ELPAÍS/Córdoba* : Cajasur murió en una habitación sin ventanas el 21 de mayo de 2010. Los 20 miembros del último Consejo de Administración se reunieron aquella noche en este oscuro salón con las paredes forradas con cuero repujado y los retratos de los prelados que habían presidido la caja durante sus 150 años de vida. En la mesa de la sala de juntas estaba el ultimátum del Banco de España: o la entidad cordobesa firmaba la fusión con Unicaja para tapar el enorme agujero de sus cuentas o los hombres de negro (que no eran, precisamente, sacerdotes) tomarían el mando.
“El deterioro de la caja no admite más dilaciones”, advirtió al inicio de la reunión el presidente de Cajasur, Santiago Gómez Sierra. “Hoy ha habido una retirada de depósitos por importe de 23,8 millones, cuando lo normal estaba en torno a tres”, añadió el sacerdote, que ahora es obispo auxiliar de Sevilla, algo así como el delfín del arzobispo hispalense.
Pero, sorprendentemente, Gómez Sierra no propuso a los consejeros que aprobaran la fusión. Pidió que se votara a favor de enviar una carta al Banco de España en la que, de facto, se solicitaba la intervención de Cajasur. Un suicidio. “La propuesta planteada supone dejar morir al enfermo, desconectarlo de la máquina”, alertó Luisa Ruiz Fernández, consejera nombrada por los socialistas, según el acta de la reunión. El documento retrata el desesperado intento de varios de los consejeros, designados por PSOE, IU y PP, por convencer al sacerdote Gómez Sierra —que controlaba el Consejo— para que aceptara la unión con Unicaja. “El tiempo dirá y pondrá a cada uno en su sitio, pero hay que ser conscientes de que tenemos la oportunidad de evitarlo. Nadie nos perdonará esta decisión”, espetó el exvicepresidente Salvador Blanco (PSOE).
Pero no hubo forma de hacer entrar en razón al sacerdote, que mantenía una difícil relación con Braulio Medel, presidente de Unicaja. Tras un receso de 15 minutos, se produjo la votación: los seis sacerdotes del Consejo, cuatro impositores y el representante Aspromonte, sindicato afín a la Iglesia, aceptaron la propuesta de Gómez Sierra. Cajasur fue intervenida esa misma noche y, posteriormente, vendida a la vasca BBK, que reclamó al FROB 392 millones para hacer frente a la desastrosa situación de la caja controlada por el Cabildo catedralicio de Córdoba. La entidad cerró 2010, el año de su intervención, con 1.100 millones de pérdidas.
Pero ese es el final de la historia. El comienzo hay que buscarlo una década antes. La Iglesia católica también se sumó a la fiesta del ladrillo patrio. En realidad, fue una alumna adelantada de la burbuja en los años en los que controló la extinta Cajasur.
El entramado de créditos y participaciones empresariales que se tejió alrededor de la construcción a principios de este siglo fue lo que llevó a la caja a la quiebra. En el verano de 2009, cuando la crisis del sector ya estaba declarada, la entidad y sus participadas tenían atrapados 1.700 millones: 4.000 viviendas y dos millones de metros cuadrados de suelo.
Cajasur miró al mar. La entidad, de la mano del promotor cordobés Rafael Gómez, imputado en el caso Malaya, recaló en la Costa del Sol, uno de los epicentros de la reciente orgía de ladrillo y corrupción. La entidad también se alió con las constructoras cordobesas Prasa y Sánchez Ramade. La mala política crediticia desbocó la morosidad. En 2004, cuando el Banco de España abrió el primer expediente a los gestores, la tasa de morosidad era del 3,5%, frente al 0,6% del sector. Cinco años después, era del 10,4%, el doble de la media. “La cartera crediticia era una bomba de relojería que tardó en explotar cuatro o cinco años”, dice un antiguo ejecutivo de Cajasur.
El Banco de España ha expedientado a 38 exconsejeros y directivos tras la intervención de 2010. Todos los sancionados (también los sacerdotes) han achacado la ruina de la entidad a la gestión del expresidente Miguel Castillejo, el sacerdote que estuvo al frente 30 años, hasta el verano de 2005. “Cajasur estaba herida de muerte antes de la crisis”, opina un exconsejero de la entidad, que sitúa la génesis del problema entre 2002 y 2004. Durante ese periodo la entidad estuvo bajo la tutela del Gobierno central gracias al amparo que le ofreció Rodrigo Rato, entonces ministro de Economía y ahora protagonista de la quiebra de Bankia.
“Durante esos años Castillejo se desmelenó”, añade el antiguo directivo. Por ejemplo, en diciembre de 2004 la caja tenía concedidos préstamos por valor de 400 millones a Rafael Gómez, 209 a Prasa y 143 a Sánchez Ramade. La entidad sobrepasaba el límite legal del 25% de concentración de riesgos con esos tres grupos: Rafael Gómez (39,1%), Prasa (37,8%) y Sánchez Ramade (30,8%), según el expediente de 2005. El Banco de España advertía: “El 22% de la inversión total se concentra en los segmentos de riesgo promotor y compraventa de suelo. En un considerable número de estas financiaciones se ha apreciado un marcado sesgo especulativo”.
Castillejo dejó la entidad en el verano de 2005, después de que la Junta y la Iglesia cerraran un acuerdo para la vuelta de la caja a la tutela autonómica. El Banco de España ya hacía un estrecho marcaje para que Cajasur recondujera su situación. Pero la crisis y la inestabilidad provocada por la falta de entendimiento en los órganos directivos entre los sacerdotes y los representantes políticos complicaron todo. La caja cambió cuatro veces de director general entre 2007 y 2009.
El Banco de España realizó cuatro inspecciones entre 2005 y 2008. Exigió a la caja “una mayor prudencia en las fases de concesión y seguimiento del riesgo crediticio, especialmente, en el sector inmobiliario”. Pero no se enderezó la situación. El supervisor obligó a Cajasur a finales de 2009 a aceptar un plan de salvación: la fusión con Unicaja. Esa unión no era del agrado de los sacerdotes. Los canónigos viajaron incluso al Vaticano para intentar buscar el respaldo papal.
Los meses transcurrieron sin que se terminara de cerrar el acuerdo con Braulio Medel. Y volvemos al Consejo de Administración de mayo de 2010. La postura de los canónigos no ha cambiado en estos dos años a la hora de defender la sorprendente petición de intervención. “Ha salido beneficiada la plantilla”, afirma uno de los religiosos que asistió al Consejo. El argumento de Gómez Sierra para rechazar la fusión era que no se había firmado el pacto laboral con los sindicatos.
La última propuesta de Unicaja en 2010 suponía un ajuste de 564 empleados en la entidad cordobesa. Tras hacerse cargo de la caja, BBK cerró en 2011 un ERE que ha supuesto la salida de 652 trabajadores de la matriz de Cajasur. Además, se ha despedido a otros 100 trabajadores del grupo de empresas y fundaciones.
“Acudir al FROB ya no tiene sentido alguno”, dijo Andrés Hens (IU) en aquel nocturno Consejo en que se debatía pedir la intervención: “Esta decisión no va a ser entendida por nadie, y los trabajadores los primeros”.
* El País - MANUEL PLANELLES - 25 JUN 2012
Foto: Miembros del patronato de Cajasur, antes de ser intervenida. / F. J. VARGAS
Cajasur, la caja de la Iglesia, también se apuntó a la fiesta del ladrillo
El TSJ abre juicio oral al exalcalde de Torrevieja
ELPAÍS/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha acordado la apertura de juicio oral contra Pedro Ángel Hernández Mateo, exalcalde Torrevieja y en la actualidad diputado autonómico del PP, por una de las cuatro causas en las que está imputado. El TSJ ha dado por concluida la instrucción del sumario abierto al exregidor por supuestos delitos de prevaricación y falsedad documental, vinculados a la adjudicación de la contrata de la basura del municipio en contra de los informes de los técnicos municipales. En el auto, con fecha 22 de junio, el juez requiere al acusado "una fianza de 56.000 euros" por la posible responsabilidad civil en caso de una condena. Si no la depositara, se procedería "al embargo de sus bienes en cantidad bastante para cubrir dicha suma".
El ministerio fiscal pide para el exregidor tres años de prisión, 20 meses de multa con una cuota diaria de 50 euros (un total de 3.000 euros) y cinco años de inhabilitación para cargo público por el supuesto delito de falsedad documental, y de ocho años de inhabilitación por la prevaricación. El Grupo Municipal de Los Verdes en el Ayuntamiento de Torrevieja, presentado como acusación popular, solicita cinco años de cárcel y 14 de inhabilitación.
El Ayuntamiento de Torrevieja, del que Hernández Mateo fue alcalde durante 23 años, adjudicó la contrata de la basura en 2004 a la firma Necso–La Generala. Hernández Mateo validó la concesión a partir de un informe externo elaborado por una consultora que habitualmente trabajaba para la empresa adjudicataria. Además, el regidor aseguró al pleno que había consultado a otros dos bufetes más, extremo que negaron al juez los responsables de sendos despachos.
La causa contra Hernández Mateo la activó el Juzgado de Instrucción número 4 de Torrevieja a raíz de una denuncia del Grupo Municipal de Los Verdes presentada en 2007. En ese año, Hernández Mateo fue elegido también diputado autonómico. Dada la condición de aforado del imputado, el juez de Torrevieja remitió el sumario al Tribunal Superior de Justicia, que ahora acabado ratificando la imputación.
El pasado febrero, en su declaración ante el magistrado del TSJ, Hernández Mateo rechazó haber cometido los delitos que se le imputan, se escudó en sus subordinados y alegó que no leyó el decreto que firmó sobre la adjudicación de la contrata de basura a un grupo de empresas, por cerca de 9,7 millones de euros, contra el criterio manifestado por varios técnicos municipales.
Hernández Mateo tiene pendiente otras tres causas más. La primera es por un supuesto delito de uso privilegiado de información derivado de la compra-venta de una finca con la que ganó 5,2 millones de euros. La segunda imputación es por un supuesto delito electoral vinculado a la autorización de un mitin en un espacio vetado por la junta electoral. Y la tercera indaga un supuesto delitos contra los derechos fundamentales por negarse a celebrar seis plenos municipales.
La oposición exigió la dimisión “inmediata” del diputado del PP. Esther López, de Esquerra Unida considera “incalificable” que Hernández Mateo no deje su escaño por este “enésimo caso de corrupción” que salpica al PP. Por su lado, la diputada de Compromís Mireia Mollà lamentó que los valencianos “tengan que soportar que otro diputado del PP ha sido acusado de un presunto delito de corrupción”. Para Mollà, la apertura de juicio oral contra el exalcalde pone de manifiesto “la debilidad del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que incumple todas sus promesas de tolerancia cero con los casos de corrupción”.
* El País - EZEQUIEL MOLTÓ Alicante 25 JUN 2012
Foto: Torrevieja (Alicante), vertedero - levante-emv.com
La 'trama' del Palacio de Hielo será enjuiciada por el juzgado penal de Granada
GRANADAHOY* : El Juzgado de lo Penal nº6 de la capital será el órgano encargado de enjuiciar al exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada Luis Gerardo García-Royo (PP) y al resto de los acusados por, presuntamente, haber cometido un delito de prevaricación urbanística en la tramitación del Plan Parcial del Cerrillo de Maracena, donde estaba prevista la construcción del Palacio de Hielo, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
El expediente de la presunta trama del Palacio de Hielo ha sido remitido a este órgano de la capital para su enjuiciamiento después de que la jueza que ha investigado el caso, la magistrada de Instrucción 3, haya decretado la apertura de juicio oral. De este modo, ahora, el juzgado penal, cuyo titular es Ernesto Carlos Manzano, habrá de señalar la fecha en la que los encausados, que se enfrentan a penas de inhabilitación de 8 años, tengan que dar las explicaciones oportunas ante la Justicia.
En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía de Granada ha solicitado ocho años de inhabilitación tanto para García-Royo, edil de Urbanismo en el primer mandato de Torres Hurtado, como para el entonces responsable de la Gerencia, Manuel Lorente.
También acusa a tres técnicos municipales, y pide la misma pena para algunos de los principales promotores urbanísticos de la ciudad (José Julián Romero y Manuel José Rodríguez Acosta), a quienes ve "coautores" del supuesto delito de prevaricación. El Ministerio Público ha solicitado también que se declare la nulidad del parcial del plan y la nulidad total del plan de reparcelación subsiguiente.
Según la Fiscalía, el Ayuntamiento habría llevado a cabo esta operación urbanística supuestamente irregular "con la finalidad de obtener cuantiosos ingresos para las arcas municipales y con la aquiescencia de las empresas propietarias de los terrenos del plan parcial", que eran JJ Consulting, Promociones Arcomarex y Caja Rural de Granada. Dichas empresas, según el fiscal, también "obtendrían beneficio de dicha operación al aumentar la edificabilidad de los terrenos".
Así, en marzo de 2005, se dictó por el concejal de Urbanismo García-Royo "a instancias del Servicio de Gestión y Patrimonio Municipal, visado por el gerente de Urbanismo, Manuel Lorente, "una aprobación inicial de convenio para el planeamiento y gestión urbanística del sector".
En junio de ese año, los propietarios de los terrenos anunciaron su voluntad de suscribir dicho convenio y "adquirir los excesos de titularidad municipal de terrenos situados en sistemas generales y excesos de aprovechamientos no atribuibles a otros propietarios". En septiembre, la Junta de Gobierno Local dio el visto bueno y días después se firmó el acuerdo entre el Ayuntamiento y los representantes legales de las empresas promotoras.
"Siguiendo el objetivo trazado -continúa el relato del fiscal- se contenía en el convenio la previsión del compromiso de la Administración municipal de transmitir a la Junta de Compensación, a cambio de su pago en metálico, el aprovechamiento excedentario de titularidad municipal proveniente de los terrenos propiedad del Ayuntamiento en los sistemas generales adscritos, así como los excesos de aprovechamiento no atribuidos a otros propietarios". Todo ello fue siguiendo su trámite administrativo.
Mientras tanto, se constituyó la Junta de Compensación, y "pese a la constancia de que en el sector se hallaban incluidos terrenos propiedad del Ministerio de Fomento y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir", ambas partes no fueron convocadas. Por tanto, se incluyeron en el sector "para el cómputo de las unidades de aprovechamiento a cobrar por el Ayuntamiento y pagar por las empresas interesadas, con el consiguiente aumento irregular de edificabilidad, terrenos que no son propiedad del Ayuntamiento o no generan aprovechamiento al no estar desafectadas del uso público". En total, calcula el fiscal, fueron 33.497, 2 metros.
En su calificación provisional, el fiscal pide además que se archive la causa contra dos de los imputados: Federico Hita -responsable en aquel entonces de Caja Rural de Granada- y un arquitecto. En el procedimiento también es parte acusadora la Abogacía del Estado por la presunta ocupación irregular de suelo público.
* Granada Hoy - 18.6.12
Foto: El plan parcial pretendía desarrollar esta zona de la ciudad.- granadahoy
Condenan a 4 años de inhabilitación a exalcalde de Castilblanco por las casas ilegales de Las Minas
LAINFORMACIÓN/Sevilla* : El Juzgado de lo Penal nº8 de Sevilla ha condenado a cuatro años y tres meses de inhabilitación al exalcalde de Castilblanco de los Arroyos durante 28 años, el independiente Manuel Ruiz Lucas, por un delito de prevaricación administrativa al "consentir" de manera "tácita" la construcción "indiscriminada" en la zona de Las Minas de 900 casas ilegales, haciendo pues "una dejación deliberada de la aplicación de la disciplina urbanística" y permitiendo que se construya "mucho y mal".
En la sentencia, a la que ha tenido acceso EP, la juez considera que el acusado "hizo dejación de sus funciones de garante de la legalidad de forma deliberada y consciente, permitiendo la construcción indiscriminada en zona no urbanizable, con todas las consecuencias que ello conlleva, omitiendo su obligación de actuar, bien incoando expedientes sancionadores tras los decretos de paralización, bien poniendo los hechos en conocimiento de la autoridad judicial o del fiscal".
Todo ello se ha llevado a cabo "a vista y paciencia" del actual concejal en el Ayuntamiento de Castilblanco, añadiendo que "hasta 2001 no existe ninguna actuación del acusado reveladora de la intención de restablecer la legalidad urbanística, pese a ser plenamente conocedor de la misma, no en vano llevaba ya casi 20 años en el cargo". Así, en 2001 dictó un decreto de paralización de una construcción ilegal, al igual que en 2002, mientras que en 2003 dictó 30, en 2004 un total de 35, 43 en 2005 y 21 en 2006.
En estos decretos, el entonces alcalde ordenada suspender las obras y restablecer su situación originaria, con apercibimiento de que en caso contrario se procedería a la incoación del expediente sancionador por parte del Ayuntamiento, aunque la juez considera que el imputado actuó así "para crear una aparente legalidad toda vez que no consta incoado ni un solo expediente sancionador o de demolición, pese a que le constaba el incumplimiento de los decretos de paralización, haciendo pues dejación deliberada de la aplicación de la disciplina urbanística".
"PROPAGANDA ELECTORALISTA"
La juez añade que, en el año 2005 y con ocasión de la elaboración de un Plan General de Ordenación Urbana, aún en trámite, "la especulación en la zona se dispara ante la expectativa de que toda la zona de Las Minas se recalifique como suelo urbanizable, también en parte propiciada por la propaganda electoralista del acusado", y agrega que "prueba de ello es el número de decretos de paralización a partir de aquel año, que crece sensiblemente".
A pesar de que fue requerido por la Junta para que adoptara medidas de restauración del orden urbanístico perturbado, el imputado, que como alcalde tenía delegadas las competencias en materia de Urbanismo, "continua con los decretos de paralización sin ninguna medida efectiva sancionadora y ejemplarizante", prosigue la magistrada, que señala que la construcción de estas casas ilegales comenzó en el año 1976, cuando un particular compró una extensión de 254 hectáreas en Las Minas y comenzó a segregar el terreno formando parcelas de 1.000 metros cuadrados.
Tras ello, procedió a su venta como fincas rústicas y, entre 1976 y 2004, vendió unas 900 parcelas que "no contaban apenas con servicios de agua y luz, existiendo un tendido eléctrico subterráneo en 1979 al que se engancharon varios vecinos que ya habían construido en la zona", e indica que, durante todo este tiempo, "se han venido construyendo numerosas edificaciones de toda índole, sin que se llegue a conocer exactamente su número, desde pequeños chamizos hechos con tablas y caravanas colocadas en una parcela hasta chalets de lujo".
ANTENAS DE TELEVISIÓN, LÍNEAS DE TELÉFONO Y VALLADOS
De manera paralela, "ha crecido de forma similar el número de infraestructuras necesaria para dar servicio a las mismas, tales como líneas de teléfono, eléctricas, vallados y cercas, caminos y antenas de televisión", mientras que, dentro del paraje, la zona que "ha sufrido un mayor grado de degradación es la mal llamada urbanización Las Minas, en donde no se ha mantenido nada de la naturaleza forestal del terreno al estar totalmente urbanizada, pese a ser suelo rústico, y por lo tanto suelo no urbanizable".
Todo esto "ha producido la falta de regeneración del arbolado existente, el secado paulatino de las encinas y alcornoques y la limitación de la fauna", mientras que hay zonas "en las que la basura se encuentra amontonada dentro de las mismas parcelas o en los caminos, con el peligro de propagación de enfermedades infecciosas debido a la presencia de ratas", a lo que se suma además el alto peligro de incendio existente y la difícil evacuación de los vecinos.
Igualmente, "la gran mayoría" de las parcelas edificadas "han realizado sondeos en las mismas para conseguir agua, existiendo numerosos pozos negros donde van a parar las aguas residuales de las viviendas, con el peligro de sobreexplotación de los recursos hídricos", y además existen líneas eléctricas y telefónicas y pozos que no cuentan con la autorización pertinente, así como vertederos "incontrolados".
"SE HA CONSTRUIDO MUCHO Y MAL"
"Se ha construido mucho y mal, toda vez que la distribución urbanística se ha realizado de forma anárquica", concluye la magistrada, que argumenta que, si como alegó el imputado, cuando llegó a la Alcaldía ya existían la gran mayoría de construcciones ilegales, "debió actuar nada más ser nombrado". No obstante, considera que estas construcciones "se han venido realizando desde hace más de 25 años hasta aproximadamente 2006", y que fue gracias a la Guardia Civil "cuando se frenó de manera brusca y considerable el ritmo frenético constructivo en la zona".
Durante su mandado, el acusado "no ha adoptado ninguna medida efectiva para intentar frenar la situación, que ha provocado graves consecuencias medioambientales en la zona y económicas, penales y psicológicas a los habitantes de la misma", pues hay que recordar que por estas construcciones ilegales han sido condenados decenas de propietarios de Las Minas a penas de cárcel "al creer, aún sabiendo que era ilegal, que no pasaría nada y que todo se iba a solucionar".
La juez lo condena a cuatro años y tres meses de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación administrativa, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, mientras que lo absuelve de los delitos de omisión del deber de perseguir delitos y de exacciones ilegales que le imputaba el fiscal.
* La Información - Europa Press - 21.6.12
Foto: Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), urbanización Las Minas - elcorreoweb.es
Andratx.- Massot, Mir y Gibert vuelven mañana al banquillo por amparar la conversión de unas ruinas en viviendas
EUROPAPRESS/Mallorca* : El exjefe de Urbanismo de Andratx y exdirector general de Ordenación del Territorio del Govern Jaume Massot, el exasesor jurídico del municipio mallorquín Ignacio Mir y el excelador Jaume Gibert volverán este lunes al banquillo de los acusados, en el marco de la pieza 5 del caso Andratx, por haber permitido que las ruinas que había en terreno protegido se convirtiesen en viviendas de nueva planta, "obviando torticeramente el contenido de la Ley".
Se trata de unos hechos por los que la acusación particular, ejercida por los letrados Josep de Luis e Isabel Fluxà en representación del Consistorio 'andritxol', reclaman seis años de cárcel para Massot -por presuntos delitos de falsedad, prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio- y dos para Mir -prevaricación y contra la ordenación del territorio- y Gibert -falsedad y contra la ordenación del territorio-.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años de cárcel para Massot- quien cumple condena en el centro penitenciario de Palma por otros dos flecos de la causa- por los mismos ilícitos penales, cuatro meses para Gibert y seis para Mir, quien ya fue condenado en firme a un año de prisión por la construcción de la vivienda del exalcalde Eugenio Hidalgo con licencia de nave agrícola.
Junto a ellos también se encuentran acusados quien fuese propietaria de los solares Antonia Bonet; los compradores de los mismos Antonio Nieto y Antonio Portell; y los arquitectos Neus García, Carlos Salto, Fernando Ferreira y Bartolomé Nicolau, en el marco de un juicio que arrancará a las 9.30 horas y, en principio, está fijado para el lunes, martes, jueves y viernes.
Las acusaciones, en sus escritos de calificación, relatan cómo la propietaria vendió sus terrenos en 1999, no sin antes solicitar licencia de rehabilitación de la supuesta vivienda que allí había ubicada -pese a que sólo existían unas ruinas-, para lo cual fue presentado un proyecto básico por parte de varios de los arquitectos acusados que, falseando la realidad, apuntaban a la existencia del inmueble para posibilidad la concesión de la licencia.
Unos trámites que posibilitaron finalmente que el permiso fuese otorgado, lo que aumentaba considerablemente el valor de venta de las parcelas y un beneficio para la propietaria. Las licencias fueron informadas favorablemente tanto por Massot como por Mir, en lo que constituía, según la acusación particular, "el procedimiento habitual en el Ayuntamiento, bajo las directrices del señor Massot, para que las ruinas pudieran convertirse en viviendas de nueva planta".
Tras ello, relata su escrito de calificación, al que tuvo acceso Europa Press, la nueva propiedad solicitaron en 2002 el cambio de titularidad de las licencias, presentando para ello un proyecto de ejecución que incluía "las mismas falsedades que el anterior" a fin de "dar cobertura de legalidad a la construcción de unas viviendas prohibidas por disposición legal". Todo ello con el "pleno conocimiento" de los promotores, quienes "admitieron que sabían que se iban a derrumbar íntegramente las ruinas y hacer nuevas cimentaciones".
* Europa Press - 24.6.12
Foto: Andratx (Mallorca), juicio Massot, Mir y Gibert (archivo) - ep
La Vila Joiosa.- El Supremo ratifica la ilegalidad del complejo hotelero Atrium
ELPAÍS/Alicante* : El Tribunal Supremo ha ratificado la anulación del intento del Ayuntamiento de La Vila Joiosa de legalizar el complejo hotelero Atrium Beach, rebautizado como La Vila Resort. En 2003, tras dos accidentes laborales con tres muertos, trascendió que el complejo tenía un exceso de edificabilidad de 53.000 metros cuadrados.
En una sentencia votada por la sala de lo Contencioso Administrativo el 22 de mayo, el alto tribunal ratifica un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de julio de 2008 que anuló la decisión del pleno de La Vila, del 20 de octubre de 2005, por la que se aprobó un Plan de Reforma Interior y Mejora (PRIM) para el hotel. Este instrumento legalizó el exceso de edificabilidad del Atrium y sirvió de base para la concesión por parte del Gobierno local, entonces en manos del PP, de la licencia de obras en diciembre de 2006.
La promotora del Atrium presentó recurso de casación al Supremo el 21 de octubre de 2008. El alto tribunal lo ha desestimado, imponiendo a la empresa las costas. El Supremo recuerda, en términos muy duros contra el Ayuntamiento de La Vila, que el PRIM “persigue lograr una edificabilidad suficiente para legalizar la construcción ilegal; y para ello dota de un coeficiente de edificabilidad elevado el suelo dotacional privado, que se convierte en público, para transferir dicha edificabilidad a la construcción ilegal, quedando desplazado el interés general por el interés particular”. “El Ayuntamiento de Villajoyosa no ejercitó sus potestades con el objeto de satisfacer el interés público del municipio”, agrega.
Además de cuestionar que el plan de reforma fuera propuesto por el mismo infractor, la sentencia también se significa con dureza contra el mismo. “El complejo construido parte de una situación de falta de licencia, sin que sea posible la modificación o ampliación de la licencia original por haberse agotado la edificabilidad, tratándose de una cuestión de grave ilicitud, intensa y de una relevancia nada desdeñable”.
La propiedad del hotel afirma que tiene la licencia de obras en vigor y que la definitiva anulación del PRIM no afecta a la legalidad de lo realizado. El exedil de Iniciativa Independiente Pedro Lloret, que recurrió su tramitación, considera que “el instrumento de planeamiento que amparó la licencia ya no existe”, por lo que entiende que “la licencia podría ser anulada”. Lloret presentará otro contencioso para solicitar su nulidad.
* El País - ARTUR BALAGUER - 19.6.12
Foto: La Vila (Alicante), hotel Atrium - elpais.com
El Algarrobico: una foto fija del fracaso
JUAN LUIS SÁNCHEZ* : El Algarrobico. Ese gran hotel inacabado en una de las playas vírgenes de la costa andaluza, en el Cabo de Gata de Almería. Una gran ballena blanca de cemento en cuyo estómago toneladas de material de obra esperan a ser colocadas o retiradas. Una primera tentación, con más de 21 plantas y 400 habitaciones, de lo que iba a ser un complejo turístico de cientos de hectáreas. Un proyecto estelar parado al 94% de finalización de la obra porque se declara ilegal. Un laberinto judicial y político imposible de desentrañar. Una toma falsa del progreso. Una foto fija del fracaso.
El hotel es ilegal según varias sentencias: ilegal porque está construído a 14 metros de la playa. Ilegal porque el suelo forma parte de un parque natural protegido. Pero los procesos judiciales se eternizan, se acumulan los recursos, las instancias y plazos, que aparecen tras la esquina cuando ya parecía que estaba todo claro. Uno de los más importantes se ha aclarado hace dos días: el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, como ya hizo el Supremo, confirma que el suelo sobre el que se levanta El Algarrobico no es urbanizable.
Resumido de la manera más breve posible: la promotora Azata del Sol comenzó a construir El Algarrobico en mayo de 2003 sobre un suelo, dentro del parque natural, recalificado como urbanizable por el Ayuntamiento de Carboneras (entonces PSOE) y con el empeño de la Junta de Andalucía (PSOE) y el Ministerio de Medio Ambiente (entonces PP). Azata del Sol tenía todos los papeles en regla y apoyo político para el proyecto, que incluía varios hoteles y un complejo turístico a gran escala.
En febrero de 2006, cuatro meses antes de su inauguración y con el 94% del hotel construido, un juez ordenó la paralización de las obras porque parte del edificio estaba dentro de los 100 metros que se marcan para separar la costa del suelo urbanizado. Tras aquello, una retahíla de recursos y pleitos relacionados, hasta 36. Fue entonces cuando el Ministerio de Medio Ambiente (ya del PSOE) dio un giro y anunció que el hotel sería expropiado y el paraje restituido. La ministra que tomó esta decisión fue Cristina Narbona, con buena fama en muchos ambientes ecologistas.
Sin embargo, ni Cristina Narbona, ni Elena Espinosa ni Rosa Aguilar derribaron El Algarrobico; todas se comprometieron a hacerlo. Greenpeace tomó el hotel justo antes de la campaña electoral del 20-N de 2011, intentando que la suma de la presión electoral, los compromisos de Aguilar y el papel de Cristina Narbona como coordinadora de la campaña de Rubalcaba dieran algún resultado. Nada.
Bueno, algo: la Junta de Andalucía y el Gobierno se comprometieron a hacerse cargo del coste de una posible demolición de El Algarrobico cuando todos los cauces legales estuvieran agotados. Pero hay crisis. Demoler un edificio que a su vez ya ha necesitado una inversión millonaria suena a despilfarro.
Y ante eso, Greenpeace afirma que El Algarrobico puede ser derribado por mucho menos dinero del que en su día aseguró el Gobierno –una cifra que rondaba los 100 millones de euros– e incluso por debajo de los 8,5 que había calculado la Junta de Andalucía solo para la demolición, sin tener en cuenta la rehabilitación de la zona.
La organización ecologista acaba de proponer un proceso para “desmantelar selectivamente” el edificio sin llevar a cabo una demolición tradicional, que además es muy agresiva para el medio ambiente, basado en la participación ciudadana y con un coste de 7,3 milones de euros.
El plan que propone Greenpeace, junto al equipo de arquitectos n’Undo, es:
Convertir la playa, hasta que esté totalmente restaurada, en un “centro de recuperación del entorno”, una especie de museo participativo de lo que nunca debió ocurrir.
Organizar actividades, exposiciones, cursos, congresos e investigaciones sobre medio ambiente o, por ejemplo, para “pruebas de sismo-resistencia de edificios”.
Implicar a instituciones, colegios, empresa y colectivos sociales, con “un papel prioritario” para los de ámbito local.
Paralelamente a estas actividades, se proyecta un desmantelamiento de El Algarrobico para eliminar la parte de la construcción que deteriora el medio ambiente y recuperar el entorno.
Para todo este proceso, el proyecto calcula que se crearán “379 puestos de trabajo”. La propuesta completa puede consultarse en este enlace.
El tema del empleo es el argumento preferido para apostar, a pesar de todo, por que el hotel abra. La mayoría de los vecinos de Carboneras sigue diciendo que la apertura de El Algarrobico sería una muy buena oportunidad para darle algo de trabajo al pueblo. Esto nos decían en mayo de 2011, justo al pie del hotel, concentrados contra la última acción de Greenpeace en su interior.
Los ecologistas responden que el modelo productivo del ladrillazo no nos llevará a ningún sitio, aunque cree empleo rápido puntualmente. Que el respeto al medio ambiente nos protege del futuro. Que el lujo es una playa virgen, no un hotel de cinco estrellas.
* El Diario.es - Zona Crítica - 14.6.2012
Foto: El Algarrobico demolición - greenpeace.org
Barcelona.- La Rotonda se atasca
ELPERIÓDICO* : Que la Rotonda presente un estado deplorable no beneficia a nadie. El propietario planea construir un edificio de oficinas. Los vecinos exigen más protección para el inmueble y que no se levante un mamotreto que engulla la obra modernista. El futuro alcalde, Xavier Trias, cree que sería mejor un hotel. Y el ayuntamiento implora una solución rápida para recuperar uno de los mejores señuelos turísticos de la zona alta. La Rotonda agoniza y no es ninguna broma. Núñez y Navarro tiene licencia de obra desde el 21 de enero. Pactó entonces con el ayuntamiento empezar a picar piedra en dos meses, pero la complejidad del trabajo, un presupuesto desorbitado y las dos querellas presentadas por una plataforma vecinal atascan su resurrección. ¿Hasta cuándo?
En el epicentro de la polémica aguarda un edificio de gran valor arquitectónico para la ciudad y de inmenso valor sentimental para el barrio de Sant Gervasi.
Allí todos tienen un primo, una tía abuela o un amigo que se casó en los salones del hotel que años después se convertiría, siniestra ironía, en un hospital para enfermos terminales. Todo hacía pensar que esta ocasión era la buena, que Josep Lluís Núñez, una vez conseguido el permiso, recuperaría los años gloriosos del doctor Andreu y la ciudad jardín de la avenida del Tibidabo. Pero no, un cúmulo de obstáculos están dilatando la reforma. Un portavoz de la empresa asegura que proyectos de esta envergadura «requieren un cuidado especial», y señala que, «aunque no se vea», la obra ya ha empezado con la adjudicación del andamiaje» y los «estudios técnicos previos».
El padre de la cosa, el arquitecto Alfredo Arribas, admite que hay «mucho miedo por empezar a tocar el edificio, dada su fragilidad», y adelanta que hasta que no se instale la estructura metálica de refuerzo «no se conocerá el estado real de la finca». Reconoce, además, que las «circunstancias que envuelven el proyecto -la presión de los vecinos, el elevado presupuesto, la presencia de una farmacia en los bajos- hace que todo sea un poco más complicado», y lamenta que el barrio haya sido «engañado sistemáticamente por gente con intereses personales».
Ángels Garci, portavoz de la Plataforma Salvem la Rotonda, sostiene que su intención no es «ir contra nadie», sino «luchar para que se hagan las cosas bien para luego desaparecer como un azucarillo en una taza de café». Este grupo de indignados con Núñez y Navarro ha presentado dos demandas: una contra el plan de mejora avalado por un pleno municipal en el 2008 y otra contra la aprobación de la licencia de obra.
TRIAS PREFIERE UN HOTEL // El portavoz de la compañía explica que las denuncias «no influirán» en sus decisiones porque tienen todos los permisos «y la legitimidad para sacar adelante el proyecto». ¿Y cuándo se verá actividad en la Rotonda? «Esperamos que sea antes de fin de año», profetiza, definiendo unos plazos que no sentarán nada bien en la concejalía de Urbanismo, después de que a finales de enero pactaran con Núñez y Navarro que la obra empezaría antes de dos meses.
El cambio de gobierno local puede añadir más pimienta al asunto. Xavier Trias, tras un mitin celebrado frente a la finca modernista el 9 de mayo, explicó a este diario que la Rotonda «debería ser un hotel» porque ahí «no hacen falta oficinas». «Nos sentaremos con el señor Núñez. Le conozco hace muchos años y sabe bien lo que hace», explicaba el futuro alcalde. «Todo es posible, todavía estamos a tiempo. ¿Pero lo pagará él?», responden en Núñez y Navarro. Sin calendario y con tantos interrogantes, la única víctima que paga el pato por ahora es el edificio.
Enlaces: http://salvemlarotonda.blogspot.com.es/2012/05/les-bastides-de-la-rotonda-i-la-camisa.html
* El Periódico - CARLOS MÁRQUEZ DANIEL - 26.5.12
Foto: Barcelona, edificio Rotonda y nueva construccion - salvemlarotonda
Esto es patrimonio, ¿y qué?
ELPAÍS/Valencia* : Nada se ha hecho con el plan de recuperar los restos del primer molino árabe de la huerta, hallados en 1996 en Valencia.
La huerta valenciana se ensalza como uno de los pilares sobre los que se edifica el imaginario colectivo de Valencia. La huerta pudo extenderse y crecer gracias a la labor del Tribunal de las Aguas. Y, este, a su vez, ha proporcionado a la ciudad la distinción de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La Unesco reconoce que se trata de "un testimonio único de la justicia y el gobierno democrático y autogestionario de las aguas por parte de los campesinos andalusíes en el ámbito de las huertas que rodeaban las grandes ciudades de la fachada mediterránea de la Península Ibérica". Precisamente este jurado de riegos dirimía los conflictos de varias acequias, entre ellas la conocida como Rovella.
El agua de esta acequia que atravesaba el hoy denominado barrio de El Carme movía el molino árabe que se descubrió en 1996 en la calle de Salvador Giner. Se halló en un solar a raíz de los trabajos arqueológicos previos a una construcción de viviendas privadas. Fue un gran hallazgo, y como tal se celebró entonces. Un pedazo de la historia de la ciudad, de su pasado islámico; el primer testimonio material de la huerta de Valencia, una expresión de la civilización del entorno, de la sofisticación de la cultura andalusí. Se adoptaron medidas en consecuencia: se anunció su protección, se modificó el Pepri del barrio, se elaboraron distintos informes, se lanzaron proclamas políticas sobre la importancia del patrimonio…
En 2006, el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver manifestó que un estudio de detalle permitiría crear un espacio libre de uso público de más de 1.100 metros cuadrados que se sitúan alrededor de las ruinas del molino islámico y en una plaza interior.
Hoy, los restos del molino de época islámica, amortizado en época califal, son más restos que nunca, como muestran las imágenes. Había que solucionar distintas cuestiones legales y procedimentales, pero nunca se ha hecho lo que se decía y nunca se ha puesto en valor el descubrimiento arqueológico. Cayó en el saco sin fondo de los proyectos publicitados pero nunca realizados, como en el plan de la muralla árabe de Valencia.
Ahora, el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Valencia va a presentar una moción que, al mismo tiempo que denuncia la situación, pretende salvar, conservar y exhibir lo que queda de molino árabe. "Es lamentable lo que ha pasado con esta joya arqueológica y pone de manifiesto el verdadero interés de los gobernantes de Valencia por su patrimonio", afirma el concejal socialista Salvador Broseta. "Y recordemos que los restos arqueológicos, declarados bien de relevancia local, se encontraron además en un ámbito también que forma parte de un Bien de Interés Cultural como es Ciutat Vella", añade el concejal.
* El País - 17.6.12
Foto: Los restos del molino árabe, en el solar lleno de maleza. / CARLES FRANCESC
Una treintena de entidades sociales rechazan el modelo urbanístico del alcalde de Sevilla
SEVILLAACTUALIDAD* : Denuncian la ausencia de diálogo en la planificación de la movilidad en el centro o la modificación del PGOU.
Hasta 27 organizaciones sociales, las que conforman la plataforma ‘Compromiso Social para el Progreso de Sevilla’, han mostrado hoy su rechazo al modelo urbanístico y de planificación viaria del alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido.
Así, según esta plataforma, el actual gobierno del Ayuntamiento de Sevilla “ha apostado durante su primer año de mandato por medidas de movilidad claramente contrarias a los intereses ciudadanos para el centro de nuestra ciudad, situándose en contra de las directrices autonómicas, estatales y europeas que inciden en la necesidad de fomentar el transporte público y la preferencia del peatón en los centros históricos urbanos”.
“La eliminación del Plan Centro, en unión a la inexistencia de una planificación alternativa destinada a limitar el tráfico y la velocidad de paso en la zona, ha significado un grave paso atrás y una clara degradación de la calidad de vida de los residentes y los usuarios del entorno. Una situación que se muestra especialmente patente en vías como Águilas, Zaragoza o Baños en las que ni siquiera se respetan unas condiciones mínimas de accesibilidad universal en el espacio público”.
Compromiso Social para el Progreso de Sevilla se opone “frontalmente a la nueva regulación urbanística iniciada por el Ayuntamiento, por no estar consensuada con el movimiento ciudadano, al entender que las propuestas de modificación del Plan General de Ordenación Urbana vigente parecen ser concebidas para favorecer iniciativas privadas claramente opuestas al interés público así como para fomentar el acceso en automóvil privado al centro de la ciudad, situaciones graves que nos llevan a solicitar la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento del PGOU”, informa en nota de prensa.
“La recalificación de la antigua comisaría de la Gavidia con el fin de crear un nuevo centro comercial en la zona, así como la derogación de la prohibición de que se construyan aparcamientos rotatorios en el Centro Histórico, son transformaciones de gran calado que no pueden adoptarse sin la existencia de ningún tipo de justificación técnica y en base al consenso social, especialmente si tenemos en cuenta las graves incidencias sociales, medioambientales y económicas que ocasiona un aumento incontrolado del volumen de tráfico que accede al centro”.
“Las políticas de movilidad, tráfico y transporte tienen también un impacto en la salud de las personas”, añade. “Según el modelo de ciudad, se puede facilitar o impedir el uso de los espacios públicos, con las consecuencias que esto tiene para toda la población, pero de manera especial para la infancia (donde estos espacios son fundamentales para desplazarse andando, jugar y llevar una vida activa en condiciones seguras), las personas mayores y de movilidad reducida”.
“Una adecuada política de movilidad, tráfico y transporte, se asocia a una reducción de lesiones por accidentes y a una disminución del impacto negativo en la salud de la contaminación atmosférica y acústica. Pero va aún más allá, ya que facilita la actividad física (caminar, jugar, etc.) y la cohesión social, permitiendo espacios para compartir entre niños, niñas, personas adultas y mayores”, entiende la plataforma.
Compromiso Social para el Progreso de Sevilla se opone, también, “de manera directa a las políticas desarrolladas en nuestra ciudad que se está dando la espalda a los intereses de los ciudadanos a través de iniciativas como la construcción de un aparcamiento en la Alameda de Hércules o la eliminación de obras aprobadas para todos los distritos de la ciudad por valor de 30 millones de euros con el fin de construir la SE-35 a través de un parque público”.
Por otro lado, considera que las políticas de movilidad “deben afrontarse desde una perspectiva global, más allá del casco histórico y atendiendo al conjunto de barrios, distritos y espacios industriales de la ciudad, de sus déficits y retos a medio plazo para mejorar la accesibilidad, la movilidad de las personas y facilitar el desarrollo económico y la generación de empleo”.
“En este sentido, y desde la necesidad de apostar por el mayor de los consensos en cuestiones de tamaña envergadura y trascendencia para la ciudad, reclamamos al Ayuntamiento que apueste por la elaboración participativa de un Plan General de Movilidad Urbana Sostenible. Queremos hacer mención, de igual forma, a la capacidad de la movilidad sostenible como sector emergente y potencial generador de miles de empleos, tal y como resalta la propia Estrategia Europa 2020”, sostienen.
* Sevilla Actualidad - 19.6.12
Foto: Denuncian la estrechez calle Feria - sa
Cambiazo urbanístico en Valladolid
ELPAÍS* : Alguien le dio el cambiazo al urbanismo de Valladolid. Una o varias personas modificaron más de 60 artículos y cinco planos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2003 una vez este ya había sido aprobado. Lo hicieron pensando que nadie se daría cuenta de ello. Y casi lo consiguen. Es un hecho peculiar entre los muchos casos de corrupción urbanística que han castigado a España y afecta al alcalde León de la Riva, el más lenguaraz de cuantos alcaldes tiene el PP en las capitales de provincia. Acostumbrado a hablar más de la cuenta y a patinar con sus comentarios sexistas, calla en este caso: acaba de ser imputado por un juez y tendrá que declarar el 12 de julio.
El caso ni siquiera tiene nombre. No viene precedido de una operación policial. No hay intervenciones telefónicas que amenicen la investigación, ese tipo de jugosa conversación entre el que compra y el que se vende. En el asunto del cambiazo de Valladolid no hay este tipo de divertimento, sino una suma de denuncias, de procedimientos administrativos con sus plazos correspondientes, de informes técnicos que debe ser cotejados y de sentencias de anulación. Es el lento proceder de la Administración, sumado al más lento de la justicia. Entre tanto tecnicismo, solo hay dos detalles que llaman la atención a cualquiera. Uno es el informe policial donde se identifica que el cambiazo se ejecutó en un ordenador. El otro es el testimonio de un religioso que viene a significar que el alcalde estaba al tanto de los retoques en una parcela que afectaba a Cáritas.
El cambiazo se ejecuta entre el 23 de septiembre y el 15 de diciembre del año 2003, así que han pasado casi diez años de aquellos hechos. La policía determina que esas modificaciones se hacen en un solo ordenador, e identifica que pertenece a un funcionario, que es el arquitecto municipal Luis Álvarez Aller, pero... su contraseña era de dominio público, así que Aller o cualquier otro pudo o pudieron hacer modificaciones en un plan ya aprobado.
El caso ni siquiera tiene nombre. No viene precedido de una operación policial. No hay intervenciones telefónicas que amenicen la investigación, ese tipo de jugosa conversación entre el que compra y el que se vende. En el asunto del cambiazo de Valladolid no hay este tipo de divertimento, sino una suma de denuncias, de procedimientos administrativos con sus plazos correspondientes, de informes técnicos que debe ser cotejados y de sentencias de anulación. Es el lento proceder de la Administración, sumado al más lento de la justicia. Entre tanto tecnicismo, solo hay dos detalles que llaman la atención a cualquiera. Uno es el informe policial donde se identifica que el cambiazo se ejecutó en un ordenador. El otro es el testimonio de un religioso que viene a significar que el alcalde estaba al tanto de los retoques en una parcela que afectaba a Cáritas.
El cambiazo se ejecuta entre el 23 de septiembre y el 15 de diciembre del año 2003, así que han pasado casi diez años de aquellos hechos. La policía determina que esas modificaciones se hacen en un solo ordenador, e identifica que pertenece a un funcionario, que es el arquitecto municipal Luis Álvarez Aller, pero... su contraseña era de dominio público, así que Aller o cualquier otro pudo o pudieron hacer modificaciones en un plan ya aprobado.
Otro caso: el artículo 368. Se refiere a otros usos que se le pueden dar a las edificaciones. Esta vez aparece un párrafo nuevo, que dice lo siguiente: “En Industria urbana en edificaciones catalogadas se admiten también usos de comercio y servicios, hostelería y hospedaje hasta el 100%”. Esta inclusión parece hecha a la carta para que la antigua fábrica de Harinas La Perla, situada en el desagüe del Canal de Castilla y construida en 1851, recibiera licencia en 2006 para transformarse en un hotel de cinco estrellas. Lo que es curioso en este caso fue que el propietario de dicha fábrica solicitó que en el plan general se permitiera la recalificación de la fábrica para uso hostelero y fue denegada en 2002. ¿Qué pasó para que en aquel día de 2003 se permitiera lo que se había denegado con anterioridad?
Y así hasta más de 60 artículos y cinco planos del texto aprobado. La justicia trata de desentrañar dos cuestiones en este asunto: quiénes lo hicieron y a quiénes favorecieron. Porque el Ayuntamiento no se ha beneficiado de casi ninguna de estas modificaciones. Más bien, al contrario. De hecho, hay tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anulan 11 artículos y 5 planos.
¿Qué ha tenido que ver el alcalde de Valladolid con todo esto? ¿Dónde podría intervenir si son cuestiones áridas y técnicas, propias de expertos? Podría decirse que León de la Riva es un verso suelto en el PP, si no fuera porque sus declaraciones más llamativas poco tienen que ver con la gestión política. León de la Riva tiene un concepto muy discutible de la dialéctica, sobre todo cuando se refiere a sus rivales y máxime si estos son mujeres. Compañeras de partido le han afeado la conducta, pero no han conseguido que rectifique. El último exabrupto es de hace unos días, cuando hizo una alusión a la cartera básica de servicios en la sanidad púlica y añadió que deben quedar fuera “los cambios de sexo y el trasplante de cerebro”.
Ginecólogo de profesión, se le atribuyó en su día, en las filas de su propio partido, no tener más méritos que ser el ginecólogo de Ana Botella, la mujer de Aznar, de quien fue consejero de Cultura en la Junta. Lleva en la alcaldía de Valladolid desde 1995. Es uno de los diplodocus del PP en las capitales y logró salvarse de una renovación cantada en las pasadas municipales, en las que obtuvo su mejor resultado electoral.
El alcalde no quiso hacer declaraciones a este periódico, pero fuentes municipales añaden que los errores en el plan “han sido subsanados antes y después de la sentencia de 2005” y que se hizo una investigación interna cuyos resultados fueron enviados a la policía judicial.
León de la Riva se ha vanagloriado de muchas cosas en Valladolid. Y una de ellas es que no se mueve un papel en el municipio sin su conocimiento. Un religioso que ha testificado en el proceso confesó que el alcalde sabía lo que estaba pasando a cuenta de una modificación en un terreno de Cáritas que permitió edificar un aparcamiento subterráneo.
El polémico ático de León de la Riva
A León de la Riva le persiguen las denuncias por casos urbanísticos de un tiempo a esta parte. Al menos desde 2006, cuando se supo que un hijo suyo había sido favorecido con un piso en un sorteo de una promoción de 1.713 viviendas de protección oficial conocida como Villa del Prado. En aquel entonces, el alcalde se limitó a asegurar que su hijo vivía emancipado y que había tenido mucha suerte en el sorteo.
Sin embargo, poco después, se vio involucrado en otro caso que aún tiene pendiente cuentas con la justicia. Por su condición de alcalde, León de la Riva era vicepresidente de Caja Duero, entidad bancaria que poseía un edificio en uno de los mejores puntos de la ciudad, el paseo José Zorrilla. La entidad bancaria vendió ese inmueble a una constructora para su reconversión en un lujoso edificio de viviendas y oficinas, coronado por una serie de áticos. Entre quienes acudieron a reservar vivienda se encontraban conocidos futbolistas, como Fernando Hierro y Raúl, y vecinos notables de la ciudad. Pero también acudió el alcalde, que se compró un ático. Fue un viernes cuando se aprobó la licencia para la remodelación del edificio (en la que el alcalde no se abstuvo) y fue el lunes cuando el alcalde obtuvo una hipoteca de la entidad Caja Duero para adquirir el inmueble.
Desde que se aprobó la remodelación, el edificio no ha dejado de sufrir percances. Primero fueron una serie de denuncias presentadas por las combativas asociaciones de vecinos de la ciudad: el inmueble tenía exceso de edificabilidad (a los áticos originales se les añadieron otros áticos, que eran unos antiguos trasteros), alteración de fachadas y cambio de usos. Esas denuncias motivaron tres sentencias favorables del Tribunal de Justicia de Valladolid. Sentencias que exigen, entre otras cosas, el derribo de los áticos. Naturalmente, los propietarios pedirán las correspondientes indemnizaciones al consistorio por otorgar una licencia que tenía tantas irregularidades. Ahora la fiscalía de la Audiencia Provincial ha abierto diligencias y va a estudiar si se aprecia delito en la conducta del alcalde. En este episodio están presentes técnicos y concejales imputados en el caso del Plan General.
* El País - LUIS GÓMEZ - 18 JUN 2012
Foto: Valladolid, alcalde - EP
Los urbanistas cargan contra el proyecto Eurovegas y cuestionan su legalidad
ELPAÍS/Barcelona* : Tres organizaciones profesionales de urbanistas han consensuado un manifiesto en el que se cuestiona que el macroproyecto de Eurovegas encaje en las leyes y el planeamiento urbanístico vigentes, arrementen contra la Generalitat por el procedimiento que ha seguido hasta ahora y alertan de que la situación de excepcionalidad no está justificada. El manifiesto, que esta mañana ha sido debatido durante un concurrido debate en el Colegio de Arquitectos de Cataluña (Coac), lo firman la Agrupación de Arquitectos Urbanistas de Cataluña, la Asociación Española de Técnicos Urbanistas y la Sociedad Catalana de Ordenación del territorio, adscrita al Institut d'Estudis Catalans.
La sala de actos del COAC se ha quedado pequeña para albergar el debate sobre un proyecto que ha recibido el primer bofetón por parte del decano, Lluís Comerón, sobre la falta de transparencia del Gobierno de Artur Mas al respecto: "No han respondido a nuestra petición de información". Tras dos horas de duras intervenciones, todas contrarias al proyecto menos una, y reiteradas peticiones a Comerón para que se posicionara, el decano ha manifestado que el colegio "hace suya la voz escuchada durante el debate": "De lo que conocemos, no estamos a favor, pero no nos posicionaremos definitivamente hasta que no conozcamos el proyecto", ha dicho Comerón, que ha advertido: "Presenta muchos problemas y habrá que ver si, además de legal, es legítimo".
El representante de la Agrupación de Arquitectos, Xavier Matilla, ha sido el primero en intervenir y ha aprovechado la para presentar públicamente el documento de los tres colegios profesionales. De manera muy gráfica ha definido Eurovegas como “triple nini: ni es de interés público, ni atiende a principios éticos urbanísticos, ni ha sido sometido a pruebas de transparencia”.
Los urbanistas aseguran en el texto que en actual momento de crisis económica es preciso más que nunca, la correcta planificación del entorno y reclaman la vigencia de la llamada Declaración Brundtland de 1987, que considera el desarrollo sostenible aquel que no compromete a futuras generaciones. También reclaman un turismo de calidad como un valor añadido del urbanismo y alertan de que nada justifica que se empleen procedimientos de excepcionalidad en la planificación del territorio con el argumento de que se trata de situaciones de singularidad.
Los firmantes recuerdan que, de ser cierta la ubicación del macroproyecto entre los términos de Viladecans y Sant Boi, se vería afectado el 27% de las 2.938 hectáreas que ocupa el parque agrario del Baix Llobregat, creado en 1998 y que tiene entre sus objetivos la promoción de los usos agrícolas como una inversión de futuro.
El manifiesto se pregunta en qué consistiría realmente Eurovegas, qué edificabilidad tendría el proyecto, qué infraestructuras comportaría, qué consumos de recursos se prevén y qué nivel de emisiones y fuentes de energía se emplearían. También se interrogan sobre cómo se justificaría el interés público de la actuación, cómo se garantizaría la lealtad entre la Generalitat y los Ayuntamientos afectados y cómo se realizaría la evaluación de impacto ambiental.
Finalmente, las tres asociaciones de urbanistas preguntan en cuántas fases se ejecutaría el proyecto, en qué momento está previsto someterlo a información en los municipios afectados y qué tiempo se prevé de tramitación. Tampoco se deja pasar la ocasión para interrogarse sobre qué ubicaciones se han barajado hasta ahora y bajo qué principios o criterios.
Entre las intervenciones de este mediodía en el COAC, las de los juristas expertos en urbanismo Agustí Jover -que ha dicho que la falta de transparencia le impide estar a favor o en contra, pero ha exigido que se cumpla la ley- y Carles Pareja. Este ha alertado de que por restrictivas que sean las leyes, se pueden modificar: "Nada impediría que se hiciera una ley a medida de Eurovegas, como ocurrió con Port Aventura”, ha dicho, y tras mostrar la "inquiedud" que le suscita el silencio de la Generalitat y ha vaticinado que pese a la protección de la que goza, a los propietarios del parque agrario "se les expropiará a valor de suelo rústico", y todos contentos. Pareja se ha mostrado confiado en que la ley europea que "prohíbe que las Administraciones puedan favorecer a un determinado grupo privado en pro de la libre competencia" paralicen el proyecto.
El geógrafo Francesc Muñoz ha puntualizado que si bien es cierto que se tiene poca información del proyecto "sí tenemos mucha información muchísima sobre el impacto que este tipo de proyectos XXL, king size o urbanismo fast food tienen en el territorio". Muñoz, autor del concepto urbanalización, la banalización de las ciudades ha criticado sin tapujos "unos proyectos que dialogan poco o nada con el entorno, son islas de actividad que generan urbanismo especializado, lejos de lo que se defiende desde las propias Administraciones". El geógrafo ha alertado, finalmente, de que ha costado décadas que Barcelona y Cataluña se hayan convertido en referentes europeos líderes en urbanismo y paisaje. La bióloga Anna Zahonero ha hablado de Eurovegas como "artefacto sobre el territorio" y ha hablado de la insostenibilidad de los consumos de agua o energéticos que conllevaría el macrocomplejo, además de recordar que el estado donde se encuentra Las Vegas, Nevada, bate récords en índice de paro.
Desde la fila cero de arquitectos, Xavier Monteys ha ironizado que Barcelona "se ha ganado a pulso el proyecto queriendo ser olímpicos y hacer el Fórum"; Àgapit Borràs ha alertado de la fragilidad que podría tener la protección del delta del Llobregat y ha rechazado el discurso que defiende Eurovegas por la creación de puestos de trabajo: "en estos casos alguien se enriquece pero el territorio se empobrece".
Solo la intervención ha defendido el proyecto. Entre abucheos, una joven arquitecta ha preguntado dónde hay que dirigirse si Adelson adjudica Eurovegas a Barcelona: "A mi me interesaría", ha dicho antes de salir de la sala.
* El País - PERE RÍOS / CLARA BLANCHAR Barcelona 20 JUN 2012
Foto: Los terrenos agrícolas al entorno del Llobregat destinados para edificar Eurovegas. / CARLES RIBAS
El fiscal pide un año de cárcel para el ex alcalde de Olocau (Valencia) por delito urbanístico
EUROPAPRESS* : La Fiscalía de Valencia solicita una pena de un año y tres meses de prisión para el ex alcalde de Olocau José Agustín Agustí por un delito contra la ordenación del territorio, según consta en el escrito de calificación provisional.
El ex edil ya fue condenado anteriormente, en el mes de marzo, por un delito similar a cumplir dos años de cárcel y a 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
El ministerio público también solicita para el ex edil, quien presentó su baja voluntaria del PSPV tras ser condenado en marzo de 2012 por un delito de prevaricación urbanística, ocho años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público, además de que pague una multa de 5.400 euros.
Según consta en el escrito de calificación, una persona solicitó en marzo de 2005 al Ayuntamiento de Olocau licencia de obras para la instalación de una línea de suministro de energía eléctrica compuesta por dos líneas aéreas de media y baja tensión, y un centro de transformación, para prestar suministro de electricidad a un conjunto de viviendas ubicadas en la partida Escopar y Plá de Horcán de las localidades de Olocau y Marines.
Esta persona acompañó a su solicitud un "simple" presupuesto de las obras y sin proyecto técnico de ninguna clase, tal y como consta en el mismo escrito. Esta petición dio lugar a un expediente en el consistorio, en el que el arquitecto técnico manifestó que los terrenos sobre los que se pretendía realizar la obra estaban en suelo no urbanizable protegido de predominio forestal, y que el otorgamiento de licencia requería informe previo favorable de la conselleria, así como proyecto técnico y estudio de impacto medioambiental.
El acusado, en su condición de alcalde de Olocau, a sabiendas de la existencia de este informe del arquitecto, y sin que se hubiera aportado el informe previo de la conselleria ni se hubiera realizado el proyecto técnico ni el estudio de impacto medioambiental, dictó en febrero de 2006 un decreto acordando otorgar la licencia solicitada. Por ello, se llevó a cabo la instalación eléctrica.
Se da la circunstancia de que el ministerio fiscal presentó este escrito fiscal el mismo día en que el juzgado de lo Penal número 17 de Valencia condenase a Agustín a dos años de prisión y a 10 de inhabilitación para cargo público por un delito continuado de prevaricación urbanística.
Ilícita acción
En este caso, según consta como probado en la sentencia, el acusado concedió en diciembre de 2005 a su esposa una licencia de segregación para ocho parcelas, que pertenecían a la sociedad de gananciales de ambos.
Ese mismo día, "a sabiendas de su ilícita actuación", dictó un nuevo decreto en el que concedía otra licencia de segregación sobre las mismas parcelas a una persona, y luego concedió a una mercantil licencia de obras para llevar a cabo la construcción de ocho viviendas unifamiliares en las parcelas, "a sabiendas de que éstas no gozaban de la condición de solar".
En enero de 2006, el acusado y su esposa vendieron las parcelas a una persona y a su mujer por 283.000 euros, mientras que las adquirieron por 103.260 euros, con lo que el beneficio obtenido, mediante la concesión de la licencia de segregación y la licencia de obras, fue de 179.740 euros.
Sobre estos hechos, el acusado alegó no haber actuado con intencionalidad o ánimo de delinquir, y justificó la solicitud de la licencia por parte de su esposa en que era primera propietaria, y añadió que cuando ésta pidió la licencia, las parcelas ya estaban vendidas a la otra persona.
Frente a ello, el juez entendió que si las parcelas ya eran propiedad de otra persona, carecía de toda lógica que fuera la mujer la que solicitara la licencia de segregación. Además, consideró "suficientemente acreditado" que el acusado era conocedor de la condición de suelo urbanizable no programado, por lo que le condenó a cumplir dos años de prisión y 10 de inhabilitación para empleo o cargo público.
* El Mundo - EP - 17.6.12
Foto: Olocau (Valencia) - olocau.es
Desahucios: modificada la ley, vale la trampa
ELPAÍS* : Es legal, pero a los abogados que intervienen en las subastas les parece una burla. En julio de 2011, tras meses de presión popular, se aprobó un real decreto por el que se elevó hasta el 60% del valor de tasación el precio mínimo por el que las entidades bancarias podían adjudicarse las viviendas que salían a subasta pública por impago de la hipoteca. Hasta ese momento, si la subasta quedaba desierta, y eso ocurría casi siempre, el banco podía quedarse el piso por el 50% del valor de tasación. Pues bien, hecha la ley, siempre cabe la trampa. O la triquiñuela. Muchas entidades financieras siguen adjudicándose la vivienda por el 50% del valor de tasación, y no por el 60%, gracias a una argucia legal que consiste en hacer que puje también por el inmueble una sociedad filial de la propia entidad.
La reforma aprobada en julio pasado se aplica únicamente a los casos en que el bien subastado es la vivienda habitual. Eso significa que las entidades financieras que recurren a esta treta lo hacen a costa de perjudicar gravemente a los desahuciados más pobres, aquellos que no poseen otros bienes con los que salir al rescate del piso en el que viven. “Hay que decir que el procedimiento es legal, pero en la práctica permite dejar sin efecto la reforma, que se hizo precisamente para aliviar la situación de quienes no pueden pagar”, explica Andrés Domínguez Luelmo, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valladolid.
Desde que comenzó la crisis se han realizado en España más de 150.000 ejecuciones hipotecarias y hay otras 300.000 en curso. No se sabe cuántas de ellas afectan a viviendas habituales, pero todo indica que la cifra es socialmente importante. Hasta hace poco la mayoría de las subastas quedaban desiertas porque no había inversores dispuestos a pujar por una vivienda que difícilmente podían vender. En ese caso, la entidad podía adjudicarse directamente el inmueble, pero por el 60% del valor que le atribuyó al conceder la hipoteca. Bancos y cajas han encontrado, sin embargo, un resquicio para eludir la reforma en el artículo 670.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permite al ejecutante de la hipoteca quedarse con el bien subastado por el 50%, siempre que mejore la oferta de otro aspirante. En realidad, no hay otro aspirante. Son ellos mismos, pero con una personalidad jurídica distinta. Hacen que concurra a la subasta una filial que puja por la vivienda por una cantidad inferior, de modo que el banco se la pueda quedar por el 50% más un euro.
El portal inmobiliario Idealista denunció esta situación en su boletín y diferentes fuentes judiciales han confirmado este proceder por parte de las entidades financieras. Casi todas han creado en los últimos años sociedades inmobiliarias que actúan en la práctica como “bancos malos” en los que concentran los activos inmobiliarios tóxicos. En este caso, además de actuar como “bancos malos” hacen daño a alguien de verdad.
“Es claramente un artificio. La entidad recurre a una inmobiliaria filial para poder quedarse con el piso por un 10% menos de lo que tendrían que aceptar en caso de que la puja quedara desierta”, explica el profesor Domínguez Luelmo. El reverso de la moneda es que el desahuciado seguirá debiendo al banco un 10% más de lo que le debería si la subasta hubiera quedado desierta.
“Cuando se modificó la ley hace un año”, señala el profesor Domínguez Luelmo, “se dejó sin tocar el artículo 670.4, seguramente por un descuido del legislador. Bastaría con modificarlo para establecer también el mínimo del 60% y propongo que se haga”. El profesor Ramón Falcón y Tella, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, entiende que las entidades financieras, dadas las graves dificultades que atraviesan, necesitan también ayuda y protección, pero cree que en este caso se produce una incongruencia legal que deja sin efecto la reforma y que perjudica gravemente a los desahuciados.
Si alguien ha llegado hasta el punto de que su casa sale a subasta, es porque se encuentra realmente en una situación límite. Cuando el comprador tiene alguna posibilidad de pago, las entidades suelen avenirse a revisar los plazos del préstamo y diferir la devolución porque, como indica una portavoz de la Asociación Española de Banca, tal como está el mercado de la vivienda, “resulta mucho más acorde con la actividad e intereses de la entidad la continuidad del préstamo que la adjudicación del inmueble”. Pero cuando no hay perspectiva de poder cobrar, instan la ejecución de la garantía hipotecaria, una opción que la asociación considera “no solo legítima”, sino necesaria, para “proteger la solvencia de la entidad y los intereses de sus depositantes y accionistas”.
Ese 10% de ganancia no es la única ventaja que obtienen bancos y cajas, según el profesor Falcón y Tella, al recurrir a este procedimiento. Para poder pujar en la subasta, el postor ha de depositar previamente el 20% del valor de tasación del inmueble. Pero en este caso, a la filial inmobiliaria le basta con presentar un aval bancario que le concede el propio ejecutante, con lo que puede pujar sin coste alguno.
Una vez ejecutada la subasta, el banco tampoco se queda con la vivienda. “Jurídicamente la entidad financiera nunca llega a poseer el inmueble, porque en el momento de la adjudicación cede el remate de la subasta a la sociedad filial”, explica. Con ello logra dos beneficios adicionales: por un lado, evita que el inmueble figure en su balance y tener que provisionar el capital correspondiente; por otro, como las filiales inmobiliarias normalmente declaran pérdidas, pueden obtener ciertos beneficios fiscales, por ejemplo deducirse el IVA.
El magistrado José María Fernández Seijo, titular del Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona, corrobora esta manera, legal pero discutible, de proceder, y resalta la injusticia que acarrea. “Muchas de las viviendas que ahora salen a subasta fueron compradas en el momento álgido de la burbuja inmobiliaria. Y muchas fueron tasadas a precios no solo muy superiores a los de su actual valor de mercado, sino superiores incluso al valor de mercado de entonces”.
Los compradores tienen su parte de responsabilidad, pero todo el sistema inducía a la sobrevaloración porque se daba por hecho que los precios seguirían subiendo. “Los directores y empleados de las oficinas bancarias tenían fuertes estímulos para colocar hipotecas a cualquier precio”, indica el profesor Falcón. “En muchos casos se hicieron valoraciones al alza para cubrir también los costes de tramitación y otros gastos”, añade. Se llegó a tal punto de descontrol, que cuando el comprador era un inmigrante y no tenía avalista, la propia entidad le ponía en contacto con otro inmigrante que quería comprar también una vivienda, para que se avalaran mutuamente.
“Ahora nos encontramos con casos de avalistas cruzados que ni siquiera se conocían”, explica Fernández Seijo. El magistrado ha conocido incluso un caso de venta simultánea de cuatro viviendas, en la que cada comprador firmó como avalista de los otros tres. Ahora, algunos avalistas han perdido su casa, no porque no pudieran pagar su hipoteca, sino por no poder hacer frente al aval que firmaron para cubrir a otro comprador.
El problema es que, cuando el secretario judicial da por concluida la subasta, el drama no ha terminado, como muy bien sabe Montserrat Serrano, abogada del colectivo Ronda de Barcelona. “Con la subasta no se liquida el procedimiento. Este seguirá abierto hasta que el comprador salde toda la deuda”, explica. Como durante los primeros años la mayor parte de lo que se paga en la cuota son intereses, cuando el piso llega a subasta todavía queda por pagar la mayor parte del capital concedido. De modo que, cuando el banco se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación, el comprador pierde la casa, pero sigue debiendo una parte importante de la hipoteca.
A esa cantidad se añaden encima las costas de la ejecución judicial y los intereses de demora, con lo que la deuda final pendiente puede ser superior al valor por el que se lo ha adjudicado el banco. Y de esa cantidad habrá de responder el desahuciado con todos sus bienes, presentes y futuros. “Muchos de ellos salen del juzgado con el salario embargado de por vida. Y si no tienen trabajo, saben que cuando lo encuentren, les embargarán una parte de lo que cobren”, señala Montserrat Serrano.
Para rescatar a los casos más dramáticos, el Gobierno presentó hace unas semanas un Código de buenas prácticas en el que se insta a las entidades bancarias a aceptar voluntariamente la dación en pago en casos de grave riesgo de exclusión social. Es decir, que en último término, con la entrega de la vivienda quede saldada toda la deuda.
Aunque este código pueda ser un alivio para los pobres de solemnidad, las fuentes jurídicas consultadas dudan de que vaya a tener mucha incidencia, pues la dación en pago queda restringida a aquellos casos en que todos los miembros de la unidad familiar estén en paro y las cuotas de la hipoteca superen el 60% de los ingresos de la familia, que no podrán proceder de rentas del trabajo o de actividades económicas. Eso significa que esta posibilidad queda prácticamente limitada a los perceptores de subsidios públicos. Además, las viviendas no podrán estar tasadas por encima de 200.000 o 120.000 euros, según los casos.
Para todos los demás, las cosas seguirán igual. Es decir, mal. O muy mal. Porque no parece que, entre las prioridades del Gobierno, figure una fórmula para que, además de ayudar a las entidades financieras a resolver el enorme agujero que han acumulado, se pueda buscar una fórmula para rescatar también a quienes ahora son víctimas de sus malas prácticas.
El caso de Mohamed Aziz y los intereses de usura
Cuando el secretario judicial da por concluida la subasta, comienza para muchos desahuciados una nueva pesadilla que puede alterarles el suelo de por vida: pagar lo que aún queda de la deuda y que no es solo lo que quede pendiente de la hipoteca. A esa cifra hay que añadir los intereses de demora que la entidad ha ido cargando sobre la deuda como si fuera una máquina registradora desbocada y que pueden llegar a doblar la deuda pendiente.
Ríete de la prima de riesgo, dicen los abogados. Ya querrían muchos desahuciados la tasa de interés que pagamos entre todos por la deuda pública o el interés que soportan los bancos para financiarse en el mercado. Si un interés del 7% es insoportable para un país, ¿cuál es la cifra soportable para una economía familiar en quiebra? Pues los desahuciados, además de perder la vivienda, han de afrontar unos intereses de demora que oscilan entre el 19% y el 25%. Empiezan a contar desde que se deja de abonar la cuota y se suman de golpe a la deuda cuando termina la subasta. La ejecución de una hipoteca puede tardar, según Beatriz Corredoira, asesora jurídica del Consulado de Ecuador en Barcelona, entre un año y medio y dos años y en algunas ciudades con mayor atasco, como Rubí, hasta tres.
“La ley permite que los intereses de demora sean altos para desincentivar el incumplimiento en el pago de las cuotas, pero cuando alguien realmente no puede pagar, resultan abusivos”, sostiene el profesor Ramón Falcón y Tella.
El magistrado José María Fernández Seijo considera que los intereses de demora que se aplican en España son claramente desproporcionados y por eso ha planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por entender que se puede estar vulnerando una norma comunitaria; en concreto, la directiva que protege a los consumidores frente a cláusulas abusivas. Alega además que el sistema de ejecución que se aplica no facilita el control de oficio por parte del juez y deja al deudor en situación de indefensión.
El caso que el magistrado ha planteado ilustra bien un fenómeno que podría calificarse de usura. Se trata de una ejecución hipotecaria instada por La Caixa d’Estalvis de Tarragona (ahora integrada en Catalunya Caixa) contra Mohamed Aziz, un marroquí que vivía en España desde 1993 y que en julio de 2007 suscribió un préstamo hipotecario sobre la vivienda que había adquirido en Mataró, tasada en 194.000 euros.
Era, como tantos otros, un préstamo a muy largo plazo, con cuotas de unos 600 euros mensuales. La última estaba prevista para el año 2040, pero apenas un año después, estalló la crisis y Mohamed Aziz no pudo hacer frente a los vencimientos. Desde el momento de formalizar el préstamo hasta que dejó de pagar, 10 meses después, había pagado 6.656 euros de intereses ordinarios y había amortizado 1.325 euros del capital. En marzo de 2009, cuando se inició la ejecución hipotecaria, la entidad le reclamó una deuda de 139.764 euros, más 41.902 euros de intereses de demora y costas judiciales. La primera cuota impagada ascendía a 620 euros, la segunda a 822, la tercera a 861, y así, sucesivamente.
La subasta se convocó en julio de 2010 y quedó desierta, por lo que la caja se quedó el piso por el 50% de su valor de tasación, es decir, por 97.200 euros, de modo que cuando en enero de 2011 Mohamed Aziz fue “lanzado” finalmente de la vivienda, había perdido su casa y seguía debiendo más de 40.000 euros del capital pendiente de amortizar más otros 42.000 euros de intereses de demora y costas judiciales.
* El País - MILAGROS PÉREZ OLIVA 18 JUN 2012
Foto: Edwin Jiménez Pimentel asiste a su desahucio en Madrid. / ÁLVARO GARCÍA
Málaga arriesga decenas de millones en operaciones inciertas
ELPAÍS* : La reciente sentencia de un juzgado de lo Contencioso Administrativo que ha condenado al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar con 19,9 millones de euros a una promotora, es por si misma un varapalo para el Consistorio, que va a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Pero la resolución es un sumando más en una larga lista de actuaciones y decisiones del equipo de Gobierno que preside Francisco de la Torre que implican un alto coste para las arcas municipales y con resultados muy inciertos, que llegan a poner en cuestión en algunos casos su utilidad, y que en algunos casos además son objeto de litigios judiciales. Algunas, como la compra del edificio que ocupa una de las manzanas de la emblemática Plaza de la Merced, o el frustrado museo de las gemas en Tabacalera han sido apuestas muy arriesgadas, que suman más de 50 millones de euros, sin que el Ayuntamiento sepa aun que hacer con ambos.
En el caso de la sentencia en cuestión, se ha penalizado la negligencia del Consistorio en cumplir los plazos de ejecución de una obra, por las consecuencias que ello ha tenido en los intereses de la promotora Baensa, que reclamó al Consistorio 18,3 millones de euros de compensación por el daño patrimonial causado, cantidad a la que se suma 1,6 millones en concepto de actualización del IPC. Baensa compró en noviembre de 2007 un solar junto al antiguo mercado de El Carmen donde proyectó levantar 200 viviendas, oficinas y locales comerciales. Entonces faltaba un mes para que el Ayuntamiento terminara las obras del nuevo mercado, y liberara así el antiguo, que iba a demolerse. Hasta octubre de 2011, casi cuatro años después, no entró en funcionamiento el nuevo mercado. Antes, en 2010, Baensa ya puso la reclamación judicial al consistorio, después de que este le negara la compensación que le pidió en primera instancia, porque al no poder disponer de toda la parcela, no pudo construir la promoción ni hacer frente al crédito hipotecario que tenía con Unicaja. A finales de 2009, Baensa negoció el traspaso de la finca.
Esta es una relación de alguna de estas operaciones de alto coste económico y resultados inciertos en las que está embarcada el consistorio.
Cines Astoria y Victoria. La compra del edificio de los cines Astoria y Victoria, una de las manzanas de la Plaza de la Merced, ha costado al Ayuntamiento 20,7 millones de euros, de los que la mayor parte (10,6 millones) se abonó en suelo y 9,9 millones en efectivo. En la operación, firmada en octubre de 2010, se pactó que el Ayuntamiento también abonaría una cantidad para compensar a la vendedora por los “gastos inútiles” realizados en la tramitación, elaboración de proyectos y comercialización de una promoción de 45 viviendas que contaba con todos los beneplácitos del Consistorio, hasta que a última hora, antes de conceder la licencia de obra, el alcalde prefirió comprar el edificio para destinarlo a uso cultural, para lo que hizo además una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La cantidad a compensar no se fijó, y ante la falta de acuerdo, la promotora Baensa, reclama al consistorio otros 7,2 millones de euros por dichos gastos “inútiles”. Se da la circunstancia de que se trata de la misma promotora que acaba de ganar al Ayuntamiento el litigio por los 19,9 millones de euros, y es evidente que ambas han mantenido unas relaciones difíciles. El Ayuntamiento no ha encontrado uso para el edificio, que tiene además por su situación un carácter singular. El alcalde anunció en la campaña electoral de su reelección en mayo de 2011 que haría un “museo de museos” que nunca concretó, y a finales del año pasado se convocó un concurso para recibir proyectos que quedó desierto por no considerar de interés ninguna propuesta.
Tabacalera. Después de gastar más de 25 millones de euros en la rehabilitación de varios pabellones de la antigua fábrica de tabacos para albergar el complejo Art Natura, museo de piedras preciosas y de ciencias de la naturaleza, el Consistorio ha resuelto el contrato con los promotores, la sociedad Royal Collections, por incumplimiento de contrato al no haber abierto las instalaciones. Royal Collections a su vez tiene dos litigios judiciales contra el Consistorio, al que hace responsable de la situación por haber demorado en exceso las obras de rehabilitación y la puesta a disposición de los edificios. El Ayuntamiento exige a la promotora que le devuelva los 6,7 millones de euros que le abonó en concepto de canon, cantidad que con los correspondientes intereses supera los 7,3 millones de euros, con lo que el gasto total del municipio en este frustrado proyecto sobrepasa los 30 millones. Como en los cines Astoria y Victoria, el Consistorio no sabe aún qué usos podrá darle a Tabacalera.
Convenios urbanísticos. Una de las operaciones más arriesgadas del Ayuntamiento ha sido el cambio del convenio urbanístico para el desarrollo de los suelos de los antiguos depósitos de Repsol con una sociedad vinculada a Novagaliciabanco y donde se proyectan cuatro grandes edificios, uno de ellos será el más alto de la ciudad, y tras haber aprobado una recalificación que triplica la densidad edificatoria en la zona. Según el convenio, la promotora debía pagar al Consistorio 82 millones de euros, de los que adelantó 12. Llegado el momento de abonar el resto al aprobarse el nuevo planeamiento, el Ayuntamiento se ha hecho cargo de las dificultades de la promotora y ha aceptado cobrar los 70 millones pendientes en suelo, de forma que se convierte en el principal propietario, con las dos terceras partes de los derechos edificatorios. El Ayuntamiento se propone venderlos, pero son la incertidumbre de cuanto podrá obtener por unos suelos que fueron tasados en 2006, en un momento de boom inmobiliario y por tanto de expectativas bien distintas a las actuales.
Entretanto, el Ayuntamiento se enfrenta también a la demanda de Endesa, que quiere revocar el convenio urbanístico para el desarrollo de los suelos en la zona de la antigua central térmica, donde se proyectaban más de 700 viviendas, comercios, hoteles y oficinas, por el que se fijó que pagaría al Consistorio 58 millones de euros, de los que 40 debía haber abonado ya hace nueve meses, cuando entró en vigor el nuevo PGOU. La sociedad pidió al Ayuntamiento revocar el convenio al entender que el deslinde de la zona se servidumbre marítima impedía ejecutar el proyecto original. El consistorio ha rechazado la petición en dos ocasiones y la promotora ha acudido a los tribunales. Un auto judicial ha ordenado a Endesa a cumplir el pago de los 40,6 millones en tanto se resuelve el litigio.
* El País - DIEGO NARVÁEZ Málaga 17 JUN 2012
Foto: Málaga, Tabacalera - ep
Móstoles.- ¡La Casika no se toca!
TERCERA/Madrid* : Miles de personas apoyan y se solidarizan con el CSOA mostoleño de La Casika, amenazado de desalojo.
El pasado 5 de junio ya se organizó una protesta en los juzgados. Sin embargo, la manifestación itinerante del 16 de junio ha sido mucho más multitudinaria; se calculan más de mil personas, que arrancaron desde la estación de cercanías de Móstoles Central y caminaron por los lugares públicos y emblemáticos de Móstoles. La manifestación ha durado tres horas, y ha concluido con una serie de comunicados de los principales colectivos organizadores, entre ellos, los propios organizadores del CSOA, que clausuraban el evento con la voz entrecortada por la emoción del apoyo recibido.
El Ayuntamiento había programado un concierto en la plaza de Pradillo, por donde finalmente la manifestación ha pasado, convergiendo ambos eventos, dando lugar a un momento muy particular.
Numerosos colectivos sociales se han implicado, entre ellos, SAD, CAS Madrid, Astilleros, CNT o Solidaridad Obrera. También, algunos medios y colectivos de contrainformación independientes han asistido al evento. Entre ellos, Radio ELA ha realizado una cobertura constante, pero también Fotogracción, el movimiento 15M en Móstoles, el de Arroyomolinos, el de Alcorcón.
El evento, además, ha tenido que "competir" con la multitudinaria manfiestación que el mismo 16 de junio ha tenido lugar en Madrid, apodada "el día de la bestia", en la que más de 5.000 personas han protestado por las calles del centro de Madrid y en las sedes de Bankia (Torres Kio) y del PP, por el rescate de España.
La Casika, es un centro social, okupado y autogestionado con 14 años de vida, ahora amenazado por desalojo y denuncias. Durante estos años, numerosos colectivos de diversa índole (ecologistas, feministas, colectivos en defensa de los derechos de los animales, antifascistas, anticapitalistas, movimientos vecinales, educativos, culturales…) han sentido el espacio como suyo, formando parte de él, utilizándolo y desarrollando multitud de actividades: charlas, talleres educativos, festivales de musica, de cine y teatro, exposiciones artisticas, encuentros de debate…
La diversidad y cantidad de actividades desarrolladas en la Casika, la han convertido en un referente cultural, social y político no sólo de Móstoles sino del resto de Madrid y del Estado, y ha proporcionado a nuestra localidad un punto de encuentro para la reflexión y acción alternativa, donde los valores del sistema capitalista han sido superados por la autogestión.
El 5 de Diciembre pasado, el c.s.o.a. La Casika cumplió 14 años. Ahora, hay varios procesos represivos abiertos y una denuncia por okupación (a Moises Blanco López quien a principios del año 2010 comenzó a militar La Casika). También hay una resolución administrativa por parte de la Consejería de Urbanismo del Ayuntamiento de Móstoles (recurrida en los juzgados) que establece el cese de las actividades culturales, reuniones, comedores, etc. bajo amenaza de precinto.
Desde La Casika, señalan:
Las razones que llevaron a un grupo de jóvenes a empezar a dar vida a esta casa abandonada fueron:
Denunciar la especulación y las miles de casa vacías que nos rodeaban.
Mostrar la okupación como alternativa a la falta de oportunidades “serias y razonables” para adquirir una vivienda.
Denunciar la falta de espacios para el crecimiento individual, social, cultural y político de las personas.
Mostrar que la autogestión, la solidaridad, el respeto, la participación y el compromiso, son los valores y las herramientas que nos hacen crecer como personas y como sociedad.
Twitter: #lacasikanosetoca @Mostoles15M @radioela @CSOlaCasiKa #apoyalacasika #ManiLaCasika #15M #16J
http://lacasika.ourproject.org/
http://apoyalacasika.wordpress.com/
* Tercera Información - Rubén G. Herrera - 17.6.12
Foto: Móstoles (Madrid), la Casika no se toca - diagonal
Los restos del naufragio de la Comunidad Valenciana
ELPAÍS* : El aeropuerto de Castellón se ha ganado el apellido de “sin aviones” porque lleva más de un año inaugurado y a la espera de su apertura y de los permisos necesarios. “No vamos a abrirlo para que no haya aviones”, dijo en su día el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Pero no es un caso único. En la Comunidad Valenciana —la segunda autonomía con mayor deuda, 20.832 millones de euros hasta marzo, lo que representa el 20,2% de su PIB—se multiplican los casos de obras levantadas con dinero público y que, bien por la crisis, por una mala previsión o por disputas entre Administraciones, permanecen sin estrenar. Son el mejor ejemplo de lo que la canciller alemana, Angela Merkel, definió el jueves ante el Bundestag como “decisiones irresponsables”.
Un ejemplo es el Centro de Tecnificación Deportiva de Vila-real, en Castellón. Se construyó durante el mandato del PP con una inversión de 26 millones de la Generalitat. El complejo, de 18.000 metros cuadrados y previsto para deportistas de élite, solo se abrió para su inauguración en junio de 2011. En el mismo municipio se inauguró la conocida como “biblioteca sin libros”. El Ayuntamiento ha costeado los cuatro millones de la obra, pero el centro no ha dado nunca servicio porque la Generalitat no ha pagado su parte, 2,3 millones.
El centro ocupacional para personas con discapacidad psíquica de Penyeta Roja, en la ciudad de Castellón, es otro ejemplo. La Diputación —encabezada entonces por el popular Carlos Fabra— y la Generalitat invirtieron unos dos millones en unas obras que acabaron en 2009. No ha llegado a abrirse. “Se construyó para dar respuesta a una petición histórica de los padres”, explica el portavoz del PSPV en la Diputación, Francesc Colomer. Desde la consejería de Bienestar Social aseguran que no se ha abierto “porque no hay demanda para cubrir las plazas”.
En otro municipio de Castellón, Vall d’Alba, la Diputación busca qué salida dar a las viviendas tuteladas para personas mayores cuya construcción finalizó en 2006 gracias a una inversión de 400.000 euros de la institución provincial, la Generalitat y el Ayuntamiento. Las viviendas se inauguraron, pero nunca llegaron a abrirse. En 2010 el Ayuntamiento, del PP, aprobó crear allí un centro especializado de enfermos crónicos y las viviendas se volvieron a inaugurar en marzo de 2011, pero no hay dinero para llevar a cabo el centro.
Otras obras se proyectaron al calor del Plan E o del Plan C (Confianza) de la Generalitat. De este último, el PSPV estima que el Gobierno de Fabra aún debe a los Ayuntamientos 2.700 millones.
Los proyectos se realizaron, pero en algunos casos no había previsión para su puesta en marcha. El Ayuntamiento de Vinaròs, en Castellón, levantó un centro de día con 2,9 millones del Plan E bajo mandato socialista. El centro lleva un año cerrado. “Al proyecto le falta una residencia para 143 personas en la planta superior. Solo ha habido financiación para la primera parte”, explica el actual alcalde, Juan Bautista Juan (PP). Ahora se busca una empresa que ejecute la segunda parte.
En Valencia, los vecinos entregaron al Ayuntamiento que preside Rita Barberá un listado de las obras finalizadas y aún sin abrir, también financiadas con cargo al Plan E y al Plan C. Acabado desde hace más de un año está el Centro Social del barrio de Patraix, en el que se invirtieron 3,8 millones. En la misma situación están el Balneario de Natzaret (1,5 millones), una agencia de lectura (337.000 euros) y un polideportivo (9,5 millones). A ellos se suma el complejo Jubiocio, el mayor centro de jubilados de la ciudad, que costó 5,6 millones y que se está deteriorando por la falta de uso.
Fuera de la capital, en Sedaví (PP), hay un garaje de 2,4 millones que no se abre porque no hay dinero para su transformador. En Oliva, Ayuntamiento también gestionado por el PP, un centro polivalente, una biblioteca y una casa de fiesta llegaron a inaugurarse, pero están cerrados a pesar de que costaron cuatro millones.
En Alicante, el proyecto más destacado es el de la línea 2 del tranvía, que unirá el centro de la ciudad con la universidad. Las obras se terminaron hace más de un año, tras invertir la Generalitat más de 100 millones, pero sigue sin estar en funcionamiento. El Consell prepara un concurso que dejará la gestión en manos de una empresa mixta (público-privada).
El Ayuntamiento de Alicante, que preside la popular Sonia Castedo, destinó a una piscina cubierta más de tres millones, pero está cerrada dos años después de ser construida.
En Elche, otras dos obras demandadas durante años, como un centro de día para enfermos de Alzheimer (dos millones) y un centro de día y residencia para enfermos mentales (2,7 millones) tampoco se han abierto. Ambos fueron financiados con el Plan C e impulsados en la etapa en la que el PSPV dirigía el consistorio. La consejería de Justicia y Bienestar Social de la Generalitat explica que no tienen fecha de apertura.
Cierra la lista Mutxamel. El Ayuntamiento de esta localidad invirtió 1,4 millones del Plan E en el centro de día Sant Pere para discapacitados, con 60 plazas. “Hace un año que está muriéndose”, dice el portavoz socialista en el Consistorio, Antonio García.
Con información de Cristina Vázquez (Valencia) y Rosa Biot (Alicante).
* El País - LORENA ORTEGA - 17.6.12
Foto: El centro de tecnificación deportiva de Vila-real. / ÁNGEL SÁNCHEZ
