Los Ayuntamientos se aferran de nuevo al urbanismo para reactivar la economía

ELPAÍS/Andalucía* : Los alcaldes de varias ciudades promueven grandes proyectos y cambios en los usos del suelo para tapar los números rojos y obtener ingresos.
Recalificación. Modificación puntual del PGOU. Macroproyecto urbanístico. Iniciativa privada millonaria. Estos cuatro conceptos, como otros muchos que vertebraban los discursos políticos en los años de bonanza, quedaron enterrados cuando estalló la burbuja. Ni los alcaldes querían usarlos ni, aunque quisieran, había razón para hacerlo. Y de repente, con las cifras del desempleo desatadas y las cuentas de las Administraciones en números rojos, varios Ayuntamientos han sorprendido en las últimas semanas con el anuncio de operaciones urbanísticas que recuerdan mucho a las de hace una década.

Ya lo hizo en verano Tarifa, con el anuncio de un complejo hotelero y viviendas en el paraje de Valdevaqueros. Más recientes son los planes del Ayuntamiento de Córdoba, que tiene sobre la mesa un proyecto de ocio y deportivo promovido por el grupo Tremón con una inversión privada de 141 millones de euros. La Gerencia de Urbanismo de Sevilla ha aprobado cambios en su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para permitir la construcción de aparcamientos rotatorios en el casco histórico y cambiar la calificación de varias parcelas para que puedan tener uso residencial o comercial. En Jaén, con una población de 117.000 habitantes, el gobierno municipal ha proyectado la construcción de 10.000 viviendas, la mayoría de promoción pública.

Los más optimistas creen que estas iniciativas obedecen a una muy incipiente recuperación de la actividad empresarial. Pero la mayoría ve síntomas de que algunos alcaldes vuelven a aferrarse a la construcción como locomotora económica. El concejal de Urbanismo de Jaén, Javier Márquez (PP), defiende que operaciones como las que ha planteado pueden abrir una vía para salir de la crisis. El edil asegura que no se está promoviendo ningún “crecimiento alocado”, sino viviendas “en función de una demanda real y efectiva”, informa Ginés Donaire. “Las viviendas no son una inversión, sino una necesidad”, asegura. La oposición municipal, sin embargo, advierte de que en el registro municipal de viviendas apenas hay inscritas 2.000 personas, frente a las 10.000 casas que plantea el gobierno local.

El objetivo que aseguran perseguir los alcaldes con estas operaciones es doble: sanear las arcas municipales y revitalizar la actividad económica y, con ella, la creación de empleo. Pero, en esa estrategia ¿hay peligro de que se esté abonando otra vez el terreno para hacer del urbanismo la mejor fuente de ingresos de los Ayuntamientos? Esa debería ser, según el arquitecto Manuel Ángel González Fustegueras, la línea roja. “El urbanismo puede ser un mecanismo de desarrollo, pero no de financiación municipal”, advierte.

Fustegueras, redactor de varios de los PGOU aprobados en los últimos años en Andalucía, entre ellos los de Sevilla y Marbella, admite cambios en los planes generales cuando son para mejorar la ordenación vigente. “Ese es el requisito legal y hay que justificarlo de forma expresa”, señala. Bajo esta premisa Jaén podría construir tantas viviendas como considerara necesario dentro de los topes máximos que marca el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) —el 40% del suelo urbanizable y el 30% de la población—. Y Jerez, que ha optado por regalar suelo para nuevas actividades económicas, no corre en principio peligro de volver a desordenar lo ordenado si los terrenos que ofrece ya estaban pensados para actividades económicas e industriales.

Más crítico es Fustegueras con cambios de los PGOU que, aunque se presentan como “puntuales”, implican modificaciones sustanciales del modelo de ciudad. Esto es lo que ocurre, opina el arquitecto, con algunas de las últimas decisiones del Ayuntamiento de Sevilla, como el cambio de calificación de varias parcelas para darles uso comercial o el fin del veto a los aparcamientos en el casco histórico. “Eso sí que es una modificación estructural y una afección al modelo de ciudad. La única justificación es que, como se ha eliminado el Plan Centro entran más coches y faltan aparcamientos, pero eso no es una justificación válida, es una decisión que se tomó sabiendo que el plan era como era”, advierte.

Los dos grupos de la oposición al gobierno de Juan Ignacio Zoido rechazan estos cambios con argumentos similares a los que arguye Fustegueras. El portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, habla de “una gran intervención” que bajo la fórmula de modificación puntual esconde “toda una subversión del PGOU”. “Vuelve un modelo de ciudad y de economía sustentado en el urbanismo. Y este modelo es uno de los grandes orígenes de la crisis que padecemos”, advierte Torrijos.

Al dirigente de IU le molesta especialmente que los alcaldes defiendan estos planes urbanísticos “con la gran excusa del empleo”. “Usan algo tan sensible como el desempleo para plantear grandes operaciones urbanísticas. Y como nosotros nos oponemos parece que no queremos que se cree empleo. Pero es que no todo vale”, lamenta Torrijos, convencido de que lo que busca el gobierno municipal de Sevilla es sobre todo abrir la puerta a futuras operaciones de especulación urbanística.

El portavoz del PSOE y exconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio Juan Espadas, cree que, antes de llegar a los cambios concretos que están proponiendo algunos municipios, hay un problema de fondo: para algunos sectores, la planificación urbanística es un incómodo corsé que impide la libertad de movimientos. “A muchos no les gusta tener que sujetarse a nada que dificulte la posibilidad de decidir lo que más te convenga en cada momento”, afirma Espadas. “Esto es verdad”, apunta el socialista. “La planificación puede ir contra la libertad de mercado. Pero por eso la defendemos los que creemos que el territorio no se puede manosear a gusto de quien tenga más dinero”.

En el caso de Sevilla, Espadas sostiene que el PGOU, aprobado en 2006, sigue siendo válido. El problema, advierte, es que el responsable de desarrollarlo (el gobierno municipal) no sabe hacerlo. “El plan es impecable desde el punto de vista conceptual y teórico”, asegura. “Pero hay que tener capacidad para buscar inversiones que puedan desarrollarse en aquellos lugares donde tú has decidido que tiene que haber una inversión determinada”. “Se pueden hacer modificaciones puntuales, pero tienen que responder a una lógica. Y aquí las modificaciones que se han hecho es porque ha aparecido un señor con una cartera a decir lo que necesita”, señala.

No opina lo mismo el presidente de la Asociación Sevillana de Constructores y Promotores de Obras (Gaesco), Miguel Rus, que defiende una dosis de lo que tras los años del boom se demonizó como el urbanismo a la carta. En su opinión, los planes generales deben tener cierta “flexibilidad” para adaptar los suelos a los usos que se demanden en cada momento. Rus, que preside también la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), teme que mientras los bancos mantengan cerrada la financiación al sector de la construcción, sobre todo al de viviendas, no habrá una recuperación real, aunque apoya que se vayan haciendo cambios en el planeamiento “para que inversiones interesantes se puedan hacer realidad”.

Rus muestra “cierto optimismo”. “Hace uno o dos años los empresarios no escuchábamos la posibilidad de proyectos. Ahora, sí. Hay ideas y se hacen modificaciones para hacerlas viables”, afirma el empresario, que, con todo, cree que el sector de la construcción “no va a volver a ser lo que era”. “Ni debe serlo”, advierte. “Todos nos volvimos un poco locos proponiendo todo tipo de proyectos, algunos de ellos inviables”.

Más de 10.000 viviendas en Jaén

El Ayuntamiento de Jaén ha proyectado la construcción de más de 10.000 viviendas, la mayoría de promoción pública, como apuesta para reactivar el sector de la construcción y la actividad económica. Lo ha admitido el alcalde, el popular José Enrique Fernández de Moya, que habla de “línea estratégica” del gobierno municipal, aunque desde la oposición se cuestiona la oferta “sobredimensionada” toda vez que el registro de demandantes de viviendas apenas supera las 2.000 personas y que en la ciudad existen miles de viviendas privadas vacías.
La actuación más controvertida es el anuncio para construir 5.000 viviendas en los terrenos vacíos del parque empresarial Nuevo Jaén, un polígono fantasma abierto hace una década y que es un desierto industrial. La intención del Consistorio es cambiar el uso del suelo de industrial a residencial, reservando un 15% para viviendas unifamiliares y construyendo una gran zona verde de 140.000 metros cuadrados. El alcalde justificó esta operación, que contará con la colaboración de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), como un respiro para el Ayuntamiento pues al hacer un cambio de uso, “se duplica el valor de los terrenos”. Pero la oposición ha criticado que se levante un gueto residencial a más de cinco kilómetros del casco urbano.
La segunda gran operación es el acuerdo alcanzado con los propietarios de unos suelos para construir otros 5.000 pisos (de los que 3.000 corresponderán al Ayuntamiento a través de la Sociedad Municipal de la Vivienda) en la zona norte de la ciudad. La inversión prevista es de 35 millones en tres fases y 15 años. En el primer lustro, la sociedad de la vivienda edificará 1.000 pisos y se encargará del 100% de las obras de urbanización. En este caso, el Ayuntamiento ha criticado la falta de colaboración de EPSA. Además de crear una bolsa de suelo importante con la que reactivar el sector de la construcción, el gobierno local del PP cree que estos proyectos evitarán la especulación al liderar el Ayuntamiento la gestión de suelo urbano y urbanizable.
A esas dos operaciones hay que sumar otras 2.300 viviendas programadas en otros suelos esparcidos por la ciudad. Por eso, desde la oposición se critica una oferta inmobiliaria tan elevada: “No se puede saturar de viviendas Jaén”, ha señalado el concejal socialista Antonio Guinea de Toro.


* El País - REYES RINCÓN - 2.3.13
Foto: Tarifa (Cádiz), playa Valdevaqueros - martindearriba

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Un alcalde se sentará en el banquillo por urbanizar un refugio del águila imperial

ELPAÍS/Ávila* : La juez Sira María Amor, titular del juzgado nº2 de Ávila, ha decidido sentar en el banquillo a José Martín Llorente, el alcalde del PP que dio el visto bueno a una macrourbanización de 7.500 viviendas en un pinar de Villanueva de Gómez, un pequeño pueblo con 144 habitantes censados en el que se ha detectado presencia del águila imperial, una especie amenazada. La instructora ha encontrado “indicios” contra el ahora exregidor por prevaricación urbanística. Dos promotores del proyecto y el técnico que lo elaboró también irán a juicio por delitos contra la ordenación del territorio.
Han pasado seis años desde que las excavadoras comenzaron a trabajar en esta obra, que incluía tres campos de golf, un hotel de 200 plazas y un picadero cubierto y cuadras. Las obras se pararon y la licencia fue anulada. Una juez decidió, por vía civil, que el destrozo se restituyera. A día de hoy, esa sentencia sigue sin ejecutar. El actual alcalde del pueblo, Emilio Martín de Juan (PSOE) ya ha avanzado que no disponen de dinero para recuperar la zona, en la que se talaron 10.000 pinos y se construyeron más de 25 kilómetros de viales.

Tras el escrito con el que la juez Amor envió el caso a juicio, de 18 de febrero, es el turno de que los implicados presenten sus alegaciones, y de que el fiscal y las ONG conservacionistas personadas en el caso preparen sus acusaciones.

Gonzalo Bartolomé, gestor del proyecto e implicado, espera que, “por fin”, se aclare todo. “Podremos rebatir todo lo que se ha dicho”, asegura. Bartolomé defiende que cumplieron con más requisitos de los exigidos y recuerda que el proyecto estuvo en exposición pública durante cuatro años. “No hubo ni una sola alegación”, defiende. El promotor asegura que el proyecto de sistemas generales, con el que se construyeron los viales y las rotondas que ahora deberían desaparecer, no necesitaba proyecto de impacto ambiental, tal y como el instructor señala. Su defensa ha pedido el sobreseimiento de los cargos. Uno de los argumentos que esgrime es que se han iniciado los trámites para legalizarlo.

“Con los grandes valores ambientales de la zona, nos parecería increíble que finalmente se legalizara”, critican en La Sociedad Española de Ornitología (SEO BirdLife). “Es cierto que se hizo urbanizable en los años ochenta, pero por aquel entonces, las condiciones ambientales eran muy distintas”, añaden.

El promotor defiende que el proyecto estaba secundado por los 27 alcaldes de La Moraña, que lo declararon de interés público.

“Queremos tramitarlo por la figura del Plan Especial, la idea es cumplir con la legalidad”, añade Bartolomé. La Junta de Castilla y León ya estudia su solicitud, según fuentes cercanas al caso. EL PAÍS ha intentado contactar sin éxito con el alcalde implicado para conocer su versión.

SEO BirdLife se lamenta de no haber intervenido antes en este caso. “Era un proyecto mastodóntico que se intentó tramitar como si fuese una licencia menor, se saltaron todos los procedimientos”, considera María Soledad Gallego, abogada de la asociación SEO BirdLife. Los ecologistas denuncian que separaron el proyecto principal de los campos de golf para burlar controles.


* El País - JUANA VIÚDEZ - 3.3.13
Foto: Villanueva de Gómez (Ávila), urbanización sin concesión agua - U.Martín (El País)

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Eurovegas, un juego que cambia leyes por dinero

ALBERTO PRADILLA* : Como si nada hubiese ocurrido. Como si la burbuja inmobiliaria y la crisis, la cultura del pelotazo y sus consecuencias nunca hubiesen existido. Como si grandes obras públicas que prometían el maná del progreso no se hubiesen terminado convirtiendo en un agujero negro por donde se esfumaron los fondos públicos. Así reaccionan los responsables del PP en Madrid cuando se les pregunta sobre Eurovegas, el macroproyecto de casinos y hoteles que, si nada lo impide, colocará su primera piedra en Alcorcón a finales de año. Una mastodóntica iniciativa, a imagen y semejanza de Las Vegas, que está promovida por el magnate Sheldon Adelson. Los dirigentes de la derecha madrileña se han jugado todo a una carta y defienden el proyecto como un salvavidas para la maltrecha economía del Estado español. Por eso, están dispuestos a moldear cualquier normativa que incomode al acaudalado norteamericano. Una de las cuestiones más comentadas es saltarse la ley antitabaco para permitir fumar en el interior de las salas de juego. Solo un detalle. Como denuncian las plataformas que se oponen al proyecto, Eurovegas podría convertirse en un «islote fiscal» donde desaparecería cualquier control de Hacienda y que atraería todo tipo de negocios oscuros. Al PP le han salido detractores hasta entre sus tradicionales aliados: el obispo de Getafe llegó a alertar sobre la «podredumbre» de un local dedicado al juego.

El proyecto de una gran zona de casinos en el Estado español lleva dando vueltas durante cerca de siete años. Las Vegas Sands, que es como se llama la empresa de Adelson, ya funciona en la ciudad matriz, en Macao (China) y en Singapur. Se presenta como promotor de convenciones y, en el último punto de la lista de atractivos, ofrece el juego. Claro que hay que reconocer que no se conoce a los grandes complejos de la ciudad de Nevada por sus encuentros de física cuántica.

La propaganda corporativa promete beneficios infinitos: más de 260.000 empleos; 30.000 millones de euros en producción económica; 11 millones de nuevos turistas que, según los cálculos de la compañía, «gastarán un 150% más que la media sin incluir su gasto en juego». Suena al cuento de la lechera pero, al menos, al Gobierno de Ignacio González le ha convencido.

La información sobre Eurovegas se distribuye con cuentagotas desde que, en diciembre, se anunciase que se levantará en Alcorcón. Se conoce su ubicación, 750 hectáreas en el exterior de esta localidad de Madrid. Se sabe que habrán leyes especiales, como una rebaja del tipo impositivo sobre el juego, que pasará del 40% al 10%. Y poco más. En el Ayuntamiento indican que no tienen más datos que los que anunció el presidente de la Comunidad madrileña. En la empresa, que esperan a la licitación. Y en el gabinete de González, que cuentan con tener el concurso público legalizado para setiembre.

Ese es, precisamente, el primer regalo normativo del Gobierno de Madrid. Entonces aprobó los denominados «centros integrados de desarrollo», un planteamiento hecho a la medida de Adelson. Se trata, casualmente, de ofrecer ventajas fiscales a quienes promuevan megacomplejos como el de Eurovegas. Entre las exigencias del magnate están las exenciones fiscales, la modificación del Estatuto de los Trabajadores (para empleos más precarios), cambios en la Ley de Extranjería, libertad total de horarios y hasta permitir que los ludópatas puedan jugar. Toda una lista de condiciones que convierten a Adelson en un George Marshall que, a cambio de sus millones, ha logrado que las normativas se conviertan en algo hipotético.

Frente a la imagen idílica que proyectan González o David Pérez (PP), los opositores, unidos en torno a «Eurovegas no», enumeran una larga lista de contraindicaciones. Desde el impacto ambiental (parte de los terrenos corresponden a una zona no urbanizable) hasta el modelo productivo, pasando por la precariedad de los futuros empleos. «Eurovegas será una isla fiscal, basada en el blanqueo de capitales y en los negocios turbios», afirma Sol Sánchez, miembro de la plataforma, que denuncia la «opacidad» del megacomplejo. Ya han convocado diversas marchas y han interpuesto recursos, tanto por el impacto ambiental como por violar leyes de competencia o fiscales.


La respuesta del Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento de Alcorcón responden con soberbia. «A las manifestaciones van treinta, así que mucha oposición no hay», dicen. La estrategia comunicativa es la misma de siempre: Eurovegas es «progreso». ¿Quién iba a estar en contra del progreso? Sobre todo, con los altos índices de paro. «Esto es una empresa que cotiza en bolsa. Las críticas solo buscan hacer ruido. Tal y como estamos, no se comprende que no se apoye», repiten.

El número de empleos que generará es el argumento de peso que esgrimen tanto la empresa como el PP. En total, hablan de 260.000 puestos. Aunque esto tiene trampa. No quiere decir que todas estas personas vayan a desarrollar su labor al mismo tiempo sino que, tal y como reconocen en el Ayuntamiento, es la cifra que se calcula en todo el proceso, desde que se coloque la primera piedra hasta 2028. La situación de desesperación en un Estado desangrado por el paro se ha convertido en razón de peso.

De hecho, el Consistorio ha recibido más de 9.000 currículos desde que se hizo público el emplazamiento. ¿A dónde van todas esas solicitudes? En realidad, a un archivador que no garantiza nada. Se ha habilitado una bolsa de trabajo para los residentes y una dirección de correo electrónico para los foráneos. Si se licitan las obras, será la empresa constructora quien aporte los trabajadores. Y cuando las ruletas estén girando, será Adelson el que se seleccione los crupiers.

«Yo creo que será positivo, traerá trabajo», afirma Jesús Navarro, arquitecto de Alcorcón. No le preocupa el blanqueo de dinero; cree que se hace de todos modos. El argumento laboral pesa sobre cualquier otro. Incluso las sospechas de que el megacomplejo incrementará negocios como la prostitución o el tráfico de drogas. «¿Más drogas? No creo. Ya hay muchas», comentan en uno de los bares junto a la estación de cercanías. «La prostitución siempre ha existido», justifica Jesús de la Morena. La empresa, por su parte, elude las críticas y no realiza declaraciones. Sol Sánchez incide en su denuncia: «Esto es la marca España. Volvemos a los años 60. Nos encontramos ante un retroceso social, cultural y de derechos laborales».

Sionista y con demandas allá por donde pasa
El promotor de Eurovegas nació en Boston en 1933 y ahora está considerado como uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Un magnate con una fortuna estimada en 24.000 millones de dólares y con vinculaciones con la derecha norteamericana y el sionismo que acumula también denuncias por malas prácticas por supuestas tramas de prostitución e inclumplimiento de la normativa laboral, impagos incluidos. Además, se le acusa de sobornar a empleados públicos de lugares como Singapur, donde dispone de un casino.

Durante las pasadas elecciones presidenciales en EEUU, Adelson fue uno de los principales donantes del Partido Republicano. También ha distribuido fondos a la organización Birthright Israel, lobby sionista que opera en Norteamérica. Su leyenda negra incluye redadas contra la prostitución en locales de China y Singapur. Incluso antiguos colaboradores le señalan como máximo responsable de algunas de estas tramas.

* Fuente: http://gara.naiz.info/paperezkoa/20130224/389573/es/Eurovegas-juego-que-cambia-leyes-dinero/


* Rebelión - Opinión - 25.2.13
Foto: EurovegasNo,  protesta Febrero 2013 (Madrid) - publico

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Los fondos ‘buitre’ sobrevuelan el ladrillo de Barcelona

ELPAÍS* : Llevaban una temporada alejados u oteando el sector inmobiliario desde las alturas. Pero vuelven a estar cerca dispuestos a comprar. Los expertos coinciden en que los fondos oportunistas, los buitres del ladrillo que buscan operaciones de alto riesgo que reporten grandes rentabilidades, han vuelto a la ciudad de Barcelona. La previsión, vinculada al momento de precios en mínimos, es uno de los titulares más destacados del informe que anualmente elabora la consultora CBRE a partir de la encuesta a 200 directivos del sector.
El informe revela que el 67% de los encuestados sostiene que serán los fondos oportunistas quienes protagonizarán las inversiones del año, tomando el relevo a los family offices —los inversores privados profesionales—, los más activos en 2012.

El presidente de la consultora CBRE en España, Eduardo Fernández-Cuesta, subraya que los fondos buitre han vuelto tras despejarse las dudas macroeconómicas que hace un año tenían a Europa en vilo. Fernández-Cuesta recuerda que el último trimestre de 2012 concentró el 42% de todas las operaciones del año, lo que demuestra a su juicio, que “el mercado ha pasado de hablar del euro a hablar de edificios concretos”.

El ajuste de precios ha finalizado salvo en zonas donde la sobreoferta es imposible de absorber, asegura el consejero director general de CBRE en Barcelona, Enrique Martínez, y ello contribuirá a la reactivación del sector. Es el caso de la capital catalana o de Madrid, donde los precios han tocado fondo, sostiene. En opinión de los dos directivos, los fondos buscarán o los mejores edificios o bien gangas por volumen que están en manos de los bancos y que podrán vender en cuatro o cinco años con rentabilidades del 20%. “Lo que todavía nos falta son inversores medios entre estas tipologías”, apuntan.

Sobre el papel del banco malo, los directivos consultados por CBRE se muestran asépticos y aseguran que los efectos de su irrupción en el mercado no serán perceptibles hasta dento de un año. Fernández-Cuesta y Martínez se muestran más optimistas (CBRE es la empresa que valorará la cartera de la entidad) y celebran la rapidez con la que se ha ordenado el sector y el hecho de que las carteras del Sareb se ajustarán al precio que exigen los inversores.

El socio del grupo de construcción de PwC, Guillermo Massó, corrobora el “apetito de grandes fondos que buscan ofertas” y celebra que “las expectativas de precio entre las entidades financieras y los compradores se han estrechado mucho”. Massó cree que las operaciones que se cierren las protagonizarán centros comerciales y oficinas y en menor medida los hoteles. Sobre el papel del Sareb, considera que durante los dos trimestres en los que todavía no operará el resto de entidades aprovecharán para desinvertir, “a sanear sus carteras de activos en venta”.

La directora de Barcelona de la consultora Aguirre Newman, Anna Gener, opina que si en 2012 las operaciones se centraron en carteras residenciales de entidades financieras, este año el interés lo capitalizarán por una parte las operaciones corporativas, y por otra la deuda, que tiene subyacente inmobiliario, y que está en manos de entidades o de promotoras que se han refinanciado en repetidas ocasiones”. Gener opina que el Sareb “no será actor” en este ejercicio y confía en las enormes carteras de suelo de las entidades saneadas.

Los expertos coinciden en que otra de las cuestiones que gana peso en el sector inmobiliario es el capital asiático, aunque no siempre lo hace de forma directa. “En gran parte llega a través de inversiones indirectas, de grandes fondos internacionales que diversifican sus operaciones por mercados”, subraya Massó.


* El País - CLARA BLANCHAR Barcelona 2 MAR 2013
Foto: Vista de la ciudad de Barcelona. / CARLES RIBAS

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Corrupción sin consecuencias legales

DIAGONAL* : Pocos medios, prescripciones benévolas o indultos favorecen que muy pocos de los casos de corrupción investigados tengan consecuencias para sus responsables. Desde concejales hasta la Casa Real, los casos de corrupción alcanzan ya a cerca de un millar de cargos públicos por toda la geografía del Estado. Los casos Pokemon y Campeón en Galiza involucran a PP, PSOE y BNG. Catalunya acumula operaciones contra Convergencia (Palau, Treball, ITV, Clotilde), Unió (Pallerols) o PSC (Mercurio). En Asturias el caso Marea entrelaza a PP y PSOE, y en Aragón el Partido Aragonés lleva décadas bajo la sombra de la corrupción. En Andalucía, el caso Astapa y los ERE fraudulentos acumulan 160 imputados. Pero Madrid, Valencia y Baleares llevan la delantera con casos como el Gürtel, Palma Arena, Nóos o Cooperación. A la par que los grandes casos ligados a alto cargos, como el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra o la cúpula del Partido Popular, siguen sumando páginas, la apuesta por la transparencia desde las altas esferas se queda en un brindis al sol y los medios para afrontar la corrupción se recortan bajo el paraguas exculpatorio de la crisis.

Este 2013 la exconsejera de Cultura del PSOE en Asturias, Ana Rosa Migoya, se unía como imputada del caso Marea al exconsejero de Educación, en una trama casi infinita que amenaza al presidente asturiano, Javier Fernández, nombrado en los listados de empresas que facilitaban regalos y comisiones a cambio de concesiones públicas, y que implica a la Universidad así como a Ayuntamientos. Nada distinto a la corrupción en el resto del Estado: vinculación de sector público y privado en concesiones y privatizaciones y redes de empresas que financian a partidos y ‘colocan’ a militantes y altos cargos. No es extraño que los poderes públicos, que dominan los órganos de control judicial y la Fiscalía, tengan escaso interés en investigar.

Por ello, la asociación Avall, con 20 años de lucha contra la corrupción, impulsó una acusación popular en ese caso. María Jesús Rodríguez, su secretaria general, recuerda que “el letrado del Princi­pado era el mismo que el de los dos principales acusados, el fiscal general de Asturias quería cerrar la instrucción ‘cuanto antes’ y la fiscalía a veces no asistía a las declaraciones”. En la justicia, añade, “unos expedientes avanzan y otros se mueren en los cajones”. Que existen presiones políticas es una realidad para José María Benito, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP). “Esta­mos siempre en el ojo del huracán cuando investigamos casos de corrupción”, y lamenta que “nunca he conocido una cúpula policial tan politizada como ésta”. Pone ejemplos como el del borrador policial del caso Palau o el cese, por “pérdida de confianza”, de dos comisarios que investigaban la compra del ático en Marbella del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (uno de ellos a los seis meses de ser nombrado por el director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó). Benito ha anunciado la creación de una Plataforma de Policías contra la Corrupción que denunciará públicamente y llevará a los tribunales casos de obstrucción a la investigación, porque están “hartos de ver pasar tanta corrupción por delante, de recibir tantas presiones y tantas críticas”.

Otra vía más simple de dificultar las investigaciones es la falta de medios, porque, apunta Rodríguez (Avall), “el quid de una buena instrucción es que no se te escape el corrupto porque se ha instruido mal”. Falta de medios que perciben en la acusación particular contra Rodrigo Rato –15MpaRato– donde “sólo hay dos personas para leer un dossier que costaría 20 años leerlo, no hay escáner, etc.” Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia, explica que “nuestros juzgados no están preparados para afrontar los grandes casos de corrupción, hacen falta medios que habitualmente no son concedidos por las administraciones competentes”.

Con una media de diez jueces por cada cien mil habitantes, España se sitúa en el 36 de ese ránking europeo sólo delante de Armenia, Azerbaiyán y Georgia, lo que genera un colapso de los juzgados que aumentará tras el recorte de 1.200 jueces sustitutos. La asociación de jueces reclama peritos especializados y una policía judicial que dependa directamente de los jueces. Mientras tanto, las acusaciones populares son claves en este proceso. Avall y 15MpaRato se dividen partes del sumario entre sus activistas, ayudan en la lectura, investigan bienes de los encausados y aportan pruebas para ‘mejorar’ la instrucción. La financiación va desde rifas y donaciones a las nuevas tecnologías, como el crowdfunding (que recaudó 20.000 euros en un solo día para la acusación contra Rato).

Dilación de los procesos

Una vez empezados los juicios, para el diputado de las CUP David Fernández y participante en la acusación popular del caso Palau, entra en escena una operativa sistematizable “con abogados de lujo expertos en dilatar los procesos”. Y es que los plazos de prescripción son cortos para la corrupción: tráfico de influencias y blanqueo de capitales dejan de ser punibles tras cinco años, mientras que la prevaricación prescribe a los diez. Un ejemplo es el caso Fabra, que, tras ocho años de instrucción, no cuenta con fecha para la vista que sentará en el banquillo de los acusados al expresidente de la Diputación de Castellón. Y aunque llegue a juicio, recuerda Joaquim Bosch, el “poco proporcionado” sistema de penas en la legislación española permite que salgan a la calle con una simple multa, mientras que pequeños robos pueden tener pena de prisión. Como ejemplo, el caso Hacienda, que afectó al constructor y expresidente del FC Barcelona, Josep Lluis Núñez, y a la cúpula de Inspección de Hacienda: su juicio duró 12 años y tras condenas de entre seis y 13 años de cárcel cada uno, nadie ha entrado en prisión. Al cóctel se suman los indultos (recibidos por seis de los 33 condenados por prevaricación en 2012), una figura que, aunque existe en otros países, en el Estado no está sujeta a explicaciones por el Ejecutivo, saltándose el principio constitucional de igualdad y no arbitrariedad. El jurista Bosch lo tiene claro: “Hay que reformar el sistema de penas para que no sea tan benévolo con los políticos y que la prescripción no sea tan corta”.

Ante la desesperanza

Las acusaciones ciudadanas consiguen, vía judicial, destapar nuevas irregularidades, al contar con acceso al sumario u obligar a bancos y Administraciones a facilitar información, lo que ayuda a detectar ‘responsabilidades cruzadas’. Frente a los intentos de limitar las investigaciones a ‘manzanas podridas’ entre los políticos, estas iniciativas ponen su énfasis en el sistema de ‘puertas giratorias’ entre el sector público y el privado. La activista del 15MpaRato recuerda que “sin la legislación de Rato como ministro de Economía, las preferentes no habrían sido tan abusivas, y esa legislación blindó su carrera posterior en el sector privado”. Hasta 48 cargos ministeriales del PP, PSOE y CiU se encuentran en el Consejo de Administración de las grandes empresas españolas. Los sobres a la cúpula del PP eran financiados por las principales constructoras, que previsiblemente recibían a cambio concesiones de obras públicas que están en la base del endeudamiento de los ejecutivos central y autonómicos.

El principal riesgo es que “no demos abasto a la sobrestimulación que nos da cada día la corrupción”, alerta David Fernández, que cree que “estamos conociendo la punta del iceberg de un modelo de gobernanza al servicio de las élites económicas”. Pero ante el discurso de que ‘no se puede hacer nada’, la movilización popular funciona y construye un discurso político, como el del rechazo a la nacionalización de la deuda privada, a las privatizaciones y a los rescates a la banca. Y es que “sin la participación ciudadana se habría pasado de puntillas sobre el agujero de Bankia”, señala la activista del 15MpaRato, que alienta a replicarles e “ir a por los culpables”. Avall, por su parte, lleva años de victorias judiciales contra la especulación urbanística, mientras que las acusaciones ciudadanas contra Rato, el caso Marea o el Palau son claves en la erosión política de PP, PSOE y CiU. Se abre un tempo político en el que la ciudadanía comienza a pedir la ruptura con un sistema corrupto. Aparecen y aparecerán ‘outsiders’ ficticios, como Beatriz Talegón, Rosa Díez, Nuñez Feijóo o Esperanza Aguirre, pero también activistas de izquierdas que están elevando el tono de su discurso, como David Fernández o Ada Colau, en una carrera de impugnación del régimen que ya no es tan de fondo.

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Dudas sobre la ley de transparencia

En esta ocasión no hay urgencia. La Ley de Transparencia anunciada por el Gobierno del PP hace poco menos de un año sigue quemando etapas a paso lento, pese a que, durante sus últimas comparecencias relativas al “caso Bárcenas”, distintos cargos del PP como la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santama o el propio Mariano Rajoy han realizado alusiones a un texto que está en periodo de consultas, algo que convierte a España en “el único país de Europa con más de un millón de habitantes que no cuenta con una ley de acceso a la información pública”, según denuncia en un comunicado Access Info Europe, que forma parte de la plataforma tuderechoasaber.es. “Es evidente que una ley de Transparencia difícilmente puede destapar una contabilidad B pero también lo es que la transparencia es el primer paso para intentar acabar con la corrupción”, explica a DIAGONAL, Victoria Anderica Caffarena de Access Info Europe, quien desarrolla la idea de que un “buen derecho de acceso a la información”, del que carece el Estado español, “tiene un efecto disuasorio sobre la corrupción ya que toda la información en manos de las instituciones públicas puede ser solicitada”. Sin embargo, Victoria Anderica, cree que ése no es el caso de la Ley que se prepara estos días. Entre los puntos que se critican del borrador presentado por el Gobierno está la exclusión de determinada información que contraviene el Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a documentos públicos, “en concreto la información auxiliar (notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos de órganos o entidades administrativas)”.

Algunas migajas del pastel

GÜRTEL. PARTIDO POPULAR, REGALOS Y CONTRATAS (PP)
Delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, etc.
Dónde: Madrid y Comunidad Valenciana.
Cuándo: se comenzó a investigar en 2009.
Implicados: actualmente hay 21 imputados, casi todos del PP.

PALMA ARENA. UN PABELLÓN MUY LUCRATIVO (PP)
Delitos: malversación de caudales públicos, falsedad y cohecho.
Dónde: Islas Baleares.
Cuándo: la investigación comenzó en 2007.
Implicados: 30 imputados, entre ellos Iñaki Urdangarin, yerno del rey.

CASO PALAU. MECENAS A CAMBIO DE ADJUDICACIONES (CDC)
Delito: financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya.
Dónde: Catalunya.
Cuándo: la primera denuncia, anónima, data de 2012.
Implicados: Fèlix Millet, Convergència Democràtica de Catalunya.

OPERACIÓN MALAYA. CORRUPCIÓN Y BOOM URBANÍSTICO
Delito: corrupción urbanística.
Dónde: Marbella.
Cuándo: 2011, actualmente en proceso de instrucción.
Implicados: Julián Muñoz, J. A. Roca y parte del equipo de Gobierno.

ERE DE ANDALUCÍA. EL FONDO DE REPTILES DEL PSOE
Caso: prejubilaciones fraudulentas.
Dónde: Andalucía.
Cuándo: 17 de mayo de 2012.
Implicados: alcaldes, delegados y consejeros socialistas en Andalucía.

CASO CAMPEÓN. METIENDO MANO A COMISIÓN
Caso: fraude en subvenciones públicas.
Dónde: Galicia.
Cuándo: 2011, la instrucción está en su última fase.
Implicados: políticos del PP, PSOE y BNG, entre otros José Blanco.



* Diagonal - TER GARCÍA / DANI MARI RIPA - 19.2.13
Foto: Corrupción, cartel por listas limpias elecciones - EFE

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La mafia rusa vertió millones sobre Lloret desde paraísos fiscales

ELPAÍS/Girona* : Los Petrov, una familia originaria de un pueblito ruso junto a la frontera con Kazajstán, se instalaron en la costa catalana en 2001. Los comienzos no fueron fáciles: el patriarca, Boris, y sus hijos llevaban una vida “humilde” y vivían juntos en un “modesto piso” de Lloret de Mar. Regentaban una churrería “con escasa clientela”. Para aumentar los ingresos, el hijo varón, Andrei Petrov, conducía una furgoneta con la que transportaba a turistas. También trabajó como portero de discoteca. Pero ya entonces era “listo y ambicioso”, según una conversación grabada a su secretaria en la operación Clotilde, que ha destapado una red internacional de blanqueo de capitales y ha concluido con la imputación de quien dos años después de la llegada de los Petrov se convertiría en alcalde: Xavier Crespo, hoy diputado de CiU en el Parlament.
El sumario del caso, al que ha tenido acceso EL PAÍS, detalla los vínculos entre Crespo y Andrei Petrov, que acabó convirtiéndose en el “máximo responsable en España” de una red que blanqueó, presuntamente, 56 millones de euros procedentes de organizaciones criminales rusas. El ascenso de Andrei Petrov, que sigue en prisión provisional por esta causa, no se entiende solo por la inteligencia que le atribuye su secretaria. Le ayudó su padre, Boris, que le puso en contacto con un antiguo amigo: Víktor Kanaikin, al que la Guardia Civil considera jefe máximo de la organización. Petrov hijo se prestó a ser un “instrumento” y “conseguidor” a las órdenes de Kanaikin, que le hacía llegar grandes sumas de dinero para acometer inversiones inmobiliarias.

Kanaikin no es un cualquiera. Nació el 2 de febrero de 1944, el mismo día que las tropas de Stalin reconquistaban Lutsk y Rivno, en la frontera polaca con Ucrania. Según la Guardia Civil, es “doctor en Ciencias Técnicas” y posee la Orden de Lenin como “héroe del trabajo socialista”, una de las mayores distinciones de la extinta URSS, que premiaba así a quienes impulsaban “progresos excepcionales” para mayor gloria del país. Durante 20 años, fue director general de una empresa encargada de supervisar los kilométricos gasoductos de Gazprom, el gigante energético. Kanainin vertió millones sobre España que eran administrados por Petrov, convertido en “su hombre de confianza”, su delegado.

La espectacular acumulación de patrimonio inmobiliario en muy pocos años —“casas, pisos, aparcamientos, locales comerciales y terrenos”— llamó la atención de los investigadores. Hasta 2006, Petrov había invertido en el Lloret de Crespo y en otros municipios catalanes (con dinero de Kanaikin) 20 millones de euros. El nivel de vida de los Petrov cambió, para bien, “vertiginosamente”, según uno de los informes de la Guardia Civil que figura en el sumario. El modesto piso de Lloret dio paso a “hogares de alto standing” y la furgoneta se sustituyó por “vehículos de lujo”.

Antes de entrar en contacto con los máximos responsables del Ayuntamiento —de los que, según los investigadores, obtuvo tratos de favor a cambio de regalos y patrocinios— Petrov solía codearse con dos antiguos mercenarios ucranios que habían sido miembros de la Legión Extranjera francesa.

Los antiguos mercenarios eran sus guardaespaldas. Y, además, los encargados de trasladar “grandes sumas de dinero entre España, Francia y Andorra”, como ha constatado la policía en algunos controles. Ese transporte manual era una de las formas de hacer llegar el dinero de Kanaikin a los Petrov. Las empresas del capo ruso, algunas radicadas en paraísos fiscales (Islas Vírgenes Británicas, Seychelles) hacían préstamos en dólares americanos y transacciones de dinero a las empresas que Petrov gestionaba en España. Parte del dinero se ingresaba, señala la Guardia Civil, en una cuenta a nombre de la esposa de Petrov, Irina Petrova. Petrov seguía las indicaciones de un asesor financiero de su jefe para realizar transferencias desde países como “Chipre, Andorra, Islas Seychelles, Suiza o Liechtenstein”.

Al principio, Boris supervisaba ese tráfico de capitales, aunque se fue “desvinculando” del negocio. En su declaración policial, el patriarca negó cualquier tipo de relación con su “amigo” Kanaikin. “Nunca le he visto, no sé quién es”. Su memoria también le falló cuando le preguntaron por el intermediario entre Petrov y el “héroe” soviético, Sergei Nalimov. Sobre este último, se limitó a decir que le suena porque en Rusia “hay un pez cuyo nombre se parece”.

Petrov adquirió los inmuebles a través de dos sociedades que administraba: Development Diagnostic Company (DDC) —la que mantuvo relaciones con el Ayuntamiento de Lloret— y Vikser. Ambas tienen “una cifra extraordinariamente alta” de liquidez, según la Guardia Civil. La matriz de ambas sociedades, en manos de Kanaikin, le inyectaba una “gran cantidad de capital”, lo que hace pensar a los investigadores que se trata de un entramado diseñado para blanquear capitales de origen “turbio”. Kanaikin “nunca figura oficialmente” en las operaciones de Petrov y su familia y, de hecho, por su grave estado de salud apenas viaja a España.

Los toros unieron los intereses de Petrov con los del Ayuntamiento. Tras derribar su plaza, el ayuntamiento buscaba inversores para un proyecto en la zona. Y Petrov vio la oportunidad de construir un nuevo centro comercial. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha imputado a Crespo por cohecho y prevaricación, considera que el consistorio dio trato de favor al empresario ruso perdonándole la mitad de los impuestos (133.000 euros) y le concedió la licencia para construir el equipamiento. El proceso se hizo con “todo tipo de irregularidades”, según la Guardia Civil. A cambio, recoge el auto del TSJC, Petrov tuvo que aportar 270.000 euros en patrocinio a los clubes locales de fútbol y hockey entre 2007 y 2010. Además, regaló al exalcalde un reloj de 3.000 euros y costeó los gastos de dos viajes a Rusia. Los detalles del supuesto pacto entre Petrov y Crespo se fraguaron, supuestamente, en el primer viaje, en 2007. En Rusia, siempre según Petrov, presentó a Crespo y a su jefe Kanaikin. A esa reunión asistieron, también, el concejal de Urbanismo Josep Valls —también imputado— Nalimov y la esposa de Kanaikin.

“Yo solo soy un trabajador y hacía lo que mis jefes me ordenaban”, dijo Petrov en su defensa. También admitió su estrecha relación con la arquitecta Pilar Gimeno, que según la Guardia Civil va “más allá de lo estrictamente profesional”, ya que Gimeno tenía la “total confianza” de su jefe y era la encargada de hacer “labores de mediación” con el consistorio. “Pilar, tú eres... No sé, de la familia”, le dice en una de las llamadas.

Aunque el TSJC investiga la mayor parte del caso, es la Audiencia Nacional la que indaga el blanqueo, que sigue bajo secreto de sumario. En los últimos tiempos, Petrov emuló a su jefe: invirtió él mismo en proyectos de compatriotas; representó, por ejemplo, a dos kazajos para constituir una sociedad. Así es como, según la Guardia Civil, la mafia rusa se expande, acapara cada vez mayores cotas de poder y se acaba infiltrando en el tejido económico y en la esfera política. Boris, el patriarca, sigue como si nada. En su declaración, se limitó a decir que acabó cerrando la churrería “por la crisis”.


* El País - JESÚS GARCÍA / REBECA CARRANCO - 2.3.14
Foto: Lloret de Mar (Girona), ayuntamiento - lavanguardia

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El efecto estampida de los promotores

ELPAÍS* : Urbanizaciones sin terminar, sin alumbrado, sin calles, o sufriendo vertidos ilegales porque el constructor ha desaparecido del mapa sin terminar las obras. Los afectados por el efecto estampida de los promotores derivado de la crisis económica han crecido significativamente en 2012, según el último informe del Defensor del Pueblo, hecho público este martes.
El defensor no aporta cifras, pero nombra numerosos casos. Cita, por ejemplo, la situación de la urbanización Los Portales de Arucas, en el término municipal de Las Palmas, en la que detecta una “pasividad virtualmente total” del Ayuntamiento ante la falta de infraestructuras o servicios básicos, o la urbanización Esquinzo, del municipio de Pájara (Las Palmas), que sufre problemas de vertidos ilegales y en la que un informe técnico reconoce que la depuradora se realizó “sin autorización y con capacidad insuficiente”.

El defensor inició una actuación de oficio, junto con la Federación Española de Municipios (FEMP), que puso de manifiesto que muchas empresas promotoras habían desaparecido sin finalizar las obras de urbanización, con calles y aceras sin pavimentar, alumbrado sin instalar y deficiencias en los servicios básicos (saneamiento y abastecimiento de agua, luz).

Los afectados han pedido ayuda porque la precaria situación económica de los ayuntamientos les está obligando a ellos a asumir estos costes si quieren tener unas condiciones de vida dignas. El defensor da un tirón de orejas a los gobernantes locales recordándoles que deberían de haber adoptado “en su momento” las medidas de control para garantizar las obras.

Algunas administraciones locales reconocen que no exigieron a los promotores, "cuando debían", las garantías de la legislación urbanística, pero lo verdaderamente grave, según el informe, es que no se adopten medidas contra estos constructores, abriéndoles expedientes de infracciones urbanísticas, o utilizando el dinero que depositaron como garantía de sus construcciones.

“No deben de ser los adquirientes de las viviendas los obligados a completar la urbanización y a cumplir lo que el promotor quedó obligado a hacer”, opina el defensor. Para paliar esta situación, recomienda a los consistorios que tomen el dinero depositado por los empresarios como aval y acometan las obras.

En la lista de casos destacados también aparece la urbanización Tres Palmeras, de Carmona (Sevilla), el conjunto residencial Pla de la Torre, en la Torre de Claramunt (Barcelona), Ceres Golf en Cáceres o Sacaba Beach en Málaga.


* El País - JUANA VIÚDEZ 27 FEB 2013
Foto: Urbanización Sacaba Beach (Málaga) / JULIÁN ROJAS

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Gijón se queda sin plan de urbanismo por decisión judicial por segunda vez en tres años

LNE/Asturias* : Gijón vuelve a tener paralizado su planeamiento urbanístico. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha determinado que el actual Plan General de Ordenación (PGO) tampoco es conforme a derecho, invalidando un documento que es fruto de una anulación judicial anterior y sin el cual no se puede mover un ladrillo dentro del municipio. La ciudad retrocede así al urbanismo que el arquitecto Ramón Fernández Rañada diseñó hace 15 años.
«La situación es de extrema gravedad y supone un gran desprestigio para este Ayuntamiento», lamentó la alcaldesa. La forista Carmen Moriyón compareció en rueda de prensa nada más conocerse el fallo del Tribunal Superior de Justicia, al considerar que «los acontecimientos así lo requieren».

En su comparecencia se cebó con el anterior gobierno municipal: «Este es el mejor ejemplo del fracaso de un partido que hoy pretende darnos lecciones. Me pregunto por qué oscuros intereses los socialistas no respetaron la legalidad».

El Plan General que ahora se anula fue aprobado por PSOE e IU en el Pleno del 13 de mayo de 2011, unos días antes de las elecciones municipales que cambiaron el rumbo político del Ayuntamiento de Gijón. Apenas dos años después, «todo queda parado y hay que empezar desde cero», aseguró Carmen Moriyón, sin aclarar las actuaciones que llevará a cabo su equipo de gobierno para tratar de encauzar la situación urbanística de la ciudad.

Foro Asturias se comprometió a dar información más detallada a lo largo de la próxima semana. La alcaldesa sí adelantó que «será necesario revisar todos los expedientes del planeamiento que están en proceso de tramitación». La noticia cayó como una bomba en el sector de la construcción, que se ve abocado «al desastre» en esta situación de incertidumbre jurídica. Ayer, algunos promotores con intereses en los nuevos suelos urbanizables del PGO ya anunciaban su intención de presentar un recurso aclaratorio ante el tribunal asturiano.

Este es el segundo revolcón judicial que se lleva el urbanismo gijonés en los últimos tres años y medio. La nueva sentencia anulatoria da respuesta al Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural, que denunció al Ayuntamiento por dejar fuera del trámite de información pública el estudio geológico realizado en El Muselín -base de un plan especial para transformar el barrio en un gran parque- y el estudio de afectación de la subsidencia (hundimientos del suelo) generada por el abandono de Mina La Camocha.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias entiende que «se ha producido indefensión a la parte recurrente, con vulneración relevante de los principios de publicidad y participación ciudadana». De ahí que se determine «la necesidad de retroacción del expediente administrativo al momento anterior a la información pública», lo que deja sin efecto el acuerdo plenario que permitió aprobar un nuevo PGO.

Este documento venía a subsanar la anulación del anterior Plan General, redactado por el arquitecto madrileño Felipe Teixidor. Aunque, en esta ocasión, el Ayuntamiento recurrió las sentencias desfavorables ante el Tribunal Supremo, quiso curarse en salud con un nuevo planeamiento, cuya elaboración se encomendó a los servicios técnicos municipales. El entonces concejal de Urbanismo y hoy presidente de la Junta General del Principado, Pedro Sanjurjo, se volcó en el procedimiento.

«Fue una revisión urbanística precipitada, que cayó en los mismos errores y ha situado a Gijón en una excepcionalidad urbanística que no deja trabajar a los distintos agentes implicados», criticó la alcaldesa. «Y Sanjurjo todavía se jactaba de haber hecho el Plan en un tiempo récord», siguió Moriyón, metiendo el dedo en la llaga.

El anterior Plan General, que comenzó a tramitarse en el año 2005, también fue anulado por deficiencias en el proceso de participación ciudadana. Aunque desde las filas socialistas siempre se le ha quitado hierro a las sentencias anulatorias alegando que se trataba de simples defectos de forma, los numerosos contenciosos acumulados han terminado tumbando su política urbanística.

«Es lo que ocurre por hacer un Plan General con tanta opacidad y enfrentándose frontalmente a los vecinos», declaró la alcaldesa, en referencia a las tensas relaciones que el anterior gobierno de la ciudad mantuvo con la zona rural a consecuencia del PGO. La polémica se extendió a El Muselín cuando el nuevo planeamiento urbanístico incorporó un proyecto que implicaba la desaparición del barrio.

La alcaldesa se preguntaba ayer «qué hicieron los vecinos de El Muselín para que tuvieran que irse de sus casas, es falso que el barrio se caía y ahora queda probado». El rotundo rechazo de Carmen Moriyón al Plan General heredado de los socialistas ya quedó patente en el programa que Foro Asturias defendió en las últimas elecciones municipales. En la práctica, su equipo de gobierno sigue tramitando algunos de los proyectos más polémicos de ese PGO, mientras trabaja en la revisión que prometió cuando aspiraba a convertirse en alcaldesa.

Si contra el anterior Plan de Ordenación prosperaron una treintena de recursos, contra el actual documento están pendientes de sentencia unos 45. De momento, el único que se ha estimado es el del Colectivo en Defensa del Medio Rural.


* LNE - Miriam SUÁREZ - 2.3.13
Foto: Gijón, ayuntamiento - gijon2008.com

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Un mes para que se haga valer la ILP antidesahucios

DIAGONAL* : “He calculado que [la Iniciativa Legislativa Popular hipotecaria] puede ser vista por la cámara de aquí a 15 meses”, declaraba en el Congreso Joan Coscubiela (ICV) dos semanas antes de que PP y PSOE pactaran el 13 de febrero tramitar por la vía de urgencia la ILP antidesahucios. Aunque finalmente el PP ha retrasado todo el proceso hasta abril, la presión social y mediática sí logró que el partido en el Gobierno pasara en unas horas de anunciar que bloquearía la norma a votar por su tramitación.
“Eso quiere decir que del Congreso saldrá un proyecto de ley. Queremos que ese proyecto salga intacto tal y como entró: con el apoyo de cientos de miles de personas detrás”, señalaba Ada Colau en un vídeo grabado tras las manifestaciones del 16 de febrero. La portavoz de la PAH mostraba en sus gestos la euforia y el cansancio de unas semanas que la habían llevado dos veces al Congreso desde su domicilio en Barcelona para defender la ILP apoyada por más de 1.400.000 personas.

El 16F culminó hasta ahora un ciclo de movilización que irrumpió en el debate político mainstream con la proliferación de las acampadas y las asambleas de barrio en mayo de 2011. Pese a su capacidad de vertebración de todo un movimiento, ninguna marcha de Stop Desahucios había reunido un número significativo de personas –comparadas con otras citas relacionadas con el 15M–.

Tras su éxito, las plataformas y grupos de apoyo ponían la vista en mantener la presión para la votación prevista inicialmente para el 7 de marzo. “ILP o escrache” es el lema difundido por las plataformas para estas semanas, en alusión a la táctica de señalamiento público de políticos así bautizada en Argentina. Antes de la admisión a trámite de la iniciativa legislativa popular, más de 8.000 personas habían enviado 1.024.000 correos a los representantes del PP para que no bloquearan la medida.

La última referencia del Gobierno antes de la votación del 12 de febrero no se salía una coma de lo planteado por el Gobierno en su proyecto de ley de medidas extraordinarias sobre los desahucios. El discurso del ministro Luis de Guindos el 30 de enero en el Con­greso se refería a la supuesta “cultura de pago” existente en el Estado español como línea roja de la propuesta del Ejecutivo, que ha recibido tres enmiendas a las totalidad del Grupo Mixto, Izquierda Plural y PSOE.

Presiones externas antidación

Un experto en legislación hipotecaria consultado por DIAGONAL relacionaba esta línea roja con imposiciones exteriores. “La Comisión Europea no quiere que se repita lo sucedido en Irlanda, cuando los jueces comenzaron a respaldar los impagos mediante sentencias. Para la Comisión, lo esencial es mantener la estabilidad de los bancos rescatados”, asegura. En el debate, el diputado Joan Coscubiela (ICV) acusó a De Guindos de dar “una rueda de prensa” y de tener más en cuenta los intereses de los bancos que el de los hogares hipotecados.

“Veo difícil, si no imposible, que el Gobierno en estas circunstancias apruebe la dación en pago”, continúa el experto. No obstante, advierte, “si sigue la presión es posible que se llegara a plantear una reforma en la ley concursal para que las personas pudieran declararse en quiebra”, algo que permitiría a los jueces aplicar en la práctica la dación.Una posibilidad que Diego de las Barreras, uno de los abogados que participa en el grupo Stop Desahucios del distrito madrileño de Puente de Vallecas, ve con escepticismo: "los juzgados están ya saturados. Imagínate llevar todas las ejecuciones hipotecarias de Madrid a los 12 juzgados de lo mercantil que hay y que ya están sobrepasados sólo con las suspensiones de pagos de las empresas".

Las medidas anunciadas verbalmente por De Guindos el 30 de enero como enmiendas a su propio proyecto de ley “suavizan la situación de los hogares hipotecados”, concede el experto consultado por este periódico. El Gobierno está apuntando, por ejemplo, rebajar los llamados intereses de mora a tres veces el interés legal del dinero. La aplicación de estos intereses desde el momento en que el hipotecado deja de pagar una cuota hace que en muchas ocasiones éstos acaben debiendo más al banco que la cantidad inicial suscrita en la hipoteca. No obstante, las medidas están muy lejos de la tríada de dación en pago retroactiva, alquiler social y moratoria de desahucios que la PAH considera “peticiones de mínimos” no negociables, y que además se apoyan unas en otras.

El portavoz de la PAH Sabadell, Pau Llonch, da más pistas sobre esto en conversación telefónica. “Para muchas familias, la dación en pago es un arma de doble filo. Incluso si el banco se la concede, les dan un plazo de 15 días para entregar las llaves del piso, ¿y luego a dónde van?”. El Gobierno se sigue apoyando en el parque de 6.000 viviendas “de emergencia” para desahuciados aportado de forma voluntaria por las entidades. “Eso de las ‘situaciones de emergencia’ a lo mejor valía para las políticas municipales de antes de la crisis, pero ahora mismo la mayoría de ayuntamientos ya están desbordados”, indica.

La reivindicación del alquiler social, la gran olvidada en los medios de comunicación, propone que la persona bajo ejecución hipotecaria pueda quedarse en la vivienda en régimen de alquiler por una cantidad mensual que no supere el 30% de los ingresos del hogar. Se trata de una negociación que también está costando concretar con la banca, incluso allí donde las PAH han conseguido una interlocución directa y estable con los responsables de los departamentos bancarios de morosidad y recuperaciones, encargados de aprobar estas solicitudes.

Es el caso, en Catalunya, de los grupos de afectados de BBVA-Unnim, Catalunya Banc (antes Catalunya Caixa) y la financiera del Santander, UCI. Según comenta Carlos, que coordina al grupo de más de 230 hipotecados de BBVA-Unnim que participan en las diferentes PAH catalanas, llegar a un compromiso de negociación sobre el alquiler social fue el gran escollo después de que un grupo de más de 300 personas ocupara una sede de la entidad el 7 de febrero en el centro de Barcelona.

La acción tuvo éxito: en seis horas de ocupación obligó a sentarse a los interlocutores de BBVA para arrancarles el compromiso de una respuesta en un mes a las solicitudes de dación presentadas. Pero el escollo llegó cuando los representantes de BBVA “reconocieron que es política de empresa” la no concesión de alquileres sociales, señala el activista. “De ahí no se movieron”, afirma Carlos, que califica de “hipócrita” la aportación de 900 viviendas por parte de BBVA al fondo de viviendas para desahuciados auspiciado por el Gobierno.

Letra pequeña

En estas negociaciones que siguen ganándose una por una a la manera de una lucha artesanal, la paralización de procesos de los lanzamientos y las concesiones de dación en pago han dado las mayores victorias a las plataformas y las asambleas ciudadanas que también apoyan los Stop Desahucios. Pero en estos acuerdos a veces también hay letra pequeña.

Mercé Pidemont, que participa en las reuniones de afectados de Catalunya Banc, cuenta que una práctica habitual de las sucursales bancarias es dar la dación, pero unida a un préstamo personal. “Esto lo están haciendo con gente que a lo mejor ha pagado sus cuotas durante ocho o nueve años”, explica. Las cantidades de estos préstamos pueden llegar a 30.000 euros, con cuotas mensuales que, en el mejor de los casos, siguen suponiendo una carga para muchos de los hogares.

“Con la presentación de la ILP y los procesos de negociación en marcha con bancos y ayuntamientos, hemos llegado al límite legal posible”, afirma Ernest Marco, de PAH Barcelona, en una línea muy repetida estos días por los portavoces de las plataformas. Con la votación definitiva de la ILP, llega el ‘sprint’ activista. Cuando se conozcan las enmiendas de los grupos parlamentarios, se saldrá de dudas –al margen de lo adelantado por De Guindos en su comparecencia del 30 de enero– sobre hasta qué punto lo presentado por el PP y por el PSOE se parece a la ILP.

Las PAH y los grupos afines advirtieron de que profundizarán en sus acciones, incluyendo el señalamiento público –“y pacífico”, destaca Marco– de los diputados que no se comprometan a apoyar la ILP en sus tres demandas de mínimos. A día 28 de febrero, en la web escrache.afectadosporlahipoteca.com se han colgado materiales para facilitar estas acciones: datos sobre los diputados, recursos gráficos e información legal.

Las PAH y las asambleas de barrio también han anunciado que continuarán con las ocupaciones de vivienda. El 18 de febrero se anunciaba el realojo de vecinos en la Corrala Buena­ventura de Málaga, que se une a las otras nueve corralas liberadas en la provincia de Sevilla y a los seis bloques ocupados por la PAH en las comarcas catalanas del Vallès.


Un programa “de mínimos”

Dación en pago retroactiva
La deuda hipotecaria queda saldada al entregar la vivienda al acreedor. La ILP propone modificar dos artículos de la Ley de Enjui­cia­miento Civil para que si la ejecución es sobre la vivienda habitual del deudor. Tendría efecto para los procedimientos iniciados antes de la aprobación.


Alquiler social por cinco años
Se suma el artículo 675.bis a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Al afectado se le reconozca el derecho a seguir residiendo en la vivienda en alquiler por un periodo de 5 años desde la adjudicación. El importe de la renta mensual no subirá del 30% de los ingresos mensuales del arrendatario.


Moratoria de desahucios
El artículo 675.bis también contemplará que “no se podrá acordar el lanzamiento del inmueble en el seno de la ejecución hipotecaria cuando se trate de la vivienda habitual del ejecutado y cuando el impago sea debido a motivos ajenos a su voluntad”.

Hacia el derecho a la vivienda
La PAH insiste en que las tres medidas de la ILP son un “programa de mínimos” para abordar un problema más generalizado, el del acceso a la vivienda. Medidas como la propuesta por Izquierda Plural –y rechazada por el parlamento en julio– de creación de un parque público de viviendas en alquiler a partir de las propiedas vacías en manos de cajas y bancos rescatados son vistas con simpatía.


* Diagonal - DIEGO SANZ PARATCHA Y TOMÁS MUÑOZ - 19.2.13
Foto: Miles de manifestantes rodean la sede del PP en Barcelona durante la manifestación por el derecho a la vivienda y por la ILP hipotecaria el 16 de febrero, que reunió en esa ciudad a 80.000 personas, según la PAH. Ese día hubo marchas en más de 50 ciudades / ALBERT GARCÍA

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Valencia.- El juez de Gürtel imputa de nuevo a una directora general de la Generalitat

ELPAÍS* : El juez que instruye el caso Gürtel en Valencia, José Ceres, ha vuelto a imputar, en un auto conocido hoy, a Dora Ibars, directora general de Promoción Institucional en Presidencia de la Generalitat. La decisión del magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, que como recuerda ya fue anticipada en el auto que dio por concluida la instrucción de la pieza separada sobre la contratación del Consell con la trama para la organización y el montaje del pabellón de la Generalitat en Fitur, deja en una delicada situación al Ejecutivo de Alberto Fabra. Su Gobierno readmitió a Ibars en el cargo hace pocas semanas, cuando su imputación en la pieza separada de Fitur por la que fue destituida fue archivada.
El instructor señala que existen indicios de su participación en otra supuesta ilegalidad cometida por la Generalitat al dar otro contrato con Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, omitiendo las fórmulas obligatorias a las que debe ceñirse la Administración.

El juez cita un reciente informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que se señala que Ibars participó en la adjudicación a Orange Market de otros pabellos de la Generalitat en la misma feria turística de Fitur, sin “que haya existido procedimiento de contratación alguno”. “Varios de los archivos utilizados para la confección del informe (correos electrónicos) figuraban en soportes informáticos intervenidos en la sede de Orange Market SL, que se trataron de ocultar momentos antes del registro de la sede de la citada mercantil”, añade Ceres.

Los indicios de delito, prosigue el magistrado, porque existen “correos electrónicos que abundan en dicha posibilidad, los cuáles han sido ratificados por las personas que los emitieron”. Se trata, añade, el juez en la providencia, de las empleadas públicas Elsa Esplugues (de la dirección general de Promoción Institucional) y Vanessa Borrás (de la Ciudad y las Artes y las Ciencias, SA, CACSA), que prestaron declaración la semana pasada “en tal sentido”.

Borrás, además, indica el juez, ha aportado documentación que reforzaría la supuesta participación de Ibars en los hechos delictivos. En uno de los correos que obran en la causa, Borrás le indicaba a Cándido Herrero, directivo de Orange Market: “El importe de la facturación, cuando nos lo facilite Dora Ibars, se desglosará en dos tercios CACSA y un tercio Parque Reunidos Valencia”, esta última una empresa privada que gestiona, entre otros espacios, L’Oceanogràfic.

El juez cita a declarar a Ibars el día 22 de marzo. Y hace lo mismo, aunque en calidad de testigos, con Xavier Colinas, del Palau de les Arts; José Puentes Requena (director de Marketing Circuit Valencia); Francisco Amorós Fraper (Consell Valencià de L´Esport, de la Consejería de Cultura); Natalia Rodríguez (dirección general de Promoción Institucional, que deberán acudir el 6 de marzo.

Y el mismo día 22, lo harán también Isabel Patricia Falgas Martínez (responsable de marketing de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana); Emilio J. Alhambra Sempere (Ciudad de la Luz); Concepción Godoy (La Luz de las Imágenes); Alicia Verdú (CACSA) y Mercedes Añó (Parques Reunidos Valencia SA).

Todos ellos tendrían información de la contratación con El Bigotes que, según la policía y la Fiscalía Anticorrupción, se realizó a dedo, troceando el importe de los contratos para que no superasen los 12.000 euros, como forma de evitar los estrictos requisitos de contratación pública.

El magistrado también requiere a la Generalitat para que le informe sobre las “personas que prestaban sus servicios en la Dirección General de Promoción Institucional dependiente de dicha Presidencia [de la Generalitat] en los años 2008 y 2009.” Y para ello reclama que en un plazo de cinco días “se certifique sobre tal particular, los cargos que dichas personas ostentaban, las personas de las mencionadas que tuvieron algún grado de intervención en relación a la adjudicación y facturación relativas al “montaje” del stand de Grandes Eventos de FITUR 2009 a Orange Market, SL y órganos u organismos que se encargó del pago efectivo de dicho montaje”.

El instructor también solicita a la Agencia Tributaria que le remita toda la información sobre la contratación de Orange Market en los años 2008 y 2009. Y también a la Consejería de Economía “para que certifique sobre las percepciones de la entidad de Orange Market, SL durante los años 2008 y 2009”.


* El País - IGNACIO ZAFRA Valencia 27 FEB 2013
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com

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Botella vende las viviendas sociales de Madrid a fondos de inversión privados

ELCONFIDENCIAL* : La oferta está ya encima de la mesa. El jueves de la semana pasada, el Ayuntamiento de Madrid recibió la propuesta de varios fondos de inversión para comprar 18 edificios de viviendas de protección oficial (VPO) gestionados por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), según confirman fuentes del proceso. Sin concurso público mediante, pues no son bienes patrimoniales municipales, y tras un primer intento fallido, la alcaldesa Ana Botella pretende hacer caja con el negocio inmobiliario impulsado desde el consistorio.
La operación en ciernes asciende a cerca de 150 millones de euros, aunque los fondos de inversión sólo asumirán un desembolso aproximado de 30-40 millones, dinero que recaudarán las arcas municipales, mientras que el resto del importe forma parte de la subrogación de la carga financiera que tiene la cartera de edificios de VPO que se ha puesto a la venta. Antes de que se formalice la transacción, los inquilinos pueden ejercer el derecho preferente para comprar la vivienda que disfrutan en régimen de alquiler social.

Consultado por este diario, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido guardar silencio y no hacer valoración alguna sobre esta información, a pesar de tratarse de una empresa pública. De hecho, la EMVS es el brazo encargado de promover desde hace más de 30 años el acceso a la vivienda de los sectores con mayores dificultades, además de conceder ayudas para la rehabilitación y favorecer los realojos sociales. Al cierre de 2012, el consistorio regido por Ana Botella tuteló un total de 17.000 viviendas en alquiler, a un precio medio de 685 euros.

Los planes de la alcaldesa madrileña, conocidos desde el pasado mes de diciembre, han sembrado de tensión el Ayuntamiento, donde el PSOE se ha hecho eco ya de las quejas de los vecinos afectados. A pesar de la opción preferente de compra, los inquilinos afectados por los planes de Botella alegan que los precios ofrecidos por la EMVS, que oscilan entre 100.00 y 220.000 euros, representan cantidades inasumibles para contribuyentes que han tenido que recurrir a un programa de ayudas sociales para tener acceso a la vivienda.

También la Comunidad de Madrid

Otra de las operaciones similares en curso es la puesta en marcha por la Comunidad de Madrid. El consejero Pablo Cavero, responsable de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, ha encargado un cuaderno de venta para desprenderse de los inmuebles del Instituto de la Vivienda (IVIMA), organismo dirigido por Juan Van-Halen (en la foto) que gestiona un parque de 23.000 viviendas sociales en alquiler. La operación permitirá generar ingresos que alivien las arcas regionales, que el pasado enero emitieron 2.270 millones de euros en bonos a cinco años para cubrir las necesidades de caja del año.

El proceso entrará en marcha después de que concluya el plazo ofrecido para que los inquilinos que llevaban tiempo viviendo en los pisos -y que, según todos los informes sociales y económicos del IVIMA, podrían estar interesados en pasar a ser propietarios-, afronten la compra de sus viviendas. En este sentido, según los datos oficiales disponibles, se han ofrecido un total de 9.155 viviendas para las que "se firmó un convenio con entidades financieras para que ofreciesen condiciones ventajosas a los posibles compradores".

Originalmente, el plazo expiró el pasado 31 de diciembre de 2012, pero ante el interés mostrado por muchas familias (más de 2.300) que no han llegado a materializar la compra por diversas razones, el periodo se ha prorrogado otros seis meses, hasta el mes de junio, para facilitar las gestiones de compra-venta. Una vez concluido este derecho preferente de compra, la Comunidad de Madrid tiene previsto vender el resto de viviendas, de manera que la gestión de los inmuebles y el cobro a los inquilinos corra a cuenta de los nuevos propietarios.

Estas operaciones retoman el interés de las Administraciones Públicas por liberar recursos mediante la venta de activos inmobiliarios. Durante meses, el formato barajado fue la modalidad de venta y posterior alquiler (sale & lease back) de los edificios en uso, aunque no llegó a ejecutarse ninguna gran operación, como por ejemplo ocurrió en Cataluña y Andalucía, ante las diferencias de precio existentes, condicionadas por el riesgo de impago y las dudas sobre el euro. Ahora, más que hace caja toca sobre todo reducir estructura administrativa.


* El Confidencial - Carlos Hernanz - 28.2.13
Foto: Madrid, viviendas IVIMA - diagonal

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Murcia.- El juez imputa a la exedil Megía por tramitar el plan parcial Nueva Condomina

LAVERDAD* : A Pilar Megía le han metido un gol en el tiempo de la prórroga. Posiblemente, el peor tanto que imaginara encajar. El titular del Juzgado de Instrucción nº8 de Murcia, David Castillejos, dictó este lunes, 25 de Febrero, un auto por el que decide que la exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Pilar Megía, preste declaración como imputada por el llamado 'caso Umbra' de corrupción. De haber transcurrido solo dos días más sin que nadie hubiera dirigido una imputación contra su persona, toda su hipotética responsabilidad penal por el plan parcial Nueva Condomina habría quedado extinguida, ya que el fiscal estima que el asunto prescribe precisamente mañana, 28 de febrero.
Tal fue el día, pero una década antes (2003), en el que se aprobó definitivamente el plan parcial que permitió desarrollar -gracias a una supuesta serie de ilegalidades que se están investigando desde hace cinco años- una superficie de dos millones de metros cuadrados en la zona norte del municipio. A cambio de permitir la urbanización de esos terrenos adquiridos por el presidente del Real Murcia, Jesús Samper, y de otorgarles una edificabilidad presuntamente superior en más de un 60% a la permitida por la ley, el municipio recibiría un nuevo estadio de fútbol -Nueva Condomina- y un campo de golf que todavía no se ha construido.

En un informe redactado el pasado día 19 de febrero por el Fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, éste pone de manifiesto que el presunto delito de prevaricación, que es el que se considera que podrían haber cometido algunos miembros de la Corporación que impulsaron el proyecto entre ellos, el alcalde Miguel Ángel Cámara, ya imputado-, prescribe a los diez años. A la hora de establecer el cálculo, Lozano señala que este delito se habría cometido de manera continuada desde el momento en que se aprobó el convenio Nueva Condomina, suscrito el 31 de mayo de 2001, hasta el instante en que el plan parcial fue aprobado de manera definitiva en el Pleno del 27 de febrero de 2003.
Tal fue la fecha, según el fiscal, «en la que culminó y se llevó a término la ilegalidad iniciada con la aprobación del convenio de 2001». Se trata de un delito continuado, según su tesis, ya que si las presuntas ilegalidades contenidas en el convenio no se hubieran ido viendo refrendadas a posteriori, con las aprobaciones inicial, provisional y definitiva del plan parcial, no existiría delito alguno.
«Los delitos cometidos mediante el favorecimiento a terceros en instrumentos de planeamiento urbanístico -argumenta- son delitos de tracto sucesivo, cuya inicial ilegalidad se arrastra a los sucesivos trámites hasta la consecución de la resolución final. Se trata de delitos cuya voluntad delictiva se debe mantener de forma permanente o continuada en el tiempo».
Así pues, según su argumentación, sería mañana, 27 de febrero de 2013, cuando prescribiría el delito de prevaricación que cualquier funcionario o alto cargo pudiera haber cometido sobre Nueva Condomina. Aunque también apunta como posible a la fecha del 3 de abril, ya que fue el momento en que Samper presentó el aval para construir el campo de fútbol, que era condición indispensable para que el plan parcial cobrara vigencia.
De cualquier modo, la imputación le ha cogido a Pilar Megía en el descuento del partido. El fiscal recuerda que esta mujer -ahora al margen de la vida pública- estaba al frente de la Concejalía de Urbanismo en los años 2002 y 2003, que fue cuando se tramitó y aprobó el plan parcial Nueva Condomina. Por ello, estima, Megía estaba obligada a tener un conocimiento exhaustivo de todo el expediente, incluyendo las supuestas ilegalidades que se cometieron en su gestión: irregular cuantificación del 10% de aprovechamiento que Samper debía ceder a la ciudad; posibilidad de adscribir suelos forestales NF como sistema general para el campo de golf, cuando tal uso no lo permitía el Plan General; posibilidad de computar el campo de golf como parte del área residencial, atribuyéndole desde una edificabilidad del 0,3 m2/m2 a otra superior de 0,4 m2/m2; otorgarle a la zona una edificabilidad de 0,64 m2/m2, pese a que la ley en vigor no autorizaba más de un 0,4 m2/m2...
El juez del 'caso Umbra', en un auto dictado este lunes, acepta a priori la tesis del fiscal y ordena que Pilar Megía sea citada a declarar como imputada, lo que supone la interrupción de la prescripción. Castillejos aclara que el delito que se le imputa es el de prevaricación, por haber impulsado como concejal de Urbanismo un proyecto, el de Nueva Condomina, supuestamente a conciencia de su ilegalidad.
Megía pasa así a sumarse al alcalde Cámara y al también exconcejal Fernando Berberena como los imputados más relevantes de este caso de supuesta corrupción.


* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 27.2.13
Foto: Murcia, La-Condomina antigua - gacetacartagonova

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La especulación también arruina el sector turístico que nos iba a sacar de la crisis

ELDIARIO* : La subida del IVA, las tasas de aeropuerto y sobre todo el espíritu especulativo de los dueños de las empresas nacionales de turismo provocan una debacle en el sector.
La convulsión en Iberia, el desguace de Orizonia o las cuentas de Arturo Fernández llenan espacios en los medios de comunicación. La principal aerolínea española va a dejar en la calle a 3.800 personas tras estimar unas pérdidas de 280 millones en 2012. El tour operador radicado en Mallorca despedirá a 3.000 trabajadores después de presentar un preconcurso de acreedores con un pasivo estimado en 580 millones. El pozo de los balances del grupo de Arturo Fernández aún dará sorpresas.
La debacle en estas piezas emblemáticas del sector turístico español no coincide en el tiempo por casualidad. Durante los últimos cuatro años hemos contemplado con estupor cómo 20 compañías aéreas nacionales se hundían en la quiebra: Air Madrid, Air Comet, Futura, Aebal, Andalusair, Air Almería, South Atlantic, Regional Wings, Vising Operaciones, Air Asturias, Lagunair, Air Catalunya, Prima Air, LTE, Bravo Arlines, Gadair, Hola Airlines, Air Class Airways, Girjet, Spanair y ahora Orbest.

En el mundo de los turoperadores, hemos seguido a cámara lenta cómo el emporio de integración de paquetes vacacionales, Marsans, se colaba por el sumidero con el entonces presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, como mascarón de proa. Aguanta Globalia, de la familia Hidalgo, y ahora Barceló construye su propia estructura vertical con piezas del desguace de Orizonia.

En este lapso también han quedado al descubierto los grupos hoteleros que sufren por su exposición a la burbuja del ladrillo, a la vez que son víctimas de los impagos de la industria mayorista (70 millones les debe Orizonia). Emblemas del sector como Meliá, Barceló o NH aguantan el tipo por la vía de la consolidación de los más débiles y la expansión exterior.

En el sector de la restauración (14.500 cafeterías, 70.000 restaurantes, 240.000 bares) han muerto 13.000 establecimientos. No todos que resisten aplican los principios contables del aún vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández.

Buenas cifras macro

El último cuatrienio ha sido una etapa negra para la economía española y todos los responsables empresariales se escudan en sus ratios para justificar pérdidas y despidos masivos.

Pero durante este período, sorprendentemente, los viajeros europeos, sin dejar de mirar el estado de su bolsillo, han dado gusto a su afición por el sol de España, según los datos de Frontur. Quiza una de las razones sean las impactantes imágenes de los efectos colaterales de la Primavera Árabe. Lo cierto es que 2012 se ha convertido en un año récord (con 57,7 millones de turistas extranjeros, un 2,7% más que en 2011), solo superado por los registros históricos de 2007 (58,7 millones) y 2006 (58 millones).

Los emisores del Reino Unido, Francia, Alemania y Rusia impulsan los alentadores registros. El Banco de España calificó ya a 2011 como "un gran ejercicio" por la aportación del turismo a la balanza de pagos nacional con 43.026 millones. La cifra puede ser superada en 2012. La senda alentadora no puede sin embargo ocultar cambios significativos de tendencia: las entradas por avión cayeron el 4,1%, mientras que los viajes en coche se dispararon el 16%. El alojamiento hotelero disminuyó el 7% y el alojamiento no hotelero (alquileres, intercambio de viviendas, etc.) creció un 11,4%.

Incluso en los desplazamientos interiores de los turistas españoles, 2012 ha resultado también un año razonable si hacemos caso a las cifras de Familitur. Se contabilizaron 14,049 millones de viajes vacacionales, con un crecimiento del 12,2% en relación con el año anterior. Es cierto que las "visitas a familiares" crecieron un 33%, pero no resulta menos verdad que el alojamiento hotelero se mantuvo estable con un 0,4% de incremento. Los viajes al extranjero fueron los paganos de la crisis con una caída del 1,7% al contabilizar 1,2 millones de desplazamientos.

Subida de impuestos y tasas

Ante esta tendencia de recuperación, cabe hacerse una pregunta: ¿cómo es posible que buena parte del sector industrial del turismo en España se encuentre en la unidad de cuidados intensivos? Directivos que ejecutan despidos masivos sin que les tiemble el pulso ¿no han tenido en los aceptables datos macroeconómicos de fondo una base suficiente como para reutilizar los beneficios de tantos años de vacas gordas y producir reconversiones con el menor trauma posible?

En reiteradas intervenciones el ministro de Industria, José Manuel Soria, y la responsable en el Ejecutivo de los sistemas de transporte, Ana Pastor, afirman que el sector del turismo es una de las industrias que nos debe sacar de la crisis. Ponen como ejemplo la recuperación del atractivo de las Islas Canarias en los dos últimos años. En 2010 el número de visitantes españoles al archipiélago fue de 1,5 millones y el de turistas extranjeros se situó en 8,5 millones. El pasado año hubo un ligero recorte del turismo desde la Península (1,4 millones) pero se consiguió un fuerte incremento de los visitantes internacionales (10,1 millones).

Pero, ¿qué ha hecho el Gobierno para poner coto a la destrucción acelerada del tejido turístico nacional? La subida de dos puntos del 8% al 10% del IVA aplicado al sector turístico ha costado 2.010 millones al sector en el último tramo de 2012, según Excelur. La brutal subida de las tasas aeroportuarias de ese mismo ejercicio ha generado un sobrecoste por billete aéreo que oscila entre los 0,42 euros en los aeródromos pequeños y de 18,24 euros en El Prat y en Barajas.

Crisis de los grupos turísticos verticales

El hundimiento de Orizonia –igual que ocurrió con Viajes Marsans– ha puesto de manifiesto la crisis de los grupos turísticos verticales. Venden paquetes vacacionales, y para ello multiplican su estructura empresarial incorporando líneas aéreas, empresas de cruceros, la operación mayorista y minorista y hasta la oferta hotelera. El surgimiento del fenómeno de la desintermediación que ha provocado la venta de viajes por Internet, sumada al fenómeno aéreo de las low cost y de los alojamientos no hoteleros, han segado la hierba bajo los pies a estos grandes monstruos del turismo.

Sin embargo, ni en esta realidad tan evidente pueden encontrar escusa los malos empresarios: en 2012 los turistas que recurrieron al paquete vacacional crecieron un 1,2%, según datos de Frontur.

Empresas en riesgo

Iberia es una empresa que ha tenido mala prensa en España. Sin embargo, su historia de los tres últimos lustros, desde que en la década de los 90 encontró una línea de gestión razonable, le ha permitido acumular 13 años consecutivos de beneficios y conquistar una posición de liderazgo en los tráficos entre Latinoamérica y Europa que todavía conserva, pese a los tres últimos ejercicios de crisis.

Es difícil predecir el futuro de esta aerolínea clave para la conectividad de España con el mundo y pieza angular sobre la que se apoya cualquier justificación económica de los 13.000 millones de euros que se ha gastado AENA en construir y mejorar su red de aeropuertos. El brutal giro de timón para convertirla en una empresa low cost y ajuste laboral de 3.800 empleos planteado desde IAG se justifica en unas pérdidas que solo se han producido desde que sus actuales gestores, Antonio Vázquez y Rafael Sánchez Lozano, están a la cabeza de la aerolínea, tras firmar apresuradamente una "fusión entre iguales" con British Airways.

Sánchez Lozano tiene un sueldo de 632.000 euros anuales, más una aportación a su plan de pensiones de 136.000 euros. El día que sea despedido recibirá una indemnización de 1,7 millones de euros. Con estos incentivos se le podría exigir una política algo más creativa que justificar la supeditación de Iberia a los designios de IAG y poner en la calle a 3.800 familias.

Carlyle no es el salvador de Orizonia

En julio de 2006 el fondo estadounidense Carlyle entró por todo lo alto en la industria turística española. Tras comprar buena parte de los activos en este negocio de la familia Fluxá por 800 millones, impartió clases a sus competidores erigiéndose como el modernizador del sector con la creación de Orizonia. La historia posterior está escrita en los manuales de las empresas de capital riesgo. Sólo desembolsó 150 millones y para el resto acudió al endeudamiento con Santander, Société Générale o Bankia.

Carlyle incumplió el compromiso de invertir 350 millones en su nueva empresa, aunque cobró puntualmente todos los años 25 millones por gastos de gestión. Pese a facturar 2.351 millones en 2011 y ganar 17,5 millones en su red de agencias de viaje con una plantilla de 1.300 empleados, en los últimos meses ha terminado por arruinar la vida de al menos 3.000 trabajadores.

Ante el hundimiento del grupo, resulta sorprendente leer el texto que todavía figura en su página web: "Orizonia basa su éxito en la diversificación de sus actividades, en el alto grado de profesionalización de su staff, en la solidez de sus accionistas y en el firme compromiso de su equipo que integra más de 5.000 profesionales. En los últimos años, y pese a la coyuntura económica adversa, la facturación y la cifra de clientes del grupo han mantenido una evolución positiva, lo que avala la solidez del proyecto".

Uno de los sectores estrella de la economía española, el turismo, que según el Gobierno nos debía de impulsar a salir de la crisis, se haya en plena debacle. Por el camino que vamos la actividad económica asociada a las vacaciones de media Europa en las playas nacionales se ve abocada a recuperar el modelo de explotación de los años 60 del pasado siglo: España pone sol, camareros y bailadoras; los emisores alemanes y británicos arramplan con lo demás.


* El Diario - Antonio Ruiz del Árbol - 24.2.13
Foto: Trabajadores de Orizonia se concentran frente al Ministerio contra el "saqueo" del grupo - eldiario

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El TSJC imputa al diputado de CiU Xavier Crespo por el caso de la mafia rusa

EFE/Barcelona* : El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado a declarar como imputado al exalcalde de Lloret de Mar (Girona) y actual diputado de CiU en el Parlament, Xavier Crespo, por su supuesta vinculación con la mafia rusa.
En una providencia, la sala civil y penal del TSJC ha citado a Crespo a declarar como imputado, por los delitos de cohecho y eventualmente prevaricación, el próximo 13 de marzo ante la magistrada Maria Eugenia Alegret, designada instructora del caso. Crespo, que al ser diputado goza de la condición de aforado, ha sido imputado por el TSJC después de que el supuesto líder de la red de blanqueo de la mafia rusa en Lloret de Mar, Andrei Petrov, confirmara al juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que pagó regalos al exalcalde y diputado de CiU, entre ellos un reloj valorado en 3.000 euros, botellas de vino y cestas de navidad, así como dos viajes a Rusia.

En la exposición razonada que Velasco envió al TSJC para que decidiera sobre la posible imputación de Crespo se ponía de relieve que estos regalos tenían indiciariamente el objetivo de lograr un "trato de favor" en las obras de construcción y proyectos inmobiliarios que la sociedad Development Diagnostic Company SL (DDC), administrada por Petrov, estaba realizando en Lloret. A cambio de estos regalos, Crespo prometió a Petrov que le bonificaría con el 50% del impuesto de construcción del centro comercial ubicado en la antigua plaza de toros de Lloret de Mar, fijado en 266.000 euros, y en los terrenos del Hotel Blanca Aurora, según señaló ante el juez el supuesto mafioso ruso.

Además de los regalos directos, Petrov también se comprometió, supuestamente a instancias de Crespo y del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, el también imputado Josep Valls, a patrocinar sin contrato escrito durante tres años al Club de Hockey de Lloret y al Club de Fútbol de Lloret, por una cantidad que entre 2007 y 2010 ascendió a 270.000 euros. El Club de Hockey de Lloret, donde jugaban algunos de los hijos del exregidor, estaba presidido entonces por Joan Perarnau, también imputado, mientras que la esposa de Crespo ejercía como vicepresidenta. Por su parte, Josep Valls dirigía el Club de Fútbol de Lloret.

En el auto en el que el TSJC se declara competente para asumir la instrucción del caso se subraya que los indicios acumulados por el juez de la Audiencia Nacional y por la Fiscalía "parecen suficientes" para proseguir con la investigación sobre la posible participación de Crespo en un delito "por el momento, sin perjuicio de cualquier otra calificación ulterior, de cohecho y eventualmente otros de prevaricación administrativa".

Para poder avanzar en las pesquisas, la juez instructora Maria Eugenia Alegret -expresidenta del TSJC-, solicita a la Guardia Civil que en un plazo de siete días le entregue toda la documentación vinculada al caso requisada en el registro al ayuntamiento de Lloret y en el domicilio de los imputados. La magistrada del TSJC también reclama a la Guardia Civil que antes de siete días le entregue el resultado de las investigaciones relativas al reloj de lujo que supuestamente Petrov le regaló a Crespo, así como sobre los viajes a Rusia realizados por el exalcalde y su familia. La juez también ha pedido a la Guardia Civil que le entregue la documentación relativa al patrocinio realizado por DCC a los clubes de hockey y de fútbol de Lloret de Mar.

Levantamiento parcial del secreto del sumario

En el auto, el TSJC se declara competente para asumir la investigación de la causa relativa a los demás imputados no aforados, aunque en este caso sólo respecto a los delitos de cohecho y prevaricación, ya que la instrucción sobre el supuesto blanqueo de capitales seguirá en manos de la Audiencia Nacional. En una resolución paralela, el TSJC ha levantado el secreto del sumario respecto a la causa sobre cohecho y prevaricación, aunque la parte relativa al blanqueo de capitales sigue restringida.

La investigación a Xavier Crespo se enmarca en la llamada Operación Clotilde, sobre una red de blanqueo de dinero de la mafia rusa en Lloret de Mar en la que figuran como imputados el supuesto líder de la red, Andrei Petrov; su cuñado y mano derecha, Konstantin Mishchanin; Jessica H. -que supuestamente participó en la entrega del dinero del patrocino deportivo-; el teniente de alcalde de Lloret, Josep Valls; la arquitecta Pilar Gimeno; el expresidente del club de Hockey de Lloret Joan Perarnau; y ahora también Xavier Crespo.

La magistrada Maria Eugenia Alegret también ha citado a declarar el mismo día que a Crespo, aunque en este caso en calidad de testigos, a Ignacio Mario Iturri y al ejecutivo gerundense Ernesto Coloma.


* El Confidencial - EFE - 27.2.13
Foto: Lloret_de_Mar (Girona) - wikipedia.org

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