20MINUTOS/Valladolid* : El Juzgado de lo Penal nº4 de Valladolid sienta este lunes en el banquillo al alcalde de Íscar, Alejandro García Sanz, por un presunto delito de prevaricación urbanística que se remonta a 2006 con motivo del permiso otorgado para la construcción de una nave industrial con exceso de edificabilidad y que invadía suelo público.
Además del diputado de Juventud y Deportes, el banquillo lo ocuparán igualmente el arquitecto municipal, José Luis Pérez de Fruto; el segundo teniente de alcalde, Juan Carlos Lázaro; el concejal Luis Antonio Sánchez Cuéllar, y el secretario municipal, Fernando Rodil, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Los cinco fueron imputados por el Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid, encargado de investigar el presunto caso de prevaricación urbanística en Íscar, después de que la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid se pronunciara en el mismo sentido.
Y es que el 13 de octubre de 2011 la referida sección de la Audiencia vallisoletana no sólo desestimó el recurso de apelación del único imputado hasta el momento, el arquitecto José Luis Pérez de Frutos, sino que estimó el presentado por la Fiscalía para que fueran incluidos también, en los mismos términos, el resto de acusados.
Con anterioridad, el 5 de julio de 2011 la juez instructora del caso había acordado la tramitación de las presentes diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado contra el arquitecto José Luis Pérez de Frutos por si los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación urbanística del artículo 320 del Código Penal, y por contra sobreseyó las relativas al alcalde, dos concejales y el secretario del Consistorio Iscariense, que ahora, mediante último auto, han sido finalmente incluidos en este caso de presunta prevaricación urbanística.
Entonces, la justificación para excluir del proceso a los cuatro citados era que no se consideraba acreditado que los miembros de la corporación municipal que otorgaron la licencia lo hicieran "a sabiendas" de que era contraria a la normativa urbanística, ni que el secretario conociese dicha circunstancia.
Contra el planeamiento urbanístico
Los hechos que investiga el juzgado derivan de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la que se ordenó el derribo de una nave industrial que fue autorizada por el Ayuntamiento de Íscar. El fallo determinaba que las obras de desescombro, demolición parcial y reconstrucción de la nave eran contrarias al planeamiento urbanístico.
Los metros construidos superaron los derribados y además invadía más de 400 metros de una calle y algo más de 600 de otra, a lo que el TJSCyL sumó el hecho de que el Ayuntamiento de Íscar autorizase las obras el 27 de febrero de 2006, mientras que el informe del arquitecto municipal sobre el proyecto era de un día después.
* 20 Minutos - EUROPA PRESS. 17.12.2012
Foto: Íscar (Valladolid) - temadictos.com
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ELPAÍS* : La Fiscalía de Cádiz prepara un inventario de sentencias con órdenes de derribo de viviendas ilegales en la provincia gaditana que no se han ejecutado. En los últimos meses, el ministerio público ha recibido con satisfacción fallos judiciales que, acordes con su criterio, han establecido estas demoliciones como la regla general y no como una excepción.
Pero la mayoría de estas casas siguen levantadas. Continúan así porque la actual maraña judicial lo permite y porque el propietario y condenado no se hace cargo. Los Ayuntamientos, que deben asumir esta operación con carácter subsidiario, tampoco lo cumplen, para lo que argumentan razones económicas.
El inventario auspiciado por la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, pretende ser un toque de atención a un problema no resuelto. Y lo va a intentar hacer con datos concretos porque, conociendo la dimensión del problema, se pueden encontrar mejor las soluciones. En una aproximación, la fiscal jefe de Cádiz considera que podría haber más de 70 órdenes de derribo sin ejecutar. Las victorias judiciales contra el urbanismo ilegal chocan con la realidad.
A muchas de las sentencias firmes contra viviendas ilegales —que proliferan en municipios como Chiclana o El Puerto de Santa María— les sigue una petición de indulto al Ministerio de Justicia. La fiscalía, por regla general, se opone a esta figura como medida de garantía porque, según Ángeles Ayuso, la demolición no es una pena como lo son las condenas de cárcel o las indemnizaciones económicas, sino que son un intento de restablecimiento del daño causado. La fiscal jefe de Cádiz llama la atención de que, en muchos de los expedientes de estos indultos, los Ayuntamientos aparezcan como perjudicados cuando han sido ellos los que han permitido esas construcciones ilegales durante años. Ayuso también protesta por el hecho de que los Consistorios se muestren muchas veces a favor de esos indultos para que lo construido siga en pie.
La tramitación del indulto retrasa todo el proceso y, aunque finalmente no se concedan, las demoliciones no llegan a ejecutarse. El propietario muy raras veces ha asumido el derribo por su cuenta. Así que son los Ayuntamientos los que deben proceder a la demolición con carácter subsidiario. Las posturas de unos y otros ante esta situación son variadas. En algunos casos, los jueces aplazan los derribos porque el gobierno municipal anuncia planes de legalización de esas zonas. La fiscalía gaditana no considera que este sea un argumento serio porque, en su opinión, los dirigentes políticos mantienen en el tiempo anuncios de mejoras en los planeamientos urbanos.
Cuando ya se agotan las razones urbanísticas, los Ayuntamientos aducen motivos económicos. Si el propietario no derriba, es el Consistorio el que lo tiene que ordenar. “A veces, dicen que no encuentran una empresa dispuesta a hacer ese trabajo y otras veces que no cuenta con una partida presupuestaria suficiente para asumir estos costes”, lamenta Ayuso.
El ministerio público espera tener terminado el inventario de sentencias sin ejecutar para febrero o marzo. La fiscalía cree que al denunciar el estado del problema con datos concretos, se podía llamar la atención al Poder Judicial sobre lo difícil para hacer frente al urbanismo ilegal.
* El País - PEDRO ESPINOSA - 13.12.12
Foto: Derribo de viviendas ilegales en la calle Reina Isabel de Portugal de Chiclana. / EDUARDO RUIZ
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LAGACETADESALAMANCA* : Las grandes obras en marcha en Salamanca están podridas por la carcoma de la corrupción. Ahora nos enteramos de que casi toda la maquinaria parada en las aceras y los descampados de la provincia pertenece a un tal Ángel de Cabo, el Lucifer del ´caso Marsans´, el valenciano especializado en camuflar patrimonios de empresarios quebrados. Las obras del Hospital, la reforma de los campos deportivos de La Aldehuela y la construcción de la autovía de Fuentes de Oñoro a la frontera portuguesa habían pasado de forma fraudulenta a manos de este artista de los concursos de acreedores.
El hombre que pasará a la historia por batir el récord de la mayor fianza nunca impuesta a un sospechoso, con 50 millones de euros en su casillero, se había hecho también con la gestión del Multiusos Sánchez Paraíso, de tal manera que, sin saberlo los salmantinos, se había convertido en la firma con más poder de la provincia. Quienes conocen los movimientos de esos hilos que manejan la historia en las sombras del poder no habían informado a los ciudadanos de la ascensión de este ángel caído y solo ahora, cuando ha ingresado en prisión, se ha descubierto la vasta extensión de sus dominios.
¿En manos de quién estamos? ¿Que será de la escasa obra oficial todavía en marcha en la provincia? ¿Por qué el Ministerio de Fomento, la Junta y el Ayuntamiento han acabado por confiar el destino de sus proyectos a un personaje de esta calaña?
El remate de la autovía, esa gran vergüenza en el Oeste, ha quedado arrumbado en los desvanes del olvido gubernamental, mientras que el Clínico avanza a razón de un ladrillo al día, sin contar festivos. El contrato de la Ciudad Deportiva ha sido rescindido a tiempo y la gestión del Multiusos permanece bajo supervisión municipal, ante los temores de que De Cabo saquee sus arcas, como es su costumbre, y deje un polideportivo de deudas a los proveedores. Mientras las administraciones se esfuerzan por tapar sus agujeros (mejor hubiera sido cerrarle el paso antes de entregarse en sus brazos) el rey de la suspensión de pagos echa cuentas en prisión.
* La Gaceta de Salamanca - JULIÁN BALLESTERO - 10.12.12
Foto: Ciudad Rodrigo (Salamanca), obras autovía Portugal - obralia
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MALAGAHOY* : El alcalde de Tolox, Juan Vera (Convergencia Andaluza), y doce vecinos del municipio malagueño, diez de ellos extranjeros y en su mayoría ingleses, serán juzgados mañana en el Juzgado lo Penal nº4 por delitos urbanísticos relativos a construcciones en zona no urbanizable. Además en el banquillo de los acusados también se sentarán su teniente del alcalde, la administradora de una inmobiliaria y una aparejadora, según el escrito acusatorio del fiscal, al que ha tenido acceso Efe.
A Juan Vera se le imputan seis delitos de prevaricación, por los que se le pide un año de prisión y diez de inhabilitación y también se le acusa de cuatro delitos contra la ordenación del territorio y se le solicita nueve meses de cárcel y diversas multas.
Los doce vecinos del municipio, muchos de ellos extranjeros, se enfrentan a seis meses de prisión y multas superiores a 2.000 euros.
Además, en el escrito acusatorio se afirma que el teniente de alcalde podría haber incurrido en un delito de prevaricación urbanística y se le pide un año de prisión y diez de inhabilitación.
En el relato de hechos se afirma que una amiga personal del alcalde, que administraba una inmobiliaria y que también está procesada, pidió una licencia para reformar una vivienda inexistente ubicada en suelo no urbanizable.
El 26 de febrero de 2004, Juan Vera presuntamente concedió permiso para dicha supuesta reforma "a sabiendas de la injusticia" y con informe desfavorable de la secretaría del Ayuntamiento.
Posteriormente, la amiga del alcalde vendió la finca a un matrimonio inglés que construyó una casa familiar con porche y piscina.
La arquitecta técnica, que también estará sentada en el banquillo de los acusados, fue supuestamente quien emitió el certificado final de obra.
Otro de los casos que se juzga se remonta a abril de 2003 cuando el alcalde a través de su esposa otorgan escritura de segregación y venta de 4.000 metros cuadrados de una finca de su propiedad en suelo no urbanizable.
El matrimonio comprador otorgaron una escritura de obra nueva afirmando la falsa existencia de una edificación en estado ruinoso, en base a la aportación de un certificado de edificación preexistente, con una antigüedad de veinte años, encargado por el alcalde y referido a una zona ajena y distinta a la construcción.
Más tarde, el regidor concedió la licencia para reformar una vivienda inexistente y el matrimonio se construyó una vivienda unifamiliar de unos 150 metros cuadrados, además de piscina y sótano.
Todos los casos supuestamente delictivos ocurrieron entre 2003 y 2004 y se tratan de construcciones en suelo no urbanizables con el beneplácito del alcalde.
* Málaga Hoy - EFE - 12.12.12
Foto: Tolox (Málaga) - J.Rojas, ELPAIS.com
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ELPAÍS* : Empleados públicos denuncian que un edificio que quiere vender Botella no cumple las prescripciones de seguridad que dictan los informes técnicos.
El Ayuntamiento de Madrid no tiene ni un euro. Mejor dicho, debe casi 6.000 millones a los bancos tras los ocho años en la alcaldía del ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. De la necesidad de sacar dinero de debajo de las piedras, explotando al máximo sus activos, nacen casi todos sus problemas. La tragedia del Madrid Arena, el pabellón alquilado a un empresario que está imputado por la fiesta en la que murieron cuatro jóvenes, es un ejemplo, pero no el único.
El Gobierno que dirige Ana Botella (PP) lleva meses tratando de vender el edificio Apot, que pertenece a la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos, gestora también del Madrid Arena. En realidad, la operación es más compleja: quiere colocar la actual sede del área de Urbanismo, obtener al menos 65 millones, y trasladar a un millar de empleados públicos al edificio Apot, que vendería luego por unos 30 millones para quedarse de alquiler 10 años.
Estuvo a punto de lograr la segunda parte, pero el comprador, la inmobiliaria Hermanos Revilla, exigió que tuviera licencia. La semana pasada, 482 de esos empleados públicos se rebelaron contra Botella, denunciando que el edificio no solo carece de licencia, sino que tampoco cumple “las prescripciones de seguridad que dictan los informes técnicos”.
“Botella, dimisión”
Precisamente un expediente de Urbanismo, de septiembre de 2011, detalla las medidas correctoras que deberían solventarse para obtener la licencia, entre ellas varias sobre protección contra incendios. “No podrá iniciarse el ejercicio de la actividad hasta que el titular se provea de la licencia de funcionamiento”, explicita.
El edificio Apot lleva años alquilándose a empresas privadas sin contar con esa licencia de funcionamiento. Los técnicos de Urbanismo sí la ven necesaria ahora. El área de Urbanismo insiste además en que no trasladará a los funcionarios hasta que no se adecue urbanísticamente, es decir, esperará a tener licencia y cumplir con todas las condiciones de seguridad reseñadas por los técnicos. Y eso pese a que el edificio seguirá al menos provisionalmente en manos municipales, hasta ser vendido finalmente, si eso es posible.
El líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, muy crítico siempre con la gestión del Ayuntamiento pero más aún en este asunto, exigió ayer la dimisión de Botella.
* El País - BRUNO GARCÍA GALLO - 22 NOV 2012
Foto: Madrid, alcaldesa Botella y exalcalde Gallardón - elpais
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ELPAÍS* : La posibilidad de que gran parte de las cuatro hectáreas de los almacenes construidos ilegalmente a las afueras de Córdoba por Rafael Gómez Sandokán siga en pie, es hoy más real que nunca. El pleno del Ayuntamiento aprobó este martes la vía para que puedan regularizarse hasta 25.000 metros cuadrados de esa mole de 40.000 que levantó en 2005 el constructor y joyero y que le ha costado una multa de 24,6 millones de euros que ignora. “No pienso pagar”, asegura.
El empresario es ahora el líder del principal partido de la oposición, Unión Cordobesa, cuyas oficinas están en esas naves. Sandokán debió ausentarse del salón de plenos durante la votación, pero sus dos ediles afines apoyaron el plan. De igual forma lo hicieron el PP (que gobierna con mayoría absoluta), el PSOE e IU. Los dos concejales díscolos de Unión Cordobesa, enfrentados a Gómez, optaron por abstenerse. En todo caso, no hubo ningún debate ni antes ni después. A la votación siguió un receso y el orden del día. El Pleno continuó sin más.
Poco ruido y pocas opiniones para tratar un asunto que ha consumido buena parte de las energías políticas durante más de un lustro. Y un absoluto mutismo a la hora de aprobar un documento que, en esencia, abre la puerta a la amnistía del infractor, pues permite regularizar el 62,5% de lo que un día fueron los cuatro almacenes de Arenal 2000, la empresa constructora de Sandokán.
Las naves se levantaron durante el mandato de la alcaldesa Rosa Aguilar, entonces en Izquierda Unida. Ella dio luz verde a que fuese el mismo Sandokán el que redactase un plan especial que regulase todo el urbanismo de la carretera de palma del Río y, de paso, legalizar sus propias naves. El documento redactado por la empresa infractora fue aprobado en el pleno con los votos a favor de IU y PP. Pero la oposición del PSOE y de la Consejería de Obras Públicas hicieron que el caso llegara a los juzgados. Y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tumbó el plan especial en 2008.
Pero solo dos años después, las cosas viraron. Aguilar dejó el cargo de alcaldesa y pasó a ser parte del el nuevo Gobierno autónomo del socialista José Antonio Griñán, ocupando, precisamente, la cartera de Obras Públicas. A partir de entonces, la férrea posición de la Junta se volvió más laxa y favorable a un acuerdo. También el PSOE de Córdoba abrió la mano. Algo que también reactivó luchas políticas internas en la formación, y que terminó costando el puesto a un par de cargos municipales y tambalear el puesto del delegado de Obras Públicas, que se oponía al pacto.
Como resultado, se gestó el actual Plan Especial de la Carretera de Palma que se aprobó este martes definitivamente en el Ayuntamiento de Córdoba. El plan permite que el propietario de las naves, oficialmente, Rafael Gómez, redacte un proyecto de ejecución que derribe 15.000 metros cuadrados de sus naves. ¿Lo hará Gómez? El ya ha advertido que no tirará un ladrillo. Pero teniendo en cuenta lo voluble de sus opiniones y el voto a favor de su partido al Plan Especial, tampoco puede asegurarse lo contrario.
* El País - MANUEL J. ALBERT - 11 DIC 2012
Foto: Rafael Gómez abandona el pleno momentos antes de la votación sobre sus naves ilegales. / DÍA DE CÓRDOBA
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20MINUTOS/Valencia* : Justo el día en el que se cumple un año del arranque del juicio de los trajes, que acabó con la absolución de Francisco Camps y Ricardo Costa por aceptar regalos de la red corrupta Gürtel, otra de las piezas separadas ha llegado al final de su instrucción con problemas para el que fuera vicepresidente de la Generalitat con Camps, Vicente Rambla, y dos de sus conselleras de Turismo, Milagrosa Martínez y Angélica Such.
El juez del TSJCV José Ceres ha dictado este miércoles un auto en el que procesa a los tres antiguos miembros del Consell, que ahora son diputados del PP en Les Corts sin atribuciones en el grupo parlamentario o en la Cámara, que Alberto Fabra les quitó por estar imputados. El magistrado aprecia en los tres casos la comisión de dos posibles delitos relacionados con las adjudicaciones de la Generalitat en la feria Fitur entre 2005 y 2009: prevaricación y tráfico de influencias. Además, aprecia cohecho pasivo en las exconselleras.
El documento judicial, muy extenso (153 páginas), hace referencia a una de las tres piezas separadas sobre la presunta financiación irregular del PP valenciano que el TSJCV asumió del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Las otras dos hacen referencia a posible delito electoral en los comicios municipales y autonómicos de 2007 y a falsedad documental en los generales de 2008.
Cabecillas de la red
El instructor acusa de toda una serie de delitos a los presuntos cabecillas de la trama Gürtel en tanto que responsables de su división valenciana, la empresa Orange Market. En concreto, apunta a Álvaro Pérez El Bigotes, Pablo Crespo, Francisco Correa (el supuesto jefe de Gürtel), Cándido Herrero, Isabel Jordán y Mónica Magariños. A todos ellos imputa tráfico de influencias, prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Además, procesa a cuatro empleados públicos por malversación y archiva la causa contra cinco imputados, entre ellos la exdirectora general de Presidencia Dora Ibars. El juez da 10 días a las partes para que digan si procede abrir juicio oral o el archivo de la causa. La oposición ha instado al presidente Fabra a apartar a los tres diputados procesados.
Investigarán otro informe policial
El voluminoso auto dictado por el juez Ceres incluye al final un informe policial de la UDEF. En él se afirma que el montaje del stand de Fitur 2009 se hizo presuntamente sin concurso a través de entidades públicas y privadas como el Aeropuerto de Castellón, Ciudad de la Luz, Masters Golf de Castellón, Hípica Global Champions Tour, Volvo Ocean Race, Copa del América, Fórmula 1 (Valmor Sports)... El magistrado pide investigar si se troceó y si la red acabó cobrando 425.000 euros a través de esta fórmula, como indican anotaciones encontradas por la Policía.
* 20 Minutos - J.L. OBRADOR. 12.12.2012
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org
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ELPAÍS/Barcelona* : Nicolás G. S. recuerda aún su trabajo en el servicio de drogas del Ayuntamiento de Sabadell. “Los pacientes me decían que empezaban casi sin querer y, luego, se enganchaban. Yo no les creía, pensaba que lo hacían por decisión propia”. Más tarde se dio cuenta de su error, cuando le ocurrió algo similar con otro objeto de deseo: “El dinero es como la droga. Si decidí denunciar los chanchullos del Ayuntamiento fue para no volver a caer en la tentación”.
A lo largo de 2009, Nicolás hizo de recadero de uno de los principales implicados en la Operación Mercurio, de presunta corrupción urbanística. Se trata de Jordi Soriano, entonces concejal del PP en el consistorio. “Soriano era la chica más guapa del baile, te enamoraba. Le habías invitado a nueve cubatas y ni te habías dado cuenta”, explica para ilustrar el poder de seducción del hombre al que los investigadores consideran el intermediario entre los empresarios y la cúpula del Ayuntamiento.
Unas 40 personas están imputadas; entre ellas, el alcalde socialista, Manuel Bustos, y tres de sus concejales. Anticorrupción investiga si los cargos públicos recibieron mordidas de hasta 120.000 euros a cambio de adjudicar obras. Nicolás sostiene que sí. Así lo denunció hace tres años ante los Mossos —ese fue el origen de Mercurio— y así lo vivió en la etapa en la que era, dice, el “perro faldero” del exconcejal del PP: “Soriano se repartía las comisiones de los constructores con sus amigos del Ayuntamiento. Decía que el reparto se hacía a partes iguales”.
Nicolás (que pide no revelar su nombre completo) conoció a Soriano mientras paseaba por la ciudad. Una amiga común les presentó. “Tropezamos unas cuantas veces más en la Rambla. Sabadell no deja de ser un pueblo grande, aquí nos conocemos todos. Un día me contó que unas empresas estaban haciendo obras y necesitaban tirar unas tierras. Me preguntó si podía encontrar un vertedero”. No lo logró. Hasta que un empresario local —que, como él, también está imputado— le dio la solución: convertir terrenos agrícolas privados en vertederos mediante una solicitud para “mejorar las fincas” del parque agrario de Sabadell. Ese es uno de los proyectos que están siendo investigados por el juez.
“El movimiento de tierras ha generado muchísimo dinero en Sabadell. El negocio era redondo. Si el constructor era listo, cobraba por dos lados: por vaciar los escombros de una obra y por rellenar con esa tierra los terrenos agrícolas”. Soriano, explica, hacía valer su influencia para que el ayuntamiento diera los permisos a las empresas afines. Por ese suculento negocio, el exconcejal del PP mantuvo una disputa con Melquíades Garrido, tío de Bustos, presidente del gremio local de constructores y también imputado. “Soriano decía que era la pata del alcalde. Yo veía que hablaba con él por teléfono a menudo. Tres años antes incluso habían veraneado juntos en un crucero”, explica Nicolás a EL PAÍS.
La relación entre Bustos y Soriano es una de las claves del caso. En su declaración ante el juez, el alcalde dijo que le conocía de los plenos: Soriano era entonces portavoz del grupo municipal. Pese a estar en la oposición, sin embargo, el PP local dio apoyo a Bustos en los asuntos que más podían perjudicarle. Ante ese pacto extraño y no escrito, el partido decidió prescindir de Soriano antes de las municipales de 2011.
En tres años, según fuentes de la investigación, Soriano pudo haberse embolsado cerca de 800.000 euros en comisiones. Si ese dinero se lo quedaba él —como sostienen fuentes cercanas a Bustos— o, por el contrario, se repartía en un “fondo común” entre políticos, cargos de confianza y funcionarios es otra de las preguntas clave. El alcalde está imputado, entre otros delitos, por tráfico de influencias y malversación de fondos. “Ahora, con el tiempo, creo que Soriano le daba a Bustos lo que quería y el resto se lo quedaba. Se usaban mutuamente”, añade el empresario arrepentido.
Mientras los movimientos de tierras seguían su curso, Soriano hizo a Nicolás una nueva propuesta: “Me dijo que él, el alcalde y otras personas de su confianza formaban un grupito que podía conseguir adjudicaciones de obras de forma legal. Al principio pensaba que todo aquello era legal. Luego vi que no”. Nicolás se dedicaba entonces a la compraventa de inmuebles, a las pequeñas reformas del hogar y al sector del ocio nocturno. Pero cuando Soriano se lo pidió, fue su mano derecha. “Le llevaba los sobres cerrados con el dinero que me daban los empresarios”, detalla.
Por las manos de Nicolás pasaron (sin quedarse) muchos billetes. Según su testimonio, los constructores debían pagar “una cantidad como anticipo para obtener una adjudicación”. Afirma que, en algunos casos, los empresarios acabaron obteniendo el premio por el que habían pagado. Pero admite que, en otras ocasiones, la cosa se complicaba: “Sé de dos empresarios que pagaron para que les dieran una misma obra”. Una vez concluidos los trabajos, añade, el empresario debía abonar el 3% sobre el importe de adjudicación.
Nicolás sostiene que sabe que se pagaron comisiones en, al menos, dos grandes proyectos: una promoción de viviendas para personas mayores en el Parc Central y las obras de ampliación del cementerio. “Como siempre, el mejor bocado eran los movimientos de tierras”. Las obras de mejora del cementerio municipal también están siendo investigadas por el juez. “Soriano decía que el alcalde quería que esos empresarios, además, patrocinasen al CE Sabadell”, el equipo de fútbol de la ciudad, añade Nicolás.
A finales de año, las cosas cambiaron: “Por indicación de Soriano, le dije a un empresario que, si no llevaba 48.000 euros, su tema quedaría parado. Aquello ya era chantaje”. Además, dice, “me sentía mal cuando llegaba a casa y miraba a mi familia”. Decidió poner fin a ese negocio sucio. Y denunciarlo. Por eso aportó decenas de documentos que obraban en su poder (correos electrónicos, expedientes de obras) a Iniciativa per Catalunya Verds y ofreció los detalles a los Mossos. Alguien le dejó una nota en su coche. “Me decía que por mi renuncia habían quedado temas parados y que lo iba a pagar”. La policía autonómica le ofreció protección. La rechazó. “Yo me he metido en esto y me da igual lo que me pase”.
* El País - JESÚS GARCÍA Barcelona 11 DIC 2012
Foto: Registro policial en el Ayuntamiento de Sabadell, el 27 de noviembre. / GIANLUCA BATTISTA
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ELPAÍS/Sevilla* : La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 14 meses de cárcel y al pago de una multa de 15.000 euros al exalcalde de Camas Agustín Pavón, de Izquierda Unida, al exconcejal del PP Antonio Enrique Fraile, al exedil del PA José del Castillo y al empresario Eusebio Gaviño por el presunto intento de soborno a la concejal del Ayuntamiento Carmen Lobo.
Según fuentes judiciales, la sentencia notificada este martes por la Audiencia de Sevilla tras el veredicto de culpabilidad de un jurado popular condena también a los acusados a inhabilitación por empleo y cargo público por el mismo periodo de 14 meses.
La sentencia llega siete años después de que se produjeran los hechos y de que el jurado declarase culpables a los procesados por intentar sobornara a Lobo, que llegó a recibir un sobre con 12.000 euros para que apoyara varios proyectos urbanísticos en un pleno municipal en plena burbuja inmobiliaria.
“Culpable de haber intentado comprar el voto de la concejal Carmen Lobo”, fue la frase utilizada por el jurado para señalar las responsabilidades de los implicados en esta polémica causa. La fiscalía había pedido 18 meses de cárcel y el pago de 24.000 euros de multa.
Durante el juicio, el jurado escuchó las grabaciones del presunto cohecho y otorgó plena credibilidad a las declaraciones en el juicio de los dos denunciantes, la exedil Lobo y el exmilitante de Izquierda Unida Francisco Gordo. “Independientemente de los motivos personales que hayan podido moverles” en el asunto, puntualizó el jurado. En la vista oral, la estrategia de los exconcejales pasó por acusar a Gordo de haberles contactado en primer lugar, con la idea de que todo había partido de una trampa.
En 2005, el equipo de gobierno de Camas quedó en minoría con la salida de Lobo (exedil de IU) y los acusados acordaron lograr su voto favorable a cambio de “contraprestaciones económicas”, según el veredicto del jurado. El juicio, que se celebró el pasado septiembre, estuvo repleto de incidencias por las trabas que puso el empresario Gaviño, que se ausentó en más de una ocasión de la vista oral alegando problemas de salud. Finalmente, el juez presidía el tribunal del jurado decidió detener y encarcelar a Gaviño para garantizar su presencia en el juicio.
Además de dinero, Lobo recibió promesas como un piso en la playa que se pondría “a nombre de alguien de su confianza” y dinero para solucionar la vida de su hija “durante varias generaciones”.
Tras ser declarado culpable por el jurado, Pavón dijo que baraja abandonar la militancia de IU tras agradecer el apoyo recibido por parte del coordinador de la formación y vicepresidente de la Junta, Diego Valderas.
* El País - 11.12.12
Foto: Camas - pueblos españa
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EFE/Sevilla* : La Fiscalía ha pedido condenas de hasta siete años de inhabilitación para José Eduardo Reina Hidalgo (PSOE), exalcalde de Cantillana (Sevilla), y tres exconcejales de Urbanismo, a los que imputa presuntos delitos de prevaricación y de omisión del deber de perseguir delitos por su "dejadez" ante viviendas ilegales.
El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, les imputa por su "dejadez de funciones" ante las numerosas construcciones ilegales en distintos parajes del pueblo, pese a que les habían advertido tanto la arquitecta técnica municipal como la Guarda Civil en una reunión.
La Fiscalía dirige la acusación contra el alcalde entre 1995 y 2011, José Eduardo Reina, y los exconcejales de Urbanismo Enrique Barrera Jiménez (1995-2007), Manuel Naranjo Barrera (2007-2008) y Antonio Maqueda Ruiz (2008-2011).
Según la acusación, ninguno de ellos denunció ante las autoridades competentes, "como estaban obligados a hacerlo por sus cargos", las presuntas infracciones penales por las construcciones ilegales realizadas en los años 2007 y 2008 "en un número superior a cien".
Se trata de viviendas contrarias al ordenamiento levantadas en los parajes conocidos como Urbanización Huerta Alta, finca Recache, camino de El Palmitero, finca La Cirujana, aldea de Pajares, margen izquierdo y derecho de la carretera Cantillana-Villaverde, carretera de Cantillana a El Pedroso y zona denominada El Basurero del Chorrito.
Dichas zonas están calificadas como suelo no urbanizable de especial protección, zona de la Vega del Guadalquivir y de protección de complejos ribereño de interés ambiental de El Viar, según las Normas Subsidiarias Municipales de Cantillana.
Los acusados "no comunicaron la existencia de presuntas infracciones penales a las autoridades judiciales o fiscales y Guardia Civil", dice el fiscal, "lo que dio lugar a una investigación policial a partir de febrero de 2011 en la que se procedió a la imputación de 71 personas por construcciones ilegales en cuarenta parcelas".
Además, el exalcalde y el exconcejal Maqueda están acusados de otra licencia otorgada en junio de 2009 para la realización de unos boxes en una parcela, pese a que existía un informe desfavorable de la arquitecta municipal.
* Ideal - EFE - 9.12.12
Foto: Cantillana (Sevilla) - wikipedia
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MÁSPÚBLICO* : Al grito de “No a los desahucios, alquiler social”, más de una veintena de personas afectadas por diferentes procesos de ejecución hipotecaria han ocupado este lunes la planta baja de la sede central de Bankia, una de las torres Kio, para lograr abrir una negociación con responsables del banco.
“Llevamos semanas ocupando diferentes sucursales y estamos hartos de que los encargados nos digan que ellos no toman las decisiones, por eso hemos ocupado la sede de Bankia”, ha denunciado Daniel García, activista de la Asamblea de Vivienda de Vallecas. La policía se ha acercado para identificar a los presentes, en su mayoría afectados que llevan un mes acampados en la sucursal de Bankia de la calle Celenque. Tras esto, los manifestantes han realizado una sentada.
Por otra parte, varios activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han irrumpido en la sede de la Empresa Municipal de Vivienda para tratar de parar un desahucio que se iba a ejecutar este martes y que iba a dejar a una familia de siete miembros en la calle. Finalmente, han conseguido que EMV cancele la ejecución.
Cumplir la Declaración Universal de los Derechos Humanos
La protesta de la torre Kio, convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid, la Asamblea de Vivienda de Madrid y varios afectados por las hipotecas de Bankia acampados en Celenque, tiene el objetivo de denunciar que “las ejecuciones hipotecarias masivas producen una violación sistemática de 25 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos”, así como “varios artículos de la Carta Magna española.
En un comunicado, los convocantes han exigido, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, la paralización de los desahucios y la modificación de la Ley Hipotecaria española “para adaptarla al marco legal de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a través de la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950 y ratificado en la Constitución Española de 1978″.
* Más Público - 10.12.12
Foto: Vivienda, protesta Bankia - maspublico
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LAVANGUARDIA* : Si una ONG ecologista decidiera recurrir hoy un proyecto inmobiliario como la Marina de Valdecañas en Cáceres, debería abonar previamente una tasa de 10.350 euros, puesto que la cuantía del procedimiento se fijó en 40 millones de euros, según la nueva ley de tasas judiciales promovida por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Así lo asegura la organización Ecologistas en Acción que denuncia que la justicia ambiental se verá obstaculizada por la nueva norma en contra de los convenios internacionales firmados por el Estado español. Por ello, esta ONG anuncia una campaña de inconstitucionalidad de la ley y recurrirá al organismo de la ONU que vela por la justicia ambiental.
"La defensa de la naturaleza y de los derechos de la ciudadanía se ve gravemente afectada por la nueva ley", denuncia Ecologistas en Acción en un comunicado en el que añade que "Los pagos de cuotas harán inviable la protección ambiental ante los tribunales para muchas organizaciones sin ánimo de lucro".
La Ley 10/2012 impone el abono de unas tasas que condicionan la admisibilidad de las demandas y recursos, cuyo importe se determina con independencia de la capacidad económica del actor y que tiene una parte fija y otra variable en función de la cuantía del asunto, asegura la ONG. "Algo que afecta especialmente a Ecologistas en Acción en el orden contencioso-administrativo, donde se revisa la legalidad de la actuación de las administraciones públicas y al que se acude para impugnar la aprobación de proyectos o planes urbanísticos", recuerdan.
La ley será uno de los temas que se aborden en la Asamblea Confederal anual que Ecologistas en Acción comienza hoy en Trujillo. Los asistentes recibirán un modelo de carta para enviar al Defensor del Pueblo y reclamarle que interponga un recurso de inconstitucionalidad. También se solicitará a diputados y senadores que se dirijan al Tribunal Constitucional para que este órgano derogue una ley que vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Además, los abogados de la organización trabajan en estos momentos para la presentación de una queja ante el comité de la ONU que vela por el cumplimiento del Convenio de Aarhus. Este convenio, del que el Estado español es firmante, garantiza el derecho a acceder a los tribunales en asuntos ambientales sin impedimentos de tipo económico. El “tasazo” contravienen este derecho.
Si Ecologistas en Acción recurriera hoy el proyecto de la Marina de Valdecañas en Cáceres, debería abonar previamente una tasa de 10.350 euros, puesto que la cuantía del procedimiento se fijó en 40 millones de euros. Un recurso de casación contra una sentencia desfavorable, como el planteado contra la inadmisión de la suspensión cautelar de las obras del vertedero de Toledo, tendría un coste de los 1.290 euros.
La cantidad sería menor, de 440 euros, en procedimientos con cuantía indeterminada, como el proyecto de cementerio nuclear de Villar de Cañas, el plan parcial de la playa de Valdevaqueros o los permisos a Repsol en aguas canarias. Estas cuantías, acumuladas en decenas de procedimientos que Ecologistas en Acción afronta anualmente, se hacen inviables.
La organización, cuyos abogados trabajan mayoritariamente de forma gratuita, no podría haber afrontado el coste de estos y otros procedimientos judiciales con la nueva Ley de Tasas. Lo mismo le ocurre a muchas otras organizaciones sin ánimo de lucro que velan por la defensa del medio ambiente y el interés general. "El tasazo es malo para la justicia, también para la ambiental", argumenta Ecologistas en Acción.
* La Vanguardia - 7.12.12
Foto: Valdecañas (Cáceres), golf_y_urbanizacion - ecologistasenaccion.org
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ELFARODEGUADARRAMA/Madrid* : La titular del Juzgado nº2 de Collado Villalba ha citado a declarar como imputados al ex alcalde José Pablo González (PSOE), al ex concejal de Urbanismo, José Antonio Gómez Sierra (que posteriormente se encargó del área de Hacienda), al ex director de Urbanismo, Jesús García del Burgo, y a varios técnicos municipales, entre ellos el arquitecto y la entonces secretaria, por los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
Los hechos tienen que ver con las obras del túnel-parking de Honorio Lozano y Batalla de Bailén, presupuestadas inicialmente en 20 millones de euros y cuyo coste final se disparó a 40. Además, el plazo de los trabajos duplicó el que se manejaba en un principio, a pesar de que este aspecto había sido precisamente el que propició que el proyecto se adjudicase a la concesionaria que había presentado la oferta más alta desde el punto de vista económico.
Las declaraciones de los imputados tendrán lugar durante los meses de diciembre y enero. La próxima semana ampliaremos los detalles de esta noticia, que viene a sumar un nuevo capítulo en el conocido como caso Villalba.
Por otra parte, esta semana conocimos también el contenido del informe de la Policía Judicial solicitado por este mismo Juzgado tras la denuncia interpuesta por el colectivo Manos Limpias y por el entonces portavoz del grupo municipal del PP villalbino (hoy alcalde), Agustín Juárez, respecto al proyecto de aparcamiento subterráneo y reforma del entorno de la calle Honorio Lozano y nuevo diseño urbano de Batalla de Bailén, así como de la explotación del parking. El informe realizado por este grupo policial, fechado el 23 de agosto pasado, concluye diciendo: “No se han observado irregularidades en los procedimientos administrativos realizados, relativos tanto a la redacción del proyecto, como en la concesión de la ejecución de la obra, siempre teniendo en cuenta la documentación de la que dispone esta unidad”.
Investigación
Al respecto, y en el punto quinto de dicho informe, los agentes encargados de realizar la investigación y tras una larga exposición, dicen haber llegado a las siguientes conclusiones:
1).- Que la obra del parking de Honorio Lozano, según el estudio realizado previamente por la empresa Aracil, era consecuencia de “una demanda razonable, principalmente en lo que respecta a las plazas en régimen de rotación, que supondrían, según su propuesta, en torno al 10 por ciento de las plazas de los aparcamiento de Honorio Lozano y de la Biblioteca [1.037 plazas], concluyendo que el proyecto es atractivo desde el punto de vista de la financiación, que favorecería el desarrollo económico de la zona afectada. Por tanto, añade Aracil, la realización de la obra es un proyecto viable desde el punto de vista socioeconómico”.
Sin embargo, después de varios años de actividad (el parking entró en funcionamiento en noviembre de 2008, dos años más tarde del plazo fijado), se puede apreciar a diario que la ocupación de las plazas rotatorias por parte de los potenciales usuarios es mínima, y otro tanto ha sucedido con aquellas destinadas a su venta o alquiler mensual. Además, el Ayuntamiento se ha visto obligado a pagar un canon cuyo importe asciende en total a casi 100 millones de euros (111.521.784, 72 con IVA) hasta el año 2046.
2).- “En cuanto a la concesión de la obra, según la documentación disponible -continúa dicho informe-, se ha podido observar que los conceptos que han sido valorados en el informe emitido por el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Collado Villalba se ajustan a las ofertas presentadas, concretamente el de la empresa concesionaria [adjudicataria], parece el que más se ajusta a estos criterios de valoración... han favorecido las propuestas con menor plazo de ejecución que las de menor presupuesto, lo que se puede observar en las diferencias de puntuación en los criterios de valoración de la oferta técnica, mayores proporcionalmente que las diferencias de la oferta económica. Esta circunstancia, concluye el punto, se pone de manifiesto en las votaciones para la aprobación del Pliego de Cláusulas, donde los grupos de la oposición votaron en contra”.
Vertidos en Caño de la Fragua
El capítulo de conclusiones finaliza con la utilización de la finca Caño de la Fragua (situada junto a la ITV), donde se realizó el acopio temporal de residuos procedentes de la excavación de dicha obra. La Policía Judicial dice que tras una visita a la misma, el pasado 20 de agosto, observan “montones de grava que aún no han sido retirados” y sin llevar a cabo siquiera un estudio topográfico para saber si los residuos han sido retirados o están compactados, dan por bueno el informe realizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid el 5 de febrero de 2009, afirmando que “no se observa ninguna infracción a ese respecto”. Que se sepa, tampoco los técnicos de dicha consejería habían realizado ningún estudio topográfico y el Equipo de Gobierno, por entonces presidido por José Pablo González, dio también por bueno el documento sin visar ni sellar que había presentado la Concesionaria, acordando la recepción definitiva de esta parcela municipal el 3 de diciembre de 2009.
En relación con este asunto, el diario ‘ABC’ publicaba en su edición de 9 de marzo de 201l, bajo el título “El alcalde de Collado Villalba ‘ahorró’ 600.000 euros a los constructores del túnel-parking de Honorio Lozano”, un informe basado en un estudio topográfico visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Madrid, que decía que “en febrero de 2010 aún existía en dicha parcela un total de 16.993 metros cúbicos de tierras por encima de los pies de acopios existentes en abril de 2008”.
* El Faro de Guadarrama - 7.12.12
Foto: Collado-Villalba (Madrid), túnel-parking - elfarodelguadarrama.com
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ELPAÍS/Andalucía* : “Yo no podría haber hecho una biblioteca nunca solo con nuestro presupuesto”. Pero la alcaldesa de Aznalcázar, una localidad ubicada en el Parque Nacional de Doñana, pudo inaugurar una biblioteca hace un año. ¿Cómo lo hizo? Con las ayudas que su municipio de 4.200 habitantes ha recibido en los últimos años del Gobierno central. La regidora aznalcaceña, Dolores Escalona, recuerda que esas aportaciones son “un derecho que tienen los municipios por estar ubicados en una zona protegida”.
Las subvenciones a las áreas de influencia socioeconómica de los parques arrancaron hace más de dos décadas para compensar las limitaciones que tienen los municipios de los parques, a los que las restricciones legales les impiden desarrollos económicos y urbanos que en el resto de localidades están permitidos.
Pero el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha decidido eliminar esas partidas de los Presupuestos estatales de 2013. Así se lo comunicó a los regidores el Organismo Autónomo Parques Nacionales, dependiente del departamento de Miguel Ángel Arias Cañete, a finales de octubre. Fue en una reunión que la Asociación de Municipios con Parques Nacionales (Amuparna) celebró en Doñana el día 27.
Esta asociación, de la que forman parte 82 de los 100 municipios españoles que están dentro de algún parque nacional, acaba de reclamar al ministerio que recupere las ayudas durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado que se está realizando en el Senado y el Congreso de los Diputados. Han pedido también una reunión con Arias Cañete para explicarle la importancia de estas ayudas.
Las localidades ubicadas en 14 parques de todo el Estado recibieron del Gobierno 8,2 millones de euros en 2011 a través de esta vía. Los que más se beneficiaron fueron los municipios ubicados en Sierra Nevada, a los que les llegaron 1,8 millones.
Estas partidas se redujeron considerablemente en 2012, cuando el ministerio destinó 5,7 millones, un 30% menos que el año anterior. “Entendemos que se reduzcan, pero no que se eliminen”, sostiene Dolores Escalona, quien también es la presidenta de Amuparna. Escalona, militante del PSOE, sostiene que todos los alcaldes de esta asociación, “independientemente del color político”, han suscrito la carta enviada al ministerio reclamando que se recuperen estas ayudas.
Para entender la importancia de estas subvenciones hay que bajar al detalle. Soportújar es un pequeño municipio granadino de unos 300 habitantes ubicado en Sierra Nevada. En la última convocatoria de estas ayudas este Ayuntamiento recibió 18.000 euros, señala su alcalde, José Antonio Martín. El Presupuesto anual del Consistorio ronda los 600.000 euros. Es decir, esta subvención estatal supone el 3% de sus cuentas. “Para muchos municipios pequeños es una forma de poder salir adelante”, detalla este regidor granadino.
Pero estas subvenciones no solo las reciben los Consistorios. También llegan a particulares, asociaciones, cooperativas... “A un pequeño empresario le salva una ayuda de 20.000 euros”, explica la alcaldesa de Aznalcázar. El Ayuntamiento de este municipio sevillano recibió en la última convocatoria 92.000 euros, muy lejos de los 300.000 euros que llegaron a percibir en los años de bonanza. Escalona reconoce que dejar de recibir la ayuda les supone “un agujero importante” en las cuentas.
“Estas ayudas sirven para que la gente se identifique con el parque”, sostiene la regidora. “No podemos renunciar al desarrollo sostenible de las poblaciones que cuenten en su territorio con un parque nacional”, afirman los alcaldes asociados en Amuparna.
* El País - PLANELLES - 8 DIC 2012
Foto: Soportújar (Granada) - andalucia
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LUCIO A.MUÑOZ* : Los políticos han conseguido vender a la ciudadanía la idea de que España es una democracia plena. Y la inmadura y acomodada sociedad española se ha creído esta gran mentira política porque, en realidad, la casta ha instaurado una auténtica dictadura partitobancacrática disfrazada de democracia.
No queda más remedio que descubrirse ante la innata capacidad que tienen nuestros políticos para engañar, a lo que se suman un puñado de medios de comunicación subvencionados que les han ayudado con diferentes estrategias de manipulación mediática. Sin embargo, la crisis ha dejado al descubierto un sistema corrupto cuyo eje fundamental gira en torno a la consecución de un objetivo: la conservación de los inmorales privilegios de la casta política a costa del empobrecimiento de millones de españoles y del endeudamiento de las próximas generaciones.
De manera progresiva pero lenta, los ciudadanos están tomando conciencia del principal problema que afecta a la economía y a la supervivencia de España como nación. Y ese problema es de índole política porque mientras no se arregle no mejorará la situación económico-financiera. España se encuentra al borde de la quiebra debido a dos factores fundamentales: la corrupción y el despilfarro de dinero público en la gestión. Y ambos conceptos, corrupción y despilfarro, son sinónimos aunque la casta se esfuerce por diferenciarlos.
El elevado déficit (sobre todo, de las comunidades autónomas), la impagable deuda, el hundimiento de la mitad del sistema financiero (las antiguas cajas de ahorros expoliadas por los políticos) y el coste de su rescate, la escandalosa tasa de desempleo, una bolsa en horas bajas, los impuestos abusivos, la prima de riesgo desbocada descontado un rescate, los altos costes energéticos, el decrecimiento de la economía... Esta radiografía, que muestra la metástasis económica de España, es consecuencia del indignante nivel de corrupción política y del despilfarro que sufre España.
¿Nos está engañando este gobierno, al igual que nos engañó el anterior, vendiéndonos los brotes verdes? La casta política se escuda en la crisis económica para ocultar la realidad de un sistema que deja impune a los corruptos porque hasta la Justicia está politizada.
En España, la corrupción es claramente rentable para los políticos y además hay un número excesivo de personas dedicadas a estas labores. ¿Desean los ciudadanos españoles seguir manteniendo con sus impuestos el sueldo y los privilegios de todos aquellos cargos políticos innecesarios y sobrantes? ¿Se quedará algún político en paro después de la pseudoreforma de la Administración que prepara el Gobierno? El único colectivo que aún no ha sufrido un ERE es la casta política. ¿Existe en España una Justicia para los ciudadanos y otra distinta para los políticos?
Los privilegios y el enchufismo han dado como resultado un país en el que multitud de parásitos sociales, instalados cómodamente en organizaciones sindicales y partidos políticos, viven a costa de la economía productiva. Nuestro país no tendrá ningún futuro mientras la vaguería, el corto plazo, la ausencia de valores o el nepotismo, entre otras muchas cosas, ganen la batalla a la meritocracia.
La casta política está cometiendo un gravísimo error al no prestar atención a las demandas de los ciudadanos. La verdadera democracia emana de la voluntad popular, y esta máxima ha sido pisoteada por una casta carente de valores y ávida de poder que, todo hay que decirlo, también cuenta con honrosas excepciones.
* Lucio A. Muñoz es socio director de Eurogroup Human Resources.
* El Economista - Opinión - 7.12.12
Foto: corrupción, billetes - google
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EUROPAPRESS/Mallorca* : La Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años y medio más de cárcel para el exdirector general de Ordenación Territorial del Govern y exjefe de Urbanismo de Andratx, Jaume Massot, quien el próximo martes volverá a sentarse en el banquillo de los acusados junto al exasesor jurídico del municipio mallorquín Ignacio Mir y el excelador Jaume Gibert, por permitir que las ruinas que había en terreno protegido se convirtiesen en una vivienda de nueva planta, obviando "deliberadamente" la Ley.
Por estos hechos, el Ministerio Público pide para un año y medio de cárcel para Mir y para el promotor Jerónimo Arbós, dos para Gibert y dos y medio para el propietario de los terrenos, Gaspar Moner, por delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística y falsedad. Asimismo, reclama en su escrito de acusación provisional que los cinco acusados sean condenados también a la demolición de las obras construidas de forma presuntamente ilegal.
En concreto, Massot ya cumple condena en el centro penitenciario de Palma por otros dos flecos de la causa por los mismos ilícitos penales, al igual que Gibert, mientras que Mir ya fue condenado en firme a un año de prisión por la construcción de la vivienda del exalcalde Eugenio Hidalgo con licencia de nave agrícola. En concreto, los hechos, enmarcados en la pieza 13 del caso Andratx, prevén ser juzgados hasta el viernes por el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma.
En su escrito de acusación, la Fiscalía postula cómo Moner, en abril de 1999, convenció a su tía para que solicitase ante el Ayuntamiento una licencia para la rehabilitación y reforma de una vivienda unifamiliar aislada, a pesar de que en la zona, clasificada como Área Rural de Interés Paisajístico (Arip), era imposible autorizar la construcción de una vivienda de nueva planta dado que únicamente existían unas ruinas en el terreno y no una vivienda que reformar.
Así las cosas, la solicitud fue acompañada con un proyecto básico supuestamente inveraz de Arbós, puesto que en él simuló que preexistía una antigua vivienda en buen estado de conservación y que el objetivo de las obras era reformarla. Tras ello, tanto Massot como Mir, según la acusación pública, informaron en favor de la licencia pese a que "no se reunían los requisitos exigidos por la legalidad vigente para la concesión" de la autorización.
DOS LICENCIAS MÁS
Sin embargo, una vez iniciados los trabajos de construcción, Gibert levantó dos actas de suspensión de obras al no ajustarse a la licencia concedida, motivo por el que tres meses después fueron solicitadas otras dos autorizaciones, una de ellas para la 'legalización de la sustitución de la cubierta de la vivienda inicial, cambio de ubicación en la parcela y ampliación de la misma', y otra para la sustitución del cerramiento.
Solicitudes que nuevamente fueron acompañadas por los proyectos básicos y de ejecución de Arbós, mientras que Gibert, siguiendo órdenes "expresas" de Massot, emitió un certificado de antigüedad en el que hizo constar que la vivienda a reformar tenía 43 años, a sabiendas de que únicamente existía una casa de aperos y que la antigüedad debía aproximarse a los 23 años. Tanto Massot como Mir volvieron a informar la licencia favorablemente.
* Telecinco Noticias - EP - 5.12.12
Foto: Andratx (Mallorca), urbanismo - diariodemallorca.es
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GRANADADIGITAL* : Un informe del Centro Unesco de Andalucía sobre la renovación de pavimentos en el barrio granadino del Albaicín advierte de que el uso de aglomerado asfáltico debe evitarse “en cualquier caso” pues es “inadecuado e innecesario” en un entorno de alto valor patrimonial y declarado patrimonio mundial.
El informe, al que ha tenido acceso Efe, señala que en la actualidad la Concejalía de Urbanismo, en colaboración con la empresa de agua Emasagra, está procediendo a la renovación de pavimentos del Callejón de las Tomasas en el Albaicín y que a continuación se hará lo mismo en el Camino Nuevo de San Nicolás.
De este modo, explica el centro, se terminará la actuación en las principales vías de tráfico rodado de la zona alta del barrio, iniciadas en el año 2009, en una intervención que prevé el cambio de los actuales empedrados tradicionales por otros pavimentos pensados fundamentalmente para el tráfico rodado.
Esos otros pavimentos están compuestos por una zona central de adoquín granítico y dos franjas de rodadura de aglomerado asfáltico, mientras que el resto de la calle hasta contactar con las fachadas de los edificios se pavimentará con el mismo tipo de adoquín.
La actuación es similar a la iniciada en la campaña del año 2009 en el Carril de la Lona, Plaza de San Miguel Bajo y Calle de Santa Isabel la Real, que fue finalmente modificada por la intervención de la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, por lo que se eliminaron las franjas de aglomerado asfáltico.
El Centro Unesco Andalucía recuerda que en los últimos años se han remodelado pavimentos en otras zonas del centro histórico de Granada, sobre todo en los barrios de San Matías y el Realejo, en los que, según precisa el informe, “la prioridad funcional y estética parece haber sido el tráfico rodado”.
Al respecto explica que se han introducido franjas de rodadura de aglomerado asfáltico en sustitución de los adoquines o empedrados existentes y se han delimitado las calzadas con numerosas vallas metálicas negras “de gran impacto visual”.
Según la Unesco, la ejecución de las que considera “discutibles actuaciones” no puede implicar directamente su adecuación al Albaicín, pues este barrio está incluido en la lista del patrimonio cultural mundial desde el año 1994, categoría que no posee el resto del centro histórico de la ciudad.
El Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín (PEPRI), vigente desde 1990 y todavía sin revisar, no concreta con suficiente detalle los tipos de pavimentos admitidos en calles, aunque en uno de sus artículos indica que las obras responderán a las características del espacio urbano “con criterio integrador”.
El Centro Unesco señala que el Ayuntamiento de Granada no ha tenido “la prudencia” de solicitar el dictamen previo de la ponencia técnica de la comisión de seguimiento del PEPRI Albaicín, lo que podría haber servido para mejorar el proyecto.
En este sentido, advierte de que el área donde se ejecutan las obras está afectada por el entorno de 50 metros del Bien de Interés Cultural (BIC) Muralla de la Alcazaba Antigua y que por tanto el proyecto de urbanización debe contar con la aprobación previa de la Comisión Provincial del Patrimonio de la Junta.
El Centro UNESCO de Andalucía considera que la mejor solución es mantener los empedrados tradicionales de calidad y que el uso del aglomerado asfáltico debe evitarse “en cualquier caso” pues es “inadecuado e innecesario” en un entorno como el Albaicín.
RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO
El pavimento del callejón de las Tomasas, en la actualidad en obras, será de adoquines. La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada ha informado de que es “absolutamente falsa” la información difundida hoy por la UNESCO donde afirma que se va a poner aglomerado en el barrio del Albaicín.
Isabel Nieto, responsable del área de Urbanismo, ha informado de que el proyecto del Ayuntamiento de Granada para el callejón de las Tomasas se adapta escrupulosamente al dictamen emitido por la Comisión Provincial de Patrimonio.
Así ha explicado que el Ayuntamiento de Granada ha consultado desde el principio a la Junta de Andalucía para acometer este proyecto y que, “como no podía ser de otra forma, hemos acatado su decisión de poner adoquines en esta vía”.
Se da la circunstancia además de que el Ayuntamiento ha aceptado la propuesta de Cultura pese a que los representantes de los vecinos del Albaicín solicitaron dos rodadas para evitar el ruido que provoca el tráfico al pasar por un pavimento de adoquines.
Nieto lamenta la alarma creada por la UNESCO en un barrio tan importante para la ciudad y advierte del daño irreparable que causa a la imagen de Granada este tipo de información.
La concejal de Urbanismo pide a los responsables de la UNESCO que, desde el compromiso que existe entre ambas instituciones por la conservación del patrimonio “en lo sucesivo se pongan en contacto con el Ayuntamiento antes de lanzar informaciones que no son reales”.
* Granada Digital - EFE - 5.12.12
Foto: Granada, calle Albaicín - flickr
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LAINFORMACIÓN* : Más de la mitad de los habitantes del mundo viven en ciudades, y esa población urbana se incrementará hasta el 70% en un brevísimo espacio de tiempo. Se prevé alcanzar esa cifra entre los años 2020 y 2030.
Una de cada 6 personas del mundo vive en la pobreza; en las ciudades, una de cada cuatro vive en un barrio de chabolas, subraya ONU Hábitat, una agencia de Naciones Unidas cuya misión es “promover asentamientos humanos social- y ambientalmente sostenibles y una vivienda adecuada para todos y todas”.
42,5 millones de personas en todo el mundo son refugiados. Algunos de ellos viven en condiciones precarias en campamentos de refugiados como el más grande del mundo: Dadaab, en Kenia. Otros corren mejor suerte en países desarrollados.
Ello sin contar los inmigrantes sin papeles, o a veces con ellos, que cambian de país en busca de un futuro o simplemente los migrantes que cambian el campo por la ciudad.
En la primera década de un nuevo milenio que se antojaba prometedor para muchos hace solo unos años, un total de 227 millones de personas de países en desarrollo han dejado de vivir en infraviviendas. Sin embargo, en 2020 serán 889 millones de personas las que continúen viviendo en situaciones de gran precariedad, según cálculos de Naciones Unidas. Seis de cada 10 africanos sufren esta situación, mientras que en Latinoamérica son 3 de cada 10, destaca la agencia EFE.
Más de la mitad de los habitantes del mundo viven en ciudades, y esa población urbana se incrementará hasta el 70% en un brevísimo espacio de tiempo: se alcanzará esa cifra entre los años 2020 y 2030, advierte ONU Hábitat.
* La Información - María Torrens Tillack - 7.12.12
Foto: Paula Regueira/EFE
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ECOLOGISTAS EN ACCIÓN/Región Murciana* considera desacertado que el Ayuntamiento de Abarán siga apoyando la recalificación de 4,5 millones de metros cuadrados de suelo en el paraje de Casablanca, para la construcción de un complejo urbanístico de 12.000 viviendas con campos de golf, ya que apostar por este tipo de desarrollos urbanísticos es perjudicial para el futuro de nuestro municipio al no responder a ninguna necesidad real. De hecho, el uso del suelo sigue siendo agrícola y es el interés que debe prevalecer a la hora de clasificar el suelo, en un municipio como el de Abarán.
Según esta asociación ecologista, continuar ahora con el apoyo a la recalificación para evitar las compensaciones económicas, es una huida hacia adelante y no soluciona nada: El desarrollo de esta nueva zona urbana, traerá consigo en el futuro nuevos gastos y obligaciones para el municipio, ya que es ineficiente económicamente por los elevados costes energéticos, de mantenimiento de infraestructuras y prestación de servicios públicos. De nuevo hay una falta de visión política a largo plazo y un alto grado de irresponsabilidad.
La mejor opción es renunciar al convenio urbanístico, declarando la nulidad del mismo al recaer en una potestad no negociable, a pesar de que conlleve costes económicos. Esta es, la única manera de poder reconducir la irresponsable actitud del equipo municipal de gobierno que lo firmó en el año 2005. El proyecto era insostenible entonces y sigue siendo insostenible ahora, aseguran, y añaden que el futuro del pueblo de Abarán debe estar por encima del interés particular de un empresario que haya invertido en el negocio del ladrillo.
Según el portavoz de la organización ecologista, Héctor Quijada, “lo que sucede ahora es que el Ayuntamiento se ha topado con la realidad, ha visto como tras el boom del ladrillo viene la ruina económica para la administración local y la constatación de que el milagro inmobiliario no es tal”. Y añade “parece que los gobernantes locales no han aprendido nada tras el estallido de la burbuja inmobiliaria”, en alusión al acuerdo tomado en el último pleno, el cual ha contado con los votos favorables de PP, PSOE y UYD, y en contra de IU y la edil independiente Rosa García.
Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones en contra el proyecto en todas sus fases, el cual pretende la reclasificación de 4.704.451 m2 de suelo No Urbanizable a Urbanizable, junto al Parque Regional, ZEPA y LIC de la Sierra de la Pila. Además, calificaron como “fraude de ley” que el proyecto no fuera sometido a Evaluación Ambiental de Planes y Programas conforme a la Ley 9/2006, lo que llevaría a la realización de una nueva Evaluación Ambiental Estratégica, ya que el principal argumento de la asociación ecologista es que lo que está en juego es el futuro sostenible de todo el municipio de Abarán y no sólo de la finca en cuestión.
Para Quijada, el Plan de Ordenación Municipal de Abarán no puede sustentarse en el desarrollo de un modelo urbanístico y territorial ficticio, causante de la crisis inmobiliaria y que por tanto se encuentra agotado. Es necesario un cambio en la concepción actual del urbanismo, la ordenación del territorio debe considerar el suelo como un recurso natural, escaso y no renovable.
Ecologistas en Acción asegura que las autoridades municipales son perfectas conocedoras de la falta de justificación de esta reclasificación de terrenos en el actual PGMO, por ello solicitan que reconsideren su posición y que declaren la nulidad del convenio realizado.
* Ecologistas en Acción - Murcia - 3.12.12
Foto: Abarán (Murcia) - regmurcia
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ELPAÍS* : Los concursos que Gisa adjudicó en Girona entre 2007 y 2009 sufrieron sustanciales encarecimientos una vez en marcha. Es la principal conclusión que la Sindicatura de Comptes ha sacado tras cumplir el mandato del Parlamento catalán, que le encomendó la detección de posibles anomalías en los procesos de adjudicación de obras investigadas en el caso del clan de los asfalteros, una supuesta trama con la que un grupo de constructoras se repartió el pastel de las obras públicas en la provincia gerundense. El reparto habría contado con la presunta connivencia del gerente de carreteras de Gisa en Girona, Jordi Vergé, despedido tras conocerse la investigación.
Las cuatro principales obras adjudicadas en la provincia durante 2007 y fiscalizadas por la Sindicatura sufrieron desviaciones presupuestarias que supusieron para la Administración incrementos de coste de entre el 21,9% y el 46,1%.
Esa dinámica se repitió en los años sucesivos analizados, por lo que el organismo fiscalizador exige un planteamiento técnico y una supervisión más firme que evite posteriores replanteamientos de obras.
Del informe elaborado por la la Sindicatura también se evidencia un importante peso de elementos subjetivos a la hora de adjudicar las obras. El organismo público reclama a Gisa el establecimiento de “criterios de valoración que se puedan cuantificar mediante la aplicación de una fórmula o de un cálculo de proporcionalidad y ser expresados en cifras o porcentajes”.
De esa forma se evitaría, como acabó sucediendo, que en uno de cada tres concursos abiertos por la empresa encargada de las obras de la Generalitat no se impusiera la empresa que había conseguido la mejor puntuación en los baremos objetivos.
La Sindicatura de Cuentas analizó expedientes de contratación de obras de acondicionamiento de firmes, nudos viarios y rotondas aprobados en 2007 que forman parte de la investigación judicial iniciada en febrero del pasado año.
Prueba del descontrol existente en el control de las obras de Gisa, aquel año el importe total de las obras analizadas ascendía a un presupuesto inicial de 9,13 millones de euros, pero el organismo fiscalizador pone el acento en que si a ese importe se le suma “el del conjunto de proyectos modificados y de obras complementarias adjudicadas posteriormente —no necesariamente a las mismas empresas— el coste total adjudicado” sería de 75,3 millones de euros.
Casos similares sucedieron en 2008 y 2009, según otro trabajo hecho público ayer por la Sindicatura. En ese caso, los ocho expedientes analizados por el ente fiscalizador del Parlamento contaban con un presupuesto conjunto de 137,1 millones de euros, una cifra que creció hasta los 224,16 millones a causa de proyectos modificados y obras complementarias.
El informe, al que ni el Departamento de Economía ni la Oficina Antifraude han aportado información, constata que en seis de los ochos expedientes de 2008 y 2009 podría haberse incumplido el “principio de concurrencia”.
Como en el de 2007, el informe pone énfasis en la necesidad de dar “preponderancia a los criterios objetivos” en los pliegos de bases de los concursos. En otro caso, señala, “hace falta que el informe de la comisión técnica [...] incluya la motivación de la puntuación otorgada”. Sobre todo “si se tiene en cuenta que de los ocho expedientes solo en tres ha resultado adjudicatario el licitador de mayor puntuación en los criterios económicos”, que sí se pueden valorar de forma objetiva.
A causa de que el 50% del baremo se decidía por criterios subjetivos eran indispensables las decisiones que se tomaban en el seno de la comisión técnica de valoración de las propuestas técnicas. Ésta la integraban el director de la división de carreteras, que la presidía, el gerente de planificación y programación operativa y el gerente de carreteras de Girona, que ejercía de secretario. Jordi Vergé, que ocupaba ese último puesto, podía acceder así a valiosa información e influir en las adjudicaciones, por las que presuntamente recibía comisiones. A causa de esa implicación es uno de los imputados en el caso, acusado de cohecho y alteración de precios de concursos y subastas públicas. La empresa pública Gisa se ha personado en la causa, por lo que se libraría de posibles responsabilidades patrimoniales para la entidad.
Algunas de las conclusiones expresadas en el informe de la Sindicatura —que no detecta, no obstante, pruebas de irregularidades punibles— coinciden con las alcanzadas por la Oficina Antifraude cuando analizó las adjudicaciones al clan de los asfalteros desde la Diputacíón de Girona. La OAC consideró en aquel caso que la corporación municipal decidió con criterios “arbitrarios”.
Según las pesquisas judiciales, las empresas salpicadas por el caso actuaban como un cartel que decidía los precios de las obras de carreteras. Se habrían adjudicado hasta 75 concursos en Girona por un valor de 300 millones de euros solo en 2009 y 2010. En enero de este año, el juez que instruye el caso amplió a los ejercicios 2007 y 2008 la investigación para esclarecer las irregularidades.
Recurso tras el robo
Los últimos informes referentes a Gisa también recogen el caso de la contable de la empresa pública denunciada en abril del pasado año acusada de robar 513.107 euros a la empresa pública mediante la falsificación y cobro de diversos cheques. La Sindicatura desvela que la mujer, que habría falsificado la firma de centenares de talones desde 2007 a 2011, se habría apropiado en realidad de un total de 517.452 euros, lo que, a efectos prácticos, habría supuesto un sobrecoste de la obra total ejecutada en esos años. Como consecuencia de ese robo, que Trinidad I. A. utilizaba para cargar en una tarjeta de El Corte Inglés y cubrir su afán consumista, Gisa se ha visto forzada a reformular sus cuentas de 2010 para reflejar el incidente.
Poco después de conocerse el caso, la empresa despidió a la empleada por causas disciplinarias, incumplimiento muy grave, falsedad socumental, premeditación, lucro ilícito y grave perjuicio a la entidad, con agravante de uso de posición en beneficio propio. Aunque la empleada no recurrió el despido sí ha presentado una demanda por reclamación de cantidad de la liquidación.
* El País - DANI CORDERO - 5.12.12
Foto: Sede de Gisa en Barcelona. / MARCEL·LÍ SÀENZ
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