ELCONFIDENCIAL* : La información que la Comunidad de Madrid ofrece sobre Eurovegas es escasa, prácticamente nula. Así lo considera el Defensor del Pueblo y así se lo ha hecho llegar a Ignacio González, presidente de la región en la que Sheldon Adelson invertirá 17.000 millones de euros para construir el mayor centro de convenciones del sur de Europa. La Comunidad de Madrid se ha escudado siempre en que no puede informar sobre lo que es “una mera expectativa de un proyecto de carácter privado” y, para echar balones fuera, siempre ha respondido que la única que tiene potestad para informar a los ciudadanos es la entidad promotora del proyecto, Las Vegas Sands.
El Defensor del Pueblo opina, sin embargo, que la Comunidad de Madrid ha dado respuestas muy incompletas cuando ha sido preguntada por el macroproyecto. En concreto, destaca que hay “un desequilibrio entre la falta de respuesta a una solicitud legítima formulada por los ciudadanos y la respuesta en forma de ley ante una mera expectativa de implantación de un macroproyecto de ocio y turismo”.
Con este informe, la institución ha querido dar continuidad a la queja presentada por la Plataforma Eurovegas No el 8 de noviembre ante esta institución. Desde hace un año, las preguntas que ha cursado dicha plataforma en registro oficial y a través de tuderechoasaber.es exigían información sobre cualquier estudio o investigación realizado o encargado por la Comunidad de Madrid sobre Eurovegas, los costes reales del proyecto para el contribuyente y los posibles impactos medioambientales y sociales que este puede tener. También solicitaban las cartas y comunicaciones realizadas entre Las Vegas Sands, cuestiones, todas ellas, que siempre fueron rechazadas.
El organismo dirigido por Soledad Becerril recuerda a la Comunidad de Madrid que hay varias leyes que respaldan el acceso de los ciudadanos a la información pública “como expresión de la transparencia en la actividad de los poderes públicos, de la buena fe y de la confianza legítima que estos han de respetar en su actuación”. Por ello, reclama a la Comunidad de Madrid que comunique la información que disponga de los solicitantes o, si no lo hace, exponga los motivos para no hacerlo. Asimismo, la institución continuará con la investigación y solicita al Ejecutivo de Ignacio González información sobre si Las Vegas Sands ha presentado alguna solicitud para la aprobación como centro integrado de desarrollo de un proyecto de juego, ocio y turismo de grandes dimensiones.
Declaración de viabilidad
También quiere saber si la empresa ha presentado una solicitud de declaración de viabilidad y si habría sido resuelta por el consejero competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. “La opinión del Defensor del Pueblo demuestra el vínculo entre la transparencia y el derecho fundamental de la libertad de expresión: sin información es imposible tener un debate público sobre un tema de gran interés público como es Eurovegas”, apunta Helen Darbishire, directora de Access Info Europe, uno de los miembros de la Plataforma Eurovegas No.
La plataforma, tras recibir el respaldo del Defensor del Pueblo, advierte de que va a continuar con su campaña por una mayor transparencia en la tramitación y las decisiones sobre Eurovegas para poder esclarecer las condiciones y las consecuencias de la construcción de este macroproyecto “del que se sabe tan poco”, y continuará denunciando públicamente todas y cada una “de las irregularidades de este, hasta ahora, oscuro proceso de negociación”.
* El Confidencial - Ana I. Gracia - 13.3.13
Foto: Eurovegas, terrenos Alcorcón - elmundo
Madrid.- El Defensor del Pueblo amonesta a Ignacio González por la opacidad de Eurovegas
Casas vacías en la comunidad del ladrillo
DIAGONAL/Valencia* : Desde la PAH Alicante denuncian que la Generalitat está empezando a desahuciar a las familias que viven en las viviendas sociales del Instituto de Vivienda de Valencia.
La Comunitat Valenciana fue el pasado año la región en la que se presentaron en los juzgados más procedimientos de desahucios, con 12.464 hasta septiembre de 2012, según el informe del Consejo General del Poder Judicial. “En Alicante llegan unos 20 o 30 casos nuevos de desahucios cada domingo; la mayoría son casos de multipropiedad o de gente con ingresos altos pero con unas hipotecas enormes. Casos de primera necesidad hay un 15% o 20%, en los que hay que tomar medidas inmediatas. Es una suerte que hayamos llegado a acuerdo, porque no se puede contar con apoyo para estos casos por parte de la Administración”, explica Jesús Bustos, de PAH Alicante.
Con un modelo de política de vivienda basado en la construcción a través de promotoras privadas de bloques destinados mayoritariamente a la venta con cierto grado de protección oficial, la Generalitat Valenciana, a través del Instituto de Vivienda de Valencia (IVVSA), tiene dedicadas al alquiler social unas 60 viviendas en Alicante, que se suman a otras 20 propiedad del Patronato Municipal de Vivienda, según afirma Bustos. En la ciudad de Valencia, con cerca de 800.000 habitantes, las cifras no son muy distintas: sólo hay 94 viviendas destinadas a alquiler social, de las que 11 están pendientes de rehabilitación; o en Castellón, donde, según explica Walter González, miembro de PAH Castellón, las viviendas de alquiler social son prácticamente inexistentes.
Al escaso número de viviendas se le añade el largo proceso para optar a este recurso, para el que, según explica Jesús Bustos, hay que pasar por Servicios Sociales. “Reciben a diez personas al día, puedes pasar dos años en lista de espera antes de que te reciban”. Éste fue el caso de Encarni y Francisco, un matrimonio de Elda que llevaba cinco años esperando a que se les adjudicara una vivienda de alquiler social hasta que hace tres meses, empujados por la enfermedad crónica que sufre uno de sus hijos, decidieron okupar una de las viviendas vacías que el IVVSA tiene en la localidad y ahora se enfrentan a un juicio por usurpación. “Esta vivienda llevaba más de un año vacía; ahora el IVVSA se excusa diciendo que la iban a reformar”, afirma Neus Pineda, de PAH Elda-Petrer, quien recalca que sólo en ese mismo bloque se cuentan seis viviendas vacías del Instituto de Vivienda valenciano.
Con un parque de alrededor de 16.000 viviendas, la consejera de Infraestructuras valenciana, Isabel Bonig, admitió a finales del pasado año que se contaban 605 viviendas vacías propiedad del IVVSA, una cifra que posiblemente se quede corta cuando sólo en Paterna, según denuncia la Coalició Compromís, se cuentan más de 200 viviendas vacías de la institución regional, otras varias decenas en Sagunto, o un bloque entero de viviendas en Alfafar.
Desahucios en el IVVSA
Mientras, la empresa pública de vivienda ha contado ya más de 500 casos de desahucios de sus viviendas sociales desde 2008. “El objetivo del Ayuntamiento y de la Generalitat con esas viviendas es sacar algo de dinero. Si no pueden sacar de la gente que hay ahora, los echarán para meter a gente que pueda pagar aunque sea poco, como las familias que vienen de desahucios”, explica Bustos en relación al caso de Alicante, tras añadir que, aunque el Ayuntamiento alicantino afirmó en un Pleno que no se ejecutarían desahucios de viviendas sociales por motivos económicos, a la PAH ya han llegado un par de casos en los que se “buscan otras excusas”, como el de una mujer con un hijo con la enfermedad de huesos de cristal con derecho a recibir la ayuda de la Ley de Dependencia, que, al no recibirla, se vio obligada a menudear con droga para poder comprar las medicinas de su hijo, o el de un hombre de 55 años con problemas de salud que dedicaba 250 de los 300 euros mensuales que gana a comprar medicinas, y al que el Patronato de Vivienda intentó desahuciar mientras estaba ingresado en el hospital.
El IVVSA dedicó mayormente su actividad hasta hace poco a la promoción de vivienda nueva de la mano de grandes constructoras valencianas vinculadas al Partido Popular con las que creó empresas mixtas, como Tarea Promociones Valencianas de Vivienda, creada en 2005 junto a Enrique Ortiz, actualmente imputado en la Gürtel y en la Brugal, de la que el instituto valenciano de vivienda maneja un 49% (el 51% restante está en manos del constructor alicantino). Tarea Promociones ha llevado proyectos como el del PAI de Nou Manises, de 9.634 viviendas, de las que 5.775 eran de protección oficial, el Bulevar del Plá, en Alicante, o el Plan Rabassa, que supondrá la construcción de más de 13.500 casas en la periferia de Alicante y cuya tramitación estuvo salpicada de polémicas por posibles irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana del municipio.
El pasado año, el Gobierno valenciano decidió dar un vuelco a la gestión del IVVSA, y centrar su actividad en la gestión de viviendas sociales destinadas a colectivos en riesgo de exclusión. El cambio de actividad de la empresa pública fue acompañado en julio de 2012 por un ERE que dejó sin trabajo al 60% de la plantilla, 212 trabajadores, aunque dejó intacto el equipo directivo, y cuyo coste, estimado en siete millones de euros, se dedujo del presupuesto destinado al plan de vivienda.
“Todo lo que el Estado no asume de sus responsabilidades lo está asumiendo la sociedad civil”, afirma Jesús Bustos. Según explican desde la PAH Alicante, en la provincia ya hay particulares que están poniendo en alquiler viviendas por 50 euros e incluso algunos las ceden gratuitamente. “Hay muchos vecinos que cuando ven que una vivienda en su edificio está vacía contactan con nosotros y nos ofrecen que la ocupemos para dársela a una familia desahuciada”, explican desde la plataforma, desde la que añaden que incluso la policía no está poniendo pegas a las okupaciones en las que se estén cuidando los edificios.
“En la Comunidad Valenciana sólo hay proyectos parados en los cajones. Los servicios sociales no hacen nada, los bancos hacen poco y los ciudadanos son los que están moviéndose y consiguiendo cosas”, concluye Bustos.
Casi cuatro años sin pagar el cheque vivienda
“Nos han vendido pisos que supuestamente eran de protección, pero llevamos años sin recibir las ayudas”, explica Felipe Pérez, de la Plataforma de Afectados Ayudas a la Vivienda de la Comunitat Valenciana. Desde la plataforma denuncian que cerca de 50.000 personas a las que se les ha aprobado el cheque de acceso a la vivienda, que supone una ayuda para la compra de la primera vivienda de entre 4.000 y 17.000 euros, siguen a la espera de que la Generalitat les pague la ayuda.
“Ahora están empezando a pagar a gente que pidió anticipos a los bancos, saltándose el orden de resolución de las ayudas por la presión de los bancos”, señala Felipe Pérez, que lleva ya cerca de cuatro años esperando recibir los 11.000 euros que le debe la Generalitat, y quien añade que el Gobierno valenciano está haciendo una propaganda populista intentando dar imagen de preocupación por las familias desahuciadas mientras deben 250 millones de euros a otras 50.000 familias, de las que muchas están también en riesgo de desahucio.
* Diagonal - TER GARCÍA . Redacción - 05/03/13
Foto: La Comunitat está a la cabeza en construcción de segunda vivienda. / DAVID FERNÁNDEZ
El jefe de Carreteras de Ourense pagó por obras que era imposible ejecutar
ELPAÍS* : La Demarcación de Carreteras de Ourense no solo repartió decenas de contratos a dedo a través de supuestos concursos que en realidad copaban entramados de empresas vinculadas entre sí. También validó y pagó numerosas facturas plagadas de irregularidades que revelan el pago de dinero público por trabajos imposibles de realizar. Decenas de expedientes administrativos de 2009 a 2012 en poder de este diario están salpicados de anomalías: desde obras que autoriza la Demarcación fuera de su jurisdicción hasta reparaciones de elementos de las infraestructuras que no existen.
El funcionario jefe del departamento, Adolfo Güell Cancela, certificó con su firma en diciembre de 2011 el pago a la constructora Misturas Obras e Proxectos de 48.887,65 euros por la “limpieza de mediana en N-525” entre los puntos kilométricos 125,7 y 141,8. En este tramo situado en el entorno de A Gudiña no hay mediana que limpiar.
El mismo funcionario del Ministerio de Fomento en Ourense también estampó su firma en julio de 2011 para ratificar el pago de un albarán a Obras y Proyectos SUGE de 4.111,71 euros por el fresado (borrado) de marcas viales en la A-52 entre los kilómetros “48,2 al 50,1”. Ese punto de la infraestructura está en Zamora, a más de 60 kilómetros del límite con la provincia de Ourense y junto a un centro de conservación y explotación viaria del Ministerio de Fomento.
En la A-75 entre Verín y la frontera con Portugal, una vía de apenas 12,8 kilómetros puesta en servicio en junio de 2010, se formalizaron solo un año después de su inauguración y concentrados en cinco meses cuatro contratos para cometidos muy similares: “segado y retirada de vegetación” entre los kilómetros 0 y 4,6; “poda de arbustos” entre los kilómetros 5,6 y 12; “poda de arbustos y segado de hierba y maleza” entre los kilómetros 0 y 12,8; y “mejora de visibilidad” entre los mismos puntos. Más allá de las ligeras diferencias en el objeto de las distintas adjudicaciones, el concepto que detallan los contratos fue siempre el mismo: “Segado de hierba y maleza, incluso retirada de los productos a vertedero [Y]\[y\]retirada y poda de arbustos en taludes de desmonte”.
Las empresas invitadas a competir para ejecutar los trabajos se repiten e incluso mantienen vínculos societarios entre sí. El primer contrato se lo llevó Seviga por 43.005,22 euros tras imponerse en el hipotético concurso a Construcciones Rías Bajas y Aopil. El segundo encargo también fue para Seviga por 42.660,60 euros. Esta firma quedó por delante de las constructoras Xérmolo y Obras y Proyectos SUGE. El Registro Mercantil evidencia la relación entre dos de las sociedades que en principio pujaban por estas obras: Xérmolo es propiedad de Torres Bascuas, socio a su vez de Seibe 2000, empresa del mismo grupo que Seviga.
La tercera adjudicación recayó en Geseco por 49.500 euros. Supuestamente competía con Copasa y Seviga (Geseco y Copasa están participadas en un 25% y un 12,5%, respectivamente, por la sociedad Legio Auriense SA). El cuarto contrato fue a parar a Copasa por 49.912,83 euros frente a Aopil e Infoelco (esta última, administrada por José Antonio Osorio Montero, que administró otra empresa del propietario de Aopil, Amando Martínez Deaño, ex presidente del PP de Ribadavia).
Aopil, una de las habituales beneficiarias en la concesión de obras de este departamento, recibió por esas mismas fechas encargos directos (sin mediar concurso alguno) de la Demarcación de Carreteras de Ourense.Facturó 4.865,14 euros a cambio de 775 metros de malla de cerramiento para los kilómetros 1,3 a 3,6 de la misma autovía A-75. La infraestructura tenía apenas un año de vida. Son varias las facturas pagadas por la Demarcación de Ourense por trabajos similares o idénticos en fechas y puntos kilométricos muy próximos que se entregaron a dedo. De haberse contratado a través de un único procedimiento se tendrían que abrir a más competencia.
Otro ejemplo es el albarán emitido por GED Integral el 30 de octubre de 2009 por 4.488,74 euros a cambio de 280 metros de barrera de seguridad para los kilómetros 183,6 a 199,4 de la A-52. Cinco días después Protección Vial factura 4.360,49 euros por otros 272 metros del mismo tipo de barrera para los kilómetros 183,2 a 202,1 de la misma autovía.
Pagados 33 kilómetros, asfaltados 31
En julio de 2009 Fomento adjudicó tras un concurso público el asfaltado de los 33,2 kilómetros que tiene la A-52 entre la ciudad de Ourense y el límite con la provincia de Pontevedra por 8.902.842 euros. La obra se la quedó Gévora Construcciones SA, que sin embargo no asfaltó todo el tramo contratado, entre los puntos kilométricos 233,9 y 267,1. Una simple inspección visual de la vía permite comprobar que la renovación del firme no comenzó en el kilómetro 233,9 sino en el 235,2. El trecho no asfaltado, 1,3 kilómetros, supone el 4% de lo contratado y equivale a unos 350.000 euros.
Según fuentes de Fomento, la Demarcación de Carreteras de Ourense, encargada de comprobar que los trabajos contratados son efectivamente realizados, justificó que ese asfalto pagado para la A-52 pero que no se aplicó allí fue empleado en otras zonas que requerían más cuidado.
Tras esta extravagante explicación que supone admitir un cambio en las condiciones del contrato, Fomento decidió prohibir expresamente a sus demarcaciones provinciales ese tipo de modificados de obra. La adjudicataria, Gévora Construcciones, es una del medio centenar de firmas que la Comisión Nacional de la Competencia sancionó en 2011 por repartirse ilegalmente contratos públicos. La multa a Gévora fue la segunda más alta de aquel proceso, con 3,1 millones de euros, solo por detrás de Ocasa (5,5 millones) y seguida por Misturas (1,6 millones), Extraco (1 millón) y Betunes y Firmes (100.000 euros). Todas son constructoras habituales en la contratación de obras por parte de la Demarcación de Ourense.
Comisiones Obreras aseguró ayer que el rosario de anomalías en la Demarcación de Ourense motivó ya dos denuncias ante la fiscalía Anticorrupción y pidió el cese del jefe del departamento, Adolfo Güell. Además detalló nuevos indicios de irregularidades en el departamento. Fomento continúa con la investigación y su jefe de Demarcación evitó ayer responder a este diario.
* El País - JOSÉ PRECEDO / DAVID REINERO - 15.3.12
Foto: Tramo de la A-52 cuyo asfaltado no concluyó la empresa adjudicataria. / NACHO GÓMEZ
“El modelo de ciudad siempre responde a intereses de clase”
ENRIC LLOPIS* : No hay ciencia ni disciplina neutral. Más o menos oculta, asoma siempre la ideología y los intereses de clase. También en disciplinas que pudieran parecer eminentemente técnicas, como la arquitectura y el urbanismo. Desde su experiencia en el grupo de profesionales “Vetges tu i Mediterrània”, el arquitecto y crítico de arte, Amando Llopis, afirma que tras un modelo dado de ciudad “existen siempre las ambiciones de una clase social”. El grupo “Vetges tu i Mediterrània”, formado por seis arquitectos que trabajan colectivamente desde la década de los 70, ha extendido su práctica profesional a la investigación sobre la ciudad histórica, cuyo resultado aplican después en proyectos concretos de rehabilitación (caso de la plaza Redonda o el Mercado de Abastos de Valencia). Dentro de esta concepción integral, también colaboran en exposiciones sobre arte, arquitectura y otras materias relacionadas.
¿Hay política e ideología detrás del urbanismo y de un determinado modelo de ciudad?
Por supuesto, el urbanismo nunca es neutro. Responde a los criterios de la clase dirigente en un momento dado de la historia. En España, el ejemplo de ciudad moderna es Barcelona. El arquitecto Ildefons Cerdà ideó el ensanche barcelonés que sentó las bases del crecimiento de la ciudad en la segunda mitad del siglo XIX. En ciudades como Madrid, Bilbao o Valencia se siguió el mismo patrón. Se derribaron las murallas y se construyó el ensanche fuera del casco histórico, lo que hasta ese momento constituía la ciudad.
¿A qué intereses de clase responde este paradigma urbanístico?
Es un proyecto eminentemente burgués. La burguesía -como clase social que ha hecho su revolución y ha salido victoriosa- impulsa este conjunto de obras. Entre otras razones, se trata de un proyecto de autodefensa como clase social. En ciudades muy densas, como Barcelona o Valencia, las epidemias (por ejemplo, la del cólera) eran terriblemente mortales. Una manera de resolver el problema consistía en construir los ensanches e irse a vivir fuera del casco antiguo. Pero la burguesía tiene la idea de volver. No hemos de olvidar tampoco que en el primer tercio del siglo XIX el urbanismo se convierte en un negocio, vinculado a la banca y a otros servicios que se prestan en las ciudades. Pero siempre se ha considerado París como el gran paradigma.
¿En qué sentido?
Haussman fue el personaje decisivo. El gran arquitecto del ensanche parisino. Su plan consistió en atravesar el núcleo histórico de París con vías rápidas de circulación para los vehículos y, sobre todo, para el control social y el mantenimiento del orden público desde un punto de vista burgués. En España esto se puede entender de manera muy gráfica en los 70, cuando las universidades todavía se emplazaban en la parte vieja de las ciudades y, ante las protestas del movimiento estudiantil, la policía se volvía loca para ejercer la represión en las callejuelas. Por esto, y por su propio crecimiento, las universidades se fueron sacando de los núcleos históricos.
¿Podríamos considerar, por tanto, la ciudad como un espacio de conflicto, de lucha de clases?
Así es. La burguesía siempre ha intentado vivir en el centro de las ciudades, donde se hallan los núcleos de poder (por ejemplo, la catedral y los bancos). Y para ello ha de sacar de los centros urbanos a las clases populares, que desempeñan allí sus oficios. En el caso español se controla y “domestica” históricamente a los trabajadores mediante varios mecanismos. De entrada, imponiendo el modelo de familia tradicional, lo que supone una primera fijación. Además, generalizando el modelo de casa en propiedad para las familias. Las cajas de ahorro han actuado tradicionalmente en esa dirección. A finales del XIX y principios del XX, se promulgan leyes de casas baratas para construir viviendas de baja densidad para gente con pocos recursos y profesionales liberales. El objetivo es que la gente se asiente en el territorio y así disminuya la posibilidad de conflicto social.
Actualmente, ¿en qué términos se presenta la cuestión urbanística?
Existen muchas discusiones entre los urbanistas. El modelo denso, compacto o de ciudad tradicional permite compartir recursos de un modo mucho más racional. El ejemplo contrario es el modelo de ciudad diseminada o dispersa, característico del mundo anglosajón. Uno de los ejemplos de buenas prácticas urbanísticas es Bilbao, ciudad densa con un casco viejo pequeño que se ha rehabilitado y se halla completamente habitado. Pero me gustaría insistir en la idea de equilibrio. Priorizar la ciudad compacta no significa, en absoluto, abandonar el resto del territorio. Porque la ciudad necesita también del campo y de sus actividades.
¿Qué urbanismo se ha desarrollado en el estado español durante la última década?
Requiere una reflexión muy de fondo. Todas las ciudades necesitan un Plan General, que regule y ordene los usos del suelo en un municipio. Pero en muchas ciudades se han implementado planes urbanísticos que, en la práctica, eran autónomos de los documentos de planeamiento. Se perdía en consecuencia la idea de conjunto. Por lo demás, el urbanismo en el estado español durante la última década se ha dirigido a la especulación y al lucro cortoplacista. Por eso el precio de los solares y las viviendas crecieron de manera tremenda e irracional.
¿Qué alternativas cabe plantear ante los impactos de la burbuja inmobiliaria?
Se trata de partir, pues no hay otro remedio, de las barbaridades que se han cometido en épocas anteriores. Consolidar lo que no tenga marcha atrás y, siempre que se pueda, reparar las fracturas pensando en los ciudadanos. Algunos ejemplos concretos: se debe actuar para que no existan solares vacíos y para que desaparezca el tráfico de automóviles en el centro de las ciudades. Aumentar los equipamientos en los barrios y luchar contra las privatizaciones de escuelas y centros de salud. Más zonas verdes, mejora de los accesos…Hay mucho trabajo pendiente para los urbanistas. Pero lo resumo: apostar por la rehabilitación y utilizar la piqueta y el ladrillo lo estrictamente necesario. Todo ello, en el marco de la economía de subsistencia en el que vivimos.
¿En qué ciudades pueden encontrarse estas alternativas?
Berlín es, desde la década de los 90, uno de los grandes referentes. Han sabido rehabilitar edificios, en muchos casos antiguas industrias, a los que se han dado todo tipo de usos. Por ejemplo, hay polígonos industriales reconvertidos en jardines. Las ciudades francesas también tienen una gran tradición en materia de paisajismo urbano. Hacen y rehacen continuamente jardines. En Cataluña, y es casi una excepción en el estado español, se le presta mucha atención a los parques públicos urbanos. Vitoria y Girona constituyen también dos buenos ejemplos en ese sentido. Ahora bien, el gran referente es el Central Park, que actúa como pulmón verde de Nueva York.
La vida en los barrios. ¿Ha aumentado con la crisis la polaridad entre las diferentes zonas de la ciudad?
En efecto. Sobre todo, porque en los tiempos de la burbuja inmobiliaria hubo gente que vivía en los barrios populares (en muchos casos procedía de la inmigración nacional de los 70), mejoró de estatus y se compró una vivienda nueva en zonas algo mejores. Las casas que abandonaron las adquirieron personas inmigrantes que llegaron a España a trabajar durante el “boom” de la construcción. En los ensanches se repitió el proceso: hubo gente de la clase media y alta que se trasladó a las nuevas zonas residenciales. Otros estratos sociales ocuparon las viviendas que dejaban. Son procesos que, al fin y al cabo, generaban diferencias entre los barrios. Ahora bien, cuando estalla la crisis se rompe esta dinámica, se ponen masivamente viviendas a la venta y caen espectacularmente los precios.
¿Piensas que se difundió en los últimos años un urbanismo “a la americana”?
Ocurrió así con la proliferación de recintos vallados y autovigilados, concebidos para gente a la que se considera con miedo de salir a la calle. Y piensa que en Europa la calle es algo así como la extensión de tu casa. Se trata de construcciones que se desarrollan en las ciudades a imitación de las que se extendieron durante el “boom” de la costa. Opino que es un modelo aberrante, que se da sobre todo en las ciudades americanas y en el que el individuo vive a caballo entre su casa y el coche. Por el contrario, la ciudad en Europa es tradicionalmente un espacio de intercambio y de contacto con el otro.
¿Qué opinas del “urbanismo-espectáculo” y de las grandes figuras de la arquitectura?
La necesidad de reinventar las ciudades para el turismo ha permitido que afloren grupos elitistas de arquitectos que construyen de manera alocada, pensando sobre todo en la proyección externa. China constituye el gran ejemplo en ese sentido. Al final, se trata sobre todo de una cuestión de mercadotecnia. Pero también considero que hay que matizar. Arquitectos como Foster o Renzo trabajan introduciendo elementos como la sostenibilidad. Otros, como Calatrava, además de no ser buenos urbanistas, desarrollan construcciones con muchas deficiencias. Y, finalmente, el arquitecto es siempre responsable de sus obras.
En el otro extremo, asoma la realidad trágica de los desahucios y la dificultad para acceder a una vivienda. ¿Qué medidas se deberían arbitrar?
Desde el punto de vista político, resulta inadmisible y muy injusto el hecho de que existan muchísimas viviendas vacías en las ciudades. Y por supuesto, hay alternativas. Los ayuntamientos cuentan con registros municipales de solares; podrían obligar, a partir de estos censos, a que se dé uso a los solares vacíos y, si los propietarios no hacen caso, promover los mismos consistorios la construcción de vivienda social. Las administraciones públicas también deberían obligar a que se pongan en circulación las viviendas vacías. En pocas palabras, la vivienda social se ha de considerar una prioridad. La constitución española ya dice que todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna. Nunca deberían permitirse los desahucios.
Por último, ¿hacia dónde caminar?, en el marco de una economía que denominas “de subsistencia”
Opino que las ciudades han de apropiarse de espacios con poco uso. Pienso, por ejemplo, en el desarrollo de huertos urbanos, una realidad que está presente en ciudades de Alemania, Holanda y Francia. También hay iniciativas en Andalucía y cada vez más en Valencia, en las zonas de tierra fértil. Otra opción es la vuelta a los pueblos, con proyectos serios de recuperación que puedan constituir una salida para la gente joven en medio de la crisis. Pienso además en la recuperación de fábricas abandonadas y en dar uso a solares que actualmente no lo tienen. Básicamente, iniciativas de rehabilitación, como decías, en el contexto de una economía de subsistencia.
* Rebelión - Opinión - 9.3.13
Foto: Barcelona, vista ciudad - el pais
Santa Cruz.- Urbanismo se enfrenta a otra indemnización millonaria
CANARIASAHORA/Tenerife* : La Gerencia otorgó una autorización que permitió la construcción de un geriátrico que podría ocupar el doble de lo que contemplan las normas.
El concejal de Urbanismo de Santa Cruz, José Ángel Martín Bethencourt ha trasladado al representante de la asociación de vecinos Ifara-La Ninfa, Mariano Reymundo su preocupación por las consecuencias que puede acarrear la concesión de una licencia que según los primeros informes resultó errónea y permitió la construcción de un geriátrico. El concejal ha señalado que por lo que conoce del expediente este asunto puede implicar el desembolso de una indemnización millonaria a los promotores por parte de Urbanismo. Los tribunales obligaron a la Gerencia a llevar a cabo la revisión de oficio de esta autorización y ya los técnicos han indicado que efectivamente han encontrado “indicios” de que se permitió construir el doble de lo que establecen las normas urbanísticas para este ámbito.
Según Reymundo tras diversas reuniones con representantes de la Gerencia estos le han comunicado que han detectado “anomalías” en el procedimiento seguido.
El representante vecinal acaba de presentar un escrito ante el Juzgado para que el organismo autónomo lleve a cabo la ejecución forzosa de la sentencia emitida hace un año que obligaba a volver a estudiar esta licencia dictada en el mes de abril del año 2003 por la que se permitió la construcción de un edificio de tres plantas y sótano. Igualmente exigía que ésta fuera anulada al considerar que existía base legal para concluir con que el edificio no se adapta a las normas urbanísticas del entorno.
Reymundo recuerda que el fallo es firme desde finales de 2010 pero que aún no se le ha dado cumplimiento pese a que entonces se dio un plazo de diez días. Por ello, esta asociación vecinal ha decidido interponer otro recurso contencioso administrativo en contra de la Gerencia de Urbanismo. En cualquier caso el colectivo pide al Juzgado que se proceda a la imposición de multas coercitivas periódicas de hasta mil quinientos euros y hasta la completa ejecución del fallo judicial, “por la mala fe manifestada, y con apercibimiento de la posible responsabilidad penal en la que se pudiera incurrir“.
Por su parte, la representación de Residencias Atlántida, propietaria del Geriátrico, defendió que Urbanismo se debe inadmitir la solicitud planteada por la asociación de vecinos y también se opone a que se recabe dictamen del Consejo Consultivo “por que no existe ninguna causa de nulidad”. La empresa considera que la solicitud carece “manifiestamente de fundamento ya que se refiere a dos licencias urbanísticas que deben considerarse extinguidas por sustitución”. Además, apuntan que el propio Ayuntamiento ya se ha pronunciado acerca de la conformidad de derecho”, sobre esta cuestión.
No es ni mucho menos la primera irregularidad que se localiza en Ifara donde son varios los edificios sobre los que en algunos casos ya pesan sentencias firmes de demolición. En el conocido como La Ninfa la no ejecución de una sentencia de derribo ha dado lugar a la imputación de los antiguos concejales de Urbanismo, Manuel Parejo y Norberto Plasencia, al ex gerente, José Tomás Martín y al ex secretario, Víctor Reyes. Por motivos parecidos ya se ha procedido al derribo de una vivienda unifamiliar y de un edificio en Residencial Anaga y existen otras cinco sentencias firmes que podrían acabar de idéntica manera.
En todos estos casos los juzgados han considerado que el responsable de los incumplimientos no son los promotores sino la propia Gerencia de Urbanismo a la que los dueños podrán pedirles indemnizaciones que hasta ahora han oscilado entre los 150.000 y los 300.000 euros. Entre las cinco edificaciones sobre las que pesa una orden de demolición total o parcial se encuentra la que es propiedad del diputado nacional y consejero insular del Partido Popular (PP), Manuel Luis Torres Herrera. Estas licencias fueron otorgadas hace años por otro cargo del PP, Pablo Matos cuando ejercía como concejal de Urbanismo y que actualmente también es diputado nacional y edil en la oposición del Ayuntamiento por esta formación política.
Resulta llamativo que Torres Herrera fuera viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias cuando acabó de construir su casa a finales de la década de los años noventa.
* Canarias Ahora - NOÉ RAMÓN - 7.3.13
Foto: Santa Cruz de Tenerife, geriátrico Ifara - tercera-edad
Sobre la anulación del PGO de Gijón: negocio, democracia y vivienda
Y lo anterior no solo es una opinión, también es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias cuando decide anular el PGO porque no ha cumplido con los principios de publicidad y participación ciudadana lo que ha generado indefensión a los ciudadanos. Tampoco es una cuestión de “forma” con la que pretenden disculparse y escudarse la ex alcaldesa Fernández Felgueroso y el concejal Santiago Martínez, ni el silencio de los dos concejales de Urbanismo Jesús Morales y Pedro Sanjurjo (actual Presidente del Parlamento asturiano y cuñado de Santiago Martínez ), protagonistas y responsables de este ladrillazo. La sentencia es clara, ustedes han hecho su Plan a espaldas de los ciudadanos a los que han relegado reiteradamente.
Pero por si lo anterior no fuera suficiente, el jueves día siete, en un artículo de Miriam Suárez en LNE, dice "las grandes bolsas urbanizables del concejo están en manos de 21 empresas, algunas familias notables y los bancos". La inmediata pregunta es ¿para qué y para quién era el PGO anulado? O, dicho de otra manera, ¿quiénes eran los beneficiarios del Plan? En Gijón, como en tantos otros lugares, sobran pisos y faltan pisos; sobran pisos vacíos y hay mucha gente sin vivienda, cuando no desahuciados. Esto no es un defecto de forma, esto es simplemente el resultado de una estudiada planificación de Política Económica con unos criterios que han dado por resultado la actual debacle financiera pero, sobre todo y lo más importante, nos han conducido, junto con otras actuaciones similares, al desastre social en el que estamos, a lo que llaman crisis, de la que nadie sabe cómo ni cuándo vamos a salir.
Ni este Plan ni tampoco el anterior, del que el Tribunal Supremo confirmó la anulación con más de treinta sentencias, han sido redactados democráticamente. La movilización social de la pasada década en contra del Plan fue muy importante y numerosa sin que por parte del Ayuntamiento hubiera más respuesta que las descalificaciones (Abogados de caleya, quieren hacer caja, decía Montes Estrada). El Ayuntamiento, ex alcaldesa y concejales, se burlaron de las tres "Marchas Verdes" y de los tres mil escritos presentados en el Registro municipal con la escusa de que si eran o no "alegaciones" o "recursos" de modo que en vez de facilitar la participación ciudadana, el Ayuntamiento la obstaculizó de mil maneras.
El PGO no ha sido recurrido por ningún malvado enemigo de Gijón sino por organizaciones vecinales y por ciudadanos a secas. Decir ahora que la victoria ha sido pírrica, como afirma la exalcaldesa, es tratar y considerar y a los ciudadanos como si fueran masoquistas. El interés general tiene que comenzar por el respeto de los bienes y de los intereses particulares hasta donde se pueda, pero no vale actuar como si el fin justificara los medios.
Es más, nada de victoria pírrica, sino de tozudez antidemocrática por parte del Ayuntamiento porque no conformes con las treinta sentencias, volvieron a reescribir el mismo PGO, más o menos y a toda prisa, solo unos días antes de finalizar el mandato. Así las cosas, no sorprende que este segundo Plan, fotocopiado del anterior, haya sido anulado.
Esta es la primera sentencia, porque al TSJA aún le quedan por resolver unos setenta recursos más y es fácil sospechar que todavía se desvelará algún despropósito que todavía vaya mucho más allá de un defecto de "forma". Queda por ver ahora qué Recursos de casación admite el TS porque los incumplimientos del PGO ni siquiera podrían ser de su competencia, sino simplemente de leyes autonómicas en las que el TSJA tiene la máxima competencia.
* www.asturbulla.org
* Rebelión - Opinión - 9.3.13
Foto: Gijón, ayuntamiento - gijon2008.com
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Los seis motivos del tribunal europeo contra los desahucios "marca España"
DIAGONAL* : La sentencia del Tribunal Europeo de Justicia marca una serie de criterios a los que podrán acogerse los jueces españoles para suspender de forma cautelar los desahucios.
La sentencia hace suyos los principios dictados por su abogada general, Juliane Kokott, en su dictamen de noviembre. El dictamen obedecía a una consulta elevada al TEJ por parte del juzgado de lo mercantil nº3 de Barcelona, encargado de resolver el litigio entre Mohamed Aziz y Catalunya Caixa (hoy Catalunya Banc y rescatada con 9.000 millones de euros de dinero público procedentes del rescate europeo). Aziz firmó en 2007 un préstamo hipotecario de 138.000 euros sobre su vivienda familiar. En junio de 2008 dejó de pagar las cuotas mensuales. Casi cinco años después, estos son los criterios a los que, por sentencia europea, podrán acogerse los jueces españoles en miles de procedimientos similares.
1. Los motivos por los que un deudor en España puede oponerse al proceso de ejecución de su hipoteca son "muy limitados"
En la práctica, alguien que haya suscrito una hipoteca para acceder a una vivienda y se haya visto inmerso en un proceso de ejecución hipotecaria por impago sólo puede reclamar la suspensión de la ejecución en caso de que la entidad haya calculado mal las cantidades debidas.
2. Los jueces no pueden actuar
La Directiva sobre cláusulas abusivas 93/13/CEE de 5 de abril de 1993 se opone a los artículos 681 a 698 de la Ley española de Enjuiciamiento Civil. Esto es, la ley española no permite a un juez parar un desahucio aunque haya indicios de una cláusula fraudulenta.
3. Predominio del derecho comunitario sobre protección del consumidor
En principio, la Ley de cada Estado manda sobre la Ley europea en este caso. Pero la normativa española no debe ser más dura para el procedimiento de ejecución hipotecaria que para otras situaciones similares (principio de equivalencia) y no debe vulnerar el principio de efectividad del ordenamiento europeo: "no debe hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere a los consumidores" la normativa europea.
4. Las indemnizaciones a las que puede optar un hipotecado a posteriori son insuficientes
La declaración de nulidad de posibles cláusulas abusivas sólo la puede declarar el juez cuando ya se ha producido la ejecución (se ha ordenado el desahucio). El TEJ considera esta declaración como meramente "indemnizatoria", "incompleta e insuficiente" dado que "ese mecanismo de protección de los consumidores limitado al pago de una indemnización por daños y perjuicios no permite evitar la pérdida definitiva e irreversible de la vivienda".
5. La existencia de un contrato firmado y la supuesta "buena fe" del prestamista no bastan para determinar que una cláusula no es abusiva
Si al negociar el contrato no se han negociado individualmente las cláusulas, los jueces podrán considerarlas abusivas "si causan un desequilibrio importante en detrimento del consumidor" en función de los derechos y obligaciones de las partes firmados en el contrato. En el litigio que dio origen a la consulta, el banco impuso al deudor unos intereses del 18% sobre el préstamo inicial debido al impago (intereses de demora).
6. El banco puede iniciar el proceso con un sólo impago y esto es desproporcionado
El banco puede iniciar el proceso con un sólo mes de impago. Para el TEJ, los jueces tendrán que estimar a partir de ahora si ese incumplimiento del contrato es "suficientemente grave con respecto a la cuantía y a la duración del préstamo"
* Diagonal - DIEGO SANZ PARATCHA Y CARMELA NEGRETE - 14.3.13
Foto: Hipotecas, protesta PAH - efe
Murcia, paradigma de la corrupción: 45 municipios y 40 causas abiertas
ELCONFIDENCIAL* : El sobreseimiento de una causa contra un alcalde del Partido Popular ha provocado la polémica sobre esos procedimientos en Murcia, que tiene actualmente 40 causas por corrupción abiertas en una región de 45 municipios. En esa llamativa proporción no están todos los que son, puesto que hay algunos ayuntamientos que no tienen ninguna, pero sí son todos los que están, algunos varias veces.
Fuentes jurídicas consultadas mostraron su sorpresa por el cómputo, puesto que solamente hay constancia de 40 casos abiertos en los últimos años contra representantes de partidos políticos o empleados públicos por presunta corrupción en los 45 municipios de la Región. La oficina de prensa del PP no facilitó la lista de los 64 casos desestimados que le fue solicitada por este diario.
De los 40 asuntos comprobados de presunta corrupción abiertos en la Región de Murcia, 28 afectan a concejales y alcaldes del Partido Popular en distintos municipios. Destaca entre ellos el llamado caso Umbra, en el que están imputados el actual alcalde de la capital, Miguel Ángel Cámara, los dos anteriores concejales de Urbanismo, Pilar Megía y Fernando Berberena, y empresarios, funcionarios y abogados, por prevaricación, cohecho, malversación, tráfico de influencias y trato de favor a las empresas promotoras de millones de metros cuadrados en el norte del municipio capitalino.
Los municipios gobernados por el PP de Águilas, Puerto Lumbreras, Fortuna, Totana, Fuente Álamo, San Javier, Torre Pacheco, Blanca, Fortuna, Totana, Alcantarilla, Alguazas, Caravaca de la Cruz y Murcia tienen o han tenido uno o varios casos judiciales por presunta corrupción en los últimos años.
En ellos, el tamaño no es lo importante, como prueba el pequeño municipio de Puerto Lumbreras, limítrofe con Almería, que tiene tres causas abiertas. En dos de ellas -por prevaricación urbanística y por prevaricación administrativa- está inmerso el acalde, Pedro Antonio Sánchez. Pero el gran municipio de la capital murciana -450.000 habitantes, séptima ciudad española- no le va a la zaga, pues además del Umbra tiene abiertos otros tres casos.
Uno de estos últimos lo comparte con Alcantarilla, igualmente gobernada por el PP, por contaminación del río Segura, y ostenta el dudoso honor de ser el más antiguo aún en curso, ya que se inició por una denuncia de Izquierda Unida en 1999.
Del lado socialista, con un total de siete procedimientos, llama la atención el caso Limusa en Lorca, uno de los pocos que ha sido cerrado con la condena de dos exconcejales del PSOE -Bartolomé Soler y Jesús Molina- y el exgerente de la empresa municipal de limpieza.
También tiene el PSOE su pequeña heroína gracias a Resurrección García, que gobernó Lorquí entre 1995 y 2007, y se sentará próximamente en el banquillo por rebajar a capricho 27 sanciones urbanísticas, cosa presuntamente constitutiva de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Entre los procedimientos acabados, el Partido Popular se lleva la palma por las condenas obtenidas en Totana por el exalcalde Juan Morales -actualmente en la cárcel por prevaricación, cohecho, falsedad, entre otras causas-, y en Fortuna por el exalcalde Matías Carrillo -inhabilitado por el Tribunal Supremo por delito electoral consistente en la compra de votos y prevaricación-. El sucesor de Morales, el también popular José Martínez Andreo, tiene una petición fiscal de tres años y cuatro meses por coacciones y obstrucción a la justicia por tomar represalias contra el denunciante de los hechos que llevaron a la cárcel al anterior alcalde.
Los dos partidos mayoritarios se reparten los casos -PP, 28; PSOE, 7- en una proporción casi idéntica a la de municipios en que gobiernan de los 45 que tiene la Región de Murcia. Pero en semejante maremágnum de presuntos delitos investigados por los fiscales, no pueden faltar los funcionarios de la Administración regional. Son los cinco que restan para totalizar los 40.
De ellos destaca la petición fiscal de imputación del consejero de Agricultura, Antonio Cerdá -que tenía competencias de medio ambiente-, en el caso Novo Cartago, que se inició por la reclasificación como urbanizable de un espacio natural protegido.
Más avanzado está el asunto que afecta al actual director del Instituto de Turismo, Enrique Ujaldón, pendiente de juicio y con petición de ocho años de inhabilitación porque supuestamente prevaricó cuando era director general de Patrimonio al autorizar que se desmontara un yacimiento arqueológico árabe en pleno centro de Murcia. Las protestas ciudadanas consiguieron paralizar el desaguisado.
* El Confidencial - Vidal Coy - 14.3.13
Foto: Murcia, ayuntamiento - murciaconfidencial
El juez investiga la relación entre el mayor pelotazo de la ‘Gürtel’ y la recalificación del Calderón
INFOLIBRE/Madrid* : El magistrado que instruye la Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, y las dos fiscales asignadas a la investigación, Concepción Sabadell y Miriam Segura, tienen sobre la mesa numerosa documentación procedente del Principado de Mónaco que siembra dudas sobre el origen del mayor pelotazo del caso, de 25 millones de euros.
Hasta el momento, el juez y las fiscales consideraban que tanto los primeros 12 millones, abonados en diciembre de 2004, como los 13 siguientes, pagados en 2006, y de los que se benefició el presunto cerebro de la red corrupta, Francisco Correa, tenían como explicación única la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) de unas parcelas a la empresa Martinsa. Pero si se comprueba, tal y como se manifiesta la documentación aportada por el banco británico Lloyds TBS, que el segundo pago de 13 millones realizado en junio de 2006 estaba relacionado con la operación Calderón-Mahou, la investigación sufrirá un importante cambio.
Según los cálculos del arquitecto que se encargó del diseño del plan parcial de Arganda del Rey para Martinsa, esa decisión municipal pudo haber supuesto para esta firma hasta 500 millones de euros de beneficio. El principal dueño de la promotora, Fernando Martín, niega que su negocio de Arganda haya tenido tales plusvalías, al mismo tiempo que reitera la legalidad de esta operación urbanística, recordando la existencia de varias sentencias que redundan en la limpieza de la misma.
Pero la documentación aportada por Mónaco, como por ejemplo los informes internos del banco británico Lloyds TBS, y por Panamá, país que certifica la apertura de Fernando Martín de una empresa en este país relacionada con Lloyds, muestra que la comisión de 13 millones podrían tener otra justificación: la inversión de Fernando Martín en la empresa RTM, que en 2006 se hizo con el 10% de la División Inmobiliaria del Atlético de Madrid (Dicam), promotora de la operación Calderón-Mahou. La familia Gil traspasó en 2006 el estadio Vicente Calderón, valorado en 226,18 millones, a la división inmobiliaria del Atlético de Madrid (Dicam). Y en su constitución vendieron el 10% (22,6 millones) a RTM y el 5% a Caja Madrid, obteniendo en total 33,9 millones. Ese dinero, según el club, fue devuelto años después al no fructificar la operación urbanística. Además, en enero de 2012 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid en el ámbito Mahou-Vicente Calderón. El tribunal censuró la decisión de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital de aumentar la edificabilidad de las viviendas previstas en el terreno del Calderón y la fábrica Mahou: "Por no ser conforme a derecho permitir una edificabilidad general por encima de la prohibición legal de edificar una altura superior a tres plantas más ático".
La documentación aportada en octubre de 2011 por la Policía Judicial del Principado de Mónaco al anterior instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, incluye las notas del responsable de la cuenta de la empresa panameña Cedargrove Investments, SA, abierta en el banco británico Lloyds por el empresario Fernando Martín, principal accionista de la promotora Martinsa-Fadesa. Desde esta cuenta se abonan los 13 millones a Francisco Correa en junio de 2006. Estas notas indican el motivo de la apertura de la misma: "Para atender pagos no oficiales". Estos documentos evidencian, también, que Fernando Martín abrió esa cuenta en junio de 2005 a nombre de Cedargrove. Y para demostrar su propiedad aportan hasta fotocopias del DNI de Fernando Martín, así como los de sus familiares, como beneficiarios de la cuenta.
Inversión de "564 millones de euros"
Y estas notas del banco, incluidas en el sumario, ponen de manifiesto que el 19 de junio de 2006 el encargado de la cuenta bancaria, Malcolm Klein, mantiene una reunión con los imputados en la Gürtel: Fernando Martín y Amando Mayo. Este último como intermediario. En la entrevista se habla de dinero: "La cantidad total que ha de transferirse será de 13 millones de euros y representará el 2% de la inversión total que están realizando en España"; pero también del destino del mismo: "Se trata de las inversiones relacionadas con la compra de acciones en una empresa de inversión llamada RTM, propietaria del terreno en el que se encuentra el campo donde entrenan (sic) los jugadores del equipo de fútbol Atlético de Madrid, la propiedad adyacente donde se encuentra la fábrica de cerveza Mahou y tres grandes extensiones de tierra en la ciudad de Málaga". En el informe del empleado dek banco se explica que la inversión total será aproximadamente de 564 millones de euros. Y que la idea de Fernando Martín era urbanizar el terreno comprado, de 751.000 metros cuadrados urbanizables. "Adelantan que multiplicarán por cuatro sus inversiones y tienen pensado vender las propiedades en un plazo de unos cuatro años. La inversión total del cliente representará alrededor de un tercio del importe total". Además, numerosa documentación aportada por Mónaco incluye en los justificantes de las transferencias bancarias la referencia: RTM S. L.
Con toda esta información, el magistrado Ruz, a petición de las fiscales y de la Agencia Tributaria, ha solicitado varias diligencias relacionadas con la empresa RTM. En concreto, la fiscalía ha reiterado la ampliación de la comisión rogatoria de Mónaco con la intención de que se recabe la documentación aportada a la entidad Lloyds Bank como justificación de la transferencia de un millón de euros efectuada desde la cuenta de la sociedad Arthington Investments en junio de 2006 a favor de la cuenta Cedargrove Investments. "Por cuanto de la documentación remitida con anterioridad por las autoridades monegascas resulta que en la reunión mantenida el 19 de junio de 2006 el cliente se habría comprometido a aportar copia de la escritura o documento de la inversión inmobiliaria a la que estarían destinados los fondos". La Fiscalía quiere salir de dudas sobre si los 13 millones se pagaron por RTM o por Arganda del Rey.
Además, la aparición de un supuesto contrato entre Amando Mayo y Fernando Martín sobre la salida del primero de RTM a cambio de 700.000 euros, ha obligado al juez a modificar hasta en dos ocasiones un auto. El 30 de enero Ruz rectifica un auto del 15 de octubre pasado en el que inicialmente se refería de forma concreta a un acuerdo de Arganda. Ahora, con el cambio, aparece el texto siguiente: "En el que se indica que División Inmobiliaria del Club Atlético de Madrid S.L. (Dicam) es propietaria del Estadio Vicente Calderón y de los terrenos sobre el que el mismo se asienta, sobre los que pretende realizar una reordenación urbanística para su posterior desarrollo inmobiliario] de fecha 27-10-2010 por importe de 744.743,53 euros".
Por el contrario, un informe de la Agencia Tributaria del 27 de agosto de 2012 pone en duda que los 13 millones de euros se deban a la inversión de Fernando Martín en RTM. La Agencia Tributaria recurre también a las notas del banco sobre la reunión con Fernando Martín llevado a cabo el 19 de junio de 2006: "Por tanto, en esta reunión se trata de justificar la transferencia de los 13 millones como una inversión en RTM, cuando lo cierto es que Martinsa efectivamente participa en esta sociedad en un tercio, pero desde su constitución en 2004". Hacienda destaca también que Amando Mayo aportó en 2005 alrededor de 700.000 euros a la sociedad Martinsa-Fadesa para participar en la compra de acciones de la compañía mercantil RTM Desarrollos Urbanísticos y Sociales S.A. "para un proyecto inmobiliario sobre los terrenos privados del estadio Vicente Calderón". Y hasta la fecha, el magistrado Pablo Ruz ha rechazado los intentos de la Asociación Señales de Humo de personarse en el caso Gürtel. Esta asociación, compuesta por aficionados del Atlético de Madrid contrarios a la gestión de la familia Gil al frente del club madrileño, fueron los artífices de varios recursos judiciales, como por ejemplo el que ha paralizado la operación Calderón-Mahou.
infoLibre se ha puesto en contacto con Fernando Martín, que no ha querido responder a las preguntas relativas al caso. Sin embargo, emitió un comunicado en el que reconoce que abrió cuentas en Mónaco. Aunque sostiene que los dos pagos, de 12 y 13 millones, no tenían como destino España: "Las transferencias bancarias a las que se hace alusión en algunas informaciones guardan relación única y exclusivamente con unas antiguas inversiones personales realizadas por Fernando Martín en el extranjero, y no con ninguna operación inmobiliaria en España".
* InfoLiBRE - TONO CALLEJA - 13.3.13
Foto: Madrid, estadio Calderon - turismomadrid.es
Valencia.- El Supremo tumba las tesis del TSJ y anula tres PAI sin informe de agua de la confederación
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LEVANTE* : La Generalitat originó la polémica al cambiar dos leyes para sortear a la CHJ y defender que "no eran preceptivos ni vinculantes".
Una década después de las primeras olas del "tsunami" urbanístico que extendió la fiebre de los PAI por toda la Comunitat Valenciana, el Tribunal Supremo se ha posicionado sobre una de las polémicas que encendieron el debate sobre el "bum" del ladrillo: la disponibilidad de agua de los planes urbanísticos y qué administración es competente para dictaminarla. El Supremo ha dictado en los últimos nueve meses tres sentencias que anulan tres planes urbanísticos en Carcaixent, Lloc Nou de Sant Jeroni y Benicàssim, que se aprobaron sin el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre disponibilidad de agua de estos nuevos desarrollos urbanos. El alto tribunal tumba así las tesis defendidas por la Generalitat y avaladas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un reguero de sentencias que, si aún pueden ser recurridas en casación, podrían ser anuladas al toparse de frente con la doctrina jurisprudencial que ha sentado el Supremo en los últimos meses.
Este encendido debate que hizo correr ríos de tinta se centraba, de forma muy resumida, en si los informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) eran "preceptivos y vinculantes", como defendía el organismo de cuenca, o podían ser sustituidos al aprobar los nuevos planes urbanísticos por "el informe de una entidad colaboradora autorizada para el suministro de agua". La Generalitat incluso pretendía que el silencio administrativo de la CHJ se entendiera como "positivo" hacia los PAI en tramitación. Esta estratagema de escape al veto de las confederaciones (gobernadas por el PSOE desde 2004 hasta 2011) incluso se plasmó en la legislación urbanística valenciana, durante la etapa de Rafael Blasco al frente de la Conselleria de Territorio. Tanto la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (Lotpp) de 2004 y la Ley Urbanística Valenciana (LUV) de 2005 preveían que las nuevas actuaciones urbanísticas "que impliquen un incremento del consumo de agua, requerirán la previa obtención del informe del organismo de cuenca competente o de la entidad colaboradora autorizada para el suministro". En la práctica, la mayoría de planes (y los más polémicos) optaron por recurrir a la entidad gestora de agua para evitar el informe negativo de la confederación. Ante esta situación, las diferencias de criterio entre administraciones pasaron a dirimirse en los tribunales, que llegaron al TSJ a partir de 2007, lo que obligó al tribunal a posicionarse. La pauta la marcó el presidente de la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ, Edilberto Narbón, quien en un auto del 15 de enero de 2007 determinó que los informes de la confederación eran "preceptivos pero no vinculantes" , admitiía el "silencio administrativo positivo" si la confederación no informaba sobre las demandas de agua en plazo e, incluso, aceptaba que otras entidades ajenas a la confederación emitieran informes sobre la suficiencia de los recursos hídricos. Este posicionamiento inspiró las resoluciones judiciales del TSJ durante cuatro años. El primer disentimiento público de la "doctrina Narbón" se produjo el 8 de julio de 2010, con el voto particular del magistrado Carlos Altarriba Cano quien defendió que "la disponibilidad del recurso hídrico" debe "acomodarse a las concesiones que se obtengan". El TSJ abandonó definitivamente el criterio defendido por Narbón a partir de una sentencia de octubre de 2011 en la que admite que los informes de la confederación son "determinantes y materialmente vinculantes".
Un giro que el Tribunal Supremo avala definitivamente a partir de la sentencia del 24 de abril de 2012 que anula un PAI en Carcaixent por carecer del informe de la confederación. En esta sentencia el alto tribunal dicta que "el informe de la confederación hidrográfica es preceptivo y vinculante". Y, en el debate entre las competencias del Gobierno y la autonomía, sobre quién era competente para emitir el informes de disponibilidad de agua, el Supremo afirma que "la competencia autonómica en materia de urbanismo y ordenación del territorio no puede entenderse en términos tan absolutos que elimine o destruya las competencias que la propia Constitución reserva al Estado".
Por último, el alto tribunal propina un duro varapalo al artículo de la Lotpp que autoriza la intervención de empresas suministradoras de agua en los informes sobre disponibilidad de agua, ya que considera que si la intención del legislador autonómico fuese aceptarlos sin más condicionantes "sería una regulación claramente inconstitucional".
* Levante - LAURA BALLESTER - 12.3.13
Foto: Benicasim (Castellón), Benicasim Golf - levante-emv.com
El fiscal pide 18 años al exalcalde de Yaiza que se enriqueció con el urbanismo
ELPAÍS/Lanzarote* : La fiscalía pide para José Francisco Reyes, exalcalde del municipio lanzaroteño de Yaiza, 18 años de cárcel, 82 de inhabilitación y una multa de seis millones de euros por haber impuesto “su mercenaria voluntad” en el urbanismo de la localidad con los ojos puestos únicamente “en el dinero a ingresar”. El exregidor, según la acusación, concedió masivamente licencias para edificar hoteles y otro tipo de alojamientos y llegó a adjudicar hasta 1.500 plazas hoteleras en un solo día. La fiscalía asegura que Reyes logró en sobornos más de 1,2 millones de euros.
El escrito de acusación de la fiscalía explica que José Francisco Reyes, quien gobernó en Yaiza entre 1998 y 2009, “aprovechó que el urbanismo estaba bajo su dominio para recaudar importantes cantidades de dinero de los promotores de hoteles” y que llegó a otorgar licencias de “manera masiva”. Adjudicó hasta 1.500 nuevas plazas turísticas el mismo día. En tres días, Reyes otorgó licencias para siete establecimientos hoteleros. Hay casos en los que “ni si quiera estaban visados por el Colegio Profesional de Arquitectos” y, “lo que es más grave y clamoroso: autorizó licencias sobre planes que no habían adquirido solidez jurídica”.
El Ministerio Público sostiene que el alcalde era consciente de que “nadie da nada por nada” por lo que configuró el urbanismo “a su mercenaria voluntad, por cuanto únicamente le movía el dinero a ingresar y nunca el interés general”. Reyes, sigue el escrito, “trató de ocultar el origen del dinero ilícito” por medio de otras personas de su familia. De hecho, junto a Reyes, hay otras personas acusadas, todas ellas familiares o miembros de la corporación municipal.
Entre 2000 y 2009 hizo inversiones inmobiliarias por valor de 525.220 euros, entre ellas la compra de un piso en La Laguna, Tenerife, a nombre de su hermana y otro al de su hija, también acusada, en Barcelona. Por este último pagó 322.000 euros en tres años. Con el dinero que su padre le ingresaba, gastó otros 111.000 en decoración, por lo que la fiscalía entiende que se estaban “blanqueando capitales”. Reyes, según la acusación, utilizó para blanquear el dinero, y poder utilizarlo, a su mujer y sus tres hijos mayores de edad.
Los hoteles ya construidos con las licencias que concedió el exalcalde están ahora a la espera de la ejecución de sentencia del Contencioso Administrativo que ordena su derribo. Algunos de ellos, si cumplen la normativa turística y los estándares, podrían obtener la licencia para seguir en pie. Pero los que no cumplan la normativa turística canaria ni los estándares de calidad exigidos corren el riesgo de caer bajo la piqueta.
Al alcalde de Yaiza se le imputan, entre otros delitos, los de prevariación urbanística, cohecho, blanqueo de capitales y prevaricación administrativa. Junto a él están acusados como cooperadores necesarios Vicente Bartolomé, interventor del municipio de Yaiza y de Teguise, cuya adjudicación de licencias en la misma época está en investigación; Alfredo Morales, aparejador municipal, y también al ingeniero industrial, técnico del Ayuntamiento, Antonio Lorenzo. Entre los delitos que se les imputan durante los nueve años que estuvo al frente del Consistorio, están los de prevariación urbanística, cohecho, blanqueo de capitales y prevaricación administrativa.
El exalcalde fue denunciado por el socialista Carlos Espino, entonces consejero de Ordenación Territorial y Medio Ambiente, quien vio como toda la costa de la isla se convertía “en un solar turístico”. Ahora echa de menos algunas presencias en el banquillo: “Aquí están los corrompidos, falta ver al que corrompe: ¿De dónde salió el millón de euros en sobornos?”.
* El País - TXEMA SANTANA - 8.3.13
Foto: Yaiza (Lanzarote) - dis.ulpgc.es
La Ciudad de la Luz se queda a oscuras
ELPAÍS/Alicante* : En la Ciudad de la Luz apenas hay actividad. Justo ahora se cumple un año desde que se rodara la última película. La historia de este proyecto, que un día soñó el cineasta Luis García Berlanga y materializó Eduardo Zaplana siendo presidente de la Generalitat, arrastra un cúmulo de despropósitos y errores casi imposibles de asumir: sobrecostes en las obras, despilfarro, pérdidas económicas, pleitos a varias bandas, desavenencias entre los gestores privados y los políticos...
El resultado final es que el centro de estudios se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para la actual Generalitat, presidida por Alberto Fabra, del PP, que no sabe cómo salir del laberinto que le dejaron en herencia sus predecesores. La Generalitat quiere vender los estudios, pero no puede hacerlo hasta que se resuelvan los pleitos pendientes en los tribunales.
“Es una pena, tenemos los mejores estudios de Europa, pero su gestión ha sido ruinosa”, asegura, Javier González, gerente de Aguarmarga, la empresa privada que se encarga de captar clientes y comercializar las películas. El empresario destaca los buenos equipamientos, su emplazamiento único, cerca del aeropuerto, hoteles baratos, buenas alternativas para rodar exteriores… “Pero los políticos quisieron hacerse fotos con los famosos, asumir las riendas y fracasaron”, agrega, González que mantiene un litigio con la Generalitat por impago de 1,6 millones de euros. El productor y humorista José Luis Moreno admitía esta semana que estudia la posible compra de estos estudios.
Pero mientras tanto, la Ciudad de la Luz se ha convertido en una losa muy pesada para el Consell, que ya soporta muchos lastres. La diputada socialista en las Cortes, Eva Martínez, ha rastreado todas las licitaciones y adjudicaciones referidas a este complejo desde 2001 en el Diari Oficial de la Generalitat y ha descubierto unos escandalosos sobrecostes en las obras. Los socialistas están convencidos de que la Ciudad de la Luz ha costado “mucho más de los 265 millones de euros” que estima la Unión Europea. Y como ejemplo cita varias obras: una rotonda de acceso que costó 2,3 millones de euros, y que a los pocos meses se la llevó el viento, la garita de acceso, que costó otro millón de euros, los 10 millones de un edificio de oficinas que está por estrenar, los 15 millones de la Escuela de Cine o los 2,8 millones en gastos de fontanería.
A los elevados costes en la ejecución de las obras del proyecto, hay que sumar los dos procesos judiciales abiertos que bloquean la venta del complejo. Por un lado, está pendiente de resolución el recurso que la Generalitat presentó en agosto del año pasado contra la resolución de mayo de 2012 de la Comisión Europea que ordenó al Consell a devolver los 265 millones de euros que Ciudad de la Luz había recibido de Bruselas.
Y el otro pleito arrancó en 2010, después desde agosto de 2009 Ciudad de la Luz dejara de pagar a Aguarmarga por sus servicios. La empresa gestora de los platós presentó una demanda de reclamación de cantidad y en diciembre de 2010 Ciudad de la Luz comunicó la ruptura del contrato con Aguamarga. Aunque todo se ciñe a la deuda pendiente, Ciudad de la Luz alegó supuestos graves incumplimientos en su gestión para prescindir de sus servicios. La Generalitat adjudicó el contrato de arrendamiento a esta empresa en diciembre de 2000, y lo renovó en 2004 y 2005, pero dejó de pagar lo establecido en el contrato a la empresa en 2009. Aguamarga, que en la actualidad está en concurso de acreedores, presentó una demanda en la que reclama 1,6 millones de euros por la deuda pendiente. El juicio está previsto que se celebre el próximo mes de abril. El director actual, José Antonio Escrivá, a raíz de la sentencia de Bruselas ordenó por escritos en reiteradas ocasiones, la última en octubre de 2012, a Aguamarga que abandonara los estudios, pero la empresa se resiste hasta que resuelva el conflicto judicial que está pendiente.
Y ante este complicado escenario, los nuevos responsables de la consejería van hablando cada uno por su cuenta. Mientras el secretario autonómico, Rafael Carbonell, atribuyó la actual falta de rodajes a la sentencia de la Unión Europea, la nueva consejera de Educación y Cultura, María José Català, dijo que el recurso de Aguamarga “influye en la actividad” y por eso no se rueda. No obstante, Català moderó el discurso oficial al admitir públicamente que mientras no se resuelvan los pleitos no se puede vender. “Estamos pendientes de los procesos judiciales, y eso influye en la actividad”, declaró en Alicante. Su antecesora en el cargo Lola Johnson dijo en reiteradas ocasiones que Ciudad de la Luz estaba en venta, y llegó a especular sobre supuestos compradores y negociaciones con inversiones internacionales.
Ahora la Generalitat al menos ya tiene claro que no se puede vender hasta que no se resuelvan estos procesos judiciales, y luego “se intentará abrir a la participación de capital privado”, dijo Català. Es decir, primero arreglar el desaguisado judicial y luego intentar vender. El vicepresidente del Consell, José Ciscar, dijo que Ciudad de la Luz tenía “bastantes pretendientes” porque sigue siendo un producto “atractivo”. No obstante, el reto es difícil y complejo teniendo en cuenta la actual situación económica, con la ausencia de inversores potentes que puedan estar interesados en el mercado audiovisual, y si tienen en cuenta la experiencia de fracaso acumulada, todavía menos.
20 proyectos y 42 millones que se evaporan
E. MOLTÓ
“Ciudad de la Luz y el IVAC (Instituto Valenciano del Cine) han dejado escapar más de 20 proyectos cinematográficos que hubieran supuesto una inversión de más 42 millones de euros para la provincia de Alicante”, asegura Javier González, responsable de Aguamarga gestión de estudios, la empresa privada que se encarga de captar productoras y directores dispuestos a rodar en Alicante. Sin embargo, por “falta de interés, inaptitud, incapacidad y por un evidente boicot que pretende hundir a Aguamarga”, según González, estas iniciativas han buscado otros emplazamientos. Y la lista de proyectos que pudieron ser y no han sido es larga y abultada.
Una de las grandes productoras independientes de los Estados Unidos, Relativity Media, estaba dispuesta a ocupar durante cinco años cinco platós. El proyecto era rodar Black Flag, película con un presupuesto de 85-120 millones de dólares, con una inversión de 400 millones en cinco años a cambio de la devolución de gasto local del 9%, previa justificación. Pero la iniciativa, según Aguamarga, fue rechazada por los responsables de la Generalitat en noviembre de 2010, que “se negaron incluso a recibir a un representante de Relativity”, afirma González.
Con la productora Arcadia se intentó firmar un acuerdo para rodar tres películas, una de ellas, la recién galardonada con varios goyas, Blancanieves, que suponía una inversión de tres millones de euros. La negociación fracasó. Los responsables políticos de Ciudad de la Luz, según Aguamarga, se negaron a recibir a los representantes de la productora catalana Nostromo dispuesta a firmar un contrato de tres películas, entre ellas Grand Piano.
Aguamarga cita otras muchas películas que en los últimos tres años han sido “boicoteadas” por los responsables políticos que han gestionado el complejo o la política audiovisual de la Generalitat. Algunos de los casos más llamativos son el de la galardonada con un oscar a los mejores efectos visuales Life of Pi y Open Windows, dirigida por Nacho Vigalondo, que se ha rodado en Texas y Madrid. Al IVAC no les interesaron estas propuestas, al igual que Guernika, 33 días, que protagonizará Antonio Banderas y que se rodará en Bilbao este mes de junio. Torrente 4 o Mortadelo y Filemón son otros de los proyectos que pese a llegar a interesarse por poder rodar en Alicante al final se esfumaron. Aguamarga completa la lista de proyectos fracasados con algunas series televisivas que también se interesaron por el centro de estudios. El barco se fue a Madrid y El corazón del océano, de Antena 3 planteó una coproducción con Canal 9 pero la entonces consejera, Lola Johnson la rechazó porque “quería buscar un sustituto a L’Alqueria blanca del mismo estilo”, según la representante de Aguamarga que llevó la negociación. El flamante tanque de agua, en el que se rodaron las escenas del tsunami de Lo imposible está seco y vacío. Aguamarga ha traído esta semana a una productora francesa interesada en rodar allí pero “si la Generalitat no abre el grifo para llenarlo no podemos vender el complejo con toda su potencialidad”, asegura González.
* El País - EZEQUIEL MOLTÓ Alicante 9 MAR 2013
Foto: Alicante, ciudad de la luz (archivo) - ciudaddelaluz.com
El juez imputa a los principales constructores del país por supuesta financiación ilegal del PP
ELDIARIO* : Algunos de los principales empresarios de la construcción del país han sido imputados por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, titular del juzgado central de instrucción nº3 de la Audiencia Nacional, acusados de haber pagado supuestamente comisiones al PP a cambio de la concesión de obras públicas. El juez ha imputado también a los responsables de las cuentas del partido, que habrían sido los receptores del dinero.
Juan Miguel Villar Mir, presidente del Grupo OHL (su yerno, Javier López Madrid, está imputado en el caso Bankia); Luis de Rivero, expresidentes de Sacyr Vallehermoso; Alfonso García Pozuelo-Asins, consejero delegado de Constructora Hispánica S.A , Manuel Contreras, presidente de AZVI y José Mayor Oreja, en representación de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), son algunos de los empresarios a los que el magistrado acusa de la presunta comisión de los delitos de "asociación ilícita, alteración de precio en concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda pública, fraude y exenciones ilegales, encubrimiento y falsedad, y apropiación indebida de fondos electorales.
Junto a ellos, el juez ha imputado también a los extesoreros del PP Luis Bárcenas (incurso en otro procedimiento por blanqueo de capitales) y a su antecesor al frente de las cuentas del partido, Álvaro Lapuerta. El resto de imputados son Juan Manuel Fernández Rubio, Pablo Crespo Sabarís, Antonio Vilella, José Luis Sánchez Domínguez y Adolfo Sánchez. Todos ellos declararán ante el magistrado los próximos días 25, 26 y 27 de marzo.
Gómez Bermúdez dice en su autos que los supuestos pagos al PP de los mencionados empresarios para obtener la adjudicación de obras y contratos públicos suponen una "alteración de las reglas de la libre competencia y defraudación de la confianza de los ciudadanos en la regularidad y transparencia de la contratación administrativa". "Muchas de las empresas beneficiadas –continúa el texto- son de las más importantes de España y cotizan en el mercado secundario de referencia (IBEX 35) con el impacto que en el propio valor en bolsa tiene la obtención de pedidos relevantes por la administración".
El magistrado ha requerido al PP para que en el plazo improrrogable de siete días aporte copia o relación de los ingresos que por el concepto donaciones ha recibido entre 2002 y 2009 de los ahora imputados y de otras empresas como Sedesa, Copasa, Copisa, Mercadona, Urazca, Grupo Rubau, Mercadona y Aldesa. Su petición se sustenta en la coincidencia que hay entre la entrada de cantidades donadas por empresarios en las cuentas del PP y la adjudicación de obra pública entre los años 1990 y 2009. También requiere al Banco de Vitoria-Banesto para que informe si el PP tiene o ha tenido cuentas y si en ellas aparece en 2004 cuatro aportaciones de 100.000 euros bajo el concepto de donativo. Según publicó eldiario.es el pasado 26 de febrero hay una relación directa entre donativos y adjudicaciones, sobre la que el juez quiere una explicación.
En nuestro país los partidos políticos no tienen responsabilidad criminal pero, no obstante, "el PP como beneficiario de las donaciones es indiscutible que se ve afectado por esta investigación y que la sola recepción de fondos procedentes de empresas adjudicatarias de contratos administrativos lo configura, en el mejor de los casos, como tercero partícipe a título lucrativo del artículo 122 del Código Penal", dice el auto. El juez ha ordenado que se de traslado de la resolución al PP informándole del derecho que le asiste, no obligación, a comparecer en la causa representado por procurador y asistido por letrado en su condición de parte pasiva civil del proceso, "sin perjuicio del estatuto procesal que pueda corresponderle en un futuro".
La querella contra los ahora imputados y otros a los que Gómez Bermúdez ha dejado fuera del procedimiento por falta de pruebas (Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo) fue presentada por Izquierda Unida (IU), la Asociación Justicia y Sociedad, Asociación Libre de Abogados, Asociación CODA, Ecologistas en Acción y Federación Los Verdes. La querella se dirigía también contra los altos cargos del partido que presuntamente habrían recibido 'sobresueldos' a cuenta de las donaciones de los empresarios, entre ellos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (según los papeles desvelados en su día por el diario El País), pero Gómez Bermúdez ha estimado que las pruebas aportadas establecen "un enlace excesivamente débil, difuso o especulativo".
Pese a ello, el PP tiene que aportar los recibís de las cantidades entregadas en efectivo a sus militantes Santiago Abascal, Calixto Ayesa, Juan Ignacio del Burgo, Pío García Escudero, Eugenio Nasarre y Jaume Matas, que reconocieron haber recibido dinero anticipado del partido para asuntos oficiales o personales, cuyo apunte aparecía en la contabilidad de Bárcenas.
El fiscal había solicitado al juez que se inhibiera a favor del juez Pablo Ruz, titular del juzgado central nº 5 de la Audiencia Nacional, que instruye el 'caso Gurtel' y ha abierto una pieza separada para investigar el 'caso Bárcenas'. Sin embargo, Gómez Bermúdez considera que antes de decidir sobre la inhibición quiere oír a los querellantes, y ha pedido a su compañero que le facilite parte de la documentación que obra en su poder.
* El Diario - Carlos Fonseca - 11.3.13
Foto: Bárcenas - eltiempodehoy
Santiago.- Investigan los fichajes que hizo Conde Roa para urbanismo
LAVOZDEGALICIA* : La declaración del exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa (PP) ante la jueza que instruye la operación Pokémon y su secuela, la Manga, promete ser igual de larga que el registro que realizaron los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en la casa del que hasta once meses fue regidor de la ciudad, cuando tuvo que dimitir al destaparse que había defraudado a Hacienda. Duró cuatro horas, que bien podría necesitar la magistrada para el interrogatorio de Conde Roa, ya que tocará varios extremos. Desde sus relaciones con Aquagest, Vendex y con otra de las empresas investigadas, GRS Arc Local, a la presunta corrupción urbanística. Concretamente, el exalcalde compostelano será preguntado por el convenio que se empeñó en aprobar para la urbanización de la denominada Finca do Espiño, que la oposición tildó de pelotazo urbanístico y que la propia dirección gallega del PP forzó a rechazar al sucesor de Conde Roa, Ángel Currás.
Pero no es solo este convenio urbanístico el que preocupa a la jueza de Lugo que instruye el caso. Según fuentes judiciales, Pilar de Lara también está investigando los fichajes de altos cargos que se realizaron en el Concello de Santiago durante la breve época en la que Gerardo Conde Roa tuvo el bastón de mando. Especialmente, el de uno de los responsables de la planificación urbanística municipal. Las pesquisas pretenden esclarecer si en estos nombramientos influyeron presiones del sector privado, interesado en contar con altos cargos afines en Raxoi.
Precisamente, el eje de todas las presuntas tramas de corrupción investigadas en Santiago son las relaciones excesivamente cordiales que a juicio de la magistrada existían entre algunos miembros de la corporación municipal y empresas privadas con contratos públicos.
¿Más imputaciones?
El nuevo giro hacia la presunta corrupción urbanística que ha tomado la investigación de los casos Pokémon y Manga ha vuelto a avivar los temores en el Concello de Santiago a que se produzcan nuevas imputaciones. Un miedo que es aún mayor, por motivos obvios, en el área de Urbanismo, que dirige María Pardo, una de las dos concejalas de la máxima confianza del alcalde, Ángel Currás, quien tiene en esta edila, que es además la portavoz municipal del PP, y en Reyes Leis, responsable de Economía, a sus dos mayores colaboradoras.
La de Conde Roa no será la única declaración de mañana en Lugo. Después de él volverá a responder a la jueza Albino Vázquez, que dimitió como concejal de Seguridad tras su detención y la imposición de 15.000 euros de fianza. No se descartan otros testimonios.
* La Voz de Galicia - X. MELCHOR / M. CHEDA - 3.3.13
Foto: El proyecto urbanístico para la Finca do Espiño incluye la rehabilitación del palacete modernista. Á. BALLESTEROS
El despilfarro de la Ley de Costas
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ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* : La reforma de la Ley de Costas, que en la actualidad está en trámite en el Senado, no solo desprotege una parte significativa del litoral y abre la puerta a su privatización. Supone además un despilfarro de dinero. Si la reforma entra en vigor, se tirarán por la borda buena parte los 180 millones de euros empleados para deslindar la costa, según denuncia Ecologistas en Acción.
A lo largo de los últimos veinticinco años, las administraciones públicas desarrollaron largos y complicados trámites para delimitar las franjas de costa que son públicas. Se establecieron Dominios Públicos Marítimos Terrestres (DPMT) en la primera línea del litoral, seguidos de zonas de servidumbre de diferente longitud. Para fijar estas áreas de protección, es decir, para efectuar los trámites de deslinde, fueron necesarios estudios sobre el terreno, fotografías aéreas, informes técnicos y, en muchas ocasiones, procesos judiciales y pago de compensaciones.
Ecologistas en Acción calcula, en base a datos oficiales de inversión y estimaciones propias, que esos deslindes costaron cerca de 180 millones. Una cantidad que será desperdiciada, en buena medida, si la reforma de la Ley de Costas pasa los trámites de aprobación en el Senado como ya lo hizo en el Congreso de los Diputados.
La reforma incluye arbitrariedades y vaguedades que abren la puerta a la anulación de deslindes. Excluye, por ejemplo, determinados núcleos de población del DPMT sin ninguna argumentación técnica. Una exclusión que es grave en si misma, pero que además, se reclame la misma excepción en otros puntos del litoral, con los consiguientes procesos judiciales y administrativos. La reforma presentada permite además la desafección de zonas que quedan al interior de los paseos marítimos, poniendo en riesgo la protección actual de las zonas de servidumbre frente a la especulación urbanística
Estas y otras ambigüedades, sujetas a interpretación, conducirán a la inseguridad jurídica con la nueva reforma, en caso de ser aprobada. Y llevarán a anular el trabajo realizado por profesionales de la administración pública para proteger el litoral. No se puede establecer cuántos deslindes se verán afectados, precisamente por el carácter ambiguo de la reforma. Pero, en todo caso, supondrá un gasto de tiempo y de dinero poco coherente con la supuesta política de austeridad a toda costa promovida por el Gobierno.
Nota: Los cálculos han sido realizados en base a datos de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios y de los Presupuestos Generales del Estado.
La Disposición adicional tercera de la reforma, que trata sobre el deslinde en determinados paseos marítimos, reza así: La línea exterior de los paseos marítimos construidos por la Administración General del Estado o por otras administraciones públicas con la autorización de aquella, durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y la entrada en vigor de la presente ley, se entenderá a todos los efectos como línea interior de la ribera del mar. La Administración General del Estado podrá desafectar los terrenos situados al interior de los paseos marítimos, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
* Ecologistas En Acción - 7.3.13
Foto: Águilas (Murcia), bahía del hornillo - greenpeace2006
Las Palmas.- El Supremo admite el recurso de los vecinos y reabre el caso del Canódromo
LAPROVINCIA* : El caso del Canódromo ha vuelto a la vida en el Tribunal Supremo (TS). La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha admitido a trámite el recurso de casación que la Asociación de Vecinos Ciudad Alta (Avecalta) interpuso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en la que se defendía la legalidad del Plan Especial del Canódromo.
La comunidad vecinal de Schamann, que comenzó la disputa contra el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hace ya diez años al creer que la decisión de construir 120 viviendas en dos torres saturaba un barrio ya de por sí atestado de inmuebles y con pocos espacios públicos, ha resucitado de esta forma un asunto que en mayo del año pasado parecía completamente cerrado.
En aquel mes, el Pleno de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, atendiendo a un fallo del Tribunal Supremo fechado el 16 de diciembre de 2011, revisaba su decisión inicial de estimar la demanda de Avecalta en la que se impugnaba el acuerdo del Ayuntamiento de finales de 2003, por el que se aprobó definitivamente el Plan Especial de Ordenación del Canódromo y los planes generales de ordenación de 2000 y 2005.
En su revisión, el TSJC dio un giro de 180 grados y le otorgó la razón a la Corporación, desestimando los argumentos de los vecinos y desbloqueando la construcción de las torres, paralizada desde 2008.
A los vecinos solo les quedaba una opción para seguir plantando batalla al plan urbanístico que transformó 13.000 metros cuadrados del parque del Canódromo en suelo residencial, a saber: un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo que debía basarse, según la sentencia del TSJC de 2012, en "normas de Derecho estatal o europeo".
Los vecinos han hecho posible lo que parecía imposible al conseguir que se reabra completamente el debate judicial sobre la construcción de las torres. Hasta tal punto parecía cerrado el caso tras el fallo del TSJC que, el alcalde de la ciudad, Juan José Cardona, -a su vez responsable de Urbanismo entre los años 1999 y 2003 y uno de los impulsores del Plan Especial del Canódromo- afirmó al enterarse del fallo judicial que servía para "poner las cosas en su sitio" y permitía "acabar con tanto daño que se ha hecho a la ciudad y a tantas personas".
Las reacciones a aquella sentencia llegaron hasta Madrid, donde el propio Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que fue regidor de la ciudad durante la tramitación de este plan urbanístico, aseguró que se habían "puesto las cosas en su sitio y a algunos en su lugar". Asimismo, sostuvo que la decisión judicial era el "fin a una etapa de mentiras, de falsedades, creadas precisamente para dañar a quien entonces era alcalde, José Manuel Soria".
El auto del Tribunal Supremo, que abre de nuevo el debate jurídico, está fechado el pasado 7 de febrero de 2013 y tiene como ponente al magistrado Mariano de Oro-Pulido y López.
En su resolución, el Alto Tribunal admite íntegramente a trámite los seis motivos de impugnación planteados contra la sentencia del TSJC y que conducen, según su argumentación, a que se haya podido vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva de los vecinos y que se les haya creado una situación de indefensión con el nuevo fallo judicial.
* La Provincia - B. Valcarce / M. Reyes - 8.3.13
Foto: Las torres del Canódromo se alzan en una esquina del parque ubicado en el barrio de Schamann. | yaiza socorro
La Xunta perdona la demolición del asilo ilegal promovido por Baltar
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ELPAÍS/Ourense* : El edificio se inició sin licencia, en suelo no urbanizable y con el doble de la altura máxima permitida.
El asilo ilegal financiado por Baltar con fondos públicos para la empresa de uno de sus alcaldes se va de rositas. La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, ha archivado el expediente de reposición de la legalidad urbanística que ordenó al Ayuntamiento de Chandrexa de Queixa (600 habitantes) la ejecución inmediata del derribo de la inacabada residencia de ancianos que perturba el montañoso paisaje del Macizo Central. El negocio, planificado en el año 2000 en pleno culmen de la burbuja inmobiliaria, era redondo: Baltar pagó la obra con fondos públicos, un diputado provincial y alcalde cedió terrenos municipales gratis y la empresa de otro exalcalde baltarista se quedaría con la gestión del asilo. Pero nunca fue rematado. El proyecto se presupuestó en más de 1,3 millones de euros, aunque solo se ejecutaron 662.000 a través de subvenciones concedidas por la Diputación de Ourense. El esqueleto del geriátrico lleva más de un lustro esperando una artimaña legal que permita rematar la edificación en medio de la aldea de Celeiros (70 vecinos) para cederlo gratuitamente a la Fundación Valdegodos, propiedad de la poderosa familia Candal, que acaba de recuperar la alcaldía del ayuntamiento ourensano de Vilamartín de Valdeorras a través de una moción de censura.
El subdirector de la APLU ordenó el archivo del expediente que certificó la ilegalidad y ordenó la demolición. El rosario de incumplimientos legales descrito por la agencia urbanística que ahora hace la vista gorda es interminable: la construcción se levanta en terreno rústico incumpliendo la Ley de Suelo de 1997 (que solo permite obrar en suelo urbano consolidado en municipios sin plan de urbanismo), se inició sin autorización administrativa, duplica la altura máxima permitida (siete metros), no incluye la obligatoria previsión de aparcamientos, nunca se aprobó un expediente de delimitación del terreno y, además, excede la ocupación máxima de la parcela. La agencia urbanística concluyó que las obras no eran legalizables, por lo que ordenó el derribo en una resolución de octubre de 2010.
El plazo máximo para ejecutar la demolición era de tres meses. Dos años después el edificio no ha sido derribado. La mole continúa impertérrita en medio de la montaña ourensana. A pesar de ello, la Xunta archiva el caso y deja en manos del alcalde, Francisco Rodríguez (PP), el obligado cumplimiento de la ley. El documento recuerda al regidor que “debe adoptar todas las medidas necesarias para la protección de la legalidad urbanística en el ejercicio de sus competencias”. Además, el Ayuntamiento de Chandrexa pagó multas coercitivas de 1.000 euros impuestas por la directora de la agencia por no materializar el derribo.
El mismo alcalde al que ahora se encarga la tarea de cumplir la ley, presentó varias alegaciones contra las resoluciones de la APLU. Unas resoluciones que, tras la visita de una inspectora, dictaminaron que el diseño del centro geriátrico “no se adapta al ambiente en que está situado” porque “rompe la harmonía del paisaje y desfigura la perspectiva del conjunto natural”. El regidor llegó a cambiar la superficie de la parcela ocupada ilegalmente. En su escrito figuraba con 6.350 metros cuadrados, pero la certificación del Catastro señala que tiene 3.371 metros. Todas las alegaciones fueron desestimadas por la misma agencia que ahora da carpetazo al caso.
Dos clanes políticos muy unidos
Una vez finalizado, el asilo ilegal de Chandrexa de Queixa iba a ser gestionado por la Fundación Valdegodos, un conglomerado empresarial creado en 1975 por Manuel Candal, exalcalde del PP en Vilamartín de Valdeorras. Nunca pudo ver el proyecto finalizado. Falleció en 2009 en medio de un proceso judicial que le encausó por un presunto delito de prevaricación. La relación entre la familia Baltar y la familia Candal es muy estrecha. Un busto de Baltar padre colocado en un pedestal de dos metros de altura preside la entrada a la sede de la empresa de los Candal. La placa colocada bajo el busto honra al “benefactor” cacique ourensano. Además uno de los puentes que atraviesa el río Sil a su paso por la localidad fue bautizado con el nombre del exbarón. Los Candal, como los Baltar, también se perpetúan en las instituciones a través de sucesiones dinásticas. Candal padre fue el fervoroso alcalde baltarista de Vilamartín durante 36 años. Su hija, María Jesusa, ha ocupado esa alcaldía en dos ocasiones, aunque nunca fue elegida en las urnas. Heredó el puesto en 2009 tras la muerte de su progenitor. En las últimas elecciones locales perdió el bastón de mando y el PSdeG accedió al gobierno siendo la lista más votada. Pero el pasado 20 de enero de 2013, Candal hija recobró el control del Ayuntamiento a través de una moción de censura amparada por Baltar y apoyada en los votos de dos ediles de Alianza Popular Galega (APG). Además, fue una de las regidoras que estuvo vitoreando a Baltar padre en la puerta del juzgado el día que prestó declaración ante el magistrado que investiga los enchufes masivos.
Ignacio Candal, el otro hijo del sempiterno alcalde valdeorrés, entró a trabajar en la Diputación ourensana como técnico superior en desarrollo local y fondos europeos tras superar una oposición en 2009. También forma parte de la dirección del conglomerado empresarial familiar que aún aspira a hacerse con la residencia ilegal pagada con fondos públicos.
* El País - PABLO TABOADA Ourense 6 MAR 2013
Foto: Aldea de Celeiros, con el asilo inacabado al fondo, dominada por el Macizo Central. / NACHO GÓMEZ
