a ocurrir. Mientras esto ocurre, el equipo municipal de Urbanismo trata de buscar una solución, bordeando la legalidad, para que 'cuele' a pesar de los pesares.
"LAVERDAD* : Mientras el Tribunal Superior de Justicia de la Región avanza con la investigación penal a políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Cartagena y de la Comunidad Autónoma, por tramitar el proyecto de macrourbanización Novo Carthago pese a la protección del paraje natural de Lo Poyo, el Gobierno municipal tuvo que anular ayer uno de los trámites del plan promovido por la promotora alicantina Hansa Urbana. Ésta tuvo, entre otros, financiación de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

Según confirmó a 'La Verdad' el nuevo concejal de Urbanismo, Francisco Espejo, la Junta de Gobierno Local aprobó ayer bajo la presidencia de la alcaldesa, Pilar Barreiro, una propuesta suya para «dejar sin efecto el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación Única del Sector SG-1 de San Ginés de la Jara». Este trámite fue aprobado por decreto del vicepresidente de la Gerencia de Urbanismo el 7 de mayo de 2007.
La propuesta, explicó el edil, supone aplicar la sentencia que dictó en octubre el TSJ para dar marcha atrás a una ordenación del territorio que no tuvo en cuenta la propiedad de unos terrenos de la Comunidad de Regantes de la zona. Asimismo, indicó Espejo, el reconocimiento de esa titularidad se reflejará en el nuevo Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena.
La Sala de lo Contencioso del TSJ anuló, en concreto, el decreto por el que se aprobó el proyecto de reparcelación de una macrourbanización de 10.000 viviendas, dos hoteles y un campo de golf en San Ginés de la Jara, junto al Mar Menor y la finca Lo Poyo.
La resolución confirmó una anterior de un juzgado de Cartagena, que ordenó devolver el expediente al momento en que se debieron recoger unas propiedades de la comunidad de regantes de la zona. La sentencia estimó también de forma parcial el recurso de otros tres propietarios de terrenos.
Los regantes alegaron que la distribución de los solares aprobada de forma definitiva por el Ayuntamiento no recogía varios caminos de su titularidad que atraviesan el espacio afectado. La Sala rechazó los recursos presentados por la empresa Hansa Urbana, promotora del proyecto, el Ayuntamiento y dos particulares contra la sentencia inicial. Y obligó a dar a los regantes el aprovechamiento urbanístico que les corresponde.
«La sentencia reconoce a la Comunidad de Regantes la propiedad de unas parcelas cuya titularidad el Ayuntamiento consideró que no estaba lo suficientemente acreditada. Eso significa que en la reparcelación, es decir en la distribución de edificabilidad en función de la propiedad del suelo, hay que tenerla» en cuenta. «Ése es el único efecto», añadió un portavoz municipal.
Desde el Ayuntamiento explicaron que el proyecto de reparcelación es un paso previo al de urbanización, aún no aprobado de forma definitiva. Uno de los escollos actuales es cómo se concretará la restauración del humedal de Lo Poyo.
Metales pesados de la minería
En su día, se estableció la obligación de que la empresa descontaminara de metales pesados procedentes de la minería la parte del saladar que se iba a ver afectada por un campo de golf. Al anularse esta última zona deportiva por exigencias de la Unión Europea, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana abrió la puerta a que la empresa no tuviera que limpiar el saladar puesto que ya no obtendría de él edificabilidad.
Tras un periodo de dudas, el Ayuntamiento ha asegurado a este periódico que «entiende que dentro de las obligaciones del urbanizador se encuentra la restauración ambiental del humedal».


* La Verdad - JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ - 6.12.13
Foto: Cartagena, presentación Novo Carthago - JM.Rodríguez, laverdad.es

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Caso Gürtel.- Diez exconsellers valencianos investigados por corrupción tras una nueva imputación

Se ha dicho muchas veces, la trama corrupta Gürtel tiene tantas ramificaciones y complejidad que, como no le dediquen mayor atención y empeño judicial, va a terminar por desbordarse. Eso ocurre ya en la Comunidad valenciana, uno de sus focos, donde ahora implican nada menos que a 10 exconsellers, con lo que son más de 100 cargos públicos los que están imputados tras 18 años de gobierno del PP. Algo vergonzoso y catastrófico para una Comunidad en la que los ciudadanos han seguido apoyando a unos gobernantes que se han estando llenando los bolsillos mientras se reían de todos. El tema va para largo.
"ELDIARIO* : El Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana (TSJ) acaba de imputar a Luis Rosado, exconseller de Sanidad, por la contratación supuestamente delictiva de varias empresas de la trama Gürtel. Con esta decisión, hasta 10 miembros de sucesivos gobiernos de la Generalitat están imputados por casos de corrupción. Otro, el exvicepresidente Víctor Campos, fue condenado por un delito de cohecho impropio.

Rosado y otros tres cargos de su departamento están siendo investigados por encargar de manera presuntamente irregular la producción de un vídeo promocional sobre el Hospital Clínico de Valencia. El juez, siguiendo el criterio de la Fiscalia, cree que la contratación pudo ser delictiva. El modus operandi de la Generalitat con la trama Gürtel es conocido: se encomendaban trabajos prescindiendo de un concurso público y pagando, habitualmente, precios muy por encima de mercado.

Además de Rosado, otros cinco exconsellers están imputados por su relación con la organización de Francisco Correa y su hombre en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes: Milagrosa Martínez (Turismo), Angélica Such (Turismo y Bienestar Social), Alicia de Miguel (Bienestar Social), Vicente Rambla (que ocupó hasta cuatro carteras distintas) y Manuel Cervera (Sanidad). Los otros cuatro antiguos altos cargos están imputados por otros casos.

José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat y Bancaja, por el caso Bankia. Rafael Blasco, exportavoz del gobierno y exconseller en varias carteras, por el caso Cooperación, por el que la propia Generalitat le pide 11 años de prisión. José Joaquín Ripoll, exvicepresidente, por el caso Brugal, y Luis Fernando Cartagena, ex consejero de obras públicas, por un producto financiero. Estos cuatro, al igual que Rambla, ya formaban parte de los gobiernos de Eduardo Zaplana, primer presidente popular de la Generalitat antes de unirse como ministro al último gabinete de José María Aznar.
Más de 100 imputados
Según Sergi Castillo, periodista y autor del libro Tierra de Saqueo, un pormenorizado análisis de la historia política reciente de la Comunidad Valenciana, más de 100 cargos públicos valencianos están imputados por casos de corrupción, seguramente, un caso inédito en las democracias avanzadas. También lo puede ser la situación del grupo popular en el parlamento autonómico: casi una quinta parte está siendo investigado por casos de corrupción. El expresidente regional, Francisco Camps, que conserva su escaño, fue juzgado –y absuelto- en el caso de los Trajes.

Camps fue defenestrado por este asunto. Su sucesor, Alberto Fabra, apenas ha podido lidiar con la corrupción que asola al PP valenciano, una mayoria de cuyos diputados solicitó el indulto para un alcalde –y exmiembro de las Corts Valencianes- condenado por corrupción. Los problemas se le acumulan a Fabra, ahora aislado por la contestación social y sindical contra el cierre de Ràdio Televisió Valenciana.


* El Diario - Voro Maroto - 5.12.13
Foto: Francisco Camps, en las Cortes Valenciana, con Alberto Fabra al fondo a la derecha.- el diario

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El declive de Metro de Madrid: menos usuarios, peor servicio y más reclamaciones

El metro de Madrid ha perdido un 12% de usuarios en los últimos años. El deterioro de la red, la disminución de las frecuencias de paso de los trenes y el aumento de las tarifas han logrado que los usuarios den la espalda al que un día fue el mejor metro del mundo. Y esto parece incomprensible dado el caos automovilístico, la ausencia de un eficaz transporte público en superficie y la carencia de modelos alternativos sostenibles. No se entiende la dejadez política del Ayuntamiento y la Comunidad salvo que tenga más que ver con la enorme deuda que arrastra la capital por la incompetencia delictiva de sus últimos cargos públicos.
"VOXPÓPULI* : El Metro de Madrid ha presumido de ser el mejor del mundo o incluso el más innovador. También se ha llevado premios por sus campañas de márketing y no cabe duda de que ha llegado a ser el orgullo de los madrileños. Aquello fue en el pasado. Ahora, el suburbano ha perdido calidad, y los usuarios no sólo lo están notando sino que no se lo perdonan.

Cada día, la cuenta de Metro en Twitter (@metro_madrid) se llena de quejas. Al igual que en la red del suburbano, los momentos de mayor actividad en la red de microblogging coinciden con la hora punta. También son frecuentes las reclamaciones (algunas ilustradas con imágenes) a partir de las diez de la noche, cuando los tiempos de espera se multiplican.

Las quejas de los viajeros aumentan a la vez que los tiempos de espera y el precio de los billetes. El servicio, por el contrario, ya no es el que era. Lo que antes se contaba como incidencias aisladas, ahora son constantes en el día a día de cualquier usuario del Metro: torniquetes fuera de servicio, escaleras mecánicas paradas, tiempos de espera que superan los intervalos indicados en las tablas de frecuencias o vagones sin climatizar acaparan la mayoría de las quejas.

Peor servicio y precios más altos

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha iniciado una campaña para constatar todas estas incidencias y agruparlas para presentar acciones en el futuro. Desde la OCU explican a Vozpópuli que la iniciativa arrancó en las redes sociales, con la etiqueta #dondeestamimetro, tras el aumento de las quejas registradas por la organización sobre el funcionamiento del suburbano en la capital.

El objetivo de #dondestamimetro es “constatar para luego presentar acciones”, indican, aunque precisan que aún no han decidido si serán administrativas o judiciales, ya que la campaña aún se encuentra en fase inicial. En cuanto al éxito de la campaña, afirman que “está teniendo bastante acogida porque la gente está cansada”, entre otras cosas porque “no se cumplen las frecuencias”, motivo que dio origen a la campaña.

“Hay una carta de servicios que se tiene que cumplir”, denuncian desde la OCU. Estos servicios, consideran, no sólo no se cumplen sino que cada vez “cuesta más y el servicio es peor”. “Cuando se sube una tasa o precio público, se supone que es para mejorar”.

La OCU ya hizo un estudio en abril de este año sobre las tarifas del transporte urbano en 53 ciudades españolas. El precio de transporte público subió un 8,1% de media en los últimos tres años, porcentaje que en el caso del Consorcio de Transportes de Madrid (que agrupa Cercanías, Metro y autobuses) ascendió al 21%. Además, los madrileños son quienes más pagan por utilizar el transporte público. “Sus bonos y abonos son desde hace tiempo los más onerosos y la subida del 21% de sus tarifas en los últimos tres años no contribuye en modo alguno a reducir diferencias”, señala el estudio.

La mayor subida de tarifas se produjo en 2012, coincidiendo con un recorte en el servicio que prestaba el suburbano. Entonces, las tarifas experimentaron el mayor repunte en diez años, con una media del 11%. El título que más subió fue el suplemento por ir al aeropuerto de Barajas, que pasó de 1 a 3 euros, seguido por el metrobús de 10 viajes, que pasó de 9,3 a 12 euros, un 29% más.

Un 12% de los viajeros abandonan el Metro

El paso de los abonos mensuales de banda magnética a la tarjeta sin contacto también está trayendo no pocos quebraderos de cabeza a los usuarios. Primero, fue la demora entre la solicitud de la tarjeta y el envío, que superaba los dos meses. Ahora, son los torniquetes. “Es posible que haya algún fallo porque todavía se están adaptando”, indican a Vozpópuli desde Metro de Madrid.

En cuanto a las escaleras mecánicas, Metro resuelve las quejas que envían los usuarios al respecto informando de que este tipo de incidencias suelen tener una media de entre el 2% y el 3%. En total, la red tiene 1.700 escaleras mecánicas, por lo que esta tasa “supone unas 40 ó 45”, indican desde el suburbano. “Entendemos que genera molestias a los viajeros”, indican, sobre todo cuando estas incidencias se producen en estaciones con un gran tráfico de viajeros, y reconocen que en ocasiones “se han podido demorar un tiempo las reparaciones”.

“Sí es cierto que estos últimos meses hemos tenido que tomar una serie de medidas para ser sostenibles”, explican respecto a las reclamaciones. Entre estas medidas, se encuentra la reducción del servicio de trenes, realizada en octubre de 2012, que Metro cifra en el 6% y relaciona con la caída de la demanda, ya que el número de viajeros se redujo en un 12% en el periodo 2008-2012.

La fuga de usuarios continúa este año, con un 9,1% menos entre enero y septiembre, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto no quiere decir que los habitantes de Madrid den la espalda al transporte público, ya que en el último año ha aumentado un 5,9% el número de personas que prefieren moverse en autobús.

Asegurar la viabilidad en 2014

Desde Metro, indican a Vozpópuli que los objetivos para 2014 son “asegurar el mantenimiento de la calidad del servicio” además de “la viabilidad de la empresa”, tal como recogen los presupuestos para el próximo año. Así, recogen un aumento “en las inversiones en mantenimiento de instalaciones y servicio en general que se dé al viajero”.

Según explican los presupuestos para el año que viene, que llegarán a la Asamblea de Madrid en diciembre para su aprobación, el año que viene el suburbano pretende "incrementar los ingresos por viajero". Así, espera reducir el resultado negativo de 98,6 millones de euros estimado para cierre de 2013 a unas pérdidas de 9,8 millones con un incremento en el presupuesto de tan sólo el 0,65% al pasar de los 971 millones de este ejercicio a 978.

El presupuesto incluye también la reducción de plantilla en 593 empleados (un 11,7) del ERE voluntario de Metro, que ya cuenta con el acuerdo de empresa y sindicatos y que se votará en asamblea la próxima semana. No será hasta esta aprobación definitiva por parte de los trabajadores cuando se puedan llevar a cabo tanto el ERE como otras medidas de contención y ahorro recogidas en el convenio, como la congelación del salario a los trabajadores.

“Esperamos que todo se pueda poner en marcha a la mayor brevedad posible”, explican desde Metro, y añaden que la intención de la empresa pública es comenzar a aplicar el ERE a principios del año que viene.

* Vox Pópuli - Laura G.Cabanillas - 24.11.13
Foto: Torniquetes averiados en una de las estaciones del Metro.- agusalonsog

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Ávila.- El TSJ anula el proyecto urbanístico de Navahondilla

Otro caso grave de delito medioambiental en Castilla y León. 10 años después (diez) de presentarse esta macrourbanización en un pequeño pueblo de Ávila y tras ser aprobada por la Comisión Territorial de Urbanismo de la Junta, los tribunales anulan este proyecto disparatado. Una vez más han tenido que ser organizaciones ecologistas las que, a pesar de sus escasos medios, han tenido que recurrir este claro pelotazo urbanístico en el que había oscuros intereses privados. Pero la Junta y sus responsables, que lo autorizaron ilegalmente, saldrán sin un rasguño de esta condena judicial... como siempre.
ÁVILARED* : El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado por motivos medioambientales y logísticos el Plan Parcial Cabeza de Caballo, que aprobó el Ayuntamiento de Navahondilla y luego la Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta para levantar una macrourbanización. El proyecto, que data de 2003, incluía una urbanización de 1.106 viviendas y un campo de golf en un municipio de 250 vecinos, sobre 55,81 hectáreas, parte de las cuales estaban incluidas en la Red Natura 2000.

La resolución judicial se produce a instancias de la denuncia en 2011 de SEO/BirdLife, organización conservacionista que se opuso en 2003 a la modificación en 2003 de las normas urbanísticas del municipio.

La modificación incluía la recalificación como suelo urbanizable de varias parcelas que hasta entonces eran de suelo rústico, una parte de las cuales se encontraban situadas en un espacio incluido dentro de la Red Natura 2000 y dentro del ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica en Castilla y León.

Red Natura
Según SEO/BirdLife, la sentencia ha tenido en cuenta “criterios medioambientales”, ya que se recalificaba como urbanizables terrenos pertenecientes a la Red Natura 2000, dentro del Cerro de Guisando, declarado ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y LIC (Lugar de Interés Comunitario).

Asimismo, parte de los terrenos estaban incluidos dentro de Área Crítica del Plan de Recuperación del Águila Imperial aprobado por la Junta, que en marzo de 2003 autorizó la urbanización en la Comisión Territorial de Urbanismo.

Otro de los criterios a los que alude el fallo es el logístico, al considerar que según la organización conservacionista “no estaba garantizada la disponibilidad de agua para un campo de golf y para abastecer a 1.106 viviendas”.

Además, según SEO/BirdLife, el fallo aclara que los municipios que cuenten con espacios incluidos dentro de la Red Natura 2000 sí pueden desarrollar determinadas actividades compatibles con la conservación de estos espacios protegidos y de sus especies y hábitats, mientras que otras deberán estar sometidas a mecanismos de evaluación ambiental.


* Ávila Red - 3.12.13
Foto: Navahondilla (Ávila) - nodo50.org

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El tsunami urbanístico valenciano

En la Comunitat Valenciana se ataron durante mucho tiempo los perros con longanizas y, quien no tramitaba un PAI en su pueblo «estaba muerto». El urbanismo era el nuevo maná en forma de PAI que propició durante la anterior década una vorágine urbanizadora que propició la reclasificación de millones de metros cuadrados, que no han llegado a ejecutarse, y que la Conselleria de Territorio no sabe aún cómo digerir.
"LEVANTE* : A mediados de 2003, dos altos cargos del área de Urbanismo de la Generalitat viajaron a Bruselas para calibrar el alcance de las protestas que empezaban a armar ruido en las instituciones europeas por los abusos urbanísticos cometidos en nombre de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). «Tranquilos que no pasa nada», transmitieron a su vuelta. Las primeras protestas por los atropellos de la normativa urbanística ya comenzaban a extenderse por el territorio valenciano, de las que Levante-EMV informó en tiempo y forma, aunque desde la administración no se les hacía mucho caso e, incluso, se acusaba a manifestantes y medios de comunicación de «ir en contra del progreso» .

El 8 de agosto de 2003, el diario conservador The Times lanzaba en el reportaje «The spanish Land Grab-Great Spain Robbery« («La apropiación de tierras española. Espectacular robo en España», una gravísima acusación, repetida después decenas de veces en los medios europeos, que recogía las denuncias de los propietarios de terrenos atropellados por los programas de actuación integrada (PAI) que se tramitaban como rosquillas en aplicación de la LRAU. Según contaba un promotor, en lo alto de la ola en aquella época, el reportaje daba «una imagen nuestra como si fuéramos la tierra de José María el Tempranillo», el mítico bandolero andaluz del siglo XIX. Aunque las autoridades seguían ignorando los avisos a navegantes que se sucedían entonces.

La asociación ¡Abusos Urbanísticos No! (AUN), creada en mayo de 2003 para denunciar la especulación y el acoso a los propietarios incluidos en los PAI, ya había recogido a finales de año 3.000 firmas para reclamar al Parlamento Europeo una «comisión internacional y multipartidista» que analizara «la aplicación interesada, malintencionada y predatoria de la LRAU», en nombre del progreso urbanístico. Unas 150 personas se manifestaron el 4 de octubre de 2003 en Valencia, en la primera protesta pública de AUN, de la que informó Levante-EMV, para exigir a las Corts que «el texto de la LRAU y de las leyes que afecten al territorio se sometan a examen y se corrijan todos todos los artículos que dan pie a un desprecio absoluto a los derechos de los ciudadanos».

Eran las alertas del tsunami urbanístico que vivió la Comunitat Valenciana desde finales de los 90 hasta que la crisis hizo estallar la burbuja inmobiliaria, y que todos los actores principales negaron por activa y por pasiva durante aquellos años y que políticos y empresarios achacaban al excesivo celo informativo de los periódicos. Los datos objetivos sobre la avalancha de PAI nunca se han facilitado oficialmente por la conselleria responsable de urbanismo (que ha tenido cinco consellers en diez años), quizá para ocultar la magnitud del boom inmobiliario que nos puso en el disparadero de las críticas europeas por el «urbanismo salvaje y depredador» que se practicaba por estas tierras y que acabó sentando a las leyes urbanísticas valencianas en el banquillo de los acusados del Tribunal de Justicia Europeo (TJE), aunque finalmente se archivó la denuncia.

¿Cómo se llegó a esta situación? La LRAU se aprobó en noviembre de 1994, durante el último gobierno socialista, que apenas tuvo tiempo de aplicarla. La LRAU revolucionó el urbanismo español al introducir las figuras del agente urbanizador y de los PAI como novedades, con el objetivo de dinamizar y agilizar la actividad urbanística. El PP, muy crítico con la LRAU durante el debate parlamentario asumió la ley y no la modificó cuando llegó a la Generalitat en 1995. La ley preveía la redacción de un reglamento orientativo de zonas de zonas de ordenación urbanística, que nunca se elaboró, así como planes de acción territorial que nunca se redactaron durante sus once años de vigencia. El urbanismo valenciano se espoleó con la ley del suelo estatal aprobada por el gobierno de José María Aznar en 1998, que declaraba todo el suelo urbanizable, excepto el protegido. A finales de los años 90 comenzaron a surgir las primeras denuncias por abusos urbanísticos, pero no se les hizo mucho caso.

A partir del 21 de junio 2003, un viejo conocido del urbanismo valenciano volvió a dirigirlo. Catorce años después de abandonar la antigua Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (Coput), Rafael Blasco vuelve a la conselleria de nueva creación, Territorio y Vivienda, en el primer gobierno de Francisco Camps. Blasco revoluciona el urbanismo valenciano en apenas tres años, con la aprobación del famoso «paquete legislativo» que aportó a la Comunitat Valenciana cuatro leyes y dos reglamentos que suman un total de 1.183 artículos «contradictorios entre sí e imposibles de aplicar», según denuncian los urbanistas y admitió con el tiempo la propia conselleria.

El problema es que entre 2004 y 2006, cada vez que Blasco anunciaba la entrada en vigor de una nueva ley, se producía una avalancha de presentación de planes urbanísticos, cuyo alcance territorial la Generalitat nunca ha querido revelar en detalle (número de viviendas planificadas, suelo reclasificado...) El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) echaba humo en las sucesivas oleadas para esquivar las nuevas leyes que tramitaba la Conselleria de Territorio. Mientras, las denuncias ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo no dejaban de crecer (se alcanzaron 15.000, según el europarlamento, una cifra que el Consell minimizó y ridiculizó) y provocaron tres visitas de diputados europeos para analizar las denuncias por abusos urbanísticos y dos documentos, el Informe Fourtou y el Informe Auken, en los que se constataban los abusos urbanísticos que se cometían en la Comunitat Valenciana y la corrupción ligada al urbanismo.

Algunos datos de esta «década prodigiosa del urbanismo español» son reveladores. En la Comunitat Valenciana se construyeron 713.214 viviendas entre 1997 y 2006 (Alicante con 362.269 casas y Valencia con 231.046 eran la cuarta y sexta provincias españolas con más viviendas construidas). Otros 52 municipios tramitaron planes generales o conciertos previos en los que proponían la construcción de de 718.106 nuevas viviendas, lo que multiplicaba por cuatro su suelo residencial: de 92 millones de metros cuadrados de suelo previsto en sus planes generales a 272 millones de metros cuadrados de nuevo suelo urbano, según la información recopilada en 2009 por el catedrático de Geografía de la Universitat de València y ex conseller, Eugenio Burriel. Precisamente, una de las críticas que se ha hecho al urbanismo valenciano es que ha sido una suma de planes municipales, sin que existiera un plan autonómico que ordenara el territorio. La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, que marca el crecimiento de los próximos 30 años y está en vigor desde enero de 2011, no «mete mano» a la avalancha de PAI de los últimos años, como tampoco lo hace la nueva Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) que la última consellera del ramo, Isabel Bonig, anunció en agosto de 2011, para reducir a 273 lo más de mil artículos urbanísticos de las leyes vigentes, que aún no ha llegado ni a las Corts.

El Supremo tumba las tesis del TSJ y el Consell sobre el agua

Una década después del «tsunami» urbanístico, el Tribunal Supremo se ha posicionado en 2013 sobre una de las polémicas que encendieron el debate sobre el «boom» del ladrillo: la disponibilidad de agua de los planes urbanísticos y qué administración es competente para dictaminarla. El Supremo ha anulado este año varios planes urbanísticos que se aprobaron sin el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre disponibilidad de agua de estos nuevos desarrollos urbanos. El alto tribunal tumbó así las tesis defendidas por la Generalitat y avaladas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un reguero de sentencias que hicieron correr ríos de tinta en la última década. En el último año, el Supremo y el TSJ también han anulado algunos de los megaPAI estrella de la última década como el de Nou Mil·lenni en Catarroja o Mundo Ilusión en Cabanes-Orpesa. La crisis también ha obligado a suspender otros como el de Porxinos, en Riba-roja.


* Levante - LAURA BALLESTER - 6.12.13
Foto: Catarroja (Valencia), proyecto Nou Mileni - levante-emv.com

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Murcia.- El juez del caso Umbra dice que el exgerente de Urbanismo fue beneficiado por el promotor Pérez Mateos

El 'caso Umbra' de corrupción urbanística en la expansión de la ciudad de Murcia, continúa dando que hablar ya que ha sufrido todo tipo de artimañas por parte de los imputados municipales y empresariales para su consecución judicial. Hace poco veíamos la esperpéntica personación del Ayuntamiento como acusación popular en la causa, sin duda un mal chiste. Pero la lentitud judicial está siendo también exasperante y ha sido criticada por el propio fiscal. Hay numerosos flecos todavía dispersos.
"EFE* : El promotor inmobiliario y abogado Higinio Pérez Mateos y su esposa, Isabel Parra, "proporcionaron importantes beneficios económicos" al entonces gerente de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia, Alberto Guerra, según se recoge en un auto dictado por el juez que instruye el caso Umbra, sobre presunta corrupción urbanística. La resolución judicial desestima los recursos que tanto el matrimonio como el también imputado en esta causa Renato del Noce presentaron reclamando la declaración de nulidad del auto en el que se les atribuía la comisión de hechos delictivos.

Al analizar los recursos de Pérez Mateos y de Parra, el juez instructor dice que ambos "ofrecieron una negociación a Alberto Guerra y su esposa", en referencia al proyecto urbanístico en el que intervinieron, en el municipio murciano de Ulea.

Y añade que "el hecho de que Guerra desarrollara esa actividad comercial -dicho sea de paso, con ánimo ocultista- en territorio donde no desempeñaba su labor como funcionario, es indiferente a efectos del tipo penal referido a las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos".

Por su parte, sigue diciendo el auto, Guerra participó en uno de los convenios urbanísticos que están sometidos a investigación, en concreto, el que contemplaba la rehabilitación del Casino de Murcia, "en el que actuó como asesor de Agrumexport, una de las empresas promotoras".

El magistrado se pregunta dónde está la indefensión alegada por este imputado, "pues los documentos notariales en que se basa la misma eran conocidos por él, ya que los firmó, y también sabía que Alberto Guerra era ya por entonces y al momento de la firma el gerente de Urbanismo".

"La imputación -añade- tiene fundamento y no oculta ningún dato al interesado, que declaró en dos ocasiones sobre la cuestión, por lo que procede desestimar su recurso de reforma y la nulidad que solicitó".


* ABC - EFE - 5.12.13
Foto: Murcia, ayuntamiento - wikipedia.org

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Marbella.- El Supremo condena al presidente del Sevilla a siete años de cárcel

Tras más de 10 años (diez), la justicia sentencia el 'caso Minutas' en Marbella, condenando al abogado Del Nido y al alcalde Muñoz a 7 años de cárcel. Es una derivación más del caso Malaya de saqueo del ayuntamiento marbellí por una mafia de desaprensivos entre los que estaban los condenados ahora. La sentencia parece corta en virtud del grave delito cometido, pero en cualquier caso es más aceptable que la que se produjo hace poco con Roca y el resto de encausados de Malaya. El Consejo General del Poder Judicial debería revisar estas sentencias por débiles y permisivas con la corrupción urbanística.
"PÚBLICO* : El Tribunal Supremo ha condenado a siete años de cárcel al presidente del Sevilla, José María del Nido, y al exalcalde de Marbella Julián Muñoz en el llamado caso Minutas, relativo a corrupción en Marbella. La Audiencia de Málaga les condenó por prevaricación, malversación y fraude en el caso Minutas, y el Supremo ha confirmado su fallo en lo esencial, aunque anula la condena por fraude. La sentencia considera probado que entre 1999 y 2003 Muñoz, como alcalde en funciones, y Del Nido (con participación del resto de los condenados) idearon una trama para desviar dinero público del Ayuntamiento de Marbella.

Del Nido no quiso dejar su puesto al frente del club hasta que se produjera este fallo, que ahora le obliga a hacerlo porque deberá ingresar con toda probabilidad en prisión.

El alto tribunal no ha atendido así la petición del fiscal, que quería que a los tres delitos por los que fue condenado por el tribunal malagueño, se sumase el de falsedad en documento mercantil, por lo que reclamaba que le fueran impuestos dos años más de prisión, hasta un total de nueve y medio.

Del mismo modo, la sentencia de 244 páginas, hecha pública este jueves, anula la condena impuesta al exalcalde de Marbella Julián Muñoz en lo que se refiere al fraude y deja su pena en los siete años correspondientes por malversación y prevaricación.

Confirmadas las penas a Roca y a la exmujer de Del Nido
El Tribunal Supremo revisó el 5 de noviembre en vista pública los recursos presentados por el fiscal y los condenados, entre los que también se encuentran el exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca, al que se le impusieron cuatro años de prisión por fraude y malversación de caudales públicos; y la exmujer de Del Nido, Ángeles Carrasco, condenada a dos años de cárcel y seis de inhabilitación, por fraude en concurso con malversación. El alto tribunal ha confirmado las penas impuestas a éstos.

La sentencia de origen consideró probado que Muñoz y Del Nido idearon una trama para desviar dinero público del consistorio con objeto de enriquecerse personalmente pagando desde el Ayuntamiento minutas al abogado por trabajos jurídicos innecesarios de éste. El sevillano cobró en cuatro años casi tres millones de euros por actuaciones que el Fiscal vio "inexistentes" o "innecesarias".

Cuando se conoció la sentencia de la Audiencia malagueña, Del Nido eludió dejar la Presidencia del club de Nervión advirtiendo que esperaría al pronunciamiento del Supremo.

El alto tribunal sí atiende parcialmente el recurso del abogado de Del Nido en cuanto a que como cooperador necesario para el delito de malversación, no se le puede volver a condenar como cooperador necesario de fraude porque los hechos son los mismos. En ese sentido, la sentencia recoge que "la relación en la que se encuentran el tipo penal de fraude y el de malversación es una relación de progresión cuantitativa, de modo que el delito de fraude es un delito intermedio del delito de malversación de caudales públicos".

El Sevilla lo califica de "revés judicial"
Nada más conocer la sentencia, el Sevilla ha emitido un comunicado que califica de "revés judicial para Del Nido" la condena impuesta. "Sólo rebaja la pena en medio año respecto a la que impuso la Audiencia de Málaga", apunta el escrito que ha incluido el Sevilla en su página web.

"La Sala Penal del Supremo ha impuesto siete años de prisión al abogado y presidente del Sevilla FC, José María del Nido, por el denominado caso Minutas, relativo a los servicios prestados al Ayuntamiento de Marbella. El Alto Tribunal sólo ha rebajado en medio año la condena que impuso a Del Nido la Audiencia de Málaga, que juzgó el asunto en 2011", precisa el texto.


* Público - 5.12.13
Foto: Marbella, Del Nido con Muñoz - malagahoy.es

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Almería.- Los ecologistas intentan blindar el Cabo de Gata del acoso de las inmobiliarias

La burbuja inmobiliaria terminó por explotar y nos trajo la peor crisis-estafa de la historia en este país. A pesar de todo, hay algunos 'listillos' que, amparándose en condiciones urbanísticas permisivas, siguen erre que erre con sus turbios negocios político-empresariales. Es el caso del siniestro promotor-constructor Villar Mir, que intenta atacar ahora el parque natural del Cabo de Gata levantando una enorme urbanización. Una vez más la acción ecologista, como en el ilegal hotel del Algarrobico, está dispuesta a la lucha. Afortunadamente.
"ELBOLETÍN* : Los ecologistas de Almería y de toda España están muy pendientes de la batalla que se libra en el Cabo de Gata, un enclave natural que las inmobiliarias quieren convertir en su nueva mina de oro, según su opinión. A pesar de que ya ha estallado la burbuja inmobiliaria y de las múltiples viviendas vacías que hay en la actualidad en toda España, incluido el litoral, la empresa Promociones y Propiedades Inmobiliarias Espacio, que pertenecen al Grupo Villar Mir, pretenden construir 700 viviendas, 1.560 plazas hoteleras y un campo de golf de 27 hoyos junto al Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar.

Por ahora, el proyecto se ha encontrado con la oposición de la Junta de Andalucía que no considera este proyecto viable; sin embargo, sí cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Níjar del PP. A pesar de que los ecologistas consideran que la decisión de la Junta es positiva creen que al final la compañía se saldráa con la suya.

De hecho en la inmobiliaria no dan la promoción por pérdida, y ante las preguntas realizadas por este medio sobre cómo se está desarrollando el proyecto, la respuesta es: “La promoción está en desarrollo, ya hablaremos de ella…”.

“No tienen prisa, pero sí lo tienen todo preparado. Esta promoción está a las puertas del parque, pero no está en el parque, pero si la levantan, ya están a las puertas”, según ha declarado a este medio, Francisco Segura, de Ecologistas en Acción.

Asimismo, ha asegurado que “dentro del parque, lo que hay ya es un montón de intereses privados, porque la mayor parte de los terreno, son ya de particulares adinerados y de compañías inmobiliarias. Un lugar paradisíaco, atractivo”.

Otros expertos han afirmado que sí que es el momento para que las inmobiliarias consigan los permisos de construcción y el parque natural de Cabo de Gata, se convierta paulatinamente, en un lugar urbanizable.

Se trata de aprovechar la crisis económica, y el número descomunal de parados que hay en España para que puedan aprobarse proyectos 'extraordinarios' que jamás hubieran sido aprobados en una situación distinta a la actual. Todo parece valer con el señuelo de la posible generación de puestos de trabajo.


* El Boletín - 3.12.13
Foto: Cabo de Gata (Almería), parque natural - ideal.es

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Santa Cruz.- La fiscal concluye que Urbanismo inició el ´mamotreto´ sabiendo que era ilegal

El asunto de la corrupción urbanística en la playa de las Teresitas de Santa Cruz de Tenerife sigue adelante con una lentitud judicial pasmosa. Ahora se está tratando solamente el edificio del 'mamotreto', construido ilegalmente en plena playa y con el visto bueno de todas las autoridades (in)competentes municipales y autonómicas. Tras siete años (siete) de investigación judicial, la fiscal llega a la conclusión que el ayuntamiento del alcalde M.Zerolo (hoy senador CC) sabía que era ilegal. Se ha cubierto de gloria, sin duda.
"LAOPINIÓN* : La Fiscalía mantuvo ayer su petición de condena por los delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio contra los siete imputados del caso mamotreto, los exconcejales de CC Manuel Parejo, Norberto Plasencia, Luz Reverón (ahora en el PP) y José Domingo Pastor, y los funcionarios municipales Loreto Ariz, Candelaria Benítez y Epifanio Gómez. Lo hizo en la última jornada del juicio por uno de los litigios en torno a Las Teresitas y que se refiere al edificio de aparcamientos y locales comerciales que se construyó en la entrada de la playa. Además, solicitó a la jueza, Beatriz Méndez, que la condena abarque el pago de la demolición de este edificio inacabado. Para la Fiscalía ha quedado claro que el Consistorio construyó el edificio sabiendo que era ilegal.

Tras escuchar al último testigo y después de cuatro jornadas de juicio, la fiscal, Inmaculada Violán, ratificó su solicitud de tres años de cárcel para los exediles Manuel Parejo, Norberto Plasencia y José Domingo Pastor y para la empleada pública Loreto Ariz, y de dos años de prisión para la exconcejal Luz Reverón y los técnicos Candelaria Benítez y Epifanio Gómez, por "haber llevado a cabo un plan preconcebido dirigido a la aprobación de un proyecto sí o sí con el objetivo de que las obras se ejecutaran cuanto antes, aunque incumpliera la normativa urbanística y la ley de ordenación del territorio y con una simplicidad que se excede de lo que podría considerarse una mala praxis".

Además, y al considerar la fiscal que la construcción es "completamente ilegal", solicitó a la juez que también se incluya en la condena la demolición del mamotreto para que su coste sea asumido por los imputados, ya que este edificio, según la Fiscalía, tendría que haberse derribado desde 2008, cuando se paralizaron las obras porque Costas advirtió de la irregularidad del mismo. Asimismo, la fiscal pidió siete años de inhabilitación para los siete acusados e incorporó en su escrito de acusación la pena por prevaricación administrativa genérica.
Los letrados de la defensa coincidieron en solicitar la absolución de los acusados. Las conclusiones de estos, sobre todo del abogado de Manuel Parejo, Eduardo García, se centraron fundamentalmente en dejar claro que la responsabilidad de lo ocurrido era de otros. Los letrados de los funcionarios insistieron en que son los políticos los que toman las decisiones, y los de los responsables políticos, en que son los técnicos los que informan favorablemente o no sobre un expediente. El abogado de Parejo, además, dio nombres concretos, queriendo dejar claro que los responsables de este expediente del mamotreto fueron el gerente de Urbanismo, el técnico Víctor Reyes y el concejal de Obras, Norberto Plasencia, también imputado en este caso. El juicio quedó visto para sentencia, la cual, según los abogados de los acusados, se conocerá en uno o dos meses.

Durante la última jornada del juicio, la fiscal destacó el contexto en el que el Ayuntamiento "decidió iniciar unas obras en contra de la normativa", refiriéndose al procedimiento contencioso administrativo que en aquel entonces estaba en curso en relación a la operación de compraventa de los terrenos de Las Teresitas. "Y ambas cosas están muy ligadas porque se estaba hablando de la disponibilidad de dichos terrenos. Cuando el Consistorio inicia las primeras acciones para aprobar el proyecto del edificio de aparcamientos y locales comerciales aún no existía la sentencia firme sobre la disponibilidad de las parcelas, algo indispensable porque esto implicaría la suscripción o no del convenio con Costas", indicó Inmaculada Violán.

La fiscal indicó que el exconcejal Manuel Parejo aseguró a la Dirección General de Costas que el Ayuntamiento contaba con la disponibilidad de los terrenos a pesar de que había pendiente un recurso que, además, finalmente todo el procedimiento acabó con una sentencia del Tribunal Supremo anulando la operación de compra de los terrenos llevada a cabo por el Ayuntamiento en 2001.

El Ministerio Público aseguró que ha quedado claro, según las declaraciones de los testigos y la prueba pericial, que la construcción del mamotreto era un proyecto inviable, que incumplía la normativa urbanística, que invadía la servidumbre de protección y de tránsito y el dominio público marítimo terrestre, que no contaba con autorizaciones y que incluía unos usos incompatibles con la ocupación del dominio público refiriéndose a los locales comerciales, y que todo esto lo sabían los acusados. "Y a pesar de todo, se inició y ha costado a Santa Cruz más de 10 millones de euros", concluyó la fiscal.


* La Opinión Tenerife - Eloísa Reverón - 30.11.2013
Foto: Santa Cruz de Tenerife, mamotreto aparcamiento - laopinión.es

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Galicia.- Operación Pokemon: la juez acusa de corrupción a tres alcaldes y cinco exalcaldes

La importante 'operación Pokemon' sobre contratos municipales ilegales abarca ya a toda Galicia y sus principales ayuntamientos. El caso lleva bajo secreto de sumario 14 meses (catorce) y no se ve el final a la acción judicial que trata sobre irregularidades urbanísticas cometidas hace años. La mayoría de los 88 imputados son del PP y del PSOE pero hay más siglas, incluso de fuera de la comunidad gallega. El ayuntamiento más afectado es el de la capital, Santiago, pero hay numerosos gobiernos de poblaciones imputados por corrupción en la contratación de obras y servicios. Parece así que este grave asunto va para largo.
"ELPAÍS* : La juez de Lugo Pilar de Lara, que investiga el llamado caso Pokémon, por presunta corrupción en la concesión de contratos municipales, ha ratificado las acusaciones contra tres alcaldes, los de Santiago, Lugo y O Carballiño (Ourense) y cinco exalcaldes, así como contra tres concejales de la capital de Galicia, un exedil de ese Ayuntamiento y otro antiguo miembro de la Corporación de Lugo. La mayoría de los delitos que investiga la juez, centrados en Galicia, aunque con ramificaciones en Asturias y Cataluña, salpica a cargos públicos de PP y PSOE, pero también están imputados un exalcalde de CiU y un antiguo concejal del BNG.

La juez además sospecha que los dos principales partidos de Santiago -el Ayuntamiento con más imputados- pudieron haberse financiado ilegalmente.

La confirmación de los cargos en un caso que lleva 14 meses bajo secreto de sumario y acumula 88 imputados está recogida en un auto dictado por la juez para dividir la laberíntica instrucción de las diligencias entre nueve piezas. De Lara basa sus acusaciones en los datos obtenidos de intervenciones telefónicas, registros en oficinas públicas y domicilios privados, análisis de expedientes oficiales y las declaraciones prestadas a lo largo de la instrucción.

La magistrada advierte que su escrito no equivale a la “imputación formal” previa a la celebración del juicio, ya que su propósito es reorganizar el sumario para facilitar la investigación, pero reitera las sospechas contra todos los cargos públicos citados y contra los máximos responsables de la empresa Vendex, concesionaria de diversos servicios en ayuntamientos gallegos, y de Aquagest, que gestiona el abastecimiento de aguas en Santiago y Ourense. Entre los imputados también hay diversos funcionarios municipales, como el antiguo jefe de la policía local ourensana Abelardo Ulloa.

En la mayor parte de los casos la juez no individualiza sus acusaciones, pero los posibles delitos descubiertos en su investigación abarcan la mitad del Código Penal: cohecho, falsedad documental, malversación de fondos públicos, blanqueo de dinero, negociaciones prohibidas a funcionarios, delitos electorales… Los tres alcaldes imputados son dos del PP, los de Santiago, Ángel Currás, y O Carballiño (Ourense), Argimiro Marnotes, y otro socialista, el de Lugo, Xosé López Orozco.

Además la juez mantiene las acusaciones contra tres exregidores que dimitieron de sus cargos por este caso, el socialista Francisco Rodríguez (Ourense), el popular Adolfo Gacio (de la localidad coruñesa de Boqueixón) y el convergente Robert Fauria (del pueblo gerundense de Sant Hilari). Al mismo tiempo, están encausados los que fueron alcaldes por el PP de Santiago, Gerardo Conde Roa -dimitió antes de conocerse estos hechos tras descubrirse que defraudó 290.000 euros a Hacienda- y de Pravia (Asturias), Juan Carlos Guerrero, aunque este último en relación con hechos cometidos en el municipio de Cangas de Narcea. Por las ramificaciones asturianas del caso figura entre los imputados el que fuera vicesecretario del PP en el Principado Joaquín Fernández Díaz.

De entre los antiguos concejales el que acumula más cargos es el socialista Francisco Fernández Liñares, el que fuera mano derecha del alcalde de Lugo. A Liñares se le acusa de manejos corruptos en la adjudicación del servicio de grúa del Ayuntamiento de Lugo, cuando era edil, y en los contratos que repartió desde la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, de la que fue presidente con posterioridad. Es precisamente la concesión del servicio de grúa y otros contratos al grupo Vendex lo que mantiene las imputaciones contra el alcalde de Lugo, que está incluido en dos de las piezas separadas por la juez.

Pero sin duda el Ayuntamiento más sacudido por el sumario es el de Santiago. Los supuestos amaños de contratos a cambio de favores a las empresas del grupo Vendex y a Aquagest colocan bajo sospecha de la juez al actual alcalde, su antecesor, dos concejales del grupo de gobierno del PP, otro exedil popular que dimitió por este caso y además al concejal socialista Bernardino Rama. Este último fue secretario local del PSdeG y hombre fuerte del gobierno que dirigió hasta 2011 el alcalde socialista Xosé Sánchez Bugallo.

Pero además la juez sospecha que los dos principales partidos de Santiago se financiaron de forma ilegal. En el caso de los socialistas, la juez apunta a que la imprenta La Ibérica de la capital de Galicia, “en connivencia con otras empresas, entre ellas, Aquagest”, “habría elaborado” para el PSOE local “facturas falsas por un elevado importe de dinero, lo que podría constituir un delito de falsedad documental, y delito electoral”. En el caso del PP, la juez investiga “posible irregularidades” en su financiación “mediante la aportación de dinero por empresas adjudicatarias de obras y servicios en el Ayuntamiento”.

En la capital de Galicia, De Lara sospecha de actuaciones corruptas relacionadas con la adjudicación de los contratos de gestión de las multas de tráfico y de suministro de autobuses urbanos. La magistrada indaga posibles tratos de favor a empresas a cambio de regalos, viajes, el pago de actos del Ayuntamiento o la contratación de trabajadores enchufados.


* El País - XOSÉ HERMIDA - 26.11.13
Foto: Santiago de Compostela, ayuntamiento - turismo

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Urbanizaciones fantasma.- Bloques vacíos junto al Ebro

Todavía queda mucho por destripar de la llamada burbuja inmobiliaria, que llevó al país a la mayor crisis-estafa habida. Hay ejemplos sangrantes como el megacomplejo de 1.318 viviendas y campo de golf que lleva cinco años varado en un antiguo campo de melocotoneros de la localidad tarraconense de L’Aldea. Otro pelotazo urbanístico mayúsculo de la promotora-constructora Fadesa que lo promocionó en 2003 con todo el apoyo político-financiero posible, siendo ya criticado entonces por organizaciones ecologistas que, como se ha demostrado, llevaban razón una vez más. Así se va destruyendo poco a poco la Ordenación Territorial de todo un país.
"ELPAÍS* : Todo el mundo recuerda la finca de la Palma, en L'Aldea (Tarragona) como un campo de melocotoneros. Hasta que la fiebre inmobiliaria ideó para esas 125 hectáreas junto al río Ebro una enorme urbanización de 1.318 viviendas que suponía duplicar de golpe la población de la localidad, de unos 3.500 habitantes. Se construyeron varios bloques con 170 pisos e incluso se hallaron compradores. Pero en 2008 su promotora, Martinsa Fadesa, protagonizó el mayor concurso de acreedores de la historia, lo cual frenó de golpe las obras. Todavía hoy no hay perspectivas de que se reanuden.

Fue en 2003 cuando la entonces gallega Fadesa, dirigida por Manuel Jove, anunciaba el gran complejo de viviendas con campo de golf y hotel de cinco estrellas en L'Aldea, que llamó El Mirador del Ebro. A partir de entonces, las comarcas del sur de Cataluña hirvieron con proyectos inmobiliarios. Solo en 2006 y 2007 se iniciaron más de 1.500 viviendas en L'Aldea. Los municipios del sur aparecían cada año en las listas de los más castigados del ladrillo. Solo los superaba de vez en cuando alguna localidad cercana a una estación del AVE o pequeños enclaves como La Torre de Cabdella (Lleida), de 700 habitantes, donde también Martinsa Fadesa puso en marcha 1.085 viviendas con pista de esquí, campo de golf y tiendas. Ese proyecto corrió la misma suerte que el de L'Aldea y hoy permanece varado.

Los grupos ecologistas protestaron, pero el Ayuntamiento y la inmobiliaria defendieron el complejo por su interés turístico, la inversión de 165 millones de euros y la creación de 600 puestos de trabajo en la zona. Francisco Javier García, propietario de una empresa de fontanería, trabajó para Fadesa. "Les hice instalaciones de tuberías para saneamiento. Era un gran trabajo. Eran más de 1.000 viviendas con servicios, tiendas e incluso un embarcadero", explica. Las facturas de su trabajo ascienden, dice, a 289.000 euros. Nunca ha visto ni un euro. Recientemente García sufrió la quiebra que protagonizó la sección de crédito de la cooperativa agrícola de L'Aldea y que dejó en una situación de corralito a cientos de vecinos. En ese caso, la cooperativa dejó a deberle unos 300.000 euros, lo cual lo llevó a cerrar su empresa.

El Mirador del Ebro es hoy un coto privado. Está completamente vallado y un vigilante procura que nadie pise las calles ya asfaltadas del barrio fantasma, con farolas sin luz y casas sin habitantes. Los vecinos de L'Aldea cuentan que algunas tienen dueño. De cualquier modo, aunque quisieran no podrían entrar a vivir, puesto que aún no disponen de todos los servicios necesarios.

Ximo Esteller, ecologista del grupo Gepec, que en su día denunció el proyecto de Fadesa, explica que la localidad tiene otra urbanización en Vinaxarrop en la que estaban proyectadas también 400 viviendas y otro campo de golf. La diferencia, explica, es que en esa otra área no hay nada urbanizado, lo cual debería facilitar que el Ayuntamiento diera marcha atrás y dejara la zona libre de cemento. "Durante la burbuja se urbanizó en todos los municipios cercanos. Nos quejamos por el desarrollo de L'Aldea, sobre todo por su proximidad al río, que es un corredor ecológico", asegura.

L'Aldea, cuyo alcalde no ha atendido las llamadas de este diario, está repleta de esqueletos de edificios e inmuebles vacíos que, cuentan los vecinos, en varios casos han sido ocupados. El último informe inmobiliario de CatalunyaCaixa, elaborado en enero, señala que en el área de Tortosa hay 4.400 viviendas vacías por vender, lo cual representa el 12,6% del parque de casas. "Durante la época dorada del sector se construyó en todas partes. Queda mucha obra por vender y por acabar", explica Joan Vicenç Rieres, de la junta directiva del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Tarragona.

La inmobiliaria, que salió del concurso y pugna por rehacerse, explica que "debido a la variación" de la propiedad del suelo —hoy compartida con bancos acreedores— fue necesario crear una Junta de Compensación en la que ya no tiene mayoría. Para reanudar las obras, prosigue la promotora, los propietarios deben decidirlo —y están de acuerdo en hacerlo, añaden—, aunque admiten que están barajando "distintas alternativas y viendo cuando es el momento más oportuno".

No muy lejos de L'Aldea, en L'Ametlla de Mar el ayuntamiento quiere dar marcha atrás y ha aprobado ya la "renaturalización" de una zona en la que una empresa de capital ucraniano iba a levantar 70 chalés. No hay casas construidas, pero la piqueta sí deberá pasar para arrasar calles, farolas o contenedores subterráneos. La crisis del ladrillo también ha dejado paralizado ese proyecto. Primero, porque el grueso de la propiedad pasó a manos de la banca, y segundo, porque requiere del concurso de la Generalitat, ahora sin capacidad para afrontar ese coste al estar enzarzada en sus planes de austeridad. Un portavoz del Consistorio explicó que de momento se sigue negociando con el banco una permuta de esos terrenos. Se trata de devolver a la naturaleza lo que la burbuja le arrebató hace una década.

El Mirador del Ebro

- El proyecto constaba de 1.318 viviendas, de las cuales 840 eran apartamentos y 478 eran casas unifamiliares, además de un hotel y un campo de golf.
- La antigua Fadesa comprometió 165 millones de euros para el complejo y aseguró que se crearían 600 puestos de trabajo.
- La inversión atrajo a otras inmobiliarias e inversores. Solo en dos años se iniciaron más de 1.500 casas en L'Aldea, con 3.500 habitantes.
- Los municipios próximos a Tortosa suman 4.400 pisos acabados vacíos, lo que supone más del 12% de todo el parque de viviendas de la zona.


* El País - LLUÍS PELLICER - 25.11.13
Foto: Obras sin acabar y paradas en Torredembarra (Tarragona). / JOSEP LLUIS SELLART

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Madrid encarga el informe ambiental 'previo' de una autovía que funciona desde 2008

Aquí todas las administraciones hacen lo que quieren, saltándose leyes y normativas, ante una justicia casi inexistente contra ellas. Ya se sabía que la polémica autovía M-501 en la Comunidad de Madrid había sido declarada ilegal hace 5 años (cinco), pero es que ha seguido funcionando como si nada hasta hoy día, a pesar de la condena, incluso, de la UE por carecer del informe ambiental 'previo'. Los sucesivos gobiernos autonómicos de E.Aguirre e I.González han puesto toda suerte de trabas irregulares a una justicia demasiado permisiva o altamente politizada. Algo inaudito.
"ELDIARIO* : Quizá sólo en España pueda existir una autovía que, pese a ser declarada ilegal por el Tribunal Supremo, siga funcionando a razón de 50.000 vehículos diarios. Está en la Comunidad de Madrid y es una vía por la que ya han circulado 20 millones de coches a través de espacios naturales protegidos, y que los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (en 2008) y los europeos de Luxemburgo (en 2011) consideraron que fue construida por el Gobierno regional saltándose la ley. Toda una maraña judicial ha conseguido que por los 18 kilómetros de autovía M-501 que unen los pueblos de Quijorna y Navas del Rey, y que cruzan un parque regional y una zona de especial protección para las aves, circulen vehículos como si nada, aunque la primera sentencia date de hace ya un lustro.

El Gobierno de Esperanza Aguirre decidió en 2006 que la carretera sería autovía a cualquier coste y burló la legalidad. Se saltó el estudio de impacto ambiental previo al declarar la obra de interés general. Aducía que era una carretera peligrosa, análisis que los ecologistas pusieron en duda.

El conflicto saltó a los medios, que acabaron buscando pruebas de la existencia de linces ibéricos en la zona. El Ejecutivo de la Comunidad de Madrid acaba de contratar hace dos meses a una empresa para que realice el estudio de impacto ambiental previo de la autovía que en su momento no se efectuó.

La asociación Ecologistas en Acción denunció en su día el proyecto. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró nula la obra –que se había encargado a la empresa Corsán por 40 millones de euros– al vulnerar las leyes medioambientales. Y fallaba que, en su caso, debería "restituir" la zona a su estado anterior.

Madrid recurrió al Supremo, y los coches comenzaron a circular. Casi tres años tardó el Supremo en decidir. En febrero de 2011, ratificó la ilegalidad de la obra. ¿Se cumplió la sentencia? En absoluto. Más vehículos viajando por la autovía mientras el 15 de julio los magistrados de Madrid daban a la Comunidad "dos meses" para decir cómo cumpliría la "ejecución forzosa". Agosto, septiembre, octubre… El 21 de noviembre, los jueces claman y le imponen al Gobierno de Esperanza Aguirre un plazo de 15 días "improrrogable" para que informe "detalladamente" sobre las medidas que adoptará.

El límite se multiplicó por ocho. Tras un cambio de magistrado al frente de la sala encargada, se dictó un auto sobre la ejecución de la sentencia –sentencia que acumulaba entonces cuatro años de polvo–, en la que se otorgaba al Ejecutivo regional "dos meses" más para que dijera cómo solventaría los trámites administrativos que no llevó a cabo en 2006 al planear la carretera: el famoso informe previo de impacto ambiental que debe velar por los daños a la naturaleza antes de meter las piquetas.

A pesar de que la Comunidad aseguró todo este tiempo que "ha subsanado los errores procedimentales a los que hace referencia la sentencia", en agosto de este año sacó un concurso para contratar a una empresa que hiciera la "redacción del estudio impacto ambiental duplicación M-501 entre Quijorna/Navas del Rey". Usó el trámite de urgencia para adjudicarlo el 27 de septiembre de 2013 por más de 200.000 euros. Plazo de ejecución: 18 meses. Sólo con este movimiento se llevará el asunto hasta marzo de 2015.

Condena europea

Nada ha detenido la idea que tuvo Esperanza Aguirre de llevar los carriles lo más dentro posible de las zonas de protección ambiental. Mucho menos, los trámites legales o las sentencias firmes. ¿Por qué? La Comunidad insiste: "Se ha demostrado en estos cinco años que el desdoblamiento de este tramo de la M-501 era una necesidad de primer orden para todos los madrileños, ya que se ha conseguido aportar a la carretera mayor seguridad vial y una menor siniestralidad". Pero acatar la sentencia sería un desastre para las finanzas. Y no sólo ya por lo gastado en construir esos 18 km de autovía. Existen implicaciones más profundas.

Esta M-501 se ha hecho autovía en dos fases. La primera fue adjudicada por el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón –en su época de presidente regional–, a un consorcio llamado Ruta de los Pantanos S.A., en el que aparecen corporaciones como Iridium (de ACS) o Globalvía (de FCC). Esta sociedad construyó la autovía y se encarga de su mantenimiento a cambio de un peaje en la sombra, según el tráfico que soporta, abonado por la Comunidad de Madrid.

En 2014, la concesionaria se llevará 19,9 millones de euros, 1,1 millón más que en este 2013. En las cláusulas del contrato, la Administración incluyó que "las actuaciones de la Comunidad de Madrid que disminuyan la demanda de uso de estas carreteras darán derecho a la sociedad concesionaria al reequilibrio económico". Desmochar la autovía en 18 kilómetros por haber incumplido la ley es, desde luego, hacerla menos atractiva para los conductores.

La M-501 provocó en diciembre de 2011 que Europa condenase a España por contravenir la protección de la naturaleza y los trámites de evaluación de impactos ambientales. La Comunidad de Madrid, que provocó el recurso de la Comisión Europea ante los jueces de Luxemburgo, calificó la sentencia de "irrelevante". Sólo la crisis económica ha detenido la apertura de carriles hasta el corazón de las zonas protegidas en el límite de la región con Castilla y León.


* El Diario - Raúl Rejón - 1.12.13
Foto: Madrid, autovía M-501 - eldiario

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