20MINUTOS/Madrid* : El anuncio oficial de que Eurovegas irá a Alcorcón despeja una de las grandes incógnitas que planeaban sobre el complejo de ocio, casinos y hoteles de Sheldon Adelson. "Este proyecto hoy empieza a ver la luz", ha asegurado el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, junto al presidente y número dos de Las Vegas Sands, Michael Leven. Sin embargo, el camino hacia la realización final del proyecto todavía está plagado de obstáculos.
El primero de estos obstáculos pasa, precisamente, por los terrenos escogidos por la Comunidad y Las Vegas, cuya urbanización está pendiente de un recurso ante el Tribunal Supremo. Pero también queda por concretar puntos tan relevantes como la financiación del complejo, la adjudicación del proyecto mediante concurso público, el diseño final de las instalaciones, el número de empleos que se crearán o los cambios legales que permitan la entrada de menores o el tabaco en los casinos.
1. Ubicación: Terrenos pendientes de la Justicia
Era un secreto a voces y, finalmente, se ha cumplido la previsión: Eurovegas se construirá en el término municipal de Alcorcón. Concretamente, los terrenos ofrecidos están situados al norte del municipio, junto a la finca conocida como La Venta de la Rubia. La parcela está limitada por la A-5 (carretera de Extremadura), la M-40 y la M-50. Además, los hoteles y casinos de Eurovegas tendrán como 'vecinos' a la Ciudad Financiera del Santander, situada al norte de La Venta de la Rubia.
Sin embargo, el planeamiento urbanístico de la zona está pendiente de la Justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sentenció en mayo que las parcelas del Distrito Norte (donde están enclavados los futuros terrenos de Eurovegas) son suelo rústico y, por tanto, no urbanizables. Esta sentencia del TSJM invalidaba un acuerdo del Consejo de Gobierno de Madrid que recalificó los terrenos, con vistas a construir allí la Ciudad del Atlético. En cualquier caso, la Comunidad recurrió el fallo judicial ante el Tribunal Supremo, que tendrán que dictaminar si se puede construir en la zona. Fuentes regionales están convencidas que el Supremo permitirá la conversión del suelo en urbanizable.
2. Financiación: El 65% será dinero prestado
La multinacional Las Vegas Sands asegura que no tendrá problemas económicos para levantar la primera fase del proyecto. Aunque tendrá que pedir dinero prestado a los bancos. Construir los primeros edificios tendría un coste estimado cercano a los 10.000 millones de dólares (unos 7.600 millones de euros), de los cuales el 35% saldrá del capital propio de Las Vegas Sands (3.600 millones de dólares; equivalentes a 2.686 millones de euros) y el resto saldrá de préstamos bancarios.
Los representantes de la multinacional aseguran que están negociando con entidades financieras españolas para conseguir el dinero restante. Si llegara a construirse todo el complejo (las tres fases), el coste total ascendería a 18.000 millones de euros, según la empresa de Adelson. Por hacer una comparativa, este dinero equivale al presupuesto anual de la Comunidad de Madrid (17.048 millones en 2013).
3. Obras: Solo se garantiza la primera fase
Ignacio González ha reiterado este viernes que la primera piedra de Eurovegas "se pondrá a finales de 2013", sin concretar más la fecha. Teniendo en cuenta los retrasos que ya ha sufrido el proyecto, es posible que este plazo no llegue a cumplirse: en principio, querían comenzar en los primeros meses de 2013, pero el pasado octubre se cambió el plazo hasta finales de este año.
La previsión es inaugurar la primera fase en 2017 y continuarán con las otras dos etapas "si la primera fase da beneficios". De hecho, Las Vegas solo tiene capital propio para el proyecto inicial. En cualquier caso, "el deseo de Adelson es acabar las tres fases en 21 años, antes de cumplir 100 años". El magnate de los casinos tiene ahora 79 años.
4. Diseño del proyecto: Un rascacielos en forma de 'M'
El aspecto final de la primera fase de Eurovegas todavía no está diseñado al 100%, aunque los portavoces de la empresa han adelantado algunos detalles. El complejo se distribuirá a lo largo de una avenida principal (similar al Strip o 'banda' de Las Vegas, en Nevada). A su alrededor se levantarán cuatro resorts integrados (hoteles con casinos, restaurantes y tiendas en su interior), con 3.000 habitaciones cada uno.
El edificio principal será un rascacielos con carácter icónico (al estilo del Venetian de Nevada) que modificará el sky line madrieño. Se compondrá de dos torres unidas por una pasarela, que formarán una 'M' gigante. "La idea es simbolizar la inicial de Madrid", apuntan portavoces de Las Vegas. El resto de complejo contará con un auditorio, salas de convenciones para organizar ferias y reuniones, y campos de golf.
La avenida principal, según las recreaciones virtuales elaboradas por Las Vegas Sands, imitará a la plaza neoyorquina de Times Square. La avenida estará flanqueada por carteles luminosos, que anunciarán los espectáculos que se representarán en sus cines, teatros y auditorios. Otra de las fotografias muestra el circo permanente que se construirá en los terrenos de Eurovegas.
5. Concurso público: Solo opta Las Vegas
La Comunidad sacará el proyecto a concurso "para dejar claro que no hacen las cosas a medida para un determinado señor", aseguró el presidente González en octubre. Es decir, Eurovegas será un proyecto "de interés público", cuya construcción y gestión se adjudicará a una empresa privada.
Este viernes, González ha concretado los plazos del concurso: en los próximos dos meses, la Comunidad redactará los pliegos de condiciones del proyecto, que se prevén tener listos en abril. En ese momento se convocará el concurso y podría optar a él cualquier empresa que considere que puede hacer frente a un plan de estas proporciones. Las Vegas Sands ya ha anunciado su intención de optar a Eurovegas y no parece probable que ninguna otra compañía pueda interesarse. La resolución y adjudicación está prevista "para finales de verano, quizá septiembre", según González.
6. Empleos: Baile de cifras, sin estudios
La creación de puestos de trabajo ha sido el principal reclamo que ha utilizado la Comunidad para vender a la opinión pública el proyecto de Eurovegas. Sin embargo, el baile de cifras que han aportado los diferentes actores hace imposible conocer una cifra exacta. En principio, la Comunidad tiró por lo alto, asegurando que se crearían hasta 260.000 empleos. Después matizaron: "Es la cifra total de trabajo, entre directos e indirectos". Además, esa cifra es una estimación del empleo que se crearía en el hipotético caso de que se construyen las tres fases.
El vicepresidente de Comunicación de Las Vegas, Ron Reese, aseguró en una entrevista publicada en mayo por 20 minutos que habría "28.000 empleos directos en la primera fase". Este viernes, Michael Leven ha dado otro dato: "En la primera fase habrá 40.000 empleos directos y 40.000 indirectos [en las zonas comerciales y resto de instalaciones del complejo]". Sin embargo, nadie aporta estudios para avalar esas cifras. Por su parte, el colectivo Eurovegas No cree que la cifra "está hinchada", ya que "en todo el mundo Las Vegas Sands solo tiene 50.000 trabajadores". Tendrán prioridad en los empleos los españoles, "siempre y cuando quieran hacer esos trabajos", apuntó Leven. Los puestos directivos quedarán reservados a personal de la compañía estadounidense.
7. Tabaco en los casinos: En manos del Gobierno central
Una de las exigencias de Adelson era modificar la Ley Antitabaco, para permitir fumar a los clientes dentro de los casinos. La Comunidad aseguró a Las Vegas que no habría problemas en introducir el cambio, a pesar de que la modificación legal no entra dentro de sus competencias, al ser una ley estatal. De hecho, el Ministerio de Sanidad ha negado en varias ocasiones que se plantee suavizar la legislación. Este viernes, González ha anunciado que está negociando con el Gobierno central para que acepte la petición de Adelson. Confía en que el asunto "se resolverá" y se permitirá fumar "con algunas restricciones".
8. Entrada de menores: Podrán acceder, pero no jugar
Los menores de 18 años no pueden acceder a los casinos españoles, pero Las Vegas Sands quiere que se les permita transitar por ellos. Finalmente, González ha asegurado que los niños o adolescentes no podrán jugar a las máquinas de los casinos, pero que sí se les permitirá "acceder a las zonas de ocio".
9. Menos impuestos: Adelson pagará solo el 10%
Adelson pidió una exención casi total de impuestos locales (como el IBI), regionales (tributos al juego) y estatales (IRPF). De momento, ya ha conseguido que la Comunidad le rebaje los tributos dependientes de la administración autonómica. Ha creado una nueva categoría urbanística (los Centros Integrados de Desarrollo), que cuadra a la perfección con Eurovegas.
A estos centros se les cobrará solo un 10% de los beneficios obtenidos con el juego (frente al 45% que pagaban hasta ahora los casinos en Madrid). Además, tendrá una bonificación del 9% en las inversiones efectuadas por la compra de material y del 95% en los impuestos de transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados.
10. Infraestructuras: Metro y bus, sin presupuesto
La previsible llegada de visitantes y turistas al futuro Eurovegas hará necesaria, según la Comunidad, la creación de nuevas infraestructuras. González se ha comprometido a ampliar el metro para instalar una estación en el mismo complejo y a reforzar la frecuencia de los autobuses que circulan entre Madrid y Alcorcón. Sin embargo, todas estas obras requerirán un dinero que, por el momento, la Comunidad no tiene. Además, el presidente regional cree que "el aeropuerto de Barajas es más que suficiente", por lo que no se necesitará construir el aeródromo de El Álamo. La posible ampliación del AVE y las carreteras tendrá que correr a cargo del Gobierno central.
* 20 Minutos - MARIO TOLEDO. 08.02.2013
Foto: Eurovegas, terrenos Alcorcón - elmundo
Las diez claves (y las incógnitas) sobre el futuro de Eurovegas
La Ciudad de la Luz pagó 1,2 millones por la caseta de entrada y 15 por la escuela de cine
LEVANTE/Alicante* : La construcción de un «Hollywood» europeo en Alicante, proyectado y ejecutado por los expresidentes Zaplana y Camps, no escatimó con la chequera pública. La empresa de la Generalitat Ciudad de la Luz pagó 979.245 euros (1.245.858 euros, con IVA) por la construcción del edificio caseta de control de acceso a las instalaciones audiovisuales, mientras que se desembolsaron 15 millones por por la Escuela de Cine, otros 14,5 por un edificio de oficinas y 7,7 por dos explanadas para el rodaje de exteriores. Son algunas de las adjudicaciones recopiladas ayer por la diputada del PSPV en las Corts Eva Martínez para cuestionar que el complejo haya costado únicamente los 265 millones en que se ha cifrado y reclamar que, en el proceso de venta, se recuperen parte de los fondos enterrados.
Martínez, quien instó al presidente Alberto Fabra a aclarar «quién es el responsable político» de este «despilfarro», desveló que, después de «hacer de agente secreto buceando entre diarios oficiales» se ha encontrado con 102 expedientes de contratación y licitación referidos a la construcción a partir de 2001 de la Ciudad de la Luz, según informan Efe y Europa Press. Un «fraccionamiento» de la construcción en más de 100 licitaciones para eludir controles. Y subrayó que se ha encontrado con sorpresas. Como ejemplo, señaló que el edificio de la entrada y la garita donde está ubicado el control de acceso y seguridad costó un millón, IVA excluido. «Un control de accesos que abre la valla una o ninguna vez al mes», apostilló.
Participación de Enrique Ortiz
El edificio de la Escuela de Cine, prosiguió, costó a las arcas de la Generalitat 15 millones «y se hizo a través de seis licitaciones diferentes porque parece que la misma empresa no podía hacer todas las obras». La diputada citó también que un edificio de oficinas costó 14,5 millones y que los platós ascendieron a 20,2 millones «en cuatro licitaciones diferentes, entre las que participó el constructor alicantino Enrique Ortiz», imputado en los casos Brugal y Gürtel.
Pero hay más. La empresa pública se gastó 7,7 millones de euros «en dos zonas de rodajes de exteriores en las que no hay nada». Para certificarlo, la parlamentaria mostró una fotografía en la que se veía un solar de grandes dimensiones sin ninguna construcción. «Con este dinero se podrían haber construido dos colegios de primaria», lamentó. La explanada permite levantar todo tipo de decorados y el subsuelo está lleno de conexiones. Aún así, Martínez no ve justificado el gasto.
PP: «Un proyecto fundamental»
La portavoz de Cultura del PP en las Corts, Trini Miró, acusó al PSPV de denigrar una instalación «fundamental» para Alicante, que aporta «empleo, turismo y valor añadido». Miró destacó que Ciudad de la Luz ha acogido 66 rodajes «que han supuesto un importante beneficio económico para diferentes sectores de nuestra economía».
«Una forma salvaje de gastar fondos públicos»
La diputada socialista exigió ayer al presidente Fabra que remita a las Corts todos los expedientes de contratación referidos a la Ciudad de la Luz para certificar el coste real del complejo y lo que definió como una «forma salvaje de gastar el dinero de todos los valencianos». Eva Martínez indicó que en el coste de 265 millones no se incluyen las expropiaciones de terrenos ni las indemnizaciones y otros contratos tramitados a través de Proyectos Temáticos o los 3,6 millones que abonó el Ivvsa para realojar a los expropiados.
* Levante - 14.2.13
Foto: Ciudad de la Luz pagó 1,2 millones por la caseta de entrada y 15 por la escuela de cine - levante
La operación ‘Caballo de Troya’ se salda con más de 400 inmuebles bloqueados
ELPAÍS/Santiago* : Agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria, en el marco de la operación 'Caballo de Troya' han intervenido 440.000 euros y bloqueado más de 400 inmuebles y 80 vehículos relacionados con los investigados.
Según explica la Policía Nacional, los agentes han desmantelado una organización supuestamente dedicada al alzamiento de bienes, las insolvencias punibles y el blanqueo de capitales. El entramado adquiría empresas con problemas económicos a precios muy bajos para posteriormente descapitalizar sus activos y evitar así que pudieran ser empleados para pagar a sus acreedores.
Tenían su sede en Valencia, aunque operaban a través de numerosos registros mercantiles en diferentes puntos de España, según señala la Policía, que recuerda que han sido detenidas 15 detenidos y se han practicado 17 registros en Valencia, Madrid, Ponferrada (León) y Coirós (A Coruña). La detección por parte de los agentes de la venta de un hotel de lujo en Santiago de Compostela "por el simbólico precio de dos euros" fue la alerta para centrar sus investigaciones en las actividades de un grupo de individuos organizados, jerarquizados y estable desde hace años, que se dedicaba a la compra de empresas con importantes problemas económicos.
Tras adquirir dichas empresas, sus nuevos propietarios solicitaban el concurso de acreedores, comprobándose que los nuevos administradores, en connivencia con los antiguos, adoptaban decisiones tendentes a evitar la responsabilidad económica mediante la descapitalización de activos de la empresa. De este modo evitaban que los mismos pudieran ser utilizados para satisfacer las deudas contraídas con los acreedores, según señala la Policía Nacional.
Ángel de Cabo, en prisión en estos momentos por hechos semejantes, manejaba la información e impartía instrucciones, figurando como administrador, apoderado o socio de numerosas sociedades mercantiles que conforman el entramado empresarial de esta organización.
La operación se ha saldado con quince detenciones: una en la localidad de Coirós (A Coruña), dos en Ponferrada (León), siete en Madrid y cinco en la provincia de Valencia. Entre los detenidos hay dos hijos del empresario de origen gallego afincado en León José Martínez Núñez, quien vendió a Ángel de Cabo negocios como la constructora Teconsa o los hoteles de la cadena Gran Hotel ubicados en Lugo, Santiago y Ourense, y otro hijo de José María Cuevas, quienes quedaron en libertad tras pasar a disposición judicial pero imputados por falsedad documental, insolvencia punible y delito fiscal.
* El País - 12.2.13
Foto: El hotel en Santiago que desencadenó la operación / ANDRÉS FRAGA
El juez falla que todas las fincas de Llanes que no hayan sido urbanizadas son rústicas
LNE/Asturias* : Todas las fincas no urbanizadas de Llanes son rústicas. Y esta situación no cambiará hasta que el concejo cuente con un planeamiento urbanístico. Los tribunales de justicia han dado otro varapalo al Ayuntamiento de Llanes. Una sentencia emitida el pasado 28 de enero por el Juzgado de lo contencioso administrativo nº5 de Oviedo, contra la que no cabe ningún recurso, ha venido a poner orden en el caos que rodea al urbanismo llanisco, al impuesto de bienes inmuebles (IBI) y a las plusvalías que cobra el Ayuntamiento. El fallo, que crea jurisprudencia, señala a las claras que la ausencia de planeamiento urbanístico (los cinco planes que tuvo el municipio en toda su historia fueron anulados por los tribunales o derogados) provoca que todos los terrenos no urbanizados del concejo, sin excepción, hayan recuperado su calificación de rural (rústico, según la anterior ley del Suelo).
Las consecuencias de esta sentencia pueden ser tremendas desde el punto de vista económico para el Ayuntamiento de Llanes, ya que cualquier ciudadano que haya pagado en los últimos años IBI urbano por terrenos no urbanizados o no desarrollados en su integridad puede reclamar la devolución del dinero abonado de más, con sus correspondientes intereses. Y lo mismo pueden hacer todas aquellas personas que hayan pagado plusvalías en los últimos años por terrenos que permanezcan sin urbanizar, ya que los suelos rústicos están exentos de este impuesto.
La sentencia que ha puesto un poco de luz en las tinieblas del urbanismo llanisco tiene su origen en una demanda interpuesta por tres propietarios de Pancar contra el pago, aprobado por decreto de la Alcaldía el 21 de febrero de 2011, en concepto de impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalías), por unos terrenos de su propiedad, objeto de transmisión hereditaria. El equipo de gobierno pretendió cobrar plusvalías al considerar los terrenos urbanos.
Los recurrentes defendieron ante los tribunales que los terrenos en litigio recuperaron su antiguo carácter de suelo de naturaleza rústica al haber sido declarada la nulidad de pleno derecho, el 4 de enero de 2011, del Plan General de Ordenación Urbana de Llanes (PGOU). El Ayuntamiento de Llanes, por su lado, defendió que los terrenos en litigio seguían siendo urbanos, al considerar que la anulación del PGOU no afectó a su «vocación de terrenos urbanizables para ser transformados a urbanos o (de) terrenos ya clasificados como urbanos». Pero el juez desmontó punto por punto los argumentos municipales y dio la razón a los vecinos.
En una sentencia sumamente didáctica y en la que se enhebran a la perfección las diferentes normativas regionales y estatales, el juez resalta que las situaciones básicas del suelo son dos: urbanizado o rural. Urbanizado es aquel que ha sido «transformado por la acción urbanizadora». Y rural, el que debe «preservarse de la urbanización» y «el susceptible de transformarse mediante la urbanización y pasar a ser suelo urbanizado».
El juez no deja en la sentencia resquicio a posibles equívocos: el suelo rural «solamente» pasa a ser urbanizado «cuando termine la correspondiente actuación de urbanización», y siempre «previa aprobación de instrumentos de ordenación territorial y urbanística que prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizable». Traducido: sin planeamiento urbanístico ningún terreno rústico o rural puede ser considerado urbano, urbanizable o urbanizado. Y añade el magistrado, para dejar bien amarrado el asunto, que la anulación o caducidad de un planeamiento, como ocurre en el caso de Llanes, «restituye» el suelo «a la situación en que se hallaba al inicio de la actuación».
La conclusión del juez es esclarecedora: «Por todo lo expuesto, la ausencia de planeamiento por la anulación del PGOU de Llanes, merced a la sentencia de 4 de enero de 2011 del TS (Tribunal Supremo), comporta la pérdida de calificación del suelo conforme a su contenido y evita que los terrenos de los recurrentes puedan ser considerados suelo urbano o urbanizable».
Pero el magistrado va incluso más allá y aclara también la situación de los núcleos rurales. En este caso, los suelos siguen siendo rústicos incluso aunque cuenten con los servicios básicos que la ley estipula para alcanzar la consideración de urbanos. Porque para que un suelo sea considerado urbano tiene que cumplir necesariamente, entre otras exigencias, la de estar integrado «en una malla urbana».
* La Nueva España - Ramón DÍAZ - 12.2.13
Foto: Llanes (Asturias), vista - lne.es
Ecologistas denuncia la "revisión exprés" del urbanismo madrileño
El Supremo declaró nulos 22 ámbitos de suelo urbanizable del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid de 1997, en los que se pretendían construir 135.000 viviendas. Por consiguiente, en esos ámbitos está vigente el anterior PGOU, de 1985, que es el que ahora pretende revisar parcialmente el Ayuntamiento. "Según la hoja de ruta se pretende llevar a cabo todo el procedimiento de revisión del PGOU, algo que suele tardar un mínimo de cinco años, en apenas seis meses", han criticado desde la entidad ecologista.
"Para lograr esta revisión en un tiempo récord sin precedentes se pretenden forzar los plazos y las garantías legales exigidos en este tipo de procedimientos, mermando gravemente la participación ciudadana y la correcta evaluación ambiental", denuncia Ecologistas en Acción.
A eso une que el hecho de que ya esté en marcha desde el pasado año el proceso de revisión del PGOU de 1997 introduce "serias dudas sobre la compatibilidad de dos revisiones simultáneas y paralelas del Plan General, una situación absurda y no prevista en la legislación vigente".
Reprochan igualente que el Ayuntamiento "se niega a entrar en el fondo de la sentencia, tratándola como un simple problema de defecto de forma". Lo que exige la sentencia del Supremo es una motivación real de la pérdida de valores naturales para reclasificar el suelo protegido.
Por todo ello, Ecologistas en Acción cree que la motivación real del Ayuntamiento al presentar esta "inviable" hoja de ruta podría tener "más que ver con calmar los ánimos de personas afectadas, cooperativas y juntas de compensación". "Se pueden generar falsas expectativas de una pronta resolución de sus problemas para evitar que éstos reclamen por responsabilidad patrimonial a la Administración", han opinado.
* Europa Press - 11.2.13
Foto: Barrio - ayto Madrid
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Telde.- Urbanismo paga nueve millones por ´secuestrar´ un solar al que no da uso
El origen del pleito se remonta a comienzos de la década pasada, cuando el entonces grupo de gobierno de Coalición Canaria (CC), con el exalcalde Francisco Santiago al frente, pintó en los planos la figura urbanística de un sistema general para construir en una explanada de 39.000 metros situada entre la parte alta de La Herradura y el Barranco Real un parque urbano.
Los titulares de la bolsa de suelo iniciaron un litigio al no estar de acuerdo con esta decisión, pues condicionaba el desarrollo de su propiedad. La parcela era rústica, pero la jurisprudencia obligó que al preverse sobre ella un sistema general se valorase como si fuera urbana. El caso es que en una primera tasación de 2007 se valoró en 13,27 millones de euros, aunque una posterior cálculo del jurado provincial la dejó, ya en octubre de 2009, en 7,66 millones. El litigio acabó en los tribunales. La Sala de lo contencioso administrativo del TSJC fijó finalmente un primer importe inicial a pagar de 2,329 millones y cursó un oficio para que el Ayuntamiento abonase este monto en 10 días, cosa que no hizo porque los inversores recurrieron y el caso siguió encasquillado en los tribunales. En marzo pasado, cuando este medio dio cuenta de este hecho, el actual concejal de Urbanismo, Francisco López, temía que al final fuesen 7,66 los millones a pagar. Pero la situación se ha agravado. La firma Melenara 2000 logró que en el importe a recibir se incluyese otra carga, el 10% de intereses comunes, lo que elevan el gasto a nueve millones de euros. A día de hoy, el consistorio no dispone de liquidez para atender esta cuantía ni tiene previsto hacer ese parque.
* La Provincia - 30.1.13
Foto: Telde (Gran Canaria) - tiempoocio.com
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El urbanismo, una cuestión de salud
El urbanismo desmesurado y sin planificación no solo incide directamente en el calidad del medio ambiente. Un desarrollo urbanístico poco sostenible se refleja, y mucho, en la salud de las personas que lo padecen acarreando graves efectos pese a que cada vez son más los estudios científicos que alertan de ello. En la jerga de la psicología se conoce como trastorno por déficit de naturaleza, cuando se produce una falta de contacto con los espacios verdes, y estrés ambiental, más referido a los efectos que produce el vivir en un entorno urbano. La ansiedad, la irritabilidad, el insomnio, los problemas cardíacos, la obesidad o la pérdida auditiva son solo algunas de las consecuencias que los expertos advierten que pueden aparecer en aquellos que viven en ciudades con pocos espacios verdes a su alrededor.
Está demostrado por ejemplo, según explicó la profesora de Psicología Ambiental de la Universidad de Málaga (UMA) Carmen Hidalgo durante la tercera jornada sobre urbanismo, medio ambiente y salud celebrada ayer y organizada por el Observatorio de Salud y Medio Ambiente en Andalucía (Osman) en colaboración con el Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) de Málaga, que la simple vista a una zona verde desde una ventana de un hospital beneficia la recuperación de los pacientes en menos tiempo y con menos analgésicos, o que la presencia de vegetación en una escuela reduce el estrés en la población infantil.
Los efectos negativos de la falta de contacto con la naturaleza contrastan con los beneficios que acarrea la cercanía a ella. Los estudios demuestra que mejora el estado emocional y la capacidad de atención y concentración, algo que la experta explicó guarda relación con "la afinidad que siente el ser humano hacia la naturaleza desde el principio de la historia y que se conoce como hipótesis biofilia".
Tantas son sus ventajas que cada vez son más los que recomiendan que estos estudios se tengan en cuenta a la hora de planificar el diseño urbano de una ciudad. El director del Osman, Antonio Daponte, coincidió en que es "fundamental" que urbanismo y salud vayan de la mano en el escenario actual al que se refirió como "medio ambiente construido". Máxime cuando está demostrado, dijo, que la mortalidad y algunas enfermedades como la obesidad están vinculados con las desigualdades sociales entre barrios donde no hay zonas verdes o donde no tienen la proximidad de los servicios básicos. Es decir, señaló Daponte, que una zona con diversidad de usos del suelo "favorece la actividad física y evita el sedentarismo de los que viven allí".
La tendencia, advirtió el director del Omau, es a "crear ciudades como las norteamericanas cada vez más dispersas que obligan a coger el coche para todo en detrimento del modelo de ciudad compacta y compleja típicamente mediterránea". Poco se puede hacer ya sobre lo construido, aunque sí subsanar posibles errores del futuro y minimizar los efectos sobre la salud. La Junta de Andalucía prepara un decreto que obligará a los promotores urbanísticos a realizar una evaluación de impacto en salud como requisito obligatorio. Hay quien duda de su eficacia. Pero habrá que esperar...
* Málaga Hoy - RAQUEL GARRIDO - 25.1.13
Foto: Contaminación, niño chino - lienzodebabel
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39 ciudades convocan manifestaciones por el derecho a la vivienda el #16F
Hoy continuamos caminando para defender y exigir el derecho a la vivienda, un derecho fundamental sistemáticamente vulnerado en nuestro país. Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca denunciamos la situación dramática a la que se condena a vivir a miles de familias que no pueden pagar la hipoteca o el alquiler, que se ven desahuciadas o amenazadas de desahucio, víctimas de una estafa hipotecaria, de la vulneración extrema del derecho a la vivienda por parte de las entidades financieras, avaladas por los gobiernos de turno.
420.000 ejecuciones hipotecarias en el Estado los últimos seis años y 220.000 desahucios son sencillamente intolerables.
Frente a los abusos de las entidades financieras -responsables de la crisis actual-y la complicidad del gobierno, que les da cobertura con una ley injusta con la que toda la resposabilidad recae sobre la parte más vulnerable, al mismo tiempo que ese mismo gobierno destina miles de millones de euros en ayudas públicas a la banca sin ningún tipo de contraprestación, las PAHs y la ciudadanía movilizada hemos defendido el derecho a la vivienda, y hemos puesto encima de la mesa las soluciones para acabar con esta estafa. Porque no tiene sentido que los bancos acumulen miles de pisos vacíos mientras miles de familias se quedan en la calle.
Con la Iniciativa Legislativa Popular hemos agotado todos los mecanismos que nos ofrece el sistema para cambiar una ley obviamente injusta. Hemos hablado con ayuntamientos, servicios sociales, partidos políticos…. Nos hemos movilizado. Hemos parado desahucios y hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para transformar una situación de injusticia evidente. Las demandas de la ILP son demandas de mínimos: dación en pago retroactiva, alquiler social en las viviendas vacías acumuladas por las entidades bancarias que se han enriquecido con la crisis, y moratoria de desahucios. La ILP ha recogido más de un millón de firmas, las cuales se suman al clamor popular que exige una solución justa y urgente a esta problemática. No queremos limosna. No aceptaremos rebajas. Queremos unas leyes que garanticen los derechos, la igualdad y la dignidad. Pero la ILP también es una forma de exigir democracia, una democracia que tiene que estar en manos del pueblo y no del poder financiero. Hartas de mediocridad, corrupción y avaricia, de respuestas vacías y demagogia, exigimos que se nos escuche y participar de una democracia real.
La situación es grave y urgente. Hemos llegado a un límite en el que hay personas que se han quitado la vida; una situación que genera un sufrimiento cotidiano a miles de afectados. No podemos esperar meses a la aprobación de la ILP, tampoco nos podemos permitir que no se apruebe. Las PAHs no nos quedaremos con los brazos cruzados esperando a que la ILP llegue al Congreso. No podemos hacerlo.
Desde aquí hacemos un llamamiento a todos los partidos políticos a votar a favor de la ILP y tramitarla de manera urgente. Si no lo hacen, les señalaremos como responsables del genocidio financiero que estamos sufriendo y tendrán que atenerse a las consecuencias. Las PAHs aumentaremos las acciones de denuncia y desobediencia civil frente a aquellos que se nieguen a aprobar la ILP, e invitamos a toda la ciudadanía a sumarse.
Pero no nos pararemos aquí, nuestra lucha es una lucha por el derecho a la vivienda. “Gente sin casas, y casas sin gente, no se entiede”. Bancos que acumulan miles de viviendas vacías, mientras familias y personas se ven abocadas a la calle. Frente a este sinsentido, junto con la campaña de señalización, anunciamos que se intensificarán las campañas de recuperación de pisos vacíos e manos de entidades financieras.
Exigimos dación en pago retroactiva, alquiler social y stop desahucios ya!
Exigimos el derecho a la vivienda.
¡Sí Se Puede!
INFO: http://afectadosporlahipoteca.com/
Convocatorias actuales:
Alicante: 18:00 c/ Maestro Alonso, a la altura del Hospital. Apúntate en Facebook
Almería: 18:00 La Puerta de Purchena
Ávila: 12:30 Plaza de El Grande
Badajoz: 12:00 Delegación del Gobierno de Badajoz en la Avda. de Huelva.
Barcelona: 17.00 Plaça Universitat. Descárgate el cartel. Apúntate en Facebook
Bilbao: 18:00 en la plaza del teatro Arriaga
Burgos: 19:00 Plaza del Cid. Descárgate el cartel
Cartagena: 18:00 Plaza del Icue. Apúntate en Facebook
Ciudad Real: 18:30 Parque de Gasset
Compostela: 18:00 Praza Roxa
Córdoba: 18:00 Subdelegación del Gobierno, en Plaza de la Constitución. Apúntate en Facebook. Síguelo en su blog
Donosti: 12:00 en el Boulevard de Donosti
Eivissa: 18:00 Passeig de S’Alamera – Vara de Rey
Gijón: 17:00 Plaza del Huhmedal. Apúntate en Facebook
Guadalajara: 18.00 Subdelegación de Gobierno, Paseo Doctor Fernández Iparraguirre 8
Huelva: 17:00 Plaza de la Constitución. Apúntate en Facebook
Jaén: 18:00 Plaza de Santa María. Descárgate el cartel
Jerez: 12:00 Plaza El Arenal
La Rioja: 12:00 Plaza del Mercado
Lanzarote: 17:00. Calle Real, a la altura del cabildo viejo. Apúntate en Facebook
Madrid: 18:00 Plaza de Colón
Málaga: 18:00 Sede del PP Avenida de Andalucía 26. Apúntate en Facebook.
Mallorca: 18:00 Plaza de España. Apúntate en Facebook
Menorca: 12:00 Plaza de Colón, Maó
Murcia: 18:00 Jardín de Floridablanca. Apúntate en Facebook
Ourense: 18:00 Alameda(plaza vispo cesareo)
Pamplona: 18:00 Plaza del Castillo
Puerto de Sagunto: 17:00 Tenencia de Alcaldía, (Plaza del Sol). Descárgate el cartel
Salamanca: 18:00 Plaza de los Bandos
Santander: 12:00 Plaza de Numancia. Apúntate en Facebook
Sevilla: 12:00 Alameda de Hércules
Tenerife: 17:00 Subdelegación de Gobierno
Tudela: 18:00 Plaza Nueva
Valencia: 18:00 Plaça del 15M (antes Plz del Ajuntamiento)
Vigo: 18:00 Saida dende O Marco ata a sede do PP. Apúntate en Facebook
Vitoria: 13:00 Plaza Virgen Blanca
Zamora: 12:00 Plaza de la Constitución. Apúntate en facebook
Zaragoza: 18:00 Glorieta Sasera
…
Bélgica, Mechelen: 12:00 Gotemarkt
* Kaos en La Red - PAH - 7.2.13
Foto: Cartel manifa
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"Eurovegas ni trabajo ni inversión, sólo pelotazo y corrupción"
"Es un proyecto especulativo más que vendrá a España para beneficiar a unas minorías y que precisa de una inversión altísima que bien se podría utilizar en salvar la sanidad y la educación pública", comenta para Público Cristina Fernández, de la plataforma Eurovegas No.
Las consignas "Es un negocio para especuladores, que solo beneficiará a unos pocos", "Alcorcón no se vende" y "No es una inversión, es una estafa" se han echo eco de las reivindicaciones de los allí presentes. A su lado también han querido estar en esta ocasión los afectados por los desahucios, Stop Desahucios.
La desconfianza es uno de los argumentos recurrentes de muchos de los que están en contra de la construcción de los casinos por parte del magnate Sheldon Adelson. "No nos van a engañar. Solo son falsas promesas de trabajo precario", opina Herminia, una jubilada que se autocalifica como indignada. "La industria del juego solo traerá más desigualdades", agrega su compañera Luisa.
Fuerte movilización ciudadana
Después de saber que el complejo Eurovegas se construirá en el madrileño municipio de Alcorcón, la plataforma Eurovegas No asegura que no se dan por derrotados a pesar de llevar más de un año “de indignantes silencios”, sino que es ahora cuando podrán “centrar e intensificar la movilización” para frenar este “aberrante proyecto”.
En un comunicado, la plataforma confía en que sea posible "detener la puesta en marcha de este proyecto con una fuerte movilización ciudadana” que, a partir de ahora centrará “las acciones ciudadanas en el territorio elegido por la empresa” y en todo el municipio de Alcorcón, cuyos habitantes “serán los primeros afectados por la construcción”.
“Serán sobre todo acciones informativas, como llevamos haciendo todo este tiempo”, explica María Fernández, miembro de la plataforma, quien asegura que “se organizarán charlas sobre otros macroproyectos fallidos y las consecuencias que han causado”. Según Fernández, la decisión del magnate Sheldon Adelson de ubicar sus casinos en Alcorcón no es arbitraria, si no que “hay que reflexionar sobre quién sale beneficiado con esto” ya que los terrenos elegidos son “terrenos rústicos no urbanizables y los dueños de estos terrenos son nombres muy conocidos”. Estas parcelas tendrán ahora que ser recalificadas, por lo que su valor aumentará exponencialmente.
Son centenares de pequeños propietarios lo que sacarán tajada de la plusvalía que Las Vegas Sands tendrá que abonar, sin embargo, una inmobiliaria posee un gran porcentaje de esos terrenos. Se trata de Metrovacesa, participada en su mayoría por el Banco Santander. El colectivo contrario al proyecto critica que sólo "es beneficioso para una minoría privilegiada " y que "provoque daños medioambientales irreversibles en el territorio". Pero más allá de eso, denuncian que no se haya consultado a la ciudadanía y que el Gobierno regional justifique los beneficios en “unas cifras de creación de empleo para las que no ha aportado ninguna explicación”.
Además, denuncian que “con el marco legislativo a medida” que el Gobierno de Ignacio González le ha diseñado, Alcorcón contará con una “isla fiscal” y se convertirá en una “estado de excepción dentro de un Estado tutelado por los intereses económicos de una empresa transnacional”. “Es indignante”, exclama María Fernández, “les eximen de casi todos los impuestos, les condonan faltas graves y muy graves, legalizan el blanqueo de capitales. Es el colmo de la desfachatez”.“¿Es una forma aceptable de legislar el crear una ley ad hoc para una única empresa?”, se pregunta Eurovegas No. Ellos tienen clara la respuesta, por eso esta tarde, a las 19 horas, acudirán a la Puerta del Sol, cacerola en mano, a protestar frente a sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid contra lo que Fernández considera “más fraude y más corrupción”.
* PÚblico - MARTA RODRIGUEZ/JAIRO VARGAS Madrid 08/02/2013
Foto: protesta 'Eurovegas no'.- M.R
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Ada Colau: mucha corrupción se debe a que los políticos se beneficiaron de la burbuja inmobiliaria
También, en este sentido ha criticado que "hasta el mismo día" que estalló todo el asunto las ministras socialistas decían que "no había burbuja, que la vivienda era un valor seguro, que lo mejor que podía hacerse en España era comprarse una vivienda".
Por otra parte, la portavoz de la PAH ha lamentado que este país "está en el punto de mira" de todos los medios de comunicación del mundo que "se escandalizan con la ley que tenemos aquí".
"No hay ningún país de Europa, ni en EEUU, ni en ningún otro lugar que estén desalojando como aquí y, encima, la gente se quede con la deuda de por vida", ha subrayado al tiempo que ha dicho que "todo el mundo reconoce que esto es una anomalía".
Haciendo alusión a los alquileres en España, ha explicado que a diferencia de otros países del mundo, "no es una alternativa real" porque, según ha destacado, son más caros y de mala calidad. Sin embargo, en Alemania el alquiler "es la opción mayoritaria porque está incentivado por el estado, está protegida, hay límites de precios y no te pueden echar así como así", ha ejemplificado.
Además, ha recalcado que las personas afectadas por las hipotecas no es que rehuyan de su responsabilidad, sino que la gente "está dispuesta a asumir la responsabilidad que era consciente que asumía".
Colau ha criticado que en este país a las inmobiliarias, a las empresas, a los corruptos y a los partidos les "perdonan" y les "prescriben" las deudas "muy rápido", sin embargo, "a los únicos que no les prescriben es a las familias".
También, ha afirmado que hay un discurso oficial que "culpabiliza" a la gente más pobre y que lo ha perdido todo. Algo que, a su juicio, es "intolerable" porque ese discurso "se hace, evidentemente, para rehuir las propias responsabilidades".
A la pregunta de si se arrepiente de haber denominado ayer de "criminal" a un representante de la banca durante su intervención ante la Comisión de Economía del Congreso, ha sostenido que "en absoluto" , que incluso fue "prudente" y que la banca "tiene las manos marcadas de sangre".
"Digo criminal y lo ratifico porque la política que han seguido las entidades financieras es criminal, han hundido la economía de este país y han hundido a miles de personas a las que han empobrecido hasta el final de sus días", ha aseverado Colau.
* Europa Press - 6.2.13
Foto: Burbuja inmobiliaria - cotizalia.com
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SOS: Patrimonio en riesgo inminente de derrumbe
Un gran estruendo sacudió a las 7 de la mañana del 12 de enero al pueblo de Tembleque. Era el último estertor que emitía la antigua posada ubicada en la Plaza Mayor del siglo XVII, monumento nacional desde 1973. Unos tres metros de la fachada oeste de la plaza se venían abajo sin causar daños personales. Nadie se sorprendió. El deterioro y el abandono de la finca era evidente. El paso del tiempo había ido socavando la casa ante las diferencias entre sus propietarios, que pretendían erigir un nuevo hotel derribando el viejo edificio, y la Dirección General de Patrimonio que apostaba por restaurarlo.
«Hay hundimientos cantados y éste era uno de ellos», se lamenta Carlos Morenés, vicepresidente de Hispania Nostra. La asociación para la defensa y puesta en valor del Patrimonio Cultural español recopila en su Lista Roja más de 400 edificios de patrimonio civil, militar y religioso en situación de abandono. El último en engrosar este preocupante listado es la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes o de los Monegros de Sariñena (Huesca), declarada bien de interés cultural (BIC) en 2002. La maleza se va adueñando de este monasterio hoy propiedad de las hermanas Bastarás, el chapitel de su campanario ya se ha hundido y peligran los frescos únicos que alberga de Fray Manuel Bayeu, cuñado de Goya.
La Lista Roja «ha aumentado en los últimos años», según explica Morenés, que vaticina un negro futuro tras estos años de crisis económica. «El fuerte descenso de las partidas para patrimonio, la desaparición de las subvenciones y la retirada de patrocinadores que se está produciendo se van a notar de aquí a diez años. El patrimonio va a sufrir una barbaridad», considera.
El convento de Santa María de Jesús de Ávila, más conocido como Las Gordillas, padece en sus propios muros esta realidad. El proyecto para construir un hotel de cinco estrellas en este Bien de Interés Cultural ha quedado congelado al no poder acometer las obras la empresa adjudicataria. Fuentes de Urbanismo del Ayuntamiento de Ávila consideran que «sería conveniente hacer una intervención ya», bien con otra empresa que retomara el proyecto del hotel o mediante otro procedimiento para salvar de la ruina al edificio, como se ha logrado con el palacio Caprotti o con Los Verdugos. El de Las Gordillas es uno de los muchos proyectos de conservación y restauración que se han visto paralizados por la crisis. En el Palacio de Ustáriz de Madrid los andamios quedan como testigos de las obras que iban a convertir este edificio del siglo XVIII en hotel y que se paralizaron por el caso Malaya al ser su propietario José Antonio Roca. «No sabemos en qué situación se encuentran las pinturas de Goya de su interior», apunta Vicente Patón, presidente de la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio.
En cambio, para Carlos Bitrian, presidente de la Asociación Pública en Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa), la crisis actual es un buen momento para reflexionar sobre la conservación del patrimonio tras unos años de bonanza que «han sido tiempos de vileza y depredación urbanística». «Es un respiro paradójico», añade.
BIC en peligro
Sólo en abadías, monasterios y conventos y según la revisión realizada en 2011 del Plan Nacional, existen más de 550 edificios o restos de monasterios medievales de entre los siglos X al XV declarados Bien de Interés Cultural, uno de los más altos grados de protección que otorga la legislación española al patrimonio histórico-artístico español, aunque ser BIC no les libra del abandono. El historiador del arte de la Fundación de Santa María la Real, Artemio Martínez Tejera, reseña más de 20 espacios monásticos que reclaman una actuación urgente, entre los que destaca Santa María de Palazuelos en Valladolid. «Estaba en buen estado, pero los recortes le han hecho pasar a engrosar la otra lista», afirma este experto. La crisis ha afectado también al mantenimiento, cuyo coste en España corre a cargo casi exclusivamente de las distintas administraciones. Martínez Tejera alerta además sobre la situación de Santa María de Bonaval (Guadalajara) y Santa María de Rioseco (Burgos). «Están prácticamente enteros pero sin cubiertas y si en 4 o 5 años no se hace nada se van a venir abajo, si no antes», asegura.
La situación ha llevado a los propietarios de San Salvador de Albeos, en Crecente (Pontevedra), a poner en venta este cenobio románico por 300.000 euros ante la imposibilidad de rehabilitarlo. A ese precio salió a la venta hace dos años el Convento del Desierto en Calanda (Teruel), conocido en Aragón como «el pequeño Escorial» por sus colosales dimensiones. En 2012 ya se vendía por 150.000 euros este edificio barroco catalogado Bien del Patrimonio Cultural y en franco deterioro por abandono.
Camino de la ruina se encuentra también la Torre de Celles, un palacio rural asturiano del siglo XVI «paradigmático» y «muy singular» a juicio del arquitecto de la asociación Instituto del Patrimonio Arquitectónico de Asturias, José Ramón Fernández Vázquez de Prada. «Por sus características arquitectónicas y artísticas es acreedor de valores culturales muy importantes -añade- que lo hacen merecedor de una gran protección». Declarado Bien de Interés Cultural en 2003, sufre un deterioro cada vez mayor pese a que su propietaria ha sido multada por no conservar el edificio en condiciones.
En Segovia, la Asociación Cultural Amigos de la Villa y Tierra de Sepúlveda, intenta desde hace años que Manuel Cosío ceda a la Junta de Castilla y León el Castillo de Fernán González, deshabitado desde hace 30 años, para albergar el archivo de la localidad. «A los descendientes de Fernán González les cuesta mucho mantenerlo y se encuentra en estado precario», cuenta María Bernal Sanz, miembro de la Junta de Hispania Nostra y presidenta de la asociación que desde hace siete años promueve este proyecto para salvar el castillo de la ruina.
También se encuentra «estancado» el futuro del frontón Beti Jai de Madrid, a la espera de sentencia judicial, según explica Igor González, portavoz de la plataforma Salvemos el Beti Jai. El precio de la expropiación fijado en 7,2 millones de euros fue recurrido tanto por el Ayuntamiento, que solo quería pagar 5,7 millones, como por los propietarios de este «Vaticano de la pelota» declarado BIC en 2010, que piden 32 millones. El arquitecto Vicente Patón estima la reparación urgente necesaria para evitar que el edificio se venga abajo en menos de un millón de euros. «Nos preocupa la cubierta, se puede caer en cualquier momento», señala el presidente de la asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio que alerta sobre otro monumento de la Comunidad de Madrid. «El Palacio de Monesterio en San Lorenzo del Escorial se está cayendo», recuerda Patón. Propiedad del BBVA, este antiguo palacio de Felipe II construido en el siglo XVII por Juan Gómez de Mora, está actualmente abandonado. Uno más.
Con 44 lugares en la lista de la Unesco, España es el segundo país con más patrimonio protegido del mundo, por detrás de Italia y algunas fuentes estiman en 40.000 los puntos patrimoniales valiosos en el país. Mantener en buen estado este legado resulta una tarea ingente, como reconoce Carlos Morenés, vicepresidente de Hispania Nostra que, sin embargo, cree que «no se tiene en cuenta que es mucho más barato el mantenimiento que la reconstrucción».
«Hay que olvidar esa dañina asociación de que «conservar» significa «gastar», considera Artemio Martínez. «Conservar significa invertir, pues no se puede explotar lo que no se conserva, ni lo que no se conoce». La clave es aprovechar el inmenso patrimonio español «como yacimiento de empleo y motor económico de zonas deprimidas», a juicio de este historiador del arte que recuerda cómo muchos de los monasterios fundados algunos hace ya mil años fueron el motor económico de un territorio en momentos de crisis como los que ahora vive España. «Ahora siguen siendo un yacimiento de empleo para historiadores, arqueólogos, arquitectos, aparejadores, restauradores, informáticos y una correcta gestión del edificio permitiría la creación de puestos de trabajo indirectos» como se ha logrado en el monasterio gallego de San Cristina de Ribas de Sil, que una vez restaurado se autofinancia con el simbólico importe económico de la entrada.
* ABC - M.ARRIZABALAGA - 8.2.13
Foto: Tembleque (Toledo), derrumbe plaza - LUNA REVENGA
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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos da un nuevo varapalo a España por su política de vivienda
Desde 2007, más de 250 viviendas de Cañada han sido demolidas por las administraciones, dejando en el desamparo a sus habitantes, que a menudo habían llegado a ellas en situación de precariedad y por la falta de alternativas habitacionales.
El caso de Mohamed Raji era uno de ellos. De 47 años, con mujer y una hija de ocho años, Raji vivía y trabajaba en Madrid desde hace 20 años, pero la crisis lo abocó al paro y en 2010, con pocos recursos y después de cuatro años solicitando una vivienda social tanto al Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) como a la Empresa Municipal de Vivienda sin obtener una respuesta favorable, decidió mudarse a una casa en la Cañada Real, sin saber que sobre ésta ya pesaba sentencia de derribo, cuya notificación recibió meses después.
A pesar de los requerimientos de Javier Rubio, abogado de la familia, invocando los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de lo Contencioso decidió ratificar la demolición, y posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se negó a suspender el desalojo de manera cautelar mientras se tramitaba el recurso interpuesto. “Ante el derribo inminente, solicitamos amparo ante el TEDH alegando una posible vulneración de derechos fundamentales y la inexistencia de vías efectivas en España para proteger estos derechos mientras se tramita un recurso”, explica Rubio.
Igual que ocurrió en diciembre con el caso de una familia que, ante la falta de alternativas, ocupa una vivienda del Ivima, el TEDH requirió al Gobierno español para que explicase qué alternativas habitacionales iba a proponer a los afectados. La respuesta del Gobierno y del Ayuntamiento de Madrid, que proponían enviar a la familia a un albergue entre 7 y 15 días, no satisfizo al tribunal, que dictaminó el 31 de enero la paralización del desalojo.
“Hay garantías que deben cumplirse, como la de que todas las personas tienen derecho a un alojamiento alternativo adecuado. El alojamiento alternativo propuesto a esta familia por el Ayuntamiento de Madrid es de emergencia, temporal, no satisface los requerimientos del derecho internacional a una vivienda adecuada y deja a las personas en una situación de total desprotección”, explica Marta Mendiola, responsable de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional, que ha recibido “con satisfacción” la decisión del TEDH, decisión que “supone un nuevo recordatorio para el Estado español de que tiene obligaciones jurídicamente vinculantes con respecto al derecho a la vivienda que afectan a todas las autoridades a nivel central, autonómico y local”. Mendiola añade que “los desalojos efectuados sin salvaguarda de derechos han sido calificados por diversos organismos de la ONU como violaciones graves de derechos humanos y son contrarios a la legalidad internacional”.
Precisamente, el pasado 28 de enero el relator especial de Naciones Unidas sobre Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia, Mutuma Ruteere, declaraba tras una visita a la Cañada Real que “es necesario atender con carácter urgente la situación de desalojos forzados de las zonas de la Cañada Real y Puerta de Hierro en Madrid, y encontrar soluciones inmediatas y a largo plazo a los problemas relativos al acceso a una vivienda adecuada y a los servicios en dichos lugares. Estas situaciones son simplemente inaceptables y España debería encontrar una solución integral para estas víctimas”.
Negociaciones y derribos
A pesar de la aprobación en 2011 de la Ley de Cañada y de que en los últimos meses los ayuntamientos de estas tres localidades, la Comunidad de Madrid, asociaciones y vecinos afectados han iniciado un proceso de negociación que debería desembocar en una solución para sus habitantes, en los últimos dos años se han producido al menos 15 derribos y en meses pasados numerosos vecinos recibieron notificaciones para abandonar sus viviendas. “En ningún caso se previó un alojamiento alternativo y tampoco había previsión sobre la situación social o sobre si contaban con medios económicos, de modo que tenemos casos en que los derribos han dado lugar a personas sin hogar”, explica Javier Rubio, que mantiene que “se puede decir que los derribos anteriores que no tenían estas previsiones constituyeron violaciones de derechos humanos, por lo que se puede pensar en algún tipo de medida”.
No ha sido hasta el 30 de enero cuando el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado la paralización de los derribos en Cañada, vinculados a 141 órdenes de demolición, en nombre de “su voluntad inequívoca de contribuir para generar el mejor clima social posible hasta que se alcance el acuerdo marco previsto en la ley”. Casualmente, este anuncio se producía días después del requerimiento por parte del tribunal europeo y pocas horas antes de que éste pronunciara la orden de suspensión. “Hasta hoy los habitantes de Cañada nos sentíamos desprotegidos, y con esta decisión sentimos que podemos negociar con la administración con más protección”, explica Mohamed Raji.
Según Javier Rubio, “la consideración del tribunal tiene importancia no sólo para Cañada, sino también para el derecho a la vivienda. Aunque se reconoce este derecho en el artículo 47 de la Constitución, no es invocable ante los tribunales españoles, y de alguna manera la decisión del TEDH es un toque de atención sobre las autoridades españolas porque, en la medida en que no hay recursos efectivos para los ciudadanos ante estas agresiones, se está incumpliendo el Convenio de Roma y se están vulnerando los derechos humanos”.
* Diagonal - GLADYS MARTÍNEZ LÓPEZ - 6.2.13
Foto: Madrid, casas derribadas en Cañada Real - elpais.com
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Imputado por corrupción urbanística el alcalde que gobernó 23 años Castelldefels
Marina declarará mañana ante el juez, pero en el centro de la presunta trama de corrupción destacan sobre todo otros tres imputados, el matrimonio formado por Antonio Gomà y María Dolores Irún, ambos empleados municipales que, según la investigación, acumulan «un patrimonio no acorde con sus ingresos por sus profesiones, cargos y empleos en el ayuntamiento», y Manuel Marín López, empresario supuestamente beneficiado por la trama, que terminó por contratar a Marina cuando dejó la alcaldía.
Durante la campaña electoral de las elecciones municipales de mayo del 2011, según revela la investigación, el PSC, CiU y el PP recibieron una serie de cartas anónimas en las que se denunciaba muy detalladamente el caso, tanto que la sospecha general era que la garganta profunda de esas gruesas acusaciones era en realidad un funcionario municipal muy bien informado. Nadie, sin embargo, le hizo caso entonces. Pasados unos meses, Manuel Reyes, actual alcalde de la ciudad y militante del PP, recibió de nuevo esos anónimos, esta vez en su domicilio particular. Los remitió a la Guardia Civil, que, aunque con reservas iniciales, investigó a fondo las acusaciones.
* El Periódico - CARLES COLS / MAYKA NAVARRO - 5.2.13
Foto: Finca de la calle de Dolores Uribarri que la pareja promovió y luego adquirió. JOAN CORTADELLAS
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La PAH arremete contra la banca y la connivencia política ante los diputados en el Congreso
Han sido 45 minutos en los que el Congreso de los Diputados ha oído por vez la voz de Colau, y ha escuchado sus reproches a la desidia de los políticos durante años frente al problema de los desahucios, y también para que quedara constancia de sus propuestas, avaladas por un millón de firmas en forma de Iniciativa Legislativa Popular.
Colau afirmó "que no se firmaban contratos libremente, contratos llenos de cláusulas abusivas de las que nunca se informó, por lo que es una obligación moral reaccionar ante la violación de derechos fundamentales, incluso saltándose leyes injustas".
En este sentido, replicó a la intervención que le precedió, del vicesecretario de la Asociación Española de Banca, Javier Rodríguez Pellitero, a quien llamó "criminal" mientras mostraba sobres a los diputados. "Que la gente que nos ha hundido en la miseria diga 'no' a la dación en pago nos reafirma", argumentó.
En cuanto a las propuestas, Colau detalló "los mínimos" que recoge la ILP que se debatirá el martes en el Congreso gracias a que el PSOE ha sustituido su propuesta por la de la PAH: "No vamos a aceptar una solución sin efectos retroactivos. Que paguen los estafadores, no los estafados. Pedimos la paralización de los desahucios de vivienda habitual y de deudores de buena fe, así como la dación en pago retroactiva". Estos mínimos, "avalados por un millón de firmas" deben tenerse en cuenta, según Colau: "Si ustedes se creen la democracia y que el Congreso es un órgano de representación de esa democracia, deberían escuchar las demandas ciudadanas. Los desahucios son la mayor violencia contra el derecho a la vivienda; el Estado pone todo el aparato policial y judicial al servicio de los desahucios. Apelamos a los diputados, con nombre y apellidos, y quienes desprecien la voluntad ciudadana, serán señalados, sin violencia, pero serán señalados allá donde vayan".
Tanto la califición de "criminal" al representante de la AEB como la apelación al señalamiento de los diputados que voten en contra de la ILP de la PAH, fueron motivo de enfrentamiento entre el presidente de la Comisión, Santiago Lanzuela (PP) y Colau al final de la comparecencia. Lanzuela pidió que retirara "las ofensas". "No nos amenace", dijo. A lo que respondió Colau: "Lo que ha faltado es esta llamada de atención a quien me ha precedido".
En su intervención, Colau también insistió en que "las casas que están en manos de las entidades financieras, deben constituir el parque en alquiler social, cuya renta no debería superar el 30% de la renta familiar. Las 6.000 viviendas del fondo previsto en el último decreto son migajas".
Antes de Colau, intervinieron en la Comisión el expresidente del Banco Hipotecario y de la Caja de Ahorros de Granada, Julio Rodríguez, y el vicesecretario general de la Asociación Española de Banca, Javier Rodríguez Pellitero.
La comparecencia de Rodríguez Pellitero fue duramente contestada por Colau posteriormente, lo que motivó el enfrentamiento entre la portavoz de la PAH y el presidente de la Comisión de Economía.
El vicesecretario de la Asociación de Banca defendió el marco legal: "No hay que cambiar la ley. Si la situación actual es consecuencia de la crisis, que es transitoria, las medidas deben ser también temporales, como las que ha aprobado el Gobierno". Rodríguez Pellitero defendió que "los desahucios no son un negocio para la banca: "Se pierde un cliente, su familia, hay que incurrir en gastos de abogados, de gestión del piso, el IBI, la comunidad, y luego montar todo un sistema de gestión del piso. Sólo cuando no queda otra opción, el banco inicia la ejecución hipotecaria, porque no hacerlo pondría en riesgo la solvencia del banco". En conclusión, según Rodríguez Pellitero: "El sistema hipotecario no es tan malo. Sí la crisis económica".
El expresidente del Banco Hipotecario, Julio Rodríguez, sí vio insuficientes los decretos aprobados, el de marzo de 2012 sobre el código de buenas prácticas de la banca, y el de noviembre, sobre la moratoria de desahucios: "Habría que prolongar un año más la moratoria y ampliar el campo de personas que puedan acogerse a ella. Además, el código de buenas prácticas, que permite la dación, debería ser de cumplimiento ordinario por los bancos, no como ahora. Y, también, debería rebajarse el interés de demora, que ahora está en torno al 12%: después de la moratoria, la familia se encuentra en la calle y con una deuda multiplicada".
Además, Rodríguez puso el énfasis en la falta de datos "para calibrar la magnitud del problema: las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial no distinguen entre primera vivienda y segunda vivienda. Es muy pobre. Y las estadísticas oficiales tampoco se publican todas, se usan políticamente en la Cámara".
Por último, Rodríguez insistió en "modificar la ley hipotecaria sin amenazar la solvencia del sistema financiero. Lo más urgente es la reforma del procedimiento y que el código de buenas prácticas sea común en el día a día de los bancos".
* El Diario - Andrés Gil - 5.2.13
Foto: Protesta de Plataforma afectados Hipoteca en Madrid (archivo) - afectadosporlahipoteca
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Colectivos cívicos ante la llegada de Eurovegas: "Profundizará la corrupción generalizada"
El anuncio oficial de la ubicación de Eurovegas es inminente. Previsiblemente, este viernes la Comunidad ratificará la elección de Alcorcón como sede del complejo de casinos, hoteles y campos de golf que promueve el magnate Sheldon Adelson. La cercanía de este anuncio ha reactivado las protestas de los colectivos ciudadanos contrarios a la instalación de esta infraestructura en Madrid. "Eurovegas profundizará la corrupción generalizada en España", lamentó uno de estos grupos cívicos, Detengamos Eurovegas Alcorcón.
El número dos de Las Vegas Sands, Michael Leven, insinuó este lunes que la ubicación final de su complejo será Alcorcón, en el sur metropolitano de Madrid. "Nos inclinamos por Alcorcón, en este momento es el candidato más fuerte", aseguró Leven. Sin embargo, matizó que la Comunidad "tiene la última palabra", ya que la construcción del complejo estará sujeta a la celebración de un concurso público para adjudicar la obra, según prometió el presidente de la Comunidad, Ignacio González.
Sin embargo, los críticos con Eurovegas creen que este concurso es una mera formalidad: "¿De qué sirve un concurso público si la administración que lo convoca ha llegado ya a un acuerdo en particular con una empresa privada?", se preguntan Ecologistas en Acción y Detengamos Eurovegas. En su opinión, este acuerdo previo "es una estafa" a los madrileños, ya que "se impone a la ciudadanía sin informarla ni consultarla".
Por otro lado, los colectivos críticos recuerdan que los terrenos ofrecidos en Alcorcón (en La Venta de la Rubia) son terreno rústico, no urbanizable, tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que invalidó un acuerdo de la Comunidad. "Se saltarían no solo el planeamiento urbanístico municipal sino la sentencia del TSJM", denuncian.
Otro motivo de indignación está en los cambios legislativos "en favor de la empresa de un multimillonario". Se refieren a la aprobación de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, el pasado diciembre, que incluía rebajas de impuestos y bonificaciones fiscales para una nueva categoría urbanística: los Centros Integrados de Desarrollo (CID). El proyecto de Eurovegas encaja dentro de esta categoría, por la cual se le permitiría pagar solo un 10% de sus ingresos por el juego (frente al 45% actual) y se le bonificaría por la compra de material.
* 20 Minutos - MARIO TOLEDO. 05.02.2013
Foto: Centenares de personas protestan en Madrid contra la "estafa" de Eurovegas.- (EFE)
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Denuncian que el Gobierno de Cospedal quiere vender montes públicos para hacer cotos de caza
La organización ecologista, que se opone rotundamente a esta medida, considera que esta venta supone “un intento de expolio de los bienes patrimoniales de todos los ciudadanos y un paso atrás sin precedentes en materia de protección ambiental y de gestión forestal” de Castilla-La Mancha.
Por su parte, fuentes de la Consejería de Agricultura han asegurado que a pesar de que cada día se estudian cientos de medidas que contribuyan a sanear las cuentas públicas “en estos momentos, no existe un documento de trabajo” que plantee la venta de montes públicos.
Estas mismas fuentes han apuntado que esta medida puede haber sido planteada por otra comunidad autónoma, dentro del trabajo que vienen realizando para sanear las cuentas públicas, si bien, han afirmado, que en Castilla-La Mancha no se está trabajando en esta medida.
Ecologistas en Acción, por el contrario, mantiene que a lo largo de las últimas semanas han recabado datos de la iniciativa de la Junta por diversas fuentes y que, finalmente, ésta decisión le “ha sido confirmada” por el director general de Montes y Espacios Naturales en una reunión celebrado este jueves mismo.
La actuación, según los conservacionistas, se enmarcaría dentro de un plan de enajenación de bienes de titularidad pública que ha impulsado la consejería de Hacienda y en el que está colaborando la consejería de Agricultura.
Según los ecologistas, el plan ya está avanzado y ha dado sus primeros pasos, por lo que, según esta organización, “se ha elaborado una lista inicial de montes susceptibles de venta que se han seleccionado con criterios de ausencia de cargas, disponibilidad para desarrollar explotaciones forestales y cinegéticas y de dotación de infraestructuras que los puedan hacer más atractivos a posibles compradores”.
Potenciales clientes
Entre los potenciales compradores -afirma EA- ya han comenzado a circular listas ofreciendo montes en concreto y la Consejería de Agricultura ya ha empezado a escuchar algunas ofertas.
Según la organización ecologista, los montes pueden interesar a empresarios con alto poder adquisitivo, gestores cinegéticos y también a latifundistas colindantes que quieran ampliar sus posesiones, a los que se les ofrecería la posibilidad de precios muy ventajosos dada la situación actual del mercado inmobiliario.
La Junta de Castilla-La Mancha es titular de 228 montes públicos que ocupan 171.228 hectáreas de superficie, de la que se ofertarían entre 34.000 y 51.000 hectáreas.
Entre los primeros montes en venta figuran cuatro refugios de fauna toledanos, se trata de los montes el Dehesón del Encinar en Oropesa, Nava de Don Diego en los Navalucillos y Quinto de Don Pedro y Cardeñosa, en Los Yébenes.
Ecologistas en Acción considera que este plan incumple las vigentes Leyes de Montes (estatal y autonómica) sobre el régimen jurídico al establecer que “Los montes del dominio público forestal son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.
Por ello, la asociación ecologista avisa de que acudirá a los tribunales no sólo para defender la titularidad pública de estos espacios sino para denunciar a los políticos y gestores que puedan llevar adelante tan flagrante ilegalidad.
* La República - EFE - 1.2.13
Foto: Bosque público - publico
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Canarias.- Primer juicio por corrupción en el PP de la era Soria
El ministerio público pide un año y ocho meses de cárcel, 120.000 euros de multa y cinco años de inhabilitación especial para ejercer todo empleo o cargo público al que fuera portavoz del PP en el Parlamento de Canarias entre 2003 y 2007.
En un auto fechado el 28 de enero, la Sala de lo Civil y Lo Penal, que está presidida por Antonio Castro, presidente del TSJC, establece las sesiones para los días 27 y 28 de febrero; 1 y 8 de marzo; 4,5,29 y 30 de abril, y 2 y 3 de mayo. Durante los cuatro primeros días declararán los siete imputados, entre los que se encuentran, además de Jorge Rodríguez, el jefe de servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, José Luis Mena; el de Patrimonio, Pedro Pablo Santana, o el propio denunciante de la trama, Francisco Cambreleng.
Las declaraciones de los veinte testigos de esta causa tendrán lugar entre el 4 y el 29 de abril. Francisco Valido, exalcalde de Telde, prestará declaración el día 5, mientras que el 29 lo harán cuatro funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.
La Sala no ha admitido que se incorporen a la causa pruebas documentales propuesta por la defensa de Jorge Rodríguez, entre las que se encontraban ejemplares de revistas y periódicos, al considerar que de las diligencias practicadas y de los escritos de calificación de las partes no se deduce la necesidad de practicar más pruebas que las ya admitidas.
Jorge Rodríguez es el acusado de mayor relevancia en este caso, que surge de una pieza separada del caso Faycán. El de nuevo diputado autónomico del PP –dimitó en 2007 después de que saltara el escándalo en Telde, está acusado de interceder en favor del Grupo Europa y cobrar por ello al menos 64.000 euros con trabajos de intermediación ante ayuntamientos canarios gobernados por su propio partido.
El fiscal Luis del Río recogió en su escrito de acusación que había constancia documentales en las cuentas anuales de la empresa Grupo Europa de los pagos al diputado entre los años 2003 y 2006, momento en el que estalla el caso Faycán, con múltiples ramificaciones en Telde.
Para el ministerio público, la actuación de Rodríguez fue determinante para que Grupo Europa resultase adjudicataria de un concurso de gestión para promociones de viviendas sociales en Telde mediante el régimen de cooperativa.
Las penas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas sobrepasan entre todos los acusados los 27 años de cárcel y las multas ascienden a más de 1,3 millones de euros por unos hechos considerados constitutivos de doce delitos, y que entre 2004 y 2006 bajo el gobierno de PP y Ciuca pretendieron situar la política de viviendas sociales en medio de un negocio ilícito a través de la obtención de beneficios otorgando al suelo gratuito municipal un coste irreal.
* Canarias Ahora - 2.2.13
Foto:Santa Cruz Tenerife, parlamento Canarias - canariasahora
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Las constructoras de la lista de Bárcenas tenían al menos 6.600 millones de euros en obra pública en los años de las donaciones
Las grandes ampliaciones del AVE; los accesos y circunvalaciones a Madrid (como el faraónico soterramiento de la M-30 o las radiales fantasma); la T-4; miles de kilómetros de autopistas... estas obras públicas son algunos de los ejemplos del negocio que se repartieron en el momento algunas grandes constructoras, en concreto, FCC, Sacyr Vallehermoso y OHL.
Estas tres cotizadas no eran las más grandes del momento, los ranking de la época señalan a ACS (presidida por Florentino Pérez) y Ferrovial como las líderes del sector, pero estas tres pasarán por otros motivos a la posteridad. Así, los nombres de los responsables de las tres constructoras aparecen manuscritos en los apuntes de caja que este jueves publicó El País como posible contabilidad en B del Partido Popular.
Según los papeles a los que tuvo acceso El País, Luis del Rivero (presidente de Sacyr) dio dos pagos de hasta 380.000 euros entre los años 2004 y 2006. Juan Miguel Villar Mir (OHL) aparece asociado a tres ingresos que suman un total de 530.000 euros en tres pagos, los dos mayores en 2006 y 2008. Por último, José Mayor Oreja, que dirige la filial de construcciones del gigante FCC, está asociado a dos pagos en 2008 que ascienden a 165.000 euros.
Lo que podría ser una donación de estos empresarios al Partido Popular suma un millón de euros en estos tres años. Una abultada cifra que queda completamente ridiculizada por la cifra de negocio que estas tres empresas manejaron solo en obra civil en España en los mismos años que se hicieron los pagos. Al menos 6.600 millones de euros.
De estas tres constructoras, la mayor es FCC y también es su cartera de obra civil la más abultada. La cifra de negocio por este concepto ascendía en 2008 a casi 3.000 millones de euros (el desglose es un cálculo de los datos que ofrecen en su informe anual de la parte de la cartera en construcción que tienen en España y la proporción de obra civil sobre el total).
Sacyr es la segunda en tamaño. En 2004, primer año en el que figura una supuesta donación de Del Rivero, la cartera de obra civil en España de esta constructora ascendía a 854,3 millones de euros. En 2006, fecha del segundo pago, superaba ya los 1.222 millones de euros.
La tercera de este trío de cotizadas, OHL, tiene una cartera más modesta pero centrada en las grandes infraestructras del transporte. La información de las cuentas de 2004 (primer año del pago) no está disponible en su página web. En 2006, la cartera de la constructora suponía ya 939 millones de euros en obra civil y en 2008, último pago, ya había sufrido los rigores del primer año de la crisis y se había recortado hasta 620,5 millones de euros.
Por el momento, los portavoces de las tres empresas han rechazado la veracidad de estos datos, aunque FCC pidió más tiempo a El País para revisar su contabilidad.
Según la ley de financiación de partidos, las empresas que tengan contratos vigentes con las administraciones públicas, no podrán hacer donaciones a las agrupaciones políticas. Cabe señalar que los apuntes recogen los nombres de estos empresarios como particulares, y no ligados a las constructoras que les respaldaban.
Además, otras constructoras pequeñas o medianas aparecen también como donantes en estos apuntes así como la cadena de supermercados de Juan Roig. En total, según los cálculos de El País (que tiene obviamente acceso a todos los apuntes contables, además de los publicados en el diario), los donativos sumarían 7,5 millones de euros.
Con excepción de Mercadona, la rara avis del listado, el resto de empresas son constructoras de mucho menor tamaño y, por lo tanto, de mucha más complicada fiscalización ya que al no cotizar en bolsa no tienen obligación de hacer públicas sus cuentas. Entre ellas aparecen los nombres de los responsables en el momento de Ploder, Bruesa, Romero Polo, Rubau, Sando o Constructora Hispánica.
En la época de la bonanza algunas lograron cifras de negocio considerables. Así, Sando llegó a ser la undécima constructora de España por cifra de negocios en 2008, superando los mil millones de euros. (Para más información ver cuadro adjunto). Por su tamaño, su negocio estaría más centrado en obra local o autonómica, y la cifra de cartera en obra pública que pudieron llegar a tener es casi imposible de calcular por la fragmentación de ese mercado.
* El Diario - Belén Carreño / Ana Requena Aguilar - 2.2.13
Foto: Sacyr, FCC y OHL construyen miles de obras civiles. EUROPA PRESS
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