El caso Saqueo II era el último gran caso sobre el expolio de las arcas municipales de Marbella durante el gilismo que faltaba por sentenciar. Tras la vergonzosa sentencia de hace un mes sobre el caso Saqueo I, ahora se dicta otra que también parece débil en cuanto a la absolución de varios implicados y a los numerosos atenuantes que ha tenido en cuenta el tribunal. A este paso, el mayor escándalo de corrupción urbanística habido en la historia de un municipio de este país, va a quedar en 'agua de borrajas' y va a tener poca ejemplaridad para el juicio de otros casos de menor relevancia política y empresarial.
"ELPAÍS* : Julián Muñoz y Juan Antonio Roca suman una nueva pena de cárcel apenas un mes después de ser sentenciados en el caso Malaya. La Audiencia Nacional ha condenado al exalcalde de Marbella y al exasesor de Urbanismo de esta ciudad a seis años de prisión por un delito continuado de malversación de fondos públicos en el conocido como Saqueo II, que ha enjuiciado el desvío de dinero de las arcas municipales desde principios de los noventa hasta 2001. Se trata de una de las causas centradas en el expolio del Ayuntamiento marbellí durante la etapa del GIL.
El tribunal, que ha tenido en cuenta para todos los implicados la atenuante de dilaciones indebidas, ha dictado otras 11 condenas y ha absuelto a 15 acusados, entre los que están la exalcaldesa Marisol Yagüe y el exconcejal Tomás Reñones.
El grueso del grupo que ha quedado libre de cargos son exediles. Se fijan, además, indemnizaciones por responsabilidad civil por unos 40 millones de euros que deberán ser abonadas de manera solidaria por varios condenados, incluidos Muñoz y Roca.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal los ha absuelto, en cambio, de los delitos de asociación ilícita (añadido tras la vista oral) y contra la Seguridad Social que les imputaba la fiscalía, que reclamaba para ellos una pena de 15 años y medio y 13 años de prisión, respectivamente. Los dos se encuentran actualmente en la cárcel. Roca fue penado a principios de octubre con 11 años de reclusión en el caso Malaya y el exalcalde, que cumple condena por el caso de blanqueo en el que fue juzgado junto a Isabel Pantoja y Maite Zaldívar, con dos años de prisión en el mismo proceso.
Saqueo II es la continuación temporal del primer sumario con este nombre, en el que Roca ya fue sentenciado por la Audiencia Nacional a seis años y diez meses de prisión por malversar más de 20 millones de euros públicos entre 1991 y 1995. En este caso también fue condenado José Luis Sierra, antaño asesor jurídico de Jesús Gil y responsable de urdir en los inicios del gilismo el entramado de sociedades municipales a través de las cuales se habrían desviado los fondos públicos.
En este procedimiento se ha juzgado a exconcejales (han sido absueltos 12 exediles) y a gerentes y empleados de las mercantiles creadas alrededor del Ayuntamiento.
El tribunal considera probado que el Consistorio asumió “deudas ficticias” de las sociedades, bien por operaciones ilusorias o por contratos “inexistentes”, mediante transferencias de fondos que no están justificadas. Los seis exconcejales que han sido condenados emitieron esas órdenes de pago.
La sentencia, de 208 páginas, detalla decenas de traspasos de dinero irregulares desde el Ayuntamiento, incluido uno de 2,9 millones de euros autorizado en julio de 1993 por decreto por Pedro Román, también condenado a seis años de prisión por malversación.
La salida irregular de fondos se llevó a cabo, además, a través de seis contratos con una empresa que pretendían simular proyectos que en realidad no existían y con honorarios “ficticios”. El mecanismo de pago se articuló en una comisión de gobierno presidida por Julián Muñoz como alcalde accidental, que en septiembre de 2000 autorizó que fuera Contratas 2000 la sociedad encargada de cumplir con esas supuestas obligaciones de pago. Esos proyectos eran “una copia” de otros presentados en otras ciudades o ya desarrollados en Marbella. El representante de la empresa era Carlos Monteverde, también condenado en este procedimiento por malversación, y el tribunal señala a Roca como uno de los participantes en esta operación.
El caso Saqueo II, cuya sentencia se puede recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, era el último gran caso sobre el expolio de las arcas municipales de Marbella durante el gilismo que faltaba por sentenciar, después de Saqueo I (con sentencia firme) y el conocido como caso Minutas, con Julián Muñoz y el presidente del Sevilla, José María del Nido, como principales implicados. Este procedimiento está pendiente de resolución por parte del Supremo.
El pasado 4 de octubre se hizo pública la sentencia de Malaya, centrada en las irregularidades urbanísticas de este municipio y en los sobornos extendidos durante años para lograr la adjudicación de obras y servicios.
Centrada en el tripartito que lideró Marisol Yagüe, roto en 2006 con el estallido de esta operación, la Audiencia de Málaga concluyó la existencia en el Ayuntamiento de un “sistema de corrupción generalizada” en el que Roca ostentaba “todo el poder” y los concejales estaban en nómina.
* El País - MARÍA FABRA / ESPERANZA CODINA - 30.10.13
Foto: Marbella, imputados Muñoz, Roca, Yagüe y Reñones - 20minutos.es
Marbella.- La Audiencia condena a Muñoz y Roca a seis años de cárcel en el ‘caso saqueo 2’
El TSJ de Madrid denuncia a Ana Botella ante la Fiscalía por desobediencia jurídica
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, sufrirá en persona las consecuencias de la pasividad del Ayuntamiento que preside a la hora de ejecutar sentencias judiciales firmes en materia de Urbanismo. En este caso es por las viviendas ilegales del barrio de Valdemarín, una de cuyas sentencias, no ejecutada por el municipio, es de hace 9 años (nueve). Pero hay otros muchos asuntos urbanísticos pendientes y el Ayuntamiento siempre trata de poner pegas a la acción judicial. Habrá que ver si esta desobediencia jurídica es perseguida, a partir de ahora, por la débil y politizada justicia existente.
"VOZPÓPULI* : El Ayuntamiento de Madrid ha acabado con la paciencia de la Justicia en lo que materia de Urbanismo se refiere. Así se deduce de un auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el pasado mes de mayo en el que los jueces responsabilizan personalmente a la alcaldesa, Ana Botella, de hacer ejecutar una sentencia firme del año 2004 que el Consistorio aun no ha aplicado. El auto daba un plazo de dos meses para llevarlo a cabo, transcurridos los cuales sin novedad ha dado traslado del caso a la Fiscalía por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial.
El proceso se refiere a una serie de edificaciones en la exclusiva zona de Valdemarín, en la zona noroeste de Madrid. En contra de lo que indicaba el planeamiento original, que reservaba el terreno a la construcción de viviendas unifamiliares, comenzaron a levantarse bloques de apartamentos turísticos, lo que originó la presentación de diversas denuncias contra el Ayuntamiento de Madrid por parte de los vecinos.
Una de ellas, presentada por un vecino de la Comunidad de Propietarios Valdemarín 42, obtuvo sentencia firme en febrero de 2004, una resolución judicial que instaba al Ayuntamiento de Madrid a declarar ilegales una serie de obras realizadas en dicha comunidad.
Pero a pesar de esta sentencia y de numerosos autos de ejecución dictados por los tribunales, el Consistorio madrileño ha hecho siempre oídos sordos.
De esta forma, el pasado mes de abril el denunciante presentó ante el TSJM un escrito en el que solicitaba directamente el desalojo de las viviendas afectadas por la sentencia de 2004. El Tribunal respondió en apenas quince días con un auto en el que se considera que no ha lugar el desalojo pero en el que muestra el hartazgo de los jueces ante el hecho de que el Ayuntamiento de Madrid lleve nueve años sin ejecutar una sentencia firme.
Multa personal coercitiva
De este modo, el TSJM decidió que, a partir de ahora, la alcaldesa en persona sea la que se responsabilice de este asunto. Así, ha sido la propia Ana Botella la denunciada ante la Fiscalía por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial y también la que deberá asumir, en persona, la multa coercitiva de 300 euros por cada mes que transcurra sin que la sentencia sea ejecutada.
Como el auto fue emitido en mayo y daba dos meses de plazo para llevar a cabo esta ejecución, Botella acumula ya tres meses de sanción, es decir, 900 euros de multa.
Esta es sólo una de las múltiples denuncias presentadas contra las actuaciones urbanísticas que se han llevado a cabo en Valdemarín, una exclusiva urbanización en la que llegó a tener una vivienda el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; Isabel Tocino, ex ministra de Medio Ambiente y actual consejera del Banco Santander y dos hijas de José Bono, ex presidente del Congreso de los Diputados y de la Junta de Castilla-La Mancha.
El conflicto comenzó a mediados de los años 90 cuando en el desarrollo de la zona conocida como los Valdemarines (Valdemarín Este y Valdemarín Oeste) comenzaron a convivir dos normas urbanísticas: la original prevista en el Plan Urbanistico de 1985, de chalets unifamiliares con amplias parcelas, y la denominada ordenanza colectiva de baja densidad (pequeños bloques de viviendas y apartamentos turísticos).
La zona comenzó a poblarse de bloques de este tipo que no estaban previstos en el planeamiento, lo que motivó el enfado de los primeros vecinos que se trasladaron a vivir allí y que adquirieron las propiedades bajo el supuesto de que sólo se construirían viviendas unifamiliares.
Más de 2.000 viviendas en el aire
Las demandas no se hicieron esperar. Ya en 2002, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) conminó al Ayuntamiento de Madrid a que reconociera para la zona de Valdemarín un régimen urbanístico homogéneo. Es decir, que hubiera sólo chalets o sólo apartamentos.
Ahora, los demandantes esperan sentencias firmes u órdenes de ejecuciones que pueden suponer la declaración de ilegales para algo más de 2.000 viviendas en la zona, unos pisos cuyo valor medio se sitúa en el entorno de los 800.000 euros.
NOTA DE LA REDACCIÓN
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid considera necesario aclarar que la información aparecida en Vozpópuli bajo el titular "El TSJ de Madrid denuncia a Ana Botella ante la Fiscalía por desobediencia jurídica" no se ajusta en absoluto a la realidad, toda vez que no se ha producido traslado alguno al Ministerio Fiscal por la posible comisión de un delito imputable a autoridad alguna o funcionario alguno del Ayuntamiento de Madrid por la causa referida en la noticia del citado medio de comunicación. El auto al que hace alusión la noticia no contiene imposición de sanción al Ayuntamiento, sólo incluye un apercibimiento de imponer, tal como establece la Ley, multas coercitivas, así como poner en conocimiento los hechos al Ministerio Fiscal si no se cumple el requerimiento efectuado. A día de hoy, el Ayuntamiento ha contestado dicho requerimiento y está pendiente de decisión por la Sala el modo de cumplimiento de la sentencia.
* VozPópuli - Raul Pozo - 28.10.13
Foto: Madrid, alcaldesa Botella y Gallardón - elpais
Valencia.- El Gobierno desbloquea El Cabanyal sin aceptar el expolio de Barberá
La protesta ciudadana consiguió paralizar, hace varios años ya, la ejecución del Plan del barrio del Cabanyal en Valencia según lo tenía previsto la alcaldesa R.Barberá, con el apoyo de la Generalitat. El caso del expolio urbanístico de este núcleo original de pescadores ha durado 15 años de disputas constantes entre las administraciones central, autonómica y municipal. Pero la acción ciudadana ha sido indispensable para evitar una sangría urbanística en zonas declaradas, además, de interés cultural. Oficialmente esto no será nunca reconocido, pero la actuación del gobierno central contra el proyecto especulativo de Barberá, vino condicionada por esa fuerte presión en la calle. Ahora parece que llegan los resultados.
"ELPAÍS* : El Gobierno español mantiene la orden del Ministerio de Cultura de 2010 que protege el barrio de El Cabanyal e invalida el plan urbanístico original que incluía la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez a costa de derribar más de 400 edificios del barrio marinero. Una parte de los inmuebles ocupan una zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y, por tanto, no pueden demolerse como pretendía el Gobierno de la alcaldesa Rita Barberá. Después de 15 años de conflicto urbanístico, las tres Administraciones implicadas —Gobierno y Generalitat y el Ayuntamiento— desbloquean la disputa judicial, convencidas de que la orden de expolio que dictó la entonces ministra Ángeles González-Sinde es inapelable.
Por ello, el Gobierno español desiste del recurso de inconstitucionalidad presentado contra la ley autonómica que avalaba la prolongación porque el Consell se ha comprometido a derogarla en un plazo de tres meses. Ambas Administraciones se comprometen a estudiar con el Ayuntamiento de la capital cómo adaptar el plan urbanístico de El Cabanyal a la orden de Cultura que paralizó en 2010 los derribos de casas ordenados por Barberá en la zona.
El pacto ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros, que, en su resolución, advierte de que hasta que no se adapte, la Generalitat se compromete a mantener suspendido el plan oficial. El vicepresidente del Consell, José Ciscar, confirmó al término de la comparecencia de todos los viernes que el plan de Barberá deberá respetar y adaptarse a la declaración BIC de una parte del barrio marinero. Preguntado por si esta solución hace posible la prolongación de Blasco Ibáñez, Ciscar señaló que ahora lo primero que se tiene que hacer es “buscar esas fórmulas” y cuando se tengan, se darán todos los datos.
El vicepresidente y portavoz del Consell explicó que el Ayuntamiento de Valencia también tendrá que adaptar el plan especial de protección y reforma interior de (PEPRI) de El Cabanyal a la legalidad vigente del decreto del Consell 57/ 1993 que califica el barrio marinero de bien de interés cultural. “No se reduce ningún grado de protección”, recalcó Ciscar, que explicó que el acuerdo a tres bandas se cerrará en las próximas semanas.
En el Consistorio, la alcaldesa compareció la primera. “Hoy ha comenzado la solución y el desbloqueo de la situación de El Cabanyal tras deshacerse el entramado jurídico” en torno a la orden de González-Sinde, manifestó Rita Barberá, a la que las otras dos Administraciones públicas dejaron el protagonismo del anuncio.
La alcaldesa insistió en que “se ha quitado todo lo que atenazaba la orden por arriba para poder entrar a operar”. Barberá considera que el acuerdo le permitirá por fin ejecutar su plan en El Cabanyal. La adaptación del proyecto urbanístico a la orden de González-Sinde se llevará a cabo, precisó, con “sentido común”, “racionalidad” y “calma”. “Se hará con todo respecto y consideración para que mantenga un recuerdo claro de lo que fue el barrio”, agregó, dando a entender su intención de ejecutar con el plan original.
Maribel Doménech, portavoz de Salvem El Cabanyal, plataforma que combate desde hace años el plan de Barberá, criticó “la cobardía” del Ayuntamiento por no esperar la sentencia del Tribunal Constitucional que hubiera avalado la paralización del proyecto urbanístico. “Hacen el ridículo”, agregó Doménech, “porque no ha cambiado nada”.
Doménech entiende que el problema sigue sin desbloquearse, en contra de lo afirmado por Barberá. La plataforma clarificará la situación legal para evitar “la alarma” que se está creando porque pese a “esos alardes no modifica en absoluto la prohibición de derribos en El Cabanyal”, subrayó en alusión a lo manifestado por la alcaldesa.
Los grupos de la oposición interpretaron el anuncio en otra clave. “Es propagandístico y responde a un intento del Gobierno de deshacer el entuerto creado por Barberá”, declaró el portavoz municipal socialista, Joan Calabuig. El concejal reclamó al Gobierno local que retire la circular municipal que paraliza las licencias de obra y de actividad que no se conceden desde hace tiempo por la propia orden ministerial. “El plan [de El Cabanyal] tendrá que interpretarse a la luz de la orden y de acuerdo a la nueva realidad económica e inmobiliaria”, concluyó aludiendo sin rodeos a la falta de interés del sector privado por el proyecto.
Joan Ribó, portavoz de Compromís, acusó a la regidora de “vender su derrota en El Cabanyal como una victoria”. La derogación de la ley de la Generalitat de 2010 “supone retrotraernos a la ley anterior, la de 1993, que declaraba como BIC, el centro histórico de El Cabanyal”. En opinión del edil, “en vez de rectificar, asumir las consecuencias y pedir perdón a los vecinos de El Cabanyal por más de 15 años de sufrimiento, ha montado un circo en el Consistorio”.
El portavoz de EU, Amadeu Sanchis, reiteró, como el resto, que la orden ministerial está en vigor, y lo que pretende Barberá es “una argucia jurídica ilegal que sabe que no se puede aplicar”.
* El País - CRISTINA VÁZQUEZ / JOAQUÍN FERRANDIS - 31.10.13
Foto: Zona de El Cabanyal afectada por el plan de derribos para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez. / SANTIAGO CARREGUÍ
Noga recibió "compensaciones" urbanísticas por no ganar el concurso de los suelos de Mercasevilla
El caso de los suelos de Mercasevilla continúa abierto y con sorpresas de última hora. Según asegura la guardia civil, la empresa Noga, que concursaba para la adquisición de los terrenos, recibió compensaciones urbanísticas a cambio de no impugnar el concurso, al ser la empresa que ofrecía el mejor precio de las presentadas. Visto lo visto, parece que hubo tráfico de influencias y corrupción urbanística en este asunto a causa de la gestión municipal.
"DIARIODESEVILLA* : La Guardia Civil ha remitido un nuevo atestado a la juez Mercedes Alaya en el que concluye que el grupo Noga, que perdió el concurso para la venta de los suelos de Mercasevilla a pesar de que realizó la mejor oferta económica, recibió una “compensación” del Ayuntamiento, que suscribió en la misma época un convenio por el que se ampliaba hasta ocho años el plazo para la edificación de 36 parcelas de su propiedad en Sevilla-Este, lo que evitaba que estos solares fuesen incluidos en el registro municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas y que posteriormente pasarían a situación de venta forzosa.
Este convenio supuso “un gran beneficio” para Noga, al compensar el quebrando económico por no haber ganado el concurso de los suelos, y “garantizó” que esta sociedad no impugnara el resultado del concurso, sospechan los investigadores.
Así lo explica la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un nuevo atestado remitido a la juez Mercedes Alaya después de que la instructora solicitara el pasado 31 de julio a los investigadores que investigaran los posibles beneficios que hubiera podido obtener la sociedad Noga y que podrían haber hecho que esta sociedad no impugnara el resultado del concurso público para la adjudicación de la totalidad de los terrenos de Mercasevilla, a pesar de que ofreció 158 millones de euros frente a los 106 que había ofertado la constructora Sanma, que fue la que ganó el concurso.
El informe policial señala que la oferta de Noga fue “valorada deficientemente” hasta el punto de que, “de haber hecho correctamente, se le hubiera adjudicado el concurso”.
Para los investigadores, la pérdida de ese concurso fue compensada con beneficios urbanísticos y cita expresamente el acuerdo de la Gerencia de Urbanismo del 8 de febrero de 2006 en el que se acuerda, “con el voto favorable” del entonces alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín y los concejales Emilio Carrillo, Alberto Moriña, Manuel Gómez Lobo y Paula Garvín, la aprobación del convenio 11/06 con las entidades Inonsa S. L., Grupo de Inversiones Noga SAU e Inmobiliaria Osuna, relativo a la programación de actuaciones edificatorias en parcelas de su propiedad en Sevilla-Este.
Ese convenio, explica la Guardia Civil, suponía una “reprogramación” de la actividad edificatoria de 36 parcelas, con una capacidad de 2.161 viviendas y con unos compromisos temporales para cumplir el deber de edificar. De las 36 parcelas, 17 estaban inscritas en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas; a otras 11 parcelas le había vencido el plazo para edificar el 27 de octubre de 2005; y a las otras 8 le vencía el plazo el 18 de septiembre de 2006.
Con el convenio, Noga lograba ampliar el plazo para ejecutar ese deber de edificar los solares a un máximo de ocho años –construyendo una media anual de 180 viviendas-, pudiendo ampliar el plazo a un máximo de cuatro años más, previa petición de las sociedades propietarias y justificado en las condiciones negativas del mercado que influyesen decisivamente en la reducción de la demanda de viviendas, siempre que se cumpliera la media de 180 viviendas construidas durante seis años.
La Gerencia de Urbanismo asumía el compromiso de cancelar y dejar sin efecto legal alguno la inclusión en el registro de Solares y Edificaciones Ruinosas de los 17 solares propiedad de Noga, y ésta asumía el compromiso de no reclamar al municipio indemnización alguna por el exceso dotacional existente en Santa Justa –cifrado en 3.851 metros cuadrados- que desde 1997 se encontraba pendiente de indemnizar. También se comprometían a constituir un aval bancario de 221.963 euros para hacer frente al pago de las sanciones que pudieran imponerse por el incumplimiento del plazo máximo de edificación previsto en la legislación aplicable.
Después de analizar este convenio y el concurso público de los suelos, la Guardia Civil concluye en el atestado que las sociedades del Grupo Noga con este convenio suscrito con el Ayuntamiento “consiguen evitar” la aplicación de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y su desarrollo reglamentario, lo que supondría que “estarían obligadas a edificar en solares de su propiedad en un breve período de tiempo y obtienen un plazo adicional de 8 años para la edificación de la totalidad de los solares, pudiendo ser ampliado cuatro años más”.
Esto supone, continúa la UCO, un “gran beneficio” para las tres sociedades implicadas en la firma del citado convenio porque consiguen que 36 parcelas no sean incluidas en el registro municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, y “que posteriormente pasarían a situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, quedando de esta forma las sociedades propietarias de los solares obligadas a la venta de los solares”, precisa.
Los investigadores también llaman la atención sobre el hecho de que la firma de este convenio urbanístico es “muy próxima” a la adjudicación del concurso para la opción de compra de los terrenos de Mercasevilla, que tuvo lugar el 13 de febrero de 2006, del que se deduce “estaba condicionado para que se adjudicara” a la sociedad Sanma desarrollos urbanísticos. “De este modo, puede entender la firma del convenio como una compensación a la sociedad frente al hecho de no resultar adjudicataria del citado concurso, dado que el quebranto económico que pudiera deducirse de este hecho se compensaría con la aplicación del convenio suscrito, garantizando que Grupo de Inversiones Noga SAU no recurriera el resultado del mencionado concurso”.
* Diario de Sevilla - JORGE MUÑOZ - 30.10.13
Foto: Sevilla, Mercasevilla - diariodesevilla.es
Costas obliga a suspender licencias tras el deslinde del frente litoral de Benidorm
Siguen las contradicciones de las leyes de Costas, la actual de este gobierno privatizador y la antigua que no llegó a ejecutar totalmente los deslindes marítimo - terrestres. Zonas de tanta relevancia como Benidorm quedaron fuera de ese deslinde, bien sea por intereses particulares o por desidia administrativa. El caso es que ahora se ha decretado la suspensión de licencias en la zona pendiente del deslinde costero, con lo que eso significa para un litoral tan densificado. Lo mismo ocurre en Altea y otros núcleos limítrofes que ya veremos como solucionan este despropósito urbanístico que viene de años atrás.
"LAMARINAPLAZA* : Del deslinde de los bienes de dominio de dominio público marítimo-terrestre de toda la costa de Benidorm y Altea traerá consecuencias. De momento, el Servicio Provincial de Costas ha abierto el plazo de información pública del expediente de ambos litorales, que es de un mes desde que ayer se publicó en el BOP, para que cualquier persona pueda presentar alegaciones, pero lo más relevante es el informe jurídico que ha realizado la técnico superior en asuntos jurídicos de Benidorm que, a instancias de Costas solicita la aprobación plenaria de la suspensión cautelar de las licencias de obras afectadas por el deslinde.
El Servicio Provincial de Costas incoó el expediente de deslinde el 16 de agosto de 2013 y remitió los planos al Ayuntamiento, tras lo que hicieron su informe el ingeniero técnico de Topografía Municipal el 18 de agosto y el arquitecto municipal el 24 de septiembre, ya fuera del plazo de un mes dado por Costas para evitar la conformidad por silencio del Consistorio. La letrada municipal, que informó un día después, el 25 de septiembre, asegura que “establecen los artículos 12.5 de la Ley de Costas y 9.4 de su Reglamento de desarrollo, que la incoación del expediente de deslinde implicará la suspensión del otorgamiento de concesiones y autorizaciones y suspenderá la tramitación de las solicitudes para la realización de obras mientras se encuentre pendiente la resolución del mismo”, y que “el acuerdo de suspensión cautelar de licencias de obras es de obligado cumplimiento”.
Por estas razones, la técnico jurídica municipal propone “elevar al próximo pleno municipal acuerdo de suspensión cautelar del otorgamiento de licencias de obras en el ámbito afectado por el deslinde y durante el plazo legalmente previsto”, que puede llegar a durar dos años.
Respecto a la zona afectada por este deslinde, el arquitecto ha informado que “prácticamente el amojonamiento coincide con los deslindes históricos, si bien se pone de manifiesto que las placas ubicadas en los paseos que sustituyen a los antiguos hitos, una vez ejecutadas las obras, no coinciden con la documentación alfanumérica aportada”. “Esta circunstancia hace que la solicitud de suspensión de licencias (…) debería tener escasa trascendencia respecto a la situación actual”.
El arquitecto municipal recuerda en su escrito que la práctica totalidad del frente marítimo de Benidorm fue construido antes de la mitad de la década de 1970, por antes de la Ley 22/1988 y que el informe del topógrafo pone de manifiesto algunos errores u omisiones del deslinde, “como el paseo de Tamarindos, así como los errores detectados en al playa de Poniente (edificios Bolero y Residencial Benipark).
Sin embargo, la delimitación de la ribera del mar propuesta por Costas, a la que hay que trazar dos líneas paralelas de seis metros para la servidumbre de tránsito y 20 ó 100 metros para la servidumbre de protección, pone de manifiesto -dice el arquitecto- la afección “a un gran número de inmuebles, en algunos casos por la simple proyección de escasos centímetros de los voladizos de las terrazas”. Y más: “también se ven afectados edificios públicos como la Iglesia de Sant Jaume (Bien de Relevancia Local) o el Centro Social El Torrejó, toda la zona portuaria, además de proyectos públicos, como es el caso del mirador de Punta Llisera”. El informe continúa asegurando que “no obstante la problemática principal se produce en los extremos del casco urbano (La Cala y Punta Llisera) y el Casco Antiguo (Punta Canfali), donde se da la circunstancia de coincidir la ordenación cerrada entre medianería y zonas escarpadas sin playa, además de existir concesiones (embarcadero del Rincón de Loix, Cable-Sky), con dificultades de acceso o el riesgo de desprendimientos del escarpe a levante de la Punta Canfali sin solucionar”.
A la vista del análisis de la legalidad vigente, el arquiteto propone: “Por tanto, mediante la redacción de una modificación puntual del Plan General, o Plan Especial, podría resolverse en un solo trámite la garantía de homogeneidad del frente marítimo, al tiempo que se garantizaría la efectividad de la servidumbre sin perjudicar el dominio público marítimo terrestre en los tramos aludidos, facilitando la gestión urbanística municipal”.
Por su parte, la Concejala de Urbanismo de Altea, Carolina Punset, estima que la disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1998, de Costas, en su redacción dada por la ley 2/2013, de 29 de mayo, “permite que en las zonas de servidumbre de protección puedan efectuarse obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios”.
Punset considera que “no parece lógico suspender aquellas obras que entren dentro de los anteriores conceptos, puesto con ello se impondría a los propietarios afectados por la línea de servidumbre de protección un régimen más estricto antes de la aprobación del nuevo deslinde, que el que les sería aplicable en el caso de que ese nuevo deslinde fuera definitivamente aprobado”. Por lo tanto, según su parecer lo lógico es aplicar durante la tramitación del expediente el mismo régimen que el que se aplicaría en el caso de que se aprobara definitivamente el deslinde propuesto por Costas.
El Servicio Provincial de Costas tiene previsto mostrar en ambas poblaciones la delimitación provisional del dominio público marítimo terrestre. Será el 12 de noviembre a partir de las 9:30 en el centro social de la tercera edad de Altea y el día 14 a la misma hora en el salón de actos del Ayuntamiento.
* La Marina Plaza - 14.10.13
Foto: Benidorm, playa Levante - turismo
El alcalde de Barbadás adquirió ocho pisos a un promotor favorecido por su plan urbano
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Es un delito bastante extendido en la corrupción urbanística, que un alcalde o concejal de urbanismo se beneficie de un Plan aprobado fraudulentamente a cambio de 'favores' en forma de pisos de la misma promoción. Así se evita la circulación en efectivo y se produce más fácilmente la prevaricación y el cohecho entre la casta política y los empresarios del sector de la construcción. Los implicados salen ganando, obviamente, pero no la justicia, que debe proteger a todos los ciudadanos de esta nueva forma de caciquismo.
"ELPAÍS* : En 2004, coincidiendo con modificaciones del plan urbanístico del municipio que preside, el alcalde de Barbadás (Ourense), José Manuel Freire Couto, compró dos viviendas con sus respectivos garajes y trasteros en la localidad portuguesa de Matosinhos a Ramón López Casal, el socio de la constructora compostelana Mahía-Maexpa que está pendiente de sentencia en Valladolid tras haber sido juzgado por corrupción urbanística y soborno a políticos. En 2006, coincidiendo con la aprobación del planeamiento, el regidor y su mujer compraron otros seis pisos en Matosinhos a López Casal. Freire sostiene que pagó en metálico por esas viviendas más de 652.400 euros al constructor que después se beneficiaría en los desarrollos urbanísticos de Barbadás, pero el alcalde no puede precisar si tenía esa cantidad de dinero depositada en alguna entidad bancaria.
El regidor considera “una coincidencia” que las adquisiciones inmobiliarias que hizo a López Casal se produjeran en los mismos años en los que el Ayuntamiento que preside con mayoría absoluta realizó modificaciones y aprobaciones del plan urbanístico del que se benefició el mencionado constructor.
El regidor de Barbadás, del núcleo duro del baltarismo, realizó ayer estas afirmaciones ante la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Ourense que investiga la denuncia del PSOE de ese municipio que acusa a Freire y a su teniente de alcalde, Manuel García, de cohecho y prevaricación continuada en relación con el desarrollo urbanístico de Barbadás. Entre ambos acumulan bienes inmuebles en torno a cinco millones de euros en valor catastral y poseen el 30% de un área de reparto (AR10) del municipio que ellos mismos calificaron como urbanizable y en el que tienen parcelas López Casal, un exconcejal promotor de Freire y otros constructores.
El PSOE amplió ayer al gerente de Mahía y otros tres cargos de esta empresa así como al concejal de Urbanismo de Barbadás entre 1991 y 2011, Antonio Currás —los socialistas quieren que se investigue si recibió un piso en la capital ourensana a cambio de beneficiar al socio de Mahía— la denuncia interpuesta inicialmente contra alcalde y teniente de alcalde. La demanda incluye documentación sobre la supresión por el gobierno local de glorietas en las áreas de reparto que urbanizaba Mahía y sobre la construcción de garajes situados debajo de parques públicos y zonas verdes; una operación, sostiene el portavoz socialista Xosé Carlos Valcárcel, “prohibida por la normativa ya que la cesión de suelo de dominio público incluye el subsuelo”.
En su declaración ante la juez, Freire negó haber beneficiado a López Casal toda vez que, en su opinión, las modificaciones urbanísticas (que reconoció que le había solicitado la empresa Habitarama, filial de Mahía) “no aumentaron la edificabilidad” del área de reparto en el que todos ellos tienen parcelas y, en consecuencia, “no hubo enriquecimiento”, sentenció el regidor. Sin embargo, reconoció a preguntas del abogado del PSOE, que se habían suprimido dos de los tres viales previstos así como zona verde a cambio de un aumento de la zona residencial. Tanto Freire como su teniente de alcalde cargaron en la secretaria municipal, Silvia Alonso, toda la responsabilidad de haber votado en el pleno en el que se aprobaron modificaciones de la misma área de reparto en la que ambos tienen propiedades. “Le preguntamos a la secretaria si podíamos votar y nos dijo que no había ningún problema”, insistieron los dirigentes municipales ante la juez. Ambos destacaron que desconocían el beneficio que ello les podría reportar y le restaron importancia indicando que “en cualquier caso” se repartiría entre todos los propietarios.
* El País - CRISTINA HUETE - 29.10.13
Foto: Barbadás (Ourense) - farodevigo
La piqueta amenaza los edificios fantasma
El salvajismo de un urbanismo depredador y los intereses político-financieros permitieron una 'burbuja inmobiliaria' sin precedentes en este país. Todo lo cual ha traído la conocida crisis-estafa en la que seguimos sumidos, pese a la propaganda 'oficialista' al uso. Se habla de cerca de un millón de pisos construidos, o a medio construir, vacíos. Seguro que son más, pero una solución para los casos más graves de ilegalidad manifiesta sería su derribo con lo que se recuperaría el medio destrozado. Otras viviendas, en cambio, podrían ser reutilizadas, como piden diversos colectivos, con destino al alquiler social, tan necesitado hoy en día.
"ELPAÍS* : A España le está costando varios años superar la resaca de la burbuja inmobiliaria. Y para dejar atrás la borrachera ha tenido que pasar por varias fases. En el país donde se suponía que la vivienda nunca perdía valor, las inmobiliarias —pero también los ciudadanos— tuvieron que asumir una rebaja general de los precios. Y las mayores compañías del mundo han tenido que someterse a una cura de humildad, encoger e incluso desaparecer. Ahora el sector, incluyendo a las entidades financieras y el banco malo, empieza a plantearse qué debe hacer con uno de los lastres que mantienen prácticamente varada la actividad: el enorme stock de viviendas sin vender, no solo las ya construidas, sino también las que están en camino.
Como ya sucediera en Irlanda o Estados Unidos, que también se despertaron de forma abrupta del boom, la piqueta podría ser la solución a parte del problema.
El parque de viviendas nuevas sin vender se sitúa entre las 675.000 que arrojan los últimos cálculos del Ministerio de Fomento y las 815.000 que estimó CatalunyaCaixa en su último informe. A esa cantidad de viviendas vacías se une cerca de medio millón de casas más que están en construcción, según las estimaciones del sector y las que hizo el propio ministerio antes de que empezara la crisis. Las zonas con mayor proporción de viviendas vacías sin vender son, por orden, Castellón —una de cada cuatro casas buscaba propietario, según el informe de CatalunyaCaixa—, Toledo, Murcia, Almería, Tarragona, La Rioja, Alicante y Málaga.
A pesar de que los inversores y los compradores extranjeros están volviendo al ladrillo, el ritmo de ventas todavía es muy lento para absorber todo ese stock. En el primer semestre de este año, según el Ministerio de Fomento, salieron al mercado 23.118 viviendas. La cifra es irrisoria en comparación con la época del boom, cuando en un semestre se levantaban cerca de 300.000 casas. A pesar de ello, no se consiguieron vender todas, solo 20.770 hasta junio. “Hay sitios donde las viviendas no valen nada por calidades o por ubicación y que solo tienen costes para el contribuyente”, explica el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos.
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) aprobó el pasado mes de marzo un plan de negocio que reserva 103 millones de euros para demoliciones de edificios. Se trata de una cantidad algo inferior a la que se destina a mantenimiento de edificios (130 millones) y obras en curso (133 millones). Fuentes de la Sareb explican que las demoliciones nunca se realizarán con promociones terminadas, sino con obras que estén en curso, y que el derribo no será inmediato.
España no sería, no obstante, el primer país que recurre a esta medida. En Irlanda, con 4,5 millones de habitantes, hay unas 300.000 viviendas vacías, la mayoría de las cuales se hallan en grandes urbanizaciones hoy prácticamente deshabitadas que se conocen como ghost estates (polígonos fantasma). El banco malo irlandés (Nama) ya ejecutó el año pasado el derribo de varios inmuebles. “La demolición de casas ha sucedido en algunas localidades irlandesas. Esas áreas estaban lejos de los principales centros urbanos, donde la demanda todavía está presente. Tras cuatro o cinco años sin construcción, el mercado de Dublín muestra los primeros signos de estabilidad con una ligera subida después de que se produjera una rebaja de entre el 40% y el 50%”, afirma Brendan Williams, profesor de Urbanismo del University College de Dublín.
En EE UU también ha habido demoliciones. California, que igualmente sufrió los estragos del delirio inmobiliario, un banco tejano en 2009 decidió derribar 16 inmuebles en Victorville, una ciudad de 107.000 habitantes del sur del Estado, que estaban a medias porque el precio de venta no hubiera compensado los costes de construcción.
Tanto las entidades financieras como la Sareb están ahora dedicadas por completo a vender el stock de viviendas que está terminado. “Cualquier cosa a un determinado precio se puede vender. Con una condición: que esté terminado”, afirma el consejero delegado de Foro Consultores, Luis Corral. El paradigma de esa máxima es la promoción de El Pocero, en Seseña (Toledo), que heredaron Banco Santander y el Sabadell. Ambos se deshicieron de todos los pisos, pero a 60.000 euros. Quienes adquirieron uno de esos pisos antes de que estallara la burbuja abonaron unos 240.000 euros, aseguran fuentes del mercado. “Hay casos en los que se ha vendido el suelo a un valor de cero euros y con un coste de reposición superior al de venta”, afirma Corral.
Esas viviendas, pues, pudieron venderse a 60.000 euros porque los bancos asumieron pérdidas. Pero en España hay miles de casas en construcción, en muchos casos esqueletos de proyectos que llevan años abandonados. Francesc Muñoz, director del Observatorio de la Urbanización de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), pone el caso de una urbanización en La Muela (Zaragoza). “Allí hay dos enclaves. Uno con viviendas acabadas en el que hay solo un puñado de vecinos y otro con la urbanización terminada que dispone de servicios como el sistema eléctrico, alcantarillado e incluso mobiliario urbano pero en el que no vive nadie”, cuenta Muñoz. Esta semana, sus alumnos del máster en Intervención y Gestión del Paisaje deberán presentar un proyecto para recuperar ese complejo. “En solo dos años el espacio se ha degradado muchísimo”, explica Muñoz.
El deterioro de los edificios es, precisamente, uno de los motivos que justificaría derribos, puesto que estos acarrean un elevado coste de mantenimiento e incluso inciden en el precio del resto de inmuebles de la zona. En EE UU se ha analizado el coste de un edificio desocupado después de que entre 2000 y 2010 quedaran 4,5 millones de viviendas vacías, lo cual suponía un incremento del 44% del parque de casas sin ocupar, según la Brookings Institution. Este informe señala, además, que la ciudad de Filadelfia gasta cada año 20 millones de dólares (14,5 millones de euros) en mantener las propiedades vacías, que arrastran a la baja los precios del resto de inmuebles hasta provocar una depreciación conjunta de 3.600 millones de dólares (2.608 millones de euros).
Alan Mallach, investigador en Brookings, explica que en Estados Unidos se produjeron algunas demoliciones de edificios de obra nueva por parte de bancos que consideraron que iba a resultar muy caro acabar con las obras. Sin embargo, ciudades como Filadelfia, Detroit, Cleveland o Buffalo han tenido que adoptar la “demolición a gran escala” como “medio para reducir un exceso de oferta a largo plazo”. Las Administraciones han gastado, según sus cálculos, cerca de 200 millones de dólares (144,9 millones de euros) en estas operaciones de derribo.
El problema de La Muela, y de muchas otras urbanizaciones, es parecido, solo que en lugar de edificios antiguos se trata de inmuebles sin terminar que se hallan en zonas hoy sin apenas demanda. “No veremos derribos masivos ni inmediatos, porque el ciudadano todavía está en la fase de asumir que su vivienda no vale lo mismo que antes. Pero sí es sano que eso ocurra, que echen abajo inmuebles para que el contribuyente no deba mantener esos esqueletos a través de los impuestos municipales”, sostiene Fernando Encinar, de Idealista.com.
Gonzalo Bernardos, no obstante, considera que la picota no tiene por qué ser el único destino para estos inmuebles. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), por ejemplo, ha puesto de manifiesto las necesidades urgentes de vivienda social con la ocupación de un edificio de la Sareb en la localidad de Salt (Girona), cuyo desalojo fue parado por el Tribunal de Estrasburgo. “Como mínimo, la Sareb debería haber cedido las viviendas a los Ayuntamientos, porque tal vez es complicado ofrecer pisos por un alquiler de 100 euros al mes en Barcelona, pero no en Vilafranca del Penedès, donde hay viviendas de sobra”, señala Gonzalo Bernardos, quien propone realizar una nueva planificación con el stock que está en manos del banco malo. “Los solares sin edificar deberían destinarse a equipamientos y muchas viviendas podrían ser destinadas a tareas sociales”, expone.
Los derribos que se pueden planear desde la Sareb responden a criterios económicos. La sociedad, con un 45% de capital público, se ha dado un plazo de 15 años para liquidar los activos tóxicos procedentes de la banca nacionalizada y aportar los eventuales beneficios al conjunto de la sociedad. El economista Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario Español, admite tener “dudas” sobre la cuenta de resultados del banco malo y recuerda que debería tener “un código de conducta” porque maneja dinero del contribuyente. De igual modo, Rodríguez es partidario de terminar las obras de inmuebles que estén avanzados y demoler los que todavía necesiten mucha intervención.
Hay colectivos que opinan, no obstante, que bancos, inmobiliarias y Sareb no solo deberían pensar en criterios económicos. “También están los ecológicos”, recuerda Lola Yllescas, portavoz de Ecologistas en Acción en Andalucía. Yllescas, precisamente, está en plena batalla con la Sareb por intentar salvar unos terrenos ubicados en la playa de El Palmar (Vejer, Cádiz). El solar es herencia de la especulación inmobiliaria que se produjo durante la época de la burbuja, y que llevó a Caja Madrid, luego integrada en Bankia, a adquirir la mitad del terreno en el que debe construirse un complejo turístico. Ese solar hoy se vende a precio de saldo.
Yllescas extiende a los solares la preocupación por lo que pueda suceder con las obras que han quedado a medias. Ecologistas en Acción, dice, está demandando que se revise el litoral para salvar todo aquello que esquivó el cemento por la crisis. Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, recuerda que las normas obligan a restaurar “el daño producido”. “No siempre se debe pensar en términos económicos. Las obras en el litoral se han podido ralentizar, pero no ha habido un cambio en la política urbanística y las normas de medio ambiente se siguen flexibilizando”, lamenta.
El proceso aún puede ser muy lento. La banca acreedora sigue tratando de reducir su exposición al inmobiliario a base de reducir sus préstamos a las empresas del sector y, además, debe zafarse de las miles de viviendas que se ha ido adjudicando. Por ello, es complicado que se reanuden muchas obras a corto plazo. Los analistas consultados consideran que a medida que se vaya drenando el stock surgirá la duda de qué hacer con lo que hay por construir. Y en algunos casos, se acudirá a la picota. “Sin duda, un día veremos que el telediario abre con una demolición de una promoción a medio construir”, concluye Fernando Encinar.
* El País - LLUÍS PELLICER - 29.10.13
Foto: La sociedad de gestión de activos bancarios (Sareb) ha reservado 103 millones de euros para demoliciones. / CRISTÓBAL MANUEL
El plan que anula 4.000 casas en el litoral de Málaga sigue adelante
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Parece que la Junta de Andalucía se desmarca algo de la tendencia generalizada de municipios y gobierno central para permitir la continuidad de las edificaciones en primera línea de costa. Al menos, ahora, pretende proteger 1.700 hectáreas de suelo litoral, lo cual anularía unas 4.000 casas. Ya se verá cómo termina esta iniciativa pues las fuerzas en contra son numerosas: todos los señores del 'ladrillo'. En cualquier caso, si la Junta hubiera cumplido anteriormente con su obligación de respetar la Ordenación Territorial contra la masiva construcción ilegal, no se hubiera llegado a esta dramática situación costera actual.
*MÁLAGAHOY* : La Junta de Andalucía sigue adelante en su idea de proteger buena parte de los suelos del litoral libres del ladrillo. A pesar de las críticas emitidas por la práctica totalidad de municipios de la costa de Málaga, que cuestionan la afección del planeamiento sobre la autonomía local y sobre los proyectos residenciales programados, el documento dio ayer un nuevo paso administrativo tras recibir el aval de la Comisión Provincial de Urbanismo de Málaga.
El posicionamiento del ente, que estuvo presidido por la secretaria general de Urbanismo y Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Nieves Masegosa, fue favorable al Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía. El apoyo, sin embargo, no fue total, puesto que los cuatro representantes del Partido Popular, tanto de la diputación como de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (Famp) votaron en contra del documento.
El objetivo de esta estrategia es el de preservar de la urbanización las franjas del territorio costero en actualmente no han sido ocupados. Todo ello, alegan desde la Junta, para "conseguir la preservación de los valores ambientales, paisajísticos y territoriales de los territorios costeros que aún no han entrado en procesos de degradación".
Y en qué modo estas herramientas de protección afectan a Málaga. Los datos indican que en la provincia malagueña son 1.700 las hectáreas en las que se salvaguardan de la ocupación sus primeros 500 metros, de un total de 9.000 hectáreas en toda Andalucía. Una superficie a repartir en trece ámbitos de suelo urbanizable, en los que se prevén 4.000 viviendas. La cifra, indicaron desde el Gobierno andaluz, suponen apenas el 7% de las previstas en los planeamientos urbanísticos de las localidades del litoral.
Estos números son empleados por la Administración regional para confrontar los argumentos empleados por los alcaldes de las localidades, que acusan a la Junta de paralizar el urbanismo con este planeamiento. Frente a esta exposición, desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se alega que esos mismos municipios está programada la construcción de 54.000 viviendas de nuevo cuño.
La trascendencia de la medida contemplada por la Junta es mayor si se tiene en cuenta que la provincia malagueña es la que "mayor grado de ocupación" tiene, con un 68% de suelo urbano o urbanizable.
La evolución de esta colmatación urbanística, denunciada durante años por los colectivos ecologistas, es especialmente evidente desde finales de la década de los años 60 hasta 1998. En ese lapso de tiempo, el incremento registrado alcanza el 570%. Según el Sistema de Información Geográfica Litoral de Andalucía, mientras en 1956 apenas eran 800 las hectáreas ocupadas dentro de los primeros 500 metros de litoral, de un total de 8.232, en 2009 eran 5.492.
El plan litoral establece tres categorías con diferente grado de protección. En primer lugar, las Zonas litorales de Protección Ambiental son aquellos suelos que disponen de un régimen de protección por la normativa ambiental; las Zonas litorales de Protección Territorial 1, aplicable a los suelos que ofrecen características ambientales o paisajísticas relevantes, colindantes con el dominio marítimo o con espacios naturales protegidos, o que permiten la conexión de la costa con espacios naturales del interior y que deberán ser calificados como suelo no urbanizable de especial protección. Y, por último, las Zonas litorales de Protección Territorial 2, que son terrenos que cuentan con valores naturales o paisajísticos, pero en los que ya se ubican usos de naturaleza urbana, aunque irregulares, o que deben ser preservados de urbanización por sus valores agrícolas.
* Málaga Hoy - S. SÁNCHEZ - 26.10.13
Foto: Benalmádena Costa - J.Rojas (El País)
Madrid.- Medio millar de edificios vacíos
La crisis, la desidia o el boom inmobiliario que impulsaron las nuevas construcciones en la periferia son la causa de los enormes huecos que han florecido en la zona consolidada de la capital, en el área central de la ciudad. La falta de una política de rehabilitación ha permitido que multitud de edificios queden abandonados, con las graves consecuencias que esto significa para el tejido vivo del centro urbano. Hay solares que llevan años (décadas) sin edificarse, mientras existen también construcciones en peligroso estado de conservación. En este blog se ha denunciado largo tiempo la necesidad de un Plan de Rehabilitación para Madrid (y otras ciudades) coincidiendo, además con este periodo de crisis galopante en Urbanismo.
"ELPAÍS* : En la almendra central de Madrid, la que queda dentro de los límites de la M-30, hay 421 grandes edificios vacíos y 573 solares sin construir. Una circunstancia que contrasta con las 1.496 licencias de obra nueva que se han pedido en la ciudad entre enero y septiembre de este año. El valor potencial de los inmuebles sin ocupar y de los solares no construidos es de unos 12.000 millones de euros, según un estudio elaborado por la Universidad San Pablo-CEU de Madrid. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Las respuestas son de lo más variado.
Como lo ocurrido con el Convento de las Madres Adoratrices, que saltó por los aires una mañana de julio de 1991. La demolición dejó un inmenso hueco en la parcela que ocupaba este cenobio de la calle Padre Damián, en el barrio de Tetuán. Veintidós años después, el solar continúa igual. Abandonado. Y eso que cinco años antes Patrimonio del Estado había adquirido el edificio y pretendía construir un bloque de oficinas tras la demolición controlada del edificio religioso. En aquel momento hubo algo de polémica porque algunos vecinos solicitaron un equipamiento municipal para el barrio, en lugar de una nueva construcción, pero pronto se zanjó, ya que el Ayuntamiento concedió los permisos para levantar un bloque administrativo. Dos décadas más tarde, el inmenso solar circundado por un muro de hormigón no ha resucitado. El suelo salió a subasta hace unos meses.
El informe universitario —que se ha elaborado tras un trabajo de campo de más de tres meses y en los que los participantes han recorrido Arganzuela, Centro, Chamartín, Chamberí, Fuencarral, Moncloa, Retiro, Salamanca y Tetuán— ofrece una imagen de Madrid de queso Gruyère: agujeros por doquier
La crisis, la desidia o el bum inmobiliario que impulsó las nuevas construcciones en la periferia son la causa de las caries que han florecido en la zona consolidada de la capital. En el caso del solar de la callePadre Damián, por ejemplo, el problema ha sido la dejadez de las instituciones por no dar uso a un terreno que sigue acumulando matorrales y del que, al final, han decidido deshacerse.
Los investigadores que han llevado a cabo el informe del San Pablo-CEU —Belén Hermida, Carlos Lahoz, Carlos Martínez-Arrarás y José Antonio Blasco— explican que el estudio quiere poner de manifiesto el “tesoro” que esconde Madrid. “Lo que se pretende es sacar a la luz el potencial del centro”, asegura Lahoz. “No habría que hacer fuertes inversiones en estas zonas porque ya cuentan con todos los equipamientos”, incide.
Tetuán, seguido de Moncloa, concentra la mitad de los terrenos sin uso, pero la mayor superficie de terreno vacía está en Arganzuela, donde las parcelas son más grandes. De hecho, en toda la almendra central hay más de 630.000 metros cuadrados de parcelas muertas (la mitad de la superficie del Parque del Retiro). El informe estima que si se edificaran estos solares, el valor total de los activos ascendería a unos 6.500 millones de euros.
Parte de estos millones se perdieron cuando Madrid falló en su segunda intentona de ser ciudad olímpica. Pero no solo, porque el dueño del solar ubicado en la calle de Fuencarral, a la altura del número 24, paralizó el proyecto de construir en esta céntrica vía madrileña hace diez años y desde entonces el solar comenzó a acumular kilos de basura. Hasta 50.000 llegaron a retirar una mañana de 2007 los servicios de limpieza urgente de Madrid. La parcela fue también hogar de indigentes y de alguna que otra manifestación artística por parte de colectivos locales que exigían la cesión del espacio para usos vecinales.
A veces el vacío no es tan fácil de encontrar porque no está a la luz del día, sino tras unos muros. Los investigadores del CEU también han detectado 421 edificios vacíos o con menos de un 20% de ocupación. Algunos de ellos tapiados, otros con un hilo de vida en su interior, como el bloque situado en la esquina de María de Molina con la plaza Gregorio Marañón. Lo anunciaban como el edificio de pisos más lujoso de Madrid. Corría 2007, la época de pensar a lo grande. La decena de viviendas propiedad del inmueble de la inmobiliaria Martinsa Fadesa —situado en la esquina de una de las zonas más lujosas de la capital— estaba destinado a ser ocupado por personas con un alto nivel adquisitivo. Seis años más tarde, el edificio con 26 pisos disponibles, tiene un inquilino que ocupa una casa desde hace unos meses. El resto del tiempo la única persona que habitaba en el inmueble unas horas al día era el conserje de un bloque sin vecinos.
Este edificio puede pasar inadvertido —incluso si uno se fija en la abundante vegetación de sus balcones podría parecer que está completamente habitado—, pero hay otros ejemplos mucho más llamativos, aunque tal vez precisamente por su tamaño han dejado de impresionar al ciudadano.
Basta levantar la vista en plaza de España para ver las inmensas moles cubiertas de grafitos que continúan desocupadas o pasear por la plaza del Carmen para constatar como el antiguo edificio del cine Madrid, con una fachada protegida, muere lentamente. Son los desgarrones de una ciudad que ha sufrido con la burbuja inmobiliaria y que ahora no encuentra proyectos que completen estos vacíos.
Una apuesta por la rehabilitación
El estudio universitario apuesta por la rehabilitación de edificios frente a la obra nueva como un medio para el futuro crecimiento de la ciudad, no solo para destinar los espacios vacíos a viviendas, sino también para darles nuevos usos que hoy Madrid necesita y tal vez, en su momento, no hacían falta.
Pilar Pereda, arquitecta experta en este tipo de proyectos, sostiene que en un momento en el que es inviable plantearse nuevos trabajos, hay que echar la mirada hacia lo que ya existe para mejorarlo o darle un nuevo uso: “Muchas constructoras se han visto obligadas a reciclarse y especializarse en la rehabilitación, porque ahora es donde está el futuro”.
Según datos proporcionados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), las licencias de obra de reforma en Madrid ahora mismo duplican a las de las nuevas construcciones. Hasta mediados de septiembre se han atendido 3.049 solicitudes de remodelación frente a las 1.496 de obra nueva.
“Ahora mismo se ven más lonas que andamios”, resume José Antonio Blasco, arquitecto de Urban Networks. “Hace falta un plan de rehabilitación urbana para mejorar el parque edificado en Madrid, donde muchos de los edificios tienen más de 50 años”, apunta Pereda.
La arquitecta añade que con muy pocas medidas se puede mejorar notablemente la eficiencia energética de las casas de la ciudad. La especialista lanza un mensaje a sus compañeros acerca del atractivo de construir un proyecto desde cero: “Partir de un papel en blanco es maravilloso, pero intervenir en algo que ya está escrito también puede ser un mundo apasionante”.
* El País - PATRICIA PEIRÓ - 22.10.13
Foto: El edificio de la esquina se promocionó como un edificio de lujo y hoy está casi vacío. / SAMUEL SÁNCHEZ
Ourense.- Sólo 24 concellos adaptaron su urbanismo a la ley de 2002
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El urbanismo en Galicia sigue 'patas arriba' como se está demostrando día tras día. Hace 11 años se aprobó la Ley de Ordenación Territorial y una gran mayoría de municipios continúa todavía sin haber realizado su adaptación a esta normativa. Donde más en Ourense, pero también en otras provincias. Es decir, están actuando urbanísticamente, en bastantes ocasiones, al margen de lo que indica la propia Ley gallega. Para rematar la faena, la Xunta anuncia 'ahora' una nueva Ley de Suelo, con lo que el embrollo puede ser tremendo y difícil de digerir por una administración que demuestra otorgar una mínima importancia a la Ordenación Territorial.
"LAREGIÓN* : Transcurridos ya más de 10 años de la aprobación de la Ley de Ordenación urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (Ley 9/2002), sólo 24 de los 92 concellos de la provincia de Ourense cuentan con planeamiento urbanístico adaptado a dicha normativa, frente a otros 20 que carecen de planeamiento, según los datos que recogen la Xunta y el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. Los 48 restantes tienen planes antiguos todavía sin adaptar u otras figuras urbanísticas (como normas subsidiarias de planeamiento).
En el resto de provincias gallegas, la situación es diversa. A Coruña es la que cuenta con más municipios que ya se han ajustado a la normativa de 2002 (27), mientras en Lugo y Pontevedra sólo lo han hecho nueve y seis concellos, respectivamente, con lo que los 24 de Ourense lo sitúan como la segunda provincia con mayor nivel de adaptación a la normativa. Pero es también donde más municipios hay sin planeamiento, con 20, frente a 11 en Lugo, cuatro en Pontevedra y tres en A Coruña. La situación más frecuente es que los municipios estén regidos por unas normas subsidiarias de planeamiento (los concellos en este caso suman 105, de un total de 314 en Galicia).
En este contexto, la Xunta anunció la semana pasada una nueva Lei do Solo que, entre sus principales novedades, introduce la figura del planeamiento urbanístico básico para municipios de menos de 5.000 habitantes, a los que la Xunta redactará un plan básico que permita el desarrollo de actividad urbanística. Además, incluye cambios para agilizar la tramitación y reducir los largos periodos de tramitación que existían actualmente.
REGIDORES
Ante estos cambios, los alcaldes ven positivamente que se introduzcan facilidades para la elaboración de planes urbanísticos, en particular en los pequeños concellos, que reconocen que no tienen capacidad para sacarlos adelante por sí mismos y dependen de las subvenciones que les otorgan al efecto. Igualmente, reclaman más agilidad en la tramitación en otros organismos (la propia Xunta), recordando que es habitual que trámites ante Patrimonio, Medio Ambiente o Industria se demoren un año o año y medio. Cuestionan, no obstante, si la Xunta tendrá capacidad para realizar los planeamientos de pequeños municipios en el plazo de tres años, como ha anunciado.
Desde otros sectores profesionales vinculados al urbanismo, ven positivamente esta medida. Benito Iglesias, presidente de la Asociación de Inmobiliarias Adeido, indica que la aplicación de la ley de 2002 era difícil para los pequeños municipios, por lo que destaca que este cambio 'ponga medios y acorte el plazo de redacción de los planes'. Alega que así se podrá dar seguridad jurídica para el desarrollo urbanístico de los municipios, evitando la 'fuga de inversiones' de municipios que no tienen planeamiento o está suspendido.
* La Región - 18.10.13
Foto: Edifiaciones en el entorno de una gasolinera en Ponte Barxas, Padrenda.- MARCOS ATRIO
140.000 casas podrán acogerse a la amnistía de obras de la Ley de Costas
La aberrante Ley de Costas causará estragos en el litoral del país, como ya se ha advertido en numerosas ocasiones. La inoportunidad de esta nueva Ley en un momento histórico clave, tras la gran estafa inmobiliaria de los últimos años, va a permitir que se legalicen verdaderos monstruos urbanísticos en la costa española. En vez de buscar una solución sensata para los excesos cometidos, el gobierno se decanta por la injusticia comparativa y el peligroso principio de crear precedentes políticos en la ilegalidad de la Construcción. Aunque todavía no hay conciencia real de su importancia, noticias como ésta seguiremos viendo en el futuro. ¿Actuará en algún caso la justicia?
"ELPAÍS* : La nueva Ley de Costas puede acabar teniendo más beneficiados de los que se esperaban y, en consecuencia, un mayor impacto en el litoral español. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, estima que unas 140.000 viviendas del litoral están situadas en zona de servidumbre —una especie de segunda línea de playa de las infracciones urbanísticas— por lo que podrían acogerse a una reducción de 100 a 20 metros de esta zona de protección, y pasar de estar sometidas a controles rigurosos para hacer obras, a tener vía libre para construir si cuentan con los permisos de sus Ayuntamientos o comunidades.
El cálculo ha subido en 15.000 construcciones desde mayo, cuando se aprobó la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litorial, que modifica la Ley de Costas de 1988. Entonces se decía que en esa zona de protección había unas 125.000 edificaciones. “Ha aumentado porque faltaban algunos datos por recabar”, explica un portavoz del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Las comunidades autónomas han redondeado la cifra, aseguran, ya que de ellas depende el control de las construcciones situadas en zona de servidumbre. Con todo, el Gobierno subraya que estas 140.000 viviendas no terminarán beneficiándose de la reducción de protección, sino que la medida tendrá un alcance “muy limitado”. Medio Ambiente siempre ha insistido en que no se permitirá aumentar el volumen, ni la altura, ni la superficie de las construcciones existentes. Esos controles quedarán en manos de los municipios y las comunidades, algo que ha hecho que muchos expertos recelen de que se aproveche para rellenar de cemento el poco hueco que queda en el litoral español.
Con esta medida, introducida cuando la ley estaba en el Senado, el Gobierno pretendía responder a las reclamaciones de Canarias y Galicia. Afectaría a núcleos de población preexistentes a la Ley de Costas de 1988, que no tenían calificación de suelo urbano entonces, pero cumplían con algunos de los requisitos que ahora se contemplan. Para beneficiarse, los propietarios de las casas deben acreditar que sus construcciones cumplían en esa fecha uno de los siguientes requisitos: tener acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica. O bien, estar “en áreas consolidadas por la edificación, al menos en un tercio de su superficie”.
Los Ayuntamientos tenían hasta finales de agosto para recabar toda esta documentación y presentarla al Ministerio. El secretario de Estado alegó el jueves en el Senado que todavía no cuentan con datos globales de los núcleos que lo han tramitado. Tras una pregunta del senador Miguel Fidalgo, del PSOE, Ramos aseguró que todavía tienen que llegar las solicitudes y estudiar caso por caso. “Es un trabajo que se está elaborando en estos momentos”, explicó.
El senador socialista mostró su inquietud por los equipos con los que cuenta la secretaría de Estado de Medio Ambiente para estudiar todas estas peticiones, ya que la nueva Ley de Costas da un plazo de 18 meses para resolverlas y contempla el silencio administrativo como una aprobación de las solicitudes. “La administración trabaja con los equipos que tiene la dirección general de Costas y con las distintas demarcaciones que tiene por todas las provincias del litoral”, comentó el secretario de Estado.
El trabajo de Medio Ambiente es ingente. Quieren tener listo para finales de año o inicios del 2014 el reglamento que desarrolle la Ley de Costas. Entre otros aspectos, se desarrollarán los criterios para conceder concesiones administrativas a las viviendas más cercanas al mar, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático.
El Gobierno ha vuelto a presentar de forma general el número total de afectados por el cambio legislativo. En cifras totales, habló de 12.800 viviendas regularizadas en dominio público, prácticamente metidas en la playa, y cuyas concesiones administrativas se pueden prolongar hasta 75 años y vender o legar. La amnistía de los 12 núcleos costeros salvará otras 3.400 viviendas que también se enfrentaban a la piqueta. También pegados al mar hay otros 3.000 restaurantes y chiringuitos, 1.700 industrias y 100 hoteles que también podrán seguir trabajando.
En la segunda línea, la denominada zona de servidumbre de protección, están las 140.000 construcciones citadas y unos 900 hoteles que, si pasan los filtros impuestos, podrán renovarse haciendo obras. “Son cifras muy altas que merecían una respuesta y dar seguridad jurídica, dado que el limbo jurídico en el que estaban, o la falta de respuesta de la administración no beneficiaba a nadie, ni protegía el medio ambiente ni tampoco protegía a ellos”, comentó el secretario de Estado.
La ley ha sido muy criticada por la oposición, que ve en ella una nueva oportunidad para enladrillar la costa. Se han presentado cinco recursos ante el Tribunal Constitucional contra ella. El alto tribunal ha admitido a trámite los presentados por Andalucía, Canarias, Asturias y el PSOE, pero no se ha pronunciado todavía sobre los tramitados por el País Vasco y Cataluña.
Entre la protección de la costa y la de los propietarios
La Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, aprobada el 29 de mayo, amplía hasta 75 años las concesiones administrativas de viviendas o negocios a pie de costa que debían ser devueltas al Estado en 2018, regulariza hasta 12.800 viviendas en dominio público, casi metidas en el mar, o abre la posibilidad de otras construcciones situadas en la zona de servidumbre de protección o hagan obras, algo hasta ahora muy controlado.
La oposición y los ecologistas la han criticado duramente por desproteger el litoral, justo lo contrario de lo que presume su título. El Gobierno defiende que refuerza la protección de la costa y al tiempo aporta seguridad jurídica a los que se relacionan con el litoral. Destaca otros aspectos como la exigencia de un informe medioambiental de las comunidades cuando exista un ámbito industrial potencialmente contaminante, o cláusulas, como la anti-Algarrobico, con las que el Estado se reserva la potestad de suspender licencias urbanísticas que atenten contra la protección del litoral.
La norma contempla soluciones ideadas para dar respuesta a numerosas quejas de ciudadanos extranjeros que adquirieron sus viviendas en primerísima línea de playa y que se sentían perjudicados por la anterior Ley de Costas, aprobada en 1988 por un Gobierno socialista, y que les privó de su propiedad privada. “Evita el llamado efecto 2018”, puntualiza Ramos. Prorroga hasta 75 años la concesión de 1.108 viviendas que habrían pasado a manos del Estado dentro de cinco años. En esa fecha se cumplían los 30 años del permiso administrativo fijado por la ley de 1988. A esta prórroga también se pueden acoger otros 96 hoteles, 211 industrias incluidas salinas y establecimientos de cultivos marinos, además de 89 restaurantes y chiringuitos, que también habrían tenido que entregar las llaves en esta fecha. Todos seguirán operando a cambio de un canon que justifique la ocupación de dominio público.
El PSOE critica que las concesiones se hagan infinitas. “Algo que es público se le da a un particular para que lo pueda transmitir a otros hasta 75 años”, critica el senador Miguel Fidalgo. Creen que el Gobierno busca solucionar la vida a negocios muy destacados como la papelera Ence, las eléctricas, los grupos hoteleros y otra serie de propietarios.
* El País - JUANA VIÚDEZ - 25.10.13
Foto: Construcciones en torno a la ría de O Burgo, en La Coruña. / XURXO LOBATO
La caja b de una constructora de Almería apunta a la financiación irregular del PP
El Urbanismo suele estar en el ojo del huracán de la corrupción en este país; una y otra vez se vuelve a demostrar la estrecha relación entre constructores y promotores inmobiliarios y los capos de partidos políticos para beneficio ilegal de ambas partes. Después de haber visto ya numerosas irregularidades urbanísticas en la provincia de Almería, siguen apareciendo noticias preocupantes que denotan que han sido bastantes más de las que han aparecido públicamente. Ahora es todo el partido popular, dominante en la provincia, el que está bajo acusación de gravísimas actuaciones públicas. Veremos si la justicia se atreve y es capaz de tirar del hilo hasta el final.
"ELPAÍS* : La contabilidad interna de la constructora Hispano Almería apunta a pagos de comisiones ilegales cuyo destino han sido supuestamente las arcas del Partido Popular. El rastro de la contabilidad b de la empresa incluye recibos con abonos para las campañas municipales, pero también para campañas autonómicas o nacionales del PP, dado que hay recibos fechados en 2008. La Fiscalía Superior de Andalucía está investigando una denuncia sobre esta supuesta financiación ilegal del PP en Almería.
Las diligencias abiertas intentan determinar si Hispano Almería mantuvo un sistema de pagos a este partido durante una década a cambio de la adjudicación de obras, así como si ha habido enriquecimiento de algunos de sus dirigentes. Las pesquisas se centran en Roquetas de Mar, el segundo municipio más poblado de la provincia, con 90.000 habitantes, aunque es probable que se amplíe a otras localidades de la provincia. El alcalde de Roquetas es Gabriel Amat, el poderoso presidente provincial del PP y de la Diputación almeriense.
Se trata de un nuevo frente para Amat, que ya está siendo investigado judicialmente por sus relaciones con un entramado empresarial formado por más de un centenar de sociedades que durante años se benefició supuestamente de decisiones urbanísticas del Ayuntamiento de Roquetas, gobernado por Amat desde 1995. La juez que investiga este caso pidió en julio a la policía que estableciese un organigrama societario que permitiese “clarificar las conexiones existentes” entre las empresas implicadas, un caso que denunció la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT).
Desde la semana pasada, la Fiscalía Superior andaluza investiga irregularidades en Roquetas y en otros municipios de Almería como Níjar. Estos datos apuntan a la constructora Hispano Almería, dirigida por el empresario local Miguel Ángel Morales.
Este empresario, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS y los testimonios de dos exempleados de la constructora, ha estado pagando al PP y a dirigentes de este partido dinero a cambio de la adjudicación de obras desde 2001. Era un método de libro durante el boom del ladrillo: pagos en sobres blancos con billetes de 500 euros, entregados siempre en almuerzos o despachos privados a políticos. Esta empresa ha acaparado buena parte de las adjudicaciones tanto de Roquetas como de la Diputación de Almería en los últimos años.
Los pagos supuestamente se han realizado durante años de manera directa a dirigentes del partido, según esta contabilidad, entre los que figuran el exdiputado provincial de Obras Gonzalo Bermejo, el exconcejal de Urbanismo de Roquetas José María González (que este lunes declara como imputado en otra causa judicial) y Enrique Arance, expresidente del PP de Almería (ya fallecido).
El flujo del dinero es sencillo: la Diputación y los Ayuntamientos almerienses supuestamente han concedido cientos de obras a esta constructora, y tras los modificados (aumentos en estos casos injustificados del coste de las obras durante su ejecución) la empresa recaudaba ese dinero público y lo repartía en sobres para el partido y sus dirigentes. La financiación del PP almeriense ofrece pocas dudas:
“36.000 euros en concepto de CAMPAÑA ELECT. ROQUETAS (2003)” “CAMPAÑA MUNICIPAL - G. BERMEJO 12.000, ARANCE [Enrique Arance] 6.000” “12.020,24 euros en concepto de DADO A GONZALO B. [Bermejo] el 11-04-02”, “25.000 euros en concepto de PP NÍJAR ELECCIONES 2008”.
Son los conceptos de los cientos de recibís que componen la contabilidad b de Hispano Almería para pagar dichas comisiones ilegales. De este último pago de 25.000 euros al partido se infiere que los fondos beneficiaron también a la campaña del PP regional o nacional, dado que en 2008 se celebraron elecciones generales y autonómicas, no municipales.
Los pagos ilegales a los políticos presuntamente se endosaban al presupuesto de las obras hasta aumentar su coste en un 10%. “He recibido de Hispano Almería S. A. la cantidad de 169.000 euros en concepto de 125.000 euros POL. 0/375 bulevar C Parador y 44.000 euros POL 0/328 Fra. Toros”. Este recibí de 2003 pagaba presuntamente por haber favorecido la concesión de ambas obras en la localidad almeriense de Roquetas de Mar, gobernada por Gabriel Amat, hombre fuerte del PP en Almería y presidente de la Diputación.
Los testimonios de dos exempleados de la constructora confirman los pagos en metálico que durante años ejecutó el dueño de la empresa, Miguel Ángel Morales Duarte, tras extraer el dinero de la caja fuerte, donde se guardaba bajo el sello de contabilidad b. En la empresa, Amat era conocido con el apelativo de “el jefe”, según estos extrabajadores. Los testimonios ratifican las mordidas cobradas por los políticos por favorecer la adjudicación de las obras.
El dinero supuestamente salía de la empresa en sobres blancos con billetes de 500 euros
En los conceptos de estos recibís destacan el extenso listado de obras ejecutadas por la constructora, pero también el pago de 24.000 euros a Bermejo. “Campaña municipal – G. Bermejo (12.000), Arance (6.000)”, indica uno de los recibos. Los sobornos presuntamente alcanzaron cifras con muchos ceros. Tantos, como que la contabilidad interna de la empresa señala pagos ilegales de hasta un millón de euros solo en 2009. Exactamente 1.032.000 euros.
Los recibís tienen la firma del director de Hispano Almería, Miguel Ángel Morales, así como el contable de Hispano Almería, además del sello de “Contabilizado”. Cada uno de estos cientos de recibís dispone de un número de cuenta interna de cargo, así como la obra ejecutada por esta constructora, cuya numeración coincide con el listado interno de obras que manejó la empresa. Morales recibía siempre el dinero procedente de la caja fuerte de la empresa, donde el efectivo había sido ingresado a través de un complejo sistema de facturas falsas gracias a la colaboración de terceros empresarios.
Hacienda cazó a uno de estos empresarios en el fraude, Francisco Dil Martínez, y tras cruzar datos inició un procedimiento contra Hispano Almería que tramita la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y está a la espera de sentencia.
El actual gerente de Hispano Almería, Miguel Ángel Morales Carrillo, rechaza que durante la época de su padre como gerente (de 1986 a 2010) existieran recibos con comisiones ilegales. “Nunca jamás”, afirma. Sin embargo, Morales ha denunciado en los juzgados recientemente el robo de “variada y muy amplia información” desaparecida de su empresa, que incluía “facturas y libros de contabilidad”, según afirmó en conversación telefónica.
Mientras, Amat, al observar con detenimiento uno de los recibos con sobornos a políticos por obras en Roquetas, rechazó, en declaraciones a EL PAÍS, que este representara pagos ilegales a él o a miembros de su corporación porque “confío en la gente que tengo”. “Este recibo no me parece nada de nada. Esta empresa no trabaja solo con Roquetas (…) A mí me extraña que se hayan pagado comisiones por una obra hecha en mi pueblo. Es imposible que figuren cargos políticos. Es imposible. Es imposible. Es imposible”, repitió. Cuando se le recuerda que los empleados de Hispano Almería le llamaban “el jefe”, Amat replica: “También me dicen que soy socio de Hispano. Estoy cabreado”.
Solo en 2009 las mordidas presuntamente ascendieron a un millón
Gabriel Amat ha llegado a la cúspide del PP en Almería como presidente después de 18 años de alcalde de Roquetas. Y su influencia en Sevilla y Madrid es notoria. El dirigente popular presume en público de su amistad con Javier Arenas y de tener hilo directo con los ministros Cristóbal Montoro y Miguel Arias Cañete, así como con la dirección nacional del partido en Génova. De hecho, es presidente del comité electoral del PP andaluz y desde 2012 es miembro de la comisión censora de cuentas del PP nacional, tras el Congreso nacional que se celebró en Sevilla. Amat negó a este diario ser miembro de esta comisión que ratifica las cuentas del PP nacional, pese a que fuentes de Génova lo han confirmado. Hace dos años Hispano Almería realizó parte de una obra en el garaje de Amat, pese a que era la mayor contratista con el Ayuntamiento de Roquetas.
Mientras, políticos como Bermejo niegan la mayor: “De ninguna forma he recibido pagos. No tengo ni idea y lo habría recordado. Nunca he aceptado nada”, matiza. Bermejo fue concejal de El Ejido 12 años, entre 1991 y 1995 a las órdenes del exalcalde Juan Enciso, detenido en la Operación Poniente (“cuatro años maravillosos”, define) y ocho años diputado de la Diputación de Almería. “Yo intentaba que las obras no tuvieran modificados, pero siempre hay un porcentaje de situaciones que no se contempla”, reconoce.
Para explicar la asombrosa continuidad de este sistema de pagos sin que se levantaran sospechas durante toda una década, un exempleado ilustra que las entregas en metálico (de hasta 170.000 euros) se realizaban en cajas de proyectos o de zapatos: “¿Tú sabes lo que abulta un billete de 500 euros? Nada”, se responde.
El alcalde de la capital, salpicado
El senador y alcalde de Almería Luis Rogelio Rodríguez Comendador (PP) encargó en 2000 a la constructora Hispano Almería una obra en un ático suyo. Fuentes de la empresa sostienen que el regidor no pagó esta reforma, algo que niega Rodríguez Comendador. Este defiende que pagó en metálico la reforma de su terraza, aunque ahora no puede localizar la factura dado el tiempo transcurrido desde que se ejecutaron las obras.
En la relación interna de obras de Hispano Almería figura el nombre de “Luis Rogelio” escrito a mano y situado a pie de página, con el código 314. Pero no figura entre las obras cobradas por la constructora.
El alcalde asegura que carece de factura pero recuerda el pago de 200.000 pesetas en efectivo (1.202 euros) y un pago por un talón de “algo más de 100.000 pesetas” (601 euros). “Le pagué directamente al constructor Miguel Ángel Morales, que me presentó Gabriel Amat, con quien mantenía una relación de confianza (…) En Hacienda tiene que figurar el pago de la factura”, aseguró el regidor.
Rodríguez Comendador contrató con Hispano Almería cuando presidía la Diputación de Almería (de 1995 a 2003), y asevera que la razón era evitar a empresas con las que entonces esta institución mantenía contrataciones de obras. “No me gustó tener que llamar a gente que trabajara con Diputación, por eso contraté con ellos”, alegó. Sin embargo, durante aquella época el organismo que presidía Rodríguez Comendador contrataba de manera habitual con la constructora. En los años siguientes a la reforma en el ático del senador del PP, el volumen de las obras contratadas con la Diputación almeriense se multiplicó: ejecutó obras en los municipios de Lubrín, Garrucha, Laujar, Tres Villas, Lijas, Berja, Carboneras, Bentarique y Terque.
* El País - JAVIER MARTÍN-ARROYO / MARTA SOLER - 27.10.13
Foto: LOS RECIBÍS. La documentación de la constructora que investiga la fiscalía señala supuestos pagos de Hispano Almería al PP para las campañas electorales de 2003 y 2008.
Álava.- Admiten una denuncia por delito urbanístico contra un parlamentario del PNV
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Como se sigue viendo, la corrupción urbanística existe en todas las autonomías y partidos del país, si bien en ciertas zonas es más abundante que en otras o, por lo menos, se da un tratamiento especial en los medios. En este caso se trata del alcalde de Valdegovía (Álava) que parece otorgó una licencia de construcción por decreto, a pesar de los informes técnicos desfavorables. Es decir, lo de siempre, la casta política se cree por encima de todo y de todos, aunque habrá que ver cómo termina esta acusación y si no hay otros beneficiados constructores de la misma cuerda.
"ELCORREO* : El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha admitido a trámite una denuncia interpuesta contra el alcalde de Valdegovía (Álava) y parlamentario del PNV, Juan Carlos Ramirez-Escudero, por supuestamente otorgar en 2011 una licencia para reconstruir un edificio en contra del criterio del arquitecto municipal. La Sala de lo Civil y lo Penal del TSJPV ha hecho público un auto en el que se declara competente para conocer la denuncia interpuesta contra este edil en su calidad de parlamentario vasco y considera que los hechos que se le imputan podrían ser constitutivos de un delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo.
La Sala admite así a tramite este caso y designa magistrada instructora para continuar con el procedimiento.
Los hechos, que provienen de un juzgado de Amurrio (Álava), se iniciaron por una denuncia interpuesta contra el primer edil de Valdegovía por la Junta Administrativa de Caranca y Mioma por un permiso otorgado para rehabilitar un edificio en esta última localidad. El auto relata que el 25 de junio de 2009 el Ayuntamiento de Valdegovía inició un expediente para declarar en ruina un edificio en Mioma, cuyo propietario solicitó un año más tarde, en junio de 2010, permiso para poder reconstruirlo.
El 24 de febrero de 2011, la arquitecta municipal de Valdegovía emitió informe en el que se rechazaba la posibilidad de reconstrucción. A pesar de ello, en abril de ese año, el propietario del edificio volvió a solicitar permiso de obras para su reconstrucción con un presupuesto de 42.000 euros y la arquitecta emitió de nuevo informe desfavorable.
Licencia en contra de los criterios técnicos
Sin embargo, el alcalde de Valdegovía a través de un decreto de la Alcaldía concedió licencia municipal para poder llevar a cabo la reconstrucción del edificio "contraviniendo los informes referidos y la legalidad en ellos expresada", según se recoge en los fundamentos de derecho del auto.
Ante estos hechos, el Ministerio Fiscal pidió al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que emitiera opinión sobre su competencia y sobre la posibilidad de estimar si los hechos relatados pudieran constituir un delito de prevaricación o un delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, al tiempo que reclamó que continuara la instrucción de la causa.
Ahora, la Sala de lo Penal y Civil considera que sí es competente para conocer esa denuncia por ser el acusado un parlamentario ya que el Estatuto de Autonomía establece que la "inculpación, prisión procesamiento y juicio" de los miembros del Parlamento Vasco corresponden al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Además, la Sala considera que examinado el relato de hechos se pudiera estar ante un delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo. Ante esta resolución, existe posibilidad de impugnación mediante recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de tres días.
* El Correo - EFE - 15.10.13
Foto: Valdegovía (Alava) - sientealava
Piden dos años de prisión para el exalcalde de Gerb por delitos urbanísticos
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La corrupción urbanística en Cataluña es similar en número y calidad delictiva a la del resto del país, como lo demuestra este caso del alcalde pedáneo de Gerb (Noguera) en Lleida, que autorizaba licencias ilegalmente, estando además relacionado directamente con varias empresas constructoras. Un caso típico de que 'él se lo guisaba y él se lo comía'. También era reincidente en esta irregular actividad urbanística, a pesar de que solo se esté juzgando, inexplicablemente, una parte de su mandato.
"ELPAÍS* : El fiscal solicita una pena de dos años de prisión y diez de inhabilitación especial para el ex alcalde de la Entidad Municipal Descentralizada (EMD) de Gerb (Noguera), Jacint Tribó, como presunto autor de un delito continuado contra la ordenación del territorio por la concesión de licencias de obras contrarias a la normativa vigente. Tribó fue alcalde pedáneo de Gerb desde 1987 y 2007. Los hechos por los que está siendo juzgado en la Audiencia de Lleida se produjeron entre los años 2004 y 2006, cuando el acusado otorgó diversas licencias de obras sin tener potestad para ello y sin existir ninguna competencia legal o delegada.
El fiscal considera que el acusado, que también era administrador en tres empresas dedicadas a la construcción, efectuó varias ventas de terrenos a distintos compradores y les expidió una treintena de licencias de obras que habían sido denegadas por el Ayuntamiento de Os de Balaguer, al que pertenece la pedanía de Gerb.
El fiscal señala en su escrito de acusaciones que en este caso concurre el agravante de reincidencia, ya que Tribó fue condenado en marzo de 2008 a ocho meses de prisión y siete de inhabilitación por autorizar la construcción de viviendas en suelo no urbanizable y cometer actividades prohibidas a una autoridad pública.
El acusado ha explicado al tribunal que otorgó las licencias porque estaba convencido de que tenía competencias para hacerlo, según un convenio urbanístico firmado en 1997 con el Ayuntamiento de Os de Balaguer, y que era una práctica que se venía haciendo “desde toda la vida”.
El ex alcalde de Os de Balaguer, Ignasi Cortés, ha declarado que Tribó no tenía competencias para otorgar licencias y que en diversas ocasiones le requirió verbalmente y por escrito para que no lo hiciera.
* El País - LLUÍS VISA - 23.10.13
Foto: Gerb (Noguera-Lleida), vista - turismo
¿Dimitir de qué? Dimite tú
Una frase que se suele aplicar a los países tercermundistas, donde predominan las dictaduras, la tenemos en este país aborregado, donde una casta política-financiera la aplica un día sí y otro también: "¿Dimitir de qué? Dimite tú". Además define a todos los órganos del poder, incluido al judicial, que debería ser garante de una cierta legalidad. Sin pretender hacer una larga exposición de las causas de este fenómeno tan 'tipical spanish', lo cierto es que sucede en todas las autonomías y zonas diferentes del país, como una especie de virus contagioso que actúa en el escalafón de arriba a abajo, lo contrario de lo habitual.
"JOSÉ MANUEL ATENCIA* : Antes de que Rafael Gómez Sandokán fuera condenado a seis meses de prisión y a una multa de 150.000 euros por un delito de cohecho en el caso Malaya, este empresario lideró una candidatura a las municipales en Córdoba con la que obtuvo 24.805 sufragios, convirtiéndose, con cinco concejales, en la segunda fuerza política con representación y en el primer partido de la oposición en el Ayuntamiento, por delante de Izquierda Unida y del PSOE. Fue la gran sorpresa de la cita electoral. Seis meses antes, su partido político, Unión Cordobesa, no existía. Y cuando lo creó, su propio fundador lo definió con dos palabras: “Una marabunta”.
Cuando se presentó a las elecciones estaba ya imputado por su presunta implicación en la trama de corrupción municipal que se había detectado en Marbella. Había sido detenido y sobre él pesaba la sospecha de un delito de cohecho. En la ciudad por la que se presentó como candidato a la alcaldía, había alcanzado el impresionante título de mayor deudor del Consistorio, que le impuso cerca de 40 millones de euros en multas por edificaciones ilegales. La principal, por construir naves sin licencias en las inmediaciones de Medina Azahara.
El día que Rafael Gómez conocía su condena por corrupción, se le cuestionó al alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto (PP), sobre si creía que su compañero de corporación debía dimitir. Nieto recordó que Gómez había contado con casi 25.000 votos en las elecciones y que la condena se debía a sus actuaciones “como empresario antes de ser concejal”. Y señaló: “Todo el mundo conocía que estaba inmerso en una causa judicial, por lo que así es la democracia, con su cara y su cruz y hay que aceptarlo como viene”. El PSOE no fue mucho más lejos en su crítica y optó por plantear el asunto como un problema de conciencia, pero sin pedirle la dimisión.
Décadas teorizando sobre el hecho de por qué no dimite nadie en España y llegó Rafael Gómez para resolver este dilema en una frase de apenas cinco palabras: “¿Dimitir de qué? Dimite tú”. En esta respuesta está resumida toda una filosofía de vida —la suya— y uno de los grandes problemas de la política en España —el nuestro—, que no es otro que la tolerancia frente a la corrupción. Esa frase hubiera sido inimaginable si los ciudadanos no hubieran premiado su candidatura con hasta cinco ediles. Y posiblemente también sus palabras hubieran sido distintas sin la tibieza del alcalde de Córdoba o el tímido reproche del PSOE tras la condena. ¿Hasta dónde hemos llegado para ver como normal que un representante público se mantenga en el cargo tras ser condenado por un delito de cohecho cometido contra otra administración pública? ¿Y cómo explicar que un concejal que se sienta en el Consejo de Urbanismo de un Ayuntamiento para velar por la legalidad urbanística sea una persona reiteradamente sancionada por incumplir esa misma legalidad?
Podría escribir una historia muy similar sobre el alcalde de Alhaurín el Grande, que abandona un año el Consistorio después de que el Supremo haya ratificado su condena por cohecho. Tras su detención, ganó dos elecciones municipales con más votos que nunca de sus ciudadanos y los mismos aplausos de siempre de su partido, el PP. Se va y anuncia que vuelve. El día de su despedida —temporal— medio millar de vecinos le hicieron un homenaje. Allí estuvieron para apoyarle un nutrido grupo de dirigentes del PP, entre los que se incluía un vicepresidente de la Diputación, una diputada, varios alcaldes y un grupo de históricos dirigentes.
Empieza a resultar alarmante esta tendencia a considerar que las urnas tienen la capacidad de convalidar cualquier irregularidad cometida por un representante público. Y provoca sonrojo invocar el amplio respaldo conseguido en unas elecciones para seguir aferrado al cargo. Tanto sonrojo, como la complicidad de los partidos hacia sus corruptos.
@jmatencia
* El País - Opinión - 18.10.13
Foto: caso'Malaya', Sandokán entrando como imputado - diariode sevilla.es
