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Lo que faltaba por ver: un ayuntamiento como Valdepeñas (PSOE) vende los caminos públicos y se queda tan ancho, aunque haya más pueblos en la provincia de Ciudad Real que también lo han hecho, con el visto bueno de la 'popular' presidenta Cospedal, claro. Es decir, que caminos que comunican localidades cercanas quedarán cerrados para el paso público, pudiendo el cacique de turno instalar una valla y cobrar por el paso. Además de ser ilegal territorialmente, esta medida tiene que ver con las grandes fincas de caza provinciales y la corrupción que generan las numerosas cacerías, a las que acuden 'ricachones escopeteros' nacionales e internacionales.
"DIAGONAL* : Vicente Luchena, de Ecologistas en Acción, dice: “En nuestra provincia sufrimos en los últimos años una avalancha de cierre de caminos, ejecutados por propietarios de grandes fincas”. Sin nombrarlos, en Ciudad Real cuentan con grandes extensiones en cotos de caza los banqueros más influyentes o las grandes fortunas y casi todas las casas reales de Europa. También son asiduos en las cacerías los jeques árabes y políticos y empresarios rusos y estadounidenses. “Además, dos ayuntamientos, Ballesteros de Calatrava y Valdepeñas, se van a deshacer de nuestros caminos, patrimonio de todos. El primer municipio ha permutado un camino al lado del pueblo, en un terreno de un familiar del alcalde”, denuncia Luchena.
En Valdepeñas, gobernado por el PSOE ya se ha producido la desafectación de 13 caminos públicos para venderlos. Un regalo a un precio irrisorio a un terrateniente que va a sentar un peligroso precedente. Son fincas cinegéticas y algunos de los caminos son vecinales que comunican un pueblo con otro”, afirma el coordinador de los Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
En Fuencaliente, localidad de Ciudad Real situada en Sierra Morena, “el que quiera pasear por los caminos tiene que contratar a un guía local o pedir permiso y pagar”, dice el coordinador de Ecologistas en esta provincia.
En Valdepeñas, gobernado por el PSOE ya se ha producido la desafectación de 13 caminos públicos para venderlos. Un regalo a un precio irrisorio a un terrateniente que va a sentar un peligroso precedente. Son fincas cinegéticas y algunos de los caminos son vecinales que comunican un pueblo con otro”, afirma el coordinador de los Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
En Fuencaliente, localidad de Ciudad Real situada en Sierra Morena, “el que quiera pasear por los caminos tiene que contratar a un guía local o pedir permiso y pagar”, dice el coordinador de Ecologistas en esta provincia.
El cacique propietario de La Cotofía ha arrancado las tuberías del agua de la Venta de la Inés porque quiere echar a la familia que vive allí y "porque no han accedido a vender la venta al terrateniente, en la linde de éste”, señala Luchena. El propietario de La Cotofía ha cerrado el camino público que atraviesa su propiedad, también el río Tablillas que pasa por los terrenos y, además, consiguió que el entonces equipo de Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha del PSOE declarase que ese río no era tal, sino un “arroyo particular” del terrateniente.
La finca de La Cotofía recibe casi todos los años una marcha de senderistas y ecologistas que van a protestar por este atropello ante la valla que cierra el camino público. Dentro de la finca cruza también el Camino Real de la Plata que comunicaba Madrid con Sevilla y con Córdoba, que permanece cerrado al acceso público. También existe una gran cueva que cuenta con diversas pinturas rupestres catalogadas que han quedado cercadas por el cerramiento del cacique.
El matrimonio Ferreiro cuenta más de 80 años cada uno y su hija es paralítica. A la Venta de la Inés llegan autobuses de japoneses para conocer el entorno que describe Cervantes, mientras el guía, Felipe Ferreiro, resiste los envites del cacique.
* Diagonal - María José Esteso Poves - 21.11.13
Foto: Marcha de vecinos, senderistas y activistas de la Plataforma Iberica en Defensa de los Caminos Públicos para la apertura del camino público de la Venta de la Inés, en Almodóvar del Campo, Ciudad Real, en 2010.- ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.
El ayuntamiento de Valdepeñas vende 13 caminos a un terrateniente
La justicia investiga más de 15 obras públicas de Alcanar
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Otro Ayuntamiento asaltado por agentes judiciales en busca de documentación sobre ilegalidades urbanísticas. Dada la escasa predisposición municipal, los agentes deben actuar al asalto antes que se destruyan las pruebas de irregularidades. En esta ocasión es en Alcanar (Tarragona), bajo gobierno independentista de ER, lo que significa, una vez más, que lo que une realmente al país entero es la corrupción, por encima de siglas o banderas. Algo que muchas veces no se valora lo suficiente y que demuestra la gravedad del problema de la corrupción urbanística aquí.
"ELPAÍS* : El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Amposta (Montsià) investiga una quincena de proyectos urbanísticos de Alcanar (Montsià). Ayer agentes de la Guardia Civil entraron por sorpresa en el Ayuntamiento y requirieron abundante documentación ligada a proyectos urbanísticos públicos realizados desde 2007. Los agentes permanecieron unas seis horas en las oficinas del Consistorio, de las que se llevaron hasta 18 cajas de cartón repletas de información sobre contratos, facturas, adjudicaciones y licencias de obras.
La operación se llevó a cabo debido a un requerimiento del juzgado, que tramita una denuncia que interpuso este verano un vecino de la localidad contra el Ayuntamiento, al que acusa de presuntas irregularidades en la gestión y adjudicación de entre 15 y 20 proyectos urbanísticos. Se trata de obras de diversa índole, como las actuaciones en las instalaciones deportivas del núcleo de Les Cases d’Alcanar, las obras de un albergue o la compra de los terrenos en los que se encuentra el poblado íbero de Sant Jaume-Mas d’en Serrà, explicó el alcalde del municipio, Alfons Montserrat, de Esquerra Republicana (ERC). “Esta finca rústica la compramos porque en ella se encuentra el poblado íbero. Costó 22.000 euros y nos han denunciado por sobreprecio”, afirmó Montserrat, al que le costaba entender lo ocurrido. “Si andas por Alcanar te das cuenta que han denunciado prácticamente todo lo que hemos hecho en materia urbanística desde que empezamos a gobernar”, asegura el alcalde.
ERC dirige el Consistorio en minoría y la oposición está formada por CiU, PSC y PP, con tres concejales por partido. Según fuentes del equipo de gobierno, la denuncia la interpuso un militante local de CiU. Ayer la federación nacionalista de las Tierras del Ebro no atendió las llamadas de este periódico. “Ofrecemos la máxima colaboración a la justicia para que esto se solucione lo más pronto posible, los proyectos se han realizado de acuerdo con la ley”, dijo Josep Manel Martí (ERC), concejal de Urbanismo de Alcanar.
En el listado de actuaciones investigadas no se encuentra el denominado caso Turov por el que la justicia insta a demoler 32 viviendas de la urbanización Serramar cuyas licencias urbanísticas fueron declaradas nulas en 2006.
* El País - MERCÈ PÉREZ PONS - 21.11.13
Foto: Alcanar (Tarragona), playa y pueblo - turismo
Gijón espera una urgente solución urbanística
El urbanismo gijonés continúa en estado grave de paralización, tras la sentencia judicial que anuló su planeamiento anterior y la falta de iniciativas político-empresariales que no son capaces de ponerse de acuerdo en la redacción de un nuevo Plan General. Sobre todo hay que resaltar la primacía del factor político, con la alcaldesa del controvertido Foro Asturias al frente, que no cuenta con la intención de solucionar el problema, apoyándose para ello en la necesaria participación ciudadana.
"LNE* : La realidad gijonesa sufre una situación tan compleja que la ciudad parece encaminarse hacia una paralización dañina para los intereses generales y, también, para los de amplios sectores económicos, capaces por sí mismos de generar actividad y empleo. Gijón vive días complicados sin que los ciudadanos puedan descubrir un liderazgo claro que los guíe en medio de una crisis de descomunal alcance.
La ciudad contempla atónita cómo, por ejemplo, la Alcaldesa, sus compañeros de gobierno y los concejales de los demás grupos políticos se colocan detrás de la pancarta que clama contra el cierre de una factoría propiedad de una multinacional con la sede social a miles de kilómetros de aquí. La ciudad contempla atónita el, por lo demás necesario y admirable, esfuerzo por salvar doscientos y pico empleos sobre los que el Ayuntamiento no tiene apenas influencia, mientras que no hace por salvar los cinco mil perdidos por el sector de la construcción local sobre el que sí tiene una enorme influencia. Las denuncias de los constructores y los promotores gijoneses sobre el brutal parón de un sector que, como decimos, ha perdido cinco mil empleos en Gijón no pueden ser obviadas. La compleja situación judicial que ha mandado a la papelera el anterior Plan de Urbanismo se ve agravada por la incapacidad del gobierno local de Foro Asturias de avanzar en la redacción del nuevo planeamiento. El anuncio de que hasta 2016 no entrará en vigor el próximo plan es un síntoma de incapacidad de gestión en un asunto clave para la ciudad.
La parálisis urbanística es la peor noticia que puede recibir una ciudad como Gijón que necesita de todos sus sectores para levantar el vuelo, salir de la actual crisis y crear el empleo que revitalice la vida económica y social de una comunidad ahora paralizada. Se da la circunstancia, además, de que el sector gijonés de la construcción está, por lo general, muy alejado de la imagen del constructor marbellí que busca el dinero fácil y hasta corrompido. Las empresas de la construcción de Gijón están muy arraigadas en la ciudad y, aunque muchas se han expandido fuera o han tenido que irse al extranjero en busca de trabajo para solventar las dificultades del momento, han sabido aguantar períodos de recesión en los que vendían a cuentagotas sus viviendas o bajos comerciales. La llamada de los constructores a una revisión rápida de las normas urbanísticas no puede ser ignorada dentro del gobierno local y de sus apoyos más cercanos. Foro está ahora mismo ante una responsabilidad de primer nivel que no se puede afrontar en soledad, culpando a los demás de todos los males y pretendiendo imponer por las bravas lo que ha de ser fruto de una negociación. Negociación que, dicho sea de paso, se ve prácticamente imposible conocido el talante forista que lleva en sus genes la bronca, la provocación y la falta de respeto a los contendientes políticos o sociales.
La parálisis urbanística de Gijón no puede, pues, seguir afectando a empresas sólidas y vinculadas desde hace décadas a la ciudad y, sobre todo, no puede seguir afectando negativamente a cinco mil familias gijonesas o asturianas que se ven abocadas al paro. Tenneco tiene su sede en Illinois, en Estados Unidos, y sobre su gestión el Ayuntamiento de Gijón no tiene un gramo de influencia. Colocarse detrás de la pancarta en defensa de la factoría del Alto de Pumarín está muy bien, aunque menos si se trata de reafirmar las buenas relaciones del jefe máximo de Foro con determinado sindicato. Pero estará mejor defender los empleos de empresas cuya actividad está profundamente relacionada con la gestión municipal de Carmen Moriyón y su gente.
La llamada de auxilio de la construcción no puede caer en saco roto ni puede ser infravalorada por los responsables municipales de Gijón. No hay disculpas para no avanzar con rapidez y eficacia en la solución del problema.
* LNE - Editorial - 2.11.13
Foto: Gijón, ayuntamiento - gijon2008.com
Santa Cruz.- La Fiscalía pide tres años de cárcel para tres exediles por el mamotreto
El caso de corrupción urbanística en la playa de las Teresitas de Santa Cruz de Tenerife es de manual y uno de los más graves ocurridos en Canarias. A su alrededor ha habido toda una trama delictiva para alterar el precio de los terrenos y las construcciones. Todo esto ocurrió hace más de 10 años (diez) durante la delictiva alcaldía de M.Zerolo (CC), actualmente senador, imputado junto a gran parte de sus colaboradores municipales y empresariales de entonces. No obstante la lentitud judicial y el haber dividido la causa entre varias diferentes, hace que se pierdan algo las referencias de este escandaloso pelotazo urbanístico.
"LAOPINIÓN* : La Fiscalía solicita tres años de cárcel para los exconcejales de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Manuel Parejo, Norberto Plasencia y José Dominguez Pastor por la presunta comisión de dos delitos contra la ordenación del territorio y uno de prevaricación urbanística, y otros dos años de prisión para la exedil de CC que ahora milita en el PP y es la actual subdelegada del Gobierno central en La Gomera, Luz Reverón, por un presunto delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación urbanística entre los años 2003 a 2008 por el llamado caso mamotreto.
Asimismo, el Ministerio Público pide tres años de cárcel para la funcionaria María Loreto Ariz, que en el momento de los hechos era jefa del servicio de Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras de Urbanismo, y dos años para otros dos empleados públicos: Candelaria Benítez, que fuera técnico a las órdenes de Ariz, y Epifanio Gómez, exdirector general de Política Territorial de la Gerencia de Urbanismo.
Los siete acusados se sientan desde hoy en el banquillo en el juicio que comienza a las nueve de la mañana, en el Juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz de Tenerife, por hechos que ocurrieron durante los mandatos del nacionalista Miguel Zerolo como alcalde. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso la opinión de tenerife, Parejo, Plasencia y Pastor "urdieron un plan", con la "connivencia" de los funcionarios municipales, para sacar adelante el edificio de aparcamientos y centro comercial de la entrada de Las Teresitas "a sabiendas" de que era "ilegal", a pesar de que habían sido advertidos de las repetidas irregularidades y aun cuando el inmueble iba en contra de la normativa urbanística e invadía el dominio público marítimo terrestre; es decir, la parte de la orilla más cercana al mar que es de propiedad pública y donde no se puede construir.
Fase II de Perrault
Es el primer juicio que se abre por uno de los múltiples procesos que se investigan en los tribunales locales y nacionales por el pelotazo de Las Teresitas. En su escrito, la Fiscalía hace una pormenorizada relación de las presuntas irregularidades detectadas en el expediente del mamotreto, un edificio cuyas obras se suspendieron en 2008 como consecuencia de las investigaciones judiciales. En primer lugar, el fiscal detalla que "la edificación diseñada en la zona de cabeza de playa por el arquitecto Dominique Perrault, correspondiente a la fase II del proyecto global de urbanización de Las Teresitas a desarrollar por el Ayuntamiento, "incumplía la normativa urbanística de aplicación y la que de manera inminente entraría en vigor en cuanto a usos y aprovechamientos del suelo, por contemplar la ocupación de suelo destinado a vía o espacio público, y quedar fuera de la línea con respecto a la alineación exterior, así como en parámetros relativos a volumen, ocupación máxima permitida y superficie".
Aunque entraban en un todo diseñado por Perrault, el Ayuntamiento separó el proyecto del acceso a Las Teresitas del de la urbanización de la propia playa, de tal manera que el primero lo tuteló la Gerencia de Urbanismo y el segundo debía pasar a manos de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. Al acceso se le denominó Fase II y a la zona de playa, Fase I. Según los antecedentes que figuran en el escrito de la Fiscalía, la actuación del Ayuntamiento en la Fase II consistió en el derribo del campo de fútbol de San Andrés y otras construcciones anexas para mejorar el viario de entrada y construir el edificio destinado a aparcamientos (272 plazas en un primer proyecto) y locales comerciales. Esto suponía ocupar la servidumbre de protección marítima terrestre (los terrenos públicos que están inmediatamente después de la orilla y bajo protección del Gobierno de Canarias), la servidumbre de tránsito (terrenos que se reservan a caminos y vías), así como 1.223 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre (la propia orilla, bajo responsabilidad estatal).
Decisiones arbitrarias
Siempre según la Fiscalía, Manuel Parejo, como concejal de Servicios Territoriales y consejero de la Gerencia Municipal de Urbanismo (de diciembre de 2004 a junio de 2007); José Dominguez Pastor, como concejal de Infraestructuras y Obras (de julio de 2003 a enero de 2005); y Norberto Plasencia, primero como concejal de Servicios Públicos y luego como concejal de Infraestructuras y Obras (de 2003 a 2007), "decidieron arbitrariamente iniciar, tramitar e impulsar" la aprobación y adjudicación de las obras de la entrada a Las Teresitas "actuando con plena consciencia" de que el proyecto "no se ajustaba a la normativa urbanística, carecía de la evaluación de impacto ambiental y adolecía de las autorizaciones administrativas que eran preceptivas por estar afectados bienes intangibles".
"Para llevar su plan adelante, [los concejales] dieron las instrucciones precisas a los funcionarios del Servicio de Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras", prosigue el informe. El 13 de diciembre de 2004, Epifanio Gómez, director general de Política Territorial de la Gerencia de Urbanismo municipal, abre el proceso para la adjudicación de las obras, "actuando en connivencia con los concejales acusados y fuera del ámbito de sus competencias". "Emitió un informe haciendo constar en líneas generales que el proyecto de urbanización se ajusta a la ordenación contenida en la modificación del Plan General, omitiendo en el mismo aspectos esenciales como la afección y ocupación de construcciones del dominio público o aspectos relacionados con las parcelas, usos, aprovechamientos, parámetros de altura y volumen de ocupación máxima permitida".
El Ministerio Público acusa asimismo a María Loreto Ariz, jefa entonces del Servicio de Proyectos Urbanos, y a María Candelaria Benítez, técnica del citado servicio, de emitir informes favorables que o bien contenían instrucciones que no se cumplieron o bien daban el visto bueno a determinados pasos administrativos "a sabiendas" de que otros servicios técnicos con competencias "no se habían pronunciado sobre la conformidad o no" del proyecto.
Firma del contrato con OHL
"Una vez obtenido el acuerdo preciso para llevar su plan adelante, el expediente continuó con todos sus trámites, sucediéndose una cadena de acontecimientos en los que intervinieron los acusados", continúa la Fiscalía. El proceso desemboca en diciembre de 2006 con la firma del contrato de obras con la empresa OHL por un importe total de 21 millones de euros y un plazo de ejecución de 14 meses.
La aprobación del proyecto por parte de la Gerencia de Urbanismo y la firma del contrato "se llevaron a cabo sin que tan siquiera se hubiera efectuado el replanteo previo", tal y como exige la Ley de Contratos de la Administración Pública. Esta omisión significa que "no se disponía de las autorizaciones preceptivas, ni se había suscrito el convenio de colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y, por tanto, los acusados eran conscientes de que no concurría el requisito indispensable de contar con la disponibilidad de los terrenos para la edificación en todos los procedimientos".
Encima, tal como refleja el Ministerio Público, los principales acusados "conocían la imposibilidad de obtener las autorizaciones" porque la Dirección General de Costas había avisado por esas fechas al Ayuntamiento de que iba a actualizar la línea del dominio público en Las Teresitas.
Informe en contra
Los acusados siguieron adelante pese a que, además y si era poco, el responsable de Intervención de Urbanismo emitió hasta tres informes desfavorables a la contratación de las obras para construir el mamotreto por la falta de documentos claves para justificar el proyecto. "A fin de solventar el primero de los reparos, el acusado Norberto Plasencia procede, el 6 de noviembre de 2006, a efectuar el replanteo del proyecto", dando el visto bueno a la disponibilidad de los terrenos. "El mismo día, la acusada Loreto Ariz levanta acta de comprobación del replanteo e inicio de obra", reflejando que "no se observa" razón que impide el comienzo de los trabajos.
Denuncia de ATAN
El 28 de diciembre de 2006, ya cuando las obras del mamotreto habían comenzado, el Gobierno local de Miguel Zerolo recibe la primera de las denuncias de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), que considera que los trabajos no están amparados por las leyes. Pese a la denuncia de ATAN, a los informes negativos de la propia Intervención municipal y a que Costas revisaba la línea que delimita la parte pública de la playa, los acusados no solo siguen adelante con el proyecto, sino que lo modifican, tal como consta en el escrito de Anticorrupción.
En el primer trimestre de 2007, Manuel Parejo y Norberto Plasencia, "siempre actuando de mutuo acuerdo y con el asesoramiento de Loreto Ariz", dotan de mayor aprovechamiento urbanístico al edificio, con la inclusión de una segunda planta de aparcamientos, con un incremento de 130 plazas, que se suman a las 272 previstas. El edificio queda con una superficie de ocupación de 4.000 metros cuadrados en el sótano y 5.690 en la parte superior.
Sentencia del Supremo
El plan del equipo de Zerolo se topa con otro gran impedimento. El 3 de mayo de 2007, el Tribunal Supremo declara "contraria al ordenamiento jurídico" la compra por parte del Ayuntamiento de las 11 parcelas del frente de playa de Las Teresitas a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, como respuesta a una denuncia de la Coordinadora Ecologista El Rincón, una operación que ocupa hoy la parte principal del caso Las Teresitas y que se investiga en el Supremo y el juzgado de instrucción número 1 de Santa Cruz.
El fiscal expone que esta anulación "conlleva la pérdida por parte del Ayuntamiento del derecho de propiedad sobre las parcelas que debían ser cedidas al Ministerio de Medio Ambiente" en la playa propiamente dicha, "lo que hacía inviable el convenio" y, por tanto, la construcción del mamotreto.
La participación de Reverón
Aquí es donde entra en juego la sucesora de Parejo al frente de Urbanismo, Luz Reverón, en ese año 2007 edil de CC y hoy subdelegada del Gobierno central en La Gomera por el Partido Popular. "Reverón, con pleno conocimiento de todas las irregularidades, continuó con la tramitación del expediente". El 5 de noviembre de 2007, Reverón formaliza con la empresa adjudicataria el contrato de obra.
El 20 de diciembre de 2007, la Demarcación de Costas, "a la que no se le había solicitado autorización ni información sobre la modificación del proyecto, remite un escrito al Ayuntamiento en el que le comunica que los trabajos afectan al dominio público y la servidumbre de protección, haciendo constar que carecen de autorización. En enero de 2008, OHL envía dos escritos anunciando la paralización de las obras por orden de Costas.
Tras un acuerdo del pleno, Urbanismo suspende el 17 de marzo de 2008 las obras así como el contrato con OHL y el estudio de Perrault para la asistencia técnica. Asimismo, la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias anula la entrega de la parte del dinero que se comprometió a aportar dentro del convenio firmado con Ayuntamiento y Cabildo dada la ilegalidad de todo el proyecto.
Hoy, las obras siguen paradas y el edificio a medio hacer, y el Ayuntamiento paga 30.000 euros al mes por su vigilancia. Desde 2008, el Consistorio ha gastado de las arcas públicas unos dos millones en este inmueble fantasma.
* La Opinión Tenerife - Daniel Millet - 18.11.13
Foto: Santa Cruz de Tenerife, mamotreto de Las Teresitas - laopinion.es
El desvío del río Guadalete en Grazalema acaba en juicio
8 años (ocho) más tarde que vecinos y colectivos denunciaran el caso de la construcción de viviendas sin licencia en el cauce del río de Grazalema (Cádiz), parece que la justicia 'se ha dignado' a llevar a juicio a los responsables, tanto municipales que lo admitieron, como particulares que sobornaron a los anteriores. El grave caso de corrupción urbanística llega a juicio, no obstante, demasiado tarde, ya que aunque se paralizó en su día la obra, la sentencia para los delincuentes no puede significar lo mismo debido al largo tiempo transcurrido.
"ELPAÍS* : La Justicia sentará en el banquillo a los siete imputados por la Operación Pinsapar, uno de los mayores casos de corrupción urbanística en la sierra de Cádiz. Ocho años después de que vecinos de Grazalema y Ecologistas en Acción denunciaran el desvío del río Guadalete para la construcción de viviendas, el entonces alcalde, el socialista Antonio Mateos, el perito del Ayuntamiento, dos constructores, dos promotores y un arquitecto tendrán que responder en los tribunales por la ejecución de proyectos ilegales bajo el pago y cobro de comisiones.
La juez de primera instancia e instrucción de Ubrique, Raquel López Vizcaíno, afirma en un auto que, “sin licencia”, se modificó el cauce natural del Guadalete para ganar terreno y construir un bloque de viviendas que, además, contaba con más edificabilidad de la prevista en el permiso de construcción municipal. El inmueble empezó a levantarse en agosto de 2005. El colectivo ecologista denunció el caso y la sucesora de Mateos en la alcaldía, María José Lara, también socialista y sobrina de su predecesor, paralizó la obra por orden de la Junta.
En mayo de 2006 la alcaldesa reveló el contenido de una reunión con tres profesionales de la construcción. En ese encuentro, habían reconocido que el arquitecto técnico del Ayuntamiento de Grazalema, Juan Prieto, les había cobrado comisiones para conseguir licencias de obras. La regidora llevó el asunto a la fiscalía y la Guardia Civil inició la denominada Operación Pinsapar que se saldó con el ingreso en prisión de Prieto y la detención de cuatro constructores y promotores. Todos están en libertad a la espera del juicio.
La magistrada exculpa a la alcaldesa y mantiene la imputación al resto. El auto judicial acusa a Prieto de la presunta comisión de los delitos de cohecho, prevaricación, contra la ordenación del territorio y negociación prohibida a los funcionarios por “cobrar a constructoras comisiones” de hasta 36.000 euros por concesiones y adjudicaciones de obras y por “eludir o relajar las normas de planeamiento”. Tras Prieto, la juez acusa por cohecho y un delito contra la ordenación del territorio al arquitecto Antonio del Canto Bohórquez, a los promotores Rafael Torres y Raúl Gascón, así como a los constructores Cristóbal Barrera y Daniel Salguero por pagar cantidades de dinero a cambio de obtener licencias. La resolución también apunta que los constructores deberán responder por “la realización de obras en la casa del perito municipal” en respuesta a las adjudicaciones.
El juzgado procesa también al exalcalde socialista por prevaricación. La sala entiende que hay “indicios racionales de que conocía las irregularidades sin hacer nada para impedirlas”.
El portavoz de Ecologistas en Acción, Juan Clavero, muestra su satisfacción por el auto pese a que “la lentitud de la Justicia” provoca “sensación de impunidad”. “Algunos imputados ya han dejado la actividad política. Les va a importar poco que los inhabiliten”, apostilla. Clavero insta a la Junta a ordenar “el derribo del bloque de viviendas a medio construir” y a “devolver el río Guadalete a su estado original”. “El mensaje debe ser que la corrupción no sale gratis”, protesta Clavero.
* El País - ANA HUGUET - 17.11.13
Foto: El cauce del río Guadalete en Grazalema - Ecologistas en Acción
La Gürtel dictó los pliegos del concurso que ganó en Pozuelo
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La extensión de la trama de corrupción 'Gürtel' es inabarcable, afectando a varias Comunidades donde gobiernan los 'populares'. En Madrid ha desarrollado su delictiva actividad sobre todo en los municipios de más alta renta, como Pozuelo, Majadahonda, etc. Siendo alcalde de Pozuelo J.Sepúlveda, se amañaron bastantes concursos públicos a favor de la trama corrupta, lo que supuso un desvío de ingentes cantidades económicas, sin que hasta el día de hoy la justicia haya esclarecido totalmente los delitos y sentenciado a los culpables, a pesar de pasar más de 10 años (diez) en algunos casos.
"ELPAÍS* : El grupo de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, usó a la empresa M.R.Asociados como pantalla para conseguir la adjudicación de la organización del Congreso Nacional de Parques y Jardines celebrado en Pozuelo de Alarcón en 2004. También mantuvo reuniones previas con el equipo de gobierno para redactar un pliego de condiciones adaptado a sus intereses, según indica un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía (UDEF) al que ha accedido EL PAÍS. El importe de la adjudicación ascendió a 150.781 euros y la red obtuvo un beneficio de 70.714. En aquel momento, era alcalde Jesús Sepúlveda, del PP, imputado en la trama.
Los agentes sostienen que el entramado de Correa pagó una comisión del 2% a M. R. Asociados. El Ayuntamiento de Pozuelo asumió tanto ese importe (2.599,69 euros) como otros gastos que tuvo la empresa por presentarse al concurso (1.272,41 euros). Posteriormente, la adjudicataria canalizó el beneficio obtenido a la red de Correa.
En 2002 la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos designó a Pozuelo como sede del congreso. La organización de Correa mantuvo desde el mes de julio de 2003 reuniones con personal del Ayuntamiento de Pozuelo. En una de ellas se concretaron aspectos relativos al montaje del evento. Participaron el entonces concejal de Medio Ambiente José Antonio Sáenz, el responsable del Gabinete de Alcaldía, Juan Carlos Pérez, y un técnico que deducen puede ser Fernando Palao, jefe del Área de Medio Ambiente. Por la Gürtel acudieron Pablo Crespo, número dos de la red y Álvaro Pérez, El Bigotes.
El informe explica como Sáenz e Isabel Jordán, empleada de Correa, se pusieron en contacto tanto de forma personal como por correo electrónico. Jordán le remitió distintos borradores con el contenido de los pliegos de condiciones que habían de regir el concurso. La comparación de estos bocetos con los pliegos que confeccionó el Ayuntamiento ponen de manifiesto “una coincidencia literal en muchos de sus apartados” con la “finalidad de adaptarlos a sus intereses particulares”, dicen los agentes.
Los beneficios obtenidos del montaje del evento pasaron a la organización de Correa por medio de la sociedad Down Town Consulting. Esta emitió una factura inicial a nombre de M. R. Asociados el 1 de julio de 2004 por 150.781 euros por labores de coordinación, producción y desarrollo del congreso, que coincide con lo que factura de M. R. Asociados a Pozuelo. Después Down Town y Boomerangdrive emitieron otras dos facturas a M. R. Asociados relacionadas con trabajos del congreso por 73.123,69. De esta forma se logró que “la práctica totalidad del beneficio” pasara del adjudicatario inicial a la organización de Correa. El informe policial considera también que la urgencia con la que se tramitó el concurso fue “una maniobra para dificultar la participación de terceros”.
La UDEF ha detectado prácticas similares en la adjudicación de cuatro contratos negociados sin publicidad y otros tres contratos menores convocados por el Ayuntamiento de Majadahonda en 2001 con motivo de la campaña de información del euro.
* El País - ESTHER SÁNCHEZ - 14.11.13
Foto: Pozuelo (Madrid), ayuntamiento - elpais.com
Madrid.- El Tribunal Supremo tumba el 'minivaticano' de Rouco y Gallardón
El Supremo tumba el ambicioso proyecto de edificación acordado entre el Ayuntamiento y el Arzobispado de Madrid en unos jardines históricos del centro de la capital. En los planos que impulsaba el cardenal Rouco Varela estaba previsto levantar 20.000 metros cuadrados de edificios en un terreno de 79.000 en la castiza zona de Las Vistillas. La Asociación de Amigos de la Cornisa-Vistillas inició entonces una pugna legal contra el gobierno municipal que la sentencia del Supremo, sin posibilidad de recurso, ha dado por cerrada. El 'pelotazo' urbanístico de la Iglesia queda así sin efecto, aunque los vecinos siguen reivindicando la declaración de 'Bien de Interés Cultural' para los jardines de los Duques de Osuna.
"PÚBLICO* : El Tribunal Supremo ha declarado "no haber lugar" para el recurso de casación" presentado por el Arzobispado y el Ayuntamiento de Madrid después después de que el TSJM diera la razón a la asociación Amigos de Las Vistillas anulando el minivaticano, el conjunto de equipamientos que se quería construir en los Jardines del Seminario Conciliar. El Consistorio aprobó la modificación urbanística del Parque de la Cornisa en un primer momento. El TSJM dictó la anulación del acuerdo del Consejo de Gobierno de octubre de 2007, que daba luz verde a la ampliación del parque público con la idea de que superara los 37.000 metros cuadrados de zonas verdes, al que se uniría un poliderportivo para el disfrute de los vecinos.
Además, el Ayuntamiento podría construir otros dos edificios de uso público a espaldas de la catedral de La Almudena, mientras que el Arzobispado de Madrid dispondría de terrenos para la creación de oficinas y una biblioteca.
La sentencia del Tribunal Supremo, fallada el cinco de noviembre, "echa en falta el instrumento de protección del patrimonio histórico-artístico indispensable". "Más allá de la alteración de la estructura urbana o de que la alteración en su caso redunde en la mejora del conjunto se precisa la exigencia de dicho instrumento de protección", añade el TS, que destaca que la modificación puntual del planeamiento urbanístico "no resulta adecuada" para el cometido indicado. Por ello, el Alto Tribunal procede a desestimar los recursos de casación presentados por el Arzobispado y el Ayuntamiento. El Supremo ha acordado igualmente la imposición de costas procesales a los recurrentes en una cuantía que no podrá exceder los 5.000 euros.
Sentencia del TSJM
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) defendía en su sentencia que una intervención de las características que se pretendía en Las Vistillas sólo podía tener cobertura legitimadora "en un plan urbanístico protector y el que ha sido aprobado no tiene esa naturaleza, por lo que conduce a su anulación". Años atrás, el Gobierno regional aseguraba que todos los edificios que se construirían en esa zona se integrarían en el entorno "sin sobrepasar las alturas recomendadas y sin provocar impacto visual en el paisaje". En la misma resolución recordaban el elevado de grado de protección de la zona, con la muralla y la cerca de Felipe IV, el recinto histórico o el templo de San Francisco el Grande, declarados Bien de Interés Cultural.
25.000 metros cuadrados para edificar
La operación urbanística del minivaticano, iniciada hace más de una década, otorgaba a la Iglesia 19.000 metros cuadrados, que se sumaban a los 6.000 conseguidos en el mandato del conservador José María Álvarez del Manzano, en total, 25.000 metros cuadrados de nueva edificabilidad para el Arzobispado, más un parking de 200 plazas y viales para un entorno con edificios de uso exclusivo para la Iglesia.
Con la llegada de Alberto Ruiz-Gallardón a la Alcaldía, se revisó el convenio reduciendo la edificabilidad, pasando de 20.000 a 14.000 metros cuadrados, a lo que se sumó la cesión de suelo para la construcción de tres equipamientos públicos y una zona verde de 12.000 metros en el Parque de las Dalias. Ahora, el megaproyecto del cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de la archidiócesis de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha sido definitivamente desechado por la Justicia.
* Público - EP - 14.11.13
Foto: El proyecto urbanístico de Rouco anulado por el Supremo - publico
Galicia.- Miles de personas protestan en varias ciudades por la sentencia del ‘Prestige’
La sentencia disparatada dictada por la justicia, 11 años más tarde (once), sobre el caso de la contaminación del buque Prestige ha causado un enorme malestar en toda la sociedad, destacando lógicamente Galicia, donde ha habido numerosas manifestaciones protestando contra la absolución de todos los implicados y contra la falta de indemnizaciones causadas por el tremendo desastre medioambiental. Con el colectivo 'Nunca Máis' a la cabeza de las protestas, la debilidad y politización judicial se ha vuelto a poner de manifiesto en este grave asunto que conmocionó al país entero.
"ELPAÍS* : El movimiento ciudadano Nunca Máis ha vuelto este viernes a las calles y plazas de las principales ciudades gallegas para clamar contra "la impunidad" de la sentencia del Prestige en la que no ha habido ningún condenado por delito contra el medio ambiente. Bajo lema 'Non esquecemos. Non á impunidade. Mareas negras Nunca Máis', las siete ciudades gallegas y diversas cabeceras de comarca han acogido concentraciones en las que miles de asistentes han coreado al unísono: 'Mareas negras, nunca máis' o 'Impunidade, nunca máis'.
Asimismo, algunos de los presentes han portado carteles en los que se podía leer 'Culpables' sobre los rostros de dirigentes del Partido Popular durante la catástrofe como José María Aznar, Mariano Rajoy o Francisco Álvarez-Cascos. En A Coruña, cerca de 3.000 personas han recuperado las consignas de hace más de diez años para quejarse de la incompetencia del Gobierno y de la decisión del tribunal. El escritor Manuel Rivas y el músico Xurxo Souto, veteranos activistas de Nunca Máis, han leído un manifiesto asegurando que continuarán trabajando para lograr una condena por el daño que sufrió la costa gallega.
Las concentraciones de Vigo y Ferrol han juntado a más de 1.000 personas en cada una de ellas para mostrar su indignación por el resultado del juicio. En la capital gallega, la protesta se ha celebrado en la plaza de O Toural en donde más de 1.000 personas han pedido "justicia" y que los responsables políticos paguen por la catástrofe medioambiental.
En todas ellas, se ha leído el mismo manifiesto en el que se ha avisado de que Nunca Máis "volverá a las calles" y a movilizarse para mostrar su indignación con el fin de pedir que se haga Justicia por el desastre medioambiental en las costas gallegas. Xaquín Rubido, portavoz de la comisión gestora de Nunca Máis, ha pedido a la gente que se manifieste ante el "desamparo" que, en su opinión, ha provocado este fallo judicial. "Al final vamos a tener que pagar todos los ciudadanos", ha dicho en alusión a los daños ocasionados por la catástrofe y que la Fiscalía evaluaba en más de 4.000 millones de euros.
Además, Rubido ha recriminado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, su "absoluta hipocresía" por su postura sobre la sentencia porque "fue, precisamente, el abogado del Estado el que retiró la imputación a ABS", en referencia a la clasificadora American Bureau of Shipping que certificó que el buque era apto para navegar. Junto a esto, ha destacado que la plataforma debate si presentar recurso de casación.
* El País - 15.11.13
Foto: Manifestación en Santiago de Compostela / ÓSCAR CORRAL
El Constitucional suspende la ley navarra que permite expropiar viviendas a los bancos
Navarra aprobó esta ley para evitar así los numerosos desahucios injustos causados por la codicia bancaria. Pero una vez más el Gobierno central acudió presto a ayudar a sus colaboradores financieros en la especulación inmobiliaria y presentó un recurso ante el Constitucional en septiembre contra la ley navarra. Ya ocurrió este mismo año en Andalucía, por lo que era fácil adivinar la respuesta del Tribunal, siempre sentenciando a favor de lo que ordena el gobierno 'popular'. Esperemos, como último recurso, que desde Europa les llamen la atención una vez más.
"EFE* : El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido esta tarde de forma cautelar la ley navarra de la vivienda que prevé expropiar casas a bancos para evitar desahucios. Según han informado este martes fuentes del Constitucional, esta decisión se ha tomado al admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno en octubre contra la ley navarra 'antidesahucios'. La ley fue aprobada el pasado 27 de junio por el Parlamento de Navarra con el voto en contra de UPN y PP y el apoyo del PSN, Bildu, Aralar-Nabai, I-E y los no adscritos.
El pasado mes de julio, el pleno del TC también suspendió de forma cautelar el decreto andaluz sobre desahucios, que autorizaba la expropiación temporal de inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras, sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos. En la providencia notificada sobre la ley "antidesahucios" navarra, el pleno del TC da traslado de su decisión a la comunidad foral para que en el plazo de 15 días se persone en el proceso y formule las alegaciones oportunas. Conforme a la legislación, ha dado también traslado de la demanda y de los documentos presentados al Congreso, al Senado y al Parlamento de Navarra.
Suspensión también para "terceros"
En aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, y conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la resolución indica que para las partes del proceso se suspende la aplicación del precepto impugnado desde la fecha en la que se interpuso el recurso del Gobierno (14 de octubre de 2013). La providencia añade que "para los terceros", la suspensión será efectiva desde el día en que la suspensión aparezca publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Gobierno recurrió los artículos 1, 2, 5, 6 y 7 de la citada ley navarra al alegar que invadía competencias del Estado e invocó el artículo 161.2 de la Constitución para que se produjera su suspensión. El Ejecutivo consideró que no puede integrarse el contenido esencial del derecho de propiedad privada desde las competencias sectoriales de vivienda ni tampoco de urbanismo, al menos cuando se esté afectando a la regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
Así, alegó que el artículo 149.1.1 de la Constitución reserva al Estado tal competencia, así como su artículo 149.1.8 le otorga la competencia en materia de legislación civil. También argumentó el Gobierno que la ley recurrida define los criterios para definir una vivienda como deshabitada basándose "en presunciones y meros indicios", como la denuncia de un vecino, que son contrarios al principio de presunción de inocencia que rige el procedimiento administrativo sancionador.
Presunciones legales sin admitir prueba del contrario
Al atribuir valor probatorio a indicios y estableciendo presunciones legales sin admitir la prueba del contrario se infringen los artículos 24.2 y 25, y el 149.1.18 de la Constitución, argumentó también el Gobierno. Igualmente vio inconstitucional el Gobierno la regulación como infracción muy grave de las personas jurídicas no dar efectiva ocupación a la vivienda, por establecer una responsabilidad penal y administrativa sancionadora al margen del principio de culpabilidad. Para el Ejecutivo, la norma discrimina además "arbitrariamente" a las personas jurídicas al regular la expropiación del derecho de uso de la vivienda a entidades financieras o a sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de archivos, y no al resto de propietarios como inmobiliarias o fondos de inversión.
* 20Minutos - EFE - 12.11.13
Foto: Protesta PAH (archivo) - 20minutos
El juez absuelve a todos los acusados por la catástrofe del Prestige
11 años más tarde (once) ha llegado la vergonzosa sentencia del desastre medioambiental del buque Prestige frente a las costas gallegas. El que ha sido caso más grave ambiental y humanamente del país termina sentenciándose con la absolución de todos los implicados, es decir, como si no hubiera ocurrido nunca y las 63.000 toneladas de fuel no se hubieran vertido sobre el litoral. Evidentemente se duda del juicio del juez de marras, pero no solo aquí, sino en Europa y en todos los países del globo afectados por la lacra de la contaminación de las costas y aguas. Esto es sencillamente surrealista o hay mucho caradura por ahí haciendo su papel político depredador.
"PÚBLICO* : El juez del caso Prestige ha absuelto a los tres únicos acusados por la mayor catástrofe medioambiental vivida en España: el capitán del petrolero, Apostolos Mangouras, el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, único miembro de la Administración al que se le atribuyó alguna responsabilidad. Con la absolución de López Lors, el tribunal exime también de responsabilidad a la Administración, al entender que no provocó la catástrofe sino que trató de solucionarla y evitar daños materiales y humanos, por lo que el Gobierno queda exento de sufragar los daños que se le reclamaban.
El magistrado los absuelve de los delitos contra el medio ambiente y daños en espacios naturales protegidos y únicamente condena al capitán del buque a una pena de 9 meses de prisión por ser el "autor criminalemente responsable de un delito de desobediencia grave".
El cuarto acusado, el primer oficial, Ireneo Maloto, queda excluido de esta sentencia porque no llegó a ser juzgado, al encontrarse en paradero desconocido.
La sentencia reconoce los daños económicos que sufrió la costa: "63.000 toneladas de fuel, 170.000 residuos, 2.900 kilómetros de costa y 1177 playas afectadas", pero asegura que "no existe responsabilidad penal", puesto que "nadie sabe exactamente la causa de la avería". En este sentido, el fallo establece, entre una de sus conclusiones, "la dificultad de atribuir responsabilidades precisas y la imposibilidad de investigar en detalle algunas cuestiones", aunque considera probado que hubo un fallo estructural en el petrolero, un "mantenimiento deficiente". "La empresa propietaria del barco sabía que sus condiciones no eran las adecuadas pero lo ocultó", ha dicho el magistrado durante la lectura del fallo.
Para los tres acusados se pedía una condena de entre 5 y 12 años de cárcel, aunque era improbable que fueran a prisión dada su avanzada edad y la petición expresa del fiscal de Medio Ambiente y los letrados de las acusaciones al respecto.
Contra la sentencia cabe un único recurso extraordinario de casación ante el Tribunal Supremo.
La sentencia por los daños derivados del hundimiento del petrolero Prestige en noviembre de 2002 ante las costas de Galicia ha marcado el punto y final de un prolongado camino judicial sobre la mayor catástrofe medioambiental ocurrida en España.
El fallo ha llegado en el 11 aniversario de la fatídica tragedia y ha sido leído en la sala primera del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por el magistrado Juan Luis Pía, presidente del tribunal que juzgó los hechos desde noviembre de 2012 hasta el pasado julio.
El macrojuicio ha sido el de mayores dimensiones celebrado en Galicia. Ha durado ocho meses, 400 horas en 89 sesiones, y 204 declaraciones de testigos y peritos.
Aún así, muchas han sido las organizaciones ecologistas y sociales que han denunciado que en el banquillo de los acusados no se hayan sentado los responsables políticos de aquel entonces, entre ellos el exministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, o el propio Mariano Rajoy, que ejercía como vicepresidente del Gobierno. El propio juez del caso reconoció en su día que "faltaban muchos implicados".
En total, el 'Prestige' vertió al mar unas 63.000 toneladas de fuel generando una marea negra que afectó a la costa gallega y a las de Asturias, Cantabria y Francia.
* Público - agencias - 13.11.13
Foto: Prestige, contaminación Galicia - eco
La alcaldesa de Alicante moldeó a su antojo Urbanismo en los años de 'Brugal'
El Urbanismo en la ciudad de Alicante lleva muchos años en la picota. Tras la época de plomo del alcalde Alperi (PP), llegó la de su sustituta, S.Castedo, que ha seguido los pasos de su mentor, estando involucrada en varios casos de corrupción en la ciudad. Ahora llega otra sentencia judicial que la acusa de ilegalidad hace 6 años (seis), mientras era todavía concejala, en su intervención en la oficina de urbanismo municipal. Pero es que la época en la que se produce este hecho coincide con el amaño del Plan General Urbano, por el que Castedo está triplemente imputada, en el caso Brugal, y a la espera de apertura de juicio oral por parte del TSJ. Es decir, actuó además con claros intereses delictivos para favorecer la especulación urbanística.
"ELMUNDO* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha condenado al Ayuntamiento de Alicante a readmitir en su puesto al que fuera jefe de legalidad urbanística de la ciudad en el año 2007, después de que la actual alcaldesa -entonces concejal de Urbanismo-, Sonia Castedo, lo cesase de manera irregular y colocase a otro trabajador a dedo. El consistorio tendrá que reincorporar al técnico a su puesto, así como pagar los seis años de diferencia salarial entre el antiguo cargo y el nuevo. Actualmente ocupa una plaza de menor rango en la Concejalía de Cultura.
El fallo del TSJ recoge el argumento de la edil de que actuó con el objetivo de "lograr una mayor operatividad de las funciones encomendadas", pero concluye que lo hizo sin ningún tipo de criterio técnico: "Los supuestos cambios organizativos (...) no aparecen documentados en forma alguna en el expediente administrativo", ni "tampoco en el periodo de pruebas se aportó justificación mayor". En otras palabras, que la actual alcaldesa de Alicante fulminó al responsable de fiscalizar la legalidad urbanística de la ciudad de forma "arbitraria", según el alto tribunal.
El técnico al que se refiere la sentencia había informado negativamente dos años sobre la reparcelación de Benalúa Sur. Aunque el TSJ recoge que no se ha podido establecer una vinculación entre este hecho y el cese, sí explica que excede la "potestad de autoorganización de la que goza la corporación local".
También destaca que el sustituto del jefe de legalidad urbanística no tenía "experiencia previa" y se colocó "utilizando la fórmula de la adscripción provisional", es decir, mediante un procedimiento al que se recurre en circunstancias excepcionales pero que no puede convertirse en ordinario porque supone una colocación a dedo.
El trabajador apartado sí era funcionario de carrera, Técnico de Administración general, y trabaja en el consistorio desde agosto de 1991.
Época clave de las investigaciones sobre el PGOU
Lo interesante es que estos "cambios organizativos" a los que alude Castedo se producen apenas un año antes de que suceda a Luis Díaz Alperi como alcaldesa de Alicante (en septiembre de 2008), un cargo que compatibilizaría durante años con su responsabilidades en Urbanismo.
El cese también coincide con el inicio de la etapa que la Policía señala como clave para el presunto amaño del Plan General de la ciudad, por el que Castedo está triplemente imputada en el caso Brugal y a la espera de apertura de juicio oral por parte del TSJ.
El fiscal cree que la primera edil sirvió en bandeja el urbanismo de la ciudad al empresario Enrique Ortiz, principal dueño de suelo de Alicante y mayor contratista de su Ayuntamiento; a cambio Castedo presuntamente recibió varias dádivas, como varios viajes, un coche Mini Cooper y colocar a gente de su confianza en empresas de servicios de la ciudad.
Parte de las pesquisas policiales apuntan a que Castedo introdujo en la cúpula de Urbanismo cargos de su confianza con el objetivo de hacerle la vida más fácil a Ortiz. Al menos uno de estos técnicos, la jefa de servicio Isabel Campos, mantuvo en los años posteriores varias conversaciones con Ortiz en las que se comprometía a mediar en diversos trámites, según las conversaciones de Brugal.
La relación del empresario con Campos fue especialmente intensa para desbloquear la llegada de Ikea, por la que Ortiz cobrará 127 millones. Pese a que estas conversaciones ya se han hecho públicas, ni Castedo ni la actual edil de Urbanismo, Marta García-Romeu, han cesado a los técnicos que aparecen en el sumario.
El papel de Juan Seva
La sentencia del TSJ es especialmente dura con la política de Recursos Humanos, de la que es responsable el edil y acusa al departamento de actuar con 'absoluto desprecio a la legalidad ordinaria'.
En su sentencia el TSJ es especialmente duro con la política de personal del Ayuntamiento de Alicante, de la que es responsable el edil de Recursos Humanos, Juan Seva. El alto tribunal vuelve a desnudar el gusto de Seva por colocar la mayor parte de jefes de servicio sin ningún tipo de concurso público, utilizando la fórmula de la adscripción provisional. Y apunta, tajante: "El Ayuntamiento de Alicante, con desprecio absoluto de los mandatos constitucionales y de la legalidad ordinaria, ha convertido la adscripción provisional en el sistema ordinario de provisión de puestos de trabajo, con la afectación que ello supone al mérito y capacidad a que debe responder la provisión de los puestos de trabajo en la función pública, la estabilidad en el desempeño de los mismos y la carrera profesional de apelante". Se trata de la misma acusación que hizo la Sindicatura de Cuentas tras analizar el control interno del consistorio en 2011, cuando Seva ocupó también la cartera de Hacienda. El auditor detectó que se habían colocado plazas sin el concurso exigido. La respuesta de Seva fue que el Síndic "se equivoca", pero meses después convocó a concurso 79 plazas de jefatura mediante el sistema de libre designación. Es decir, que mintió de forma consciente.
El portavoz adjunto del grupo municipal socialista, Manuel Marín, denunció que al menos 200 jefes del consistorio están colocados utilizando la fórmula de la adscripción provisional. EL MUNDO ya publicó que esta situación afecta al 90% de los altos cargos de Alicante, y reveló que en algunos casos -como ocurre con el jefe de servicio de bomberos- están en situación irregular por no cumplir la legislación vigente.
* El Mundo - SERGIO SAMPEDRO - 11.11.13
Foto: Castedo y el edil de Recursos Humanos, Juan Seva (d), este sábado, en el día de Protección Civil - M. LORENZO
Los peores desastres urbanísticos de España y sus consecuencias ambientales
Ya se sabe que la construcción urbanística de los últimos años ha supuesto graves consecuencias ambientales y económicas en toda la geografía. Lógicamente, en unas zonas más que en otras. Así, todo el litoral costero y los alrededores de las grandes capitales se han llevado la palma. Los datos abruman, como el que haya casi un 20% de viviendas vacías en este país, con tanta gente además sin hogar. Actualmente hay técnicas sencillas para descubrir las infracciones urbanísticas, como las que presentan la vistas aéreas sucesivas por avión o por satélite. Algo que deberían utilizar más asiduamente municipios, autonomías y, también, la 'inepta' justicia a la hora de juzgar los delitos urbanísticos.
"20MINUTOS* : España posee algo más de 25 millones de viviendas, de las que casi tres millones y medio están vacías. La construcción urbanística de los últimos años ha supuesto graves consecuencias ambientales y económicas en toda la geografía, aunque más evidentes en las zonas costeras. Dos páginas web colaborativas recopilan imágenes aéreas y terrestres que evidencian las huellas de una construcción insostenible. Desde Consumer señalan los peores desastres urbanísticos en imágenes de España, los impactos urbanísticos destacados y las medidas para enmendar el daño causado.
Algunos de los datos de la denominada burbuja inmobiliaria hablan por ellos mismos: España, con una población de unos 47 millones de personas, poseía a finales de 2006 cerca de 23,5 millones de viviendas (a finales de 2012 poco más de 25,3 millones), según el Ministerio de Fomento. De este total, casi tres millones y medio están vacías, según los datos más recientes (2011) del Instituto Nacional de Estadística (INE). El impacto ambiental, visto por satélite La página web Nación Rotonda recopila imágenes tomadas por satélite del impacto ambiental producido en España por la construcción urbanística en los últimos 10-15 años. Gracias a una aplicación informática, sus visitantes ven fotos aéreas de distintos lugares de la geografía española con una línea vertical deslizante en medio. Al mover la línea hacia la izquierda o la derecha, se puede contemplar cómo era ese lugar antes y después.
Los autores, un equipo de cinco personas entre los que hay ingenieros de caminos, un arquitecto o un ilustrador, pretenden hacer un inventario lo más exhaustivo posible de los más de 8.000 municipios españoles. El material recopilado hasta ahora sirve ya para hacerse una buena idea de lo ocurrido. Uno de sus responsables, Esteban García, explica que según avanzan ven de forma más nítida dónde golpeó más fuerte el desarrollo: "Lo encontramos polarizado en la costa, especialmente sureste, y en Madrid y alrededores. Otras regiones fueron desarrolladas y explotadas con anterioridad".
En todos ellos, un denominador común, que da lugar al título de la página web: "Antes todo esto era campo". Y como símbolo de la inutilidad del impacto ambiental producido, las innumerables rotondas sin uso construidas por todas partes. El fotógrafo de naturaleza y escritor José B. Ruiz dirige el proyecto S.O.S. Paisajes del Mar.
En esta página web, también colaborativa como Nación Rotonda, reúne sus fotografías y las de otras personas de las zonas más castigadas por la construcción. "He recorrido desde hace más de 20 años nuestro litoral. Con algunas de mis imágenes he conseguido premios y reconocimiento internacional. Cuando he regresado a ciertas localizaciones he llorado de rabia e impotencia al ver cómo se ha destruido la belleza que perduraba durante miles de años. Nuestros hijos ya no conocerán muchos de estos lugares", asegura Ruiz.
En definitiva, los autores de estos trabajos quieren recordar a la sociedad un problema que agravó la crisis económica, la destrucción del medio ambiente y, en concreto, algunos de los problemas ambientales de España, como la desertificación.
Esteban García afirma que es complicado destacar alguno de los impactos urbanísticos: "El peor desastre es haber usado el mismo modelo sin adaptarlo al entorno ni a la sociedad concretas. Hay desarrollos similares en Valdemoro, Dos Hermanas, Cullera, Oviedo, etc. por toda la geografía española". Según este ingeniero de caminos, el impacto es muy grande cuando se acometen "actuaciones estériles", como la urbanización de grandes extensiones que luego no son edificadas.
Rafael Trapiello, otro de los autores de Nación Rotonda, piensa igual que su compañero, pero reconoce casos en especial chocantes: "Uno que ejemplifica a la perfección el disparate urbanístico de España en las últimas décadas es el Airpark Spain, una urbanización con aeropuerto privado y hangar en cada chalé en Alhama de Murcia". Este caso no se encuentra en la web por falta de fotografías anteriores para comparar.
En opinión de José B. Ruiz, "todas las provincias tienen zonas de su costa deterioradas y otras mejor conservadas. Sin embargo, los datos recogidos apuntan a que Barcelona, la Comunidad Valenciana, la región de Murcia y, en especial, Alicante, están a la cabeza en irregularidades, casos denunciados y destrucción del paisaje".
* 20 Minutos - EROSKI/CONSUMER. 09.11.2013
Foto: Vista de Jaén desde un satélite en 2004 (izda) y 2011 (dcha). (GOOGLE)
La contabilidad b de Hispano Almería revela 8,5 millones en sobornos
Algo que ya se sabía desde hace tiempo sale parcialmente a luz en la provincia de Almería. Empresas constructoras, como Hispano Almería, sobornaban a políticos 'populares', de relevancia en su mayoría, para obtener beneficios urbanísticos. La misma historia de siempre: el urbanismo como pretexto para forrarse entre las dos partes interesadas. Personajillos sin escrúpulos que se suben al carro político para medrar y cometer toda suerte de ilegalidades atendiendo solo a sus bolsillos, sin tener en cuenta en absoluto el interés general como debe corresponder a una correcta Ordenación Territorial. Y la justicia, como siempre, al margen de todo.
"ELPAÍS* : La contabilidad b de la constructora Hispano Almería revela supuestos sobornos que suman, al menos, 8,5 millones destinados a políticos y técnicos de la Diputación de Almería y los municipios de Roquetas de Mar, Níjar, Carboneras, Vícar y La Mojonera, además del Partido Popular. La empresa estableció un sistema para supuestamente beneficiar a dirigentes y funcionarios responsables de conceder los concursos públicos de obras.
Las decenas de recibos que formaron parte de esa contabilidad b fueron presuntamente pagados entre 1999 y 2009 por el constructor Miguel Ángel Morales Duarte, dueño de Hispano Almería. Este firmaba los comprobantes, en ocasiones junto a los receptores de las cantidades, que eran entregadas en efectivo en sobres blancos con billetes de 500 euros. Los recibos incluyen los nombres de dirigentes del PP como el exdiputado Gonzalo Bermejo o del PSOE como el líder de la oposición municipal en Roquetas, Juan Ortega Paniagua, además de abonos para las elecciones municipales y otros para las autonómicas o nacionales. Mientras que bajo el acrónimo POL se esconden los políticos receptores de las supuestas mordidas del 10% del presupuesto de la obra, la contabilidad refleja que los funcionarios técnicos Javier Macías (1,1 millones), Alfonso Salmerón (504.000 euros), Manuel Bermejo (102.000 euros) y Manuel Rodríguez (12.000 euros) podrían haber obtenido un 4%.
La cifra pagos supera los 8,5 millones contabilizados hasta 2009 porque en la documentación del verano de 2011 se reflejan pagos pendientes a políticos por 156.000 euros. Entre los abonos a dirigentes, destacan pagos muy elevados, de hasta 240.000 euros, a políticos vinculados al Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Además, hay otros para costear las elecciones municipales en Níjar y un abono de 5.000 euros pagado en agosto de 2008 a miembros del Ayuntamiento de La Mojonera, presidido por el parlamentario popular José Cara.
A las evidencias de los recibos firmados por el constructor, el contable y en ocasiones los cobradores del dinero negro se le suma un documento hallado en la agenda particular del exsocio de la constructora Ángel Sánchez (ya fallecido). Este escrito detalla las obras de Hispano Almería contratadas con el Ayuntamiento de Níjar (PP) y apuntes manuscritos de Sánchez. Tras los nombres de las obras como un acceso a Níjar (714.000 euros), una guardería (363.000 euros) o una zona comercial (312.000 euros), figura “IMP. Adj.” (importe adjudicado); el 5% de aval ante el banco (estipulado por ley al ser obra pública) titulado “5% AVAL”; el “IMP. Ent” (importe entregado como comisión); y la fecha del mismo, que en dos ocasiones se elevó a 20.000 euros para las elecciones de 2007 y 2008 (“Elec/07 y Elec/08”). Finalmente, en la última columna, el “SALDO” fija si la comisión se ha pagado o figura con saldo negativo por estar pendiente de abonar.
El alcalde de Níjar desde 2007, Antonio Jesús Rodríguez (PP), rechazó que se hayan pagado comisiones ilegales por las obras realizadas por el Ayuntamiento que preside.
El post-it incluido en la primera página de la agenda de Sánchez es esclarecedor sobre la costumbre de pagos ilegales: “Preparar 60.000 euros para A. Salmerón [técnico del Ayuntamiento de Roquetas] para 10/6/07 obra 435”. Sánchez firmó numerosos recibos de la contabilidad b y era considerado por las instituciones y empresas colaboradoras de Hispano Almería como “el alma de la empresa”. Mientras que Miguel Ángel Morales Carillo, hijo del antiguo dueño de Hispano Almería, insiste en negar la veracidad de los recibos, Amat dice que sufre “lo más parecido a acoso psicológico” tras las denuncias ciudadanas y las noticias que cuestionan su política de urbanismo desmedido.
La cantidad de 8,5 millones en sobornos que refleja la contabilidad b de la constructora no incluye los regalos que cada año recibían todos los políticos y técnicos implicados en las obras públicas adjudicadas. El alcalde de Roquetas de Mar y presidente del PP almeriense, Gabriel Amat, fue el más beneficiado por esta costumbre y percibió presentes por 11.085 euros, pero a él se le suman ocho alcaldes, un senador, un diputado y decenas de técnicos y funcionarios. “Al que se portaba mal y no agilizaba un convenio o una obra, se le castigaba al año siguiente sin regalo”, matizan fuentes de la empresa sobre los regalos, que pueden ser tipificados como cohechos en la investigación de la Fiscalía Superior.
* El País - JAVIER MARTÍN-ARROYO - 10.11.13
Foto: Diputación Almeria - cultura
El fiscal pide cuatro años de prisión para el alcalde de Almacelles por prevaricación
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Ya hemos hablado numerosas veces de la igualdad existente ante la corrupción urbanística en todas las autonomías de este país, casi siempre gobernadas por distintos partidos conservadores (de su dinero). Esto se vuelve a demostrar en Almacelles (Lleida), donde el fiscal solicita 4 años de prisión para el alcalde de CIU, mayoritaria en Cataluña, por un delito urbanístico con segundas intenciones.
ELPAÍS* : La Fiscalía de Lleida solicita cuatro años de prisión para el alcalde de Almacelles (Segrià), Josep Ibarz, de CiU, y para el policía local Josep R. Arnó por los presuntos delitos de prevaricación y falsificación de documento cometidos durante la tramitación de un expediente de infracción urbanística.El escrito de acusación también contiene penas de 12 años de inhabilitación para Ibarz y el secretario municipal, Ramon Maria Corellana, y de tres años para el policía local, según ha publicado hoy el diario Segre.
El fiscal señala que los tres acusados urdieron un plan para poder incoar un expediente administrativo a una vecina por una supuesta infracción urbanística, con la intención de perjudicar a un edil de la oposición de la que es familiar. El expediente acabó en una sanción de 16.499 euros, actualmente recurrida y a expensas de la resolución judicial.
En todo esto hay intencionalidad política de PSC y PP", dice Ibarz defendiendo su inocencia
Según el relato de la Fiscalía, el alcalde encargó en 2007 al policía municipal un informe sobre una inspección realizada en una granja de la perjudicada, donde supuestamente se estaban haciendo obras ilegales.
Ibarz ha asegurado hoy que tiene la conciencia tranquila por haber actuado contra una obras realizadas de forma ilegal, ya que la denunciada transformó una granja de pollos en oficinas, vivienda y pista de tenis. "En todo esto hay una intencionalidad política por parte del PP y PSC, en la oposición, y lo único que deseo es que se celebre el juicio cuanto antes para poderme defender y no verme sometido a un linchamiento público", ha añadido el alcalde. Éste admite que el único error en el expediente fue que el policía "copió y pegó" un informe anterior sin modificar la fecha.
* El País - LLUÍS VISA - 8.11.13
Foto: Almacelles (Lleida) - meslleida
Juzgarán al exalcalde de Benalmádena, Bolín, por autorizar una vivienda contra las normas
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Si hay algo que no se entiende después de ver las atrocidades urbanísticas que han ocurrido en Benalmádena, en plena Costa del Sol, es que su eterno alcalde, E.Bolín, que ya lo era en la dictadura, haya pasado sin apenas pisar la cárcel. En el municipio que más ha crecido comparativamente de la costa malagueña, se han permitido toda suerte de ilegalidades territoriales hasta el mismo borde del mar, creciendo disparatadamente sin orden ni concierto. Muchos culpables y 'pelotazos' tras este caos urbanístico, como la propia Junta o la justicia que lo permitieron. Ahora, lamentablemente, es imposible volver atrás, el daño y el delito ya están hechos.
"SUR* : El Juzgado de lo Penal 1 de Málaga tiene previsto juzgar el próximo lunes al exalcalde de la localidad malagueña de Benalmádena, Enrique Bolín, acusado por un delito contra la ordenación del territorio al conceder por decretos las licencias de obras necesarias para la construcción de una vivienda en contra de las normas urbanísticas vigentes. La Fiscalía solicita un año de prisión y 10 de inhabilitación. Según sus conclusiones iniciales, en mayo de 2004, un particular solicitó al Ayuntamiento licencia para construir una vivienda, cuya concesión requería de la presentación de un proyecto técnico y de informes jurídicos y técnicos sobre la adecuación del inmueble al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El informe técnico, según señala la acusación pública en su escrito inicial, al que ha tenido acceso Europa Press, fue emitido en sentido desfavorable por el arquitecto-técnico municipal, "al incumplirse las previsiones" de uno de los artículos del PGOU, que señalaba que la altura de la fachada principal y lateral debían ser dos y se proyectaban tres.
"A pesar de ello", dice el fiscal, el acusado, "conociendo la disparidad y contrariedad entre lo que se pretendía edificar y la normativa urbanística", dictó un decreto otorgando la licencia solicitada. Posteriormente, se presentó otra documentación reformada, en la que se pedía autorización para aumentar el casetón, sobre lo que el arquitecto-técnico volvió a emitir otro informe desfavorable.
En esta ocasión, sostiene la acusación pública, además de alegarse el anterior motivo, también se incumplía otro artículo relativo a los casetones de escalera, que no pueden destinarse a otra función y en este caso, además de a caja de escalera se destinaba a sala de máquinas y climatización. En este caso, el acusado también fue "reiteradamente instruido y advertido" de la contrariedad.
No obstante, según la Fiscalía, concedió licencia en abril de 2005 "aprobando la modificación de la originariamente otorgada y no precisamente para subsanar lo ilícitamente autorizado con anterioridad, sino para permitir la indebida ampliación demandada". Pero, esta actuación "parcial, infundada e improcedente" del entonces alcalde, dice el escrito, siguió.
Así, en el escrito se señala que se realizó otro informe desfavorable por parte del técnico municipal de infraestructuras sobre la concesión de la licencia de primera ocupación, "concediéndola el acusado" en un decreto de diciembre de 2006 "siendo sabedor de que la misma no podía otorgarse por no reunir lo construido los presupuestos exigibles".
Por estos hechos, se acusa Bolín de un delito contra la ordenación del territorio y se solicita un año de prisión y 10 de inhabilitación. Además, se señala que en caso de dictarse una sentencia condenatoria, se declare nula la licencia otorgada a la mujer solicitante para la construcción de la vivienda.
* Sur - EP _ 9.11.13
Foto: Benalmádena (Málaga), viviendas costa - el pais
14 políticos para inaugurar una rotonda
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Una noticia vergonzosa por la que no pasa el tiempo y demuestra claramente de qué está hecha la casta política que gobierna este país tan poco democrático. En cualquier otro de nuestro entorno hubiera habido dimisiones y expulsiones a mansalva, pero aquí, con los 'populares' en el poder, son posibles estas aberraciones propagandísticas más propias de un Goebbels redivivo. Estos políticos, y sus sicarios, son los parásitos de la sociedad que tenemos, gentuza incapaz de hacer otra cosa útil y que solo valen para medrar y aferrarse a la poltrona del cargo, otorgado a dedo, claro. Así nos va: reir por no llorar
"ECOREPUBLICANO* : Catorce cargos públicos para inaugurar una rotonda. Ocurrió la semana pasada en el municipio de Alhendín (Granada), según publica el diario Ideal. En el acto participaron representantes de la Diputación de Granada y del Ayuntamiento de Alhendín, entre ellos el presidente de la institución provincial, Sebastián Pérez, la vicepresidenta primera, Luisa García Chamorro, el alcalde de Alhendín, Francisco Rodríguez, y otros miembros de las dos corporaciones, gobernadas por el Partido Popular.
En pleno debate sobre los excesos de los políticos y de la política, 14 representantes públicos decidieron acudir a la inauguración de una rotonda de unos pocos metros de diámetro. El Ayuntamiento, cuya población no llega a los 8.000 habitantes, defiende que descongestionará el tráfico en un punto en el que, no obstante, se han registrado "frecuentes retenciones".
Además de defender la urgencia y la necesidad de esta obra, las autoridades aprovecharon la inauguración para convertirla en un acto político y arremeter contra la gestión de la Junta de Andalucía, gobernada por PSOE e IU “Mientras la Junta de Andalucía nos asfixia con los impagos del taller de empleo y el servicio de ayuda a domicilio, la Diputación es la única Administración que sigue apostando por los municipios y por Alhendín y, como muestra un botón, esta rotonda que sin duda alguna va a mejorar la calidad de vida de todos los alhendinenses”, señaló el alcalde de Alhendín, Francisco Rodríguez.
* EcoRepublicano - 17.10.13
Foto: Alhendín (Granada) - elpais
Menorca.- El PP cambia la ley del suelo y amplía la amnistía al urbanismo ilegal
Menorca estaba hasta ahora un poco al margen de las grandes corrupciones urbanísticas de las otras islas, pero parece que también se ha ido contagiando del mismo delito territorial que está acabando con las costas y ciudades de todo el país. El Govern 'popular' pretende amnistiar todas las construcciones ilegales habidas y por haber, más de 30.000 en la isla, gracias a una enmienda de la Ley de Suelo menorquí. Como se va a ver pronto esto solo es el principio de la delincuencia política que mal-gobierna, ya que los agravios comparativos enseguida saldrán a luz y crearán nuevos problemas.
"MENORCAINFO* : El PP ha presentado enmiendas al proyecto de ley del suelo para que la amnistía a las viviendas ilegales en suelo rústico se extienda además aquellas viviendas que se han construido a partir de una licencia obtenida para construir un almacén agrícola o para levantar una caseta de aperos. El texto inicial del proyecto de ley se refería en exclusiva a las viviendas en suelo rústico construidas o ampliadas de manera ilegal, pero no aclaraba qué debía hacerse cuando las casas se levantaban a partir de un almacén.
La enmienda supone una ampliación ‘de facto' de la amnistía al urbanismo ilegal, aunque para que lo consigan se les exigen las mismas condiciones que a las viviendas, es decir, deberán pagar una multa si quieren lograr la legalización.
Uso prohibido
La enmienda de los populares señala que, cuando la edificación que se pretende legalizar tenga un «uso prohibido», es decir, se use como licencia en lugar de como almacén, la prescripción del delito urbanístico comenzará a contar «en el momento en que se acredite su implantación».
La enmienda añade que esta regla «se aplicará a los casos de edificaciones que hayan sido objeto del cambio de uso con posterioridad a su construcción».
30.000 viviendas
La enmienda del Partido Popular modifica la disposición transitoria décima, que es la que regula la legalización de las viviendas construidas de manera irregular y que puede afectar a unos 30.000 edificios en todas las Islas, según las propias estimaciones del Govern.
La modificación presentada por el PP se ha hecho a raíz de peticiones formuladas por los alcaldes populares, que observaron que el redactado inicial de la ley no incluía esta posibilidad. En el PP aseguran que se trata de regular y poner orden de una vez por todas en una realidad que existe en el suelo rústico de las Islas.
El PP ha presentado además otras enmiendas al proyecto de ley del suelo, pero todas ellas son de carácter técnico y están pensadas para resolver algunas dudas que podía plantear el texto. Una de las más importantes es la que afecta a las cesiones urbanísticas que tendrán que hacer los promotores.
Entre el 5 y el 20
Las enmiendas aclaran que los promotores deberán ceder a los ayuntamientos el 15 por ciento de la edificabilidad media de las actuaciones.
De forma justificada, la ley permite rebajar este porcentaje hasta el 5 por ciento, en algunos casos, pero también permite a los ayuntamientos elevar este porcentaje hasta el 20 por ciento en el caso de en el que el valor de las parcelas resulte «considerablemente superior».
* MenorcaInfo - Nekane Domblás - 8.11.13
Foto: El Govern y la oposición coinciden en la necesidad de resolver el problema con las más de 30.000 viviendas ilegales que hay en suelo rústico. Se podrá realizar la obra ilegal como la que realizó Boris Becker (en la imagen), a cambio de pagar una multa. - Archivo
Valencia.- El Cabanyal: un capricho frustrado de 40 millones de euros
A la espera de una decisión final sobre el futuro del enclave marinero de Valencia, el balance sobre la acción de la alcaldesa R.Barberá sobre El Cabanyal arroja un gasto aproximado a los 40 millones de dinero público sin más resultado que la degradación del barrio. El caso del expolio urbanístico de este núcleo original ha durado 15 años de disputas constantes entre las administraciones central, autonómica y municipal. Pero la acción ciudadana ha sido indispensable para evitar hasta el momento otra tropelía urbanística más en zona declarada de interés cultural.
PÚBLICO* : Frente a los 1.100 millones de euros (625 de sobrecoste incluidos) que costó a los valencianos la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, quizás 27 millones parezcan una cantidad insignificante. Sin embargo, mientras que los primeros se destinaron a erigir unos edificios megalómanos por cuyo exterior pasean a diario miles de ciudadanos (el uso interior de algunos de ellos da para otra historia), los segundos -también de dinero público- fueron invertidos en la compra de edificios y solares alrededor de los cuales la policía local que patrulla la zona recomienda a los turistas no circular.
Y es que esos inmuebles, actualmente nidos de ratas o refugio de familias excluidas socialmente, constituyen el principal activo de la sociedad participada al 50% por el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana - Plan Cabanyal-Canyamelar SA- que los adquirió con la finalidad de ejecutar sobre sus escombros el plan de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para el barrio del Cabanyal: construir una gran avenida y un amplio boulevard para nuevos inquilinos muy cerca del mar.
Ahora, cuando -pese a los anuncios del gobierno de España y las administraciones autonómica y local- el proyecto sigue paralizado por orden del Ministerio de Cultura, esos 27 millones ayudan a hacerse una idea de lo invertido por las administraciones valencianas en el expolio del Cabanyal, aunque para determinar el total habría que sumar mucho más. Desde las nóminas de los trabajadores de Plan Cabanyal-Canyamelar S.A. durante sus años de existencia, a lo empleado en pleitear contra las asociaciones vecinales para llevar adelante su plan. Un proceso de suma en el que resulta difícil no encontrarse con más de una irregularidad.
El ladrillo no perdía con el PP
Fue en 2005 cuando, después de siete años desde que la alcaldesa Rita Barberá anunciara su Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal, la forma eufemística con que se bautizó la operación, ésta tomó visos de ir en serio. ¿El motivo? La creación de la empresa mixta Cabanyal 2010 (posteriormente mutaría al actual Plan Cabanyal-Canyamelar S.A.) en la que las administraciones públicas se asociaron junto a once constructoras con el fin de llevar adelante un plan que exigía una inversión mínima de 240 millones de euros para pagar las expropiaciones a los propietarios de las 1.600 viviendas que era necesario derribar.
Pero, al igual que en 2005 la demolición y posterior especulación sobre el solar del Cabanyal parecía una buena operación, en 2008, sobrevenida la explosión de la burbuja inmobiliaria, ya no lo parecía tanto. La posibilidad de especulación urbanística se esfumaba, pero en lugar de repartir las pérdidas, Ayuntamiento y Generalitat recompraban a las once constructoras su parte en el accionariado de Cabanyal 2010. El coste para las arcas públicas, los 7.875.000 euros que las once empresas privadas desembolsaron, al que se añadió una compensación en concepto del IPC más un punto desde julio de 2005. Las constructoras, pese al fiasco de su operación especulativa, no perdieron ni un euro.
Cuentas maquilladas
Solo con estos dos desembolsos la suma de la inversión ascendería sobre los 35 millones de euros, pero lo cierto es que el desembolso en inmuebles podría ser mayor. Así lo denuncia el grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, que señala cómo este mismo año, la Sociedad Anónima Municipal de Actuaciones Urbanas de Valencia (AUMSA), empresa pública del Ayuntamiento presidida por Rita Barberá y vicepresidida por el teniente de alcalde, Alfonso Grau, adquirió a Plan Cabanyal-Canyamelar cuatro solares con un coste de más de medio millón de euros. De esa manera, los solares seguirían en las mismas manos, pero en los registros de la empresa encargada del PEPRI quedaría registrado un gasto en inmuebles inferior.
"Este cambio de estrategia en el expolio del Cabanyal parece que se debe a la falta de liquidez de Plan Canbanyal-Canyamelar SA", señalan desde Compromís, al tiempo que añaden a la suma otro gasto incomprensible: los 36.000 euros en concepto de impuestos (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) que costó transferir la propiedad de unos solares de una sociedad pública a otra. Y no es ésta la única anomalía detectada. Como advierten, resulta significativo que a pesar de disponer en propiedad de inmuebles adquiridos por valor de 27 millones de euros (aunque su valor actual sea muy inferior), Plan Cabanyal-Canyamelar SA tiene sus oficinas del barrio en alquiler. Un arrendamiento por el que gastó solo en 2012 un total de 32.495,86 euros. El alquiler del inmueble desde 2005 difícilmente descendería de los 210.000 euros.
Si del mismo modo se extrapolaran los gastos de personal de los últimos dos años a todo el periodo transcurrido desde 2005, la mercantil no habría gastado menos de tres millones de euros. Solo en 2012, un año sin apenas actividad en Plan Cabanyal-Canyamelar SA, la empresa registró unos gastos de personal de 410.851,85 euros a repartir entre trece empleados, de los cuales solo director-gerente se llevó casi 60.000 euros. El año anterior, con casi 428.000 euros, el gasto en la plantilla fue mayor.
"Dinero tirado"
Con todos estos gastos acumulados, la suma del dinero invertido en el proyecto fallido de Rita Barberá, ascendería hasta la fecha a aproximadamente 40 millones de euros. "Con estos 40 millones y las ayudas que presta el Estado el barrio del Cabanyal podría estar ya totalmente rehabilitado, pero en esto, como en RTVV, los grandes eventos o tantas otras cosas, el Ayuntamiento y la Generalitat han tirado el dinero de los valencianos", apunta Joan Ribó, portavoz del grupo municipal Compromís en el Ayuntamiento de Valencia.
Ribó, que no descarta que el gasto en el proyecto de Barberá haya sido mayor -"los obstáculos de la administración al acceso a esta información son enormes"-, considera que el plan de la alcaldesa ya se puede considerar frustrado, puesto que modificar el dictamen de expolio del Ministerio de Cultura, basado en informes independientes, sería "un acto de prevaricación". Por ese motivo, reclama a la alcaldesa un cambio de política inmediato sobre El Cabanyal y el inicio inmediato de su rehabilitación. Los vecinos, concluye, "no pueden seguir siendo rehenes de Barberá, por mucho dinero que se haya malgastado a tal fin".
* Público - JUAN E. TUR - 7.11.13
Foto: Valencia, alcaldesa Rita Barberá y presidente Camps Abril2010 - elpais
Baleares.- Tres ex altos cargos de Matas confiesan ser corruptos y aceptan ir a la cárcel
Casi 10 años más tarde continúan saliendo las corruptelas del gobierno balear del exministro Matas. Si ahora son unos arrepentidos, cosa extraña en el mundo político, hay que pensar en la cantidad de casos de corrupción que todavía faltan por salir a la luz o que la débil justicia no ha considerado objeto de investigación. Los tres altos cargos que han llegado a un 'acuerdo' con el fiscal habrían malversado al menos un millón de euros de fondos públicos destinados a turismo en las islas, gracias a la formación de empresas pantalla delictivas. Es decir, se apropiaron de un dinero de todos los isleños para beneficio exclusivamente personal.
"ELPAÍS* : Montaron en la Administración una trama para saquear dinero público y lo han confesado. Otros tres ex altos cargos y gestores del PP en el Gobierno de Baleares de Jaume Matas (2003-2007) entrarán en la cárcel por corrupción, al asumir ser autores de hechos delictivos. Los imputados han cerrado un pacto de conformidad con la fiscalía, que se evidenciará este lunes, ante la Audiencia de Palma, al inicio de la vista oral del escándalo del caso Turismo Joven.
Entre cinco y tres años de reclusión cargarán el exdirector general de Juventud Juan Francisco Gálvez, con una petición inicial de la fiscalía de 12 años de cárcel; el exgerente del consorcio Turisme Jove y exconcejal de Algaida, Damià Amengual, con una acusación con 10 años de reclusión; mientras que el tercer hombre, el exjefe de Servicios del consorcio, Juan Francisco Gosálbez, tiene una acusación por más de cuatro y medio de prisión. Gálvez y Gosálbez fueron jóvenes líderes promocionados por el equipo de Matas.
Los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau acusan a Gálvez, Amengual y Gosálbez de "un enriquecimiento a costa de los fondos y cargos públicos", aprovechándose de la "falta total y absoluta" de controles administrativos. El consorcio público que manejaron entró en quiebra técnica
La colaboración con la justicia, el arrepentimiento y la reparación del daño causado son atenuantes penales que la fiscalía planteará al tribunal tras la confesión de los reos.
El asunto fue destapado por el Gobierno de izquierdas y nacionalista de Francesc Antich del PSOE, en agosto de 2008, un año después de la caída del poder de Jaume Matas, en la etapa en que se destapó el caso Palma Arena, la causa central sobre el supuesto enriquecimiento y mala gestión del exlíder del PP y exministro de Medio Ambiente.
Un millón de euros malversados
Hasta un millón de euros malversó el trío de arrepentidos del PP. Por sus maquinaciones y las de sus colaboradores, un total de 13 personas del caso Turisme Jove se sentarán en el banquillo. Maniobraron con empresas pantallas, tramitaron pagos por servicios ficticios, dieron contratos de privilegio desde la Administración a compañías de su propiedad. Una trama corrupta que controló el consorcio público y malversó caudales públicos.
La Fiscalía Anticorrupción planteó la existencia de delitos de malversación continuada, cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y falsificación documental. Se ha acreditado el pago de comisiones superiores el 30% y el autoalquiler de una oficina por valor 54.000 euros anuales de un local adquirido ad hoc con un préstamo de 638.000 euros. Además, facturaron excesivos gastos personales en viajes, comidas, hoteles, gasolina y tintorerías, facturas que no se correspondían con servicios prestados.
El PP ejerce la acusación popular en este asunto y de manera singular únicamente acusa a un cargo intermedio, Juan Francisco Gosálbez. El PP pide para este cuatro años y medio de cárcel. El Consorcio de Turismo Jove y la dirección general de Juventud estaba adscrita a la Consejería de Juventud y Deportes, a cuyo frente estaba la abogada Rosa Puig, una de las protegidas de Jaume Matas.
* El País - ANDREU MANRESA - 8.11.13
Foto: Palma, J.Matas en el banquillo - reuters
