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Se trata de un caso de compraventa ilegal de terrenos en el municipio de Zarra (Valencia). Pero llama la atención que sea una denuncia del año 2005, es decir que la justicia valenciana haya tardado 8 años (ocho) en las diligencias. Y más grave aun que sea sobre un asunto que ocurrió en 2003. Más de 10 años después se abre juicio oral contra el alcalde, algo incomprensible donde habría que buscar responsabilidades políticas y judiciales.
"ELPAÍS* : El juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Requena ha abierto juicio oral contra el alcalde de la localidad valenciana de Zarra, el independiente Juan José Rubio, por un presunto fraude en la compraventa de unos terrenos. El regidor se enfrenta a una pena de ocho años de prisión y a 22 de inhabilitación para empleo o cargo público, tal como pide la Fiscalía, que acusa a Rubio de fraude y falsedad al haber causado un "evidente y grave perjuicio a las arcas municipales".
El caso se remonta a julio de 2005, cuando la concejal del PP Rebeca Gonzálvez presentó una denuncia ante Fiscalía por presunto fraude en relación con la venta por un precio muy inferior al real de dos solares por parte del Ayuntamiento de Zarra a una sociedad cuyo único partícipe y administrador era el hijo del primer edil, Sergio Rubio.
Según las conclusiones del juzgado, el Ayuntamiento compró en 1994 una finca por 750.000 pesetas (unos 4.500 euros) y otra parcela en 2000 por 1,5 millones de pesetas (unos 9.000 euros). Las dos propiedades municipales fueron vendidas a mediados de 2003 a la empresa Telizán, SL, que pertenecía al hijo del alcalde, por un precio total de 45.080 euros.
El auto con el que el juez cierra la instrucción indica que la operación fue "urdida para perjudicar al Ayuntamiento de Zarra, pues se desprendía de bienes cuyo valor económico era muy superior al precio recibido" y, de paso, se beneficiaba "directamente al hijo del alcalde". Según una valoración pericial, ya solo una de las fincas valía 190.150 euros porque en ella se había construido un almacén.
En la tramitación de los expedientes para la enajenación y venta de las parcelas se cometieron diversas irregularidades por las que también se abre juicio a cuatro concejales, la secretaria municipal y el arquitecto técnico del Ayuntamiento.
El juez considera que los hechos pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude funcionarial y otros de falsedad documental.
Al alcalde, además, el juez le achaca varios delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación por la concesión irregular de una veintena de licencias de construcción supuestamente ilegales a la empresa de su hijo.
El juzgado acordó en marzo abrir el juicio contra el regidor, los concejales y funcionarios municipales, y el hijo del alcalde, acusado de ser cooperador necesario.
En el escrito fiscal, cuyos hechos coinciden prácticamente con los relatados por el magistrado, se acusa a Juan José Rubio de un delito continuado de fraude y de otros dos de falsedad documental, y se le pide una pena de ocho años de cárcel, 22 de inhabilitación para empleo o cargo público, y el pago de una multa de 10.800 euros.
Asimismo, el ministerio público reclama para el hijo del primer edil tres años de cárcel y otros 10 de inhabilitación; la misma pena que solicita para los ediles. Además, respecto a la secretaria, el fiscal pide ocho años de cárcel y 22 de inhabilitación; y en cuanto al arquitecto, reclama cinco años de cárcel y 12 de inhabilitación.
Por vía de responsabilidad civil, el fiscal pide que se acuerde la nulidad de la venta de las dos parcelas "por haberse realizado con consciente desprecio a la normativa administrativa reguladora de la enajenación de bienes públicos y en perjuicio del Ayuntamiento de Zarra".
Juan José Rubio Navarro es alcalde de Zarra desde 1979 y ha revalidado su cargo hasta en ocho ocasiones, primero como candidato del PSPV-PSOE y, a partir de 2007, como líder de la Agrupación de electores por Zarra (AEPZ).
En enero de 2006, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia valenciano presentó una denuncia en los juzgados de Requena contra Rubio y tres concejales socialistas por varios delitos de prevaricación, falsedad, fraude y estafa.
Rubio fue expulsado entonces del PSPV-PSOE y formó la agrupación electoral independiente AEZP, con la que en las elecciones municipales de 2007 ganó cuatro de los siete concejales de Zarra, un pueblo de apenas 500 habitantes de la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes, en el interior de la provincia de Valencia.
Con su actuación, el fiscal del TSJCV ratificaba la denuncia presentada en diciembre de 2005 por la concejal del PP de Zarra Rebeca Gozálvez contra el alcalde por irregularidades en la compraventa de inmuebles llevada a cabo por la Sociedad Municipal de Servicios Zarra, SL y la mercantil Telyzan, SL, perteneciente al hijo del edil.
* El País - EP - 23.5.13
Foto: Zarra - todopueblos
El fiscal pide ocho años de cárcel para el alcalde de Zarra por fraude y falsedad
Amnistía denuncia la desprotección en el derecho a la vivienda
El artículo 47 de la Constitución española dice: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos". Y de aquí viene la denuncia de Amnistía Internacional.
"PÚBLICO* : "El Gobierno aprobó reformas legislativas en relación con la crisis económica sin evaluar sus repercusiones en los derechos de los sectores de población vulnerables". Es una de las conclusiones recogidas en el último informe anual de Amnistía Internacional, que en el caso de España pone el foco en el acceso a la vivienda como uno de los derechos que se han visto más desprotegidos durante 2012".
En concreto, el informe recoge los casos de desalojos forzosos de La Cañada Real y de 300 personas de un asentamiento informal en Puerta de Hierro, ambos en territorio madrileño. Pero la preocupación de la organización no gubernamental se extiende también a la situación de las miles de personas que han sido desahuciadas durante el pasado año a causa de una legislación "anormal", según ha señalado el director de AI en España, Esteban Beltrán.
"El derecho a la vivienda no se encuentra protegido en España. Existe en la Constitución, pero no es un derecho fundamental y nunca se ha aceptado un recurso de amparo por este tipo de casos ante el Tribunal Constitucional", ha afirmado Beltrán, quien ha anunciado que Amnistía Internacional llevará a cabo una investigación sobre el derecho a la vivienda en España en los próximos meses.
El principal problema, según ha señalado, es que no existe un marco legal al que los jueces puedan acogerse con respecto al derecho de acceso a la vivienda, sino solamente sobre cuestiones de deuda. "Hay un problema enorme de jurisdicción", ha dicho el director de la ONG, que ha pedido que "se paren todos los desalojos hasta que los afectados tengan el marco legal oportuno para poder defenderse".
Por ello, Amnistía ha anunciado que piensa tomar varias medias al respecto. A largo plazo, tratar de que PP y PSOE lleguen a un acuerdo para cambiar la Constitución y que el acceso a la vivienda sea considerado como un derecho fundamental. A corto y medio plazo, que los tribunales puedan empezar a aplicar un derecho a la vivienda adecuado. A este respecto, Beltrán ha recordado que el 5 de mayo entró en vigor el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por España en 2010 y por lo tanto vinculante, y que permite a los afectados acudir ante la ONU y otras instancias judiciales para defender su derecho a la vivienda.
"En junio, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU expresó su preocupación por que continuaran ejecutándose desalojos forzosos en incumplimiento de las garantías jurídicas internacionales, que incluían un proceso genuino de consulta previa, una indemnización y una alternativa adecuada. El Comité recomendó adoptar un marco jurídico que estableciera directrices aplicables antes de proceder a un desalojo", cita el informe.
La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, que acudió a la presentación del informe ayer en Madrid, reivindicó que el derecho a la vivienda no supone sólo el acceso a un bien material, sino que "es condición necesaria para el desarrollo de otros derechos", como el derecho a la salud o a la alimentación. "Si algo sobra en este país en crisis son viviendas vacías. No hay falta de recursos. Se están privando los derechos de las personas para favorecer los intereses especulativos", denunció Colau, que criticó que el Gobierno, frente a la actuación de la ciudadanía, esté "estigmatizando, criminalizando y reprimiendo" a quienes defienden los derechos de las personas.
* 20 Minutos - LUCÍA VILLA - 23.5.13
Foto: Una de las múltiples protestas en España contra la política de recortes del Gobierno - AI
Blesa (Caja Madrid) prestó 6,7 millones a una empresa Gürtel para financiar un amaño en Boadilla
Se empiezan a conocer datos sobre la procedencia del dinero para la corrupción y especulación urbanística de los pasados años. La unión interesada de políticos y financieros fue la culpable de la gran estafa de la 'burbuja inmobiliaria' que finalmente ha derivado en crisis total. El amiguismo político para financiar ilegalidades mayúsculas contra la Ordenación del Territorio era una práctica generalizada como ya se pensaba entonces, con poco éxito judicial (hay que decirlo). El caso de CajaMadrid es emblemático en poblaciones 'populares' como la madrileña Boadilla del Monte.
"20MINUTOS* : Caja Madrid, cuando la dirigía Miguel Blesa, concedió dos préstamos que sumaban 6,7 millones de euros a uno de los principales imputados en la trama Gürtel, el exvicepresidente de Repsol Ramón Blanco Balín, para que pudiera llevarse uno de los principales contratos que la red de Francisco Correa amañó en Boadilla del Monte, uno de los epicentros de la trama. Los dos préstamos, de 5,9 millones y 800.000 euros, se concedieron en junio y agosto de 2008. Blesa dejó Caja Madrid en enero de 2010. Está acusado de apropiación indebida".
El negocio era redondo para Blanco Lalín y la trama de Correa. El Ayuntamiento de Boadilla, gobernado entonces por Arturo González Panero (otro de los imputados), sacó a concurso "el derecho de superficie" de tres parcelas en la mejor zona de Boadilla, dónde se iban a construir locales comerciales y plazas de garaje. En total, 33 locales y 178 garajes en la Avenida Siglo XXI, por donde pasa en tren ligero. La adjudicación se la llevó Rústicas MBS S.L en octubre de 2005, empresa de Blanco Lalín, que luego en 2007 cedió la concesión a otra firma de Blanco Lalín, Artas Consultoría.
Artas Consultoría gestionaría los 33 locales y los 178 garajes durante 99 años. Y a cambio sólo pagaría al Ayuntamiento de Boadilla un canón anual de 81.344 euros, un canon que había sido reducido porque fue fijado inicialmente en 320.000 euros. "Todo un chollo", denunció entonces PSOE y Alternativa por Boadilla, ya que ¿cuánto podía sacar Blanco Lalín si alquilaba el espacio a su disposición?
Un informe de la Policía Nacional, remitido a la Audiencia Nacional el 30 de enero de 2009, y al que ha tenido acceso 20Minutos, ponía exactamente como ejemplo de los negocios amañados por Correa la adjudicación de Rústicas: "La forma de actuar de la organización es captar una adjudicación de tipo urbanístico de una Administración Pública, buscar una empresa capaz de realizarla, ofrecerle el negocio a cambio del cobro de una comisión y avalarla en el concurso respectivo, el cual está previamente concertado".
Blanco Lalín, "un potencial elevadísimo"
El informe de operación de riesgo, que Caja Madrid emitió para analizar la petición de Artas Consultora, refleja que "Artas nos solicitó en junio de este año [se refiere a 2008] un préstamo de 5,9 millones para financiar las obras de construcción de 33 locales y 106 plazas" (aunque la adjudiación fueron 178 plazas). Ese primer préstamo fue concedido por el comité financiero, a 15 años. Con la operación que ahora se analiza, un segundo crédito de 800.000 euros, "lo que se solicita es la financiación del IVA de las obras de construcción".
El informe de Caja Madrid avala el segundo crédito, ya que "la principal compensación a futuro es el inicio de operaciones con el entorno de Ramón Blanco, cuyo potencial es elevadísimo, y sin duda nos aportará nuevas relaciones comerciales con clientes de primera fila, económicamente hablando". El informe también responde a la pregunta que se planteó la oposición de cuánto sacaría Blanco Lalín si alquila todos los locales y garajes: "115.000 euros mensuales", lo que quiere decir 1,3 millones de euros al año (cuando solo devolvía al Ayuntamiento un canon de 81.000 euros). Si se hubieran mantenido esos precios en los 99 años de concesión, el negocio era de 136 millones de euros.
El informe de la Policía también revela la función de Blanco Lalín en la red de Correa: "la gestión y la intermediación financiera de su estructura societaria. Diseño de la estructura de blanqueo". Se le acusa de mover más de 50 millones de euros. Nacido en Léon, es licenciado en Ciencias Económicas, auditor de cuentas e inspector de Hacienda, como Miguel Blesa y José María Aznar. De hecho, Blanco Lalín estuvo junto al expresidente del Gobierno en la redacción y edición de la revista del Centro de Estudios Financieros entre 1983 y 1984. Y Aznar y Blesa, eran amigos.
Boadilla quiere recuperar los locales
El 6 de octubre de 2011, el Ayuntamiento de Boadilla, a través de su Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, decidió rescindir el contrato con Artas Consultora. Era el nuevo equipo municipal tras la marcha de Panero. "A día de hoy solo cuatro de los 33 locales están ocupados", explica a este diario Miguel Ángel Ruíz López, concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Asuntos Jurídicos. "El objetivo es recuperar para el patrimonio municipal estos locales y plazas de garaje. También iniciamos acciones legales para reclamar los daños y perjuicios producidos así como las cantidades no pagadas del canon correspondiente".
El edil reconoce que el anterior Ayuntamiento alquiló dos de esos locales para poner una comisaría y una oficina de la empresa municipal de suelo y vivienda, pero que se marcharán de allí en breve y que no pagan el alquiler desde que ellos llegaron al poder a finales de 2011. Aunque en el marco de la investigación la Audiencia ha bloqueado los bienes de Artas y José Ramón Blanco Balín, solo quedan por devolver del préstamo unos 960.000 euros, según fuentes jurídicas.
Blanco Lalín se ha acogido recientemente a la amnistía fiscal del Gobierno, según ha comunicado la Audiencia Nacional al juez del caso Gürtel. El empresario afloró 504.743 euros.
* 20 Minutos - D. FERNÁNDEZ. 24.05.2013
Foto: Madrid, Blesa y Aznar en CajaMadrid - elperiodico
Mallorca.- La Policía busca en las casas de Munar y Nadal dinero de la corrupción
La expresidenta de Unión mallorquina y expresidenta también del Consell de Mallorca, M.A.Munar, ha estado en los años de la burbuja inmobiliaria siempre en primera línea de todas las 'presuntas' ilegalidades en Mallorca. Ella, junto a su partido, han sido claves para la gobernabilidad de la isla y, ahora, bastante tarde también, comienzan a aflorar numerosas causas judiciales por las irregularidad urbanísticas cometidas.
"PÚBLICO* : La Policía Judicial estaba registrando la tarde de este lunes los domicilios de la expresidenta del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar, en Costitx (localidad del centro de la isla), y del exvicepresidente de la misma institución, Miquel Nadal, en Palma, por orden de la Fiscalía Anticorrupción, en relación con el caso Can Domenge. Los investigadores buscan dinero que pudieran haber cobrado ambos políticos de Unión Mallorquina por la supuesta venta irregular del solar de Can Domenge en 2006, en la que habrían beneficiado a la empresa Sacresa, o bien datos que puedan conducir a encontrar dicho efectivo.
Tras los registros, Munar, que también fue presidenta del Parlamento balear, ha revelado que los agentes de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía que han registrado esta tarde su casa de Costitx y de Palma de Mallorca "se han llevado recortes de periódicos y escrituras públicas de mis propiedades".
En declaraciones a Europa Press, Munar ha considerado que el registro de sus dos viviendas es una actuación "normal" tras la denuncia realizada este lunes en los Juzgados por el exconseller insular de Territorio Bartomeu Vicens, respecto a las supuestas irregularidades cometidas en la venta del solar de Can Domenge a la mitad de precio de lo estipulado.
La también expresidenta de Unió Mallorquina ha desvelado que en el registro de su vivienda de Costitx, que se ha prolongado desde las 18.30 hasta las 20.00 horas, estuvieron presentes los fiscales Anticorrupción Miguel Ángel Subirán y Ana Lamas, así como el jefe de la Policía Judicial, Antoni Cerdà.
Munar ha aseverado que "no queda más remedio" que entender que ambos registros se enmarcan en una actuación normal, tras la denuncia de Vicens, al tiempo que ha esperado que en próximas fechas, le llamen a declarar sobre este asunto, si bien desconoce si será como imputada o como testigo.
Tras indicar que ha sido la primera vez que registran sus viviendas, Munar ha señalado que la Policía Nacional también ha registrado la vivienda en Palma del exvicepresidente del Consell de Mallorca y exconseller de Turismo del Govern, Miquel Nadal.
Vicens fue condenado en 2010 a tres años de cárcel y seis meses de inhabilitación absoluta por el delito de malversación en el caso Son Oms, si bien tiene otras causas pendientes, por las que podría ser condenado a 20 años de cárcel.
El Tribunal Superior de Justicia condenó a Vicens por pagar con 12.000 euros de fondos públicos a su contable Tomás Martín al que encargó un estudio inmobiliario sobre el valor del suelo en la isla, informe que el tribunal consideró innecesario y que Martín plagió de internet.
Por otro lado, la Audiencia de Palma ya ha fijado fecha para la celebración del juicio de Can Domenge, que comenzará el próximo 5 de junio, en el que también están encausados los exconsellers de Territorio Bartomeu Vicens y de Economía Miquel Àngel Flaquer, todos ellos de la extinta Unió Mallorquina (UM), así como un abogado y un empresario.
La Fiscalía Anticorrupción cree que los cuatro políticos diseñaron "un traje a medida" al crear un concurso para beneficiar a la empresa Sacresa con la venta de la finca de Can Domenge, un solar de más de 52.000 metros cuadrados con capacidad para edificar para 600 viviendas, que se adjudicó a la unión de empresas Sacresa-Ferratur por la mitad de lo ofertado por el Grupo Núñez y Navarro, 30 millones de euros frente a 61.
El registro se ha producido tras trascender la noticia de que la Audiencia de Palma de Mallorca celebrará a partir del 5 de junio el juicio del caso Can Domenge, que sentará en el banquillo por segunda vez a Munar por la venta presuntamente corrupta del solar que da nombra al procedimiento.
También está acusado en el mismo caso el exvicepresidente del Gobierno balear Miquel Nadal, cuya casa también estaba siendo registrada esta tarde por la Policía.
Del mismo modo, están encausados los entonces consellers de Territorio, Bartomeu Vicens, y de Economía, Miquel Àngel Flaquer, todos ellos de la extinta Unió Mallorquina (UM), así como un abogado y un empresario.El juicio abordará el plan presuntamente trazado por los cuatro políticos para beneficiar a la empresa Sacresa con la venta de la finca de Can Domenge en 2006.
La venta de este solar de más de 52.000 metros cuadrados con capacidad para edificar 600 viviendas, ubicado en el centro de Palma, se adjudicó a la unión de empresas Sacresa-Ferratur por la mitad de lo ofertado por el Grupo Núñez y Navarro (30 frente a 61 millones), impulsor de la querella que inició la investigación.
La Fiscalía Anticorrupción considera que los políticos diseñaron un "traje a medida" para lograr sus fines y que el plan se trazó con total desprecio de las normas administrativas y legales, facilitando información confidencial privilegiada y con grave perjuicio del patrimonio público.
Por este caso de supuesta corrupción la Fiscalía pide 6 años de cárcel para Munar, Nadal, Flaquer y Vicens por los delitos de fraude a la Administración y revelación de secretos, así como entre 8 y 10 años de inhabilitación para cargo público por prevaricación.La acusación pública considera que Munar fue quien impartió las órdenes pero los cuatro políticos idearon, prepararon y desarrollaron los actos administrativos que hicieron posible la venta del inmueble de mayor valor del Consell, fingiendo un interés público y simulando el motivo real.
El ministerio público pide también un año y medio de prisión para el abogado Santiago Fiol por fraude y revelación de secretos, y para el empresario dueño de Sacresa, Román Sanahuja, solicita 2 años por fraude y uso de información confidencial.
Está previsto que el juicio comience el 5 de junio y la Sección Segunda de la Audiencia ha reservado un total de 13 jornadas para la celebración de la vista oral, que podría finalizar el 5 de julio.En febrero de 2012 se decretó el embargo preventivo de once inmuebles propiedad de la expresidenta del Consell y la retención del dinero de sus cuentas, para cubrir la fianza civil de 37,1 millones de euros impuesta por la juez del caso, así como de doce inmuebles de Nadal y uno de Flaquer.
Este juicio será el segundo contra Munar, después del celebrado en mayo del año pasado por el caso Maquillaje, en el que fue condenada a 5 años y medio de cárcel por desviar 240.000 euros del Consell de Mallorca a través de la productora Vídeo U, una pena que recurrió su defensa al Tribunal Supremo y que aún no es firme.
Para Nadal podría ser la tercera condena después de la de 2 años y 7 meses por el mismo caso Maquillaje en el que fue considerada culpable Munar, y la de 4 años de cárcel por regalar 13.000 euros al exconcejal de Turismo de Sóller Tomás Plomer a través del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), en una pieza del caso Voltor.
* Público - Agencias - 20.5.13
Foto: Mallorca, exconsejero Nadal y expresidenta Munar
Benidorm.- El fiscal pide cárcel para la cúpula que saqueó Terra Mítica
Como siempre ocurre en casos de ilegalidades urbanísticas la justicia llega tarde, pero en algunos casos mejor es tarde que nunca. Por fin parece que se va a juzgar a los responsables directos del 'pelotazo' de Terra Mítica (Benidorm), una trama corrupta de comisiones y otras irregularidades que afectaron a la construcción y gestión del parque temático. Aunque da la impresión que los altos cargos políticos de la Comunidad y la provincia alicantina, que dieron el visto bueno a todo lo que se hizo ilegalmente, se van a ir 'de rositas', otra vez más.
"ELPAÍS* : El primer icono de la política de grandes eventos del PP valenciano, Terra Mítica, también se verá sometido a juicio. La Fiscalía Provincial de Valencia fijó ayer su petición de penas para cuatro de los principales responsables de la gestión del parque temático de Benidorm y los otros 33 directivos y empresarios que participaron en una trama para cobrar en 2000 y 2001 por trabajos no realizados y defraudar al fisco importes que alcanzaron los 4,4 millones de euros.
La Fiscalía pide para el ex presidente del consejo de administración de Terra Mítica Parque Temático de Benidorm Luis Esteban siete años de prisión y para el exdirector general Miguel Navarro, el ex director técnico Antonio Rincón y el ex jefe del departamento de Contratación Justo Valverde —cuñado del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana— una pena de diez años de cárcel. Para el resto de imputados solicita penas que van desde los cinco años y siete meses hasta 53 años y cuatro meses.
A quienes formaron parte de la cúpula de Terra Mítica se les imputan delitos de estafa y contra la Hacienda Pública y —a excepción de Luis Esteban— falsificación en documento mercantil.
El ministerio público considera que, pese a que se contrataron distintas empresas para dirigir las obras de construcción de Terra Mítica, Miguel Navarro y Justo Valverde se pusieron de acuerdo con el empresario Vicente Conesa —responsable de las firmas C3 Ingeniería de la Construcción y Medio Ambiente y Desarrollo de Proyectos, Instalaciones y Mantenimientos— para sacar del control de la gerencia una parte de los trabajos del parque y conseguir colar un buen número de facturas. A estos documentos se los dotaban de “una apariencia de realidad, pese a que recogerían trabajos y suministros que no iban a ser reales, prestados por empresas que nunca iban a trabajar en dicho parque”. A Antonio Rincón, los antes citados le ofrecieron una comisión por participar en la trama.
El empresario Vicente Conesa —para quien la fiscalía pide el comiso del chalet que posee la familia en Teulada, comprado con el dinero supuestamente estafado— estuvo implicado en un escándalo relacionado con la adjudicación supuestamente irregular del mapa sonoro de Benidorm en la etapa en que Eduardo Zaplana era alcalde. Para Conesa el fiscal pide una pena de 28 años y siete meses.
El propio expresidente popular se vio salpicado por los escándalos de Terra Mítica cuando dos empresarios implicados le acusaron, en una conversación con dos diputados socialistas, de cobrar comisiones ilegales durante la construcción de Terra Mítica a través de Vicente Conesa. Al final, el episodio quedó en nada.
En su calificación, el Fiscal pide que los que formaron parte de la cúpula del parque y los empresarios imputados paguen, en diferentes grados, un total de 7,8 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.
El accidentado proceso judicial sobre las irregularidades relacionadas con la construcción de Terra Mítica arrancaron en abril de 2005 y, tras distintas vicisitudes, encaró su recta final el mes pasado. La Audiencia Provincial de Valencia transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado y abrió el plazo a las partes personadas para que realizasen sus peticiones.
En el escrito de calificación, el fiscal relata que los autores intelectuales de la trama establecieron tres niveles distintos de empresas. Un nivel que fingía trabajos inexistentes y proveía de material a otras empresas. Un segundo nivel que recibía las facturas, emitía pagarés y retiraba dinero de las cuentas. Y, por último, un tercer nivel de sociedades que confeccionaba operaciones ficticias entre empresas y aminoraba las cantidades de IVA que tenían que pagar a la Agencia Tributaria.
* El País - JOAQUÍN FERRANDIS - 22.5.13
Foto: El parque Terra Mítica en Benidorm. / KAI FÖRSTERLING (EFE)
Ley de Costas: arbitrariedad, despilfarro, privatización
Esta noticia ya lleva varios meses de actualidad, pero todavía gran parte de la sociedad no se ha dado cuenta de la gravedad de la misma y la gran estafa que supone esta nueva Ley de Costas para el patrimonio público y la Ordenación del Territorio. Algo que, lamentablemente, pagaremos todos y, desde luego, las próximas generaciones que se preguntarán cómo pudo ser posible este fraude mayúsculo sin una mayor contestación social.
La nueva Ley de Costas, aprobada en el Congreso y en el Senado por el partido popular, crea indefensión jurídica y su arbitrariedad puede producir un caos jurídico que despilfarraría, además, los 180 millones de euros invertidos en deslindar la costa.
"TERCERA* : La modificación ha sido realizada a espaldas de los técnicos, la sociedad y, sobre todo, de la naturaleza. Ecologistas en Acción considera que Arias Cañete pasará a la historia reciente como el ministro que más dañó el Medio Ambiente. Con la aprobación del pasado 9 de mayo se rompe definitivamente el valor de la costa como bien público y no como un recurso mercantil.
La ley que se aprueba en el Congreso de los Diputados conlleva varias claves que darán un giro a la gestión costera y abrirán de par en par las puertas a un proceso de privatización. Estas claves principales son:
1. La ampliación de las actuales concesiones en el Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) pasan de concederse por 30 años ampliables a 75 años y con la capacidad de contratos de compraventa intervivos. Lo que privatiza las zonas más estratégicas para la socioeconomía en nuestro litoral.
2. Se puede producir una reducción mayoritaria solicitada por los ayuntamientos para núcleos urbanos disperos donde la Zona de Servidumbre de Protección (ZSP) del DPMT, pasaría de 100 metros a 20 metros. Es decir, adelantaría la ocupación urbanística 80 metros al mar en lugares que cumplan criterios como el abastecimiento de agua o luz. Estas ZSP son competencias de las Comunidades Autónomas (CC.AA.), lo que agrava aún más esta modificación legislativa.
3. Se sacan del deslinde del DPMT y, por tanto del uso público, urbanizaciones junto al mar como Ampuria Brava en Cataluña. Se privatizan buena parte de los humedales costeros excluyendo del deslinde salinas, esteros e instalaciones acuícolas.
4. Se facilita la ocupación de la costa en torno a los paseos marítimos, posibilitando otro proceso renacentista de la burbuja inmobiliaria en la costa, desafectando los territorios que quedan al interior de los paseos marítimos, tal y como señala la disposición adicional tercera. No se tienen en cuenta los impactos socioeconómicos en los municipios que se pueden ver afectados por este cambio legislativo ni la peligrosidad que puede conllevar para núcleos urbanos y periurbanos que han construido paseos marítimos sobre cordones dunares o partes altas de la propia playa. Ya que, estos lugares se han visto afectados por numerosas inundaciones y daños en los propios paseos que deben ser costeados por la administración y que pueden conllevar un riesgo para las personas. Algunos lugares que pueden verse afectados son Blanes, Palamós, Peñiscola o La Manga.
5. Se favorece el uso privativo y exclusivo en torno a la explotación turística permitiendo y facilitando fiestas privadas, colocación de publicidad, instalaciones de chiringuitos por 4 años, cada vez más grandes y cada vez más juntos.
6. Se permiten arbitrariedades no propias de un Estado basado en el Derecho, ya que deja imprecisiones técnicas como las recogidas en la Disposición adicional sexta. Exclusión de determinados núcleos de población del dominio público marítimo-terrestre, donde se da un listado de núcleos urbanos que se excluyen del DPMT sin ninguna argumentación técnica. Esta vaguedad argumental puede constituir un hecho jurídico que fundamente numerosos casos de indefensión jurídica en otros puntos del litoral lo que, ocasionará un alto número de procesos judiciales y contenciosos-administrativos que pueden hacer colapsar la actividad efectiva de las Demarcaciones de Costas.
7. Se olvidan los hechos. La ley está desactualizada ya que en el escenario actual de Cambio Climático, siendo la costa uno de los lugares más sensibles, se legisla de espaldas al Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático. Y se tramitó en el senado esta ley bloqueando las comparecencias de la comunidad científica como es el caso de Miguel Ángel Losada Catedrático de la Universidad de Granada o Juan Manuel Barragán, Catedrático de la Universidad de Cádiz.
* Tercera Información - 18.5.13
Foto: Costa, cartel defiende tu costa - tercera
La corrupción colapsa el Tribunal Superior de Justicia valenciano
En bastantes ocasiones nos hemos referido a la saturación judicial que afecta a todo el país, debido a las numerosas causas pendientes por corrupción o especulación urbanística. El problema viene de lejos y comprende la falta de medios materiales y humanos de la administración judicial, así como al poco interés demostrado por las autoridades de la justicia para resolverlo. En un tema como el Urbanismo esto es crítico pues supone una tardanza excesiva en los asuntos graves y, por tanto, la prescripción del delito, o que cuando se actúe lo hacen una vez que ya es irreversible el atentado contra la ordenación territorial. Eso ocurre, exacerbado, en la Comunidad valenciana.
"ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia valenciano, donde se centralizan las principales causas de corrupción de la comunidad autónoma, se halla en una situación parecida al colapso. El motivo: la falta de medios, que es responsabilidad de la Generalitat, y el rápido aumento de las causas en pocos años. El anterior presidente del tribunal, Juan Luis de la Rúa, solía decir que su cargo era una canonjía. De la Rúa, utilizaba la palabra en la segunda acepción que recoge el diccionario: “Empleo de poco trabajo y bastante provecho”.
El magistrado accedió al puesto en 1999, permaneció en él hasta 2010 y durante la mayor parte de su mandato la afirmación fue cierta. La Sala Civil y Penal del tribunal, compuesta por cinco jueces, tenía poca carga de trabajo. Sus competencias comprendían básicamente, como ahora, la revisión de los casos en que se aplica el derecho civil foral valenciano (pocos). Y la investigación de las causas que implican a personas aforadas: miembros del Gobierno autonómico y de las Cortes Valencianas.
Esta segunda vía empezó a aumentar al final del mandato de De la Rúa, con decisiones polémicas por su parte, como el prematuro archivo del llamado caso de los trajes, que afectaba al entonces presidente valenciano Francisco Camps, en 2009. Desde entonces, las causas de corrupción instruidas en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no han dejado de crecer y alguna de las que ya estaban abiertas, como la vertiente valenciana del caso Gürtel, ha visto cómo se multiplicaban los hechos a investigar, que han pasado a formar nuevas piezas separadas.
Aunque solo hay nueve aforados valencianos imputados (los nueve son diputados autonómicos del PP), su presencia en una causa arrastra al TSJ al resto de implicados. El resultado es que los cuatro casos abiertos en el tribunal suman cerca de un centenar de imputados. Solamente en las seis piezas separadas de Gürtel hay ya 53.
Esa cantidad de trabajo, coinciden varias fuentes, no explica por sí sola la situación del tribunal, en el que pasos que normalmente tardarían semanas requieren meses. Las fuentes apuntan a la falta de medios materiales y humanos, no de magistrados sino de secretarios judiciales y personal de apoyo.
Los cuatro jueces que instruyen causas en el TSJ trabajan, en total, con dos secretarios judiciales y siete funcionarios. Cuando lo normal en un juzgado que investiga causas penales tan complejas (Emarsa, por ejemplo) es que un solo juez cuente para él con un secretario judicial y diez funcionarios.
La Sala Civil y Penal solo tiene, además, una fotocopiadora. En realidad se trata de una máquina multiuso que se utiliza también para escanear los escritos, lo que genera monumentales atascos, obligando a las partes a hacer cola para recoger la documentación. Y como la mayoría de fotocopiadoras, añaden las fuentes, sufre problemas técnicos regularmente, bloqueando el normal avance de las causas.
Solo hay dos personas, para toda la Audiencia Provincial de Valencia y para el TSJ, dedicadas a transcribir declaraciones e intervenciones telefónicas. Y no tienen a su disposición precisamente lo último en tecnología. La escasez ha obligado a aplazar transcripciones del caso Gürtel en favor de las del caso Blasco (que investiga el millonario saqueo de las ayudas públicas a la cooperación), dado que en esta causa uno de los imputados se encuentra en prisión preventiva y goza por ello de prioridad.
A pesar de tener preferencia, la magistrada instructora del caso Blasco, María Pía Calderón, ha dejado patente por escrito su malestar por las condiciones del procedimiento. Y se ha visto forzada a renunciar, de momento, a interrogar a los implicados sobre el grueso de la causa, dado que estos aún no han tenido acceso a toda la documentación.
El magistrado José Ceres, que investiga la rama valenciana de Gürtel, dio por concluida en diciembre la instrucción de una de las seis piezas que componen la causa. Se trata de la que afecta, entre otros, a la expresidenta de las Cortes Valencianas y exconsejera de Camps, Milagrosa Martínez, por las adjudicaciones a la trama corrupta vinculadas con la feria turística Fitur. La lluvia de recursos y la falta de medios —con tan pocos funcionarios el mero envío de oficios lleva su tiempo— ha retrasado hasta ahora la apertura de juicio oral. Y las fuentes consultadas ven improbable que el juicio se celebre hasta después del verano, dado que se prevé largo, agosto es inhábil y no tendría mucho sentido empezarlo en julio y tener que interrumpirlo para retomarlo en septiembre.
Algunos imputados, como la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, se han quejado de dilaciones en la causa. A pesar de que la lentitud también es achacable, en parte, a recurrir cada decisión que toma el juez instructor. Y la alcaldesa presentó el año pasado 21 en apenas tres meses.
Un centenar de imputados
El Tribunal Superior de Justicia valenciano solo instruye aquellos casos en los que están imputados aforados: miembros del Consell o de las Cortes Valencianas. La presencia de un aforado en una causa arrastra al TSJ, sin embargo, al resto de implicados. El resultado es que las acusaciones contra nueve diputados autonómicos ha conducido al Tribunal Superior a cerca de un centenar de imputados. El órgano no fue diseñado para funcionar como un tribunal de instrucción a ese nivel, y su actual nivel de actividad es prácticamente único entre las comunidades autónomas.
Caso Blasco. Se investiga el desvío de cerca de seis millones de euros (aunque algunos cálculos casi doblan ese importe) de fondos públicos destinados por la Generalitat a la cooperación internacional. La imputación de Rafael Blasco, que fue siete veces consejero de la Generalitat y hasta hace unos meses se mantuvo como portavoz popular en las Cortes Valencianas, supuso que el TSJ se hiciera cargo de un asunto en el que hay una treintena de imputados.
Caso Gürtel. El juez José Ceres investiga la rama valenciana de la causa, que en los últimos meses ha visto cómo se doblaban el número de piezas separadas que la integran, hasta sumar seis. Aunque Ceres dio por concluida la investigación de una de las piezas en diciembre, preparando el terreno para la apertura de juicio oral, el aluvión de recursos y la falta de medios ha ido retrasando la decisión. La celebración del juicio parece improbable hasta después del verano. El caso tiene en Valencia 53 imputados.
Caso Brugal. La condición de diputados autonómicos de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su predecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, elevó al TSJ la parte del caso Brugal en la que se investiga el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad en favor del constructor Enrique Ortiz.
Caso Alperi. La última causa que ha asumido el TSJ también tiene como protagonista a Alperi, que fue alcalde de Alicante entre 1995 y 2008. La fiscalía le acusa de tres delitos fiscales (habría ocultado dos millones de euros al fisco), falsedad documental y cohecho.
* El País - IGNACIO ZAFRA - 14.5.13
Foto: Valencia, Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad - juridico
Fomento suprimirá 48 líneas de Renfe
Este es el resultado final de una política de infraestructuras de transporte de mercancías y de personas absolutamente demencial. Tras tener este país una aceptable red de líneas ferroviarias para media distancia, desde hace unos años los responsables de Renfe y del ministerio de Fomento han terminado por arruinarla y abandonarla, dejando el transporte para la carretera, con lo que eso significa de peligrosidad, atascos, contaminación, precio, etc. A la vez se ha levantado toda una red nueva de AVEs carísima que no sirve ni para media distancia ni para transporte de mercancías. Un disparate y un despilfarro enorme.
"ELPAÍS* : El Ministerio de Fomento se propone suprimir 48 líneas ferroviarias de media distancia de Renfe que transportan actualmente 1,65 millones de viajeros al año, y reducir la oferta del conjunto de 127 líneas en una media del 32% (incluyendo las líneas de Avant) para conseguir un ahorro total de 86,5 millones de euros anualmente".
Así consta en el documento de Ineco, la consultora del Ministerio de Fomento, en el que analiza las líneas de media distancia —las que conectan capitales de provincia o localidades importantes de distintas comunidades autónomas— tanto por los niveles de ocupación como de rentabilidad, y atendiendo a estos criterios propone su eliminación o el recorte de la oferta, de acuerdo con las obligaciones de servicio público. El plan deberá discutirse ahora en varios ámbitos, entre ellos el parlamentario, y está sujeto a modificaciones.
El informe divide las líneas según el grado de ocupación y la rentabilidad en eficientes (más del 20% de ocupación), de baja o dudosa eficiencia (entre el 15% y el 20%), muy baja eficiencia (10%- 15%) e ineficientes (menos del 15% de ocupación y los ingresos no cubren ni el 30% de los gastos).
El organismo de Fomento ha detectado 49 líneas ineficientes (48 de tren y la de Madrid-Burgos que ya se sustituyó por el autobús), que en total transportan 1,65 millones de viajeros, que actualmente presentan una media de ocupación del 8,4% y cuyos ingresos apenas cubren el 16,2% de los gastos. Todas ellas serán suprimidas de forma definitiva con un ahorro de 46,5 millones de euros. De ellas, las que más pasajeros transportan actualmente —más de 100.000 al año— son Valladolid-Ávila, Vigo-Ourense-Ponferrada y Madrid-Ávila. También desaparecerán Zaragoza-Arcos de Jalón, León-Ponferrada, Madrid-Cuenca, A Coruña-Ferrol y Zaragoza-Lleida, con más de 70.000 viajeros por año cada una.
De las que se cierran, las más deficitarias son Vigo-Ourense, Madrid-Cuenca, A Coruña-Ferrol, A Coruña-Lugo-Monforte de Lemos y Zaragoza-Teruel, con más de dos millones de euros de pérdidas anuales por cada línea.
Alternativas "eficientes" para los viajeros
Fomento señala que la demanda de transporte en estas líneas “se cubrirá con los servicios de transporte por carretera existente o, en su caso, por otros servicios ferroviarios de media distancia más eficientes”. El informe señala que, en algún caso, los servicios de autobuses interurbanos se podrían ver reforzados. Si se tiene en cuenta la lista, los trayectos regionales desde Zaragoza son los más afectados en número, ya que se suprimen nueve líneas, mientras que Valladolid pierde seis, las mismas que Madrid.
No obstante, las más afectadas no son las capitales de provincia, que seguirán conectadas por ferrocarril aunque mediante otras líneas (Avant, AVE u otros de Larga Distancia) generalmente más caros (y más rápidos), además de la conexión aérea. Por ejemplo, se suprimen las líneas Madrid-Cuenca y Cuenca-Valencia, pero a la capital conquense se podrá llegar por ferrocarril tanto desde Madrid como de Valencia tanto por AVE como por la línea de Larga Distancia (Intercity) Madrid-Valencia que tiene parada allí. Lo mismo sucede con Teruel, que seguirá conectada por la línea Zaragoza-Valencia, que para allí. Por eso, las grandes perjudicadas serán las localidades más pequeñas de los trayectos intermedios, muchas de las cuales dejarán de tener estación, por lo que su única conexión será la carretera.
Las seis líneas de muy baja eficiencia, que transportan 371.000 viajeros, se mantendrán pero suprimiendo las circulaciones más deficitarias con una reducción del 40% de la oferta de servicios (en trenes por kilómetro), y un ahorro de 2,5 millones de euros. Más fuerte aún —del 50%— será el recorte de la oferta en las 16 líneas de baja eficiencia, que transportan un millón de viajeros al año, y que ahora verán reducido su déficit en 14,8 millones al año.
Líneas eficientes con déficit
En cuanto a las 49 líneas que Fomento considera eficientes, llama la atención que su déficit actual (65,4 millones de euros) es superior al de las líneas que se van a suprimir. Con todo, se recortará un 11% su oferta en trenes por kilómetro, con un ahorro de 17,3 millones de euros. Dentro de esta categoría, la que alcanza la mejor ocupación, es de Barcelona-Valencia (65,9%) y las que unen Salamanca con Zaragoza y Bilbao (62,2% en ambos casos), aunque la que más viajeros transporta al año es A Coruña-Vigo (2,43 millones).
El informe también recoge las siete líneas de Avant de alta velocidad (no se incluye el servicio A Coruña-Santiago-Ourense puesto en funcionamiento en diciembre de 2011) que transportaron 5,9 millones de viajeros, con un déficit de 28,6 millones. En esta categoría, solo se eliminará el Zaragoza-Calatayud, y se reducirá la oferta en el resto un 5,5%.
En conjunto, el informe de Inteco ha detectado en las líneas de media distancia un déficit de explotación de 137 millones de euros (con datos basados de Renfe de su ejercicio 2010), con un coeficiente medio de cobertura de ingresos sobre gastos del 45%, aunque con notables variaciones de unas líneas a otras: de casi el 60% para las más eficientes y del 16% para las ineficientes. En conjunto, los ingresos alcanzaron los 111,6 millones de euros frente a unos gastos de 248,7 millones. Incluso cuando se aplique el plan, los servicios de media distancia seguirán siendo deficitarios (79,2 millones), como reconoce el documento.
En el mismo, no se hace mención a los ajustes de personal que podrían ir aparejados por el plan de reducción de líneas, ni al destino de las estaciones y otros activos (en manos del Adif) afectados por el cierre.
* El País - RAMÓN MUÑOZ / MIGUEL JIMÉNEZ - 16.5.13
Foto: Trenes de media distancia de Renfe en la estación de Huelva / IVÁN BOZA
Cuando la crisis aterriza en la ciudad
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El urbanismo actual pasa por uno de los momentos más problemáticos de toda su historia. Ni siquiera en la época de la revolución industrial, con el gran cambio que supuso en las ciudades, se ha encontrado con el enorme caos y el descontrol casi absoluto que padecen las megalópolis de hoy en día. Cerca de 2.000 millones de personas viven en infracondiciones humanas, en las llamadas bidonvilles, favelas, villas, conventillos, chabolas, etc. La desigualdad social y la miseria amenazan con romper la baraja de esta terrible situación urbana global.
"EMMANUEL RODRÍGUEZ* : A principios de los ‘90 Ramón Fernández Durán, el malogrado compañero al que tanto le deben los movimientos sociales autónomos, escribía La explosión del desorden. La metrópoli como espacio de la crisis global. A finales de los 2000 Mike Davis, quizás el más original de los analistas del campo urbano contemporáneo, acababa dando cuerpo a Planetas de ciudades miseria, en el que recogía y sintetizaba abundante información sobre la explosión del urbanismo informal en el Sur global. A pesar de las distancias biográficas y de los más de 15 años que median entre la publicación de ambos trabajos, la hipótesis política venía a ser la misma: las grandes megalópolis, y especialmente las inmensas bolsas de miseria y urbanismo informal que las componen, van a ser, son ya, el espacio de mayor tensión del espectro social de nuestro tiempo".
La urbanización masiva y caótica, proliferante y brutal, se ha vuelto otra vez, dentro de la larga serie que ya siguiera Dickens en la primera mitad del siglo XIX, Engels unas décadas después, o ya en los años ‘20 los sociólogos de Chicago, la incógnita descarnada del futuro de la sociedad humana, la excrecencia geográfica más destacable del capitalismo histórico. Así parecen atestiguarlo los más de 250.000 asentamientos informales que la ONU cartografía en todo el planeta y los cerca de 2.000 millones de personas que viven en ellos. Bidon villes, favelas, villas, conventillos, chabolas; igual da, la forma urbana contemporánea por antonomasia es la de las construcciones precarias, la mayor de las veces sin reconocimiento legal, sin títulos de propiedad, sin servicios homologables a los de la ciudad formal. Unos espacios opacos, impenetrables, que muchas veces sólo saltan a la luz por la desgracia o la catástrofe natural, por las oleadas de pequeña criminalidad o por su potencial político explosivo.
Pero ¿pueden estos datos, estas imágenes, ayudar en algo a entender la crisis “urbana” que ahora se despliega sobre unos espacios mucho más familiares y reconocibles para nosotros? ¿Puede analizarse alguna similitud, algún paralelismo significativo, entre la crisis permanente de macrociudades como Dakar, Calcuta, Lagos, o incluso Ciudad de México o Buenos Aires, con lo que sucede, o está por suceder, en el Madrid global de la segunda década del siglo XXI o en la Barcelona neta i guapa, hasta hace poco especializada en la captación de flujos turísticos e inversiones residenciales? Seguramente poco si atendemos a los aspectos formales. No hay nada comparable, no desde luego en Europa, a las grandes extensiones chabolistas del Sur global, a la intensa migración que de un campo devastado por el agrobusiness y la destrucción de los sistemas de propiedad y regulación comunal y campesina, lleve a centenares de millones de personas cada año sobre unas ciudades que no tienen capacidad alguna de asimilarlos como ciudadanos de pleno derecho. Y esto aunque queden todavía Cañadas Reales y cerca de 40.000 personas en asentamientos informales en una ciudad como Madrid. Sin embargo, las comparaciones se vuelven inquietantes, como si de un espejo distópico se tratara, cuando atendemos a algunas de las líneas de evolución social de las grandes ciudades de Occidente durante las últimas décadas; líneas que la crisis sólo va a acentuar.
Los elementos de comparación son efectivamente notables. La informalización del trabajo, que es la nota característica de las “ciudades miseria”, ha avanzado en Europa a golpes de reforma laboral, de ataques sobre el salario, de implantación de intermediarios laborales, de externalización empresarial, de deslocalizaciones masivas, etc. Así es como un segmento siempre creciente de la fuerza de trabajo urbana se ve sometido a la precariedad, la informalización y la expulsión de las formas estatutarias de la contractualidad laboral convencional. Incluso en la provinciana España, el reclutamiento de un ejército de trabajadores migrantes, que se cifra en más de cuatro millones, carne de cañón de la burbuja inmobiliaria, ha modificado radicalmente la vieja composición laboral del trabajo urbano: hoy los empleos peor pagados y más precarizados son servidos por migrantes, muchas veces mujeres, con un reconocimiento precario o inexistente de los derechos de ciudadanía más elementales.
Por supuesto, la actual reordenación del continente europeo según la vieja línea Norte / Sur hace de los “rescates” y de la políticas de austeridad algo muy parecido a los programas de ajuste estructural que durante las décadas de 1980 y 1990 se aplicaron a los países del Sur global. Recuérdese que fueron éstos, dirigidos, como ahora en Europa, por los intereses de los acreedores, los que llevaron a la destrucción de los frágiles servicios sociales urbanos de América Latina, África y Asia, así como a la aplicación de una política de exportación, que determinó tanto la crisis de las ciudades del Sur como la reduplicación de los movimientos migratorios del campo a la ciudad.
La palabra de orden es, por lo tanto, convergencia. La aparición del Sur en el Norte, y del Norte en el Sur. La forma metropolitana del presente, y su tendencia a futuro, no es así sólo la de una figuración postcolonial que se presenta como una colección de sujetos de orígenes diversos, con formas de segregación racial evidentes, con abundancia de trayectorias diaspóricas, etc., etc., sino también la de un espacio progresivamente segregado y segmentado por un laberinto de muros visibles e invisibles que determinan la “pertenencia”, o mejor dicho la ciudadanía material, a lo que propiamente es la ciudad formal. El urbanismo informal de las ciudades europeas no es así el del chabolismo que también caracterizó a las periferias de Barcelona y Madrid durante las décadas de 1950, 1960 y 1970, sino el de las banlieues, el de las nuevas periferias donde se acusan todos los problemas de dificultad de acceso a la renta, dependencia de unos servicios públicos cada vez más degradados y exclusión de la ciudadanía.
Sobre estos mimbres no es difícil anticipar, no tanto la forma de la protesta, cuyas declinaciones y objetivos serán determinados por la propia capacidad autónoma de constitución política, pero sí al menos la de los sujetos que serán sus protagonistas. Dos preguntas se apuntan, cruciales, en este cuadro. ¿Qué va a suceder en la descomposición de esas gruesas clases medias que hasta ahora han sostenido, pasivamente, la paz social en las grandes ciudades? El colapso de la burbuja financiera, y de las últimas muletas que a través del crédito y la inflación de activos (de la vivienda en propiedad) permitían sostener la ficción de prosperidad y seguridad, ha dejado al desnudo un paisaje social que antes no se reconocía: devaluación del capital cultural (títulos académicos), precarización y proletarización de viejas y nuevas profesiones, trayectorias sociales descendentes, etc. Ciertamente mucho de lo que llamamos 15M es una respuesta a esta descomposición.
Y por otro lado, ¿qué será de todo ese proletariado de los servicios, de composición multinacional, multiétnica, fuertemente feminizado, que ha sostenido, en pésimas condiciones laborales y salariales, máquinas urbanas como la del Madrid global o las economías turísticas de costa? Sin expectativas de renta, ni siquiera en los habituales empleos de mierda, sin acceso a ninguna forma significativa de promoción social, pagano de la rápida destrucción de lo que quedaba del Estado de Bienestar, sus respuestas pueden ir de la pequeña criminalidad a la violencia de masas, de la resistencia hecha expresión cultural a la organización política en figuras nuevas. En cualquier caso, y sea como sea el juego de alianzas sociales y políticas que necesariamente deberá articularse, la superación de la crisis urbana tiene ya un nombre: se llama democracia.
* Emmanuel Rodríguez/Observatorio Metropolitano de Madrid
http://www.diagonalperiodico.net/
* Madrilonia - Opinión - 16.10.12
Foto: Río de Janeiro (Brasil), favelas - kaosenlared.net
El Campello.- Piden ocho meses de cárcel para el exedil de Urbanismo, Giner, por tráfico de influencias
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Otro ejemplo más de la tardanza sin límites de la actuación judicial en cuanto a delitos contra la Ordenación del Territorio se refiere. El asunto del que se trata aquí es de la irregular aprobación municipal en la localidad alicantina de El Campello de un Plan urbanístico hace 12 años (doce) y que afectaba nada menos que a 800 viviendas, que a día de hoy están construidas en gran parte. Además de la ilegalidad del exconcejal de Urbanismo, clama al cielo la lentitud judicial exagerada.
"INFORMACIÓN/Alicante* : Tras once años de diligencias, el exedil Juan Lorenzo Giner se sentará en el banquillo de los acusados por el caso El Barranquet. El exconcejal de Urbanismo de El Campello será juzgado a finales de este mes por un presunto tráfico de influencias en la tramitación del plan urbanístico UA/13, más conocido como El Barranquet. El fiscal reclama para el exdirigente popular ocho meses de cárcel y cuatro años de inhabilitación para cargo público al considerar que Giner no debió tomar parte en el procedimiento de contratación de este proyecto, aprobado en 2001 y que contemplaba 800 viviendas, de las que por ahora se han construido algo más de la mitad".
Giner, que se retiró de la primera línea de la política en 2007, "intervino a lo largo del procedimiento de contratación de la UA/13, debiendo de haberse abstenido, y logrando el 13 de septiembre de 2001 a propuesta de él mismo y con su voto la aprobación por el pleno municipal provisional de la Homologación Modificativa y el Plan Parcial de la UA/13, realizando durante ese periodo la venta de su parcela ubicada en la UA/13", según recoge en el escrito de la Fiscalía.
Giner poseía 6.200 metros cuadrados incluidos dentro del plan parcial, participando activamente en su tramitación entre 1999 y 2001. El 22 de febrero de 2001 se hizo efectiva la venta de sus terrenos por 67 millones de pesetas -402.000 euros-, que se había concertado con una opción de compra tres meses antes. Finalmente el proyecto se aprobó en pleno casi siete meses después de la operación, votando él a favor.
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de San Vicente finalizó hace dos años las diligencias iniciadas en 2002, cuando admitió a trámite la querella interpuesta por PSOE y EU por la participación de Giner en la tramitación del plan por tener él y su familia terrenos afectados por el proyecto. En las diligencias realizadas por el juez se tomó declaración en 2003 tanto al propio Giner, en calidad de imputado, como al exalcalde Juan Ramón Varó, como testigo. Cuando sucedieron los hechos, Lorenzo era la mano derecha en el Ayuntamiento de Varó (entre 1999 y 2003), y permaneció como edil popular hasta 2007, aunque en su última etapa asumió el área de Personal e Infraestructuras. En 2007 dejó la primera línea de la política por "razones personales".
En el auto de procesamiento se resaltaba que Giner se aprovechó de su cargo y posición "para participar de los beneficios" del plan, "no sólo mediante la venta de una porción de terreno que el mismo ostentaba en propiedad e incluida en el referido plan al que había informado sobre cuestiones técnicas, sino incidiendo en la marcha del desarrollo del mismo sobre el resto de los miembros del Consistorio a los efectos de asegurarse el mayor beneficio posible en la referida venta".
El fiscal en su escrito, en el que pide además que Giner asuma las costas del proceso, recuerda como Giner participó en el proceso en reuniones de la Mesa de Contratación, que llevaron a aceptar una propuesta presentada inicialmente de forma extraoficial y que finalmente permitió duplicar la edificabilidad del plan, con 453 casas más.
Hay que recordar además que Giner estuvo imputado en otra causa por un supuesto cobro de comisiones precisamente en este plan, siendo archivada en 2005 al no hallarse pruebas, tal y como ya informó en su día este diario.
Por su parte Giner declinó ayer hacer declaraciones al respecto, señalando únicamente que está cansado de este tema tras 13 años. En anteriores manifestaciones recordó que su voto en el pleno no fue decisivo y fue nueve meses después de vender y con un escrito de la Generalitat que señalaba que si había vendido ya, podía votar. El exedil será enjuiciado por la Audiencia Provincial a finales de mes por tráfico de influencias, aunque de ser condenado no iría a la cárcel si carece de antecedentes, dado que la pena solicitada no excede de los dos años.
Un alcalde imputado, otro procesado y otro regidor al banquillo
El PP no gana para disgustos en El Campello. Su actual alcalde, Juanjo Berenguer, está imputado por un supuesto delito de omisión del deber de socorro y otro medioambiental, por ordenar a la Policía Local que no verificara in situ las quejas de malos olores por el vertedero el pasado mes de agosto. Su antecesor, Juan Ramón Varó, acaba de ser procesado por el juez, acusado de prevaricar por trocear contratos para fiestas en 2008 y obviar el concurso público pese a los reparos de Intervención, por un montante total de 158.000 euros. Por esta causa el fiscal Anticorrupción pide nueve años de inhabilitación para Varó, que actualmente es edil y diputado provincial. A ellos se une el que fuera su compañero de equipo de gobierno, Juan Lorenzo Giner, que se sentará a finales de mes en el banquillo de los acusados.
* Información - 17.5.13
Foto: El Campello (Alicante), aérea - turismo
La Audiencia Nacional imputa a diez exdirectivos de Banco de Valencia y empresarios
Noticia relacionada con la anterior, ya que, por fin, la justicia imputa a algunos banqueros y empresarios por la gran estafa cometida contra los ciudadanos. La delictiva operación a tres bandas entre políticos, banqueros y empresarios de la construcción para la realización de obras infladas económicamente o innecesarias, nos ha llevado a la situación actual de deuda mayúscula. La justicia, aunque a veces sea ya tarde, debería tratar de sentenciar ejemplarmente este gran fraude en todo el país, como vemos, parcialmente, en el caso valenciano.
"PÚBLICO* : El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado a diez exdirigentes del Banco de Valencia y empresarios tras admitir tres nuevas querellas presentadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Banco de España, por la concesión de créditos sospechosos a varias sociedades.
Los imputados son el expresidente del Valencia C.F., Juan Bautista Soler; el exconsejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra, Alfonso Monferrer, Salvador Vila, Carlos Pascual de Miguel, Fernando Polanco, Teresa Villalba, Bartolomé Cursach, Joaquín Rivero y Rafael Ruiz-Jarabo.
En los autos de admisión a trámite de estas tres querellas, que se suman a la causa principal en la que están imputados el expresidente del Banco de Valencia y de Bancaja José Luis Olivas y el resto de exmiembros del Consejo de Administración, el juez atribuye indiciariamente a los imputados los delitos de falsedad, estafa, administración y apropiación indebida.
En la primera causa, Pedraz investigará varias operaciones con las empresas Nou Literal, Valenciana de Viviendas, Progreso Valenciano, Cualmi, Valenciana 89, Faverch Desarrollos, Salvador Vila S.L., Urbanas de Levante y Valenciana de Inversiones Participadas.
El segundo procedimiento se centra en operaciones de financiación concedidas a las entidades Construcciones Valencia Constitución, Arlette Dome y Sapa, en las que se emplearon "pagarés denunciados como falsos", según consta en la querella del FROB.
La tercera querella admitida a trámite por el magistrado se centra en la concesión de créditos a las empresas Urbanizadora Experiencia Inmobiliaria, Valenciana de Inversiones Participadas, Intrademallorca, Calviá Parc y Tito's.
En el marco de estos procedimientos, el juez solicita al Registro Mercantil de Valencia y de Palma de Mallorca informaciones sobre las sociedades investigadas y al Banco de Valencia y Bankia documentación sobre estas operaciones y las actas de las reuniones del Consejo de Administración en las que fueron aprobadas.
De igual modo, pide al Servicio Especial para la Colaboración con Órganos Judiciales (SECOJ) del Banco de España que le remita los escritos de recomendaciones al Banco de Valencia que hizo en los años 2007, 2008 y 2009.
En la causa principal se investiga a 27 antiguos responsables de la entidad, entre los que se encontraban el que era su presidente, José Luis Olivas; el exconsejero delegado Domingo Parra y otros miembros del Consejo de Administración. Además, el FROB se querelló en junio de 2012 contra Parra, su socio Aurelio Izquierdo y el presidente de Aguas de Valencia Eugenio Calabuig, a los que se atribuyen los delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida.
El Banco de Valencia, que fue adjudicado a CaixaBank por un euro en noviembre de ese año, tuvo que ser intervenido en octubre de 2011 por la situación financiera en la que se encontraba. Su Consejo de Administración fue sustituido por un administrador provisional nombrado por el FROB, que inyectó en la entidad cerca de 2.000 millones de euros y le otorgó un aval de 1.500 millones de euros.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 también estudia un expediente sancionador que el Banco de España abrió contra los antiguos responsables del Banco de Valencia por supuestas irregularidades en su gestión.
* Público - EP - 16.5.13
Foto: Valencia, ciudad de la Justicia - levante-emv.com
La 'autopista mala' costará otros 5.000 millones extra a los españoles
Al igual que en el caso financiero, el gobierno va a rescatar a los concesionarios de autopistas en situación difícil o de deuda. Es decir después del despilfarro de muchas autopistas sin sentido, ahora tocará pagar a los ciudadanos los errores y fraudes realizados por los concesionarios, con el visto bueno de Fomento. Es algo claramenente delictivo y, como ya ocurrió con bancos y cajas, se socializan las pérdidas creando la llamada 'autopista mala'.
"LIBREMERCADO* : La AP-41 (Madrid – Toledo), las radiales 2, 3, 4 y 5 de Madrid, la AP-36 (Ocaña-La Roda), la AP-7 (Alicante – Vera), el Eje Aeropuerto y la circunvalación de Alicante. Quizás usted nunca haya pasado por ninguna de estas nueve autopistas (ver galería). O puede que utilice alguna de ellas todos los días. Sea cual sea su situación, dentro de unas semanas tendrá usted una deuda de 100 euros extra gracias a ellas. Fomento estudia crear una sociedad pública que se quede con la propiedad y la gestión estas vías. A cambio, se hará cargo de su deuda, de casi 5.000 millones de euros".
El anuncio de la creación de la autopista mala, como se está empezando a conocer, ha generado muchísima polémica. De nuevo, parece que se socializan las pérdidas de un puñado de grandes empresas, a las que les ha salido mal una inversión. Hay una parte de verdad en todo esto, pero también es cierto que las malas decisiones de las administraciones públicas (estatales, regionales e incluso locales) han contribuido, y mucho, a un desastre que podría acabar pagando el de siempre, el contribuyente.
El plan de Fomento
No están cerrados los detalles pero, a grandes trazos, se tratará de una sociedad público privada, en la que Fomento tendrá el 80% y las actuales constructoras y concesionarias el 20% restante. La empresa tendrá una valoración de algo más de 600 millones de euros y se quedará con la deuda que arrastren los actuales propietarios.
Evidentemente, una de las claves de la operación reside en la carga financiera nacerá la nueva compañía. Se han ofrecido muchas cifras, pero parece que estará cerca de los 5.000 millones de euros: unos 4.000 millones de deuda que ya tiene con bancos nacionales y extranjeros y unos 1.200 millones extra que los bancos implicados (Santander, BBVA, La Caixa y Bankia fundamentalmente) están dispuestos a poner para ayudar al arranque de la empresa y para que ésta pague por las expropiaciones pendientes.
La ventaja para las entidades financieras es que, a cambio de aceptar esta solución, pasarán a ser acreedores del Estado. Es decir, ya no les deberá dinero tal o cual constructora (o la Sociedad creada para gestionar una autopista), sino que será la nueva empresa pública, con un 80% de capital público, quien se compromete a abonar los créditos pendientes.
¿Y qué justificación ofrece Fomento? El argumento del Gobierno es que no es cierto que ese dinero vaya a salir del bolsillo del contribuyente. Esos 5.000 millones son deuda que adquiere una sociedad público-privada que se espera que comience a generar beneficios en poco tiempo, con incrementos en la facturación a partir de 2015. El objetivo sería hacer algo parecido a lo que se ha hecho con la Sareb o con Bankia: el Estado pone dinero, reflota la empresa, recupera parte con los beneficios de la actividad y acaba incluso ganando dinero con la venta futura de esa empresa.
Pero claro, la pregunta que surge es por qué, si la empresa comenzará a dar beneficios y está tan claro que podrá recuperar la inversión, ningún privado quiere hacerse cargo de ella. El planteamiento del Gobierno es que al entrar en el capital de la sociedad cambiará las cláusulas que soportan los actuales dueños de las autopistas. Fomento quiere plantear un horizonte a 40 años. La idea es que los bancos, a cambio de la garantía que da la presencia del Estado, admitan una renegociación de las condiciones (en plazo y en coste) que haga más factible la viabilidad del plan de pago.
¿Quién tuvo la culpa?
Como apuntábamos antes, todo el proceso de creación de la autopista mala está envuelto en la polémica. Parece un nuevo rescate público de compañías privadas. Y en cierto sentido, lo es. Pero las concesionarias apuntan a que todo el proceso ha estado trufado de un intervencionismo que les ha llevado a la ruina. Sus tres grandes quejas son:
Obras no completas: las autopistas están en quiebra porque no hay suficiente tráfico, eso es evidente, pero no hay que olvidar que muchas de ellas se han quedado como partes incompletas de proyectos inacabados. Por ejemplo, la AP-41 estaba destinada a unir Madrid con Toledo, dos ciudades que ya tienen una buena conexión por otras vías. Este peaje sólo cobra sentido si se tiene en cuenta que iba a ser la primera etapa de una autopista que comunicaba la capital de España con Córdoba. Casi 400 kilómetros de alternativa a la A-4 y a Despeñaperros. Al final nada de eso se hizo, y la AP-41 se quedó con sus 60 kilómetros y sus apenas 1.500 usuarios diarios, que no cubren ni siquiera los costes operativos.
Autovías paralelas: en ocasiones el problema no ha llegado de obras no realizadas, sino precisamente de lo contrario. Así, tras otorgar la concesión de una autovía, ha sido habitual que la misma administración se haya implicado en la ampliación de alguna vía existente o en la construcción de una nueva que entra en competencia directa con el peaje. En esto, prácticamente las nueve compañías en quiebra tienen sus quejas: acudieron a la llamada para la construcción de una carretera sin saber que los mismos que les involucraban en el negocio les estaban haciendo la cama con carreteras gratuitas alternativas.
Expropiaciones: es el tema más polémico. Cuando se hicieron los planes de negocio de estas nueves carreteras, el principal coste era el de terreno por el que discurrirían. En teoría, las administraciones se encargaban de la expropiación, a un coste que las compañías asumían. El problema es que los propietarios de los terrenos no estaban muy de acuerdo con este modelo y recurrieron a los tribunales. Y los jueces comenzaron a darles la razón, con incrementos de hasta un 600% en el coste original. Se ha llegado a pagar hasta 3.100 euros por suelo rústico, con el argumento de que en algún momento de la concesión (30 ó 40 años) podría llegar a ser urbano, con lo que habría que calificarlo y tasarlo como tal.
Todo esto es cierto, pero no lo es menos que las empresas implicadas se metieron en un negocio que sólo tenía sentido con el insostenible crecimiento de los años de la burbuja. Que lo hicieron porque el poder político les aseguró ventajas en la concesión. Y que los propietarios de las tierras deberían haber tenido el derecho a negociar y fueron expropiados sin miramientos (aunque a la larga la mayoría se vieron beneficiados).
En cualquier caso, parece que la se consolida la opción de la sociedad pública. Fomento cree que puede ser la solución menos dañina ante una realidad pésima, pero quedan muchas dudas pendientes sobre esta autopista mala: ¿Se conseguirá hacer rentables a esas autopistas o habrá que pagar los 5.000 millones de deuda? ¿La gestión será realmente profesional o acabará siendo otro chiringuito público? ¿Los directivos serán profesionales del sector o dedazos del político de turno? Dentro de 40 años, ¿se habrá privatizado realmente o será uno de esos planes temporales que el contribuyente acaba cargando para siempre? La respuesta de estas preguntas marcará el éxito o el fracaso del proyecto.
* Libre Mercado - D. SORIANO - 16.5.13
Foto: Autopista vacía Cartagena-Vera - mineralespania
Madrid.- Punto final para el Palacio de Sueca
Sin entrar en vigor todavía la nueva Ley del Patrimonio Histórico en Madrid, vemos que el ataque y desdén del ayuntamiento con los monumentos arquitectónicos ya viene de antaño. Un gran edificio municipal protegido y céntrico que Gallardón abandonó durante años, ahora va a ser demolido por el riesgo de derrumbe, sin que haya, como siempre, culpables en el ayuntamiento que paguen por esta situación deplorable de abandono.
"ELPAÍS* : Quizá haya intentado aparcar alguna vez en un hueco muy justo, conjurándose para meter el coche cueste lo que cueste. Y, sudando ante el volante, lo ha logrado, con infinitas maniobras a cuál más sutil y milimétrica, para darse cuenta luego de que sacarlo de allí resultaría imposible. Con una mezcla parecida de audacia y cabezonería se pueden resumir algunas peripecias urbanísticas del anterior alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón (PP). En el caso del Palacio de la Duquesa de Sueca, un edificio con la máxima protección histórico-artística, el resultado ha sido, siguiendo la metáfora, que el Ayuntamiento, incapaz de sacarlo del hueco en el que lo había metido, lo dejó herrumbrarse durante una década para verse ahora obligado a tirarlo abajo urgentemente antes de que se derrumbe debido al abandono. Y todo ello con un riesgo “inmediato” para vecinos, viandantes y niños.
El 29 de abril, el área municipal de Urbanismo emitió un informe urgente sobre el inmueble ubicado en el número 2 de la plaza del Duque de Alba, “tras sucesivas visitas” y un prolijo análisis del estado de conservación. En dicho informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se detallan medidas de seguridad “de actuación inmediata” para “evitar riesgos a personas y bienes en los espacios públicos colindantes”, es decir, la propia plaza, varios edificios y el instituto San Isidro, con más de un millar de alumnos que juegan en un patio vallado para evitar los cascotes que se desprenden del palacio.
El informe recalca el “agravamiento continuo de los daños”, cuya “evolución es impredecible a corto plazo”. “La situación es especialmente grave y supone un riesgo continuo de nuevos hundimientos” en varias zonas, entre ellas las adyacentes al instituto. “Se ha producido el hundimiento del cuerpo colindante con la capilla, y existe la amenaza de nuevos derrumbes”, lo que “obliga a la clausura parcial del patio” del centro. La conclusión del análisis es que los daños tienen “carácter irreversible, al haberse producido hundimientos, el reventamiento de muros de cargas…”. Tanto es así que “el peligro impide adoptar medidas de seguridad sin grave riesgo para los operarios”. “No es posible demorar el trabajo de aseguramiento o demolición ante el peligro de derrumbe incontrolado sobre el mismo edificio y sobre el patio del instituto”, añade.
Urbanismo “estima necesario declarar el estado de ruina física inminente parcial del edificio” y “proceder a la demolición” “en un plazo máximo de cinco días”. Esas obras ya han comenzado. Además, insta a “revisar las medidas de seguridad existentes, dado que algunas tienen más de 15 años”. Solo después podrá intentarse la rehabilitación de lo que quede en pie, aunque teniendo en cuenta “el elevado grado de deterioro de los elementos constructivos”.
El informe insta a informar a la dirección regional de Patrimonio, puesto que el edificio tiene la máxima protección. Data del siglo XVIII, ocupa 7.200 metros cuadrados y fue expropiado en 1998 por el entonces alcalde, José María Álvarez del Manzano (PP), para convertirlo en sede de Asuntos Sociales. Gallardón aparcó ese plan tras ganar las elecciones, en 2003, y encargó al arquitecto Álvaro de Siza que lo convirtiera en 205 viviendas de alquiler para jóvenes. En la planta baja se ubicaría una escuela infantil o de música, o una biblioteca. El proyecto costaría 12,5 millones y estaría listo en 2006.
El alto grado de protección obligó a rebajar los planes a 60 viviendas. El uso del suelo, dotacional, llevó a Gallardón a retorcer el lenguaje y convertir pisos en “alojamientos municipales”. En 2007, aún no había ni proyecto. Fue entonces cuando un juez dio la razón a la constructora a la que se le había expropiado el edificio, y dictó que se le devolviera, puesto que la justificación alegada por el Ayuntamiento fue usarlo para dotaciones y, en realidad, allí lo que se iba a hacer era viviendas. Ayuntamiento y constructora mantienen ahora un sinfín de litigios judiciales para acordar una salida: deben pactar el precio de la reversión, pero, además, el Ayuntamiento ha de cambiar el uso del suelo para permitir que pueda usarse para, tal y como desean los antiguos dueños, levantar un hotel.
El líder municipal de IU, Ángel Pérez, denunció “el afán del PP por ganar titulares con grandes planes aun costa de perder credibilidad al no cumplirlos”.
* * El País - BRUNO GARCÍA GALLO - 13.5.13
Foto: La Casa de la Duquesa de Sueca antes del inicio de la demolición. / ELENA G. SEVILLANO
Exalcalde de Burguillos, imputado por malversación y delito urbanístico
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Parecía que el goteo de alcaldes y concejales imputados por delitos urbanísticos estaba tocando fondo, pero a poco que se escarbe actualmente o en el pasado inmediato vuelve a aflorar la corrupción en ayuntamientos y comunidades. Este de ahora es un caso típico de concesión de licencias ilegalmente, algo recurrente en todo el país.
"IDEAL* : El exalcalde de Burguillos (Sevilla), José Juan López (PSOE), ha sido imputado por un delito contra la ordenación urbanística y otro de malversación de caudales públicos por el juzgado nº13 de Sevilla por irregularidades en la urbanización de la zona conocida como "Las Cardonas". Según el auto del juez, López llevó adelante el convenio para la urbanización de ese sector urbanístico "prescindiendo de las normas de procedimiento administrativo aplicables" y concedió licencia de obra de urbanización sin que estuviera aprobado en ese momento el proyecto de reparcelación de "Las Cardonas".
El alcalde también otorgó licencias de ocupación de viviendas "pese a que en las fechas de otorgamiento de las resoluciones no se encontraban conclusas las obras" por carecer la urbanización de los enganches de suministro eléctrico, por no estar soterrado el arroyo "El Chorrito" y por no estar hecha la rotonda de acceso a la urbanización.
Los informes jurídicos avisaron de que no podían concederse licencia sin estar finalizadas las obras de urbanización y en funcionamiento los suministros de agua y energía eléctrica, por lo que López ha sido imputado por todos los casos de licencia de primera ocupación, y el arquitecto Federico García Rotlan en los cinco casos en los que intervino.
Según el auto, este arquitecto, que prestó sus servicios para el Ayuntamiento de Burguillos entre abril de 2007 y abril de 2010, emitió informe favorable, en vez de haberlo emitido el arquitecto municipal, Gerardo Alonso Casado.
Además, la empresa Promociones Dovamar abonó 80.447 euros al Ayuntamiento para que, mediante convenio urbanístico, se ejecutase la rotonda de acceso a la urbanización, y las obras del abastecimiento de agua, pero el Ayuntamiento no ejecutó esas obras.
Por otra parte, Endesa se negó a efectuar el suministro eléctrico porque "no estaban correctamente ejecutadas las obras de la red de instalaciones eléctricas", por lo que la energía eléctrica precisa para la conclusión de construcción de las viviendas fue proporcionada por generadores de las empresas constructoras.
La empresa municipal Burguillos Natural asumió el gasto de combustible de esos generadores, por un valor de 32.075 euros, y posteriormente, "ante la imposibilidad de que los propietarios de las viviendas pudieran contratar el suministro" con Endesa, el Ayuntamiento asumió el gasto de combustible y alquiler de generadores.
* Ideal - EFE - 14.5.13
Foto: Burguillos (Sevilla), ayuntamiento - wikipedia.org
Madrid.- El patrimonio queda en grave riesgo a merced de especulación económica
Cada vez que sacan una ley que afecta al urbanismo, tanto el gobierno central como la mayoría de los autonómicos, es más retrógrada que la que existía antes. Vamos hacia atrás. Así ocurre con la nueva Ley de Patrimonio Histórico de Madrid, que supone una desprotección total de lo que ya se había conseguido. Esto vale para edificios declarados BIC, Bien de Interés Cultural, o también para yacimientos arqueológicos, que perderán la protección conseguida con mucho esfuerzo por asociaciones culturales y otros círculos profesionales.
"ELPAÍS* : Los arqueólogos y demás guardianes del patrimonio cultural de Madrid no se consideran unos “románticos de las cavernas”. Los avances tecnológicos no les generan rechazo. Las nuevas tecnologías, llámense móvil, AVE o ipad, les producen la misma satisfacción que a cualquier humano. “No estamos en contra del progreso, que a su vez no está en contra del patrimonio. Solo hay que saber conyugarlos”, expresa Alicia Torija, de la Junta Directiva de la Asociación Madrileña de Trabajadores y Trabajadoras en Arqueología (AMTTA), una de las entidades críticas con el proyecto de ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, que entienden se mueve “por criterios economicistas y privatizadores”.
“Es un despropósito, no supone un avance sino una desprotección total de lo que hasta ahora se ha salvaguardado. ¡Es peor que la actual! El patrimonio queda en grave riesgo a merced de especulación económica, que por ejemplo reducirá el número de edificios protegidos”, agrega Eva Zarco, tesorera de la Junta Directiva de la Sección de Arqueología del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Madrid.
Entre los aspectos que los detractores de la ley consideran más negativos del texto destacan el abuso de los silencios administrativos positivos, por lo que se daría el visto bueno a la intervención sobre bienes protegidos si en el reducido plazo fijado de dos meses no se ha resuelto sobre el proyecto de actuación. Tampoco les convencen los plazos de 30 días para los informes de impacto ambiental y sobre actuaciones en bienes protegidos, o el mes para los informes de planes urbanísticos. La legislación que impulsa la consejera de Empleo, Cultura y Turismo, Ana Isabel Mariño, también suprime las comisiones de patrimonio, “eliminando opiniones cualificadas y consensuadas en las decisiones sobre licencias de obra en conjuntos históricos y entornos de monumentos”.
La norma elimina además la realización de Planes Especiales —se orientaban a la gestión urbanística, a los usos del suelo y a la protección del patrimonio dentro de los municipios— y suprime el dominio público para el patrimonio arqueológico inmueble, lo que contraviene la Constitución (artículo 132.3). “Por no hablar de que también anula la participación ciudadana impidiendo que se puedan impulsar expedientes de incoación para la declaración de Bienes de Interés Cultural (BIC), o reduciendo a un día al mes las visitas a determinados bienes de titularidad privada pese a lo que establece la Ley de Patrimonio Histórico Español”, se escandaliza Vicente Patón, presidente de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio.
El pasado 10 de abril los tres partidos de la oposición enmendaron a la totalidad la ley, enmiendas que el Partido Popular rechazó en la votación del pleno de una semana más tarde (el PP cuenta con 72 diputados, por 36 del PSM, 13 de IU y ocho de UPyD). El PP añadió a su vez siete enmiendas al documento legislativo, de las que dos tenían que ver con la actividad económica y la construcción de casinos y otras dos modificaban las leyes de suelo y urbanismo de la región para la implantación, sin impedimentos en el ámbito patrimonial, de complejos como el de los casinos y congresos de Las Vegas Sands Corporation.
“No solo se están desprotegiendo edificios BIC, en los que se tira todo salvo la fachada protegida como es el caso de Canalejas. ¡La ley permitiría arrasar yacimientos arqueológicos para construir Eurovegas!”, advierte Patón. “La arqueología preventiva en Madrid tenía un modelo bastante bueno y eso desaparece. Ahora se va a poder construir carreteras o complejos de casinos sin un trabajo previo que evalúe el impacto que podría tener. Sin duda está pensada para facilitar el desarrollo de Eurovegas”, añade Torija.
El Distrito Norte de Alcorcón es el sitio elegido por el empresario de los casinos Sheldon Adelson para levantar Eurovegas, que ocuparía una extensión de 750 hectáreas, que a primera vista son un secarral. Otra cosa es lo que haya debajo, si es que lo hay. “Con la nueva normativa esa posibilidad, una sospecha potencial, no se tendría en cuenta”, enfatiza Zarco.
Torija denuncia el “fundamentalismo ideológico de una normativa que promueve la especulación y el ladrillo”. “Tenemos ejemplos de lo que puede hacer el fundamentalismo religioso en los Budas de Bamiyán, los templos de Angkor, la Biblioteca de Sarajevo, Tombuctú… No va a hacer falta irse tan lejos. El patrimonio debe basarse siempre en criterios de sostenibilidad, que garantice las necesidades futuras, tenemos zonas de reserva arqueológica que van a desaparecer… ¿Qué les vamos a decir a nuestros nietos de una ley que hizo que nuestro patrimonio, que muchos de nuestros edificios, cayeran en el olvido?”, barrunta.
“Nos quejamos de los expolios que se hicieron del patrimonio español cuando por ejemplo los americanos compraban monumentos y se los llevaban troceados a Estados Unidos [William Randolph Hearst expolió en 1925 el Monasterio de Santa María la Real de Sacramenia, en Segovia, una abadía cisterciense de los siglos XII-XIII reconstruida en Miami]. No se ha contado con la opinión de los expertos, esta ley se ha hecho a espaldas de la sociedad. Volvemos a tiempos predemocráticos, entonamos un réquiem por el patrimonio cultural. Podemos ver su acta de defunción en la Comunidad de Madrid... La ideología se antepone a los intereses de todos”, interviene Patón. Este domingo los arqueólogos de Madrid se manifestarán a las 11.00 en la plaza de Canalejas bajo el eslogan SOS Patrimonio, No a una ley desprotectora. Ya para más adelante, anuncian que recurrirán la ley hasta que esta cambie o hayan recorrido todos los peldaños del sistema judicial.
* El País - JOSÉ MARCOS - 14.5.13
Foto: Madrid, edificio Banesto - idealista
Una autopista lleva abandonada seis años tras una inversión de 70 millones
Ya hemos hablado en bastantes ocasiones del enorme despilfarro público realizado en infraestructuras de transporte, ya sea por tierra, mar o aire. Los culpables de este gran desastre, que no tiene pies ni cabeza, siguen sin ser imputados por delito alguno, cuando han dejado una enorme deuda para el país y un modelo territorial altamente perjudicial para todos. Aquí un ejemplo más, en Madrid, de esta catástrofe pública.
"ELPAÍS* : La MP-203 estaba destinada a ser una autopista muy transitada. Pero algo se torció. Su objetivo iba a ser descongestionar la autopista de Barcelona (A-2) entre Alcalá de Henares y Madrid, un trayecto que en hora punta puede suponer hasta una hora de viaje para cubrir solo 30 kilómetros, ya que este tramo está afectado diariamente por grandes retenciones. Pero la MP-203, tras un desembolso de unos 70 millones de euros entre 2005 y 2007 por parte de Cintra, la empresa concesionaria, hoy en día no es más que una carretera a ninguna parte, finita, en la que el asfalto da paso al secarral frente a un terraplén de arena".
Los últimos seis años han convertido el trazado, abandonado a su suerte, en un páramo futurista. “Estamos ante un nuevo ejemplo de falta de previsión y planificación alarmante, en el que una infraestructura de la que ya estaban construidos el 70% de sus 12,5 kilómetros finaliza de repente ante un cúmulo de arena. Spain is different”, denuncia el portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco.
Con el fin de resolver uno de los nudos gordianos de la red de carreteras madrileñas, el Gobierno de Esperanza Aguirre sacó a concurso en 2005 la concesión de la construcción, conservación y explotación de la carretera. Cintra, filial de Ferrovial, ganó el concurso, por 30 años, de la que iba a ser la primera autopista de peaje duro (pago directo de los usuarios) que la Comunidad licitaba sin poner un euro por delante. Su misión consistiría en conectar la M-203 y la A-2 por un extremo (término de Torrejón de Ardoz) y por el otro, con la M-208 y la R-3, ya a la altura de Mejorada del Campo.
Pero todo cambió en mayo de 2007, cuando la concesionaria paró la obra. El viceconsejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Borja Carabante, lo explica. “Esta infraestructura era importante para articular la red viaria de carreteras, e hicimos todo lo posible para subsanar dos deficiencias que se encontraban en el proyecto, que tenían que ver con autorizaciones y permisos. Uno, ejecutar el paso por debajo de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona y el otro, la conexión con la R-3”.
El representante del Ejecutivo autonómico critica, además, “los permanentes boicots” por parte del Estado y el Ministerio de Fomento para obtener las autorizaciones necesarias para rematar la MP-203. El PP gobierna la Comunidad desde 1995, y desde hace año y medio también lo hace en España. “No encontramos ninguna colaboración por parte de Adif, que era quien gestionaba la línea ferroviaria o quien debía de autorizar esa conexión, y ni por la R-3, que es una concesión del Ministerio de Fomento. Más bien al contrario”, recalca Carabante.
De Velasco, de UPyD, lo confirma: “Es una obra que, en su proceso de construcción, se encuentra con dos importantes escollos: el paso por las líneas del AVE y la conexión de la radial 3. El de las líneas del tren de alta velocidad se consigue solventar con una variación del proyecto inicial, desviando a la MP-203 al trazado de la M-206 para salvar la vía ferroviaria. Pero no hay conexión posible con la radial 3”.
Loreto Ruiz de Alda, que es diputada regional de la formación magenta, añade: “Lo peor es que el conocimiento de este escollo existe desde el minuto uno. Ya en el proceso de información pública del proyecto, en 2001, la concesionaria de la radial R-3 puso objeciones”. En concreto, Fomento no tramitó la preceptiva autorización para su enlace con la MP-203. Adujo la negativa de Accesos de Madrid —concesionario de la radial 3 y propiedad de Iberpistas y de Sacyr— porque entendía que la conexión de ambas autopistas produciría, según UPyD, “un deterioro económico de la R-3, que debería abonar la Comunidad de Madrid”.
Pese a todo, las obras se iniciaron. La cuestión es que la obra se paralizó finalmente por sendas cuestiones administrativas que nadie resolvió de antemano pese a que ahí estaban, a la vista de todos: el citado paso inferior de la línea de alta velocidad y la fallida conexión con la R-3.
Para realizarlas, desde Cintra manifiestan que se necesita un convenio que entra dentro de las competencias de la Comunidad. El Gobierno de Ignacio González argumenta, a su vez, que de acuerdo con la cláusula número 28 del pliego que rige la concesión, la firma concesionaria es la responsable de obtener todas las autorizaciones y licencias. Fuentes de Cintra explicaron escuetamente que habían pedido la resolución del contrato “porque desde hace seis años las obras están paralizadas, sin que se pueda avanzar en ellas por distintos trámites que impiden cumplir el contrato”.
La petición de resolución del contrato por parte de la filial de Ferrovial se produjo a raíz de una carta del viceconsejero Carabante el 31 de octubre del año pasado. En ella, le daba a la concesionaria dos meses de plazo para iniciar las obras. De lo contrario, se iniciaría un expediente de imposición de penalidades de la garantía e, incluso, la resolución o incautación del contrato. En respuesta, Cintra solicitó precisamente la resolución del contrato.
El pasado febrero, la Comunidad le volvió a dar a la compañía un mes de plazo para que reanudase las obras, “entendiendo que son responsabilidad única exclusivamente del concesionario”. Además, se inició un expediente de imposición de penalidad e incautación de la garantía provisional, que es de cinco millones de euros.
“Estamos ante un problema que lleva años enquistado sobre la mesa de diferentes directores generales y consejeros, y sobre el que nadie ha sido capaz de tomar decisión alguna. Ha tenido que ser, de hecho, la propia empresa concesionaria quien finalmente le ponga fin”, lamenta Ruiz de Alda. UPyD teme que los madrileños tengan que pagar los 70 millones que Cintra invirtió hasta 2007. “Esta infraestructura no va a costar ni un solo euro a las arcas públicas”, rechaza el Gobierno de Ignacio González.
A la espera de ver por qué intereses se inclina la balanza, la MP-203 será una lengua de asfalto de 70 millones de euros en tierra de nadie.
* El País - JOSÉ MARCOS - 14.5.13
Foto: Construcción interrumpida de un peaje en la MP-203. / LUIS SEVILLANO
