ELPAÍS/Galicia* : Es solo un punto de partida. Lo que la Xunta denomina Bases para una nueva Lei do Solo. 28 folios que ayer el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, entregó a los grupos de la oposición, que solo se comprometieron a lo que ya estaba pactado: el Parlamento creará una comisión para elaborar otra ley del suelo. Las comparecencias de los expertos arrancarán en septiembre, pero nadie, ni el Gobierno ni los partidos de la oposición creen que pueda estar lista en esta legislatura.
El documento presentado ayer exhibe la filosofía que persigue la Xunta para la enésima modificación de la normativa urbanística. Y aboga por simplifar los trámites del planeamiento dada “la excesiva rigidez” de la Lei de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia. En sus líneas maestras, el Gobierno gallego defiende que la futura legislación tenga en cuenta las particularidades de distintos territorios municipales. Así, propone que los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes puedan aprobar sus planes generales por competencia delegada de la Xunta, igual que otros municipios más pequeños pero “que acrediten contar con una dotación técnica y jurídica adecuada”.
Dentro de esas líneas maestras, el Gobierno gallego “pide repensar la fase preceptiva de información pública” de los planes generales porque “las alegaciones no añaden desde el punto de vista del interés público prácticamente nada a un documento ya elaborado”.
La Xunta habla también en sus bases de “aligerar el trámite ambiental”. Aboga directamente por “cribar el trámite ambiental en las modificaciones puntuales del planeamiento, excluyendo al menos las modificaciones eximidas de informe urbanístico previo a la aprobación inicial, por no incidir en la clasificación de suelo ni una mayor intensidad de uso”.
El documento que ayer presentó Hernández, acompañado en la reunión por la secretaria general de Urbanismo, Encarnación Rivas, pide “analizar la exención del procedimiento ambiental para los planes generales de los ayuntamientos sin complejidad urbanística que se limiten a reconocer los núcleos rurales ya existentes”. Las bases no se paran a definir qué entiende la Xunta por ayuntamientos sin complejidad urbanística.
Al tiempo que contempla la posibilidad de delegar la competencia de la aprobación del planeamiento a los municipios de menos de 50.000 habitantes y a otros con menos población que demuestren tener los medios técnicos y jurídicos adecuados, el Gobierno gallego plantea que para el resto de ayuntamientos la Consellería de Infraestruturas pueda decir al municipio no solo qué puede hacer en la ordenación urbanística sino orientarle en el cómo.
El Gobierno gallego insiste en la prohibición que ya establecen las Directrices de Ordenación del Territorio de proyectar desarrollos aislados del suelo urbano pero pide ir un paso más allá. Plantea suavizar las cargas para los promotores inmobiliarios para hacer “más atractivo” el desarrollo de los suelos urbanos no consolidados. Así lo argumentan las bases para la futura ley del suelo: “Las cesiones ra dotaciones no deben forzar los límites de lo razonable”. “Más que disminuir las cesiones [para espacios verdes y otros servicios que los constructores están obligados a hacer al Ayuntamiento] se debe apostar por incrementar la edificabilidad de suelo urbano no consolidado que permita hacer frente a los grandes costes de urbanización, sobre todo por indemnizaciones de construcciones ya existentes, realojamiento de inquilinos, obligación de mantener elementos catalogados...”
También en la excepción a las prohibiciones sobre el suelo rústico pretende la Xunta “simplificar el trámite de autorización previa autonómica”. El método que propone el Gobierno gallego es “establecer un control a posteriori”, que los alcaldes “otorguen licencias y en los casos en los que se acuerde, remitan copia del expediente a la Xunta, que comprobará su conformidad o manifestará reparos”. Según anunció ayer Hernández a la prensa, la futura norma quedará blindada, de manera que cualquier modificación tenga que contar con una mayoría cualificada en el Parlamento.
* El País - 11.6.12
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
La Xunta propone “aligerar el trámite ambiental” en los planes urbanísticos
El fiscal pide dos años para el exalcalde de Casarabonela por prevaricación urbanística
LAOPINIÓN/Málaga* : La Fiscalía de Málaga pide dos años de cárcel y diez de inhabilitación para el exalcalde de Casarabonela Sebastián Gómez (PSOE) por un presunto delito de prevaricación urbanística, mientras que la arquitecta municipal contratada se enfrenta a una década de inhabilitación y al pago de una multa de 14.400 euros.
Según consta en la calificación fiscal, a la que tuvo acceso La Opinión de Málaga, el acusado tuvo entre 1999 y 2011 –cuando dejó el sillón– «la atribución de conceder licencias y la competencia sobre urbanismo y la protección del medio ambiente».
«Conocedor de los requisitos legales restrictivos para la construcción de viviendas en el campo, urdió un modo de sortearlos y dar apariencia legal a sus resoluciones, facilitando la construcción y ampliación de viviendas de recreo y otros usos desvinculados de explotaciones agrícolas o ganaderas», asegura el acusador público en el documento.
El alcalde contrató a C. M. M., también acusada, para desempeñar las funciones de arquitecta municipal, «consistentes en la emisión del informe técnico-jurídico». Su contratación también tuvo el fin, siempre según la Fiscalía, de «prescindir de los servicios técnico-jurídicos de la Diputación Provincial».
Así, el acusado podría «controlar e influir en la acusada, para indicarle el sentido que debía tener cada informe y luego dictaba sus resoluciones amparándose en esos mismos estudios», añade el acusador público, adscrito a la Sección de Medio Ambiente del ministerio público.
La acusada, añade el fiscal en el relato acusatorio, «no comprobaba la realidad de las obras ni su legalidad, y se limitaba a redactar los informes técnico-jurídicos y las resoluciones/decretos del alcalde según unos modelos formularios».
Las licencias de obra concedidas de ese modo eran para «edificaciones ubicadas en suelo clasificado como no urbanizable agrícola» en las normas subsidiarias de planeamiento de Casarabonela, aprobadas el 19 de mayo de 1982.
El fiscal recuerda que para estos casos, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) exige la presentación de un proyecto de actuación, con el requisito básico «de vinculación a una actividad agropecuaria». Éste deberá ser, además, informado por la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, explica el representante del ministerio público.
El informe autonómico es anterior «a la concesión de la preceptiva licencia de obras municipal». Sin embargo, «el acusado prescindió sistemáticamente de todos los procedimientos para la concesión de licencias de obras en suelo no urbanizable», subraya el acusador público.
Los distintos informes y resoluciones se produjeron en una decena de expedientes, que, dice el fiscal, «sólo pudieron ser examinados después de que agentes de la Policía Nacional, con mandamiento judicial de 5 de junio de 2006, se personaran en el Ayuntamiento de Casarabonela para obtener copia, ante la reiterada negativa a entregarlas».
Calificación. La Fiscalía califica los hechos como un presunto delito continuado de prevaricación urbanística por acción en siete de los supuestos y por omisión en otros tres. La acusada se enfrenta a una multa de 24 meses a razón del pago diario de veinte euros, así como a una inhabilitación especial de diez años para desempeñar el cargo de arquitecta municipal. El exregidor, a una inhabilitación idéntica y a dos años de cárcel. El juicio se celebrará mañana en el Jugado de lo Penal 14.
* La Opinión Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU - 12.6.12
Foto: Casarabonela (Málaga) - eureka
El Seprona reconoce que las órdenes de derribo se incumplen
LAPROVINCIA/LasPalmas* : Las sentencias contra las irregularidades urbanísticas que ordenan el derribo de las construcciones ilegales "no se ejecutan". La frase pertenece al teniente jefe de la sección del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Las Palmas, Germán García, quien sostiene que "no se ejecutan las demoliciones de un elevado número de construcciones y edificaciones no autorizables". El teniente García reconoce la enorme labor que se realiza en el ámbito judicial para defender la normativa urbanística, pero opina que las penas impuestas son "insuficientes" para atajar la indisciplina.
Germán García participará en las II Jornadas de Medio Ambiente y Urbanismo con una ponencia titulada Indisciplina urbanística, según una nota enviada por Juris Vegueta, entidad organizadora del encuentro.
En cuanto a la sentencia del Tribunal Supremo que ordena por segunda vez consecutiva el derribo de la Biblioteca Pública del Estado, destaca que la misma contrasta con lo que ocurre con un buen número de construcciones que no se derriban y que no tienen ningún tipo de interés. "Para mí sería muy triste y doloroso ver cómo una biblioteca pública es demolida. Pienso que prestan un servicio público tan necesario e imprescindible como un hospital o centro de salud", considera. No obstante, deja claro que "la biblioteca no debió construirse nunca en ese lugar", al tiempo que muestra su coincidencia con las sentencias judiciales.
Normativa
A su juicio, las sentencias judiciales firmes "deben ejecutarse siempre". En este sentido, el teniente García considera que una de las consecuencias jurídicas de infringir la normativa urbanística, "la protección de la legalidad y el restablecimiento del orden jurídico perturbado", no se cumple.
El incumplimiento de las sentencias que ordenan derruir las edificaciones ilegales "crea un precedente irregular al ser tolerado o consentido por los poderes públicos", explica. Por este motivo, entiende que se debe "garantizar el restablecimiento del orden jurídico perturbado, que consiste en requerir al interesado a que legalice y, si lo edificado o construido no fuera autorizable, demoler; llevándose a cabo mediante ejecución subsidiaria si fuese necesario". Sí considera que se da cumplimiento a las sanciones de tipo económico, a las indemnizaciones e incluso a las penas de prisión.
Las actuaciones más numerosas del Seprona están relacionadas con la gestión incorrecta de residuos, especialmente tóxicos y peligrosos. Sobre la plaga del picudo rojo afirma: "No creo que la palmera canaria corra peligro de extinción alguno ni mucho menos". García subraya "la gravedad de la indisciplina urbanística y su impacto en el medio ambiente" y califica la protección de la legalidad y el restablecimiento del orden jurídico perturbado como el "gran desconocido de la disciplina urbanística en Canarias".
* La Provincia - 6.6.12
Foto: Seprona, precintado depósitos - laprovincia
'Malaya' entra en su fase definitiva
ELPAÍS/Marbella* : El juicio del caso Malaya es una auténtica carrera de ultrafondo en la que sus protagonistas llegan, en algunos casos literalmente, con varios kilos menos a la meta. La vista oral, que se inició el 27 de septiembre de 2010 y acumula 179 sesiones, entra este martes en su recta final, con la exposición de las conclusiones definitivas, en las que las acusaciones concretarán las penas que finalmente solicitan para los acusados, en especial para el supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.
A lo largo del juicio, y en especial en el cuarto y último bloque, el protagonismo de Roca, en prisión desde marzo de 2006, no ha hecho más que crecer. El cuarto bloque, dedicado a analizar los cohechos supuestamente cobrados por Roca de promotores con intereses en Marbella y que luego este derivaba en parte a los concejales que debían dar el visto bueno a las licencias, se inició con una confesión histórica. El 7 de noviembre de 2011, en la sesión 104, Roca admitía por primera vez que cobró no menos de 33,3 millones de los promotores y entregó sobres con aproximadamente tres millones de euros en dinero negro a los ediles.
En aquella sesión trascendental, Roca confirmó la veracidad de los apuntes que figuraban en su contabilidad secreta, hallada en su despacho particular de la sociedad Maras Asesores. Sin embargo, trató de desvincular los pagos y los cobros de la concesión de actos administrativos favorables a los promotores. Roca afirmó que cobró las cantidades en concepto de “asesoramiento” y “participación en negocios privados” con los promotores. El exasesor y mano derecha del fallecido alcalde Jesús Gil mostraba con una mano y ocultaba con la otra.
La causa, con 95 procesados, se ha tenido que dividir para hacerla gobernable. Tras un bloque inicial dedicado al análisis del pelotazo urbanístico de la llamada operación Crucero Banús y otros dos bloques centrados en los entramados de blanqueo de capitales supuestamente elaborados por Roca y sus principales asesores, el juicio se adentró en los supuestos cohechos.
Uno de los momentos cumbre de esta fase lo constituyó el careo que sostuvieron Roca y la exalcaldesa marbellí Marisol Yagüe acerca de los 1,8 millones de euros que supuestamente pagó el asesor urbanístico a la exregidora. Era la sesión número 140, y el careo se desarrolló así:
-Roca. Lo siento, cariño, pero no puedo estar de acuerdo en que no te entregué dinero.
-Yagüe. Él sabe que lo quiero mucho y que quiero que salga mañana de la cárcel, pero no me entregó nada.
La cuarta fase de la vista oral ha sido la que ha concentrado mayor número de testigos. Inicialmente, las acusaciones y defensas propusieron más de 400 nombres. Sin embargo, la advertencia del presidente del tribunal, José Godino, de que si las sesiones no avanzaban con buen ritmo se vería obligado a fijar jornadas de juicio en el mes de agosto, tradicionalmente inhábil en la justicia, hizo que muchos abogados renunciaran a los testigos no esenciales. Finalmente el número de comparecientes se redujo aproximadamente en un 50%. En las últimas semanas, las sesiones se han desarrollado en horario de mañana y tarde.
La prueba testifical ha servido para apuntalar la idea de que Roca ocupaba, desde la sombra, un papel central en la vida municipal marbellí, y en especial en el urbanismo. Testimonios como el de Raquel Escobar, exasesora jurídica del departamento de Urbanismo, señaló que, respecto a las licencias de obra, “Roca proponía en la mayoría de los casos a los concejales el sentido del voto”. También dijo que el exasesor, pese a estar formalmente fuera del Ayuntamiento, “tenía conocimiento de absolutamente todo lo que tuviera que ver con el urbanismo de Marbella”.
Otro punto de interés en la prueba testifical ha sido conocer el volumen de la fortuna con la que llegó Roca a Marbella en mayo de 1992 de la mano del fallecido alcalde Jesús Gil. Este punto es vital para que Roca pueda justificar o no parte de las ganancias de su entramado empresarial, que, además, no figuraba a su nombre. Sin embargo, entre los peritos de la Agencia Tributaria y los de las defensas ha sido imposible llegar a un acuerdo. La acusación mantiene que Roca llegó a Marbella casi en la ruina—con 43 millones de pesetas de patrimonio y 39 de deudas—, mientras que la defensa habla de un patrimonio equivalente a 15 millones de euros.
Durante las sesiones han desfilado por la sala del juicio numerosos mandos y agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que han tenido que defender su labor ante unos abogados que les acusan de haber realizado sus informes con errores y precipitación.
30 años de prisión
En la jornada de mañana martes el fiscal deberá presentar sus conclusiones definitivas sobre el caso Malaya. En sus conclusiones provisionales, el ministerio público reclama para Roca 30 años de prisión y una multa de 810 millones de euros
El exasesor urbanístico está acusado de blanqueo, prevaricación, cohecho, malversación y fraude.
En la causa hay procesados un total de 17 concejales de la última corporación gilista marbellí. La edil para quien se pide mayor pena es la exalcaldesa Marisol Yagüe. El fiscal solicita para ella 20 años de prisión.
El exteniente de alcalde y promotor Pedro Román se enfrenta a una petición de 18 años de cárcel.
* El País - FERNANDO J. PÉREZ Málaga 10 JUN 2012
Foto: Marbella, plaza ayuntamiento - pgb.es
El fiscal pide 10 años para Millet y 4 para la cúpula de Urbanismo de Barcelona
ELPAÍS* : El caso de las presuntas irregularidades en la tramitación de un hotel de lujo junto al Palau de la Música va a llegar a juicio antes que el saqueo de la entidad perpetrado por Fèlix Millet y Jordi Montull, que asciende a 35 millones de euros. La fiscalía ha pedido duras penas de prisión (diez años y dos meses) para Millet y quien fue su mano derecha por apropiación indebida y falsedad documental. En esa misma causa —una de las derivadas de la investigación sobre el expolio del Palau— el fiscal también acusa a la antigua cúpula socialista de Urbanismo en el Ayuntamiento de Barcelona.
En su escrito de acusación, el fiscal pide cuatro años y siete meses de cárcel para el ex teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona Ramon García Bragado; para el exgerente de esa misma área Ramon Massagué; y para el ex director jurídico Enric Lambies. Todos ellos están acusados de prevaricación y falsedad documental. El fiscal exige que sean condenados a 13 años y medio de inhabilitación para desempeñar cargos públicos y a pagar una multa de 12.000 euros.
Los máximos responsables de Urbanismo en el Consistorio durante la etapa del alcalde socialista Jordi Hereu sucumbieron al poder de influencia de Millet y le facilitaron la tramitación del fallido hotel del Palau, un proyecto que jamás vio la luz por la decidida oposición de los vecinos, que llevaron el caso a los tribunales. García Bragado y Massaguer “ocultaron” que la operación beneficiaba a un particular —el hotelero Manuel Valderrama— para no desvirtuar la apariencia de interés público que tenía el proyecto, según la fiscalía.
El caso tiene su origen en 2003, cuando Millet y Montull lograron para el Palau la titularidad de unas fincas cercanas al recinto. El objetivo era, supuestamente, construir un hotel para dar mayor proyección al auditorio modernista. En realidad, buscaban “un importante beneficio personal”. Pero tenían un problema: la calificación urbanística de la zona no permitía, en el casco antiguo de Barcelona, el uso hotelero. De modo que intentaron a toda costa cambiar esa circunstancia.
Los saqueadores confesos de la institución musical aprovecharon “las relaciones personales” con los responsables de la Generalitat y del Ayuntamiento “para conseguir que colaboraran en la realización de aquella operación urbanística, firmando convenios, haciendo informes, agilizando trámites, dando información interesada o dictando resoluciones varias”.
En concreto, Millet y Montull “aprovecharon su relación de confianza y amistad” con García Bragado, entonces secretario de Presidencia con el Gobierno tripartito, para que encontrase un solar de la Generalitat que permitiera hacer la necesaria permuta urbanística. Todos ellos, junto al arquitecto Carles Díaz —que también afronta la pena de cuatro años y siete meses— acordaron impulsar dos convenios para que la operación urbanística prosperase. Los acuerdos se aprobaron sin el informe jurídico preceptivo y sin ningún tipo de estudio técnico, “debido a la supuesta urgencia para su firma que hábilmente supieron provocar y simular Millet y Montull”.
El convenio fijaba una indemnización de 3,6 millones para el Palau y dejaba en manos de Millet y del promotor hotelero la cantidad que este debía pagar a la Generalitat. El grupo socialista del Ayuntamiento de Barcelona no quiso polemizar con el escrito del fiscal y apeló al “más absoluto respeto por la labor que hace la judicatura”. Los socialistas se ciñeron al guion clásico al recordar que la presunción de inocencia es un derecho, pero matizaron que están convencidos de la “inocencia y honorabilidad” del antiguo equipo de Urbanismo.
* El País - JESÚS GARCÍA / BLANCA CIA Barcelona 8 JUN 2012
Foto: Barcelona, Millet y Montull imputados caso Palau - elpais.com
El TSJA ordena la demolición total de la biblioteca de Zaha Hadid en Sevilla
ELPAÍS* : Ni la estructura integrada en los jardines ni el aparcamiento subterráneo. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado la demolición total de la biblioteca diseñada por la arquitecta iraquí Zaha Hadid que la Universidad de Sevilla construía en el Prado de San Sebastián. Los jueces instan a la Universidad derribar todo lo que se había levantado, en subterráneo y sobre rasante, y a devolver a los jardines el aspecto que tenían antes de que empezaran las obras, en agosto de 2008.
El TSJA no admite ninguna de las dos propuestas de ejecución de sentencia que presentó la Universidad, que pasaban por integrar en los jardines lo ya construido o reponer la zona verde, pero mantener el aparcamiento, con capacidad para 80 coches. “No tiene ningún sentido jurídico el mantenimiento de los aparcamientos subterráneos, pues son tan ilegales como la parte construida sobre rasante”, sostienen los jueces.
La US se había agarrado a la posibilidad de no tener que demoler todo porque, a pesar de que este final parecía inevitable después de que el TSJA y el Supremo vetaran la biblioteca, los jueces no habían dado orden de derribar el edificio. Hasta hoy.
Lo que anuló el TSJA en junio de 2009 fueron las determinaciones sobre el parque del Prado de San Sebastián recogidas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en 2006, que reservaba un extremo de este espacio para equipamiento de uso educativo, pensando ya en la biblioteca. Los jueces aclaran ahora que la nulidad de la parte del PGOU que permitía el proyecto de Hadid “determina a su vez la nulidad de la licencia de obras y por ende la demolición de lo construido a su amparo”.
La licencia de obras la dio el Ayuntamiento de Sevilla por lo que, en teoría, es el responsable de que allí se empezara a construir. Pero la Universidad estaba tan convencida de que el proyecto saldría adelante, a pesar de la oposición de algunos vecinos, que firmó una cláusula por la que renunciaba a reclamar cualquier tipo de indemnización si alguno de los recursos interpuestos prosperaba. Así que ahora, en el peor momento económico, la US tiene que afrontar en solitario el derribo, que aunque no está cuantificado se prevé costosa debido a la complejidad del proyecto diseñado por Zaha Hadid. Antes, la Universidad tendrá que diseñar un plan de demolición y obtener la licencia.
El auto dictado por el TSJA admite recurso, pero un portavoz de la US señaló este miércoles que no van a recurrir. “Se acatará de forma inmediata y se procederá a la restitución de todo lo que había, de común acuerdo con el Ayuntamiento”. El TSJA da un mes para que informe tanto sobre el calendario con el que se pretende acometer la ejecución de la sentencia como sobre la identificación “de la autoridad o funcionario” responsable de la misma. Si el derribo se hace este año, la institución académica tendrá que descontar el dinero de otra partida porque los presupuestos para 2012 no contemplan la demolición de la obra. Antes de su paralización, la US había invertido ya más de cuatro millones en el proyecto, a los que hay que sumar más 100.000 euros al año en vigilancia y mantenimiento desde que se detuvieron los trabajos y la indemnización que, posiblemente, reclamará la empresa Ferrovial, que el rector de la US, Antonio Ramírez Arellano, llegó a cifrar entre tres y seis millones de euros.
* El País - REYES RINCÓN Sevilla 6 JUN 2012
Foto: Sevilla, obras paralizadas biblioteca el Prado - elpais
Una plataforma ciudadana sale en defensa del Port Vell de Barcelona
ELPAÍS* : El proceso de reconversión de la marina de la Barceloneta en un espacio para megayates tiene en pie de guerra a varios colectivos sociales de la ciudad. Para articular su oposición al proyecto, que actualmente se encuentra en trámite en la Autoridad Portuaria, ayer presentaron la Plataforma Defendamos el Port Vell, que aglutina a 29 entidades —como la FAVB y Arquitectos sin Fronteras, entre otros— y a un puñado de profesores universitarios.
Además de denunciar el impacto negativo que aseguran tendría el proyecto sobre el barrio marinero y el Casc Antic, esperan a largo plazo construir una propuesta para acercar más el litoral a la ciudad y “recuperar la cultura marítima”, según explicó Javier Moreno, uno de los miembros de la plataforma. La líder vecinal Gala Pin solicitó a las autoridades a mirar a las intervenciones que se han hecho en Hamburgo y Marsella, que consideró “más ciudadanas”.
Además de las afectaciones paisajísticas, la plataforma considera que la ampliación del muelle de España y la afectación de una parte del de los Pescadores cerrarían al público una zona por la que actualmente se puede pasear. También temen que aumente el precio de la vivienda en la zona, expulsando a los vecinos.
Moreno teme que la nueva marina —que le costará unos 25 millones de euros al grupo inglés que le promueve— se convierta en “un garaje para el alquiler de yates charter”, una actividad que, asegura, puede dar pie a actividades ilegales. Gran mayoría de estas embarcaciones tienen banderas de paraísos fiscales.
* El País - CAMILO S. BAQUERO Barcelona 7 JUN 2012
Foto: Barcelona, port Vell - seateam
Neoladrillismo o cómo volver a tropezar otra vez en la misma piedra
JUAN LÓPEZ DE URALDE* : El ayuntamiento de Tarifa ha aprobado la construcción de más de 300 viviendas y 1.400 plazas hoteleras junto a la playa de Valdevaqueros. Si no lo evitamos, este paraje único, libre de construcciones, y ubicado entre los Parques Naturales del Estrecho y los Alcornocales, puede caer bajo la nueva ola del ladrillo. No es el único. Como si nada hubiera ocurrido en España en estos últimos años, se suceden los nuevos proyectos urbanísticos en los lugares más bellos de nuestro litoral. Es el neoladrillismo.
Así, aquellos parajes que por estar peor comunicados, o por haber sido emblemas de la protección ambiental, se han librado del brutal urbanismo de la última década, están ahora muy amenazados. Se trata de lugares singulares de especial belleza, y hasta ahora prácticamente vírgenes, que lograron sobrevivir de la voracidad urbanística.
Hablamos por ejemplo de la playa de Es Trenc, en Mallorca. Un inmenso arenal que ha sufrido varias veces la amenaza de construcciones, pero que hasta ahora se había mantenido incólume gracias a la tenacidad de los grupos ecologistas, en especial del incansable GOB. En Murcia la amenaza se cierne sobre las costas de cabo Cope, hasta ahora ajenas al ladrillazo que inundó otras zonas de su litoral como La Manga del Mar Menor. En Almería es el Cabo de Gata el espacio sometido al riesgo de una nueva ola del ladrillo, como si no estuviera grabada en nuestra retina la imagen de ese espantoso hotel en la playa de El Algarrobico.
Pero ¿cómo es posible que esto ocurra con la que está cayendo precisamente como consecuencia de un urbanismo salvaje y de una burbuja inmobiliaria que no se supo o no se quiso parar? Ahí tenemos a Bankia, arrastrada al abismo precisamente por los activos tóxicos procedentes del ladrillo. Un abismo que parece arrastrarnos a todos y que, si no se remedia, va a costarnos miles de millones de euros de dinero público mientras se recortan servicios básicos para la ciudadanía.
Sin embargo, parece que esté modelo, el de los 5 millones de parados, sigue teniendo defensores en diferentes instancias y que podría volver.
La falta de alternativas de los grandes partidos le abre el camino. Ahora no vendrá de la mano de una banca fuertemente endeudada, sino a través de inversores o fondos extranjeros específicos que buscan dónde invertir.
El neoladrillismo no es masivo, ni se da en cualquier parte. Busca lugares de especial valor para proyectos de alto standing que puedan comercializarse perfectamente entre inversores extranjeros. Puede ser un buen negocio para ellos, pero en España sólo dejará más destrucción agotando todavía más el atractivo turístico de nuestra costa, a cambio de muy poco.
Ya hemos visto lo que nos ha traído la economía del ladrillo. Volver a escuchar los mismos argumentos de hace una década para justificar que se enladrille la playa de Valdevaqueros en Tarifa es inaceptable. No debemos permitirlo. No podemos consentir que una vez más se engañe a la gente con un falso desarrollo cuyas consecuencias ya conocemos. Tenemos que decir no. Otra vez no.
* Juan López de Uralde / EQUO
* El Huffington Post - 7.6.12
La corrupción alimenta la crisis, alerta Transparency International
ELPAÍS* : La corrupción y sensación de corrupción en los poderes públicos que desespera a los españoles tiene a dos de cada tres convencidos de que España es el país más corrupto de Europa y al 81% pensando que los partidos políticos son corruptos o muy corruptos. Otros tienen una opinión parecida de sí mismos (el 65% de los italianos otorgan a su país la medalla de oro en corrupción, con idéntico criterio que los españoles sobre sus partidos). A todos da la razón Transparency International (TI), la entidad sin ánimo de lucro volcada en la lucha contra la corrupción, que en su último informe destaca que España, junto a sus primos de Grecia, Italia y Portugal, adolece de una grave carencia de responsabilidad de los poderes públicos y una ineficacia, negligencia y corrupción tan enraizadas como faltas de control o sanción. “Ya no se pueden pasar por alto los vínculos entre corrupción y las crisis financiera y presupuestaria en estos países”, señala Transparency.
La entidad, radicada en Alemania, se ha hecho un nombre por sus estudios y revelaciones sobre cloacas políticas y económicas en todo el mundo. En el informe, que hoy hace público, titulado Money, Politics and Power: Corruption Risks in Europa (Dinero, política y poder. Peligros de la corrupción en Europa), Transparency se centra en la falta de claridad con que se adoptan decisiones en los países europeos.
Ya a primeros de año un Eurobarómetro revelaba que tres de cada cuatro europeos consideran que la corrupción es un grave problema en su país y cómo la mitad de ellos considera que la corrupción no ha hecho sino ir a más en los pasados tres años. La inmensa mayoría de los europeos estima que sea cual sea el nivel político institucional (local, regional o nacional) está minado por la corrupción y que políticos y responsables de los concursos públicos enseñorean a placer ese patio de Monipodio, que solo en la faceta de concurso públicos mueve del orden de 1,8 billones de euros anuales a escala comunitaria. Hace unos días, el Pew Research Center, un centro de estudios de Estados Unidos, revelaba que italianos (65%), españoles (63%) y griegos (52%) se tienen a sí mismos por los más corruptos de Europa.
En el año 2011 hubo destacados juicios sobre corrupción en Francia e Italia y escándalos que sacudieron a las opiniones públicas en el Reino Unido (gastos privados de parlamentarios cargados como públicos), Noruega (fraudes en pensiones), República Checa y Rumania (clientelismo puro y duro) y Bulgaria, Finlandia y Eslovenia (conflictos de intereses). La corrupción y los indicios racionales de corrupción llevan años campando por sus respetos en España, sin ahorrar poderes e instituciones. El 80,8% de los españoles tiene para sí que los partidos políticos son corruptos o extremadamente corruptos, según TI. El mismo porcentaje que en Italia, superados ambos ligeramente por la frustración de rumanos y por mucho por los afligidos griegos (87,9%).
Dice Transparency, refiriéndose a los países del sur de Europa, que en ellos “la corrupción consiste con frecuencia en prácticas legales pero no éticas” fruto de la opacidad en las reglas que rigen a los grupos de presión, el tráfico de influencias o la permeabilidad entre los sectores público y privado.
El informe subraya que la financiación de los partidos políticos no está debidamente regulada en Europa, pese a ser un área de alto riesgo de corrupción, y que los códigos de buena conducta de que se han dotado algunos parlamentos (no todos) están llenos de agujeros. Quienes hacen la ley hacen la trampa, viene a decir Transparency que en el suculento negocio de los contratos públicos constata que las legislaciones nacionales se ajustan a las directivas de la UE “aunque es un secreto a voces que en muchos países estas normas con sistemáticamente burladas y que eso se hace con impunidad”.
“Hay demasiados Gobiernos que escabullen su responsabilidad en la gestión de las finanzas públicas y de los concursos públicos”, indica TI. “Peor incluso, solo dos países [Noruega y Reino Unido] protegen adecuadamente de represalias a quienes deciden denunciar presuntos delitos o conductas no éticas”.
Transparency hace notar cómo la frustración popular con la gestión de la cosa pública lanzó en 2011 a millares de jóvenes a las calles “indignados (…) por la incompetencia y la corrupción de los políticos” en España, Grecia, Italia y Portugal. “Las administraciones públicas de estos países carecían del marco legislativo para responder de sus actos y de mecanismos de integridad y de modos para su puesta en práctica efectiva”, apunta TI. “España, Grecia y Portugal son casos claros de cómo la ineficacia, los abusos y la corrupción no están suficientemente controlados o sancionados”.
* El País - RICARDO MARTÍNEZ DE RITUERTO Bruselas 6 JUN 2012
El alcalde de Ayamonte y su antecesor declaran en calidad de imputados
HUELVAINFORMACIÓN* : El alcalde de Ayamonte, Antonio Rodríguez Castillo (PSOE), y su antecesor, el ex regidor municipal Rafael González (PSOE), comparecerán hoy ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 ayamontino para explicar su vinculación con la supuesta trama de irregularidades urbanísticas relacionada con el núcleo costero de Isla Canela. Ambos lo harán en calidad de imputados, según confirmaron ayer fuentes de la judicatura a Huelva Información.
El juez encargado de la instrucción del caso atribuye a Rodríguez Castillo un delito contra la ordenación del territorio, mientras que a Rafael González le imputa la comisión de delitos de prevaricación urbanística, contra la ordenación del territorio, contra el medio ambiente, estafa y cohecho.
Se trata, eso sí, de imputaciones cautelares y provisionales, ya que el procedimiento está en su fase inicial. Junto con los dos ediles desfilarán entre hoy y mañana por el Palacio de Justicia ayamontino otras siete personas más, concretamente miembros de la Corporación municipal de González -de diferentes áreas y niveles de responsabilidad, desde técnicos a ex concejales de Urbanismo- y cuatro constructores y promotores.
Las pesquisas, llevadas a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), desembocaron en la práctica de un registro en febrero de 2010 en la casa consistorial de Ayamonte en el que se intervinieron documentos de gran calado. Tras examinarlos en profundidad, la Fiscalía halló en ellos indicios de la comisión de varios delitos relacionados con el urbanismo y decidió abrir diligencias informativas en marzo del año pasado para esclarecer cambios en la calificación de un suelo que albergaba 800 viviendas.
Se trata de una superficie de 148.214 metros cuadrados, catalogada en el Plan de Ordenación local como zona verde y emplazada a pie de playa, que acabó siendo destinada a la construcción de residenciales con vistas al mar.
El cambio de calificación fue respaldado en noviembre de 2004 por el grupo socialista municipal que entonces lideraba Rafael González, dando así el visto bueno a la elaboración de un estudio de detalle de las parcelas centrales de la Unidad de Ejecución 1A del Plan de Ordenación Urbana del Centro de Interés Turístico Nacional de Isla Canela. Esta acción se hizo, presuntamente, a espaldas de la Junta de Andalucía, que obtuvo las primeras noticias sobre la maniobra urbanística en la primavera de 2008 y que corrigió al Consistorio en 2009, declarando la nulidad del estudio de detalle e instándole a revisar de oficio el planeamiento por considerar que éste significaba un atropello a la normativa vigente.
La Administración autonómica remitió al juez recientemente varios informes en los que manifiesta que se aprecia incumplimiento de la normativa de aplicación en 15 de los 19 estudios de detalle sometidos al análisis judicial, puesto que se habían elaborado sin el informe preceptivo y vinculante del Consejo Consultivo de Andalucía y vulneraban, incluso, varios artículos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
En los informes autonómicos la Junta deja claro que se ha producido una alteración de los usos y parámetros de edificabilidad, de la configuración de manzanas, parcelas y viario, en definitiva, de la ordenación pormenorizada establecida por la ordenación original del PGOU mediante las ordenaciones previstas en los proyectos de urbanización. Además, la entonces llamada Consejería de Obras Públicas y Transportes (ahora de Fomento y Vivienda), recuerda al titular del Mixto 3 de Ayamonte que su gabinete jurídico se vio abocado a recurrir por la vía contenciosa la reiterada negativa municipal -Antonio Rodríguez Castillo llegó a emitir un decreto dejando clara su postura- a anular algunas de las modificaciones aprobadas por el Pleno ayamontino cuando dio luz verde a la edificación de viviendas en primera línea del litoral onubense.
La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil parte de 1993 y abarca los años sucesivos, tras la llegada a la zona de Pryconsa-Iscasa y la posterior multiplicación de la oferta turística que desató el boom del ladrillo en el entorno privilegiado de Isla Canela, una zona marismeña rodeada de espacios protegidos.
Desde que hace poco más de un año la autoridad judicial decidiera abrir el melón urbanístico ayamontino el sumario ya acumula más de 4.000 folios de documentación, muchos de ellos fruto de los dos registros llevados a cabo por la Benemérita en el ayuntamiento. Durante las diligencias, los investigadores del Instituto Armado han llegado a tomar declaración a la ex mujer de Rafael González.
Sobre la mesa del instructor del caso está también la posible conexión de estas supuestas irregularidades urbanísticas con la ONG Ayamonte Solidaria, fundada por el propio ex alcalde y que llevaba ayuda a proyectos en Guatemala. El Seprona sospecha -y así se lo ha hecho saber al juez- que él y algunos colaboradores pudieron utilizar la ONG como una suerte de tapadera para ingresar presuntas comisiones urbanísticas enmascaradas de donaciones para enriquecerse y blanquear más de medio millón de euros.
A lo largo de las jornadas de hoy y mañana el juez podrá escuchar de primera mano los testimonios de los nueve imputados en la causa y decidirá si incrementa o disminuye el grado de implicación de cada uno de ellos.
* Huelva Información - R. RENDÓN · R. MORENO - 7.6.12
Foto: Ayamonte (Huelva), edificios Isla Canela - huelvainformacion.es
La Fiscalía pide tres años de prisión para el alcalde de Ponga
ELCOMERCIO/Asturias* : El Fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo de Asturias, Joaquín de la Riva, solicita la condena para el alcalde de Ponga por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, otro de prevaricación y uno continuado de desobediencia. El Ministerio Público pide para él una condena de tres años de prisión, multa de 9.720 euros, diez años de inhabilitación para empleo o cargo público y el pago de una indemnización al Principado de Asturias de 37.185,04 euros. La vista oral está señalada para mañana, además de para los días 12, 19 y 21 de junio, en el Juzgado de lo Penal número uno de Oviedo, a las 9.30 horas. En el banquillo se sentarán igualmente otras dos personas, empleadas del Ayuntamiento pongueto, por un delito continuado de desobediencia.
Los hechos se remontan a febrero de 2008 cuando, según recoge en su escrito la Fiscalía, el alcalde de Ponga, Cándido Vega, solicitó a la Consejería de Medio Rural y Pesca una autorización para el arreglo y acondicionamiento de los caminos de Calviado a Solafoz, del Caserío de Ventaniella al puerto de Ventaniella y de La Guaranga a Arcenorio. En junio de aquel mismo año se celebró un Pleno en el Ayuntamiento en el que regidor propuso la aprobación de la ejecución de los trabajos necesarios para la limpieza y acondicionamiento de las pistas de acceso a las majadas donde hubiera ganadería del concejo, a través de los empleados del Ayuntamiento y con la utilización de la maquinaria municipal. El Pleno aprobó por unanimidad la propuesta, siempre que se contara con los permisos preceptivos correspondientes.
El día 31 de julio de aquel año, el Servicio de Planificación y Gestión de Montes de la Consejería de Medio Rural comunicó al Ayuntamiento de Ponga que, a los efectos de determinar si era necesaria la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental, deberían remitir a dicho servicio un documento de evaluación medioambiental . Sin embargo, según se extrae del informe de la Fiscalía, Cándido Vega, pese a saber que no contaba con la preceptiva autorización, ordenó la realización de las obras. Así, el día 6 de agosto de 2008, un agente de la Guardería de la Consejería de Medio Ambiente observó que, en el Puerto de Ventaniella, una pala excavadora manejada por el acusado M. C. V., empleado del Ayuntamiento de Ponga, estaba procediendo a ensanchar un camino tradicional, empedrado en algunos tramos, de una anchura aproximada de 2 metros, convirtiéndolo en una pista de un ancho de 3,5 a 4 metros. Este agente levantó acta de adopción de medidas cautelares y ordenó al palista que parase su actividad de forma inmediata, retirando la pala del monte, a lo que se negó M. C. V., alegando que él sólo recibía órdenes del alcalde. Al día siguiente, la Guardería del Medio Natural comprobó que la pala seguía trabajando y que estaba 200 metros más arriba de donde se había mandado parar el día anterior. De nuevo se dirigieron los agentes al palista ordenándole detener las obras, haciendo éste caso omiso y continuando con las mismas. Los guardas se entrevistaron con el alcalde, advirtiéndole de la ilegalidad de los trabajos y comunicándole que se había dado orden de paralizar los mismos, pese a lo cual se continuó con los trabajos dentro del ámbito territorial del Parque Natural de Ponga, y del LIC y ZEPA Ponga-Amieva.
Similares hechos se desarrollaron también en agosto de 2008 en los Puertos de Arcenorio y Fonfría, y Sobrelafoz y Faeda, aunque en estos casos el operario era E. R. M. Tuvo incluso que intervenir la Guardia Civil para el precintaje de la máquina.
El acondicionamiento sufrido por los tres caminos descritos «conlleva un cambio en las condiciones de uso actuales de los mismos, dado que las actuaciones de mejora llevadas a cabo permiten el acceso con vehículos todoterreno hacia áreas que hasta la fecha no eran accesibles por estos medios, lo que supone un incremento de las posibilidades de frecuentación de la zona, y con ello un aumento apreciable de las posibilidades de interferir con el ciclo biológico de especies amenazadas, de que se generen incendios de forma accidental o intencionada, así como del furtivismo, tanto de especies cinegéticas como catalogadas», advierte la Fiscalía. Considera que Vega es autor de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, otro de prevaricación, y de un delito continuado de desobediencia. Del delito continuado de desobediencia se considera también autores a los acusados M. C. V. y E. R. M, para los que la Fiscalía pide la pena de diez meses de prisión a cada uno, con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
* El Comercio - ANA MORIYÓN - 5.6.12
Foto: Ponga (Asturias) - spainonline.com
Unos 800 cargos públicos imputados por corrupción, 100 en listas electorales
NUEVATRIBUNA* : Alrededor de 800 cargos públicos y políticos están imputados en casos de corrupción y, de ellos, unos 100 se presentaron en las listas en las últimas convocatorias electorales y, así, cada día se abre en la realidad un nuevo capítulo de la famosa película "Atraco a las tres".
De este modo se pronuncia, en una entrevista, María Ángeles López de Celis, la autora de "Los presidentes en zapatillas" que ahora acaba de publicar su segundo libro bajo el título "El síndrome de Alí Babá" (De cómo corruptos y sinvergüenzas acaban yéndose de rositas)".
Cuenta la que fuera secretaria de varios presidentes del Gobierno que, "irritada" porque en una situación de crisis seguía habiendo gente "metiendo mano en el cajón", decidió como ciudadana de a pie recoger en un libro los casos de corrupción como denuncia de algo que ha recorrido todas las etapas de la democracia.
Para "desdramatizar" el asunto, ha decidido abordarlo con un toque de "humor" y quiere especialmente agradecer a los periodistas su trabajo porque, sin ellos, el libro no hubiera sido posible.
A las "buenas gentes", a esos hombres y mujeres que se sienten desamparados ante la amenaza real del desempleo y a los jóvenes que no encuentran su camino hacia la realización personal y profesional ha dedicado López de Celis este libro.
Más de 4.000 millones de euros "se han ahogado en la charca de la corrupción en menos de diez años", según algunos cálculos manejados por la autora, quien repasa en su libro casos como el aceite de colza, la financiación ilegal de los partidos en los casos Filesa y Naseiro y los casos de Mariano Rubio, Juan Roldán y Juan Guerra.
No ha olvidado la máxima actualidad en la corrupción y también incluye el caso Gürtel, el de Palma Arena o los EREs de Andalucía.
Reconoce que las tentaciones, la avaricia y la codicia forman parte de naturaleza humana, pero "hay que controlarlo", enfatiza la autora antes de afirmar que en España los corruptos "no pagan por sus desafueros".
López de Celis no deja títere con cabeza y no salva a ningún partido de las garras de la corrupción, algo "nefasto" para una sociedad a la que "se le van por esa alcantarilla muchos recursos".
Según ella, al PSOE se le castiga más cuando alguno de sus miembros se ve implicado en algún caso, ya que las personas que "enarbolan la bandera de la libertad y de la honestidad, no pueden admitir en sus filas a procesados".
En cambio, el sufragio del PP es más "disciplinado" y los simpatizantes y afiliados suelen responder a la llamada al voto de sus dirigentes, lo que no quiere decir que acepten la corrupción.
La autora cifra en 800 el número de cargos imputados, una cantidad que "no se tiene en pie". "En un país donde estamos pasando estos momentos tan críticos, no es posible encima premiar a la gente que ha jurado por su conciencia y honor poner por encima los intereses de España", apostilla.
No ha tenido tiempo de incluir el caso Urdangarin en su libro, solo una breve cita, pero López de Celis cree que aunque el yerno del rey no sea condenado, "su honorabilidad ha quedado en entredicho". "Ha hecho un daño irreparable a la Casa Real; es una persona que ya no cuenta con el respeto de los españoles", subraya.
Considera que en la corrupción, como el déficit público, "no hay índice cero" porque siempre habrá alguien que "se deje tentar".
De todos modos, aboga por reducir los casos a niveles "tolerables", para lo que, en su opinión, es necesario hacer hincapié en la educación para inculcar a los niños los valores del "honor, la moral, la vergüenza y el espíritu de sacrificio".
Propone también poner coto a situaciones como la financiación "turbia" de los partidos o el retraso del Tribunal de Cuentas en la fiscalización de las fuerzas políticas, pero sobre todo cree imprescindible la independencia "total y absoluta" del poder judicial para que estos casos no queden inmunes.
A los corruptos hay que "aislarlos y castigarlos", concluye López de Celis no sin antes hacer un llamamiento a todos los ciudadanos para que no consientan esta lacra y salgan a la calle sin es necesario para intentar pararla. "Nosotros, los ciudadanos, también somos responsables".
* Nueva Tribuna - 28.5.12
Foto: Corrupción - terra.es
El urbanismo de Calp, en el dique seco
LEVANTE/Alicante* : El urbanismo en Calp está seco. Es evidente que con la crisis ya no se mueve un ladrillo. Pero hay otro motivo. El agua potable escasea. Calp la tiene a unos cuantos kilómetros de distancia puesto que se trasvasa desde los pozos Lucífer de la Vall de Laguar. Da para abastecer al municipio, pero no para mucho más. Por tanto, el desarrollo urbanístico de la ciudad del Penyal pende de un hilo de agua.
El Tribunal Supremo, en una sentencia del pasado 16 de mayo, rechaza el recurso presentado por la Generalitat Valenciana para tratar de desbloquear el plan parcial de mejora del sector 16 Gargasindi de Calp. El Supremo estima que debe seguir vigente la paralización de este programa urbanístico decretada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana hace ahora algo más de un año.
Resulta curioso que, mientras que la comisión territorial de Urbanismo aprobó el plan en 2007 sin tener en cuenta el informe desfavorable de abastecimiento de agua, el TSJ sí lo considerara vinculante hasta el punto de dictar un auto que suspende el plan parcial. Ahora el Supremo ratifica ese auto y recuerda que ese informe negativo, fechado en diciembre de 2007, indica que el agua prevista para la actuación debe proceder de los pozos Lucífer y Barranc Salat I y II. "El volumen del primero se usa en su totalidad para el abastecimiento del municipio de Calp, mientras que está paralizada la tramitación de la concesión de los pozos Barranc Salat I y II" y, por tanto, "no existe disponibilidad" de agua para este programa urbanístico.
En su recurso de casación, la Generalitat Valenciana alegaba que no se iban a producir "daños y perjuicios" porque la vigencia del acuerdo estaba supeditada a obtener un informe positivo de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre recursos hídricos. También apela al interés público de dar luz verde a este plan urbanístico.
Sin embargo, el Tribunal Supremo deja claro que el único interés general que prevalece es el de garantizar que las nuevas viviendas tengan agua potable. Y recomienda no empezar la casa por el tejado, es decir, primero debe haber un informe favorable de suministro y luego aprobarse el plan.
* Levante - 6.6.12
Foto: Calp (Alicante), construcción masiva - elpais.com
Más chalés en Las Rozas en un encinar protegido
DIAGONAL/Madrid* : El alcalde de Las Rozas, Madrid, imputado en un delito contra el medio ambiente, quiere levantar mil viviendas en un espacio protegido.
El Ayuntamiento de Las Rozas (PP) pretende talar un encinar catalogado como Monte Preservado para construir más de mil viviendas. Este municipio madrileño cuenta en la actualidad con 100.000 habitantes y, según denuncia la plataforma Salvemos Las Rozas, la construcción de estas viviendas no es una prioridad, ya que existen más de 8.000 viviendas vacías. “Además, en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que prepara el Ayuntamiento se ha programado la construcción de otras 10.000 viviendas. Esto, unido a las 5.000 viviendas por ejecutar del anterior PGOU correspondiente al año 1994, duplicaría la población total de Las Rozas que existe hoy”, asegura Jaime del Val, portavoz de Salvemos Las Rozas.
Modificación del PGOU
El encinar, situado en las inmediaciones del Parque Empresarial, no fue incluido como urbanizable en el PGOU de 1994. Sin embargo, una modificación puntual llevada a cabo en 2012 ha permitido que se pueda urbanizar este espacio protegido. El nuevo ejecutivo del PP, con el alcalde, José Ignacio Fernández Rubio, a la cabeza, argumenta que esta “medida es para proteger el encinar”. Salvemos Las Rozas y la Asamblea Popular del 15M en este municipio, denuncian que “lo que realmente se pretende es ‘legalizar’ las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), construidas ilegalmente sobre zona verde”. De esta manera, el ejecutivo local intenta paliar la pérdida de las 12 hectáreas sobre las que se levantó la Ciudad del Fútbol y en las que no se permite construir, con la cesión de dos hectáreas del encinar que ahora sí serán urbanizables. Tanto la plataforma en defensa del encinar como Ecologistas en Acción, el 15M e Izquierda Unida piden la dimisión del regidor José Ignacio Fernández Rubio, exalcalde del municipio vecino de Guadarrama donde está imputado por un delito de “prevaricación con consecuencias contra el medio ambiente”. En ese pueblo, Fernández Rubio y otros cuatro concejales concedieron hace doce años una licencia provisional a un restaurante de Guadarrama, El Molino del Rey, que fue levantado en suelo protegido.
La modificación del Plan General de Urbanismo de 1994 incluye dos zonas (dos hectáreas) protegidas. La segunda hectárea del encinar afectada corresponde a un espacio que cuenta con abundantes ejemplares de Piruétano o Peral Silvestre, especie autóctona de la Península Ibérica y el Noroeste del Magreb, que actualmente se encuentra protegida. La vegetación de esa parte del encinar forma parte de la directiva de Hábitats y, por la Ley 16/1995 del 4 de mayo es terreno forestal y de protección de la naturaleza de la Comunidad de Madrid. Las empresas inmobiliarias a las que ya ha sido asignado el proyecto son la constructora Levit y la promotora Gran Atlas 2.000, propietarias de los terrenos.
Falta de transparencia
Para luchar contra la urbanización del encinar se ha creado la plataforma Salvemos Las Rozas, que denuncian la ilegalidad del proyecto. Las asociaciones que integran esta plataforma señalan que la clasificación de este encinar como suelo urbano no se corresponde con lo que marca la normativa, ya que carece de los servicios básicos que exige la legislación para que se considere urbanizable un espacio hasta ahora rústico protegido.
Además, la asociación añade que la clasificación de los terrenos debería ser “suelo no urbanizable de protección”, de acuerdo a ley. Desde que se inicio la presentación y la aprobación de la modificación, el pasado mes de diciembre, el PGOU todos los partidos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Las Rozas denuncian la “falta de transparencia” del Gobierno local, por aprobar la modificación en periodo de vacaciones navideñas, entre el 23 y el 30 de diciembre de 2011.
* Diagonal - GONZALO SORIANO - 6.6.12
Foto: El Ayuntamiento quiere talar y construir mil viviendas en un bosque protegido. / Jaime del Val
El alcalde de Valladolid, imputado por irregularidades urbanísticas
EFE* : El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva (PP), declarará como imputado en próximo 12 de julio en las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción nº1 de la ciudad por presuntas irregularidades en el PGOU de 2003, han informado fuentes próximas al caso. Además del regidor, tendrán que prestar declaración también en calidad de imputadas otras siete personas durante los próximos junio, julio y septiembre, entre ellos políticos y técnicos del Ayuntamiento, han precisado dichas fuentes.
Las diligencias se refieren a unos supuestos cambios efectuados en el PGOU desde que se aprobó en pleno municipal en marzo de 2003 hasta que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia en febrero de 2004, al parecer con divergencias entre los dos textos, algunas supuestamente vinculadas con cambios de edificabilidad.
El alcalde, aún sin constancia de una comunicación acerca de su declaración como imputado, ha explicado a los periodistas que comparecerá en el juzgado en función de lo que le digan, han referido fuentes municipales.
En el caso de que comparezca como imputado, acudiría acompañado de un letrado con la opción de poder decir lo que le parezca, y en el supuesto de declarar como testigo, iría sólo y con la obligación de decir la verdad, han precisado dichas fuentes. El alcalde ha reiterado su disposición a colaborar con la Justicia, como ha asegurado que lo ha hecho desde el primer día, con la puesta a disposición de ordenadores, despachos y todo lo que sea necesario, continuando con la misma línea de cooperación con la Justicia que asegura haber mantenido hasta ahora.
* 20Minutos - EFE - 5.6.12
Foto: Valladolid, alcalde - EP
Icod.- El fiscal pide dos años de cárcel y 20 de inhabilitación para el alcalde
ELDÍA/Tenerife* : La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife solicita dos años de prisión y veinte de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el actual alcalde de Icod de los Vinos, Juan José Dorta (PSC), y tres de los concejales de su actual gobierno, los socialistas Ramón Jesús Socas Luis, Ana María Pérez Díaz y José Alberto Ruiz Guzmán. El fiscal encargado del escrito de acusación del procedimiento abreviado 33/2010 considera que el mandatario, los tres ediles citados y otros cinco exconcejales del PSC de la Ciudad del Drago cometieron delitos continuados de prevaricación y prevaricación urbanística durante el mandato 2003-2007.
Tras la reciente apertura del juicio oral, que tiene su origen en las diligencias previas 736/2007, EL DÍA ha tenido acceso al escrito de la Fiscalía, que acusa al alcalde icodense, Juan José Dorta Álvarez, de un delito continuado de prevaricación urbanística, por el que pide dos años de prisión y diez de inhabilitación especial, y otro delito continuado de prevaricación, por el que pide otros diez años de inhabilitación para empleo o cargo público.
La Fiscalía plantea idénticas acusaciones y penas para Ramón Jesús Socas Luis, Ana María Pérez Díaz, José Alberto Ruiz Guzmán y los exconcejales socialistas Bernardo Martín Socas, Jesús Manuel Rolo Rodríguez y Luciano López Estévez. Para Carmen Casilda Hernández solo solicita diez años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación.
El exconcejal de Urbanismo Maximino Fuentes Pérez es el acusado que afronta una petición de penas más elevada. La Fiscalía lo acusa de prevaricación, prevaricación urbanística y un delito contra la ordenación del territorio, por ello solicita el cumplimiento de tres años de prisión, 22 años de inhabilitación y una multa de 2.700 euros. Además, pide que abone, junto al constructor C.G.G., también procesado, el coste de la demolición de una edificación ilegal en la calle Los Canarios.
El Juzgado Número Dos de Icod de los Vinos basó a finales de 2010 sus acusaciones de posibles delitos de prevaricación continuada contra Dorta y los ediles y exediles citados en cuestiones como la supuesta adjudicación irregular y reiterada de obras, servicios y suministros por valor de casi tres millones de euros a unas pocas empresas; la concesión de licencias con informes técnicos en contra para varios edificios y decenas de viviendas, o la supuesta contratación "a dedo" de personal.
Pagos irregulares
Ese auto judicial de noviembre del año 2010, remitido a la Audiencia Provincial por la jueza instructora, decía que los acusados de esta gran cantidad de pagos irregulares actuaron así "de forma continuada, conscientes de que omitían el procedimiento legalmente establecido, y sin que mostraran ninguna intención de enmendar sus errores ni de cambiar su modo de actuar, impidiendo a otras empresas la posibilidad de realizar esas obras".
Aquel auto del Juzgado icodense citaba entonces trece casos de posible prevaricación urbanística y continuada por la concesión de licencias con informes técnicos desfavorables, con "un claro desprecio" de la normativa urbanística y "en un intento de beneficiar a empresas y particulares". Informes donde, según el propio auto, incluso se advertía expresamente a los ediles de la posibilidad de estar cometiendo delitos. En total, se habrían otorgado licencias irregulares para más de 150 viviendas en Icod, 58 de ellas de protección oficial.
* El Día Tenerife - 3.6.12
Foto: Icod de los Vinos (Tenerife) - iespana.es
De edificio abandonado a biblioteca: Un colectivo bilbaíno ocupa un bloque que llevaba 50 años vacío
LAINFORMACIÓN* : En el barrio no hay una biblioteca ni una sala en la que realizar conferencias. ¿Y el viejo edificio que lleva décadas sin tocarse? Los vecinos de un barrio de Bilbao han tomado una construcción abandonada y que nunca ha tenido actividad para llevar algunos servicios públicos a la zona.
¿Y por qué no? Cinco décadas construido y nunca ha sido utilizado para nada. Los vecinos del barrio de Uribarri (Bilbao) han decidido ocupar la construcción. Según el colectivo 'Patakon' la razón ha sido “la falta de servicios públicos”. Los que han estado limpiando el lugar afirman que dentro hay poco más que polvo. Los jóvenes del barrio quieren establecer allí un centro sociocultural, como han explicado a elcorreo.com. Y espacio no les va a faltar. El bloque de cinco pisos fue construido con la intención de albergar una fábrica, pero no consiguió los permisos necesarios.
“Lleva 50 años construido y nunca ha servido para nada. Es perfecto para las necesidades del entorno”, han explicado los portavoces de 'Patakon' al medio local. Además, como el propietario es un único titular, el Ayuntamiento ya ha dicho que no puede interferir. A no ser que se interponga denuncia.
La extinta asociación vecinal Gure Etxea ya intentó en 1994 transformarlo en un ambulatorio, pero no hubo suerte. “Dentro hay medio siglo de suciedad”, dice una de las voluntarias al salir del edificio. Desde la asociación afirman que el proyecto “está abierto a gente de todas las edades y todas las ideas, todo puede hablarse”.
Lo primero será una biblioteca, pero en el barrio “hay muchas necesidades”, así que ideas no faltan. Los vecinos han tomado el lugar por su propio pie después de pedir varios locales al Ayuntamiento.
* La Información - 5/06/2012 | Gorka Ramos
Foto: Imagen aérea del barrio bilbaíno donde se ha ocupado un edificio
AVE, aeropuertos, autovías, TV... Razones por las que Merkel no pasa ni una a España
ELCONFIDENCIAL* : Por muchas reformas que Mariano Rajoy haya puesto encima de la mesa, el Gobierno español no transmite confianza fuera de nuestras fronteras. Más allá de la gestión del caso Bankia, la reforma financiera y la laboral, la Unión Europa echa en cara a España que acumule en sus cuentas millones de euros invertidos en un sinfín de proyectos que han resultado ser un fracaso: miles de kilómetros de líneas de alta velocidad, autopistas, autovías, aeropuertos, tranvías... Inversiones millonarias de dudosa rentabilidad que Europa no está dispuesta a pagar.
Con 47 millones de habitantes y 17 autonomías divididas en 50 provincias, sin contar Ceuta y Melilla, España tiene a su disposición 52 aeropuertos, de los que solo ocho son oficialmente rentables; más de una veintena de provincias dispone de otro aeropuerto a menos de una hora por carretera. Alemania, con casi el doble de población que la española (81 millones de habitantes), no necesita más de 39 aeropuertos.
Si el Gobierno español hubiera incrementado el gasto en la misma proporción que el Ejecutivo alemán entre 2002 y 2008 (es decir, un 2,8% y no un 50%), en 2009 España apenas hubiese tenido un déficit público del 1% del PIB (unos 10.000 millones de euros) frente al 11,1% (más de 100.000 millones de euros) que arrojó.
Europa critica el derroche de los países del Sur mientras aplaude la capacidad de ahorrar de los alemanes, con un salario bruto anual (40.914 euros) casi el doble que el español (21.500). La austeridad de la que presume Alemania se traduce, por ejemplo, en que solo necesita 10 canales televisivos autonómicos, mientras que en España existen trece operadores públicos de titularidad autonómica que emiten en 26 canales. Solo la televisión valenciana acumula una deuda de unos 1.200 millones de euros, la mayor de todas las autonómicas. Sin subvenciones de las autonomías ni tasas, entre todas arrastran una deuda de más de 2.100 millones de euros.
Que España sea el país europeo con más posibilidades de ser rescatado se achaca a la irresponsabilidad de sus políticos, que no aprovecharon la fase expansiva para ahorrar o reducir impuestos. De hecho, un estudio interno elaborado por asesores de la Presidencia del Gobierno desvela que España es el país europeo con mayor número de políticos (445.568) con cargos públicos por habitante de toda Europa. Unos trabajadores que se dedican a la función pública, 300.000 más que en Alemania, que copan todos los niveles de la administración (senadores, alcaldes, diputados, concejales, organismos internacionales, consorcios, mancomunidades…).
Más kilómetros de AVE que EEUU
Este año, la Alta Velocidad Española (AVE) celebró sus veinte años, y lo hizo como líder mundial por su puntualidad y la longitud de su red, fruto de la inversión de 39.500 millones de euros que ha copado durante las dos décadas. La primera línea española fue la que une Madrid y Sevilla. Desde entonces, España es el segundo país del mundo en longitud de líneas de alta velocidad, solo superado por China (con una población treinta veces mayor), y con muchos más kilómetros que Francia y Alemania. Un ejemplo: en 2010, España contaba con 3.744 kilómetros de AVE; en Alemania, apenas superaban los 1.400 kilómetros.
En una visita a España en mayo de 2009, invitado por el Ministerio de Fomento, el secretario de transportes norteamericano, Ray LaHood, se sorprendió de la capacidad económica de un país con un PIB 15 veces inferior al estadounidense, y al despedirse congratuló al ministro del ramo. EEUU no se podía permitir los costes de inversión y mantenimiento de las líneas de AVE. En julio de 2011, Fomento cerró la línea directa Toledo-Cuenca-Albacete, en la cual perdían 18.000 euros al día por transportar una media de nueve pasajeros diarios. Ninguna línea en España, ni siquiera la de Madrid-Barcelona, es rentable.
Tanto el Tesoro como el Fondo Monetario Internacional presionan a Alemania para que acepte un giro en la política europea de austeridad y ayude a los países con problemas como España. Pero Merkel insiste en que España ha gastado mucho más de lo que ha ingresado y aún tiene que apretarse más el cinturón. Otro ejemplo del derroche: a fecha de 31 de diciembre de 2007, España tenía 14.689 kilómetros entre autopistas y autovías, convirtiéndose en el tercer país del mundo por longitud de vías de alta capacidad, solo superado por Estados Unidos y China. Como ocurre con los aeropuertos y las líneas de Alta Velocidad, España vuelve a superar con creces a Alemania, Francia e Inglaterra.
En su defensa, los políticos españoles justificarán los números rojos ante Europa con el aumento del paro y la caída de la actividad inesperada. En ningún momento han reconocido que su mala planificación contribuyó a hundir un poco más las finanzas públicas. Más ejemplos: la autopista de peaje que une Cartagena con Vera (Almería), se diseñó para una media de 7.000 vehículos al día, y todavía no ha alcanzado los 2.000. En ella se invirtieron 650 millones de euros. Las autopistas radiales de entrada y salida de Madrid, conocidas como R2, R3, R4 y R5 tienen un tráfico medio diario que no llega ni al 30% del tráfico que hace rentable esas infraestructuras, por lo que suponen una verdadera ruina. La inversión de estas carreteras, “imprescindibles” para el Gobierno que las inauguró, fue de 2.552 millones de euros.
Más de 400 millones se comió la AP-41, autopista de peaje que une Madrid con Toledo, con un tráfico 79% inferior al previsto; la misma cantidad que se destinó a la autopista de la segunda circunvalación de Alicante, por la que estaba previsto que circularan 30.000 vehículos al día y la media no llega ni a los 10.000… En 2006, Alemania disponía de 152 kilómetros de autopista por millón de habitantes. España, con un salario mínimo interprofesional de 641 euros, contaba con 276.
* El Confidencial - Ana I. Gracia - 3.6.12
Foto: Ciudad Real, aeropuerto fantasma - EFE
Cádiz.- Decenas de órdenes de demolición de viviendas ilegales sin ejecutar
LAVOZDIGITAL* : La reciente filtración a la prensa de una posible amnistía que estudia el Gobierno central para sacar de la ilegalidad una bolsa de cientos de miles de viviendas que salpican el territorio nacional de norte a sur; el decreto ya aprobado por la Junta para regularizar 250.000 inmuebles en la Comunidad -unas 40.000 solo en la provincia gaditana- que se levantaron incumpliendo los planeamientos urbanísticos; o bajando un peldaño más en las administraciones públicas, las actualizaciones de los planes locales de ordenación, que van todos encaminados a ampliar la superficie urbana e incluir en esos espacios terrenos que antes estaban vetados a la construcción. Una limitación que sin embargo no fue óbice para que surgieran como setas casas y más casas que fueron constituyendo en algunos casos auténticos núcleos de población que crecieron al margen de la ley y las normas. Todo este conjunto de medidas, algunas en proyecto y otras adoptadas por administraciones de distinto color político, están teniendo una influencia directa en la lucha que desde hace años se libra en los juzgados para perseguir y castigar los atentados contra el suelo.
Pese a las numerosas sentencias firmes que ordenan la demolición de viviendas ilegales, no se están ejecutando. O lo que es lo mismo, ante las previsibles regularizaciones masivas que se están ya produciendo a nivel local, regional y ahora se especula con medidas de carácter nacional, los jueces están echando el freno y suspendiendo las ejecuciones. La Justicia se queda a medio camino, dictando condenas que no se cumplen de forma escrupulosa. Si esto ocurriera con otro tipo de delitos, que generan mayor alarma social, el escándalo sería mayúsculo.
Al frente de esta batalla en contra de las viviendas ilegales se sitúa el Ministerio Fiscal y colectivos ecologistas, que son los únicos impulsores de las denuncias contra las construcciones fuera de la ley. En el caso de Cádiz, la Fiscalía de Medio Ambiente ha sido uno de las más activas a nivel nacional en la persecución de estos delitos. El anterior fiscal delegado en esta materia, Ángel Núñez, fue muy crítico durante el periodo que ejerció esa responsabilidad con los ayuntamientos, a los que culpó de su desidia para frenar el desarrollo urbanístico al margen de las normas.
Su sucesora, Patricia Navarro, mantiene esa misma línea de combate y una de sus reciente iniciativas ha sido elevar al Tribunal Supremo un recurso para que se posicione sobre la ejecución de los derribos como parte de la condena a la que se enfrentan los procesados. El movimiento de la Fiscalía es tratar de buscar una suerte de jurisprudencia que sirva para unificar criterios ante las sentencias dispares que se están produciendo, con jueces que ordenan esta medida y otros que la consideran excesiva. La propia Navarro, que se encontraba estos últimos días en unas jornadas sobre esta materia en Segovia, confirmó a este medio que aún no ha habido pronunciamiento. Sería la primera vez que el Supremo se posicione.
Mientras llega esta decisión, la realidad es tozuda e indica que las órdenes de demolición se han paralizado en la práctica. En febrero, un pleno de la Audiencia Provincial acordaba dejar en suspenso esa medida en aquellos supuestos en los que la vivienda hubiera sido regularizada gracias a la aprobación definitiva del planeamiento urbano que le afecta. Solo cuando haya una aprobación y no una previsión, se suspenderá la medida. Una decisión que librará de la pica a miles de viviendas que serán legalizadas gracias a nuevos PGOUs como el de El Puerto o el POTA de la Costa Noroeste.
En estos momentos, la Fiscalía de Medio Ambiente tiene un registro de medio centenar de sentencias firmes sin ejecutar, en las que se ordena al procesado que tire el inmueble que levantó incurriendo en un delito contra la ordenación del territorio. Algunos de esos fallos, en los que no cabe recurso alguno, fueron dictados antes de 2008. Es decir, hay edificaciones en esta provincia sobre las que pesa una orden de demolición desde hace cinco o más años que siguen en pie, generando una «sensación de total impunidad», como subraya una y otra vez la fiscal delegada Patricia Navarro cuando se le pregunta por este asunto.
Desde noviembre de 2010
La última vez que actuó la pica por orden judicial se produjo en noviembre de 2010. Y fue un derribo parcial de una edificación levantada en Grazalema, en pleno Parque Natural, que desvió el cauce del río Guadalete. Un atentado ecológico que comenzó a fraguarse en 2005 y que generó un chorreo de denuncias de colectivos como Ecologistas en Acción. Un año después de arrancar los trabajos, la Justicia anulaba la licencia que otorgó la alcaldesa socialista María José Lara, que terminaría imputada en la operación que inició la Guardia Civil ('caso Pinsapar') junto a su tío, Antonio Mateos y predecesor suyo en el cargo. Una investigación que destapó una trama de cobro de comisiones, que llevó al exarquitecto municipal a la cárcel. Este profesional recibió en abril pasado la ratificación definitiva por vía contenciosa que debía tirar su casa, que había construido en suelo protegido. Un ejemplo de cómo gestores públicos han incumplido alegremente con las normas urbanísticas. Esta orden de demolición se suma a la carpeta de pendientes de ejecución y sin fecha de materialización.
Si a la ya crónica falta de diligencia en estos asuntos que han demostrado los ayuntamientos, que durante años han permitido que fuera creciendo un parque inmobiliario ilegal en sus municipios, la crisis también se cuela con sus efectos en este problema. Una vez más, la actual situación económica está siendo determinante o sirve de perfecta excusa para no acometer las órdenes de demolición que la Justicia dicta.
La Ley establece que si el propietario del inmueble no ejecuta esa medida, debe ser la Administración quien la lleve a cabo de manera subsidiaria. «La respuesta que estamos recibiendo es que no hay dinero para afrontar esos trabajos y se dejan sin hacer», reconoce la fiscal de Medio Ambiente. También se suma, como apuntan desde los ayuntamientos, que no hay ofertas por parte de empresas especializadas para hacerse cargo de esos trabajos «porque socialmente están mal vistos».
La presión ejercida por los dueños de viviendas ilegales, que han llegado a constituir hasta formaciones políticas con capacidad de decisión (el caso del Partido Vecinal de Chiclana que se ha hecho cargo de las carteras de Urbanismo y Obras en virtud del pacto de gobierno sellado con el PP) se está traduciendo en más influencia. Algo que viene advirtiendo la Fiscalía de Cádiz, que ha denunciado en reiteradas ocasiones como estos colectivos son 'lobbies' de poder.
Pero la provincia de Cádiz no es ni mucho menos una excepción; si bien, dada su situación geográfica con uno de los litorales más apreciados del país está sometida a más ataques contra el suelo que cualquier provincia del interior. Aunque también en los lugares sin costa, los desmanes urbanísticos se siguen dando. Así, en la última memoria hecha pública por la Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía, el responsable del Ministerio Público en Córdoba, denunciaba la permanencia de las construcciones ilegales, de lo que responsabilizaba a «la escasez de órdenes de demolición y el generalizado incumplimiento de las que se acaban dictando. Para que la persecución de estos ilícitos y su sanción puedan tener alguna efectividad, es imprescindible eliminar el ilícito beneficio que produce el delito urbanístico».
Tal y como se está aplicando la ley en estos momentos, los fiscales reconocen que los condenados por edificaciones ilegales «terminan consiguiendo sus propósitos» porque en la práctica solo están afrontando el pago de una multa, las condenas de cárcel no se ejecutan porque en la mayoría de los casos los procesados no tienen antecedentes; mientras que observan cómo sus viviendas se libran de la pica y solo tienen que esperar la llegada de algún proceso regularizador que incluya su propiedad entre las zonas urbanizables.
* La Voz Digital - SILVIA TUBIO - 3.6.12
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz). viviendas 'ilegales' carretera Sanlúcar - diariodecadiz.com
El urbanismo de Boadilla, bajo sospecha
ELPAÍS/Madrid* : Casi todo el urbanismo de Boadilla del Monte está bajo sospecha. En total, la suma de las adjudicaciones de las que podría haberse beneficiado la trama del caso Gürtel podría alcanzar los cien millones de euros. El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que instruye el caso Gürtel, ha acordado que la empresa municipal del suelo de este municipio madrileño (EMSV) envíe toda la documentación referida a las adjudicaciones de las que fueron beneficiarias tres empresas que aparecen en el sumario de la red corrupta: Teconsa, Ortiz y el Grupo Rafael.
El juez quiere cotejar, entre otros, el expediente municipal de la adjudicación del Auditorio Escuela de Música de Boadillla del Monte. El Ayuntamiento de Boadilla, con el imputado en el caso Arturo González Panero de alcalde, otorgó esta obra, según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, a la sociedad Ortiz, por un valor de 5,35 millones de euros.
Pero el magistrado ha ido un poco más allá al requerir a la Unidad de Auxilio Judicial de la Intervención General del Estado (IGAE) para que emita un informe que determine el grado de cumplimiento de los contratos otorgados a la empresa Tecnologías de la Construcción (Teconsa), por un montante que supera los 25 millones de euros.
La petición de Ruz siembra ahora la sospecha sobre otras adjudicaciones que, hasta el momento, no estaban incluidas en el sumario. Se trata de la construcción de una piscina municipal cubierta en el Polígono de Las Eras, por un importe de 2,94 millones de euros; la adjudicación de dos colegios, uno de primaria y otro de secundaria, por un valor de 3,97 millones de euros; y tres promociones de viviendas de protección pública, de 96, 80 y 57 viviendas cada una, y más del doble de plazas de garaje. Solo esta última, las 57 viviendas, superan los 8 millones de euros. En total, y según estimaciones del caso, Ruz pone el foco en las adjudicaciones de Teconsa y Ortiz, que suponen una inversión superior a los 30 millones de euros procedentes del Consistorio, que entonces gobernaba Arturo González Panero, alias El albondiguilla, con Juan Siguero como número dos. Ambos están imputados en la causa.
Además, y fuera del urbanismo, el magistrado reclama a la empresa municipal del suelo de Boadilla toda la documentación referida a la adjudicación, facturación y pago de 16 eventos que supuestamente beneficiaron a la red de Correa. Ruz investiga si Correa se benefició también de la organización de estos 16 actos públicos realizados por sus empresas. Según un auto del pasado 17 de mayo se trata de tres campañas sobre la Ora; dos sobre la implantación del SER en Boadilla; dos promociones publicitarias sobre el ahorro de agua; cuatro publicidades sobre viviendas públicas; dos campañas del festival Summercase 2006; otras dos sobre la celebración de una gala en una televisión privada; así como la inauguración de la sede del PP de Boadilla del Monte el 19 de julio de 2006. Este acto contó con la presencia e Arturo González Panero, pero también de quien entonces era secretario general del PP madrileño Francisco Granados, de la actual delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, y de la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Adrados.
Esta decisión judicial constituye un paso firme e importante, pues hasta el momento las adjudicaciones bajo sospecha en Boadilla del Monte se limitaban a la edificación de un polideportivo por parte de la sociedad Constructora Hispánica (30 millones de euros), la pavimentación de varias calles del centro de Boadilla, también a Hispánica (500.000 euros); la adjudicación de una parcela por 27 millones a la firma UFC, de José Luis Ulibarri, así como la adjudicación directa a Easy Concept, una de las empresas del presunto cerebro de la red, Francisco Correa, de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), que superaba los 7,2 millones de euros. Otra de las adjudicaciones de las que se benefició la red corrupta, más de un centenar de locales comerciales y plazas de garaje en la promoción Residencial Siglo XXI está valorada en 6 millones de euros. Todo por un montante muy superior a los más de 60 millones de euros.
A ello hay que añadir que el exjuez Baltasar Garzón logró abortar una operación de la trama Gürtel en la urbanización Prado del Espino (Boadilla) por la que el Ayuntamiento de este municipio perdía un mínimo de 13 millones de euros, según un informe de la policía.
Si a los últimos 30 millones de Teconsa y Ortiz se suman los más de 60 millones sospechosos que se habían detectado hasta el momento, el beneficio de la red podría haber superado ampliamente los 90 millones de euros, según las valoraciones de las adjudicaciones municipales. Incluyendo actos e ingresos que se dejaron obtener, la red Gürtel pudo tener un beneficio cercano a los 100 millones de euros,
Los informes que forman parte de las diligencias judiciales apuntan también al ingreso en las cuentas de la trama de 1,8 millones de euros que posteriormente se repartieron tanto Correa como Pablo Crespo, su número dos. La policía apunta que se trata de "una cantidad muy elevada para vincularla a un solo pago, y más teniendo en cuenta que en otras actuaciones realizadas con Teconsa el pago de la comisión correspondía a un porcentaje de un 3% sobre el precio de adjudicación de la obra". Por ello considera que el importe "no se correspondería con el pago de una comisión, sino que aglutinaría varias adjudicaciones de las que ha sido beneficiaria Teconsa en Boadilla del Monte [Madrid]". Estas adjudicaciones son las que está investigando ya Ruz, que también trata de determinar la participación de Teconsa en la organización de la visita del Papa a Valencia.
* El País - TONO CALLEJA Madrid 3 JUN 2012
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), sede_Ayuntamiento - elpais
