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Una noticia vergonzosa por la que no pasa el tiempo y demuestra claramente de qué está hecha la casta política que gobierna este país tan poco democrático. En cualquier otro de nuestro entorno hubiera habido dimisiones y expulsiones a mansalva, pero aquí, con los 'populares' en el poder, son posibles estas aberraciones propagandísticas más propias de un Goebbels redivivo. Estos políticos, y sus sicarios, son los parásitos de la sociedad que tenemos, gentuza incapaz de hacer otra cosa útil y que solo valen para medrar y aferrarse a la poltrona del cargo, otorgado a dedo, claro. Así nos va: reir por no llorar
"ECOREPUBLICANO* : Catorce cargos públicos para inaugurar una rotonda. Ocurrió la semana pasada en el municipio de Alhendín (Granada), según publica el diario Ideal. En el acto participaron representantes de la Diputación de Granada y del Ayuntamiento de Alhendín, entre ellos el presidente de la institución provincial, Sebastián Pérez, la vicepresidenta primera, Luisa García Chamorro, el alcalde de Alhendín, Francisco Rodríguez, y otros miembros de las dos corporaciones, gobernadas por el Partido Popular.
En pleno debate sobre los excesos de los políticos y de la política, 14 representantes públicos decidieron acudir a la inauguración de una rotonda de unos pocos metros de diámetro. El Ayuntamiento, cuya población no llega a los 8.000 habitantes, defiende que descongestionará el tráfico en un punto en el que, no obstante, se han registrado "frecuentes retenciones".
Además de defender la urgencia y la necesidad de esta obra, las autoridades aprovecharon la inauguración para convertirla en un acto político y arremeter contra la gestión de la Junta de Andalucía, gobernada por PSOE e IU “Mientras la Junta de Andalucía nos asfixia con los impagos del taller de empleo y el servicio de ayuda a domicilio, la Diputación es la única Administración que sigue apostando por los municipios y por Alhendín y, como muestra un botón, esta rotonda que sin duda alguna va a mejorar la calidad de vida de todos los alhendinenses”, señaló el alcalde de Alhendín, Francisco Rodríguez.
* EcoRepublicano - 17.10.13
Foto: Alhendín (Granada) - elpais
14 políticos para inaugurar una rotonda
Menorca.- El PP cambia la ley del suelo y amplía la amnistía al urbanismo ilegal
Menorca estaba hasta ahora un poco al margen de las grandes corrupciones urbanísticas de las otras islas, pero parece que también se ha ido contagiando del mismo delito territorial que está acabando con las costas y ciudades de todo el país. El Govern 'popular' pretende amnistiar todas las construcciones ilegales habidas y por haber, más de 30.000 en la isla, gracias a una enmienda de la Ley de Suelo menorquí. Como se va a ver pronto esto solo es el principio de la delincuencia política que mal-gobierna, ya que los agravios comparativos enseguida saldrán a luz y crearán nuevos problemas.
"MENORCAINFO* : El PP ha presentado enmiendas al proyecto de ley del suelo para que la amnistía a las viviendas ilegales en suelo rústico se extienda además aquellas viviendas que se han construido a partir de una licencia obtenida para construir un almacén agrícola o para levantar una caseta de aperos. El texto inicial del proyecto de ley se refería en exclusiva a las viviendas en suelo rústico construidas o ampliadas de manera ilegal, pero no aclaraba qué debía hacerse cuando las casas se levantaban a partir de un almacén.
La enmienda supone una ampliación ‘de facto' de la amnistía al urbanismo ilegal, aunque para que lo consigan se les exigen las mismas condiciones que a las viviendas, es decir, deberán pagar una multa si quieren lograr la legalización.
Uso prohibido
La enmienda de los populares señala que, cuando la edificación que se pretende legalizar tenga un «uso prohibido», es decir, se use como licencia en lugar de como almacén, la prescripción del delito urbanístico comenzará a contar «en el momento en que se acredite su implantación».
La enmienda añade que esta regla «se aplicará a los casos de edificaciones que hayan sido objeto del cambio de uso con posterioridad a su construcción».
30.000 viviendas
La enmienda del Partido Popular modifica la disposición transitoria décima, que es la que regula la legalización de las viviendas construidas de manera irregular y que puede afectar a unos 30.000 edificios en todas las Islas, según las propias estimaciones del Govern.
La modificación presentada por el PP se ha hecho a raíz de peticiones formuladas por los alcaldes populares, que observaron que el redactado inicial de la ley no incluía esta posibilidad. En el PP aseguran que se trata de regular y poner orden de una vez por todas en una realidad que existe en el suelo rústico de las Islas.
El PP ha presentado además otras enmiendas al proyecto de ley del suelo, pero todas ellas son de carácter técnico y están pensadas para resolver algunas dudas que podía plantear el texto. Una de las más importantes es la que afecta a las cesiones urbanísticas que tendrán que hacer los promotores.
Entre el 5 y el 20
Las enmiendas aclaran que los promotores deberán ceder a los ayuntamientos el 15 por ciento de la edificabilidad media de las actuaciones.
De forma justificada, la ley permite rebajar este porcentaje hasta el 5 por ciento, en algunos casos, pero también permite a los ayuntamientos elevar este porcentaje hasta el 20 por ciento en el caso de en el que el valor de las parcelas resulte «considerablemente superior».
* MenorcaInfo - Nekane Domblás - 8.11.13
Foto: El Govern y la oposición coinciden en la necesidad de resolver el problema con las más de 30.000 viviendas ilegales que hay en suelo rústico. Se podrá realizar la obra ilegal como la que realizó Boris Becker (en la imagen), a cambio de pagar una multa. - Archivo
Valencia.- El Cabanyal: un capricho frustrado de 40 millones de euros
A la espera de una decisión final sobre el futuro del enclave marinero de Valencia, el balance sobre la acción de la alcaldesa R.Barberá sobre El Cabanyal arroja un gasto aproximado a los 40 millones de dinero público sin más resultado que la degradación del barrio. El caso del expolio urbanístico de este núcleo original ha durado 15 años de disputas constantes entre las administraciones central, autonómica y municipal. Pero la acción ciudadana ha sido indispensable para evitar hasta el momento otra tropelía urbanística más en zona declarada de interés cultural.
PÚBLICO* : Frente a los 1.100 millones de euros (625 de sobrecoste incluidos) que costó a los valencianos la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, quizás 27 millones parezcan una cantidad insignificante. Sin embargo, mientras que los primeros se destinaron a erigir unos edificios megalómanos por cuyo exterior pasean a diario miles de ciudadanos (el uso interior de algunos de ellos da para otra historia), los segundos -también de dinero público- fueron invertidos en la compra de edificios y solares alrededor de los cuales la policía local que patrulla la zona recomienda a los turistas no circular.
Y es que esos inmuebles, actualmente nidos de ratas o refugio de familias excluidas socialmente, constituyen el principal activo de la sociedad participada al 50% por el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana - Plan Cabanyal-Canyamelar SA- que los adquirió con la finalidad de ejecutar sobre sus escombros el plan de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para el barrio del Cabanyal: construir una gran avenida y un amplio boulevard para nuevos inquilinos muy cerca del mar.
Ahora, cuando -pese a los anuncios del gobierno de España y las administraciones autonómica y local- el proyecto sigue paralizado por orden del Ministerio de Cultura, esos 27 millones ayudan a hacerse una idea de lo invertido por las administraciones valencianas en el expolio del Cabanyal, aunque para determinar el total habría que sumar mucho más. Desde las nóminas de los trabajadores de Plan Cabanyal-Canyamelar S.A. durante sus años de existencia, a lo empleado en pleitear contra las asociaciones vecinales para llevar adelante su plan. Un proceso de suma en el que resulta difícil no encontrarse con más de una irregularidad.
El ladrillo no perdía con el PP
Fue en 2005 cuando, después de siete años desde que la alcaldesa Rita Barberá anunciara su Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal, la forma eufemística con que se bautizó la operación, ésta tomó visos de ir en serio. ¿El motivo? La creación de la empresa mixta Cabanyal 2010 (posteriormente mutaría al actual Plan Cabanyal-Canyamelar S.A.) en la que las administraciones públicas se asociaron junto a once constructoras con el fin de llevar adelante un plan que exigía una inversión mínima de 240 millones de euros para pagar las expropiaciones a los propietarios de las 1.600 viviendas que era necesario derribar.
Pero, al igual que en 2005 la demolición y posterior especulación sobre el solar del Cabanyal parecía una buena operación, en 2008, sobrevenida la explosión de la burbuja inmobiliaria, ya no lo parecía tanto. La posibilidad de especulación urbanística se esfumaba, pero en lugar de repartir las pérdidas, Ayuntamiento y Generalitat recompraban a las once constructoras su parte en el accionariado de Cabanyal 2010. El coste para las arcas públicas, los 7.875.000 euros que las once empresas privadas desembolsaron, al que se añadió una compensación en concepto del IPC más un punto desde julio de 2005. Las constructoras, pese al fiasco de su operación especulativa, no perdieron ni un euro.
Cuentas maquilladas
Solo con estos dos desembolsos la suma de la inversión ascendería sobre los 35 millones de euros, pero lo cierto es que el desembolso en inmuebles podría ser mayor. Así lo denuncia el grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, que señala cómo este mismo año, la Sociedad Anónima Municipal de Actuaciones Urbanas de Valencia (AUMSA), empresa pública del Ayuntamiento presidida por Rita Barberá y vicepresidida por el teniente de alcalde, Alfonso Grau, adquirió a Plan Cabanyal-Canyamelar cuatro solares con un coste de más de medio millón de euros. De esa manera, los solares seguirían en las mismas manos, pero en los registros de la empresa encargada del PEPRI quedaría registrado un gasto en inmuebles inferior.
"Este cambio de estrategia en el expolio del Cabanyal parece que se debe a la falta de liquidez de Plan Canbanyal-Canyamelar SA", señalan desde Compromís, al tiempo que añaden a la suma otro gasto incomprensible: los 36.000 euros en concepto de impuestos (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) que costó transferir la propiedad de unos solares de una sociedad pública a otra. Y no es ésta la única anomalía detectada. Como advierten, resulta significativo que a pesar de disponer en propiedad de inmuebles adquiridos por valor de 27 millones de euros (aunque su valor actual sea muy inferior), Plan Cabanyal-Canyamelar SA tiene sus oficinas del barrio en alquiler. Un arrendamiento por el que gastó solo en 2012 un total de 32.495,86 euros. El alquiler del inmueble desde 2005 difícilmente descendería de los 210.000 euros.
Si del mismo modo se extrapolaran los gastos de personal de los últimos dos años a todo el periodo transcurrido desde 2005, la mercantil no habría gastado menos de tres millones de euros. Solo en 2012, un año sin apenas actividad en Plan Cabanyal-Canyamelar SA, la empresa registró unos gastos de personal de 410.851,85 euros a repartir entre trece empleados, de los cuales solo director-gerente se llevó casi 60.000 euros. El año anterior, con casi 428.000 euros, el gasto en la plantilla fue mayor.
"Dinero tirado"
Con todos estos gastos acumulados, la suma del dinero invertido en el proyecto fallido de Rita Barberá, ascendería hasta la fecha a aproximadamente 40 millones de euros. "Con estos 40 millones y las ayudas que presta el Estado el barrio del Cabanyal podría estar ya totalmente rehabilitado, pero en esto, como en RTVV, los grandes eventos o tantas otras cosas, el Ayuntamiento y la Generalitat han tirado el dinero de los valencianos", apunta Joan Ribó, portavoz del grupo municipal Compromís en el Ayuntamiento de Valencia.
Ribó, que no descarta que el gasto en el proyecto de Barberá haya sido mayor -"los obstáculos de la administración al acceso a esta información son enormes"-, considera que el plan de la alcaldesa ya se puede considerar frustrado, puesto que modificar el dictamen de expolio del Ministerio de Cultura, basado en informes independientes, sería "un acto de prevaricación". Por ese motivo, reclama a la alcaldesa un cambio de política inmediato sobre El Cabanyal y el inicio inmediato de su rehabilitación. Los vecinos, concluye, "no pueden seguir siendo rehenes de Barberá, por mucho dinero que se haya malgastado a tal fin".
* Público - JUAN E. TUR - 7.11.13
Foto: Valencia, alcaldesa Rita Barberá y presidente Camps Abril2010 - elpais
Baleares.- Tres ex altos cargos de Matas confiesan ser corruptos y aceptan ir a la cárcel
Casi 10 años más tarde continúan saliendo las corruptelas del gobierno balear del exministro Matas. Si ahora son unos arrepentidos, cosa extraña en el mundo político, hay que pensar en la cantidad de casos de corrupción que todavía faltan por salir a la luz o que la débil justicia no ha considerado objeto de investigación. Los tres altos cargos que han llegado a un 'acuerdo' con el fiscal habrían malversado al menos un millón de euros de fondos públicos destinados a turismo en las islas, gracias a la formación de empresas pantalla delictivas. Es decir, se apropiaron de un dinero de todos los isleños para beneficio exclusivamente personal.
"ELPAÍS* : Montaron en la Administración una trama para saquear dinero público y lo han confesado. Otros tres ex altos cargos y gestores del PP en el Gobierno de Baleares de Jaume Matas (2003-2007) entrarán en la cárcel por corrupción, al asumir ser autores de hechos delictivos. Los imputados han cerrado un pacto de conformidad con la fiscalía, que se evidenciará este lunes, ante la Audiencia de Palma, al inicio de la vista oral del escándalo del caso Turismo Joven.
Entre cinco y tres años de reclusión cargarán el exdirector general de Juventud Juan Francisco Gálvez, con una petición inicial de la fiscalía de 12 años de cárcel; el exgerente del consorcio Turisme Jove y exconcejal de Algaida, Damià Amengual, con una acusación con 10 años de reclusión; mientras que el tercer hombre, el exjefe de Servicios del consorcio, Juan Francisco Gosálbez, tiene una acusación por más de cuatro y medio de prisión. Gálvez y Gosálbez fueron jóvenes líderes promocionados por el equipo de Matas.
Los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau acusan a Gálvez, Amengual y Gosálbez de "un enriquecimiento a costa de los fondos y cargos públicos", aprovechándose de la "falta total y absoluta" de controles administrativos. El consorcio público que manejaron entró en quiebra técnica
La colaboración con la justicia, el arrepentimiento y la reparación del daño causado son atenuantes penales que la fiscalía planteará al tribunal tras la confesión de los reos.
El asunto fue destapado por el Gobierno de izquierdas y nacionalista de Francesc Antich del PSOE, en agosto de 2008, un año después de la caída del poder de Jaume Matas, en la etapa en que se destapó el caso Palma Arena, la causa central sobre el supuesto enriquecimiento y mala gestión del exlíder del PP y exministro de Medio Ambiente.
Un millón de euros malversados
Hasta un millón de euros malversó el trío de arrepentidos del PP. Por sus maquinaciones y las de sus colaboradores, un total de 13 personas del caso Turisme Jove se sentarán en el banquillo. Maniobraron con empresas pantallas, tramitaron pagos por servicios ficticios, dieron contratos de privilegio desde la Administración a compañías de su propiedad. Una trama corrupta que controló el consorcio público y malversó caudales públicos.
La Fiscalía Anticorrupción planteó la existencia de delitos de malversación continuada, cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y falsificación documental. Se ha acreditado el pago de comisiones superiores el 30% y el autoalquiler de una oficina por valor 54.000 euros anuales de un local adquirido ad hoc con un préstamo de 638.000 euros. Además, facturaron excesivos gastos personales en viajes, comidas, hoteles, gasolina y tintorerías, facturas que no se correspondían con servicios prestados.
El PP ejerce la acusación popular en este asunto y de manera singular únicamente acusa a un cargo intermedio, Juan Francisco Gosálbez. El PP pide para este cuatro años y medio de cárcel. El Consorcio de Turismo Jove y la dirección general de Juventud estaba adscrita a la Consejería de Juventud y Deportes, a cuyo frente estaba la abogada Rosa Puig, una de las protegidas de Jaume Matas.
* El País - ANDREU MANRESA - 8.11.13
Foto: Palma, J.Matas en el banquillo - reuters
Ecologistas propone revisar todos los planes urbanísticos en el litoral andaluz
Ecologistas en Acción ha presentado un total de 138 alegaciones al Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía y a su Informe de Sostenibilidad Ambiental y entre ellas propone revisar todos los planes urbanísticos en el litoral. Aunque reconocen que este Plan es mejor que nada, piensan que llega tarde y no contempla las responsabilidades contraídas por las autoridades (in)competentes en el desastre urbanístico de la costa. Hay muchos municipios que actúan dando prioridad a sus propias planes de ordenación con unas previsiones de crecimiento 'desarrollistas', lejanas a la realidad de crisis que vive el sector, por lo que solicitan una revisión urgente de estas directrices urbanísticas.
"TELEPRENSA* : Aunque consideramos que este Plan abre tímidamente las puertas a una política de protección del litoral andaluz –muy deteriorado por todo tipo de agresiones e impactos irreversibles sufridos por la especulación urbanística y la hipertrofia de infraestructuras-, nuestras alegaciones pretenden lograr que este plan alcance sus máximas posibilidades y cumpla todos sus objetivos, para que no quede en otro plan más sin eficacia real alguna. Lamentablemente este plan llega tarde para evitar el desastre perpetrado por el sector turístico-residencial en el litoral andaluz, encontrándose fuertemente condicionado, limitándose a parchear lo poco que queda remediable.
El plan no reconoce responsabilidad de ninguna administración en este desastre, cuando este plan contradice Planes de Ordenación del Territorio (POT) y Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) aprobados en los últimos años. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria los yuntamientos y la Junta de Andalucía han seguido aprobando PGOUs y POT de ámbito comarcal que han seguido los mismos planteamientos que nos han llevado a esta ruina: millones de metros cuadrados de nuevos suelos urbanizables y miles de viviendas más, sin ninguna justificación en base a necesidades reales de la población ni a los mínimos criterios de sostenibilidad económica o ambiental.
No es compresible ni admisible que tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, y tras el desastre a que nos están llevando los activos tóxicos de las entidades financieras, se sigan aprobando PGOUs y POTs con millones de metros cuadrados de suelos recalificados para usos residenciales y/o turísticos. En Andalucía hay un stock de 130.000 viviendas sin vender y otras 224.178 vacías, por lo que no se entienden estas previsiones de miles de nuevas viviendas. Actualmente, los suelos urbanizables en la franja de los primeros 500 metros del litoral suponen una superficie de 90 millones de m2 y una capacidad, con los urbanos sin desarrollar, de 187.000 viviendas más a construir. El Plan impediría construir 43.533 viviendas, pero permite 143.000 más, lo que es un manifiesto disparate desde los puntos de vista económico, social y ambiental, además de una contradicción inaceptable para un plan que se llama de protección.
Ecologistas en Acción entiende que en este contexto no se trata de justificar la necesidad de desclasificar algunos suelos, sino que, muy al contrario, son los ayuntamientos los que deberían tener que justificar por qué hay que mantener como urbanizables los suelos recalificados con el boom del ladrillo, sin más justificación que la especulación, lo que ha
llevado a la ruina a empresas constructoras, entidades financiaras y a los propios
ayuntamientos.
Por todo ello hemos propuesto que el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía debe incluir:
La corrección de las disparatadas previsiones de crecimientos urbanísticos y de construcción de nuevas viviendas, para impedir nuevas sobre ofertas de suelos urbanizables y viviendas (activos tóxicos) y evitar más impactos sobre la franja litoral.
La prohibición de nuevas recalificaciones en el litoral, y que se proceda a revisar todos los PGOUs de municipios del litoral para que en el plazo de un año desde la aprobación del Plan de Protección del Corredor Litoral se proceda a desclasificar todos los suelos urbanizables no desarrollados, y especialmente los activos tóxicos de las entidades financieras, en su mayoría titularidad de la SAREB.
La restauración y corrección de los impactos generados por el urbanismo y las infraestructuras en estas últimas décadas.
El aumento de las Zonas Litorales de Protección Territorial 1 (ZLPT1), las de máxima protección, y que suponen tan solo el 26% de las zonas propuestas de protección.
La modificación de la laxa normativa de las Zonas Litorales de Protección Territorial 2 (ZLPT2), la mayoría de las propuestas, en las que se permite construcciones de hoteles, campos de golf, infraestructuras e, incluso, desarrollos urbanísticos “justificados”. En suelos no urbanizables de especial protección esto es inadmisible.
La imposibilidad de modificar arbitrariamente por el/la titular de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, tal y como se contempla en la normativa, sino con un proceso de tramitación pública, y en ningún caso se podrá reducir la protección de una zona.
La prohibición de regularizar las urbanizaciones ilegales existentes en el ámbito del Corredor Litoral.
Ecologistas en Acción ha presentado 89 alegaciones a los planos de ordenación del Plan en las cinco provincias litorales, y otras 49 a la memoria Informativa y de ordenación y a la normativa del Plan. Estas alegaciones pretenden reforzar la protección de las zonas de mayor valor ambiental y paisajístico, desclasificar y proteger los suelos urbanizables no desarrollados, impedir la urbanización en la periferia de los espacios naturales y excluir del proceso urbanizador suelos inundables o con otros riesgos naturales o inducidos.
Ecologistas en Acción presentará hoy miércoles 30 estas alegaciones en la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (COTUA) que ha convocado la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio con el único punto de informar este Plan.
* Teleprensa - EA - 30.10.13
Foto: Litoral andaluz en Almería - teleprensa
A Coruña impulsa un polígono privado y obvia uno público que costó 75 millones
El urbanismo continúa siendo caótico en A Coruña, lo demuestra una vez más el ayuntamiento, que da prioridad a un polígono industrial privado, con intereses portuarios, frente al público desarrollado hace tiempo por la propia Xunta de Galicia en Arteixo, en una zona de expansión de la ciudad. Ambos polígonos pretenden dar salida al nuevo puerto, llamado exterior, que también ha sido muy criticado por su situación y por no poseer ni conexión ferroviaria. Como se ve, todo un disparate de decisiones urbanísticas de importancia, tras las que parecen encontrarse intereses particulares de empresas y políticos corruptos.
"ELPAÍS* : La Xunta, pese a múltiples intentos, sigue sin vender un metro cuadrado de suelo en el polígono industrial más grande de Galicia, el de Morás, en el municipio coruñés de Arteixo. Su construcción costó a las arcas públicas más de 75 millones de euros y presume, en los folletos oficiales de la Consellería de Medio Ambiente e Infraestructuras, de tener una situación privilegiada, en el área de más concentración empresarial de la comunidad autónoma, así como ideal para recibir, tratar y almacenar la mercancía que llegue o salga del cercano y flamante puerto exterior de A Coruña en Punta Langosteira (Arteixo), la infraestructura pública más cara de Galicia. Pero, en contra todo pronóstico, es otro polígono, el de Vío, de propiedad privada, el que la Autoridad Portuaria de A Coruña, junto con el ayuntamiento, ha decidido impulsar “como pieza estratégica en el desarrollo” tanto del viejo puerto situado en el centro de la ciudad como, “y sobre todo, de la nueva dársena de Punta Langosteira”.
Así lo afirma el escueto comunicado de prensa difundido por el gobierno municipal coruñés hace dos meses dando cuenta del acuerdo rubricado con la Autoridad Portuaria y los promotores de Vío, dos de los empresarios coruñeses más pudientes, Manuel Jove, exfundador de Fadesa, y José Collazo Mato, líder en el sector del juego. Un documento que da un fuerte impulso a ese parque empresarial —700.000 metros cuadrados con escasa ocupación hasta ahora— al declararlo Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto de A Coruña.
No se dieron a conocer más detalles del acuerdo. La institución portuaria eludió hasta el momento explicar las razones que le llevaron a decantarse por un polígono privado en vez de uno público, pese a estar ambos a la misma distancia del nuevo puerto exterior, como plataforma logística. Y eso que el de Morás, propiedad de la empresa pública Xestur encargada de la gestión del suelo, siempre fue hasta ahora considerado, como aseguró en múltiples ocasiones el conselleiro de Medio Ambiente e Infraestructuras, Agustín Hernández, como el más idóneo para dar apoyo a los futuros operadores de Punta Langosteira.
La consideración de zona de actividades logísticas que ahora tiene el polígono de Vío le hubiera venido de perlas al parque público de Arteixo (casi 1,5 millones de metros cuadrados, de los que dos tercios son suelo industrial). Languidece ante la falta de demandantes. De hecho, en la fallida subasta del año pasado para vender 50 de sus 91 parcelas —no se presentó ninguna oferta—, Xestur otorgaba “mayor puntuación a proyectos vinculados a actividades portuarias”. Ser la plataforma logística del puerto coruñés hubiera sido también de gran ayuda para el plan de ventas que, con rebajas del 25% en el precio del metro cuadrado y facilidades de pago, desarrolla desde el pasado verano la consellería para intentar animar a los empresarios a instalarse en Morás.
Lento era hasta ahora también el desarrollo y venta de suelo del parque de Vío, adjudicado en 2003 por el ayuntamiento coruñés. Pero este último sostiene que al convertirse en zona logística representa “un revulsivo” para la Autoridad Portuaria, enfrascada como está en captar clientes para el nuevo puerto exterior. Habla incluso de que puede generar hasta 10.000 empleos, tanto directos como indirectos. Su elección, en detrimento del de Morás, sorprendió en el entorno empresarial de A Coruña. El BNG remarcó que el polígono de Jove y Collazo está en la zona de alerta de la refinería de Repsol, de acuerdo con el nuevo plan de ordenación urbanística de A Coruña, y que puede constituir un obstáculo.
La Xunta, de momento, guarda silencio. Continúa con su plan de ventas de parcelas de Morás. Aunque no le da preferencia en el plan de ordenación de áreas empresariales que tramita. Un documento con vigencia hasta 2024 y que espera tener aprobado este año. Sólo establece dos actuaciones singulares: el puerto seco de Monforte y la gran plataforma de Salvaterra-As Neves, impulsada por tres instituciones públicas, entre ellas el Puerto de Vigo.
Dos empresas en Langosteira
El puerto exterior de A Coruña, aún en obras para conseguir ser operativo en su totalidad pero lastrado por la ausencia de una conexión ferroviaria imprescindible para mover mercancía como carbón, cereales o bioetanol, cuenta de momento con sólo dos concesionarios.
Al margen de la ansiada mudanza parcial de Repsol, principal usuario de los viejos muelles situados en el centro de la ciudad que aún tardará cinco años en instalar el 60% de sus actividades en Punta Langosteira, ya están concedidos los permisos para la instalación de Hormigones Carral, con una parcela de 4.000 metros cuadrados para la importación y distribución de cemento.
Y a partir del próximo año también empezará a operar en la nueva dársena la empresa Galigrain, del grupo Nogar. Es uno de los mayores clientes de graneles agroalimentarios del puerto coruñés, donde tiene cinco concesiones y mueve al año 1,3 millones de toneladas de mercancía. Está tramitando la construcción de una nave de almacenaje para realizar una décima parte de sus operaciones desde Punta Langosteira.
Otro de los grandes proyectos pendientes es la concesión de 30.000 metros cuadrados solicitada por la petrolera mexicana Pemex.
* El País - PAOLA OBELLEIRO - 4.11.13
Foto: A Coruña, obras puerto exterior (archivo) - elpais
Valencia.- La Ciudad de las Artes perderá 52 millones en 2013
El mayor icono de la Valencia 'fallera' del siglo XXI
que han promocionado los dirigentes municipales y autonómicos 'populares', basado en grandes edificios y pirotécnicos eventos, tiene también importantes goteras económicas. Aunque sea loable la arquitectura de la estrella Calatrava, la gestión que se ha hecho de ella ha resultado ser otro fiasco para una Comunidad endeudada hasta las cejas y que se mantiene en la cresta de la ola de la corrupción urbanística. Por el momento, y extrañamente, no hay culpables políticos entre rejas, algo que la justicia debería haber hecho hace tiempo.
"ELDIARIO* : La glamurosa Ciudad de las Artes y las Ciencias, ícono de la Valencia del siglo XXI y la muestra más clara de la política de grandes eventos impulsada por el PP en la Comunitat Valenciana, no parece un buen negocio: costó más de 1.200 millones de euros y acumula más de 500 en pérdidas. 2013 tampoco será un buen año: según las previsiones de la Conselleria de Economía, cerrará el ejercicio con números rojos por valor de 52 millones. En 2012 ya perdió 44 millones. Aunque ese año fue visitado, según cifras oficiales, por casi 3 millones de personas, los ingresos no cubrieron, ni de lejos, los costes de la instalación.
Así ha sido desde casi el inicio de la actividad de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa). La empresa de la Generalitat ha puesto al día sus cuentas hace poco reconociendo pérdidas por 480 millones.
2013 no será una excepción. Aunque el complejo de ocio y cultura ha ajustado sus gastos de funcionamiento y en 2012 despidió mediante un ERE a la mitad de la plantilla - 141 personas menos-, los números no salen. Sólo serían positivos si la Generalitat consiguiera vender unos terrenos en su día destinados a levantar unas torres de pisos diseñadas por Santiago Calatrava que, probablemente, no se harán nunca.
Como ese solar no se vende por la parálisis total de la construcción de viviendas, las previsiones positivas se transforman en pérdidas. Y los gastos siguen. Aunque el Consell quiere privatizar la Ciudad de las Artes y las Ciencias con gran parte de su sector público empresarial, en 2014 Economía destinará 218 millones a Cacsa.
¿Un proyecto fallido?
Cacsa comprende el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, el Palau de les Arts, un puente sobre el viejo cauce del río Turia, un oceanográfico –de gestión privada-, un cine IMAX y un edificio multiusos, el Àgora, que costó 100 millones pero que apenas se utiliza una vez al año, coincidiendo con el Abierto de tenis de Valencia que organiza Juan Carlos Ferrero. El Palau de les Arts, una ópera que también acaba de despedir a parte de su personal mediante un ERE, cierra 4 meses al año.
* El Diario - Voro Maroto - 3.11.13
Foto: El Ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia - eldiario
Marbella.- El fiscal del Supremo pide subir a 9,5 años la pena para Del Nido por el caso Minutas
El abogado Del Nido, presidente actual del Sevilla FC, fue un importante asesor jurídico en la etapa de corrupción 'gilista' en Marbella y está involucrado también en el caso 'Minutas'. Condenado a 7,5 años, ahora solicita el fiscal 2 años más, reconociendo así la benevolencia excesiva de una justicia que, desde el principio del caso 'Saqueo', ha sido débil en el caso más grave habido de corrupción urbanística en un municipio de este país. Ya se verá en qué queda esta nueva petición ya que hay grandes intereses político-económicos detrás y no parece que la justicia esté por la labor de rectificar.
"SUR* : El fiscal del Supremo ha pedido hoy al tribunal que incremente en dos años más la condena de siete años y medio impuesta al presidente del Sevilla, José María del Nido, en el llamado caso Minutas, relativo a corrupción en Marbella. Según el fiscal debería sumarse un delito, el de falsedad, a la condena por cooperador necesario en malversación, prevaricación y fraude que la Audiencia de Málaga impuso a Del Nido. Esta petición no la ha extendido ni para el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, condenado en esta causa a siete años y medio de prisión por esos mismos delitos, ni para el exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, penado con cuatro años por malversación y fraude, para quienes ha pedido solamente que se confirme sus condenas.
El Tribunal Supremo ha revisado hoy en vista pública los recursos que el fiscal y los condenados presentaron contra la sentencia en la que se condenó a Del Nido, al exalcalde de Marbella Julián Muñoz y al exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, entre otros, por desviar millones de euros del municipio en su beneficio.
En la vista el fiscal ha considerado también que la pena para el presidente del Sevilla y para Muñoz, además de para otros condenados, debería agravarse también en relación con la prevaricación, aunque no en términos incremento de los años de cárcel.
La sentencia en el caso Minutas, relativo a corrupción en Marbella, consideró probado que entre 1999 y 2003 Muñoz, como alcalde en funciones, y Del Nido (con participación del resto de los condenados) idearon una trama para desviar dinero público del Ayuntamiento de Marbella.
Pretendían así enriquecerse, pagando desde el consistorio minutas por trabajos innecesarios que Del Nido cobraba en tanto que abogado, decía la condena. Sin embargo, los letrados de los tres principales condenados han argumentado hoy ante el tribunal que los trabajos a cambio de los cuales se pagaron las minutas a Del Nido se realizaron y que por ellos se abonó un precio adecuado según los baremos del colegio de abogados.
Además, el abogado del exalcalde Julián Muñoz ha señalado que "Julián Muñoz en realidad, como alcalde accidental en lugar de Jesús Gil, no adoptó ninguna decisión, los fondos le venían administrados ya por el titular", es decir, por el propio Gil.
En cuanto a José María Del Nido, su letrado defensor ha recordado que la propia sentencia condenatoria "no discute la valoración de las facturas, nadie ha demostrado que fueran excesivas".
Además, ha continuado diciendo que si los servicios de Del Nido eran o no necesarios "no era su responsabilidad, eso compete al Ayuntamiento, él como particular prestó un servicio y fijó unas minutas adecuadas", de modo que no puede ser condenado por malversación.
En relación al delito de fraude, el abogado ha señalado que no existió pero ha añadido que, en el peor de los casos, "si es cooperador necesario en la malversación, no se le puede volver a condenar como cooperador necesario por fraude, porque los hechos son los mismos".
Los abogados defensores de estos y del resto de los condenados han aducido además que el tribunal que condenó no ha valorado adecuadamente las pruebas y les ha causado indefensión al negarles la aportación de elementos de descargo.
A sus argumentos se han opuesto el fiscal y las acusaciones. El fiscal ha recordado que el Ayuntamiento de Marbella tuvo que ser intervenido por la situación a la que lo condujeron las irregularidades en materia de manejo de fondos por parte de sus responsables, después de lo cual ha citado diversos casos de corrupción en Marbella por los que ya se han impuesto condenas.
Respecto al caso Minutas ha señalado que no hubo ningún control sobre el destino de los fondos empleados porque la única intención era enriquecerse a través de procedimientos administrativos irregulares y para ello se buscaron "pretextos".
"Ninguno de los trabajos, inexistentes o innecesarios, y por los que se pagaron millones de euros, produjo ningún beneficio al Ayuntamiento, solo se buscó aprovechar la situación de descontrol sobre los fondos públicos", ha añadido.
Del Nido declaró tras conocer su condena que seguiría en su cargo del club "mientras el fallo no sea firme", es decir, que cuando la Sala Penal del Tribunal Suprmeo decida si confirma su condena, se verá también si dimite como presidente del Sevilla.
* Sur - EP - 5.11.13
Foto: Imagen de archivo de Del Nido en la Audiencia Provincial de Málaga. EFE
La nueva ley hipotecaria aprobada a instancias de la UE no ha mejorado la situación de los afectados
Tras cinco meses de aplicación de la nueva ley hipotecaria se ha demostrado que no resuelve el bloqueo económico que viven miles de personas, según denuncian los abogados de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). La situación continúa siendo muy grave ya que el Gobierno no pone los medios para terminar con ella, tal y como planteó la UE, que de paso le dio un buen rapapolvo. La justicia sigue también en su línea débil, o sea que casi mejor no hablar por conocido de todos.
"ELPERIÓDICO* : Los afectados por la hipoteca han visto en el año que se acerca a su fin las dos caras de la moneda. Han ganado la batalla de la opinión pública –ya nadie los califica en bloque de manirrotos e irresponsables–, han logrado que el Gobierno se pronuncie sobre la tragedia hipotecaria y han obtenido victorias legales en Europa sin precedentes. Sin embargo, su situación no ha mejorado significativamente. Sobre todo, por lo cicatero que ha sido el Ejecutivo central en la aplicación de la sentencia de la Unión Europea que declaró ilegal el sistema de desalojos español a causa de la existencia de cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios.
Los cinco meses de aplicación de la nueva ley hipotecaria han demostrado que no resuelve el bloqueo económico que viven decenas de miles de personas y que está sembrada de minas que los abogados de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca intentan desactivar. Ya que el Gobierno no acompaña, los juristas miran de reojo a los jueces, con la esperanza de que se erijan en guardianes del sentido común. Pero el caso es que los desalojos no se detienen, apenas se reducen, y que no hay menos afectados, aunque sí distintos.
La portavoz de la PAH, Ada Colau, muestra satisfacción e inquietud. «Ha habido un punto de inflexión en cuanto a la opinión pública, esta batalla se ha ganado. Pero ahora el reto es el crecimiento». Ya son 200 las plataformas locales de afectados, que ahora, dice Colau, han dado un paso adelante en su relación con los bancos. Ya no solo ocupan una agencia. «Hemos ganado capacidad de negociación con los bancos. Tenemos contacto directo con personas que pueden pactar una dación».
* El Periódico - TONI SUST - 4.11.13
Foto: Activistas de la PAH, movilizados para evitar un desahucio en Sagunto, el pasado 21 de octubre. HEINO KALIS | REUTERS
Cartagena.- Cinco jefes militares llevan nueve años esperando juicio por destruir patrimonio
Los Diques de Feringán tenían la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC) al ser restos arqueológicos subacuáticos y formar parte del conjunto histórico del Arsenal de Cartagena. Un importante patrimonio histórico que los jefes militares responsables del Arsenal decidieron destruir y eliminar. Es decir, un atentado muy grave contra el patrimonio y que debería haber tenido una respuesta inmediata por parte de la justicia como garante del sistema de protección cultural del Estado. Pues esto no ha sucedido, lamentablemente, y los culpables del delito todavía están a la espera de un juicio 9 años (nueve) más tarde. Otra vez la débil justicia de este país.
"ELCONFIDENCIAL* : Un almirante, dos generales, un coronel y un capitán de fragata están pendientes de juicio oral desde hace nueve años por un presunto delito contra el patrimonio histórico en el recinto del Arsenal de Cartagena originado por la destrucción de unos diques de carena en seco construidos en el siglo XVIII. El procedimiento, iniciado formalmente en el año 2004, duerme el sueño de los justos en los estantes de los juzgados de Cartagena. Al menos cinco jueces distintos han tenido el asunto en sus manos sin que los trámites hayan desembocado en la celebración de la vista oral.
Los procesados son el almirante José Enrique de Benito Dorronzoro, el general de División del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos Leonardo Larios Aracama (fallecido), el general togado José Manuel Gordillo Álvarez-Valdés, el coronel Aurelio Manuel Valdés Sánchez y el capitán de fragata ingeniero Juan Manuel Acero y Gómez. Los cinco desempeñaban cargos de responsabilidad en el Ministerio de Defensa en 2000 y 2001, cuando se demolieron, sin consultar con el de Cultura, los diques históricos. El cuatro de noviembre de 2004, el magistrado-juez instructor Andrés Carrillo, del número uno de Cartagena, dictó auto de procedimiento abreviado como imputados contra ellos, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 323 del Código Penal sobre daños al Patrimonio Histórico.
El auto establece que, desde finales de 2000 hasta un año más tarde, dentro del Arsenal de la Armada en Cartagena se llevó a cabo la destrucción “por completo” de “los antiguos diques de Sebastián Feringán, o de Jorge Juan, de carenar en seco, […] parte integrante (por su importancia cultural, histórica e ingenieril) del Patrimonio Histórico Español y una de las obras clave de la ingeniería naval de nuestro pasado”.
Las obras, continúa el auto, “se realizaron a sabiendas de que se iba a proceder a la destrucción completa de esos diques, sin consideración alguna respecto de las mismas, y sin contar para nada con el Ministerio de Cultura, al que no se le dio conocimiento alguno de los que se iba a actuar”.
El magistrado que inició este procedimiento penal, aplicable al enjuiciamiento de los delitos castigados con privación de libertad menor de nueve años, fue trasladado a un juzgado de Murcia en 2005. Desde entonces, los jueces Brígida Gil Páez, Rocío Escondrillas, Roberto Fernández Muñoz y Lourdes Prado Cabrero han pasado sucesivamente por el juzgado de instrucción número uno sin que se hayan registrado avances notables en el procedimiento ni fijación de fecha de apertura de juicio oral.
Casi un año y medio después del auto del juez Carrillo, el fiscal Pablo Lanzarote pidió el sobreseimiento libre y archivo del caso, en febrero de 2006, anticipándose al escrito de acusación particular que hizo una petición de pena para los cinco imputados de tres años de prisión y 24 meses de multa, además de las responsabilidad civil correspondiente, el último día de marzo de 2006.
En mayo de 2011, el tema pasó a un juzgado de lo penal. Nada parece haberse movido tras esa última actuación, por lo que la Asociación de Defensa del Patrimonio (ADEPA) presentará una queja por dilaciones indebidas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Normalmente, en los juzgados de Cartagena los procedimientos penales abreviados suelen ver celebrado el juicio oral correspondiente entre dos y tres años después del inicio del proceso. En este caso, son ya nueve los transcurridos desde que el juez instructor lo puso en marcha.
Declarados Bienes de Interés Cultural
Los llamados Diques de Feringán tenían la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC) por ser restos arqueológicos subacuáticos y por formar parte del conjunto histórico del Arsenal de Cartagena, uno de los tres, junto a los de Ferrol y Cádiz, que existen en España. Estaban protegidos por la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico español y por el Real Decreto 3046/80 de declaración del conjunto histórico de Cartagena.
Se trataba de unos diques de fábrica de ladrillo para el carenado y reparación en seco de navíos. Los proyectó el capitán de navío Jorge Juan, los construyó como director el ingeniero Sebastián Feringán y se terminaron en 1755, durante el reinado de Fernando VI. Fueron los primeros de su tipo en un puerto del Mediterráneo. Hasta entonces sólo existían en dársenas del Atlántico.
Cuando los responsables del Arsenal de Cartagena decidieron eliminarlos para dedicar el espacio que ocupaban a otras instalaciones militares, partes de sus restos fueron vendidos a un anticuario y otros arrojados a vertederos, asegura y tiene documentado la cartagenera ADEPA.
Las denuncias de ADEPA motivaron diversos intentos de intervención de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura “al que incluso se ignoró en reiterados escritos que se fueron presentando ante el Ministerio de Defensa”, especifica el auto del juez instructor Carrillo.
* El Confidencial - Vidal Coy - 31.1013
Foto: Un buque en el Arsenal Militar de Cartagena - Efe
Marbella.- La Audiencia condena a Muñoz y Roca a seis años de cárcel en el ‘caso saqueo 2’
El caso Saqueo II era el último gran caso sobre el expolio de las arcas municipales de Marbella durante el gilismo que faltaba por sentenciar. Tras la vergonzosa sentencia de hace un mes sobre el caso Saqueo I, ahora se dicta otra que también parece débil en cuanto a la absolución de varios implicados y a los numerosos atenuantes que ha tenido en cuenta el tribunal. A este paso, el mayor escándalo de corrupción urbanística habido en la historia de un municipio de este país, va a quedar en 'agua de borrajas' y va a tener poca ejemplaridad para el juicio de otros casos de menor relevancia política y empresarial.
"ELPAÍS* : Julián Muñoz y Juan Antonio Roca suman una nueva pena de cárcel apenas un mes después de ser sentenciados en el caso Malaya. La Audiencia Nacional ha condenado al exalcalde de Marbella y al exasesor de Urbanismo de esta ciudad a seis años de prisión por un delito continuado de malversación de fondos públicos en el conocido como Saqueo II, que ha enjuiciado el desvío de dinero de las arcas municipales desde principios de los noventa hasta 2001. Se trata de una de las causas centradas en el expolio del Ayuntamiento marbellí durante la etapa del GIL.
El tribunal, que ha tenido en cuenta para todos los implicados la atenuante de dilaciones indebidas, ha dictado otras 11 condenas y ha absuelto a 15 acusados, entre los que están la exalcaldesa Marisol Yagüe y el exconcejal Tomás Reñones.
El grueso del grupo que ha quedado libre de cargos son exediles. Se fijan, además, indemnizaciones por responsabilidad civil por unos 40 millones de euros que deberán ser abonadas de manera solidaria por varios condenados, incluidos Muñoz y Roca.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal los ha absuelto, en cambio, de los delitos de asociación ilícita (añadido tras la vista oral) y contra la Seguridad Social que les imputaba la fiscalía, que reclamaba para ellos una pena de 15 años y medio y 13 años de prisión, respectivamente. Los dos se encuentran actualmente en la cárcel. Roca fue penado a principios de octubre con 11 años de reclusión en el caso Malaya y el exalcalde, que cumple condena por el caso de blanqueo en el que fue juzgado junto a Isabel Pantoja y Maite Zaldívar, con dos años de prisión en el mismo proceso.
Saqueo II es la continuación temporal del primer sumario con este nombre, en el que Roca ya fue sentenciado por la Audiencia Nacional a seis años y diez meses de prisión por malversar más de 20 millones de euros públicos entre 1991 y 1995. En este caso también fue condenado José Luis Sierra, antaño asesor jurídico de Jesús Gil y responsable de urdir en los inicios del gilismo el entramado de sociedades municipales a través de las cuales se habrían desviado los fondos públicos.
En este procedimiento se ha juzgado a exconcejales (han sido absueltos 12 exediles) y a gerentes y empleados de las mercantiles creadas alrededor del Ayuntamiento.
El tribunal considera probado que el Consistorio asumió “deudas ficticias” de las sociedades, bien por operaciones ilusorias o por contratos “inexistentes”, mediante transferencias de fondos que no están justificadas. Los seis exconcejales que han sido condenados emitieron esas órdenes de pago.
La sentencia, de 208 páginas, detalla decenas de traspasos de dinero irregulares desde el Ayuntamiento, incluido uno de 2,9 millones de euros autorizado en julio de 1993 por decreto por Pedro Román, también condenado a seis años de prisión por malversación.
La salida irregular de fondos se llevó a cabo, además, a través de seis contratos con una empresa que pretendían simular proyectos que en realidad no existían y con honorarios “ficticios”. El mecanismo de pago se articuló en una comisión de gobierno presidida por Julián Muñoz como alcalde accidental, que en septiembre de 2000 autorizó que fuera Contratas 2000 la sociedad encargada de cumplir con esas supuestas obligaciones de pago. Esos proyectos eran “una copia” de otros presentados en otras ciudades o ya desarrollados en Marbella. El representante de la empresa era Carlos Monteverde, también condenado en este procedimiento por malversación, y el tribunal señala a Roca como uno de los participantes en esta operación.
El caso Saqueo II, cuya sentencia se puede recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, era el último gran caso sobre el expolio de las arcas municipales de Marbella durante el gilismo que faltaba por sentenciar, después de Saqueo I (con sentencia firme) y el conocido como caso Minutas, con Julián Muñoz y el presidente del Sevilla, José María del Nido, como principales implicados. Este procedimiento está pendiente de resolución por parte del Supremo.
El pasado 4 de octubre se hizo pública la sentencia de Malaya, centrada en las irregularidades urbanísticas de este municipio y en los sobornos extendidos durante años para lograr la adjudicación de obras y servicios.
Centrada en el tripartito que lideró Marisol Yagüe, roto en 2006 con el estallido de esta operación, la Audiencia de Málaga concluyó la existencia en el Ayuntamiento de un “sistema de corrupción generalizada” en el que Roca ostentaba “todo el poder” y los concejales estaban en nómina.
* El País - MARÍA FABRA / ESPERANZA CODINA - 30.10.13
Foto: Marbella, imputados Muñoz, Roca, Yagüe y Reñones - 20minutos.es
El TSJ de Madrid denuncia a Ana Botella ante la Fiscalía por desobediencia jurídica
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, sufrirá en persona las consecuencias de la pasividad del Ayuntamiento que preside a la hora de ejecutar sentencias judiciales firmes en materia de Urbanismo. En este caso es por las viviendas ilegales del barrio de Valdemarín, una de cuyas sentencias, no ejecutada por el municipio, es de hace 9 años (nueve). Pero hay otros muchos asuntos urbanísticos pendientes y el Ayuntamiento siempre trata de poner pegas a la acción judicial. Habrá que ver si esta desobediencia jurídica es perseguida, a partir de ahora, por la débil y politizada justicia existente.
"VOZPÓPULI* : El Ayuntamiento de Madrid ha acabado con la paciencia de la Justicia en lo que materia de Urbanismo se refiere. Así se deduce de un auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el pasado mes de mayo en el que los jueces responsabilizan personalmente a la alcaldesa, Ana Botella, de hacer ejecutar una sentencia firme del año 2004 que el Consistorio aun no ha aplicado. El auto daba un plazo de dos meses para llevarlo a cabo, transcurridos los cuales sin novedad ha dado traslado del caso a la Fiscalía por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial.
El proceso se refiere a una serie de edificaciones en la exclusiva zona de Valdemarín, en la zona noroeste de Madrid. En contra de lo que indicaba el planeamiento original, que reservaba el terreno a la construcción de viviendas unifamiliares, comenzaron a levantarse bloques de apartamentos turísticos, lo que originó la presentación de diversas denuncias contra el Ayuntamiento de Madrid por parte de los vecinos.
Una de ellas, presentada por un vecino de la Comunidad de Propietarios Valdemarín 42, obtuvo sentencia firme en febrero de 2004, una resolución judicial que instaba al Ayuntamiento de Madrid a declarar ilegales una serie de obras realizadas en dicha comunidad.
Pero a pesar de esta sentencia y de numerosos autos de ejecución dictados por los tribunales, el Consistorio madrileño ha hecho siempre oídos sordos.
De esta forma, el pasado mes de abril el denunciante presentó ante el TSJM un escrito en el que solicitaba directamente el desalojo de las viviendas afectadas por la sentencia de 2004. El Tribunal respondió en apenas quince días con un auto en el que se considera que no ha lugar el desalojo pero en el que muestra el hartazgo de los jueces ante el hecho de que el Ayuntamiento de Madrid lleve nueve años sin ejecutar una sentencia firme.
Multa personal coercitiva
De este modo, el TSJM decidió que, a partir de ahora, la alcaldesa en persona sea la que se responsabilice de este asunto. Así, ha sido la propia Ana Botella la denunciada ante la Fiscalía por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial y también la que deberá asumir, en persona, la multa coercitiva de 300 euros por cada mes que transcurra sin que la sentencia sea ejecutada.
Como el auto fue emitido en mayo y daba dos meses de plazo para llevar a cabo esta ejecución, Botella acumula ya tres meses de sanción, es decir, 900 euros de multa.
Esta es sólo una de las múltiples denuncias presentadas contra las actuaciones urbanísticas que se han llevado a cabo en Valdemarín, una exclusiva urbanización en la que llegó a tener una vivienda el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; Isabel Tocino, ex ministra de Medio Ambiente y actual consejera del Banco Santander y dos hijas de José Bono, ex presidente del Congreso de los Diputados y de la Junta de Castilla-La Mancha.
El conflicto comenzó a mediados de los años 90 cuando en el desarrollo de la zona conocida como los Valdemarines (Valdemarín Este y Valdemarín Oeste) comenzaron a convivir dos normas urbanísticas: la original prevista en el Plan Urbanistico de 1985, de chalets unifamiliares con amplias parcelas, y la denominada ordenanza colectiva de baja densidad (pequeños bloques de viviendas y apartamentos turísticos).
La zona comenzó a poblarse de bloques de este tipo que no estaban previstos en el planeamiento, lo que motivó el enfado de los primeros vecinos que se trasladaron a vivir allí y que adquirieron las propiedades bajo el supuesto de que sólo se construirían viviendas unifamiliares.
Más de 2.000 viviendas en el aire
Las demandas no se hicieron esperar. Ya en 2002, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) conminó al Ayuntamiento de Madrid a que reconociera para la zona de Valdemarín un régimen urbanístico homogéneo. Es decir, que hubiera sólo chalets o sólo apartamentos.
Ahora, los demandantes esperan sentencias firmes u órdenes de ejecuciones que pueden suponer la declaración de ilegales para algo más de 2.000 viviendas en la zona, unos pisos cuyo valor medio se sitúa en el entorno de los 800.000 euros.
NOTA DE LA REDACCIÓN
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid considera necesario aclarar que la información aparecida en Vozpópuli bajo el titular "El TSJ de Madrid denuncia a Ana Botella ante la Fiscalía por desobediencia jurídica" no se ajusta en absoluto a la realidad, toda vez que no se ha producido traslado alguno al Ministerio Fiscal por la posible comisión de un delito imputable a autoridad alguna o funcionario alguno del Ayuntamiento de Madrid por la causa referida en la noticia del citado medio de comunicación. El auto al que hace alusión la noticia no contiene imposición de sanción al Ayuntamiento, sólo incluye un apercibimiento de imponer, tal como establece la Ley, multas coercitivas, así como poner en conocimiento los hechos al Ministerio Fiscal si no se cumple el requerimiento efectuado. A día de hoy, el Ayuntamiento ha contestado dicho requerimiento y está pendiente de decisión por la Sala el modo de cumplimiento de la sentencia.
* VozPópuli - Raul Pozo - 28.10.13
Foto: Madrid, alcaldesa Botella y Gallardón - elpais
Valencia.- El Gobierno desbloquea El Cabanyal sin aceptar el expolio de Barberá
La protesta ciudadana consiguió paralizar, hace varios años ya, la ejecución del Plan del barrio del Cabanyal en Valencia según lo tenía previsto la alcaldesa R.Barberá, con el apoyo de la Generalitat. El caso del expolio urbanístico de este núcleo original de pescadores ha durado 15 años de disputas constantes entre las administraciones central, autonómica y municipal. Pero la acción ciudadana ha sido indispensable para evitar una sangría urbanística en zonas declaradas, además, de interés cultural. Oficialmente esto no será nunca reconocido, pero la actuación del gobierno central contra el proyecto especulativo de Barberá, vino condicionada por esa fuerte presión en la calle. Ahora parece que llegan los resultados.
"ELPAÍS* : El Gobierno español mantiene la orden del Ministerio de Cultura de 2010 que protege el barrio de El Cabanyal e invalida el plan urbanístico original que incluía la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez a costa de derribar más de 400 edificios del barrio marinero. Una parte de los inmuebles ocupan una zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y, por tanto, no pueden demolerse como pretendía el Gobierno de la alcaldesa Rita Barberá. Después de 15 años de conflicto urbanístico, las tres Administraciones implicadas —Gobierno y Generalitat y el Ayuntamiento— desbloquean la disputa judicial, convencidas de que la orden de expolio que dictó la entonces ministra Ángeles González-Sinde es inapelable.
Por ello, el Gobierno español desiste del recurso de inconstitucionalidad presentado contra la ley autonómica que avalaba la prolongación porque el Consell se ha comprometido a derogarla en un plazo de tres meses. Ambas Administraciones se comprometen a estudiar con el Ayuntamiento de la capital cómo adaptar el plan urbanístico de El Cabanyal a la orden de Cultura que paralizó en 2010 los derribos de casas ordenados por Barberá en la zona.
El pacto ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros, que, en su resolución, advierte de que hasta que no se adapte, la Generalitat se compromete a mantener suspendido el plan oficial. El vicepresidente del Consell, José Ciscar, confirmó al término de la comparecencia de todos los viernes que el plan de Barberá deberá respetar y adaptarse a la declaración BIC de una parte del barrio marinero. Preguntado por si esta solución hace posible la prolongación de Blasco Ibáñez, Ciscar señaló que ahora lo primero que se tiene que hacer es “buscar esas fórmulas” y cuando se tengan, se darán todos los datos.
El vicepresidente y portavoz del Consell explicó que el Ayuntamiento de Valencia también tendrá que adaptar el plan especial de protección y reforma interior de (PEPRI) de El Cabanyal a la legalidad vigente del decreto del Consell 57/ 1993 que califica el barrio marinero de bien de interés cultural. “No se reduce ningún grado de protección”, recalcó Ciscar, que explicó que el acuerdo a tres bandas se cerrará en las próximas semanas.
En el Consistorio, la alcaldesa compareció la primera. “Hoy ha comenzado la solución y el desbloqueo de la situación de El Cabanyal tras deshacerse el entramado jurídico” en torno a la orden de González-Sinde, manifestó Rita Barberá, a la que las otras dos Administraciones públicas dejaron el protagonismo del anuncio.
La alcaldesa insistió en que “se ha quitado todo lo que atenazaba la orden por arriba para poder entrar a operar”. Barberá considera que el acuerdo le permitirá por fin ejecutar su plan en El Cabanyal. La adaptación del proyecto urbanístico a la orden de González-Sinde se llevará a cabo, precisó, con “sentido común”, “racionalidad” y “calma”. “Se hará con todo respecto y consideración para que mantenga un recuerdo claro de lo que fue el barrio”, agregó, dando a entender su intención de ejecutar con el plan original.
Maribel Doménech, portavoz de Salvem El Cabanyal, plataforma que combate desde hace años el plan de Barberá, criticó “la cobardía” del Ayuntamiento por no esperar la sentencia del Tribunal Constitucional que hubiera avalado la paralización del proyecto urbanístico. “Hacen el ridículo”, agregó Doménech, “porque no ha cambiado nada”.
Doménech entiende que el problema sigue sin desbloquearse, en contra de lo afirmado por Barberá. La plataforma clarificará la situación legal para evitar “la alarma” que se está creando porque pese a “esos alardes no modifica en absoluto la prohibición de derribos en El Cabanyal”, subrayó en alusión a lo manifestado por la alcaldesa.
Los grupos de la oposición interpretaron el anuncio en otra clave. “Es propagandístico y responde a un intento del Gobierno de deshacer el entuerto creado por Barberá”, declaró el portavoz municipal socialista, Joan Calabuig. El concejal reclamó al Gobierno local que retire la circular municipal que paraliza las licencias de obra y de actividad que no se conceden desde hace tiempo por la propia orden ministerial. “El plan [de El Cabanyal] tendrá que interpretarse a la luz de la orden y de acuerdo a la nueva realidad económica e inmobiliaria”, concluyó aludiendo sin rodeos a la falta de interés del sector privado por el proyecto.
Joan Ribó, portavoz de Compromís, acusó a la regidora de “vender su derrota en El Cabanyal como una victoria”. La derogación de la ley de la Generalitat de 2010 “supone retrotraernos a la ley anterior, la de 1993, que declaraba como BIC, el centro histórico de El Cabanyal”. En opinión del edil, “en vez de rectificar, asumir las consecuencias y pedir perdón a los vecinos de El Cabanyal por más de 15 años de sufrimiento, ha montado un circo en el Consistorio”.
El portavoz de EU, Amadeu Sanchis, reiteró, como el resto, que la orden ministerial está en vigor, y lo que pretende Barberá es “una argucia jurídica ilegal que sabe que no se puede aplicar”.
* El País - CRISTINA VÁZQUEZ / JOAQUÍN FERRANDIS - 31.10.13
Foto: Zona de El Cabanyal afectada por el plan de derribos para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez. / SANTIAGO CARREGUÍ
Noga recibió "compensaciones" urbanísticas por no ganar el concurso de los suelos de Mercasevilla
El caso de los suelos de Mercasevilla continúa abierto y con sorpresas de última hora. Según asegura la guardia civil, la empresa Noga, que concursaba para la adquisición de los terrenos, recibió compensaciones urbanísticas a cambio de no impugnar el concurso, al ser la empresa que ofrecía el mejor precio de las presentadas. Visto lo visto, parece que hubo tráfico de influencias y corrupción urbanística en este asunto a causa de la gestión municipal.
"DIARIODESEVILLA* : La Guardia Civil ha remitido un nuevo atestado a la juez Mercedes Alaya en el que concluye que el grupo Noga, que perdió el concurso para la venta de los suelos de Mercasevilla a pesar de que realizó la mejor oferta económica, recibió una “compensación” del Ayuntamiento, que suscribió en la misma época un convenio por el que se ampliaba hasta ocho años el plazo para la edificación de 36 parcelas de su propiedad en Sevilla-Este, lo que evitaba que estos solares fuesen incluidos en el registro municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas y que posteriormente pasarían a situación de venta forzosa.
Este convenio supuso “un gran beneficio” para Noga, al compensar el quebrando económico por no haber ganado el concurso de los suelos, y “garantizó” que esta sociedad no impugnara el resultado del concurso, sospechan los investigadores.
Así lo explica la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un nuevo atestado remitido a la juez Mercedes Alaya después de que la instructora solicitara el pasado 31 de julio a los investigadores que investigaran los posibles beneficios que hubiera podido obtener la sociedad Noga y que podrían haber hecho que esta sociedad no impugnara el resultado del concurso público para la adjudicación de la totalidad de los terrenos de Mercasevilla, a pesar de que ofreció 158 millones de euros frente a los 106 que había ofertado la constructora Sanma, que fue la que ganó el concurso.
El informe policial señala que la oferta de Noga fue “valorada deficientemente” hasta el punto de que, “de haber hecho correctamente, se le hubiera adjudicado el concurso”.
Para los investigadores, la pérdida de ese concurso fue compensada con beneficios urbanísticos y cita expresamente el acuerdo de la Gerencia de Urbanismo del 8 de febrero de 2006 en el que se acuerda, “con el voto favorable” del entonces alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín y los concejales Emilio Carrillo, Alberto Moriña, Manuel Gómez Lobo y Paula Garvín, la aprobación del convenio 11/06 con las entidades Inonsa S. L., Grupo de Inversiones Noga SAU e Inmobiliaria Osuna, relativo a la programación de actuaciones edificatorias en parcelas de su propiedad en Sevilla-Este.
Ese convenio, explica la Guardia Civil, suponía una “reprogramación” de la actividad edificatoria de 36 parcelas, con una capacidad de 2.161 viviendas y con unos compromisos temporales para cumplir el deber de edificar. De las 36 parcelas, 17 estaban inscritas en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas; a otras 11 parcelas le había vencido el plazo para edificar el 27 de octubre de 2005; y a las otras 8 le vencía el plazo el 18 de septiembre de 2006.
Con el convenio, Noga lograba ampliar el plazo para ejecutar ese deber de edificar los solares a un máximo de ocho años –construyendo una media anual de 180 viviendas-, pudiendo ampliar el plazo a un máximo de cuatro años más, previa petición de las sociedades propietarias y justificado en las condiciones negativas del mercado que influyesen decisivamente en la reducción de la demanda de viviendas, siempre que se cumpliera la media de 180 viviendas construidas durante seis años.
La Gerencia de Urbanismo asumía el compromiso de cancelar y dejar sin efecto legal alguno la inclusión en el registro de Solares y Edificaciones Ruinosas de los 17 solares propiedad de Noga, y ésta asumía el compromiso de no reclamar al municipio indemnización alguna por el exceso dotacional existente en Santa Justa –cifrado en 3.851 metros cuadrados- que desde 1997 se encontraba pendiente de indemnizar. También se comprometían a constituir un aval bancario de 221.963 euros para hacer frente al pago de las sanciones que pudieran imponerse por el incumplimiento del plazo máximo de edificación previsto en la legislación aplicable.
Después de analizar este convenio y el concurso público de los suelos, la Guardia Civil concluye en el atestado que las sociedades del Grupo Noga con este convenio suscrito con el Ayuntamiento “consiguen evitar” la aplicación de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y su desarrollo reglamentario, lo que supondría que “estarían obligadas a edificar en solares de su propiedad en un breve período de tiempo y obtienen un plazo adicional de 8 años para la edificación de la totalidad de los solares, pudiendo ser ampliado cuatro años más”.
Esto supone, continúa la UCO, un “gran beneficio” para las tres sociedades implicadas en la firma del citado convenio porque consiguen que 36 parcelas no sean incluidas en el registro municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, y “que posteriormente pasarían a situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, quedando de esta forma las sociedades propietarias de los solares obligadas a la venta de los solares”, precisa.
Los investigadores también llaman la atención sobre el hecho de que la firma de este convenio urbanístico es “muy próxima” a la adjudicación del concurso para la opción de compra de los terrenos de Mercasevilla, que tuvo lugar el 13 de febrero de 2006, del que se deduce “estaba condicionado para que se adjudicara” a la sociedad Sanma desarrollos urbanísticos. “De este modo, puede entender la firma del convenio como una compensación a la sociedad frente al hecho de no resultar adjudicataria del citado concurso, dado que el quebranto económico que pudiera deducirse de este hecho se compensaría con la aplicación del convenio suscrito, garantizando que Grupo de Inversiones Noga SAU no recurriera el resultado del mencionado concurso”.
* Diario de Sevilla - JORGE MUÑOZ - 30.10.13
Foto: Sevilla, Mercasevilla - diariodesevilla.es
Costas obliga a suspender licencias tras el deslinde del frente litoral de Benidorm
Siguen las contradicciones de las leyes de Costas, la actual de este gobierno privatizador y la antigua que no llegó a ejecutar totalmente los deslindes marítimo - terrestres. Zonas de tanta relevancia como Benidorm quedaron fuera de ese deslinde, bien sea por intereses particulares o por desidia administrativa. El caso es que ahora se ha decretado la suspensión de licencias en la zona pendiente del deslinde costero, con lo que eso significa para un litoral tan densificado. Lo mismo ocurre en Altea y otros núcleos limítrofes que ya veremos como solucionan este despropósito urbanístico que viene de años atrás.
"LAMARINAPLAZA* : Del deslinde de los bienes de dominio de dominio público marítimo-terrestre de toda la costa de Benidorm y Altea traerá consecuencias. De momento, el Servicio Provincial de Costas ha abierto el plazo de información pública del expediente de ambos litorales, que es de un mes desde que ayer se publicó en el BOP, para que cualquier persona pueda presentar alegaciones, pero lo más relevante es el informe jurídico que ha realizado la técnico superior en asuntos jurídicos de Benidorm que, a instancias de Costas solicita la aprobación plenaria de la suspensión cautelar de las licencias de obras afectadas por el deslinde.
El Servicio Provincial de Costas incoó el expediente de deslinde el 16 de agosto de 2013 y remitió los planos al Ayuntamiento, tras lo que hicieron su informe el ingeniero técnico de Topografía Municipal el 18 de agosto y el arquitecto municipal el 24 de septiembre, ya fuera del plazo de un mes dado por Costas para evitar la conformidad por silencio del Consistorio. La letrada municipal, que informó un día después, el 25 de septiembre, asegura que “establecen los artículos 12.5 de la Ley de Costas y 9.4 de su Reglamento de desarrollo, que la incoación del expediente de deslinde implicará la suspensión del otorgamiento de concesiones y autorizaciones y suspenderá la tramitación de las solicitudes para la realización de obras mientras se encuentre pendiente la resolución del mismo”, y que “el acuerdo de suspensión cautelar de licencias de obras es de obligado cumplimiento”.
Por estas razones, la técnico jurídica municipal propone “elevar al próximo pleno municipal acuerdo de suspensión cautelar del otorgamiento de licencias de obras en el ámbito afectado por el deslinde y durante el plazo legalmente previsto”, que puede llegar a durar dos años.
Respecto a la zona afectada por este deslinde, el arquitecto ha informado que “prácticamente el amojonamiento coincide con los deslindes históricos, si bien se pone de manifiesto que las placas ubicadas en los paseos que sustituyen a los antiguos hitos, una vez ejecutadas las obras, no coinciden con la documentación alfanumérica aportada”. “Esta circunstancia hace que la solicitud de suspensión de licencias (…) debería tener escasa trascendencia respecto a la situación actual”.
El arquitecto municipal recuerda en su escrito que la práctica totalidad del frente marítimo de Benidorm fue construido antes de la mitad de la década de 1970, por antes de la Ley 22/1988 y que el informe del topógrafo pone de manifiesto algunos errores u omisiones del deslinde, “como el paseo de Tamarindos, así como los errores detectados en al playa de Poniente (edificios Bolero y Residencial Benipark).
Sin embargo, la delimitación de la ribera del mar propuesta por Costas, a la que hay que trazar dos líneas paralelas de seis metros para la servidumbre de tránsito y 20 ó 100 metros para la servidumbre de protección, pone de manifiesto -dice el arquitecto- la afección “a un gran número de inmuebles, en algunos casos por la simple proyección de escasos centímetros de los voladizos de las terrazas”. Y más: “también se ven afectados edificios públicos como la Iglesia de Sant Jaume (Bien de Relevancia Local) o el Centro Social El Torrejó, toda la zona portuaria, además de proyectos públicos, como es el caso del mirador de Punta Llisera”. El informe continúa asegurando que “no obstante la problemática principal se produce en los extremos del casco urbano (La Cala y Punta Llisera) y el Casco Antiguo (Punta Canfali), donde se da la circunstancia de coincidir la ordenación cerrada entre medianería y zonas escarpadas sin playa, además de existir concesiones (embarcadero del Rincón de Loix, Cable-Sky), con dificultades de acceso o el riesgo de desprendimientos del escarpe a levante de la Punta Canfali sin solucionar”.
A la vista del análisis de la legalidad vigente, el arquiteto propone: “Por tanto, mediante la redacción de una modificación puntual del Plan General, o Plan Especial, podría resolverse en un solo trámite la garantía de homogeneidad del frente marítimo, al tiempo que se garantizaría la efectividad de la servidumbre sin perjudicar el dominio público marítimo terrestre en los tramos aludidos, facilitando la gestión urbanística municipal”.
Por su parte, la Concejala de Urbanismo de Altea, Carolina Punset, estima que la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1998, de Costas, en su redacción dada por la ley 2/2013, de 29 de mayo, “permite que en las zonas de servidumbre de protección puedan efectuarse obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios”.
Punset considera que “no parece lógico suspender aquellas obras que entren dentro de los anteriores conceptos, puesto con ello se impondría a los propietarios afectados por la línea de servidumbre de protección un régimen más estricto antes de la aprobación del nuevo deslinde, que el que les sería aplicable en el caso de que ese nuevo deslinde fuera definitivamente aprobado”. Por lo tanto, según su parecer lo lógico es aplicar durante la tramitación del expediente el mismo régimen que el que se aplicaría en el caso de que se aprobara definitivamente el deslinde propuesto por Costas.
El Servicio Provincial de Costas tiene previsto mostrar en ambas poblaciones la delimitación provisional del dominio público marítimo terrestre. Será el 12 de noviembre a partir de las 9:30 en el centro social de la tercera edad de Altea y el día 14 a la misma hora en el salón de actos del Ayuntamiento.
* La Marina Plaza - 14.10.13
Foto: Benidorm, playa Levante - turismo
El alcalde de Barbadás adquirió ocho pisos a un promotor favorecido por su plan urbano
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Es un delito bastante extendido en la corrupción urbanística, que un alcalde o concejal de urbanismo se beneficie de un Plan aprobado fraudulentamente a cambio de 'favores' en forma de pisos de la misma promoción. Así se evita la circulación en efectivo y se produce más fácilmente la prevaricación y el cohecho entre la casta política y los empresarios del sector de la construcción. Los implicados salen ganando, obviamente, pero no la justicia, que debe proteger a todos los ciudadanos de esta nueva forma de caciquismo.
"ELPAÍS* : En 2004, coincidiendo con modificaciones del plan urbanístico del municipio que preside, el alcalde de Barbadás (Ourense), José Manuel Freire Couto, compró dos viviendas con sus respectivos garajes y trasteros en la localidad portuguesa de Matosinhos a Ramón López Casal, el socio de la constructora compostelana Mahía-Maexpa que está pendiente de sentencia en Valladolid tras haber sido juzgado por corrupción urbanística y soborno a políticos. En 2006, coincidiendo con la aprobación del planeamiento, el regidor y su mujer compraron otros seis pisos en Matosinhos a López Casal. Freire sostiene que pagó en metálico por esas viviendas más de 652.400 euros al constructor que después se beneficiaría en los desarrollos urbanísticos de Barbadás, pero el alcalde no puede precisar si tenía esa cantidad de dinero depositada en alguna entidad bancaria.
El regidor considera “una coincidencia” que las adquisiciones inmobiliarias que hizo a López Casal se produjeran en los mismos años en los que el Ayuntamiento que preside con mayoría absoluta realizó modificaciones y aprobaciones del plan urbanístico del que se benefició el mencionado constructor.
El regidor de Barbadás, del núcleo duro del baltarismo, realizó ayer estas afirmaciones ante la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Ourense que investiga la denuncia del PSOE de ese municipio que acusa a Freire y a su teniente de alcalde, Manuel García, de cohecho y prevaricación continuada en relación con el desarrollo urbanístico de Barbadás. Entre ambos acumulan bienes inmuebles en torno a cinco millones de euros en valor catastral y poseen el 30% de un área de reparto (AR10) del municipio que ellos mismos calificaron como urbanizable y en el que tienen parcelas López Casal, un exconcejal promotor de Freire y otros constructores.
El PSOE amplió ayer al gerente de Mahía y otros tres cargos de esta empresa así como al concejal de Urbanismo de Barbadás entre 1991 y 2011, Antonio Currás —los socialistas quieren que se investigue si recibió un piso en la capital ourensana a cambio de beneficiar al socio de Mahía— la denuncia interpuesta inicialmente contra alcalde y teniente de alcalde. La demanda incluye documentación sobre la supresión por el gobierno local de glorietas en las áreas de reparto que urbanizaba Mahía y sobre la construcción de garajes situados debajo de parques públicos y zonas verdes; una operación, sostiene el portavoz socialista Xosé Carlos Valcárcel, “prohibida por la normativa ya que la cesión de suelo de dominio público incluye el subsuelo”.
En su declaración ante la juez, Freire negó haber beneficiado a López Casal toda vez que, en su opinión, las modificaciones urbanísticas (que reconoció que le había solicitado la empresa Habitarama, filial de Mahía) “no aumentaron la edificabilidad” del área de reparto en el que todos ellos tienen parcelas y, en consecuencia, “no hubo enriquecimiento”, sentenció el regidor. Sin embargo, reconoció a preguntas del abogado del PSOE, que se habían suprimido dos de los tres viales previstos así como zona verde a cambio de un aumento de la zona residencial. Tanto Freire como su teniente de alcalde cargaron en la secretaria municipal, Silvia Alonso, toda la responsabilidad de haber votado en el pleno en el que se aprobaron modificaciones de la misma área de reparto en la que ambos tienen propiedades. “Le preguntamos a la secretaria si podíamos votar y nos dijo que no había ningún problema”, insistieron los dirigentes municipales ante la juez. Ambos destacaron que desconocían el beneficio que ello les podría reportar y le restaron importancia indicando que “en cualquier caso” se repartiría entre todos los propietarios.
* El País - CRISTINA HUETE - 29.10.13
Foto: Barbadás (Ourense) - farodevigo
La piqueta amenaza los edificios fantasma
El salvajismo de un urbanismo depredador y los intereses político-financieros permitieron una 'burbuja inmobiliaria' sin precedentes en este país. Todo lo cual ha traído la conocida crisis-estafa en la que seguimos sumidos, pese a la propaganda 'oficialista' al uso. Se habla de cerca de un millón de pisos construidos, o a medio construir, vacíos. Seguro que son más, pero una solución para los casos más graves de ilegalidad manifiesta sería su derribo con lo que se recuperaría el medio destrozado. Otras viviendas, en cambio, podrían ser reutilizadas, como piden diversos colectivos, con destino al alquiler social, tan necesitado hoy en día.
"ELPAÍS* : A España le está costando varios años superar la resaca de la burbuja inmobiliaria. Y para dejar atrás la borrachera ha tenido que pasar por varias fases. En el país donde se suponía que la vivienda nunca perdía valor, las inmobiliarias —pero también los ciudadanos— tuvieron que asumir una rebaja general de los precios. Y las mayores compañías del mundo han tenido que someterse a una cura de humildad, encoger e incluso desaparecer. Ahora el sector, incluyendo a las entidades financieras y el banco malo, empieza a plantearse qué debe hacer con uno de los lastres que mantienen prácticamente varada la actividad: el enorme stock de viviendas sin vender, no solo las ya construidas, sino también las que están en camino.
Como ya sucediera en Irlanda o Estados Unidos, que también se despertaron de forma abrupta del boom, la piqueta podría ser la solución a parte del problema.
El parque de viviendas nuevas sin vender se sitúa entre las 675.000 que arrojan los últimos cálculos del Ministerio de Fomento y las 815.000 que estimó CatalunyaCaixa en su último informe. A esa cantidad de viviendas vacías se une cerca de medio millón de casas más que están en construcción, según las estimaciones del sector y las que hizo el propio ministerio antes de que empezara la crisis. Las zonas con mayor proporción de viviendas vacías sin vender son, por orden, Castellón —una de cada cuatro casas buscaba propietario, según el informe de CatalunyaCaixa—, Toledo, Murcia, Almería, Tarragona, La Rioja, Alicante y Málaga.
A pesar de que los inversores y los compradores extranjeros están volviendo al ladrillo, el ritmo de ventas todavía es muy lento para absorber todo ese stock. En el primer semestre de este año, según el Ministerio de Fomento, salieron al mercado 23.118 viviendas. La cifra es irrisoria en comparación con la época del boom, cuando en un semestre se levantaban cerca de 300.000 casas. A pesar de ello, no se consiguieron vender todas, solo 20.770 hasta junio. “Hay sitios donde las viviendas no valen nada por calidades o por ubicación y que solo tienen costes para el contribuyente”, explica el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos.
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) aprobó el pasado mes de marzo un plan de negocio que reserva 103 millones de euros para demoliciones de edificios. Se trata de una cantidad algo inferior a la que se destina a mantenimiento de edificios (130 millones) y obras en curso (133 millones). Fuentes de la Sareb explican que las demoliciones nunca se realizarán con promociones terminadas, sino con obras que estén en curso, y que el derribo no será inmediato.
España no sería, no obstante, el primer país que recurre a esta medida. En Irlanda, con 4,5 millones de habitantes, hay unas 300.000 viviendas vacías, la mayoría de las cuales se hallan en grandes urbanizaciones hoy prácticamente deshabitadas que se conocen como ghost estates (polígonos fantasma). El banco malo irlandés (Nama) ya ejecutó el año pasado el derribo de varios inmuebles. “La demolición de casas ha sucedido en algunas localidades irlandesas. Esas áreas estaban lejos de los principales centros urbanos, donde la demanda todavía está presente. Tras cuatro o cinco años sin construcción, el mercado de Dublín muestra los primeros signos de estabilidad con una ligera subida después de que se produjera una rebaja de entre el 40% y el 50%”, afirma Brendan Williams, profesor de Urbanismo del University College de Dublín.
En EE UU también ha habido demoliciones. California, que igualmente sufrió los estragos del delirio inmobiliario, un banco tejano en 2009 decidió derribar 16 inmuebles en Victorville, una ciudad de 107.000 habitantes del sur del Estado, que estaban a medias porque el precio de venta no hubiera compensado los costes de construcción.
Tanto las entidades financieras como la Sareb están ahora dedicadas por completo a vender el stock de viviendas que está terminado. “Cualquier cosa a un determinado precio se puede vender. Con una condición: que esté terminado”, afirma el consejero delegado de Foro Consultores, Luis Corral. El paradigma de esa máxima es la promoción de El Pocero, en Seseña (Toledo), que heredaron Banco Santander y el Sabadell. Ambos se deshicieron de todos los pisos, pero a 60.000 euros. Quienes adquirieron uno de esos pisos antes de que estallara la burbuja abonaron unos 240.000 euros, aseguran fuentes del mercado. “Hay casos en los que se ha vendido el suelo a un valor de cero euros y con un coste de reposición superior al de venta”, afirma Corral.
Esas viviendas, pues, pudieron venderse a 60.000 euros porque los bancos asumieron pérdidas. Pero en España hay miles de casas en construcción, en muchos casos esqueletos de proyectos que llevan años abandonados. Francesc Muñoz, director del Observatorio de la Urbanización de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), pone el caso de una urbanización en La Muela (Zaragoza). “Allí hay dos enclaves. Uno con viviendas acabadas en el que hay solo un puñado de vecinos y otro con la urbanización terminada que dispone de servicios como el sistema eléctrico, alcantarillado e incluso mobiliario urbano pero en el que no vive nadie”, cuenta Muñoz. Esta semana, sus alumnos del máster en Intervención y Gestión del Paisaje deberán presentar un proyecto para recuperar ese complejo. “En solo dos años el espacio se ha degradado muchísimo”, explica Muñoz.
El deterioro de los edificios es, precisamente, uno de los motivos que justificaría derribos, puesto que estos acarrean un elevado coste de mantenimiento e incluso inciden en el precio del resto de inmuebles de la zona. En EE UU se ha analizado el coste de un edificio desocupado después de que entre 2000 y 2010 quedaran 4,5 millones de viviendas vacías, lo cual suponía un incremento del 44% del parque de casas sin ocupar, según la Brookings Institution. Este informe señala, además, que la ciudad de Filadelfia gasta cada año 20 millones de dólares (14,5 millones de euros) en mantener las propiedades vacías, que arrastran a la baja los precios del resto de inmuebles hasta provocar una depreciación conjunta de 3.600 millones de dólares (2.608 millones de euros).
Alan Mallach, investigador en Brookings, explica que en Estados Unidos se produjeron algunas demoliciones de edificios de obra nueva por parte de bancos que consideraron que iba a resultar muy caro acabar con las obras. Sin embargo, ciudades como Filadelfia, Detroit, Cleveland o Buffalo han tenido que adoptar la “demolición a gran escala” como “medio para reducir un exceso de oferta a largo plazo”. Las Administraciones han gastado, según sus cálculos, cerca de 200 millones de dólares (144,9 millones de euros) en estas operaciones de derribo.
El problema de La Muela, y de muchas otras urbanizaciones, es parecido, solo que en lugar de edificios antiguos se trata de inmuebles sin terminar que se hallan en zonas hoy sin apenas demanda. “No veremos derribos masivos ni inmediatos, porque el ciudadano todavía está en la fase de asumir que su vivienda no vale lo mismo que antes. Pero sí es sano que eso ocurra, que echen abajo inmuebles para que el contribuyente no deba mantener esos esqueletos a través de los impuestos municipales”, sostiene Fernando Encinar, de Idealista.com.
Gonzalo Bernardos, no obstante, considera que la picota no tiene por qué ser el único destino para estos inmuebles. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), por ejemplo, ha puesto de manifiesto las necesidades urgentes de vivienda social con la ocupación de un edificio de la Sareb en la localidad de Salt (Girona), cuyo desalojo fue parado por el Tribunal de Estrasburgo. “Como mínimo, la Sareb debería haber cedido las viviendas a los Ayuntamientos, porque tal vez es complicado ofrecer pisos por un alquiler de 100 euros al mes en Barcelona, pero no en Vilafranca del Penedès, donde hay viviendas de sobra”, señala Gonzalo Bernardos, quien propone realizar una nueva planificación con el stock que está en manos del banco malo. “Los solares sin edificar deberían destinarse a equipamientos y muchas viviendas podrían ser destinadas a tareas sociales”, expone.
Los derribos que se pueden planear desde la Sareb responden a criterios económicos. La sociedad, con un 45% de capital público, se ha dado un plazo de 15 años para liquidar los activos tóxicos procedentes de la banca nacionalizada y aportar los eventuales beneficios al conjunto de la sociedad. El economista Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario Español, admite tener “dudas” sobre la cuenta de resultados del banco malo y recuerda que debería tener “un código de conducta” porque maneja dinero del contribuyente. De igual modo, Rodríguez es partidario de terminar las obras de inmuebles que estén avanzados y demoler los que todavía necesiten mucha intervención.
Hay colectivos que opinan, no obstante, que bancos, inmobiliarias y Sareb no solo deberían pensar en criterios económicos. “También están los ecológicos”, recuerda Lola Yllescas, portavoz de Ecologistas en Acción en Andalucía. Yllescas, precisamente, está en plena batalla con la Sareb por intentar salvar unos terrenos ubicados en la playa de El Palmar (Vejer, Cádiz). El solar es herencia de la especulación inmobiliaria que se produjo durante la época de la burbuja, y que llevó a Caja Madrid, luego integrada en Bankia, a adquirir la mitad del terreno en el que debe construirse un complejo turístico. Ese solar hoy se vende a precio de saldo.
Yllescas extiende a los solares la preocupación por lo que pueda suceder con las obras que han quedado a medias. Ecologistas en Acción, dice, está demandando que se revise el litoral para salvar todo aquello que esquivó el cemento por la crisis. Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, recuerda que las normas obligan a restaurar “el daño producido”. “No siempre se debe pensar en términos económicos. Las obras en el litoral se han podido ralentizar, pero no ha habido un cambio en la política urbanística y las normas de medio ambiente se siguen flexibilizando”, lamenta.
El proceso aún puede ser muy lento. La banca acreedora sigue tratando de reducir su exposición al inmobiliario a base de reducir sus préstamos a las empresas del sector y, además, debe zafarse de las miles de viviendas que se ha ido adjudicando. Por ello, es complicado que se reanuden muchas obras a corto plazo. Los analistas consultados consideran que a medida que se vaya drenando el stock surgirá la duda de qué hacer con lo que hay por construir. Y en algunos casos, se acudirá a la picota. “Sin duda, un día veremos que el telediario abre con una demolición de una promoción a medio construir”, concluye Fernando Encinar.
* El País - LLUÍS PELLICER - 29.10.13
Foto: La sociedad de gestión de activos bancarios (Sareb) ha reservado 103 millones de euros para demoliciones. / CRISTÓBAL MANUEL
