Madrid admite el error de 15 años de crecimiento basado solo en el ladrillo

ELPAÍS* : Madrid soñaba hace 15 años con convertirse en una capital europea pujante en lo económico; compacta, verde y habitable para sus ciudadanos, y con un centro histórico y una oferta cultural a la altura de París o Londres. Preveía además engordar su población a costa de los municipios vecinos, así que optó por exprimir el suelo disponible, convirtiendo en urbanizable y casi exclusivamente residencial el doble de superficie (10.000 hectáreas) de la que ocupa la almendra central.

El diagnóstico llevado a cabo ahora por el Ayuntamiento sobre lo sucedido en esos 15 años es desolador: la oferta de viviendas en la capital es muy superior a la demanda; hay barrios enteros planificados —que en total suman 200.000 pisos más— cuya viabilidad futura es dudosa; la actividad económica se ha fiado exclusivamente a la construcción, descuidando comercio e industria; y todo para que el problema de la falta de vivienda haya persistido por culpa del fuerte incremento de precios, dificultando su acceso a parte de la población.

Ahora el ciclo ha cambiado, la burbuja del ladrillo ha estallado, la ciudad no está preparada para el desarrollo de otras actividades económicas y se encuentra además atada de pies y manos por el exceso de suelo residencial.

La hoja de ruta de este disparate es el Plan General de Ordenación Urbana aprobado por el Ayuntamiento en 1997. No contemplaba un plazo para su ejecución, pero revisarlo fue una de las promesas de Alberto Ruiz-Gallardón cuando fue elegido alcalde en mayo y de Ana Botella cuando le sucedió en diciembre.

La concejal de Urbanismo, Paz González, lo explicó así la semana pasada: “Aquel plan pensó que Madrid debía crecer de forma indefinida; no se marcó unos objetivos claros sobre el modelo de ciudad que se quería. Pero estamos a tiempo de enmendar esos errores, a tiempo de resolver caminos que no tienen retorno, a tiempo de conseguir una ciudad para las personas”. El líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, lo resume así: “Los intereses de los ciudadanos quedaron por detrás de los de los promotores inmobiliarios”.

El primer paso de este proceso de revisión ha sido realizar un análisis del Plan de 1997, que “es ahora el mayor condicionante para definir el futuro de Madrid”, según admiten los responsables de Urbanismo. El documento resultante, de casi 250 páginas, señala otro obstáculo fundamental: la crisis económica. A ella se achaca que gran parte del plan solo se desarrollara sobre el papel, con “bajo costo económico en comparación con las altas inversiones que requiere la transformación física del territorio”.

Pero la crisis no llegó hasta 2008, 11 años después de la aprobación del plan, y después de (y, en parte, a causa de) una extraordinaria burbuja especulativa en torno al precio del suelo y de las viviendas.

“Para dar respuesta a la demanda existente”, cifrada en 309.298 viviendas, el Ayuntamiento optó por incluir en el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 casi todo el suelo disponible. Fue más allá incluso, añadiendo Valdecarros y Valdebebas.

Anticipó la construcción de 371.114 viviendas, a las que hay que sumar 171.121 que se podrían levantar en el resto de suelo disponible. En total, 542.235. Entre 1997 y 2011 se concedieron licencias para 262.553 viviendas; hay otras 200.000 proyectadas, pero aún sin construir.

La revisión ahora del Plan General de Ordenación Urbana de 1997 señala que “la producción no se corresponde con la demanda real en función de la evolución de la población”. Madrid ha ganado solo 390.000 habitantes en estos 15 años, y cada vez son más los que optan por irse a vivir a municipios vecinos. Además, el tipo de viviendas construidas no se adecuó a las necesidades de los ciudadanos.

El documento añade que “sistemáticamente se ha hecho hincapié en el uso residencial del suelo”, y no se han incentivado otros que promuevan la actividad económica. Es decir, se ha apostado por el modelo productivo de la ciudad a una sola carta: el ladrillo. Eso ha llevado, entre otras cosas, a que la actividad comercial se aglutine en la almendra central, “desplazando” a las tiendas tradicionales.

Durante los 15 años que median desde la elaboración del plan, el Gobierno regional han sido presidido por Alberto Ruiz-Gallardón (1995-2003) y Esperanza Aguirre; la alcaldía la han ocupado José María Álvarez del Manzano (1991-2003), Gallardón (2003-2011) y Ana Botella. Todos ellos han gozado de mayoría absoluta. Todos ellos pertenecen al Partido Popular.

» Los PAU, en el aire. El Ayuntamiento cree que la mayor parte de las actuaciones previstas en 1997 para la corona norte ha sido ejecutadas, con la “incógnita significativa” pendiente de la Ciudad de la Justicia y la Operación Castellana. Muy diferente es la situación en el sur, donde solo el Ensanche de Vallecas está avanzado (pero con “un importante remanente de edificabilidad”). Y concluye que las “dificultades” económicas a corto y medio plazo “plantean un importante interrogante respecto a la materialización de los desarrollos previstos en los distritos de Villa de Vallecas y Vicálvaro (130.000 viviendas)”. Es decir, cuestiona el futuro de los Programa de Actuación Urbanística (PAU) de Los Cerros, El Cañaveral, Los Ahijones, Los Berrocales y Valdecarros.

» Atascos y contaminación. En materia de transportes, “el objetivo general de desincentivar voluntariamente el uso del vehículo privado” no se ha alcanzado, sobre todo fuera de la almendra central.

Se pensó que Madrid crecería a costa de los municipios vecinos, y ha sido al revés, lo que ha incrementado los desplazamientos entre el centro y la periferia urbana y regional, con mayor peso además del vehículo privado. El informe critica los “avances muy limitados” realizados por el Gobierno regional para paliar la “escasez” de aparcamientos disuasorios.

Tampoco se ha logrado que los promotores de los nuevos barrios se hagan cargo de las infraestructuras de transporte público, con la excepción de la prolongación de la línea 1 de metro en el Ensanche de Vallecas y de la 10 en la Castellana. Ni desatascar la N-V llevando el tren de cercanías a los nuevos desarrollos en el área de Alcorcón.

» Dotaciones insuficientes. No se han alcanzado los objetivos previstos en materia de escuelas, polideportivos, etcétera, sobre todo en las áreas urbanas ya consolidadas. Una sentencia judicial obligó al Ayuntamiento a emplear la expropiación en lugar del intercambio de terrenos para lograr el suelo donde construir esas dotaciones, lo que elevó su coste y limitó las actuaciones, dejando la almendra central sin las instalaciones que precisa. Se obtuvo menos de la mitad del suelo (35 millones de metros) que se deseaba, y no siempre donde se deseaba.

» Fracaso en la rehabilitación. El centro adolece además de otro problema: el método con el que se planteó su rehabilitación (por ejemplo, los patios azules y los patios de manzana) no ha funcionado, “lo que se refleja en la persistencia de infraviviendas y de carencias dotacionales”. Además, la catalogación de edificios a preservar por su valor histórico ha trabado aún más esta regeneración, al haberse hecho de forma “discrecional”, sin aportar valor al patrimonio artístico e impidiendo en muchos casos modernizar las construcciones para hacerlas habitables.

» Los parques no interesan. Las zonas verdes se han ampliado en estos 15 años en 2.800 hectáreas, frente a las 3.450 previstas; el documento destaca el fracaso en el Parque Manzanares y la Casa de Campo.

Pero, sobre todo, concluye que las operaciones que podrían haber hecho de Madrid una ciudad más sostenible en términos medioambientales, mejorando su habitabilidad, “suponían un conflicto” con el propósito último del plan: exprimir al máximo el territorio convirtiéndolo en urbanizable.

» ¿Qué solución cabe? La revisión del Plan General está aún en sus primeras fases, pero el Ayuntamiento ya ha avisado de que está dispuesto a cambiar el uso del suelo, aunque tenga derechos adquiridos, para evitar la parálisis provocada por el exceso de viviendas. Su intención es que los promotores dediquen esas decenas de miles de metros cuadrados donde no será rentable construir pisos en al menos 20 años, si es que alguna vez lo es, a otros propósitos, el principal de ellos atraer a empresas que quieran asentarse allí.

“El modelo urbano previsto por el Plan de 1997 se predeterminó con excesiva antelación y considerando demandas pasadas que no necesariamente se mantendrán en el futuro”, concluye el documento. En resumen: ladrillo, ladrillo y ladrillo, devenido ahora en solares baldíos, fragilidad económica... y dificultad de acceso a la vivienda.


* El País - BRUNO GARCÍA GALLO Madrid 7 MAY 2012
Foto: Obra sin acabar del Programa de Actuación Urbanística de Vallecas. / GORKA LEJARCEGI

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Ourense.- Baltar financió un asilo ilegal para la empresa de uno de sus alcaldes

ELPAÍS* : A tres bandas. La Diputación de Ourense pagaba la obra con fondos públicos, un diputado provincial y alcalde ponía terrenos municipales gratis y la empresa de otro alcalde baltarista se quedaba con el asilo tras finalizar la obra. El negocio parecía redondo, hasta que llegó la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU) de la Xunta y tumbó el proyecto. La crisis también hizo lo suyo.
En junio de 2001, el pleno del ayuntamiento de Chandrexa de Queixa autorizó a la Fundación Valdegodos —empresa propiedad de un exalcalde baltarista— la construcción de un asilo en una parcela rústica de propiedad municipal en la aldea de Celeiros (70 habitantes). La obra se presupuestó en 1,3 millones, pero sólo se ejecutaron 662.000 euros pagados íntegramente por la Diputación de Ourense a través de una subvención directa de 150.000 euros y de seis anualidades (de entre 84.000 y 88.000 euros) a cargo del Plan Operativo Local del ente provincial.

La inversión sirvió para construir, en una parcela de 3.371 metros cuadrados, un edificio de cuatro plantas inacabado, ubicado en un paraje natural dominado por un enorme embalse y por las vírgenes montañas del Macizo Central. El dinero para la obra se acabó y la residencia se convirtió en una mole de ladrillo inacabada e ilegal.

En agosto de 2010, la APLU certificó la ilegalidad y ordenó su demolición. La construcción se levanta en suelo rústico incumpliendo la Ley de Suelo de 1997, duplica la altura permitida (7 metros) y excede la ocupación máxima del terreno. La APLU también dictaminó que “no se adapta al ambiente en que está situada” porque “rompe la harmonía del paisaje y desfigura la perspectiva del conjunto”. La agencia concluyó que las obras no eran legalizables por lo que instó a “la reposición de la legalidad” tirando el edificio que, una vez finalizado, iba a gestionar la fundación de Manuel Candal, exalcalde baltarista de Vilamartín de Valdeorras fallecido en 2009.

El diputado provincial y alcalde de Chandrexa, Francisco Rodríguez, presentó alegaciones contra la orden de derribo, pero lo hizo sin pruebas, según la agencia. El regidor alegó que la parcela podía considerarse suelo urbano “por estar al lado de una carretera”. Además cambió la superficie de la parcela ocupada ilegalmente. En su escrito figuraba con 6.350 metros cuadrados y en la certificación del Catastro, con 3.371. La agencia se ratificó en lo dicho y añadió más ilegalidades: la obra se levantó sin autorización urbanística de la Xunta, el proyecto no incluía la obligatoria previsión de aparcamientos y nunca se aprobó un expediente de delimitación del suelo. Además, mantenía su principal argumento: la ocupación de suelo rústico. La Ley del Suelo de 1997 establece que en los municipios sin plan de urbanismo solo se podría construir en parcelas de suelo urbano consolidado. Una inspectora llegó a certificar en un informe que en la aldea de Celeiros “no existe malla urbana alguna”.

La APLU concedió en octubre de 2010 un máximo de tres meses para tirar el edificio. Pero un año y medio después la mole sigue en pie y Chandrexa está pagando multas coercitivas de 1.000 euros por no materializar el derribo. Podían ser sanciones de 700 euros por pronto pago, pero el Ayuntamiento obvió la primera notificación de noviembre de 2011, por lo que el pasado 13 de enero abonó íntegramente la primera sanción.

Íntimo amigo de José Luis Baltar y del regidor de Chandrexa, Manuel Candal, fue durante 36 años el férvido alcalde baltarista de Vilamartín de Valdeorras. También creó la Fundación Valdegodos, un conglomerado empresarial que controla asilos en Galicia y Canarias. Falleció en noviembre de 2009. La pasión que sentía por José Luis Baltar era tan mayúscula que plantificó un busto del exbarón en la sede de su empresa. Además, bautizó un puente de la localidad con su nombre. Ignacio Candal, su hijo, controla ahora la fundación creada en 1975. Su hija, María Jesús, le sucedió en el ayuntamiento hasta las pasadas municipales, cuando fue destronada del sillón de la alcaldía por el candidato del PSOE. Ahora ejerce como líder de la oposición. Si el proyecto hubiese llegado a fin, Candal habría añadido a su cartera de negocios el asilo ilegal pagado por la Diputación en unos terrenos controlados por uno de sus diputados.


* El País - PABLO TABOADA Ourense 6 MAY 2012
Foto: Aldea de Celeiros, con el asilo inacabado al fondo, dominada por el Macizo Central. / NACHO GÓMEZ

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No es solo un tren, es un mundo

LUIS IRIARTE* : Siempre ha habido quien ha dicho que en un trocito de la realidad se condensan y concretan las lógicas y prácticas de un tipo de sociedad. De ahí que uno de los slogans de la oposición al TAV haya sido: No es solo un tren, es un mundo. Y es que el empeño por construir nuevas lineas ferroviarias de alta velocidad es un ejemplo paradigmático, es decir, ejemplar del tipo de realidad en la que nos desenvolvemos. En la exigencia de construir un TAV se concretan y condensan las lógicas, intereses y prácticas de nuestra singular, orgullosa e inconsciente forma de vida.
Es una agresión, como tantas otras a las que ya nos hemos acostumbrado, contra el frágil medio del que tan radicalmente dependemos. Un nuevo intento de romper las limitaciones impuestas por la resistencia del aire y del rozamiento. Un nuevo artefacto siempre hambriento de mayores dosis de energía y por tanto de centrales nucleares y térmicas a las que se añadirán las eólicas y solares. Además de forzado a controlar como sea sus lugares de extracción y distribución. O ponerse al servicio de quien lo hace. La carrera por controlar los denominados recursos del planeta (energía, agua, tierras, alimentos...) hace ya tiempo que se está intensificando y extendiendo. Un buen puñado de países y agencias financieras ya están promoviendo la compra de tierras fértiles.

Por supuesto el TAV es un buen ejemplo de cómo los fondos denominados públicos, pero en realidad al servicio principalmente de intereses privados, se destinan a permitir la aceleración de los viajes de una minoría de la población: aquella que necesita y se puede permitir desplazarse de forma habitual y lo más rápidamente posible entre grandes capitales. Atravesando los lugares a tal velocidad que ni es capaz de mirar los paisajes a través de la ventanilla. Constituye un caso entre otros de la ceguera de nuestra clase política y sus fieles, quien con la que está cayendo no parece cansarse de repetir la letanía de su modelo: acelerar selectivamente los desplazamientos de determinados viajeros y mercancías nos hará más competitivos y capaces de crecer económicamente. Se recitará el mantra del necesario e insoslayable crecimiento económico como condición para no venirnos abajo. Así pues, produzcamos y consumamos más, si cabe, todo tipo de bienes ya sean materiales, de servicios o relacionales. Y luego gestionemos el desastre que deja tras de sí.

Sí, el TAV es un mundo. Y se palpa en la selección y control de sus viajeros. En sus guardias jurados y sus azafatas. En la breves y educadas palabras que intercambian los clientes antes de alejarse de nuevo, esta vez mediante conexiones inalámbricas, del lugar en el que están. Es el signo de las ansias de los políticos de turno por dejar huellas grandilocuentes de su paso por los puestos de mando.

La construcción del TAV y del resto de macroinfraestructuras ya sean de transporte, energéticas o urbanísticas es un vano intento por volver a la época de la especulación constructora que tantos beneficios ha dado al mundo del hormigón y de las finanzas. Y tantas prebendas ha repartido entre sus impulsores administrativos.

Pero quizás todo esto no tendría lugar sin su justificación medular: hay que ganar tiempo, también en los desplazamientos. Es lógico. Una sociedad acuciada por la falta de tiempo recurre a cualquier tipo de aceleración de las actividades para disponer de unos cuantos minutos más. Sin embargo, los resultados son cada vez más abrumadores. Cuanto más se incrementa la velocidad, más crece nuestra sensación de falta de tiempo. De tener que estar repicando y en la procesión. El imperativo social de hacer el máximo de cosas posibles en el menor tiempo posible se posibilita, al menos para algunos, también con la aceleración de determinados desplazamientos. De Madrid a Zaragoza, Sevilla o Barcelona. Y París y Bilbao y...

El TAV no solo pertenece a un mundo que está cambiando el clima y envenenando el planeta, que es crecientemente dependiente de todo tipo de recursos en vías de agotamiento o que en su delirio de dominar aquello que hay de “salvaje” en la tierra, la está recubriendo y manipulando con un aparato técnico cada vez más poderoso y peligroso. El TAV también pertenece a este mundo porque impulsa una de las reglas básicas de la competitividad global: acelerar todos los procesos. La creciente velocidad es igual a eficiencia y beneficio, pero no a un tiempo humano, a un ritmo adecuado a los umbrales necesarios de toda vida.

Se extiende la sensación ya generalizada de falta de tiempo en la sociedad que más ha logrado acelerar sus actividades. Y para contrarrestarla se impone más de lo mismo: más velocidad, más actividad. No solo se trata de más producción y consumo, sino de más deprisa. Otra imposición de los “mercados”. El TAV es parte de este mundo que en su imperiosa aceleración provoca episodios crecientes de angustia, ansiedad y stress, que nos aboca a una precariedad existencial y amenaza con el colapso. No es poco.

Existen momentos creados mediante la conformación de espacios colectivos en donde lo que que todo el mundo intuía, sabía, murmuraba o gritaba, se hace evidente. Es lo que ha ocurrido en la toma de plazas, principalmente con la clase política: todo el mundo sabe que esta muy corruptible casta se ha convertido en un eslabón imprescindible en la creciente dictadura de “los mercados”. E igualmente, se está haciendo evidente que la incuestionable y poderosa necesidad de acelerar todos los procesos sobrepasa nuestras capacidades. Nos aturde, desasosiega y somete. Se ve de una forma provocativa y arrebatadora que el rey está desnudo.

Crear un ritmo adecuado que permita unas condiciones dignas de vida es también un asunto político. Cuidar algunos límites tanto en nuestros consumos, ritmos, formas de representación o manipulaciones tecnológicas de lo inerte y lo vivo es un asunto de formas de vida, de mundos. Y esto solo puede ser un asunto colectivo. Como lo es el anunciado inminente inicio de obras para construir uno de los tramos del TAV navarro. No es solo un tren, es un mundo.

Un mundo que, por cierto, se está descomponiendo tal ha sido su victoria. Su promesa de un trabajo se desinfla entre precariedad, explotación y absurdo al mismo tiempo que los trabajadores se vuelven superfluos. Su democracia se asemeja más que nada a un esperpento de guiñoles. Su modos de vida se han vuelto radicalmente dependientes de mercados e industrias globales. Sus formas sociales nos abruman con contactos y nos zancadillean los encuentros. Su consumo voraz revela su insatisfacción y su saqueo de esfuerzos, ideas y todo tipo de materiales. Su aceleración instituye una forma de control donde cada uno ya está suficientemente ocupado en mantener su vida a flote.

Los dioses se están desmenuzando tal es la cantidad y la grandeza de las mentiras que se han contado. Ante las enormes crisis que están a la vista de todos (climática, de recursos, de cuidados, financieras...), el Ministerio de Fomento, con la servil colaboración de las administraciones autonómicas, sigue promoviendo el mismo modelo que tan buenos réditos le ha dado hasta ahora, impulsando un TAV que es una muestra ejemplar de un mundo sin futuro. Y lo sabemos. El rey se tapa con andrajos.

* Rebelión - Opinión - 6.5.12

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Europa obligará a la Ciudad de la Luz a devolver las ayudas públicas

ELPAÍS/Alicante* : La Ciudad de la Luz existe porque la Generalitat invirtió en los estudios cinematográficos de Alicante más de 300 millones de euros. La paradoja es que esas mismas subvenciones pueden suponer el final de los platós que se levantan en Aguamarga. El comisario europeo de la Competencia, el español Joaquín Almunia, le comunicó ayer al presidente del Consell que “la línea” que mantiene la Comisión Europea es que “existe una posibilidad” de que se tengan que devolver esas ayudas. El reembolso a las arcas autonómicas de ese dinero pondría en muy serio riesgo el futuro de los estudios. La Comisión Europea estudia el caso desde febrero de 2008.

Fuentes de la Generalitat se esforzaron ayer en quitar importancia al mensaje que Almunia transmitió al presidente Alberto Fabra, pero lo cierto es que este no pudo ocultar su inquietud tras la entrevista: “Eso [la devolución de las ayudas por parte de la Ciudad de la Luz] nos preocupa”. No es para menos.

La Administración autonómica tiene serios problemas para hacer frente a los vencimientos de crédito que tiene que afrontar por su elevado endeudamiento y cada vez le cuesta más pagar la refinanciación de los mismos. El pasado jueves tuvo que ofrecer un interés del 7% para colocar una emisión de deuda de 500 millones. Si la Ciudad de la Luz, que es una empresa 100% pública, tiene que devolver una cifra que muy probablemente esté alrededor de los 200 millones a las arcas autonómicas, la ya maltrecha economía del Consell puede sufrir un auténtico colapso.

La decisión última de la Comisión Europea se conocerá de forma inminente, probablemente dentro de unos 30 días. Un fallo que culminará un expediente que se abrió hace algo más de cuatro años a raíz de una denuncia.

"Las noticias no son buenas"

“Las noticias no son buenas”. Alberto Fabra salió preocupado de su entrevista con Joaquín Almunia. El presidente de la Generalitat había viajado hasta Bruselas para acudir a la sesión del Comité de las Regiones donde defendió el corredor mediterráneo y enmiendas sobre la Política Agraria Común, varias de las cuales obtuvieron el respaldo de las regiones europeas. Pero el tema más urgente que llevaba en cartera era conseguir mitigar la más que probable sanción de la Comisión Europea por las ayudas a la Ciudad de la Luz.

El conflicto entre los intereses de la Generalitat con Europa comenzó hace cinco años cuando dos empresas del sector cinematográfico, entre ellas la británica Pinewood, el principal estudio europeo, denunciaron al Gobierno valenciano por conceder a la Ciudad de la Luz subvenciones públicas ilegales que distorsionaban la competencia en el sector. Como consecuencia de estas denuncias la Comisión Europea inició una investigación pormenorizada con el objetivo de determinar si las ayudas eran compatibles con las normas de la Unión Europea.

Neelie Kroes, que en aquella época ocupaba el cargo de comisaria de la Competencia, ya manifestó su “preocupación porque la importante financiación pública haya permitido a la Ciudad de la Luz falsear la competencia leal en el mercado europeo de los estudios cinematográficos”. En el expediente abierto en su día por el organismo europeo los fondos públicos dispuestos se cuantificaban en 200 millones, aunque la cantidad última es mucho mayor. José Camarasa, que en aquel tiempo era portavoz socialista de Grandes Proyectos en las Cortes Valencianas, aseguró que el Consell había invertido más de 300 millones de euros en las instalaciones de Aguamarga.

El expediente abierto por Europa hace años está a punto de sustanciarse y, como adelantó ayer Almunia a Fabra, las noticias no son buenas. El presidente de la Generalitat ya adelantó que su gobierno va “a seguir defendiendo los intereses de los valencianos porque nuestros servicios jurídicos nos dicen que obramos correctamente en la concesión de las ayudas. Hemos insistido en que nuestro proceso estuvo amparado por la ley, que no hemos hecho competencia desleal y que no hemos actuado fuera de lo que son los criterios de inversión privada dentro de una economía de mercado”.


* El País - 5.5.12
Foto: Alicante, ciudad de la luz (archivo) - ciudaddelaluz.com

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Galicia.- El Constitucional tumba la solución de Cuiña a los núcleos del litoral

ELPAÍS* : El Tribunal Constitucional acaba de anular una disposición de la Lei do Solo de Galicia de 2002 vigente hasta ahora que pudo haber solucionado en parte el problema de los núcleos litorales gallegos que no reconoce la Ley de Costas estatal, lo que condiciona la propiedad de esas viviendas. El alto tribunal invalida así la primera solución prevista para esos núcleos por el entonces conselleiro popular José Cuiña, pero tiene aún pendiente de analizar una nueva solución propuesta por el bipartito, que está en suspenso desde que fue recurrida en 2009 por el Gobierno central.

La sentencia del Constitucional tiene su origen en un recurso presentado en 2003 por el Ayuntamiento de Laxe contra el deslinde marítimo-terrestre aprobado entonces por la Dirección General de Costas para el núcleo de Mórdomo, junto a la playa de Traba. El Ayuntamiento intentó anular ese deslinde, que dejaba sin reconocer diversas viviendas preexistentes, argumentando una disposición de la Lei do Solo impulsada por Cuiña unos meses antes. En esa disposición se señalaba que a los “núcleos rurales preexistentes de carácter tradicional” se les podría aplicar, a la hora de realizar su deslinde marítimo-terrestre, una excepción que la Ley de Costas estatal de 1988 solo contemplaba para terrenos clasificados como suelo urbano. De aplicarse esa excepción a Laxe, que luego se podría haber extendido a otros núcleos gallegos, se habría rebajado la servidumbre de protección de costas, quedando así esas viviendas regularizadas.

Al tener conocimiento de la ley autonómica esgrimida en ese recurso puntual de Laxe, la Fiscalía General del Estado presentó una cuestión de inconstitucionalidad contra esa disposición de la norma gallega, recurso apoyado posteriormente por la Abogacía del Estado. En sentencia del 18 de abril que en los próximos días se publicará en el Boletín Oficial del Estado el Constitucional da la razón a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado y considera que Galicia no puede “establecer supuestos de aplicación” de la norma estatal, como hizo en la ley autonómica. Dice el Tribunal que “las comunidades autónomas no pueden establecer disposición alguna al respecto, ni siquiera para reproducir con exactitud las previsiones estatales”.

Esa disposición de la Lei do Solo ahora anulada por el Constitucional fue la misma que quiso modificar el bipartito en 2009 a través de la denominada “enmienda Lueje”, apellido del entonces director general de Urbanismo, que reformulaba el texto original de 2002 para conseguir el mismo objetivo. Ese cambio fue también impugnado por el Estado, que pidió y consiguió la suspensión cautelar de esa modificación por parte del Constitucional. Esto es, con la “enmienda Lueje” en suspenso desde 2009 a la espera de la sentencia del Costitucional, era la redacción original de Cuiña de 2002 la que seguía vigente en la actualidad, pero acaba de ser anulada.

No son estos dos los únicos intentos por solucionar el problema de los núcleos del litoral gallegos que se han intentado en los últimos años. Los tres principales partidos gallegos han intentado forzar una solución de una u otra forma, ya sea a través de las dos reformas legales citadas o a través de decretos específicos como los aprobados en su día por el popular Enrique López Veiga y la socialista María José Caride.

Tras todos estos intentos, la solución a los núcleos gallegos podría venir de la mano de la reforma de la Ley de Costas estatal que quiere acometer ahora el Gobierno central y que los ecologistas miran con recelo por temor a que se abra la mano a la construcción en el litoral.

* El País - DAVID REINERO Santiago de Compostela 4 MAY 2012
Foto: Núcleo de Mórdomo, en Laxe, junto a la playa de Traba, en una imagen del Plan de Ordenación del Litoral.- elpais

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El transporte ha pasado de inversión a despilfarro

J.E.VILLARINO/Madrid* : Decíamos que de aquellos polvos, estos lodos y que “el tarifazo” obedece a tener que pagar, los de siempre, los platos rotos de tanto derroche y despilfarro. Un filón que descubrió el PP a su llegada al poder fue Metro de Madrid, que en manos de Gallardón, lo convirtió en su principal arma política. Metro a Arganda, a más de 20 km de la capital porque sí, y Metrosur, porque también. Dos fracasos sonados. El metro es un transporte de ámbito fundamentalmente urbano, que sirve para “coser” subterráneamente las ciudades, ya que para satisfacer las demandas de movilidad de la periferia metropolitana, y entre ésta y la ciudad, está el ferrocarril de cercanías, más eficiente. Metrosur es un anillo que une entre sí los principales municipios del llamado “Gran Sur Metropolitano” -no todos-, cuando la movilidad más importante se produce entre ese gran sur y la capital. Ya lo hemos dicho en más ocasiones, mucho más barato y eficiente hubiese sido cerrar la línea C-5 de Cercanías.

Como ejemplo de todo ello, traemos ahora el de Metro de Madrid, con sus principales datos de gestión del decenio 2000-2010, contenidos en su Memoria 2010. Como se puede observar en el gráfico, en el primer quinquenio sube todo, incluidos los viajeros (20%), cosa que cambia en el segundo, en el que casi todos los datos vuelven a crecer, incluso más que en el primero, a excepción de los viajeros, que no sólo no crecen sino que disminuyen.

En los 10 años, la plantilla creció un 30%, los gastos de personal el 100%, los kms de red el 70%, el nº de estaciones casi el 50% y el nº de vagones el 75%. La demanda de viajes, escasamente el 15%, y decreciente en el quinquenio 2005-2010. Pues vaya gestión. ¿Para qué y para quién tanta inversión y tantos kms de vía y tantos trenes y tanto personal y tantas estaciones? Quizá la pregunta deba ser ¿A quién beneficia tanta y tanta inauguración, tanta y tanta propaganda, tanta y tanta falsa eficacia? De acuerdo que la crisis ha influido, lo mismo que al resto de modos, pero nunca se volverán a alcanzar los niveles de demanda de viajes que justifiquen las cuantiosísimas inversiones que ha costado tanta y tanta obra. De ello da buena cuenta el gráfico de los gastos operacionales de METRO, con crecimientos espectaculares a partir de 1999.

Por si esto no fuese suficiente, ahí está un plan abracadabrante de Cercanías 2009-2015 del gobierno anterior que me imagino alguien habrá guardado en el cajón, no porque en las circunstancias actuales fuese como mentar la soga en casa del ahorcado, sino por su inviabilidad técnica, plagado de errores y, lo que es más importante, sin cuantificar su impacto sobre la demanda de viajes. A todo esto, la señora Botella, aprovecha cualquier sarao inauguracional para recordarle a la ministra de Fomento de las bondades de una línea AVE a Barajas. Hablan sin saber de qué hablan. Suele pasarle a casi todos los de la casta.

* José Enrique Villarino es economista y consultor, especialista en Transporte, y miembro del Foro del Transporte y el Ferrocarril (FTF).

* Zona Retiro - Opinión - 27.4.12
Foto: Las cuantiosas inversiones en Metro - zonaretiro

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El Puerto.- EA advierte que paralizar expedientes urbanísticos o dedicar las multas a gastos de urbanización puede ser constitutivo de delito

ANDALUCÍAINFORMACIÓN* : Ecologistas en Acción indica, en un comunicado de prensa que, "de nuevo un partido político, ahora el PP, intenta hacer caja electoral prometiendo lo imposible a los miles de personas que han construido su casa de forma ilegal. La mayoría de los partidos políticos del municipio han venido haciendo estos últimos años promesas a los propietarios de viviendas ilegales imposible de cumplir por su manifiesta ilegalidad. Ecologistas en Acción ha venido advirtiendo que no hay atajo para regularizar estas urbanizaciones ilegales que primero había que aprobar el PGOU, como ya se ha hecho, y después asumir todos los gastos de urbanización, gestión, cesiones…, igual que han hecho los que han adquirido una vivienda legal". Ahora "el equipo de Gobierno plantea suspender las sanciones y las multas coercitivas a los que han construido de forma ilegal, lo que puede ser constitutivo de un delito de prevaricación.

Las sanciones no son una decisión potestativa, es un imperativo legal que se impone a aquellos que construyen ilegalmente; si además se niegan a paralizar las obras o a demoler lo ilegalmente construido, se les imponen multas coercitivas. Y no hay en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) posibilidad de suspenderlas incluso si están en proceso de legalización. Sería como suspender una multa de tráfico si el infractor se compromete a conducir bien en adelante".

Pero entienden que "más grave es aún la propuesta de dedicar las multas coercitivas para los gastos de urbanización de las EMAs. La LOUA deja claro que las multas y sanciones tienen carácter finalista y debe incorporarse al Patrimonio Municipal de Suelo (PMS). El artículo 72 estipula que deben integrarse en el patrimonio público de suelos las multas impuestas como consecuencia de las infracciones urbanísticas. El artículo 197 incide más aún en el destino de estas multas al prescribir que los importes en concepto de sanciones… se integrará en el patrimonio público de suelo, destinándose especialmente a actuaciones, previstas en el planeamiento, en equipamientos y espacios libres dentro de la ciudad consolidada. Destinar el importe de multas y sanciones a la urbanización de las EMAs podría ser constitutivo de sendos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos".

Si el Ayuntamiento "no ha gastado el dinero y dispone de estos fondos, no los podría gastar en urbanizar las EMAs sin incurrir en un flagrante delito; si lo ha gastado, las inversiones para urbanizar las EMAs tendrían que salir de las menguadas arcas municipales, o sea, del los impuestos de todos los portuenses, lo que sería más grave aún".
Ecologistas en Acción entiende que el PGOU "ha sido enormemente generoso con aquellos que han construido al margen de la legalidad, dándoles la posibilidad de regularizarse con obligaciones y cargas menores que las que se exigen a promociones legales desarrolladas dentro del planeamiento urbanístico. Cualquier medida que venga a favorecer aún más a los constructores ilegales vulnerando el PGOU y las leyes y normas urbanísticas, sería inadmisible, y supondría una burla a los ciudadanos que han venido cumpliendo con sus obligaciones legales y fiscales".

Ecologistas en Acción va a solicitar formalmente al alcalde, Enrique Moresco, y al concejal de Urbanismo, Diego Muñoz, que hagan público el montante de las sanciones y multas que ha cobrado el Ayuntamiento en estos últimos cinco años por construcciones ilegales, y el destino que se le ha dado a estos fondos.


* Andalucía Información - 3.5.12
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org

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Inutilidad de las sentencias urbanísticas

ALFONSO VILLAGÓMEZ* : Máquinas excavadoras originando montículos de escombros, arañando y haciendo irreversible lo que durante millones de años la naturaleza había regalado. Mientras, un pleito pretendía, mediante una acción jurídica, combatir aquella destrucción en la umbría onubense que, para colmo, era Zona de Especial Protección para las Aves. Se concitaban así todos los despropósitos posibles contra el medio ambiente y el urbanismo. Pero, ¡el pleito se ganó! La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró la nulidad radical de toda aquella horrenda construcción. Impugnada ante el Tribunal Supremo en casación, además de por la empresa promotora "en defensa de sus intereses" simultáneamente por el Ayuntamiento de Huelva (del PP) y la Junta de Andalucía (PSOE), coincidencia reveladora de un urbanismo preso en una maraña de regulaciones sin sentido y cuya descodificación arroja sabrosas enseñanzas sobre el poder. El TS confirmó lo que la Sala de Instancia había sentenciado: que toda la modificación del plan promovida por el Agente Urbanizador y al que habían obedecido tanto el Ayuntamiento como la Junta, era nula de pleno derecho. Pero la urbanización se hizo. No hubo medida cautelar que provisionalmente la paralizara. Y ahí sigue con evidente burla de las sentencias. Ahí está, para quien quiera verla.

Las personas que adquirieron sus casas no tienen nada que ver con la situación ilegal; se han encontrado con ella, son también víctimas del entuerto administrativo. Y si se lograra la reconstitución tendrían indudable derecho a la indemnización y al realojo.

Cuando se demostró hasta la saciedad que la torre construida pese a su extrema ilegalidad tenía que ser demolida, el TSJ abatió sus propias decisiones y las del Tribunal Supremo para evitarlo. Lo mismo que parece guiar ahora a la Xunta para salvar de la picota, en un proyecto de ley que cheira a inconstitucional, desde el edificio de Fenosa, en A Coruña, a la Colina de Castrelos, en Vigo, pasando por las 20 viviendas unifamiliares de A Guarda pendientes de derribo. Luego ¿sirven las sentencias urbanísticas para algo más que para ponerlas en un marco como antigualla de la más exquisita pero obsoleta orfebrería jurídica?
* Doctor en Derecho Público

* El Correo Gallego - Opinión - 4.5.12

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Reclaman a través de las redes sociales que el “Toblerone” sea un gran centro social-cultural para Almería

TELEPRENSA* : La fisionomía de la ciudad de Almería cambiará de forma irremediable una vez se lleven a cabo las primeras obras en los terrenos de Renfe y Adif. El próximo mes de junio, el Ayuntamiento aprobará un plan especial, informado de forma favorable por el Ministerio de Fomento, que, entre otros, dará luz verde a la construcción de edificios de hasta catorce plantas en los terrenos del “Toblerone” la antigua nave destinada a almacenar el mineral de las minas de Alquife.
El futuro está aún por escribir, pero ya han surgido las primeras voces que a través de las redes sociales, principalmente Facebook, han iniciado un movimiento para evitar la desaparición de uno de los elementos arquitectónicos más conocidos de Almería, reclamando que en este espacio se cree un gran centro social-cultural.

En Facebook existe un grupo cerrado que se llama precisamente “Plataforma Salvemos el Toblerone”, y por las páginas y perfiles de esta conocida red circula una fotografía -la que ilustra a este artículo-, acompañada por el siguiente texto:

“.... el Ayuntamiento de Almería pretende tirar abajo el Toblerone, figura emblemática de la arquitectura industrial almeriense y ubicación ideal para un gran centro social-cultural para Almería....”

“.... en una ciudad en la que existen miles de viviendas vacías, el Ayuntamiento anuncia una vulneración del procedimiento urbanístico normal y 'habilitar' la construcción de bloques de catorce plantas (más de mil viviendas, al parecer)...”

“.... ¿por qué tanta prisa?... ¿por qué se quiere construir más y más en una ciudad con miles de viviendas nuevas en venta, vacías, y cientos de viviendas abandonadas en un casco histórico absolutamente desamparado y descuidado por el ayuntamiento?...”
“.... merece la pena que todos los almerienses luchemos por contar con nuestro espacio, con el que nos corresponde, por conservar nuestro patrimonio...... ¡¡¡LUCHEMOS POR ELLO!!!”.

No obstante, no ha sido la única iniciativa para dar un nuevo valor al “Toblerone”. En el marco de la BEAU XI (Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo) fue presentado un proyecto (http://bit.ly/IDRzoO) que transformaba estas instalaciones en un centro de convenciones que se ubicaría en pleno corazón de la ciudad de Almería.

“La especulación del suelo ha marcado una fecha de caducidad para El Toblerone. La imposibilidad de calificar la nave como Bien de Interés Cultural, la ha sentenciado a muerte y su desmantelamiento es inminente. Con él se llevarán una parte del pasado y la historia de Almería, pero nosotros debemos salvarla”, señalaban los diseñadores del proyecto en su exposición, añadiendo que su idea “nace como una reacción ante tal desacertada decisión. El reciclaje y la reactivación de la nave daría respuesta a un conjunto urbano hoy obsoleto. Reinventando un nuevo ciclo cultural y social del Toblerone ayudamos a tomar conciencia de la importancia y riqueza del patrimonio industrial, promoviendo así el importante papel que la industrialización ha jugado en la evolución de la arquitectura contemporánea y el urbanismo en Almería .”


* Teleprensa - 2.5.12
Foto: Almería, edificio Toblerone - teleprensa

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La glotonería inmobiliaria de Lima

FREDERICK COOPER* : Hace algún tiempo viene publicándose información sobre el destino de los terrenos que ocupan en Lima el Puericultorio Pérez Araníbar y el Hospital Larco Herrera. El fin de semana pasado los rumores respecto al supuesto abandono de la tarea cautelar de la Beneficencia Pública de Lima para con los huérfanos que ocupan el Puericultorio se tornaron más precisos, especulándose respecto al potencial inmobiliario de ambas propiedades y señalándose que, si bien las condiciones establecidas en el legado que lo originó disponen inequívocamente la obligatoriedad de mantenerlo a perpetuidad para el fin filantrópico para el que fue concebido, en el caso del Hospital Larco Herrera parecería que podría obviarse esa limitación, sugiriéndose que podría destinarse a un desarrollo inmobiliario que permitiera paliar la estrechez económica de la Beneficencia.

Las especulaciones en torno al destino que podría darse a dos importantes predios urbanos concebidos originalmente para un uso social altruista, devaluados arquitectónicamente a consecuencia del deterioro de sus pabellones y de su entorno paisajista, evocan la depredación que ha sufrido Lima el último medio siglo como consecuencia del desperdicio urbanístico de instalaciones de significativa envergadura devenidas arquitectónicamente obsoletas, funcionalmente inoperantes, o caídas en desuso. Lamentablemente en el Perú esta experiencia, en vez de haber sido procesada por las entidades públicas encargadas de velar por el equilibrio urbano de manera de lograr que reditúe en beneficio de la ciudadanía, ha sido malversada en provecho de una expansión inmobiliaria a la que se le ha permitido desarrollarse fácilmente, no reciclando áreas urbanas servidas, tugurizadas o subutilizadas.

Una consecuencia de ello es la paupérrima tasa de áreas verdes o recreativas con que cuenta Lima, y la ubérrima disponibilidad de espacios vírgenes –como el del Hospital Larco Herrera– a los que en vez de preservar a efectos de ampliar la magra oferta de espacios recreativos, culturales o recreacionales de los que dispone Lima, se insiste en brindarlos a la voracidad de la demanda inmobiliaria. La sugerencia de hacer uso del predio que ocupa el Hospital Larco Herrera para hacer otro conjunto habitacional, comercial o mixto anuncia la misma suerte que corrieron los antiguos espacios urbanos que ocupaban el hipódromo de San Felipe, los aeropuertos de Santa Cruz, Corpac y Limatambo, la antigua Penitenciaría, los cuarteles de La Pólvora y San Martín, o la amenaza que se cierne sobre el aeropuerto de Collique entre otros muchos predios cuya plusvalía ha sido malversada al anteponer su valor inmobiliario por encima de su importancia social y urbanística. Si a este dispendio se añade la incomprensible imprevisión que ha permitido autorizar formalmente –o permitir por razones de oportunismo político– la ocupación del íntegro de los valles del Rímac y el Chillón, sin provisionar espacios públicos recreativos o para usos culturales, así como la presión municipal distrital por vender o dar en uso comercial los terrenos de la Costa Verde, o la amenaza urbanizadora que se cierne sobre el valle del río Lurín, el panorama del futuro de Lima se percibe como el de una ciudad a la que se le ha impuesto una distorsión urbanística agobiante y perversa.

Lima, y en general todas las ciudades peruanas que en los últimos años han crecido vertiginosamente, se ha expandido carente de una política sensata y justa respecto al aprovechamiento de las áreas naturales o de los predios destinados antiguamente a usos devenidos ahora obsoletos. Esta penosa condición es otra de las consecuencias de haber librado su desarrollo a gestos improvisados, y no a proveer a sus ciudadanías con entornos funcionales y gratificantes. La escandalosa falta de espacios públicos –culturales o recreativos– consecuencia de la política depredadora que se sugiere continuar al insinuarse el aprovechamiento inmobiliario del Hospital Larco Herrera, constituye una prueba más de la urgencia de abordar su evolución futura con un sentido integral, no fragmentario.
* Nacido en Lima, Perú, en 1939. Estudia arquitectura en la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería (1957-1961), que le otorga el título de arquitecto en 1961.

* La República - Opinión - 28.4.12
Foto: Lima (Perú), borde costa - transporte

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Madrid.- Los peajes en sombra ya cuestan 103,6 millones de dinero del contribuyente

ELPAÍS* : La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, justifica su intención de cobrar peaje en las autovías madrileñas por su coste de conservación y mantenimiento, que cifra en 30 millones de euros al año. "Tenemos un montón [de autovías]", explica la presidenta en una entrevista publicada hoy en Abc, en la que cita como ejemplos la M-501 o la circunvalación M-45. Según el último presupuesto de la Comunidad, correspondiente a 2012, la reposición y mantenimiento de carreteras supone más del doble de esa cantidad, 65,5 millones de euros. Es un millón y medio más del dinero que se destinó en el presupuesto de 2011. La red principal de carreteras regionales tiene 661,8 kilómetros.

Una de las opciones posibles para cobrar al ciudadano por el tránsito en carretera es cambiar el modelo de peaje en sombra, un sistema de pago de peaje se financia a través de impuestos, que ya se aplica actualmente en la M-407, la M-45, la M-511 y la M-501. Los peajes en sombra suponen 103,6 millones de euros, según las cuentas de 2012.

Con este sistema el Gobierno regional paga a las empresas por los vehículos que circulen por estas carreteras a cambio de que las adjudicatarias las construyan y las gestionen. Una concesionaria construye una carretera y la Administración le abona un canon anual en función del número de vehículos que la transitan. El coste final suele ser superior al que pagaría la Administración si construyera la carretera con medios propios aunque se abona en un plazo más largo. En 2005, por ejemplo, este periódico publicó el coste que tendría el peaje en sombra de la M-45, para la que el presupuesto de 2012 reserva casi 82 millones de euros.

El coste de construcción de esta vía, que une la M-40 con la A-2 por San Fernando de Henares y Leganés, fue de 487 millones. El contrato de concesión administrativa a las distintas concesionarias durante 30 años reflejaba un pago cuatro veces superior: 1.670 millones de euros.

En cuanto al resto de carrteras donde se aplica el modelo, en la M-407 (de Leganés a Griñón, 16 kilómetros) supone 6,4 millones de euros. La M-45 (34,8 kilómetros entre San Fernando de Henares y Leganés, casi 82 millones. La M-501, la polémica carreteras de los pantanos, recorre 72,8 kilómetros por San Martín de Valdeiglesias hasta el límite con la provincia de Ávila. El peaje en sombra de esta vía y de la M-511 (que aparecen juntas en el presupuesto) asciende a algo más de 15 millones de euros.


* El País - PILAR ÁLVAREZ Madrid 3 MAY 2012
Foto: Madrid, obras carretera pantanos - publico.es

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Valencia.- Cotino autorizó el pago de 16,3 millones a Emarsa en 2010 sin el aval técnico

LEVANTE* : El convenio por el que la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), dependiente del Consell, financió más de 120 millones de euros a Emarsa durante los años del saqueo era ilegal, según reveló en la comisión de investigación de las Corts el secretario de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), José Antonio Martínez. En 2009 la Emshi avisó a la Epsar mediante varios escritos de que no tenía constancia de este convenio de financiación, por lo que sus técnicos no habían acudido a ninguna de las reuniones celebradas desde 2004. Pese a estas reclamaciones, impulsadas por Martínez, que había llegado a finales de 2008 a la entidad metropolitana, el presidente de la Epsar en 2010, el actual presidente de las Corts, Juan Cotino, firmó el pago de 16,3 millones de euros en 2010.

De estos documentos, en poder de los diputados que han investigado la comisión de investigación, se desprende que la Epsar hizo caso omiso a las advertencias de la Emshi, propietaria y responsable de las cuentas de Emarsa, y continuó financiando la depuradora de Pinedo por un convenio ilegal. Este documento fue avalado por cuatro de los ahora imputados y principales acusados por el juez. El exgerente Esteban Cuesta, el expresidente Enrique Crespo y los exaltos cargos de la Epsar, José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer.

Pero, ¿Por qué no se dio cuenta la Emshi hasta 2009 de que el convenio de 2004 era ilegal?. De hecho, fue sólo con la llegada de Martínez a la secretaría de la entidad metropolitana que se hizo público que la propietaria de Emarsa desconocía este convenio de financiación.

Este acuerdo ilegal fue el que cuestiona el juez que investiga el saqueo y que fijó el pago de 42 euros por tonelada de lodo tratado, muy por encima del coste real de 18 euros que se abonaba a la empresa que realmente hacía los trabajos. Además, el desconocimiento de este convenio evitó que ningún técnico de la Emshi estuviera en las comisiones de seguimiento.

Así, el 13 de octubre de 2009, el gerente de la Emshi se dirigía a la Epsar para que le aclararan la existencia de un convenio por el que en la época ya se habían transferido más de 100 millones de euros. Pese a ser conocedora de la situación, la Epsar volvió a abonar 16,3 millones de euros que Cotino firmó como presidente y conseller de Medio Ambiente.

Pero no fue la única vez en que la entidad metropolitana advirtió de las anomalías. El 28 de abril de 2010 la Emshi vuelve a recordar a la Epsar que desconocen el convenio de financiación y que no tienen las actas de las comisiones de seguimiento. Un mes después, la Epsar abonó la última remesa a Emarsa antes de su liquidación.

Desde el PSPV denunciaron que estos documentos avalan la petición de nuevas comparecencias. «Es imprescindible que Cotino comparezca en la comisión de investigación. Las responsabilidades penales deben aclararse en el juzgado, pero las políticas deben dirimirse en las Corts. Y estas informaciones requieren alguna explicación», solicitó la diputada socialista, Carmen Martínez.

Las Corts debaten las conclusiones de la comisión
La comisión de investigación de Emarsa en las Corts Valencianes encara la recta final. Los diputados se reunirán hoy para elaborar el dictamen de conclusiones, que se debatirá y votará el próximo viernes día 4 y donde se elegirá el portavoz que las defienda ante la Cámara. El martes 8 finaliza el plazo para presentar votos particulares. El 16 de mayo será el debate y votación en el pleno de las Corts. Difícil va a ser que los cuatro grupos políticos coincidan en las conclusiones, ya que desde PSPV, Compromís y EUPV se ha venido criticando que la comisión ha sido un «paripé» porque no se ha citado a declarar a los verdaderos responsables de la gestión de la depuradora de Pinedo durante los años del saqueo. Como en las comparecencias y en la petición de documentación, se impondrá seguramente la mayoría del PP en la redacción de las conclusiones. La mayoría absoluta del pleno las validará.


* Levante - SERGI PITARCH - 2.5.12
Foto: Valencia, depuradora Pinedo - levante

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Piden 4 años más de cárcel para el exjefe de Urbanismo de Andratx

EUROPAPRESS/Mallorca* : La Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años y medio más de cárcel para el exjefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx, Jaume Massot -quien en la actualidad ya cumple condena en la prisión de Palma dentro del caso Andratx-, así como seis meses para el exasesor jurídico Jacobo Rodríguez Miranda, hijo del exministro Santiago Rodríguez Miranda, quienes a partir del próximo lunes volverán al banquillo para ser juzgados junto a otros cinco acusados por la concesión de una licencia urbanística a sabiendas de su ilegalidad.

En concreto, el juicio, fijado hasta el jueves por el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, está enmarcado en la pieza separada número 6 de este procedimiento judicial, dentro de la cual la acusación particular, ejercida por el Consistorio mallorquín, reclama por su parte diez años de prisión para Massot, sobre quien pesan presuntos delitos de prevaricación urbanística, falsedad y contra la ordenación del territorio, y dos años de privación de libertad para Rodríguez Miranda -prevaricación-.

Se da la circunstancia de que el hijo de quien fue ministro de Trabajo y Seguridad Social durante el último gobierno de UCD, ya fue condenado por este mismo órgano judicial a siete años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros dentro de otro de los flecos de la causa -el número 9-, en el que por el contrario fue absuelto Massot.

Junto a los dos inculpados serán juzgados el excelador de obras del Ayuntamiento, Jaume Gibert, y los cuatro propietarios que adquirieron una parcela ubicada en suelo rústico "con el único fin de especular y a sabiendas de que no iban a tener impedimento alguno para obtener licencia de construcción", a pesar del nivel de protección del terreno, tal y como postulan las acusaciones en sus respectivos escritos de calificación, a los que ha tenido acceso Europa Press.

Tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento, representado por los abogados Josep de Luis e Isabel Fluxà, aseveran cómo Francisco R.M, Juana María R.V, Ole Jorgen P.R. y Marianne Y.R. adquirieron el solar de Can Mena -de 887 metros cuadrados-, con el objetivo de construir en él una vivienda unifamiliar de nueva planta pese a ser conscientes de la imposibilidad legal de esta pretensión. Sin embargo, los procesados no se limitaron a ejecutar estas obras sino que a éstas se sumaron terrazas de unos 168 metros cuadrados así como unas dependencias anexas de 33,2 metros, señalan.

Las acusaciones apuntan a que tan sólo cuatro días después de la compraventa, el 16 de julio del año 2000 Gibert emitió un certificado de antigüedad para hacer constar que en el terreno existía ya una casa en ruinas de más de 100 años de antigüedad -a fin de posibilitar su reforma- a pesar de que no existía vivienda alguna. Una actuación que presuntamente llevó a cabo siguiendo "expresas órdenes" de Massot, a fin de que los propietarios pudieran solicitar licencia para la 'rehabilitación de vivienda unifamiliar aislada existente'.

Tras ello, prosiguen, Massot informó favorablemente de la licencia mientras que Rodríguez Miranda emitió asimismo un informe favorable a pesar de conocer "sobradamente la inexistencia de una vivienda que reformar". "Dada su formación en derecho y el área en la que trabajaba era obvio que no podía informar favorablemente, pues no se cumplían los requisitos necesarios ni parámetros urbanísticos previstos por la Ley", indica la acusación particular, aseverando además que el letrado asesor "es la persona encargada de velar por el cumplimiento de la legalidad vigente".

Tras todos estos trámites, la licencia finalmente fue aprobada el 3 de mayo de 2002, si bien tres años después el propio Gibert emitió acta de suspensión de las obras por no ajustarse a la licencia otorgada, según la cual iba a reformarse un inmueble ya construido en la misma zona -y que en realidad no existía- cuando finalmente fue levantada una vivienda de nueva planta.

Cabe recordar que por esta misma causa ya se encuentran en prisión tanto Massot, también exdirector general de Ordenación del Territorio, como Gibert y el exalcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo. Tanto Massot como Hidalgo cumplen condena en la actualidad en el centro penitenciario de Palma por las dos primeras piezas del caso que fueron juzgadas dentro del caso Andratx, cuya complejidad provocó la apertura de un total de 77 piezas separadas.


* El Economista - EP - 3.5.12
Foto: Andratx (Mallorca), costa urbanismo salvaje - elmundo.es

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Torrevieja validó la planta de basura con un informe externo

ELPAÍS/Alicante* : El concejal de Urbanismo de Torrevieja, Francisco Moreno, declaró ayer como imputado en la causa que instruye el juzgado de Instrucción número 2 del municipio por la concesión en 2010 de la licencia para construir una planta de transferencia de residuos que funcionaba desde 2005. Moreno confirmó que la empresa concesionaria, Acciona, aportó con la solicitud de licencia un informe favorable firmado por la abogada Begoña Sancho Caravaca, elaborado a instancias de la mercantil, sin que fuera requerido por el Consistorio.

Moreno derivó toda la responsabilidad de su actuación hacia la Consejería de Infraestructuras. Pese a reconocer que había tres informes contrarios de otros tantos técnicos municipales, el edil aseguró que hizo valer dos documentos del Consell, de 2007, que abogaban por la innecesariedad de obtener la declaración de interés comunitario o la de impacto ambiental. También aseguró que él no hace los decretos, que no intervino en la adjudicación del contrato, que no tenía conocimiento de las denuncias del Seprona por el funcionamiento de la planta sin autorización y que fue nombrado concejal no electo de Urbanismo en 2007.

Licencia caducada

La causa se instruye a raíz de una denuncia del Grupo Socialista de Torrevieja, cuyas preguntas se negó a contestar el concejal. Moreno tuvo especial interés en recalcar que se decretó la caducidad de la licencia de obras solicitada en 2005 y que la licencia que concedió en 2010 a la misma concesionaria fue para otra actuación diferente de la derivada de la adjudicación del contrato. Y que, ahora sí, exigió la legalización de la actividad y la obtención de la correspondiente evaluación ambiental, en exposición pública.

La concesión de este contrato también está investigándose en el TSJ valenciano por el uso de un informe externo por parte del exalcalde y actual diputado, Pedro Ángel Hernández Mateo, que está imputado, para adjudicárselo a Acciona-La Generala contra la opinión de los técnicos municipales.


* El País - ARTUR BALAGUER - 2 MAY 2012
Foto: Torrevieja (Alicante), vertedero - levante-emv.com

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Málaga.- De la Torre busca uso para dos edificios en los que ha gastado casi 50 millones

ELPAÍS* : Después de llevar gastados en ellos casi 50 millones de euros, el gobierno municipal de Málaga que preside Francisco de la Torre (PP) no sabe qué hacer con los pabellones de la antigua fábrica de Tabacalera que iban a ser sede del frustrado museo de las gemas ni con el edificio que albergó los cines Astoria y Victoria y que ocupa uno de los laterales de la céntrica Plaza de la Merced. El desatino municipal hace que el Consistorio se vea además inmerso en ambos casos en litigios judiciales.
En ninguno de los dos casos la crisis económica puede ser una razón suficiente para explicar el vacío, y especialmente en el del edificio Astoria y Victoria, un emplazamiento estratégico que el Ayuntamiento se empeñó en comprar después de haber autorizado un proyecto de viviendas de lujo a una promotora privada, por lo que resultó muy caro, pero para el que nunca tuvo una idea de uso definida.

El Ayuntamiento incluso llegó a litigar contra la Junta porque ésta impuso una restricción de altura al proyecto de la promotora Baensa de construir 45 viviendas de lujo en el bloque de los antiguos cines. Pero a última hora, cuando la constructora ya tenía solicitada la licencia de obras, De la Torre decidió que el Ayuntamiento debía quedarse un edificio de emplazamiento tan estratégico para darle uso cultural.

Intentó primero que Unicaja, que tenía una hipoteca sobre el edificio y perseguía construir una sede para actividades culturales, se lo quedara, pero la indiscreción de De la Torre irritó al presidente de la entidad financiera, Braulio Medel, que se desentendió.

Tras unas laboriosas negociaciones con la propietaria, el Consistorio compró el edificio en diciembre 2010 por 20,7 millones de euros, 9,9 millones a pagar en efectivo y el resto en diferentes parcelas de suelo. Se pactó además una indemnización por los gastos “inútiles” realizados por Baensa en el proyecto residencial, pero no se fijó cantidad y la promotora ha presentado una reclamación judicial por 7,2 millones de euros.

Después de sugerir que un grupo alemán estaba interesado en un proyecto cultural, y anunciar en la campaña electoral que albergaría un “museo de museos”, el Ayuntamiento convocó un concurso sobre usos para el edificio del Astoria que hace una semana declaró desierto porque ninguna de las tres ofertas presentadas resultó suficientemente interesante ni solvente.

El alcalde insiste en que “no hay que precipitarse” para ocupar el edificio, que está abandonado y en estado ruinoso, y que lo importante es que el uso que se decida ofrezca garantías.

El Ayuntamiento insiste en que trabaja en “varias líneas” para dar uso al edificio, lo mismo que con los pabellones de Tabacalera que iban a albergar el museo Art Natura, de gemas y ciencias de la naturaleza. El Consistorio inició hace 10 días el proceso de rescisión de contrato con Royal Collections, la sociedad promotora, por incumplimiento y le ha dado un plazo de 15 días para que devuelva los edificios, en los que el Ayuntamiento ha gastado 21 millones de euros sin IVA en obras de rehabilitación, más los 5,6 millones de euros que le pagó en concepto de canon.

La rehabilitación se hizo ex profeso para Art Natura, lo que condiciona la reutilización. El equipo de gobierno confía en que “algún museo habrá”, pero baraja también ahora “talleres de teatro. de danza, o escuelas, o lo que sea... ”.


* El País - DIEGO NARVÁEZ - 30 ABR 2012
Foto: Málaga, cines Astoria y Victoria - elpais

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"Las hipotecas son la versión contemporánea de la esclavitud"

PÚBLICO/Entrevista* : Ada Colau, cofundadora de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona, analiza el problema de los desahucios y la lucha colectiva por una vivienda digna.
Cuatro años antes de que el 15-M diera un nuevo impulso a la lucha por el derecho a una vivienda, nacía la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Barcelona (PAH). Tras extenderse por el resto del Estado, la PAH pasaría a realizar un papel protagonista, junto a los indignados, en la paralización de cientos de desahucios y en la reclamación de la dación en pago, entre otras demandas.
Ada Colau, actualmente portavoz de la PAH de Barcelona y una de sus fundadoras, acaba de publicar el libro "Vidas hipotecadas", en el cual analiza el problema de la vivienda y la historia del movimiento. Ya a la venta en catalán, la versión en castellano estará disponible a partir del próximo mes de junio.

La PAH comenzó a ser conocida a partir de mayo del año pasado, gracias al 15-M, pero, ¿cómo nace la organización?

La plataforma surgió en Barcelona hace mas de 3 años, a finales de 2009, y la fundamos gente que veníamos de movimientos como ‘V de Vivienda'. En seguida intentamos visibilizar el tema de la deuda hipotecaria y el de los desalojos.En un principio nos centramos en la dación en pago porque el proceso de ejecución hipotecaria, con la saturación que hay en los juzgados, tarda entre uno y dos años, por lo que lo primero fue las ejecuciones hipotecarias. Cuando comenzaron a llegar los desalojos arrancamos con la campaña 'Stop Desahucios', en noviembre de 2010. Esa campaña paró el primer desalojo, que grabamos en vídeo, el cual empezó a circular mucho por la red.

Y eso hizo que las iniciativas se extendieran...

Sí, ahora parece normal parar desalojos, pero para gente que no está politizada es muy complicado dar el paso y salir públicamente a contar su problema, con el añadido del fuerte estigma social que supone el desahucio en una sociedad individualista, donde todo el mundo sufre sus penas en soledad y escondido. Salir y decirlo no es fácil. Necesitábamos un imaginario para que la gente se lanzase a dar el paso, y por eso grabamos el primer desalojo.

¿Y qué supuso la aparición del 15-M?

Con la llegada del 15-M, se disparó aún más este imaginario. Vino a decir que juntos podemos cambiar las cosas, no tienes por qué sufrir en soledad tus problemas, no es una vergüenza lo que te está pasando. Fue tan importante el imaginario como la red de solidaridad. El 15-M pasó a movilizar a miles de personas. El 15-M amplificó la lucha y cuanto más se extiende una lucha más se legitima.Las asambleas de barrio en este tema son vitales. Puntualmente nos podemos desplazar para parar un desahucio, pero como es una cosa tan dramáticamente cotidiana, las redes tienen que ser lo más próximas posible, para que esto funcione de forma estable y sostenible. El 15-M ha sido clave en este sentido.

Cuando una persona es desahuciada es habitual oír que la culpa es suya, por haber firmado la hipoteca. ¿Qué hay de cierto en eso?

Lo primero que respondería es que la gente afectada no renuncia a asumir parte de su responsabilidad. El problema está en que la única que está asumiéndola, e incluso más de la que le toca, es precisamente la gente afectada. Es decir, ya es suficiente perder la propiedad de la vivienda, pero que además tengas que quedarte con una deuda de por vida y en la calle mientras la vivienda se queda vacía, no es de recibo. El del banco y el de las personas afectadas son dos niveles de responsabilidad distintos.Además de todo eso, hay que recordar en qué situación se firmaron esas hipotecas, donde no es verdad que existiera una libertad para firmarlas. Era un contexto en el cual había políticas públicas muy agresivas que incentivaban el acceso a la vivienda a través de la hipoteca. Fiscalmente desgravaba la compra, no el alquiler, estaba liberalizado el mercado del crédito y por tanto los bancos podían prestar todo el dinero que quisieran, como quisieran y a quien quisieran, porque el alquiler no era una alternativa real.De hecho, estamos entre los países donde el alquiler es más inestable, ya que a los cinco años te pueden echar, te pueden triplicar el precio, etc. Cualquiera que quiera hacer un plan tan legítimo como es hacer un plan de vida estable, formar un hogar, evidentemente no quiere al cabo de cinco años tener que trasladarse con todo. Entonces, en esas condiciones, decir que tú libremente elegiste comprar una vivienda no es del todo cierto.

¿Los poderes públicos han contribuido a esta situación?

Hay que recordar que la ministra de Vivienda salía constantemente en los medios de comunicación diciendo que era el momento de comprar, que comprar una vivienda era la mejor inversión o que la vivienda nunca bajaba.No es que el Gobierno haya dejado hacer al mercado hipotecario, es que ha intervenido activamente para potenciar el acceso a la vivienda a través de la hipoteca. A veces era más fácil hipotecarse que alquilar un piso, como en el caso de la población inmigrante, contra la que había un racismo brutal en el alquiler, mientras que con los bancos, desde el momento en que decidieron que en el crédito inmobiliario estaba el negocio, todo eran facilidades.Eso de que la gente se volviera loca, de que los españoles querían ser propietarios, vivir por encima de sus posibilidades, es mentira. En los años 50 más de la mitad de la población vivía en régimen de alquiler, y si en pocas décadas se ha experimentado un cambio tan dramático es porque ha habido unas políticas muy agresivas que han impulsado ese cambio.

Por otro lado, las dos partes firmantes del contrato no son iguales. Son contratos de adhesión, donde una parte marca todas las condiciones, y tú o lo firmas o no lo firmas. El banco tiene toda la información y tú, que eres panadero, mecánico, o lo que sea, se supone que tienes que tener un máster en economía o en derecho para hacer algo tan básico como es acceder a una vivienda que, recordemos, no es un capricho sino un bien de primera necesidad. Entonces, te encuentras con que, para acceder a algo que es un derecho, tienes que firmar un contrato hipotecario, que está escrito en un lenguaje totalmente incomprensible, seguramente de forma expresa, y que todas las condiciones las dicta la parte fuerte, que es quien tiene toda la información, quien tiene economistas, abogados y conoce las tendencias de los mercados internacionales. Hay que recordar cómo se dieron estos contratos en la época de la burbuja.

Si comprabas ladrillo todo eran ventajas...

Todo el mundo relata lo mismo, ibas al notario y te leía de forma rápida una parte del contrato. La gente no se enteraba de nada, pero el banco te decía: "o lo coges ahora o si no va a venir otro y se lo vendo". Parecía que habías perdido una oportunidad por cada día que pasaba.Lo más increíble es que cuando todo esto estalla, la parte fuerte, que es el banco, no tiene que asumir ningún tipo de responsabilidad, sino que la única recae en la parte más débil. La persona hizo eso porque necesitaba una vivienda, no quería un bien de lujo. La gente normal es la única que ha pagado la responsabilidad de la locura de la burbuja.

¿Por qué se han permitido entonces esos contratos?

Ha habido una estafa generalizada. Esa parte fuerte se ha enriquecido -mobiliarias, bancos, promotoras, constructoras, tasadoras, notarios...-, han hecho miles de millones de beneficios, mientras que la otra parte ha perdido todo para siempre. No es sólo cuestión de responsabilidades, sino de quién ha salido ganando y quién perdiendo. Es el negocio del siglo. Durante los años de la burbuja, la gente ha pagado intereses. Más tarde, cuando la cosa va mal, no sólo se te acumulan las cuotas que no puedes pagar, sino que te empiezan a cobrar los intereses, que son abusivos. Inmediatamente la deuda empieza a crecer y cuando llega el momento de la subasta puede darse el caso de que la deuda sea igual al momento inicial, tras los años que has pagado.

Los intereses de demora son elevadísimos. Si a esto le sumas los costes judiciales, la gente al final se encuentra con deudas inmensas. Es un delirio. Hay gente que ha pagado decenas de miles de euros pagando cuotas altas porque hubo el problema de la subida del Euribor. Tras pagar miles de euros, se queda sin casa y con una deuda igual que la inicial que además vuelve a generar nuevos intereses.

¿Qué le queda a una persona desahuciada?

Normalmente, el deudor es deudor de por vida. Aunque trabaje veinticuatro horas al día jamás va a pagar esa deuda. Es la forma de extorsión y de esclavitud perfecta. El banco se queda con todo lo que ha ingresado, con la vivienda a un precio ridículo, la cual inmediatamente puede poner en el mercado más cara -de hecho lo hacen a menudo-, y encima a ti te siguen reclamando el cobro de la deuda. Es la versión contemporánea de la esclavitud.

* Público - EDUARDO MURIEL - 01/05/2012

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Altruismo y negocios - El Roto

El Roto, altruismo y negocios - elpais - 30.4.12

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La lucha por la vivienda, el frente con más victorias del 15-M

PÚBLICO* : En su primer año de vida, el movimiento de los indignados ha paralizado más de cien desahucios sólo en Madrid.
El matrimonio de Tatiana y Anuar estaba dispuesto a plantar cara al inminente desahucio que se cernía sobre ellos y su hija y que amenazaba con echarlos de su piso de 55 metros cuadrados. Era el 15 de junio de 2011. Pocas semanas antes, Tatiana había visto en televisión un pequeño reportaje sobre unos activistas barceloneses que, utilizando técnicas de protesta pacífica, habían impedido que desalojaran a una familia en Catalunya. Ella no tenía nada que perder, así que llamó a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para pedir ayuda.

Cuando llegó el momento del desahucio, Tatiana no pudo dar crédito a lo que veía desde su ventana. Decenas de personas se habían acercado a paralizar su desahucio. El 15-M había acudido a su llamada de auxilio."Es una cosa que nunca se me olvida, lo más bonito que me ha sucedido", explica Tatiana. "Estuvimos intentando negociar con el banco hasta el último día, pero no querían cambiar de posición, así que fue increíble sentir la solidaridad de la gente, el apoyo mutuo", expresa.

El desahucio fue aplazado y la comisión judicial no volvió hasta muchos meses después. Al final, tras casi un año de lucha, el matrimonio consiguió que el banco le concediese la condonación de la deuda hipotecaria a cambio de las llaves del piso. "Nos quedamos en paro, no teníamos ayuda ni veíamos salida por ningún lado, y cuando te encuentras en esa situación es desesperante", recuerda, ya como algo lejano.

Aquel fue el primer 'Stop Desahucios' mediático. Desde entonces, Tatiana comenzó a participar activamente en la lucha por una vivienda digna, tanto dentro de las asambleas del 15-M como en la PAH. A su vez, el movimiento de los indignados encontró uno de sus activos más potentes: ayudar directamente a las familias, frente a la pérdida de uno de los derechos más básicos, como es el de la vivienda.

Triunfos inmediatos y simbólicos
El 15-M ha logrado gran parte de sus victorias en el frente de los desahucios, sobre todo logros palpables. Alfonso, de la comisión interbarrios de vivienda del 15-M, explica que la gente a la que se ayuda en un desahucio "de repente se dan cuenta de que no están solos".

"Algunos entienden que después de su desahucio viene el de mucha gente más, así que comienzan a implicarse para ayudar al siguiente vecino con problemas", asegura, y añade que "varios de los más activos vienen de ese proceso".

Los indignados vivieron aquel momento con "mucha ilusión" y sin esperarse el éxito que finalmente tuvo la convocatoria, recuerda Alfonso. "Fue una mañana muy alegre porque se consiguió totalmente el objetivo. A la comisión judicial les dio tanto miedo que tardaron meses en volver, se fueron sin plantear si quiera una fecha de retraso", señala.

Sin embargo, Alfonso admite que no se esperaban ese éxito, "incluso con la explosión del activismo social que provocó el 15-M, ya que era la primera vez que se lanzaba en Madrid una acción de este tipo".

La lucha por la vivienda digna, en el ADN del 15-M
Las organizaciones más nombradas a la hora de buscar promotores del movimiento de los indignados suelen ser Democracia Real Ya o Juventud Sin Futuro. Sin embargo, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que llevaba poco tiempo funcionando en Madrid —en Barcelona llevaba mucho más recorrido—, también está entre las convocantes de la manifestación del pasado 15 de mayo.

De hecho, la lucha por una vivienda digna ha sido uno de los grandes frutos que ha dado el 15-M pues, sólo en Madrid, la PAH ha paralizado junto a las asambleas de barrio más de cien desahucios. "Se creó una asamblea interbarrios en la que participa también la PAH y desde el principio se han hecho muchísimas reuniones conjuntas", explica Jose María Ruiz, portavoz de la PAH de Madrid. "La paralización del desahucio de Anuar y Tatiana fue coordinado por las asambleas de barrio, en concreto la de Tetuán", apunta.

"Desde aquel día lo que hemos hecho ha sido reforzar esa comunicación", narra. "La unión entre la PAH y el 15-M ha supuesto alcanzar muchos objetivos, muchas condonaciones de deudas, muchas daciones en pago, se ha firmado un gran número de alquileres sociales", recuerda Ruiz.

Ahora, toca "afianzar" esta dinámica de cara a la recogida de firmas de la ILP que van a presentar ante el congreso para que la dación en pago sea una realidad para todos. "Eso va a obligar a crear algún tipo de estructura organizativa más estable que hasta ahora", adelanta.

Una situación insostenible
Ruiz destaca que ahora mismo "se están moviendo alrededor de un millón y medio de expedientes de ejecución hipotecaria, lo que supone ya no sólo el drama de toda esa gente, sino el colapso financiero". "Además, el problema está muy vinculado a la destrucción de empleo, con lo cual éste va creciendo a una velocidad de vértigo y muchos de los parados no van a poder hacer frente a su hipoteca", adelanta.

"De hecho el gobierno está francamente preocupado, no porque tenga conciencia social, que no la tiene, sino porque esas personas quedan fuera de los circuitos de consumo, ya que de un desahucio te vas con una equis de moroso en la espalda. No puedes contratar un móvil, no puedes comprar una lavadora a plazos, y eso supone el colapso de la economía. Y la paradoja es que mientras esto sucede hay alrededor de seis millones de casas vacías", explica Ruiz.

En cuanto a los responsables de este problema a gran escala, Ruiz lo tiene claro: "los bancos y nuestros gobernantes, que no solo lo han permitido sino que además legislan continuamente a favor de los primeros". A la hora de firmar una hipoteca, según Ruiz, "no hay ninguna igualdad de armas entre un particular y la banca".

De cara al próximo 12 de mayo, día en que los indignados volverán a salir a las plazas para celebrar su aniversario, Ruiz se muestra optimista. "Será otro aldabonazo para conseguir ese avance en la organización que yo creo que nos falta", explica.


* Público - EDUARDO MURIEL - 30/04/2012
Foto: Indignados, banqueros terroristas cartel - PAH

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Sevilla.- La Audiencia ordena demoler una vivienda ilegal y señala la "vista gorda" de las administraciones

LAINFORMACIÓN* : La Audiencia Provincial de Sevilla ha revocado una sentencia relativa a un delito contra la ordenación del territorio, ordenando que tal condena incluya además la demolición de una vivienda construida al margen de la legalidad.
En esta sentencia, fechada el 16 de marzo y recogida por Europa Press, la Sección 1ª de la Audiencia Provincial alude a un fallo previo del Juzgado de lo Penal nº5 de Sevilla que condenaba a un ciudadano como autor de delitos contra la ordenación del territorio y de desobediencia. Y es que contra este fallo, la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico había promovido un recurso de apelación para que "se incluya además ordenar al condenado la demolición de la obra indebidamente realizada".

La Audiencia Provincial "coincide" con el Ministerio Público en que "la demolición de lo construido ilegalmente se presenta como único modo de restablecer la situación alterada". "No tendría sentido que, pudiendo los tribunales decidir sobre el restablecimiento de la legalidad urbanística no lo hicieran", señala la Audiencia provincial.

La Audiencia provincial, no obstante, considera que "sería de desear una actuación administrativa tendente a legalizar la situación de una gran cantidad de casas que han sido construidas al abrigo de la tolerancia y de la vista gorda de las administraciones". De cualquier modo, la sentencia revoca el fallo del Juzgado de lo Penal número cinco en el único sentido de que se incluya en la condena la demolición de la obra.


* La Información - EP - 30.4.12
Foto: Sevilla, ayuntamiento - sevilla5.com

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Alicante.- Castedo incumple su obligación legal de aprobar varios planes

ELPAÍS* : Hace cuatro y cinco años que el Ayuntamiento de Alicante tenía que haber cumplido su obligación legal de elaborar distintos planes municipales, pero estos son todavía, en el mejor de los casos, apenas un borrador. Algunos ni eso. En algún caso no se ha empezado a trabajar en el documento.
En esta situación está el Plan Acústico Municipal (PAM), que debe reducir las molestias por ruido. El decreto del Consell 104/2006 marcaba que los municipios de más de 100.000 habitantes debían enviar su PAM a la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente antes del 31 de diciembre de 2007. El plan no ha llegado a Valencia.

El equipo de gobierno empezó su tramitación en la segunda mitad del año pasado, pero Esquerra Unida denuncia que presentó alegaciones a las que no ha recibido respuesta. Y recuerda que ya denunció el “retraso escandaloso” del plan, que sigue aparcado.

Otros planes afectan al patrimonio de Alicante. El caso más llamativo es el del castillo de San Fernando, ubicado en el Monte Tossal, una de las dos privilegiadas atalayas que distinguen el perfil de la ciudad. Este recinto, de principios del siglo XIX, tiene la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC) y, por ello, según la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano, el equipo que ahora preside Sonia Castedo tenía un año para elaborar un plan especial de protección para este recinto y, en líneas generales, para todos los BIC. El plazo caducó hace 13 años, en 1999. Pese a ello, la ley se modificó en 2007 y dio un nuevo plazo para cumplir esta exigencia. El plazo terminó hace más de cuatro años, a principios de 2008, con el mismo resultado.

El Ayuntamiento de Alicante es consciente de esta situación, ya que en el pleno del 29 de noviembre de 2011 aprobó una moción, presentada por EU y secundada por todas las fuerzas políticas del Consistorio, para aprobar el citado plan de protección y frenar el deterioro del recinto. El plan aún no se ha aprobado.

El portavoz de EU en el Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón, considera “sangrante” también la situación de las torres de la huerta, poco más de una veintena de edificaciones vigía que en el siglo XVI servían para alertar de invasiones de los piratas berberiscos y que también son BIC. El plan especial de protección de estas torres, algunas habitadas y otras sin uso, salió a exposición pública en 2007 “y hasta la fecha”, lamenta Pavón.

“El PP no tiene interés en proteger el patrimonio porque en el fondo entiende que puede ser un obstáculo para el desarrollo urbanístico”, lamenta el edil de EU. Pavón agrega que en general, además, hay “bastante desidia”.

La Gerencia de Urbanismo asegura que tanto el plan de protección del castillo de San Fernando como el de las torres de la huerta se han incluido en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del nuevo Plan General (en tramitación desde hace 12 años y sin fecha prevista de aprobación final). Mientras, este periódico intentó sin éxito conocer el motivo del incumplimiento legal que sufre el Plan Acústico.


* El País - ROSA BIOT Alicante 29 ABR 2012
Foto: Una vista del castillo de San Fernando, en Alicante. / PEPE OLIVARES

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