NORTECASTILLA* : El alcalde de Arroyo de la Encomienda, el independiente José Manuel Méndez Freijo, y el concejal del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, Jesús García Galván, se sentarán en el banquillo de un Juzgado de lo Penal para responder de varios presuntos delitos contra la Administración pública (prevaricación y cohecho), después de que la Audiencia de Valladolid haya confirmado en un auto el procesamiento del juez de Instrucción nº1 de la capital.
Méndez fue acusado por el magistrado José María Crespo de favorecer con procesos de recalificación a la constructora Mahía, empresa que en el año 2001 le prestó 180.000 euros para poder superar las dificultades de su empresa Recreativos Dema. El regidor, según figura en la Instrucción, habría recibido además como pago de estos presuntos favores un piso de la promotora en Villagarcía de Arosa, cuyo desembolso es cuestionado por la Fiscalía y la acusación popular, representada la Asociación de Vecinos Arroyo Siglo XXI.
En el caso del concejal, Jesús García Galván, también portavoz del PP en la Diputación de Valladolid, la Audiencia mantiene también la imputación por la venta de un chalé construido por Mahía en el ría de Mugardos (La Coruña). La venta la realizó el dueño de la constructora, Ramón López Casal, que también ha sido procesado.
Seis años después de que se iniciasen las diligencias previas, el Tribunal provincial da por finalizada la fase de instrucción y considera que existen suficientes indicios para que respondan de los cargos de haber favorecido a la constructora gallega, con importantes intereses en ese municipio próximo a la capital vallisoletana. Recalificaciones que se realizaron en los sectores SAU 13, declarado ilegal por el TSJ de Castilla y León, y del SAU 9, cuya recalificación para edificar 2984 pisos fue aprobado por Méndez
El auto de los tres magistrados de la Audiencia, al que ha tenido acceso este diario, confirma también el procesamiento del socio de José Manuel Méndez, José Presas, del arquitecto municipal de Arroyo, Buenaventura Conde, y de la María Iluminada Miguel, apoderada de Mahía y antigua empleada en una de las empresas de Méndez.
Por el contrario, los jueces no ven suficientes indicios para acusar al que fuera concejal de Obras de Arroyo, Javier Cruz, quien a pesar de haber comprado dos viviendas a Mahía en el mismo año y tener ingresos superiores a los declarados por importe de 164.906 euros, entre los años 2003 y 2007, no está acreditado el delito fiscal que está establecido por el Código Penal en 120.000 euros.
* El Norte de Castilla - 17.05.12 - JORGE MORENO
Foto: Arroyo de la Encomienda (Valladolid), exceso edificaciones - nortecastilla.es
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ELPAÍS/Cádiz* : El PP de Chiclana (Cádiz) ha firmado un acuerdo de gobernabilidad por el que entrega el área de Urbanismo y el de Vías y Obras a su nuevo socio en el Ayuntamiento, el Partido Vecinal Regionalista (PVRE), nacido en las pasadas elecciones municipales para recoger los intereses de los propietarios de viviendas ilegales de este municipio, cifradas en algo más de 15.000. Entre las cláusulas, el pacto incluye la eliminación de las actuales ordenanzas de regularización de casas y la rebaja de las multas a los que incumplieron la legalidad urbanística.
El PP venció los últimos comicios locales pero no logró la mayoría absoluta, que sí sumaban el PSOE, IU y el PVRE. Este último se estrenó en el Consistorio con dos ediles, todo un éxito electoral teniendo en cuenta su reciente creación. El nuevo partido había recabado respaldo de sus orígenes como plataforma reivindicativa de los derechos de todos los dueños de casas ilegales que proliferaron en este municipio en las tres últimas décadas. Los populares han vivido un año de gobierno en minoría pero han preferido este acuerdo por un triple motivo: el rechazo de la oposición en bloque a su plan de ajuste, las dificultades para consensuar el presupuesto y el reciente acuerdo en la Junta entre PSOE e IU, que hizo suponer al PP que llevaría a buscar similares alianzas municipales.
Con este acuerdo, los populares espantan la posibilidad de la moción de censura pero se juega su imagen al haber pactado y entregado Urbanismo a los que defienden pagar menos por las construcciones ilegales y una reducción de las multas a los incumplidores de la legislación. "Nosotros no somos ilegales. Somos vecinos. No decimos que no tenemos que pagar. Nunca hemos hecho eso. Decimos que no vamos a pagar un dinero que no tenemos", trató de aclarar ayer la portavoz del PVRE y nueva edil de Urbanismo, Marisol Ayala.
El acuerdo, respaldado por la dirección provincial y andaluza del PP, incluye un acuerdo programático de cuatro páginas y uno de gobernabilidad de dos. A grandes rasgos, el pacto tendrá vigencia de tres años y marca compromisos hasta 2015. Entre ellos: la congelación del IBI, la derogación de la ordenanzas que regían el proceso de regularización de viviendas y aplicar "las atenuantes que permita la ley" en la sanciones urbanísticas de suelos urbanizables o no consolidados. "Las zonas donde proliferan estas casas son oportunidades de inversión", sostuvo el alcalde, Ernesto Marín. Niega que este pacto sea "escandaloso" como lo ha definido IU. "El problema de las viviendas ilegales en Chiclana es ya un problema social y hay que resolverlo", resumió. El PSOE aseguró ayer que "respecta" el acuerdo. Su portavoz, José María Román, admitió haber tenido contactos con el PVRE pero nunca en los términos del acuerdo alcanzado con el PP.
* El País - PEDRO ESPINOSA - 19.5.12
Foto: Chiclana zona ilegales - ELPAIS - Roman Ríos
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PÚBLICO* : El Gobierno aprobó hoy un acuerdo por el que revisa al alza los tipos de interés de los préstamos sobre las viviendas protegidas concedidos en el marco de los distintos planes de vivienda elaborados entre 1997 y 2008, según la referencia del Consejo de Ministros.
El Gobierno ha explicado que esta revisión se realiza bajo los criterios que establece cada plan, si bien con carácter general se utiliza un promedio del tipo de referencia de los préstamos hipotecarios del conjunto de las entidades financieras publicado por el Banco de España en los últimos meses.
Así, el tipo de interés aplicable a las hipotecas concedidas al amparo del Programa 1996-1999 (que el año pasado se redujo del 5 % al 2,5 %) queda situado en el 3,3 %, mientras que el del plan 1998-2001 será del ,05 %. Asimismo, el tipo de interés del plan 2002-2005 aumenta al 3,38 % y el del plan 2005-2008 al 3,39 % (frente al 2,57 % que se aplicaba hastaahora a ambos).
En el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros no se ha incluido la revisión de los tipos de interés de los préstamos acogidos al vigente Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, dado que estos préstamos se actualizan automáticamente y con el Euríbor como referencia.
* Público - EFE MADRID 18/05/2012
Foto: Hipotecas, récord de embargos - elmundo
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LASPROVINCIAS/Valencia* : En plena vorágine de fiebre urbanística, los promotores se fijaron en Nàquera, un paraíso ubicado en la Sierra Calderona. Uno de los proyectos más polémicos fue el que se presentó a principios de los años 2000, y que pretendía urbanizar un campo de golf de 18 hoyos con 1.300 viviendas y un hotel en la partida de Fontanelles, y que fue incluido en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana del municipio. Después de que la Conselleria de Territorio haya mantenido paralizado desde el año 2005 la aprobación definitiva del PGOU debido al rechazo a este proyecto. Según fuentes del Consistorio de Nàquera, que ayer por la tarde ratificó la propuesta de anteriores equipos de gobierno, la promotora Residencial Nàquera Golf está muy interesada en que el proyecto urbanístico se desarrolle, pese a la crisis económica.
El actual tripartito que conforma el equipo de gobierno reclamó a la Conselleria de Territorio un informe sobre el Plan General que mantiene paralizado, y en el que el Consell se reafirmó en sus dudas sobre el PAI de Fontanelles. Sin embargo, pese a este informe, el equipo de gobierno decidió ayer ratificar el plan y volver a mandarlo a la Conselleria de Territorio para su aprobación definitiva.
Uno de los problemas es que la empresa promotora se encargó de construir un edificio en el casco urbano a cambio del suelo municipal que debía entregar la promotora por la urbanización del campo de golf. Las obras llevan paralizadas varios años porque como era una especie de permuta, el Ayuntamiento no les pagaba las obras.
El tripartito que ahora ratifica este proyecto en plena crisis económica está formado por partidos que en su momento se mostraron completamente contrarios a la urbanización. Fuentes consistoriales defendieron el campo de golf porque «no está dentro del parque natural sino en su zona de influencia, que es algo muy distinto». El proyecto ya fue el motivo de que en el año 2003 saliera adelante una moción de censura para desalojar a los socialistas, que consideraban que la zona de les Fontanelles debía mantenerse como parque natural.
* Las Provincias - 18.5.12
Foto: Náquera (Valencia) - corralnou.net
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EUROPAPRESS/Málaga* : El jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo de Marbella (Málaga), Jorge González, ha ratificado que se enviaban a la Alcaldía propuestas para precintar obras supuestamente ilegales y se devolvían sin firmar, hasta el punto de que se tuvo que recurrir a la fórmula de remitir esas propuestas por Registro General de entrada o incluso a través de notificadores. También ha apuntado que era la Policía Local la que tenía que ejecutar los precintos.
González, cuya declaración en un procedimiento por una licencia presuntamente irregular dio lugar al comienzo de la investigación del caso 'Malaya', ha vuelvo a comparecer en el juicio y ha vuelto a aludir a la posición del presunto cerebro de la supuesta trama de corrupción, Juan Antonio Roca, en cuanto a los precintos y a que él "no recibía instrucciones de Alcaldía ni en ésta ni en ninguna otra materia" y tenía conocimiento de los asuntos "accidentalmente".
El testigo, que tendrá que seguir declarando en otra sesión del juicio, ha asegurado que la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe, no se interesó por la materia de precintos "todo lo contrario, me decía que tenía noticias de que se habían roto los precintos y yo le decía que tenía que firmar los decretos que estaban puestos desde hacía meses y que no se firmaban", requerimiento que, según ha señalado, no atendía.
Por esto, ha señalado, se tuvo que recurrir a remitir esas propuestas por registro general de entrada de documentos e incluso por notificadores, considerando una práctica "absolutamente inusual que un funcionario se diriga por el Registro de Entrada a la administración a la que sirve". Ha explicado que lo hacía así para que "quedase constancia de que determinado pronunciamiento judicial había llegado a personal de mi servicio".
Cuando sí les llegaba firmada la propuesta, se remitía a los técnicos del Servicio de Inspección y se hacía un decreto firmado por Alcaldía, dandole parte a la Policía Local para que procediese al precinto. En este sentido, ha dicho que "en absoluto" vio una actitud colaboradora en cuanto a ejecutar los precintos por parte de la Policía Local, apuntando que había "muchos problemas" y en ocasiones "se rompían" los precintos.
Ha dicho que en lo que dependía de él "se daban las instrucciones oportunas para que se incoasen los procedimientos" administrativos para la suspensión de las obras y ha explicado que "el precinto se hace por el técnico de urbanismo, el decreto lo firma la alcaldesa y materialmente lo ejecuta la Policía", apuntando que "frente a la renuencia y la constancia de que no se hacían" insistió en ello a través de escritos remitidos al que entonces jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo, acusado en esta causa.
"En los 8.000 municipios españoles, un precinto no lo hace con un bolígrafo un auxiliar, es el ejercicio legítimo de la fuerza, es la compulsión sobre las personas, eso lo hace la Policía, pero independientemente, hay un decreto que obligaba y no se respetaba", ha aseverado González, insistiendo en que "para precintar algo por orden judicial, no hay que hacer ningun expediente, sino ir a precintar".
Asimismo, preguntado por los requerimientos realizados por la Junta de Andalucía para la revisión de licencias de obras, el testigo ha indicado que sabía que se estaban produciendo "reiteradamente" y ha apuntado a que entre 2003 y 2006 se estaban ejecutando actuaciones urbanísticas amparadas en licencias concedidas con base a la revisión del planeamiento.
PRECINTOS Y LA POLICÍA LOCAL
También sobre los precintos de obras ha declarado el jefe de la Policía Local, Rafael Mora, que entonces era segundo de este cuerpo policial. Ha explicado, a preguntas del letrado de la Junta de Andalucía, que la ejecución de la orden del precinto "dependía siempre del jefe", un sistema que implantó Del Pozo, según ha manifestado el testigo, quien ha insistido en que estas órdenes no se tramitaban como otras, sino que se remitían a Jefatura.
Ha asegurado que a través de decretos se informaban de órdenes de precinto y también vigilancia de los mismos. Ha indicado que cuando él actuaba como jefe accidental se hacía una nota de servicio y se enviaba a las patrullas para llevar a cabo las acciones solicitadas y "el cumplimiento del decreto" que se había dictado. En algunos casos, la actuación de los agentes era, ha señalado, sólo acompañar a los técnicos de urbanismo.
* Europa Press - 16.5.12
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
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ELDÍA/Tenerife* : El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz ya ha cerrado el catálogo de los edificios afectados por la polémica figura del fuera de ordenación. Según los datos aportados ayer a EL DÍA, y que se entregarán con detalle (ubicación de cada inmueble) a los grupos políticos la próxima semana, un total de 1.788 edificaciones sufren esa catalogación, que ha convertido a la ciudad en uno de los referentes nacionales de la reacción ciudadana por la falta de información previa a los dueños.
De esos 1.788 inmuebles, solo 162 habían sido reconocidos bajo esa figura durante la revisión del PGO desarrollada hasta el nuevo mandato, de los que 49 se hallaban en esa situación por disconformidad con el número de plantas.
Con el pacto entre CC y PSC y el énfasis puesto desde entonces en la elaboración de esta lista, la cifra aumentó en 1.626, hasta alcanzar los 1.788 que se llevarán en breve a pleno junto al PGO.
De esos 1.626, un total de 1.401 se deben a disconformidad por plantas, mientras que los 387 restantes obedecen a alineaciones interiores (patios) o exteriores. En este último caso, los técnicos tienen registrados edificios que no necesitan cambios para entrar en ordenación.
Con estas cifras, y siguiendo la hoja de ruta marcada por el gobierno y los técnicos del área, consistente en la suspensión de ámbitos (en su mayoría, del casco y La Salud), Urbanismo se muestra convencido de resolver el 80% o más de los casos del fuera de ordenación (que afectan, como mínimo y según el padrón, a 57.000 personas). Para ello, y frente a las tesis de la plataforma vecinal, se insiste en que la Cotmac sí podrá aceptar esa suspensión y resolverse buena parte en seis meses.
Aunque Urbanismo opta por no dar ninguna fecha concreta para el pleno extraordinario, sí se apunta que el catálogo se llevará al consejo rector del próximo 1 o 5 de junio.
* El Día - 18.5.12
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - skyscrapercity.com
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LEVANTE/Valencia* : Las denuncias vecinales sobre solares abandonados marcan el ritmo del control por parte del Ayuntamiento de Sagunt. Concretamente, los técnicos de Sanidad son quienes inspeccionan los puntos más conflictivos, que suelen ser los sectores que estaban en pleno desarrollo cuando estalló la crisis, y posteriormente trasladan el expediente a Urbanismo que se pone en contacto con el dueño para que lo adecente.
Sin ordenanza propia, el consistorio se acoge a la ley de mayor rango para ordenar la ejecución de las obras en primera instancia y proceder a la ejecución subsidiaria en último caso, un proceso que suele durar varios meses. Sobre la frecuencia con la que se dan estos incumplimientos, fuentes municipales reconocen que «hay muchos solares vacantes —más de un 42 % del suelo urbano, es decir, 6,7 kilómetros, según el Catastro— pero solo unos pocos ofrecen un estado lamentable», una cantidad que «no ha aumentado espectacularmente con la crisis».
Por lo que respecta a las viviendas en ruinas, el proceso es similar, aunque, en este caso, sí se ha dotado de una ordenanza que entró en vigor hace semanas para obligar a los edificios que se construyeron hace más de 50 años a que se sometan a una inspección técnica que certifique su estado. En este caso se encuentran más de 4.000 inmuebles en Sagunt, de los que cerca de 300 son centenarios.
LA LEY URBANÍSTICA VALENCIANA
Obligaciones de los dueños
«Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras precisas para conservar o rehabilitar en ellos las condiciones imprescindibles de habitabilidad o uso efectivo que permitirían obtener la licencia administrativa de ocupación para el destino que les sea propio [...] Compete al ayuntamiento hacer efectivas estas obligaciones [...]».
* Levante - R. HERRERO - 17.5.12
Foto: Sagunto (Valencia) - Casco_antiguo y teatro - wikipedia
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20MINUTOS/Málaga* : La mafia rusa era el principal "cliente" de la red de blanqueo de capitales y corrupción urbanística liderada supuestamente por el exalcalde de la localidad malagueña de Casares (Málaga), Juan Sánchez (IU), según fuentes de la investigación.
En la operación, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y desarrollada de forma conjunta por la Policía y la Guardia Civil, ya hay nueve personas imputadas, entre ellas el exalcalde y su esposa, el concejal de Urbanismo y varios abogados. Sánchez se encuentra en prisión desde el pasado martes. La trama había creado un complejo entramado de más de veinte empresas que se superponían unas a otras y que eran las encargadas de blanquear el dinero procedente del crimen organizado.
A través de inversiones inmobiliarias y aprovechando el boom de la construcción vivido en la costa malagueña en años anteriores, el clan Kremliovskaya de la mafia rusa habría conseguido blanquear "millones de euros" obtenidos del narcotráfico a gran escala.
Investigación desde 2008
La Guardia Civil investigaba las operaciones dudosas detectadas en el Ayuntamiento de Casares desde 2008, pesquisas que coincidieron hace aproximadamente año y medio con las que realizaba la Policía Nacional sobre el lavado de dinero de las mafias rusas asentadas en la Costa del Sol
Hasta el momento se han intervenido 236 viviendas y 19 vehículos, y se han bloqueado 165 cuentas en una veintena de entidades bancarias. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones ni registros en las próximas horas
Ya en 2007, el PSOE presentó ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia por el supuesto carácter ilícito de varios convenios urbanísticos del Ayuntamiento, presidido entonces por Juan Sánchez.
El consistorio supuestamente aprobó el 14 de diciembre del 2004 la adjudicación de obras sin concurso y la enajenación de tres fincas públicas sin la correspondiente subasta a la promotora Majestic Construction and Development.
Según los cálculos efectuados entonces por el PSOE, se habría producido un fraude al patrimonio público equivalente a 3,3 millones de euros, al tasarse el metro cuadrado por un valor cinco veces por debajo del real para este sector municipal.
* 20 Minutos - 17.5.12
Foto: La Guardia Civil investiga un delito urbanístico en el ayuntamiento malagueño de Casares. (EFE/Carlos Díaz)
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LAVOZDIGITAL/Cádiz* : El Equipo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil de Cádiz ha completado una larga investigación que les ha llevado unos tres años para encajar todas las piezas de una trama dedicada a sacar pingües beneficios burlando el planeamiento urbano de Chiclana. Un entramado al que han podido vincular finalmente a 38 personas, muchas de las cuales ya prestaron declaración en calidad de imputados a partir de 2009, cuando estalló la operación con el arresto de seis personas. Una vez más el Instituto Armado muestra a través de sus indagaciones cómo profesionales tales como arquitectos, abogados, promotores o agentes colaboradores de entidades financieras sacaron tajada durante la época dorada del ladrillo, incumpliendo la normativa urbanística a su antojo. El resultado ha sido una herencia de miles de viviendas ilegales que ahora las administraciones se ven obligadas, por la presión social, a regularizar no sin pocos obstáculos.
El caso que ayer recordaba de nuevo la Benemérita se lleva instruyendo en los juzgados de Chiclana desde 2009 y se encuadra dentro de los llamados Obra Nueva. Un engaño que proliferó como fórmula para construir en suelos no urbanizables. Los promotores que recurrían a él, tiraban de arquitectos que certificaban la existencia de viviendas con determinada antigüedad en parcelas que incluso estaban sin edificar y así apelar a la prescripción de posibles sanciones urbanísticas. Obtenido dicho certificado e inscrito el falso inmueble en el Registro, la parcela quedaba regularizada aunque la casa no estuviera construida o solo levantados los cimientos.
Esta investigación salpicó en su día a nombres ya conocidos y vinculados de por vida con el urbanismo ilegal como el arquitecto Joaquín Palli Selga, a quien recientemente le denegaron un indulto y la Audiencia le ordenaba que ingresara en prisión a principios de abril. Más de medio centenar de denuncias por firmar certificados falsos de antigüedad tienen la culpa. En este caso en concreto, la Guardia Civil lo acusó en 2009 de haber rubricado documentos similares en 2005.
Estas pesquisas se centraron en las actividades de una empresa promotora, dirigida por tres hermanos de Chiclana, que se dedicaba a comprar parcelas para después dividirlas y venderlas en el mercado inmobiliario. Al tratarse de suelos no urbanizables, tenían que echar mano de toda una cadena de profesionales para dar la apariencia de que esos solares estaban ocupados por inmuebles con más de cuatro años de antigüedad. Ese ardid les permitía sacar a la venta unas parcelas regularizadas y que, por tanto, multiplicaban su precio original.
Ya en 2009, cuando se conocieron los primeros datos de esta investigación, la Guardia Civil alertaba de que los promotores estaban recurriendo a testaferros para que inscribieran los inmuebles ficticios y alejarse así de posibles problemas judiciales. Ayer la Benemérita volvía a subrayar este aspecto; al igual que el uso de documentación falsa para obtener préstamos hipotecarios. Una vivienda ilegal al no estar escriturada la entidad financiera no concede dinero. La estrategia era recurrir a tasadores o agentes colaboradores de bancos que llegaban a valorar bienes distintos al que supuestamente se iba a hipotecar para obtener la liquidez deseada. Fuentes judiciales confirmaron que esta semana se van a realizar nuevos interrogatorios de imputados.
* La Voz Digital - 17.05.12 - SILVIA TUBIO
Foto: Vista aérea de viviendas en la costa de Chiclana en 2008. / GARCÍA CORDERO
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SOMOSMADRID* : El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado por mayoría la concesión de la medalla de la ciudad al que fuera su anterior regidor, Alberto Ruiz Gallardón. Los trabajadores y vecinos del Ayuntamiento de Madrid consideramos tal decisión un absoluto despropósito, ya que los 8 largos años de mandato municipal no fueron otra cosa que el uso y abuso del cargo público para su propia vanidad, gastando de manera ostentosa los bienes y presupuestos municipales.
Nuestra opinión la basamos en cinco de los aspectos más relevantes de la nefasta gestión municipal del que ahora ocupa la cartera ministerial de Justicia en el gobierno de la nación.
Mandato plagado de ilegalidades...
Una de las primeras medidas adoptadas por el anterior alcalde madrileño fue la superdotación del departamento jurídico del municipio; parecía tener bien claro que su gestión iba a estar, no bordeando la legalidad, sino claramente al margen de ella. Basta recordar algunos ejemplos concretos:
- Obras de soterramiento de la M-30. Para sortear la legislación medioambiental troceó la obra en varios tramos, lo que no fue suficiente para que impedir la Unión Europea decretase la ilegalidad de dichas obras, que sin embargo nadie ha restituido.
- Ordenanza fiscal de Vados: Recientemente la justicia ha confirmado la ilegalidad de la modificación de la ordenanza que regula el cobro de vados, cuya recaudación Gallardón multiplicó un 300%
- Ampliación de las zona de parquímetros, que se realizó de manera nula por decretarlo persona que no tenía competencias para ello
- Nuevos desarrollos urbanísticos: El Tribunal Supremo confirmó en 2007 la nulidad del Plan General Ordenación Urbana de Madrid de 1997 que declaraba urbanizables más de 20 zonas de la periferia de Madrid. Dicho plan fue aprobado por la Comunidad de Madrid siendo presidente Gallardón.
- La privatización de la gestión de las licencias urbanísticas fue también declarada ilegal
- Lo mismo ocurrió con la ordenanza que regula las sanciones de tráfico, cuyas cuantías máximas fueron declaradas fuera de la ley
- La destrucción del parque Cornisa a favor de la Iglesia (lo que se conoció como “Mini-Vaticano) se realizó también contra la ley
- Y la financiación municipal a través de la venta de suelo fue también declarada ilegal.
En ninguno de los casos se ha reparado el daño causado, ni a los ciudadanos se les ha devuelto las cantidades ilegalmente recaudadas. Por eso es una ironía de muy mal gusto, y una afrenta a la honradez democrática, que esta persona que ha incumplido tantas veces la legislación, no sólo no haya sido condenada y apartada de la gestión de cargos públicos, sino que haya sido recompensada nada menos que con la cartera de Justicia.
RUINA TOTAL DE LAS ARCAS MUNICIPALES
Es bien conocida la situación en la que ha dejado Gallardón al municipio de Madrid, cuya deuda es la cuarta parte del total de los municipios españoles, teniendo una población que sólo representa el 7% del conjunto nacional. A esta deuda reconocida de 7.000 millones de euros, hay que sumar otros 1.000 millones por impago de facturas de servicios. La causa de este descomunal despilfarro, han sido obras inútiles y ostentosas de las que los madrileños no se han beneficiado.
- El soterramiento de parte de la M-30 se ha hecho a costa de la tala de miles de árboles de gran envergadura, aumentando con ello la contaminación de una ciudad ya irrespirable. Supone priorizar el tráfico privado motorizado, y tiene un elevado coste de mantenimiento de los túneles.
- El traslado de la alcaldía al palacio de Cibeles no ha tenido ninguna utilidad para los vecinos, ya que los servicios municipales no han mejorado con ello; y los despachos ostentosos y el espacio cultural, que no es tal, requiere también unos desproporcionados gastos de mantenimiento.
- La cabezonada olímpica también costó mucho dinero y para nada. Dinero en cargos, viajes y regalos, y en instalaciones convertidas finalmente en garaje para coches de F-1, como ha pasado con la Caja Mágica.
Para tratar de compensar estos gastos, Gallardón ha castigado a los madrileños con desorbitadas subidas en sanciones, tasas e impuestos, como ningún otro regidor ha realizado en estos años.
PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EN MANOS DE LAS GRANDES EMPRESAS
Mientras subía las tasas e impuestos al conjunto de la ciudadanía, el municipio las bajaba a las grandes empresas, a las que además traspasó la gestión de instalaciones municipales (centros culturales, deportivos, de mayores, el teatro Español, etc.), pisos de la EMVS, las fiestas y cabalgatas, o servicios tan necesarios y delicados como la gestión de licencias, el registro y padrón municipal, los servicios sociales, el teléfono 010… En estos momentos casi toda la gestión de la ciudad de Madrid está en manos de las grandes empresas, en particular de las constructoras de los amigos de Gallardón.
EL ABANDONO DE LOS BARRIOS Y LA TEORÍA DE LAS COMPETENCIAS IMPROPIAS
Lo peor de esta ruina presupuestaria es que el despilfarro ha ido a obras de total inutilidad para el vecindario madrileño, y tiene como consecuencia el abandono de las inversiones en los equipamientos necesarios en los barrios, o los servicios sociales para una población cada vez más necesitada por la precariedad a la que la crisis está llevando.
Patética ha sido la teoría emanada del ahora injustamente premiado, de las “competencias impropias”, con la que pretendía desprenderse de la gestión de servicios que una administración local, la más cercana al ciudadano, nunca debe abandonar. Y si es patético es porque el montante principal de la ruina económica de la ciudad de Madrid la han generado obras tan “propias” como el soterramiento de una autopista que era gestionada por el estado hasta la llegada de Gallardón a la alcaldía, o el millonario traslado de la una sede municipal a un palacio del Estado, o el intento de convertir la capital en sede olímpica. Si hay competencias realmente impropias de la actividad municipal, son precisamente aquellas por las que Gallardón dejó literalmente hundida a la ciudad, lo que requerirá varias décadas para su recuperación.
CENTRALIZACIÓN ABSOLUTA Y AUTORITARISMO
Esta engañosa teoría de las competencias impropias, con la que Gallardón ha pretendido desentenderse de servicios básicos a la ciudadanía, ha sido complementada en estos 8 años de gestión municipal con una política:
- Profundamente centralizadora, despojando a los distritos de las pocas competencias que tenían, del exiguo presupuesto que gestionaban, y privando a los barrios de los actos y fiestas que representaban sus señas de identidad
- Autoritaria y antidemocrática, con unos órganos absolutamente vacíos de contenido, una cerrazón total a la participación vecinal, y normativas restrictivas de derechos.
Este es el balance que podemos hacer de la gestión de Alberto Ruiz Gallardón en 8 largos años al frente de la alcaldía de Madrid. Esta persona se merece estar procesada, por las muchas ilegalidades cometidas durante su mandato, y por la dilapidación de caudales públicos. Debería estar inhabilitada para ejercer cargo público, y debería haber pagado de su bolsillo los perjuicios económicos que ha causado a la ciudad durante su mandato.
Por ello nos llena de estupor que el pleno del Ayuntamiento de Madrid haya decidido la concesión de la medalla de la ciudad a quien no se la merece bajo ningún concepto. Quizás alguna vez pueda ser revocada esta decisión tan contraria al sentimiento de los madrileños, y sean desautorizadas las personas que lo han apoyado.
* Somos Madrid - 10.5.12
Foto: Madrid, nueva sede ayuntamiento - google
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LAINFORMACIÓN* : Caja Madrid y Bancaja, antes de convertirse en Bankia, realizaron operaciones de alto riesgo y escasa o nula rentabilidad. Esta es la lista de errores cometidos por estas dos cajas que fueron presididas por Miguel Blesa y José Luis Olivas.
Bankia es el mayor dolor de cabeza del ministerio de Economía, del Banco de España y de miles de cuentacorrentistas. El estado tendrá que inyectarle miles de millones. ¿De dónde proceden las operaciones fallidas de este gigante financiero compuesto hoy por siete antiguas cajas de ahorro?
La Torre Repsol en Madrid. Norman Foster diseñó para Repsol una de las cuatro Torres que destacan en el perfil de Madrid. Repsol decidió a última hora no ocupar ese edificio, sino mudarse a otra zona de Madrid.
En 2007, el consejo de Caja Madrid dio luz verde para comprar este gigantesco rascacielos de 44 pisos a Repsol. Precio: 815 millones de euros. El 70% se pagó en efectivo y el 30% restante, en la entrega del edificio, en 2009. Se esperaba que fuera la sede de la futura Caja Madrid: 74.000 metros cuadrados de oficinas, capacidad para albergar a 4.000 personas. Según la consultora Aguirre Newman, ya en el primer semestre de 2009 el mercado de alquiler de oficinas se había depreciado un 44% respecto a 2008.
Hipotecaria Su Casita en México. En julio de 2008, el mismo mes en que Martinsa entraba en suspensión de pagos, Caja Madrid terminaba la compra del 100% de Hipotecaria Su Casita. Tenía 100.000 clientes y el 10% del mercado hipotecario mexicano. México era uno de los mercados inmobiliarios de mayor crecimiento en América. Caja Madrid había ido comprando Hipotecaria su Casita desde 2005 hasta 2008. En suma, invirtió 332 millones de euros. Pero le afectó de lleno la crisis de las hipotecas basura de EEUU. Hace un mes, estaba tramitando su liquidación.
City National Bank of Florida. En abril de 2008 Caja Madrid anunciaba la compra del City National Bank de Florida por 927 millones de dólares (unos 750 millones de euros). Era el sexto mayor banco privado de Florida y estaba especializado en crédito a empresas, especialmente clientes hispanoparlantes. Pero el City resultó afectado por la crisis hipotecaria americana, y Caja Madrid tuvo que inyectar 76 millones de euros en 2010 para amortiguar las pérdidas. Ahora está en fase de recuperación. En 2011 ganó 26 millones de euros.
Inmobiliaria Martinsa-Fadesa. El empresario Fernando Martín, que fue presidente del Real Madrid, desembolsó en 2007 más de 4.000 millones de euros para comprar la inmobiliaria Fadesa. Caja Madrid prestó 1.000 millones. Martinsa Fadesa entró en suspensión de pagos al año siguiente. Salió de la suspensión de pagos a principios de 2011, cuando los acreedores pactaron su plan de salvación. A finales de ese año, Martinsa-Fadesa mantenía una deuda con las instituciones financieras equivalente a 5.679 millones de euros.
Realia. Creada en 2000 con la aportación del patrimonio inmobiliario de Caja Madrid y FCC, en 2007 obtuvo unos ingresos de 813 millones de euros el alquileres y venta de oficinas y pisos. Al año siguiente, los ingresos cayeron a 468 millones de euros. Las pérdidas fueron de 45 millones, que aumentaron a 54 millones al año siguiente. En el primer trimestre de este año perdió más de 4 millones de euros. Su deuda con entidades de crédito es de 2.182 millones de euros. Ahora, trata de refinanciarla, segun información de Cinco Días. Bankia tiene el 27% de las acciones de Realia.
Créditos a inmigrantes. Caja Madrid fue una entidad dinámica en la concesión de créditos (hipotecarios y al consumo) a los inmigrantes. “Durante la etapa del auge inmobiliario, los inmigrantes eran excelentes pagadores”, dice una fuente de la antigua Caja Madrid. Pero al cambiar el ciclo económico, se destapó el riesgo. Primero: los inmigrantes se avalaban unos a otros, es decir, no tenían a los padres como avalistas. Segundo, la mayoría trabajaba en la construcción, el sector más castigado por la crisis. Tercero, los inmigrantes tenían menos cultura financiera y asumían riesgos exagerados (que Caja Madrid no supo o no quiso detectar a tiempo). Muchos de ellos volvieron a sus tierras dejando el piso en Madrid como dación en pago forzosa. Es imposible saber a cuánto equivalen estos créditos de la masa de 31.798 millones de euros de activos tóxicos de Caja Madrid.
Participaciones preferentes. Bankia mantiene un saldo de 4.000 millones de euros en participaciones preferentes. Estos productos parecían acciones, pero parecían más bien depósitos. Fueron emitidos por las siete cajas que componen Bankia para obtener capital. Ofrecían un alto tipo de interés, hasta el 7%. Pero son productos de segunda categoría: no tienen derechos políticos, no es fácil venderlas, el emisor decide cuando recuperarlas y han perdido gran parte de su valor. Muchos analistas esperan que se ofrezca a los tenedores de preferentes la posibilidad de canjearlas por acciones de Bankia. Tendrán que aceptar unas acciones que, desde salieron a Bolsa en julio de 2011 por 3,75 euros, se han devaluado a 1,8 euros esta semana.
Banco de Valencia. Desde 1994 el principal accionista era Bancaja. Banco de Valencia llegó a ser el séptimo banco en España, con una inversión en activos de casi 19.000 millones de euros. Cotizaba en Bolsa. El problema es que el 95% de esta inversión era crédito promotor. A finales de 2011, Banco de Valencia fue intervenido por el Banco de España que le inyectó 3.000 millones de euros. Tenía un déficit patrimonial de 562 millones de euros. El presidente era José Luis Olivas, que era presidente de Bancaja, y que fue presidente de la Generalitat de Valencia. Los accionistas han acordado emprender una acción de responsabilidad civil contra Olivas y su equipo.
Bancaja Habitat. Era la división inmobiliaria de Bancaja. Su gran agujero provino de los incautos créditos a promotores de suelo. “Eran créditos para urbanizar secarrales de quinta y sexta línea de playa”, comenta una fuente vinculada con la caja. Al estallar la crisis del ladrillo, estos créditos pasaron a la rúbrica de impagados. "Tras la integración en Bankia, cada día nos encontrábamos un pufo de Bancaja", dice una fuente procedente de Caja Madrid. Todavía se están evaluando los daños colaterales de estos créditos.
Los Cabos, Grand Coral, México. Bancaja se lanzó a la adquisición de 1.200 hectáreas de terreno en la región de Baja California. La idea era construir un gran complejo de lujo. Formaba parte del atractivo Plan Maestro Grand Coral, situado en el municipio de Los Cabos. Se invirtieron 200 millones de euros. Se pretendía construir de 36.000 apartamentos turísticos-residenciales, un campo de golf de 18 hoyos y hasta un sistema de comunicaciones troncales por carretera. Seis años después de aquella gigantesca operación no se ha construido nada.
* La Información - 16.5.12
Foto: Bankia, con Rato y Olivas - google
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MÁLAGAHOY* : La promotora Majestic Group, epicentro de la investigación desarrollada en Casares contra el crimen organizado, es sólo un brazo de un cóctel de intereses que entrelazan los negocios inmobiliarios con la seguridad privada y hasta la gestión del hipódromo de Mijas. Majestic Construction and Development Group está vinculada a Anne Chahbazian, una septuagenaria detenida el lunes en la operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil que al cierre de esta edición declaraba ante el juez instructor de Estepona. Anne ha sido durante años la cara visible de esta empresa, si bien su administrador único es Robert Gaspar, que no ha sido detenido aunque sí ha sido objeto de un registro en Marbella. Además, la promotora cuenta con un apoderado, Robert Mani.
Conocida en esa zona como La Rusa, aunque es de nacionalidad ucraniana, se instaló en Casares a comienzos de la década pasada. Algunas fuentes sitúan su llegada en el periodo en el que gobernó el GIL en el municipio (1995-2000). Los vecinos la recuerdan tanto a ella como a sus hijos, Robert y Frank. Eran los que habitualmente acudían a Casares para ocuparse de los asuntos de la promotora.
Majestic Development Group se constituyó en 2002 con un capital social de 3.000 euros. Poco después de un año desembolsó más de 8 millones de euros en una ampliación de capital y comenzó a levantar la promoción de viviendas de lujo, que llegaron a comercializarse hasta por 1 millón de euros, en la zona próxima al litoral que por aquellos años todavía estaba virgen. Para reunir todos los suelos que necesitaba para la urbanización, la promotora se fijó en un par de parcelas colindantes que eran propiedad del Ayuntamiento de Casares.
A finales de 2004 firmó con el alcalde, Juan Sánchez (IU), un convenio urbanístico que contemplaba la cesión de los suelos a cambio de que la empresa construyera un aparcamiento municipal en el casco urbano. Desde la oposición, el grupo socialista llevó el asunto a la Fiscalía Anticorrupción en 2007. Entendía que se habían valorado a la baja los terrenos y que el municipio perdía. Nunca se supo más del asunto. Lo cierto es que los suelos se entregaron y Majestic comenzó a construir un parking, aunque nunca lo terminó las obras. Actualmente este aparcamiento público está en estructura y cerrado al público.
Al mismo tiempo que la urbanización tomaba cuerpo, los negocios vinculados a los responsables de Majestic comenzaron a expandirse y diversificarse. El 18 de noviembre de 2003 , sólo ocho días antes de que se sacara a concurso la gestión del hipódromo de Mijas, se constituyó la sociedad Carrera Entertaintment Corporation, presidida por Robert Mani. El entonces alcalde de Mijas, Agustín Moreno (PSOE), le adjudicó la explotación del complejo hípico, una aventura que acabó como el rosario de la aurora. En 2008, cuando el Ayuntamiento retomó la gestión, se publicó que la sociedad adeudaba 687.000 euros a la seguridad social y 1,3 millones a Hacienda, además de varias nóminas a los trabajador.
La seguridad privada fue el otro campo que captó el interés de este grupo. En marzo de 2004 Robert Mani formalizó la compra de una empresa de seguridad que rebautizó como Majestic de Seguridad. Fue administrador único hasta que en 2006 la sustituyó como socia única de la entidad Anne Chahbazian.
* Málaga Hoy - E. MALDONADO · M. VIDAL - 16.05.2012
Foto: Casares (Málaga), costa - casares
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EUROPAPRESS* : La asociación ecologista Arca cree que el concurso eólico "encubre" en realidad un instrumento de ordenación urbanística del territorio y un auténtico plan eólico que hubiera requerido un proceso de evaluación ambiental.
Además, denuncian que el concurso cántabro vulnera normativas de mayor rango y excede las previsiones energéticas ya fijadas, que, advierten, son una competencia del Estado y no de las comunidades autónomas. Así lo argumentan en las conclusiones que han presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), dentro del recurso que presentaron contra el concurso de asignación de potencia eólica, resuelto en junio de 2009.
En ese documento, al que ha tenido acceso Europa Press, se advierte de que las empresas adjudicatarias del concurso cuentan con tener derechos "consolidados" por el resultado, lo que unido a los gastos ya realizados antes de la construcción de los parques, lleva a los ecologistas a pronosticar que el Gobierno tendrá que conceder "importantísimas indemnizaciones" con la anulación del concurso, que dan por hecho.
Además, avisan de que la modificación de las previsiones eólicas que recoge el nuevo Plan Energético no servirá para legalizar la "masacre" eólica del "desproporcionado, descabellado e ilegal" concurso.
Los ecologistas descartan que el nuevo Plenercan pudiera legalizar las "radicales ilegalidades" del concurso "desaparecen" cuando este propone una potencia de 707,2 MW, "tan minuciosamente concreta" que "invita al sonrojo" por ser "sintomática" de "acuerdos previos", pero que no sirve para dar amparo legal a los 1.400 bajo los que se convocó.
El trámite de las conclusiones es uno de los pasos previos a la culminación del procedimiento judicial.
Arca, como demandante, tras las fases que se han seguido después de su demanda (toma de declaraciones, pruebas y examen de documentación), es la primera que debe hacerlo, y luego lo tendrán que seguir las codemandadas, que son las empresas y el Gobierno de Cantabria.
A la vista de esos informes, el TSJC decidirá si anula o no el concurso eólico.
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Para Arca, el plan trata de "encubrir" de forma "maliciosa" un instrumento de planificación, programación y ordenación del territorio.
El informe se remite a la documentación que se ha analizado para concluir que afecta a cuestiones relacionadas con la ordenación del territorio.
tendría que ser un Plan Especial, multiplica las zonas, superficie mayor exceden con mucho lo estrictamente necesario para adjudicar mediante un concurso una potencia, convirtiendo "de facto" el concurso público en un "ilícito y encubierto" instrumento de planificación y ordenación.
Bajo la resolución que convoca el concurso, Arca percibe "claras estrategias, directrices y propuestas" para "ordenar y zonificar el territorio", lo que sobrepasa las características de un concurso que, de esta forma adquiere la condición de plan o programa.
Es decir, pese a que se eludiera esa denominación, en realidad lo ven como un plan "encubierto", con lo que cual debería someterse a evaluación ambiental.
Es un plan al que se ha "intentado dotar de apariencia legal" por el "falso e insuficiente paraguas" de "aparentar" un "simple concurso" con el que se pretende "escapar" de la evaluación ambiental.
COMPETENCIAS
Los ecologistas perciben que podría haber indicios delictivos en este concurso, que siendo una forma de aplicar una norma de carácter general "incumple" otra norma general (la Ley de Procedimiento Administrativo), por lo que lleva a viciar de nulidad "de pleno derecho" todo el proceso, así como el decreto para la instalación de parques eólicos.
Un decreto, recuerdan, que se remitía para su desarrollo al Plan Energético y, por tanto, a las previsiones expresas a las que establecía su "sumisión", superadas en el concurso.
INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTO
Arca cuestiona la propia denominación del concurso, y la metodología, como el "supuesto" trámite de audiencia, que no se cumplió "en modo alguno" y que, en cualquier caso, "carece de cualquier eficacia legal".
El escrito enumera los obstáculos a la hora de acceder a la información (desde enlaces a Webs que no se abrían hasta documentos que no se les facilitaban).
Arca advierte de que parece "de fácil y razonable acreditación" el hecho de que a ellos se les estuviese negando el acceso a la información "a la que tenía derecho" y paralelamente si lo estuvieran teniendo las empresas interesadas en la actividad, a cuyo "favor" se tramitaron expedientes administrativos
COMPETENCIAS
También se remite a un informe solicitado por Cantabria a la Comisión Nacional de Energía en la que se advertía de que la asignación de cuotas de potencia de parques por concurso es algo que no se ajusta a derecho, pues supone pasar de la autorización a casi una concesión, para lo que la comunidad no tiene competencias.
Los ecologistas enumeran, además, que el concurso excede los límites fijados en el Plenercan, el Plan de Energías Renovables de España y la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas.
DEMANDA DE ENERGÍA
Las conclusiones de Arca cuestionan el argumento sobre la necesidad de satisfacer la demanda de energía eléctrica de Cantabria que llevó a aumentar la potencia, ironizando con que es una meta con "tan poca relevancia jurídica" como si se hablara de la producción de "naranjas, automóviles, material ferroviario o barcos pesqueros".
El déficit energético "no se corresponde con la realidad" y se limita a reproducir "lugares comunes y leyendas urbanas", tan "inciertas" como "no acreditadas", en una idea que tacha de "absurda y pueblerina" pues, entre otros motivos, el sistema eléctrico "no es cántabro, ni madrileño, ni vasco ni catalán, sino español".
Asimismo, apunta que se da ya un exceso de potencia que no se ajusta al consumo, "en muchos casos por simple interés económico", lo que lleva a concluir que la construcción de los parques no tendría beneficio para los ciudadanos, sino que, al contrario, el beneficio es "exclusivo" para las "poderosas" empresas privadas adjudicatarias.
Estas persiguen un "negocio" que se basaba en el cobro de las "cuantiosas" primas que se esperaba cobrar de la Administración.
Además, señala que la línea eléctrica Soto de la Ribera-Penagos ("muy ilegal e innecesaria") dejaría "sin justificación" el "sobredimensionado" concurso eólico.
* Europa Press - 15.5.12
Foto: Parque eólico - wikipedia
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ELPAÍS* : La historia del complejo cinematográfico Ciudad de la Luz de Alicante es un calco del ideario de su impulsor, la Generalitat Valenciana. Los exjefes del Consell Eduardo Zaplana y Francisco Camps, al cobijo del auge económico de finales de los 90, embarcaron a las arcas públicas valencianas en los denominados Grandes Eventos, léase Terra Mítica, Ciudad de las Ciencias y las Artes o los propios platós alicantinos, entre otros.
El denominador común de todas estas obras fue su megalomanía, sin reparar en si respondían a la realidad y demandas de los sectores económicos autóctonos, y un elevado coste. Al final esta apuesta por la desmesura los ha acabado engullendo, sobre todo por sus galopantes pérdidas, y ha forzado a la Generalitat valenciana a devolverlos a la iniciativa privada.
Pero la privatización de los inmensos platós de Agua Amarga está ahora mediatizada por una resolución de la Comisión Europea (CE). El comisario de la Competencia, el español Joaquín Almunia, acaba de firma una disposición que da un plazo de cuatro meses a la Ciudad de la Luz para devolver las ayudas que, por valor de 265 millones, recibió del Consell, a través de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV).
La CE argumenta la decisión porque la Generalitat vulneró las directivas europeas que regulan la inversión pública en proyectos de esas características y, en paralelo, la libre competencia. Luis Berenguer, expresidente de la Comisión Nacional de la Competencia y ahora asesor del comisario Almunia, asegura que la CE no veta todo tipo de ayudas. “Pero es inflexible con las inversiones públicas que vulneran el principio del inversor privado, algo que en el caso de la Ciudad de la Luz sí parece que ocurrió”, explica.
La alerta saltó en los estudios ingleses de Pinewood cuando supieron que Ciudad de la Luz utilizaba dinero público para subvencionar los rodajes en los estudios de Alicante. La respuesta desde Inglaterra fue doble: Aumentaron hasta un 20% los incentivos para que a las productoras, especialmente las norteamericanas, ni se les ocurriera acercarse al Mediterráneo y, en compañía de otra empresa europea del sector, presentaron una denuncia ante la CE por competencia desleal de los estudios de Alicante. La respuesta de Bruselas ha sido declarar nulas las ayudas otorgadas por el Consell. El complejo está ahora abocado a devolver el dinero y al mismo tiempo afrontar una deuda de 190 millones de euros y un aluvión de pleitos.
La Ciudad de Luz, a tenor de la opinión de los sectores implicados, fue un buen proyecto que estuvo mal resuelto. “Fue una buena iniciativa, pero no respondió a las necesidades de la industria del cine valenciano ni español ni incluso europeo”, resume Gerardo Herrero, uno de los productores que más rodajes ha realizado en el complejo.
Los responsables de la Ciudad de la Luz abrieron los platós en 2005 dispuestos a ganarse el mercado americano de las superproducciones. Y para ello recurrieron al cebo de las ayudas a los rodajes, un total de 12,5 millones de euros hasta 2008, todas de manera discrecional. Una producción, Asterix en los juegos olímpicos, recibió 4,7 millones. La política de subvenciones llevó también al Consell a pagar medio millón al director Francis Ford Coppola por ofrecer, en septiembre de 2008, una conferencia y una rueda de prensa y autorizar su difusión en la web del complejo. El pago al director de El Padrino no fue tanto por sus palabras, como una contribución encubierta.
A partir de 2009, las ayudas empezaron a canalizarse a través del Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía (IVAC). El organismo pagaba el 16% del gasto que las productoras realizarán en la Comunidad Valenciana. El monto de las ayudas previstas hasta 2011 para todas las producciones supera los ocho millones.
Alicante recibió con los brazos abiertos la puesta en marcha de la Ciudad de la Luz. Los inicios del complejo fueron prometedores. Los hoteleros recuerdan, de hecho, que las instalaciones tuvieron un impacto hotelero importante durante los dos primeros años de funcionamiento. En 2006, se superaron las 20.00 pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de Alicante y de su área de influencia. Los rodajes de La dama boba, El camino de los ingleses, Astérix en los Juegos Olímpicos o Manolete llenaron los hoteles. Cinco años después los titulares que genera la Ciudad de la Luz apenas tienen que ver con los rodajes que alberga. Y su reflejo en el negocio hotelero revela la crisis de los estudios. “En 2010 y 2011 solo los dos hoteles más próximos se han beneficiado de la actividad del complejo”, explica Vicente Marhuenda, gerente de la patronal hotelera de Alicante. La serie Crematorio fue la única que animó un poco las pernoctaciones. “No sabemos a qué es debido pero la caída es brutal. Creemos que se debe revisar el modelo de gestión y también que debería abrirse más a la ciudad”, esgrime Marhuenda. “Las instalaciones son magníficas”, resalta.
El sector audiovisual opina que el complejo cinematográfico es una oportunidad desaprovechada a la que Bruselas le ha infligido una herida de muerte. Fernando Montano, coordinador de la Muestra de Cortos, asegura que las instalaciones se crearon “básicamente para proyectos de fuera de Alicante, a nivel nacional e internacional, que traen sus propios equipos”. El realizador alicantino asegura que los rodajes solo buscan en la provincia figurantes y mano de obra local especializada, como pueden ser carpinteros. Lo demás, agrega, lo traen puesto. El resultado es que “el movimiento cinematográfico” de la provincia, como lo llama Montano, ha tenido que trabajar y evolucionar al margen de los grandes platós. “Ciudad de la Luz no conoce lo que hay aquí”, subraya.
En la práctica, los platós de Ciudad de la Luz no han estado abiertos a todo tipo de rodajes. Los proyectos alicantinos apenas han logrado cruzar la entrada, con alguna excepción muy puntual. El IVAC admite que las producciones que terminan acogiéndose a la línea de ayudas pública son principalmente producciones de cierta envergadura y de vocación comercial. El realizador alicantino considera que varios estudios podrían dedicarse “a lo que se hace aquí”.
Más contundente se muestra Ximo Pérez, productor y presidente de la asociación Productors Audiovisuals Valencians. Pérez recuerda que todos los estudios que existen en otros puntos del planeta tratan de atraer a los productores con ventajas que, en países como Colombia o República Dominicana, llegan suponer el reintegro del 40% de la inversión hecha allí. “Creo que no se ha hecho lo suficiente para atraer a un número importante de producciones”, dice Pérez en referencia a Ciudad de la Luz. Un problema añadido, asegura el productor, fue la creación de una infraestructura en un lugar donde no había industria cinematográfica.
Pérez defiende las instalaciones a las que califica de “hecho diferencial maravilloso” pero reconoce que los pocos productores de Valencia nunca acabaron de creerse la Ciudad de la Luz: “Por la lejanía o porque las ayudas eran insuficientes”. Considera, sin embargo, que sería “un desastre” que la Ciudad de la Luz no siguiera funcionando. “Pondría en peligro muchos empleos y su zona de influencia”, dice. El responsable del sector apuesta por una “gestión nueva” que reactive las instalaciones.
El tortuoso camino hacia la privatización
La Ciudad de la Luz de Alicante comenzó su andadura en 2000. Pese a ser un proyecto netamente público, desde el inicio la Generalitat Valenciana intentó dar cobijo la a iniciativa privada. El primer paso fue externalizar la gestión. Sin embargo, todos los pasos dados en este terreno han estado envueltos en la polémica y han acabado en los tribunales.
El paradigma de este fallido intento de privatización ha sido la externalización de la gestión, concesión otorgada a la firma Aguamarga de Gestión de Estudios, primero en calidad de asesor y a partir de 2004 como gestor.
Siete años después, la mercantil Aguamarga entró en concurso de acreedores el 16 de diciembre de 2011. La sociedad justifica el expediente por los impagos del canon del Consell y reclama cuatro millones por facturas pendientes desde agosto de 2009. El Consell rebaja la cifra a 2,5 millones.
Estos impagos han dado origen a un cruce de denuncias en los juzgados, aún no sustanciadas, entre el gestor privado y la empresa pública. La Ciudad de la Luz llegó incluso a solicitar el desalojo de Aguamarga de Gestión del complejo, extremo que el juez rechazó al considerar que la sociedad estaba cumpliendo con sus funciones.
El litigio con la firma Aguamarga no es el único que ha ha tenido que afrontar la Ciudad de la Luz. Un proveedor, la empresa Valoriza, presentó una demanda contra la dirección del complejo reclamando el impago de 1,5 millones de euros por el sobrecoste de una obra. El juez admitió la demanda y cautelarmente decretó el embargo de las cuentas de Ciudad de la Luz. La resolución no se llegó a ejecutar.
Junto a esta demanda, Ciudad de la Luz tiene que hacer frente a otras cinco causas más de otros tantos proveedores, que reclaman unos 15 millones.
La Ciudad de la luz tiene pendiente otro litigio, en este caso vinculado su génesis: la expropiación de los terrenos (2.356.965 metros cuadros, al sur de Alicante). Los 70 dueños discrepan de la valoración del suelo y han acudido a los tribunales. El Tribunal Supremo declaró nula la expropiación por no estar motivado el uso del suelo. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia elevó valor hasta los 290 millones. El Consell pagó a 21 euros el metro.
En medio de esta maraña judicial el Consell mantiene su apuesta por la privatización de los platós (venta o alquiler). Una consultora sondea ya el mercado y ha constatado el interés de seis firmas, todas para alquilar. El comprador, si lo hubiera, tendría que pagar como mínimo 265 millones para saldar la deuda del complejo con la Generalitat y acatar la resolución de la Comisión Europea.
* El País - ROSA BIOT / SANTIAGO NAVARRO Alicante 12 MAY 2012
Foto: Instalaciones de la Ciudad de la Luz, situadas en la zona de Aguamarga en Alicante. / OLIVARES NAVARRO
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SUR/Málaga* : La Costa del Sol amaneció ayer con una imagen ya conocida. Una localidad tomada por los furgones policiales, el ayuntamiento cerrado a cal y canto para ser registrado, algún político detenido y los vecinos preguntándose qué ha pasado. Y el urbanismo como telón de fondo.
Ayer, Casares se unió a la extensa lista de consistorios salpicados por la sombra de la corrupción tras el arresto de su exalcalde y expresidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, Juan Sánchez, la esposa de éste, un abogado con despacho en Estepona, y una mujer supuestamente vinculada a un grupo organizado de Europa del Este. Se les considera presuntos responsables de delitos de prevaricación urbanística, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal, según informó ayer el Ministerio del Interior.
Las detenciones son el resultado de una investigación conjunta del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, bautizada como 'Majestic', que ha permitido destapar una supuesta trama de lavado de dinero procedente del crimen organizado. La operación toma su nombre de una de las promociones investigadas, situada en Casares costa.
Las pesquisas, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Estepona y coordinadas por la Fiscalía Anticorrupción, comenzaron a finales del año 2010 y giran en torno a las inversiones inmobiliarias que una serie de personas presuntamente vinculadas a un grupo mafioso de origen ucraniano habría realizado en la Costa del Sol.
Según explicaron a este periódico fuentes próximas a la investigación, se trata de determinar si en esas incursiones para blanquear fondos se habrían llevado a cabo actos de corrupción administrativa con fines urbanísticos.
Inmuebles bloqueados
Como consecuencia de dicha investigación, se han bloqueado 236 inmuebles -algunas de gran valor-, 19 vehículos y 165 cuentas bancarias abiertas en 19 entidades financieras diferentes. Los agentes aún trabajan en la valoración de las propiedades inmovilizadas.
Aunque la operación se ha desarrollado de forma conjunta, ambos cuerpos de seguridad empezaron a trabajar por separado. Agentes de las secciones de Crimen Organizado y Blanqueo de la Udyco-Costa del Sol emprendieron una línea de trabajo que, en un momento determinado, coincidió con la que llevaba a cabo el Equipo de Delitos Urbanísticos de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Al detectarse esa situación, se decidió compartir toda la información. Existía un precedente en Casares. En 2003 y 2004, el Seprona detectó dos construcciones sin licencia y en suelo no urbanizable y denunció a Sánchez y al edil de Urbanismo por supuestos delitos contra la ordenación del territorio.
Un centenar de efectivos
La investigación desembocó ayer en una redada que comenzó a primera hora de la mañana y en la que participó cerca de un centenar de efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. La operación se simultaneó en ocho puntos diferentes de la Costa del Sol. A las 8.00 horas, agentes de ambos cuerpos, acompañados en cada caso por un secretario judicial, comenzaron de forma sincronizada los registros en el Ayuntamiento de Casares, en el despacho en Estepona del abogado detenido y en varios domicilios particulares, entre ellos el del exalcalde y una vivienda situada en la localidad de Benalmádena. Al final de la jornada se habían inspeccionado un total de 14 inmuebles.
Los agentes registraron estas dependencias en busca de documentación en soporte papel o informático relacionada con la trama. En un comunicado, la alcaldesa de Casares, Antonia Morera, indicó que todos los expedientes que la Policía Judicial les había solicitado están relacionados con el proyecto urbanístico Majestic. Asimismo, se han intervenido actas de plenos y archivos informáticos.
La regidora quiso mandar un mensaje de tranquilidad a los vecinos del municipio y precisó que no se ha tomado declaración a ningún miembro del equipo de gobierno ni a técnicos del consistorio, como tampoco se han intervenido cuentas o vehículos municipales. Asimismo, mostró su total disposición a colaborar con la justicia.
El registro en el despacho del letrado se prolongó durante buena parte de la mañana. En él estuvo presente un miembro del Colegio de Abogados, según informó el decano, Manuel Camas, con la finalidad de garantizar que se respete el «secreto profesional» de todos aquellos clientes que están afectados por el asunto en cuestión. El representante de los letrados mostró el «máximo respeto» por la investigación y las decisiones judiciales, aunque reclamó que se huya de la «espectacularidad» de las operaciones para que se haga el menor daño posible a las personas detenidas.
Los primeros arrestados comenzaron a pasar ayer mismo a disposición del juzgado que instruye las diligencias de 'Majestic'. El primero en testificar fue Juan Sánchez, que llegó a los juzgados a las cinco de la tarde y prestó declaración durante aproximadamente dos horas. Después hizo lo propio su mujer. En su caso, el interrogatorio se prolongó una hora.
En el juzgado
Sobre las dos de la madrugada, el juez dictaminó prisión provisional para Juan Sánchez, eludible bajo fianza de 200.000 euros, e imputado por los delitos de cohecho, prevaricación, delitos contra la ordenación del territorio y blanqueo de capitales, mientras que su esposa, quedó en libertad, aunque con la obligación de comparecer ante el juez, según declaró anoche el abogado de la defensa Juan José Simón. El exalcalde salió por la puerta trasera de los juzgados después de ocho horas de declaración.
* SUR - 15.05.12 - A. FRÍAS / J. CANO / L. M.
Foto: Casares (Málaga), ayuntamiento policía - google
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ELMUNDO/Sevilla* : Ha costado tres millones de euros de dinero público, está sin estrenar, emplazada "en un lugar privilegiado, con vistas a Sevilla", según reza la propaganda oficial… pero hay que derribarla. La escuela de hostelería de Castilleja de Guzmán es ilegal porque se construyó sobre zona verde, así que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le ha dado la razón a los 22 vecinos que emprendieron una batalla contra el edificio.
La Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, con sede en Sevilla, dictó el 3 de mayo una sentencia por la que estima el recurso presentado por 21 vecinos –más la abogada Lourdes Caraballo- que ya en 2008, cuando se iniciaron las obras, pidieron su paralización al considerarla ilegal. Los magistrados declaran nula de pleno derecho la legalización del edificio, aprobada en última instancia por la Junta de Andalucía, y ordenan derribarlo.
Los jueces definen como "evidente ilegalidad" la construcción de un edificio de 2.000 metros cuadrados en una parcela de 15.420 destinada mayoritariamente a espacios libres y jardines de los que sólo 238 metros podían destinarse a construir instalaciones complementarias relacionadas con ese tipo de suelo. A modo de ejemplo, el fallo cita «quioscos, bares, equipamientos culturales».
Infracción 'manifiesta y notoria'
Por ello, la construcción de un edificio de 2.000 metros cuadrados, una escuela de hostelería impulsada por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán y la Mancomunidad del Aljarafe, constituía una infracción "manifiesta, por ser patente, notoria y apreciable".
Las obras siguieron adelante... y las denuncias de los vecinos también. A raíz de ello, la Consejería de Obras Públicas y Transportes inició una investigación que acabó en junio de 2009 con una orden al Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán de iniciar un expediente de revisión de oficio de la licencia de obras concedida en su día.
En lugar de revocar la licencia, el Consistorio modificó el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) y legalizó el edificio cambiando la calificación de la parcela, que dejó de ser zona verde. De manera sorprendente, la misma Consejería que ordenó anular la licencia –aunque otro departamento– bendijo esta operación y aprobó la modificación del PGOU.
Los vecinos recurrieron esa resolución de la Junta, que ahora el TSJA declara nula. Los jueces se afirman que el cambio del PGOU "no obedeció a la búsqueda y satisfacción de intereses generales, sino a intentar enmendar una actuación de ilegalidad». «La finalidad de la modificación –señala el fallo– ha sido espuria".
Decisión judicial acertada
La propia sentencia califica de "acertada" la decisión inicial de la inspección urbanística de la Junta de Andalucía, al ordenar la revisión de la licencia de obras, y recuerda que la Administración local ha de servir "con objetividad los intereses generales, no los intereses de uno o de unos propietarios, ni tan siquiera los intereses de la propia Corporación municipal".
El interés general es, por tanto, el límite de la discrecionalidad de la que gozan los ayuntamientos a la hora de diseñar la planificación urbanística. Así, el fallo recuerda que para modificar la calificación de una zona verde con el objeto de legalizar una obra se necesita "una motivación excepcional y debe acreditarse y justificarse que la elección de la construcción en una zona verde no admitía alternativa alguna".
En este sentido, el fallo del TSJA recoge un extracto de la sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegal la biblioteca que la Universidad de Sevilla construía en el Prado de San Sebastián y que está a la espera de ser demolida. La Junta de Andalucía anunció recientemente que la escuela de hostelería de Castilleja de Guzmán comenzaría a funcionar en el curso 2013-2014 formando a 90 parados cada año. De los tres millones que se llevan invertidos en el edificio, dos los ha aportado la Consejería de Empleo, según la información difundida en enero.
La Fiscalía de Sevilla llegó a denunciar en el año 2009 al alcalde de Castilleja de Guzmán, el socialista Carmelo Ceba, al arquitecto municipal y al autor del proyecto de obras por la construcción ilegal del edificio, pero meses más tarde el juez archivó la causa penal, precisamente a petición del propio fiscal.
* El Mundo - Sebastián Torres - 15.5.12
Foto: Estado en que se encuentra la escuela de hostelería de Castilleja del Guzmán. | EM
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ELPAÍS/Alicante* : El comisario de Aguas, Manuel Ignacio Alcalde Sánchez, y la jefa del Servicio de Control y Vigilancia del Dominio Público Hidráulico (DPH), Alicia Manzanaro Marhuenda, ambos técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), confirmaron que el cauce del barranco de Finestrat donde se produjo la riada que arrambló con más de 100 puestos de venta de un mercadillo ambulante y provocó la muerte por ahogamiento de un matrimonio británico de 70 y 72 años tenía un abierto un expediente sancionador porque el Ayuntamiento decidió asfaltar su cauce.
En su declaración como testigos en el juzgado de instrucción número 4 de Benidorm que instruye la causa en la que falleció la pareja inglesa y otro jubilado de 88 años resultó herido grave el pasado 21 de octubre, ambos coincidieron en que en el supuesto caso de que el Consistorio hubiera solicitado autorización para cubrir el fondo del barranco, “no hubiera sido concedida porque nunca se autoriza asfaltar lechos de cauces”. “Cuando se impermeabiliza un cauce se disminuye el umbral de escorrentía, se acorta el tiempo de concentración de la lluvia y se traduce en mayor velocidad del agua”, dijo Manzanaro, quien añadió que el expediente únicamente se incoó por la realización de las obras y no por la ocupación del mercadillo ambulante.
Sin embargo, el comisario de Aguas confesó que “asfaltar un cauce es un disparate” y consideró que, a su entender, “la ocupación por el mercadillo va ligada al asfaltado”, aunque solo se denunciaron las obras “porque es una instalación permanente”. También aseguró que recibió avisos verbales de lo que estaba ocurriendo por parte del guarda fluvial de la CHJ en la zona, a quien el propio Alcalde Sánchez instó a presentar la denuncia tras haberle confesado que no le hacían caso.
Aunque se celebra desde hace casi tres décadas, el mercadillo de Finestrat se adjudicó a por primera vez el 3 de enero de 2005 por un canon de 40.000 euros anuales a Santiago Temprado Blanco. La descripción del objeto del contrato, según publicó el BOP de Alicante el 19 de febrero de ese año, especificaba que era para el “aprovechamiento especial del dominio público de las vías anejas al Barranco de la Cala y de la avenida Marina Baixa de Finestrat mediante instalación de mercadillo”. En ningún caso se autorizó la ocupación del cauce. Sin embargo, el adjudicatario lo instaló allí desde el primer momento con la aquiescencia del Gobierno local, entonces del PSPV.
Dos años después de ganar en 2007 las elecciones locales, el PP, que sigue dirigiendo el municipio con mayoría absoluta, decidió rescatar la concesión para convertir el mercadillo en municipal y conseguir más ingresos. Desde septiembre de 2009 es de gestión pública, aunque seis meses antes la CHJ ya había abierto un expediente sancionador por la ocupación del barranco y en julio de 2010 la entonces ministra de Medio Ambiente, Elena Salgado, firmara su resolución, cuyo tenor literal decía: "Imponer al Ayuntamiento de Finestrat la obligación de abstenerse de ocupar el dominio público hidráulico del barranco de La Cala con el mercadillo municipal, en tanto no cuente en su caso con autorización del organismo de cuenca [la Confederación Hidrográfica del Júcar]".
El juzgado de Benidorm que se ocupa de la causa mantiene imputados al alcalde de Finestrat, Honorato Algado, y al concejal de Seguridad Ciudadana y Policía, Tomás Gaspar Sellés Llorca.
* El País - ARTUR BALAGUER - 13 MAY 2012
Foto: Finestrat (Alicante), mercadillo_arrasado_agua (archivo) - elpais
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ELPAÍS/Madrid* : Medio centenar de personas han vuelto esta mañana a la sede de la Consejería de Sanidad madrileña para entregar la segunda tanda de firmas recogidas para pedir la reapertura del centro de especialidades de Fuencarral. Como el pasado 1 de marzo, las asociaciones del distrito madrileño han puesto dinero para contratar un autocar que ha trasladado a los vecinos más perjudicados por el cierre del ambulatorio, es decir, personas mayores con problemas de movilidad que ahora deben trasladarse a otros centros sanitarios para ir a consulta.
Si en la última protesta frente al departamento que dirige Javier Fernández Lasquetty se presentaron 8.000 firmas, esta mañana han sido más de 3.000, según ha explicado María Jesús Vilches, de la asociación de vecinos La Unión de Fuencarral. También en esta ocasión los vecinos han pedido que les reciba el consejero, sin éxito.
La Comunidad de Madrid anunció en febrero pasado que el edificio que acogía el centro de especialidades, de más de 30 años, necesitaba obras estructurales muy caras y que no tenía dinero para acometerlas. Tras el cierre, 66 consultas de médicos especialistas y los pacientes que atendían han tenido que trasladarse al hospital de La Paz, el ambulatorio de Peñagrande, el de Bravo Murillo y el de Colmenar Viejo.
Una decisión que contrasta con lo que está sucediendo en Torrejón de Ardoz. El centro de especialidades de la localidad cerró sus puertas el 31 de octubre pasado. Pero solo de forma temporal. El 2 de noviembre empezaron unas obras de reforma integral. El edificio de tres plantas y más de 4.200 metros cuadrados volverá a abrir sus puertas en julio, pero habrá dejado de ser un centro de gestión pública. La Comunidad de Madrid se lo ha cedido a la concesionaria del nuevo hospital de Torrejón, de gestión privada.
La rehabilitación está costando más de 3,5 millones de euros, algo que ha llamado la atención a la plataforma de asociaciones vecinales que pide la reapertura del centro de Fuencarral. Aseguran que la Comunidad hizo obras en el edificio en 2002 con un coste de un millón y medio de euros. Los arreglos deberían haber continuado, pero el inmueble se quedó como estaba. Los daños estructurales empeoraron por la falta de mantenimiento y la desidia de la Administración, se quejan. Según sus datos, reformar el edificio ahora costaría tres millones de euros. "Una cantidad que la Consejería puede asumir ya que ha invertido tres millones y medio en la reforma de Torrejón de Ardoz", señala la plataforma.
¿Ha pagado o no ha pagado la Consejería de Sanidad esa cantidad? Un portavoz asegura que no, y explica que la reforma entraba dentro del contrato de gestión con Ribera Salud, la concesionaria del hospital de Torrejón. Sin embargo, una nota de prensa emitida por la Comunidad de Madrid asegura: "La Comunidad ha invertido 3.562.530 euros en las obras de adecuación y la dotación del centro". El portavoz no ha precisado si se trata de un error. Una portavoz de Ribera Salud también ha afirmado que esa cantidad la aporta la concesionaria.
Según la misma nota de prensa, del 23 de abril pasado, el ambulatorio privatizado albergará los servicios de Rehabilitación, la Unidad de Salud Mental, la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil y el Hospital de Día Psiquiátrico. También se realizarán pruebas de preoperatorio y radiología convencional, añade. El portavoz del PSOE en Torrejón de Ardoz, Guillermo Fouce, afirma que el Ayuntamiento (PP) se ha negado a responder sus preguntas sobre a qué se va a destinar el centro y quién ha pagado la reforma. "La concesión ha sido opaca y no ha habido información de ningún tipo", critica.
Los trabajadores públicos del centro de especialidades de Torrejón fueron trasladados al hospital de Alcalá de Henares. Según el sindicato MATS, muchos ya han perdido su trabajo. En una primera oleada, 36 empleados (enfermeras, auxiliares, administrativos, fisioterapeutas, etc.) con contrato eventual no fueron renovados el 30 de noviembre, asegura el sindicato. En una segunda tanda, a finales de marzo, los contratos de algunos trabajadores más terminaron y no volvieron a firmarse, asegura Javier Cordón, de MATS.
El cierre del centro de especialidades de Fuencarral ha obligado a sus 70.000 usuarios a trasladarse a otros centros sanitarios, "algunos situados en otros municipios, como Colmenar de Oreja", asegura la plataforma que pide su apertura. Las asociaciones se quejan de que, pese a haberlo solicitado en muchas ocasiones, la Consejería de Sanidad se niega a facilitarles una copia del informe técnico de acuerdo con el que ordenó la clausura del ambulatorio. Este periódico también lo ha pedido. Un portavoz de la Consejería ha asegurado que no lo va a entregar.
El cierre ha traído consigo "la saturación de los centros de Bravo Murillo y de Peñagrande, a donde han sido derivados la mayor parte de los usuarios", según las asociaciones. "Ahora los vecinos tardan una hora y media solo en pedir una cita para el especialista", añaden. El concejal del PSOE Pedro Zerolo ha acompañado a los vecinos en su protesta de esta mañana. El edil considera que el Ayuntamiento de Madrid debe intervenir y exigir a la Comunidad de Madrid la reapertura del centro. "También es responsable del drama por la falta de atención sanitaria" de los vecinos, añade.
* El País - ELENA G. SEVILLANO Madrid 10 MAY 2012
Foto: Vecinos de Fuencarral protestan frente a Sanidad. / CRISTÓBAL MANUEL
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20MINUTOS* : Las ofertas low cost han llegado al mercado inmobiliario y, aunque la urbanización "El Quiñón" de Seseña es el caso más paradigmático, el desplome de los precios se generaliza en las miles de viviendas que son propiedad de los bancos en La Sagra (Toledo) y en el Corredor del Henares (Guadalajara).
Es el caso de Illescas (Toledo), a media hora de Madrid, donde un piso de 90 metros cuadrados y 3 habitaciones cuesta 91.500 euros, un 52% menos que cuando se puso en venta por primera vez; y lo mismo ocurre en Azuqueca de Henares (Guadalajara), donde una vivienda de 94 metros cuadrados y 3 habitaciones ha pasado de los 170.000 euros a los 90.400.
En la provincia de Guadalajara, las ofertas van desde un piso de 134 metros cuadrados por 125.000 euros en la capital hasta un dúplex de 106 metros cuadrados por 160.000 euros en Pozo de Guadalajara.
Pero estas gangas también se dan en el mercado de viviendas de segunda mano, con pisos en Talavera de la Reina de 100 metros cuadrados por 30.000 euros e incluso un chalet en Numancia de La Sagra, de 196 metros cuadrados, por 105.000 euros.
Solo son algunos ejemplos que pueden descubrirse entre los más de 3.400 inmuebles de Castilla-La Mancha que las principales inmobiliarias de entidades financieras (Santander, BBVA, Sabadell, La Caixa, Ibercaja y Caja Duero) anuncian en sus páginas web.
El sector inmobiliario, sin embargo, eleva la cifra y calcula que solo en La Sagra, la comarca toledana que limita con la provincia de Madrid, hay entre 6.000 y 7.000 viviendas en manos de los bancos, buena parte de ellas aún en trámites judiciales, y que, según aseguran, irán aflorando progresivamente al mercado inmobiliario.
Ofertas atractivas para vender los pisos
En un recorrido por la oferta inmobiliaria de las zonas castellanomanchegas limítrofes con Madrid, las entidades financieras han descendido los precios de sus viviendas en torno a un 30% de media.
"En pueblos más pequeños las bajadas han sido más importantes; pueden llegar al 40% e incluso en algunos casos al 50", explica Javier Serrano, de la inmobiliaria "Vive", que principalmente ofrece pisos propiedad de entidades financieras.
El vendedor asegura que el ejemplo más drástico del desplome de precios se ha dado en el residencial "El Quiñón", la urbanización construida por Francisco Hernando, "El Pocero", donde alrededor de 2.000 inmuebles están en manos de las entidades financieras, que realizan agresivas campañas de atracción a compradores.
De hecho, un kilómetro antes de llegar a la urbanización numerosos carteles, sujetos en las farolas, exponen atractivos precios de viviendas —desde los 65.000 euros— y mediante indicaciones dirigen a los potenciales compradores a las oficinas inmobiliarias de las entidades financieras.
A día de hoy, el Santander, a través de su inmobiliaria Altamira, comercializa en "El Quiñón" pisos de 65 metros cuadrados por 75.000 euros, con pistas de fútbol y baloncesto, piscina y zonas ajardinadas e infantiles, mientras que otros más espaciosos, de hasta 124 metros cuadrados, están a la venta por 115.000 euros.
Las entidades financieras ofrecen además otros atractivos a los compradores como las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios para sus propias viviendas y proporcionan para sus inmuebles un diferencial del 1,25 o 1,30 sobre el euríbor.
Además, ofrecen la posibilidad de financiar el 100% de sus inmuebles, mientras que la financiación no llega al 80 por ciento para viviendas ajenas.
Alquiler
Las entidades financieras también se han propuesto revolucionar el sector del alquiler y es el caso de la Obra Social de La Caixa, que ofrece 823 viviendas en Castilla-La Mancha desde los 85 hasta los 150 euros mensuales.
Con estos datos, el sector inmobiliario ha advertido de que el mercado "no está estabilizado" y no realizan previsiones futuras, si bien Serrano ha apuntado la posibilidad de que los precios de las viviendas en propiedad de los bancos no bajen mucho más, porque "quien no se compra un piso por 65.000 euros porque no puede, tampoco lo hará por 60.000".
* 20 Minutos - EFE - 13.5.12
Foto: Seseña macrourbanización - U.Martín, elpais.com
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ELPAÍS* : La idea surgió hace mucho tiempo. Antes de que la actual crisis les estallara a los gobernantes en su propio cuarto y ninguno supiese reaccionar a tiempo. Antes, incluso, de que los eufemismos "reforma", "ajuste" o "esfuerzo" se instalaran en el vocabulario popular y suavizaran conceptos más duros como "recorte" o "privatización". "Nos dimos cuenta de que la corrupción estaba en todos los sitios", apunta Teresa Galindo, una de las organizadoras de la Ruta del Despilfarro Valenciano, "y de que la ciudad es algo más que sus edificios y su historia. También es el día a día que viven sus ciudadanos". Esta periodista, junto al profesor Miguel Ángel Ferrís, ha coordinado una excursión alternativa por las inversiones de la ciudad que se han convertido en una "ruina" para el Ayuntamiento, el Consell y, por tanto, para sus habitantes.
El recorrido comienza en la ampliación de Las Cortes, en la calle de Novellos. De esta cámara es de donde, según explica Ferris con una camiseta en la que se puede leer Rita, ¿el Papa sabe lo tuyo?, procede "el origen de la deuda valenciana": "Corrupción y malas inversiones", una deuda pública "que embargará a la Comunidad Valenciana durante 30 años" y "miles de ejemplos" de una "política de especulación" que solo ha conseguido "aires de modernidad con carcasas vacías". A las 10 de la mañana de este sábado 30 pasajeros realizarán un recorrido, que durará cerca de tres horas, por los puntos calientes de la transformación urbana en la que el Gobierno ha destinado miles de millones y que, según los promotores del trayecto, "no ha generado ni riqueza ni empleo, ya que la Generalitat está por encima del resto del territorio nacional en tasa de desempleo".
Primera parada, la torre dispuesta para la homilía del Papa en 2006: "1.000 baños portátiles, 450 asientos y siete millones y medio para una de las empresas ligadas a la trama Gürtel", señalan. El colegio 103, cuyas aulas son barracones expuestos en el patio delantero, las naves de Cross o El Cabanyal. Aquí, María Villoro, una de las personas que integran la plataforma Salvem El Cabanyal, describe la situación de dejadez en la que permanecen los inmuebles de este barrio de pescadores y narra la historia de la Lonja del Pescado, un edificio rectangular construido a principios del siglo pasado que está incluido en los planes de derribo del Consistorio.
Para amenizar el viaje, nada mejor que un almuerzo a media mañana. La ocasión y los motivos de dicha ruta se prestan a una buena ración de "chorizos al infierno". Desde este extremo de la ciudad hasta la depuradora de Pinedo, gestionada hasta hace unos meses por la empresa pública Emarsa, el barrio de Nazaret, el nuevo hospital de La Fe o el "esqueleto" del Nuevo Mestalla. Un estadio levantado por el club de fútbol Valencia "que debería ser municipal porque está en suelo público", como señala Antonio Marín Segovia, miembro del Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio. Entre los participantes -desde personas anónimas hasta cargos políticos- destaca Fe, una mujer de 82 años que, acompañada de su hija, exclama enfurecida en cada uno de estos "agujeros negros" de la economía valenciana. "Estoy muy cabreada con este robo a mano armada de todos estos años", enfatiza.
Como remate, después de un circuito supervisado en todo momento por un coche de la policía nacional y otro de la local, el autobús para en la sede de Bankia. Allí, todos los asistentes entregan simbólicamente un cheque por valor de 10.000 millones de euros. Una cantidad proveniente, según reza la nota, de los ministerios de educación y sanidad "en concepto de socialización de las pérdidas" para cubrir el "desmantelamiento" en estos servicios públicos. "Y nos hemos saltado muchos sitios", anota Ferris antes de despedirse, "como Sociópolis, el complejo 9 d'Octubre o los amarres vacíos del puerto de la America's Cup", suspira.
* * El País - ALBERTO G. PALOMO Valencia 12 MAY 2012
Foto: Valencia, las Cortes valencianas - urbanity
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