ELPAÍS/Bruselas* : La Comisión Europea ha tomado buena nota de las declaraciones del ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, sobre el “fracaso estrepitoso” del plan de desaladoras. El ministro afirmó en el Congreso que, tras una inversión de más de 1.600 millones, las 17 plantas existentes solo funcionan al 16,45% de media y apuntó que quería consensuar nuevos trasvases. Así que el 8 de marzo, durante la visita de Arias Cañete al comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, este le pidió que, como prioridad, pusiera en marcha las desaladoras y recordó que la mayor parte de la financiación del plan procede de dinero europeo.
Una portavoz de la Comisión señala en un correo electrónico que “una cantidad considerable de fondos europeos, unos 1.500 millones de euros, han sido invertidos los últimos años en plantas desaladoras en España. Hemos tomado nota de la declaración ante el Parlamento de que están funcionando al 16% de su capacidad. Esto cuestiona la efectividad del uso del dinero de los contribuyentes europeos”. La Comisión espera “que el Gobierno español tome las medidas apropiadas para conseguir el mejor uso de estas infraestructuras pagadas con fondos europeos”. Lo contrario “podría tener un fuerte impacto negativo en la disponibilidad de fondos europeos para España”.
La exministra Cristina Narbona anunció, en 2004, que su plan de desaladoras aportaría “más agua, en menos tiempo y más barata” que el derogado trasvase del Ebro. Pero el plan de desalación sigue lejos de cumplir lo anunciado. Según explicó Arias Cañete en el Congreso, “el plan suponía la construcción de 51 instalaciones”. “En este momento, 17 están en explotación y 15, en construcción. Se han invertido 1.664 millones de euros, y precisamos otros 762 millones si queremos que las 32 desaladoras iniciadas estén operativas con una inversión de más de 2.426 millones”, dijo. Las desaladoras produjeron el año pasado 111 hectómetros cúbicos de agua, un 16,45% de su capacidad máxima. Es probable que no se construyan las no iniciadas.
No hay una sola causa que explique la baja utilización. Hay Ayuntamientos que firmaron convenios para utilizar el agua desalada. El documento era imprescindible para poder autorizar los enormes desarrollos urbanísticos en zonas áridas durante la burbuja inmobiliaria. Ahora, los miles de viviendas no se han construido, y los municipios no quieren pagar la factura.
Es el caso de las desaladoras de Oropesa-Cabanes y Moncofa (Castellón), cuyas obras están a punto de concluir con una inversión de más de 100 millones. El alcalde de Cabanes, Francisco Vicente Artola, del PP, explica que cuando estén terminadas, su municipio deberá pagar unos 70.000 euros al mes durante 25 años para amortizar las obras: “Queremos negociar con Acuamed [la empresa pública de Medio Ambiente] para que no nos ahogue económicamente”. Artola añade: “Eso se firmó cuando había unas expectativas de viviendas que ahora no existen. No necesitamos agua”.
Las empresas que explotan las plantas cobran unos 150.000 euros al año por el mantenimiento, pero el coste de la energía recae sobre los usuarios, lo que implica subir el recibo. Como ha llovido, las administraciones han preferido usar agua superficial o subterránea, que es más barata.
Además, el PP en la Comunidad Valenciana puso todo tipo de trabas a las desaladoras, sobre todo a la mayor de Europa, la de Torrevieja, con capacidad para 80 hectómetros cúbicos al año y una inversión de 300 millones. El Gobierno regional y el Ayuntamiento bloquearon los permisos para la toma de agua porque atravesaba el puerto. Solo accedieron a hacerlo en noviembre pasado, cuando el PP estaba a punto de llegar al Gobierno.
Por último, el agua desalada es cara para la agricultura. Arias Cañete cifró el coste en 1,1 euros por metro cúbico, “muy superior a lo que pueden soportar los costos del sector, que se sitúan en 0,30 euros por metro cúbico como máximo”. Medio Ambiente considera que la desalación “medioambientalmente es dudosamente sostenible como base del abastecimiento por su alto consumo energético”, y por la producción de salmuera sobrante.
La Comisión dice que la situación no puede continuar: “España es uno de los países con mayor estrés hídrico y uno de los Veintisiste con las tarifas de agua más bajas. Esto es un contrasentido”. Bruselas sabe que “el agua en el Sureste está sobreexplotada por una agricultura muy rentable” mientras que las obras hidráulicas están “fuertemente subvencionadas”. Añade que la pérdida de humedales o acuíferos son cargas para “toda la sociedad”. La Comisión sostiene que “con la adecuada aplicación de la legislación [la directiva marco del agua], la desventaja de la desalinización se reduciría enormemente o incluso desaparecería”. “Las autoridades y los agricultores tienen que darse cuenta de que el cambio climático reducirá la disponibilidad de agua en las próximas décadas”, añade. Y concluye: “El uso de agua barata a costa del medio ambiente debe terminar”.
Uno de los problemas es que el Gobierno del PSOE en la primera legislatura vendió las desaladoras como un sistema de suministro estable y las diseñó enormes. La realidad las ha dejado como sistemas de emergencia para situaciones de sequía. Ángel Cajigas, director de ATTA, patronal de empresas de agua, admite que algunas plantas estaban sobredimensionadas, pero añade: “El agua desalada en sí misma, es más cara que otros recursos. Pero hay que tener en cuenta que uno no bebe agua desalada sola, sino mezclada con el agua superficial o subterránea y el impacto del coste desalada en la tarifa final es menor. En un momento de sequía, ¿cuánto vale tener agua en Barcelona? Hay que verlo como un elemento de garantía”.
Con la sequía, y aunque sea a un alto precio, el Levante tiene casi garantizado al menos el abastecimiento humano. Mientras el PP amaga con nuevos trasvases, los deberes que marca Bruselas son poner en marcha las denostadas desaladoras. Ya construidas con dinero europeo para bien o para mal.
Malestar en las empresas
El mensaje de Bruselas —con advertencia sobre el futuro de los fondos incluidos— respecto a la necesidad de poner en marcha las desaladoras supone un mensaje nítido al PP. Los populares han hecho campaña durante ocho años contra las desaladoras y a favor del trasvase del Ebro. El exportavoz popular Esteban González Pons las calificó como “nucleares del mar” —extraño insulto para un partido pronuclear—. Y el consejero de Medio Ambiente de Murcia, el popular Antonio Cerdá, apostó en La Verdad de Murcia por desmontar las desaladoras y venderlas a países árabes —aunque el Gobierno de Murcia ha construido su propia desaladora que también funciona a medio gas—.
Las declaraciones molestaron a las multinacionales españolas (Acciona, Abengoa, OHL...) que han ganado contratos de desalación en el exterior. Acciona, por ejemplo, participa en el consorcio que ha construido la desaladora de Adelaida (Australia) por unos 1.405 millones de euros. El sector, aun admitiendo que el plan español pudo estar sobredimensionado, ha pedido moderación al Ejecutivo del PP.
* El País - RAFAEL MÉNDEZ 18 MAR 2012
Foto: Desaladora de Acusur en la localidad almeriense de Carboneras. / FRANCISCO BONILLA.
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LAVOZDIGITAL* : "La Justicia es un cachondeo", la frase más famosa del exalcalde Pedro Pacheco con la que se convirtió en uno de los políticos más conocidos del país en los años ochenta, parece haberse vuelto definitivamente en su contra. La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por un supuesto pelotazo urbanístico con la venta de la antigua estación de autobuses al empresario ubriqueño José Luis López, más conocido como 'El Turronero', ha vuelto a poner en el ojo del huracán al exdelegado de Urbanismo y actual candidato del Foro Ciudadano a las elecciones autonómicas del próximo domingo, Pedro Pacheco.
El portavoz municipal y líder del Foro deberá declarar como imputado el próximo 29 de marzo por la denuncia del Ministerio Público, el mismo que recientemente pidió 17 años de prisión y bastantes más de inhabilitación para Pacheco por la contratación de dos compañeros de partido en 2005. Es por ahora el último capítulo del caso de los asesores, que le ha enfrentado a su exsocia de gobierno y enemiga Pilar Sánchez, consumiendo buena parte de la batalla política durante la pasada legislatura.
Entonces el exalcalde negó la acusación y resumió de una manera gráfica y contundente su postura: «No he matado, ni robado, ni violado, ni instruido comandos de ETA ni EREs falsos...». Una de sus frases que quedará para la posteridad, sin olvidar la carga contra el Ministerio Público.
En esta ocasión ha estado menos fino que en otras, ya que ha dirigido sus críticas contra la exalcaldesa Pilar Sánchez, que aquí precisamente no tiene nada que ver, pues todo parte de una actuación de la Agencia Tributaria: «No me preocupa esta acusación falsa de la señora Sánchez y sus compinches», señaló el pasado viernes.
«En cuanto comparezca -lo que hará ante la jueza de instrucción número 4 el próximo día 29-, voy a demostrar, una vez más, la falsedad de esa acusación». «La operación sí fue muy beneficiosa para Emusujesa (la Empresa Municipal de Suelo) y para el Ayuntamiento, que compartieron al 50% unas enormes plusvalías. Por tanto, voy a demostrar, en cuanto comparezca ante las instancias judiciales, la falsedad de esa acusación, como es falsa también la de los asesores», remachó Pacheco.
Pacheco lo desmiente
También negó el exalcalde las acusaciones de que la venta de las instalaciones públicas no se hicieron al precio real ni con la publicidad debida. Hay que recordar que según la Agencia Tributaria detrás de las sociedades que optaron al concurso se encontraba el mismo comprador: José Luis López 'El Turronero' y su socio, Francisco Chaves, que también deberán declarar como imputados a finales de mes.
Sea como fuere, los frentes judiciales se le acumulan al también exdelegado de Urbanismo. En el caso de los asesores, sin ir más lejos, el fiscal le imputa tres presuntos delitos de malversación, tres de prevaricación y dos de falsedad documental. La fiscal Virginia Alonso asegura en el documento que Pacheco, valiéndose de sus cargos como presidente y vicepresidente de Speed Festival y sin cumplimiento de requisito alguno, dio órdenes de transferencias bancarias según facturas a favor de José López. Unos hechos que se desarrollan entre los meses de marzo y septiembre de 2005 y que según el Ministerio respondían a supuestos trabajos de asesoramiento en la sociedad Speed Festival que nunca se llegaron a realizar.
Estas cantidades ascienden a 32.407 euros, a lo que hay que sumar otros 74.580 euros procedentes de dinero público que tampoco se llegaron a justificar, según la denuncia de la fiscal, y que tienen que ver con un contrato de consultoría con José López en 2005 para proyectos urbanísticos.
En lo que respecta al otro imputado, Manuel Cobacho, el documento fiscal asegura que llegó a percibir 99.846 euros procedentes de Emusujesa «a cambio de no efectuar ejecución de obra o servicio alguno». Por ello, se fija en 106.987 euros la cifra que Pacheco y López tendrían que abonar como indemnización de forma solidaria a la sociedad Speed Festival; y 99.846 la que deberían pagar Cobacho y el exalcalde a Emusujesa.
Pero de más envergadura parece la denuncia formulada por Anticorrupción contra los supuestos responsables de un pelotazo urbanístico con cuatro imputados: Pacheco, José Luis López 'El Turronero', su socio Francisco Chaves López, y el exgerente de la empresa pública de suelo (Emusujesa), Miguel Ballesteros. El caso se remonta a julio de 2010, cuando Anticorrupción presentó denuncia ante los juzgados jerezanos por la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude. El escrito se sustenta en un informe de la Agencia Tributaria que durante una inspección en la facturación de varias empresas se topó con ciertas irregularidades, por lo que esta vez, pese a las críticas de Pacheco, nada indica que su enemiga Pilar Sánchez esté detrás de las acusaciones.
La lupa se deposita en la sociedad Ingeniería Jienense S. L., la firma que se hizo el 1 de marzo de 2006 con la antigua estación de autobuses en un proceso de adjudicación sin concurso ni publicidad, según el fisco y la Fiscalía. El precio de compra fue de 2.765.000 euros; muy por debajo del valor de mercado que establece la investigación en 4.460.000 euros. Según el Ministerio, la propiedad estuvo en manos de Ingeniería Jienense S. L. solo siete meses. Luego la empresa vendió a la sociedad Bogaz y se embolsó 3.180.000 euros, unos 400.000 euros de beneficios limpios.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene asimismo que detrás de esa sociedad están el empresario ubriqueño José López 'El Turronero' y su socio, amigos del exalcalde Pedro Pacheco.
* La Voz Digital - 18.03.12 - ENRIQUE ESTEBAN
Foto: Jerez, Pacheco en juzgado - lainformacion
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EFE/Sevilla* : La titular del Juzgado de Instrucción nº6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha dictado un auto en el que impone una fianza de 686 millones de euros al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, en relación a la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía. Una fianza infinitamente superior a los tres millones de euros impuestos a Jaume Matas en 2010, que, hasta hoy, era la más elevada en la historia de España.
Esta es la relación de fianzas más altas impuestas a políticos implicados en casos de corrupción de España democrática, para eludir la cárcel...
Jaume Matas: caso Palma Arena
La fianza más alta impuesta a políticos implicados en casos de corrupción ha sido de tres millones de euros, exigida el 30 de marzo de 2010 a Jaume Matas, ex presidente de Baleares, implicado en el caso Palma Arena, que la abonó el 7 de abril. El juez instructor, José Castro, le imputó doce delitos de corrupción durante su último mandato en el archipiélago (2003-2007).
Roca: caso Saqueo I
Esta misma cantidad se le impuso el 23 de abril de 2008 a Juan Antonio Roca, ex asesor urbanístico del ayuntamiento de Marbella, vinculado a Jesús Gil, aunque no era cargo electo. El juez instructor de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, lo implicó en el caso Saqueo I, relacionado con la corrupción en el ayuntamiento marbellí. Roca nunca abonó esta cantidad para eludir la cárcel, ya que estaba en prisión por otros delitos de corrupción.
Operación Pretoria
En la Operación Pretoria, contra la corrupción urbanística en Barcelona, ordenada por el Juez Garzón en octubre de 2009, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, ex altos cargos de la Generalitat en la etapa de CiU, salieron en libertad el 7 y 8 de diciembre tras pagar una fianza de un millón de euros cada uno. El 19 de febrero de 2010 la Audiencia Nacional redujo la fianza a 200.000 euros.
El ex alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, debió abonar una fianza de 500.000 euros. Además el juez dejó en libertad bajo fianza de 200.000 euros al ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco.
El 12 de abril de 2010 salió de prisión el ex diputado del PSC, Luis García Saez, presunto "cerebro" de la trama, tras pagar una fianza de 500.000 euros, impuesta por el juez Garzón el 1 de abril.
Caso Cienpozuelos
En el caso Cienpozuelos, por presunto blanqueo de dinero en Andorra, el entonces alcalde de esta localidad madrileña, Pedro Torrejón abonó 900.000 euros de fianza para salir de la cárcel el 14 de diciembre de 2006, donde permanecía desde noviembre.
También le fue impuesta la misma fianza al ex alcalde de la misma localidad, Joaquín Tejeiro, ambos del PSOE.
Jesús Gil: caso Saqueo I
En el caso Saqueo I, el juez instructor, Juan del Olmo, impuso en abril de 2002 una fianza de 7000.000 euros a Jesús Gil, entonces alcalde de Marbella para eludir la cárcel. Esta misma medida fue adoptada para otras siete personas relacionadas con el ayuntamiento, entre ellas, el entonces gerente de urbanismo Juan Antonio Roca.
Caso Son Oms
El caso Son Oms (Mallorca), relacionado con supuestos pelotazos urbanísticos en el polígono palmesano del mismo nombre en la década de los años noventa, afectó al ex conseller insular de Territorio Bartomeu Vicens y al ex secretario general de Unión Mallorquina (IU) Damià Nicolau, dentro de una pieza separada del caso.
El 23 de diciembre, Vicens eludió la cárcel tras abonar dos fianzas por un total de 200.000 euros, por esta pieza y por otra separada dentro del mismo caso, denominada "Maquillaje".
Roca: caso Malaya
El caso Malaya, uno de los de mayor repercusión mediática, sobre corrupción en el ayuntamiento de Marbella, ha tenido como principal inculpado a Juan Antonio Roca, ex asesor de urbanismo del ayuntamiento, para el que la Audiencia Provincial de Málaga dejó sin efecto el 20 de mayo de 2008 la fianza de un millón de euros, impuesta por el instructor.
El político que debió pagar una fianza más alta en este caso fue Pedro Román, ex primer teniente de alcalde de este municipio, 200.000 euros, por lo que salió el 8 de enero de 2008, aunque antes, el 11 de octubre de 2007 la Audiencia Provincial de Málaga había fijado una fianza de un millón de euros para su excarcelación.
El 13 de septiembre de 2006 el juez decretó libertad bajo fianza de 60.000 euros para la ex alcaldesa Marisol Yagüe, y los ex ediles Isabel García Marcos y Victoriano Rodríguez.
Caso Ballena Blanca
En el caso Ballena Blanca, Pedro Tirado, alcalde de Manilva (Málaga), abonó 250.000 euros y salió en libertad el 21 de de diciembre de 2005, por su presunta vinculación con una red de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.
Caso Andratx
En el caso Andratx, la primera gran causa de corrupción urbanística en Mallorca, han estado implicados diversos políticos.
El 23 de diciembre de 2008 Jaume Massot, director general de Ordenación del Territorio, salió de prisión tras satisfacer una fianza de 200.000 euros. Dos años antes, el juez instructor decretó la puesta en libertad de Eugenio Hidalgo, alcalde popular de Andratx, con una fianza de 100.000 euros.
Caso Inestur
El caso Inestur ("operación Voltor"), en el que se investiga la supuesta corrupción en empresas públicas del Govern balear en la presente legislatura, se inició a principios de febrero de 2010, en el que están imputados varios responsables de Unió Mallorquina.
El 9 de febrero, Miquel Nadal, concejal y ex conseller de Turismo, Angel Flaquer, ex presidente de UM, Antoni Oliver y Joan Sastre, ex directores generales, eludieron prisión tras depositar fianzas de 100.000 euros. Un mes después, el 15 de marzo, en una nueva fase de la operación, la Policía detuvo a otro ex conseller de Turismo, Francisco Buils (UM), que quedó en libertad dos días después tras depositar la misma fianza.
Caso arcos
En el Caso arcos, de corrupción urbanística, el 4 de junio de 2009, la jueza dictó libertad bajo fianza de 120.000 euros para el ex alcalde de Alcaucín, (Málaga) José Manuel Martín, del PSOE, único encarcelado que quedaba por esta causa en la que imputaron a 29 personas.
Operación Troya
El la Operación Troya, en enero de 2007 detuvieron al alcalde de Alhaurín El Grande (Málaga), Juan Martín Serón (PP), al concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, y en fases posteriores a veintitrés personas, entre ellas al asesor jurídico del Ayuntamiento y al arquitecto municipal. Juan Martín Serón y el edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, quedaron en libertad bajo fianza de 100.000 euros el 19 de enero de 2007.
Caso Faycan
En el Caso Faycan, que investigó la presunta corrupción del gobierno municipal del PP en Telde, Gran Canaria, la principal imputada fue la ex concejala de Obras Públicas, Contratación y Vivienda y ex presidenta local del PP, María Antonia Torres, quien quedó en libertad provisional el 4 de mayo de 2006 bajo fianza de 100.000 euros después de permaner en prisión durante 62 días, acusada de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas y revelación de secreto.
* ABC - EFE - 16.3.12
Foto: Palma, J.Matas en el banquillo - reuters
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LAPROVINCIA* : Se le acumulan los problemas a la Concejalía de Urbanismo de Telde. Un litigio abierto hace casi 12 años con los propietarios de una inmensa explanada de 25.000 metros cuadrados situada entre el barrio de La Herradura y el barranco Real podría llevar al consistorio a pagar más de siete millones de euros por impedir que el terreno fuese desarrollado por sus dueños. Y todo ello debido a que en el Plan General que Coalición Canaria aprobó en 2002 se pintó en los planos la figura urbanística de un sistema general para construir en él un gran parque urbano.
Los titulares de la bolsa de suelo, que tiene unos 50 metros de ancho y más de 500 metros de largo, iniciaron el pleito a comienzos de la década de 2000. La parcela tenía la consideración de rústica, pero la jurisprudencia obligó que al preverse sobre ella un sistema general fuese valorada como si fueran terrenos con calificación urbana.
En una primera tasación de 2007 se valoró en 13,27 millones de euros incluyendo el lucro cesante, las retenciones y los intereses, aunque una posterior valoración del jurado provincial lo dejó, en octubre de 2009, en 7,66 millones. El litigio entre particulares e institución acabó en los tribunales. La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC fijó finalmente el importe inicial a pagar en 2,329 millones y cursó un oficio para que el Ayuntamiento abonase este monto en un plazo de 10 días.
Pero los inversores recurrieron y el caso ha seguido encasquillado en los tribunales. El actual concejal de Urbanismo, Francisco López, teme que al final sean 7,66 los millones que tengan que salir de las arcas municipales porque en el grueso expediente que alude al caso existe un documento, fechado en marzo de 2010, en el que la institución local parece dar el visto bueno a esta valoración.
* La Provincia - ANTONIO JOSÉ FERNÁNDEZ - 19.3.12
Foto: Vista parcial de los terrenos afectados, donde se iba a hacer un parque. i A.C.
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EFE/Sevilla* : La Fiscalía de Sevilla ha pedido 16 meses de cárcel y 16 años de inhabilitación para la exalcaldesa de Villanueva del Río y Minas (Sevilla) María José Cervantes Medina (PSOE), por dos presuntos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación.
Fuentes del caso han informado a Efe de que la Fiscalía de Urbanismo ya había presentado escrito de acusación contra la exalcaldesa pero ahora ha entregado al juzgado de Lora del Río (Sevilla) una nueva acusación, incluyendo como coautores de uno de los dos delitos contra la ordenación del territorio a los exconcejales Inmaculada Díaz Gallego, Pedro Gómez Cruzado y Alejandro Miguel González Martínez.
El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, se dirige contra la ex alcaldesa por autorizar en 2005 la construcción de dos viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable "a pesar de que el arquitecto municipal informó a la acusada de que la solicitud de licencia era contraria a las normas de la localidad".
La exalcaldesa será juzgada porque concedió el 28 de julio de 2005 la primera licencia pese a ser "consciente de la ilegalidad de su proceder", según el fiscal, lo que determinó que el solicitante edificara la casa en suelo no urbanizable.
El segundo presunto delito, en el que el fiscal incluye a los tres concejales, se produjo tras la petición presentada el 14 de octubre de 2005 para edificar una vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable.
El arquitecto municipal "advirtió el mismo día que la solicitud no se adaptaba a las normas de planeamiento", precisa el fiscal, pese a lo cual Cervantes y los tres concejales, que integraban la Junta de Gobierno Local, concedieron su voto favorable "sabiendo que la licencia era manifiestamente ilegal".
La Fiscalía añade que, una vez que los hechos fueron denunciados en el juzgado en enero de 2008 y Cervantes fue citada como imputada, ordenó como alcaldesa, en sendos decretos, "incoar diligencias previas al expediente urbanístico por las dos edificaciones ilegales contra las personas a las que ella misma había autorizado a construir".
Ello pese a que "no consta que los dos promotores conocieran la irregularidad de sus respectivas edificaciones", precisa el fiscal.
* Ideal - EFE - 18.3.12
Foto: Villanueva del Río y Minas (Sevilla) - sevillatequiero
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EUROPAPRESS* : La Fiscalía Anticorrupción ha citado al exalcalde andalucista de Jerez de la Frontera (Cádiz), Pedro Pacheco, --actualmente en Foro Ciudadano-- a declarar el próximo 29 de marzo en el Juzgado de Instrucción número cuatro de la localidad por la venta de la antigua estación de autobús a la empresa Ingeniería Jienense, S.L. a un precio "muy inferior" al del mercado.
Según han indicado fuentes de la investigación, los hechos se remontan a 2006, cuando el exalcalde era delegado de Urbanismo, vicepresidente del Consejo de Administración de Emusujesa (Empresa Municipal de Suelo) y gobernaba en coalición con la exalcaldesa socialista Pilar Sánchez.
Fue entonces cuando, supuestamente, procedió a esta operación para favorecer al empresario ubriqueño José Luis López, conocido como 'El Turronero', ya que el Ministerio Público investiga si estaba detrás de la sociedad a la que inicialmente se vendió el inmueble.
La Fiscalía investiga también si la transacción se realizó "sin publicidad" y con el propósito inicial de que la estación de autobús pasara a determinadas personas, como es el caso de 'El Turronero', amigo del exalcalde, y su socio Francisco Chávez López.
Asimismo, según un informe emitido por la Agencia Tributaria al que se remite el Ministerio Público, por dicha venta Urbanismo debería haber ingresado en las arcas municipales "como mínimo" los 4.460.000 euros en los que se tasaba el inmueble, mientras que sólo se ingresaron 2.765.000 euros.
Por esta razón, Anticorrupción ha imputado a Pacheco, al exgerente de Emusujesa, a José Luis López y su socio Francisco Chávez por delitos de prevaricación, fraude y malversación citándole a declarar el próximo día 29, mientras que López y Chávez lo harán dos días antes.
Por su parte, en rueda de prensa, el concejal de Foro Ciudadano y diputado provincial se ha mostrado "muy tranquilo" ante la citación para explicar el proceso de venta la antigua estación de autobuses y ha afirmado que "se trata de otra denuncia de la señora Sánchez contra mi persona, pero os voy a demostrar en cuanto comparezca, una vez más, la falsedad de esa acusación".
En este sentido, ha defendido que la operación "fue muy beneficiosa para Emusujesa y para el Ayuntamiento", que compartieron al 50 por ciento "unas enormes plusvalías", por lo que ha asegurado que "voy a demostrar, en cuanto comparezca ante las instancias judiciales, la falsedad de esa acusación, como es falsa también la de los asesores".
En este sentido ha garantizado que "esta señora --por su exsocia de gobierno-- no va a acabar, ni sus compinches que le apoyan, con mi trayectoria personal y política", aseverando que no le "preocupa en absoluto" esta segunda "acusación falsa" que, según ha insistido, cree que está promovida por Sánchez.
* Europa Press - 16.3.12
Foto: Jerez, antiguo Ayuntamiento - wikanda.cadizpedia.eu
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ELPAÍS/Almería* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado un segundo ‘toque’ de atención a la Consejería de Medio Ambiente para que modifique su normativa y conceda el máximo nivel de protección al paraje del Algarrobico, situado en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería). En una reciente providencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el magistrado dice claramente a la Administración autonómica que “proceda a otorgar” a la zona (incluida en el Sector ST-1), la protección ambiental “adoptada en el PORN de 1994, esto es, como espacio protegido no urbanizable”.
Es la segunda vez en menos de dos meses que el TSJA se expresa en estos términos por los que exige a la Junta que modifique la calificación actual del suelo para impedir que, en ningún caso, se permita edificar en el paraje. Así, se evitarían construcciones como la del hotel del Algarrobico cuyo derribo está pendiente de resolución judicial.
La primera vez en la que el TSJA se dirigió a la Junta para pedir lo mismo fue a finales de enero. Lo hizo para dar cumplimiento a una sentencia dictada por el mismo Tribunal el pasado año y que dejaba en suspensión provisional el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de 2008 quedando en vigor el anterior, de 1994, en el que sí aparece el paraje como “espacio protegido no urbanizable”. El cambio de uso de suelo es motivo de otro contencioso sobre el que tiene que pronunciarse aún el Tribunal Supremo.
En la primera providencia, de enero, el TSJA dio a Medio Ambiente un plazo de diez días para que “acreditara” las medidas adoptadas para restablecer el grado de protección en el paraje ST-1. Sin embargo, no ha sido así. El TSJA no ha encontrado respuesta a su reiterada demanda una vez analizado el Informe de la Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana emitido el 9 de febrero.
En el documento –de tres folios- Medio Ambiente explica –en folio y medio- parte del entramado judicial en torno al Algarrobico lo que ya es conocido del TSJA. El principal argumento de la Junta y con el que pretendía dar respuesta al requerimiento del Alto Tribunal es la existencia de un protocolo de actuación suscrito en noviembre de 2011 con el Ministerio para la demolición y recuperación del Algarrobico, si ésta llegara a producirse por orden judicial. Lo que, en definitiva, solicita el TSJA es un nuevo planeamiento en el sector, una labor que aún no ha llevado a cabo Medio Ambiente y que, en ningún momento, justifica.
* El País - MARTA SOLER Almería 12 MAR 2012
Foto: Algarrobico (Almería), hotel ilegal de frente - elpais.com
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INFORMACIÓN/Alacant* : "Mentiroso electoral". Estas han sido las palabras que utilizó ayer la Plataforma Anticrematorio para referirse al alcalde de Sant Joan, Manuel Aracil, motivadas por el comienzo de las obras en la polémica instalación que pretende llevar a cabo la empresa Seguros Meridiano, grupo ASV.
Los vecinos mostraron así su indignación por el inicio de una actuación que el alcalde se comprometió a impedir. Desde la plataforma señalan que hace tan sólo un mes Aracil y el concejal de Urbanismo, Santiago Román, les aseguraron que no se llevaría a cabo la instalación y que el Ayuntamiento finalmente llegaría a un acuerdo con la empresa. "Después de la última resolución judicial de febrero nos reunimos con el alcalde y nos dijo que el tema lo iba a solucionar, que tenía un decreto de paralización de obras en el caso de que la empresa decidiera reanudarlas", informaron desde este colectivo.
El inicio de las obras tomó por sorpresa a los vecinos más próximos al complejo, quienes subrayan que habian decidido dar un margen de confianza al equipo de gobierno hace un mes. Hoy, sin embargo, aseguran que tras las últimas noticias no se pueden fiar "ni de un político aunque vaya al notario" -en relación a la firma del acta notarial por parte de Aracil en periodo electoral-. Siguiendo esta línea señalan que "hasta un niño de seis años del colegio Lo Romero tiene más credibilidad y palabra que el alcalde y el concejal de Urbanismo, Santiago Román".
En este punto, la Plataforma medita la posibilidad de convocar concentraciones, aunque no hay ninguna fecha prevista y exigen responsabilidades políticas. "Al final nos damos cuenta que da igual quien mande, no defienden nuestros derechos, para ellos no somos un pueblo, somos un censo electoral" y añaden que mucha gente ofreció el voto a Aracil con el convencimiento de que cumpliría su promesa electoral y no se construiría finalmente el crematorio. "La plataforma le expuesto al alcalde y al concejal de Urbanismo diferentes alternativas legales para impedir el inicio de las obras y nos dijo que estemos tranquilos. La respuesta ha sido la reanudación del crematorio", concluyen.
Por otro lado, la plataforma indica que la empresa está "perpetrando un atentado a la salud de las personas y que por una cuestión de dinero desean contaminar a mayores y niños". Así, reiteraron que "no todo vale en los negocios, ya que hablamos de una actividad calificada como nociva, peligrosa contaminante por la propia administración".
Voluntad de negociar
El portavoz del equipo de gobierno, Santiago Román, expresó ayer la voluntad del Ayuntamiento de seguir negociando para alcanzar un acuerdo con la empresa. Román recordó que "ni el alcalde, ni el Consistorio han otorgado la licencia de obras, ha sido un tribunal quien se la ha dado a la empresa".
El edil también tuvo palabras para la postura de la plataforma y subrayó que "si alguien determina que hay un incumplimiento quiero decirles que esto no acaba aquí, que nuestra intención es reunirnos con la empresa y que ha sido esta quien ha decidido unilateralmente, sin informarnos, retomar las obras". El concejal de Urbanismo además emplazó a todos los grupos de la oposición a mostrar una posición común con respecto a este tema.
* Información - MAGALÍ FERNÁNDEZ - 15.3.12
Foto: La Plataforma Anticrematorio tilda de mentiroso al alcalde - información
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ELPAÍS* : Urbaourense, la empresa pública de gestión urbanística de la Diputación de Ourense, está en números rojos desde su creación en 2008: cerró 2010 perdiendo 158.000 euros, 99.000 en 2011 y las previsiones de pérdidas se mantienen para el presente año. A pesar de ello, durante los tres últimos ejercicios, su gerente, José Cudeiro —exdirector general de Urbanismo con Fraga—, cobra un complemento variable de productividad que se suma a un salario anual de 75.000 euros. En total la sociedad gastará 224.000 euros en pagar tres salarios: el del gerente, el de una secretaria y de una arquitecta.
El último consejo de administración, el pasado lunes, refrendó un documento en el que se detalla que “una vez cumplidos los objetivos cualitativos y cuantitativos”, aprobados por el consejo que preside José Manuel Baltar y que el PP controla por mayoría, “se estima oportuno aprobar el pago del complemento estipulado”. El único miembro del consejo que votó en contra fue el representante del BNG. Áurea Soto, concejala socialista de Ourense y vocal en esta sociedad, refrendó el plus. El resto de miembros del consejo forman parte de la comunidad de empleados con cargo en el organismo provincial. Entre ellos, el jefe de vías y obras o el responsable de agua y medio ambiente.
Entre los objetivos alcanzados que permiten incrementar esos 75.000 euros, se encuentra “realizar una gestión eficiente de los recursos existentes”, reducir gastos o lograr una “mayor participación en el mercado”. Hay otros más concretos, como la terminación de un pequeño parque empresarial —única obra materializada en tres años de existencia— o la obtención de suelo para construir viviendas de protección oficial. En el documento se detallan como objetivos cumplidos actuaciones no ejecutadas. Por ejemplo, la urbanización de los terrenos de la fábrica de coches eléctricos, anunciada por José Luis Baltar y Javier Guerra en la campaña electoral de las últimas elecciones municipales, o la urbanización de la Finca Santamarina, donde están previstos un Corte Inglés y más de 1.000 viviendas distribuidas en torres de 17 plantas, de las que Urbaourense gestionará 400. De momento no se ha movido ni un metro de tierra en ninguno de los dos proyectos.
El documento justifica ese complemento matizando que el gerente “ha realizado funciones de representación legal que no son de su cometido”, en actuaciones judiciales que supusieron un ahorro económico “muy superior” al plus.
Como gerente único, firma cada año una propuesta de objetivos que él mismo se encarga de fiscalizar. Un año después vuelve a firmar la memoria acreditativa del cumplimiento de los objetivos de la gerencia. A esa misma reunión, se llevó una propuesta de objetivos para 2012 que prácticamente calca los del año anterior, aunque añade uno en el que se propone que Urbaourense sea “una empresa reconocida y con buena imagen de cara al exterior”.
El BNG solicita la supresión de la empresa, a la que la diputación ha consignado más de 22 millones de euros a través de capital líquido y patrimonial desde su creación. “Si no se elimina, que el complemento de productividad se aplique en función de los beneficios”, reclama el diputado Leopoldo Rodríguez. Por su parte, el gerente justifica el cobro del plus porque los objetivos “no eran tener beneficios”. Señala que “son pérdidas asumibles” que ha conseguido reducir en un 35% en 2011.
* El País - PABLO TABOADA Ourense 15 MAR 2012
Foto: Ourense, Diputación - farodevigo
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LAOPINIÓN/Málaga* : Un nueva dimisión de un alcalde motivada por una condena por delitos urbanísticos. En esta ocasión le ha tocado el turno al de Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda (PSOE), que tiene que dejar el cargo tras recibir de forma oficial la notificación del Juzgado de Lo Penal nº3 de Málaga de la sentencia que le condena a nueve años de inhabilitación para empleo público.
Tras registrarse el escrito en el Ayuntamiento, se produce automáticamente el relevo en el puesto, que ocupará de forma provisional la primera teniente de alcalde, la socialista Pilar Ortiz, hasta que se celebre el pleno de investidura previsto para la próxima semana.
«Era una noticia que ya esperaba», manifestó ayer Aranda, quien confirmó que no se presentará como candidato para las próximas elecciones municipales con ninguna formación política: «Me quedaré en un segundo plano». El exregidor señaló que tiene pendiente un recurso de dicha sentencia al Tribunal Constitucional, «por lo que todavía nada es definitivo», aseguró.
Aranda fue condenado en noviembre del año 2010 por la Audiencia Provincial de Málaga a nueve años de inhabilitación para cargo público y a una multa de 3.600 euros por un delito de prevaricación urbanística por la concesión en 2006 de una licencia irregular, que fue aprobada posteriormente en pleno.
Una vez conocida la sentencia el pasado año, Aranda se dio de baja como militante del PSOE; aunque hasta el momento había seguido al frente del Ayuntamiento.
Tras su marcha, entrará como concejala Inmaculada Ortiz. En el Ayuntamiento de Canillas de Aceituno gobierna actualmente el PSOE con mayoría, al contar con seis ediles, frente a cuatro del PP y uno del PA.
José Manuel Aranda llevaba desde el año 1999 como regidor de esta localidad axárquica, aunque durante los dos anteriores mandatos había sido edil del equipo de Gobierno, ocupando las concejalías de Agricultura, Turismo y Medio Ambiente.
Se trata de la segunda dimisión de un alcalde de la comarca tras recibir la notificación judicial por un delito urbanístico. El pasado mes, el exregidor de La Viñuela, Juan Millán (PSOE), también tuvo que dejar el cargo en cumplimiento de una pena de 15 años de inhabilitación.
El Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga lo condenaba por dos delitos de prevaricación urbanística, por la concesión de tres licencias ilegales en el año 2001 y 2003. Fue por ello que tuvo que ser sustituido por el primer teniente de alcalde, Jose Juan Jiménez; que es además candidato a las próximas elecciones municipales por los socialistas en la localidad viñolera.
* La Opinión - JUANJO ZAYAS - 18.3.12
Foto: Canillas de Aceituno (Málaga) - en-la-costa-del-sol.com
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ELPAÍS/Pontevedra* : Las relaciones de las empresas de la trama Campeón con la Consellería de Infraestruturas estuvieron salpicadas de chapuzas, equívocos y funcionarios que hicieron la vista gorda. Ingenieros y cargos intermedios del departamento de Agustín Hernández confundieron a la empresa de la trama Proitec con la firma Prointec que nada tenía que ver y llamaron a la primera para que sus responsables le comunicasen al candidato del PP en Moaña el inicio de una obra para rentabilizarla políticamente. Pero de sus declaraciones también se desprende que no prestaban mucha atención a las ofertas que se presentaban a los concursos por invitación de su superiora, la directora general Ethel Vázquez.
Según los interrogatorios a varios de ellos, no les llamó la atención que fuesen idénticas dos de las tres ofertas que aspiraban a realizar la obra de mejora de la carretera PO-313 Marín-Moaña que finalmente se llevó Novolar, empresa de la trama. Los investigadores indican que “llama poderosamente la atención la similitud entre las ofertas por el mismo tipo de letra, mismo tamaño, mismos márgenes y sobre todo, mismo espacio entre el primer párrafo y el recuadro central”. “Todo indica que la redacción pudiera haberla realizado uno de los dos licitantes”, concluyen.
En ese concurso en el que las condiciones técnicas de las tres candidatas eran similares, según los investigadores, lo que decantó la balanza a favor de Novolar fue que las otras firmas no rebajaron ni un céntimo los 200.000 euros de partida de la licitación, mientras que la empresa de la trama redujo mil euros el importe.
El propietario de la otra empresa supuestamente utilizada para presentar una oferta similar y que Novolar se llevase el contrato “mostró dudas”, según los investigadores, de que se hubiese falsificado su firma en un documento, que también carecía del sello de su empresa. Los investigadores vinculan la obtención por Novolar de esta obra por unos 199.000 euros con la entrega al exdiputado popular Pablo Cobián de 17.700 euros por sus gestiones.
* El País - DAVID REINERO Santiago de Compostela 14 MAR 2012
Foto: Campeón caso, villa Psoe - google
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DIAGONAL* : El domingo 25 se ha convocado a las 12 del mediodía en la plaza de Tirso de Molina para presentar el edificio que servirá de lugar de convergencia. Durante toda la semana se realizarán diferentes acciones que visibilicen las problemáticas con el objetivo de señalar culpables y plantear soluciones.
La Semana de Lucha por el Derecho a la Vivienda tendrá lugar en Madrid entre el 18 y el 25 de marzo. Esta movilización surge desde la Asamblea Interbarrios de Vivienda del 15M, formada por los Grupos de Trabajo de Vivienda de las Asambleas del 15M de diversos barrios y pueblos de Madrid, la Oficina de Vivienda, la Oficina de Okupación, PAH-Madrid y otros colectivos y organizaciones implicados en la lucha por la vivienda.
Las diversas acciones que se producirán durante esta semana pretenden aunar esfuerzos para dar visibilidad a las diferentes luchas por la vivienda que se están produciendo en muchos barrios y pueblos de Madrid, así como señalar a los culpables y ofrecer alternativas viables y que benefician al conjunto de la sociedad.
Cada día de la semana estará dedicado a uno de los temas inherentes al problema de la vivienda: Okupación, Justicia y Derechos Humanos, Alquileres, Banca, Cooperativistas y Derribos; por último, el domingo 25, tendrá lugar una gran manifestación bajo el lema “La Vivienda es un Derecho, no un negocio. ¡Tómalo!”.
Estas jornadas de lucha social son una respuesta a la situación actual de la vivienda en Madrid, con más de 40 desahucios diarios, miles de personas en riesgo de perder su vivienda, derribos ilegales, alquileres abusivos, mobbing inmobiliario, cooperativistas estafados, criminalización de la okupación, violación sistemática de los Derechos Humanos.
Por su parte, el eje dedicado al sistema judicial ha convocado una concentración para el martes 20, que según la organización, cuenta con la solicitud para ser autorizada. Será a las 11 horas frente a los Juzgados de Capitán Haya, y durante la acción se realizará una entrega colectiva de denuncias "contra el Estado por infringir el Derecho a Vivienda".
Para el miércoles están previstas dos acciones: la ’Marcha de Inquilinos’ que partirá desde las 16.30 horas del Metro de Canal, y la acción ’#TapiaBancos’ en sucursales bancarias de barrios y pueblos de la región, mientras que el jueves los organizadores han convocado una concentración a las 18 horas en la plaza de Lavapiés para señalar a #MafiaBankia.
En el citado Espacio de Convergencia tendrá lugar una convocatoria pública a partir de las 12 horas del viernes, en el cual se abordará la problemática de los Cooperativistas Afectados del Sureste de Madrid, que mantuvieron una acampada el pasado año en la Cueta Moyano, frente a la estación de Atocha.
Ya en el fin de semana, el Espacio Social Liberado Autogestionado ’EKO’ de Carabanchel acogerá varias actividades desde las 12 horas del sábado, con exposición de fotos de derribos y desahucios, una comida familiar con charlas y debates con afectados de la Cañada Real y Puerta de Hierro, y conciertos solidarios. La semana finalizará con una manifestación bajo el lema ’La Vivienda es un Derecho, no un negocio, ¡Tómalo!’, que partirá a partir de las 12 horas desde Atocha.
eMail: semanadeluchavivienda@nodo50.org
Web: http://ministeriodevivienda.info/
Twitter: @Mindevivienda
Facebook: http://www.facebook.com/SemanaDeLuchaPorElDerechoALaVivienda
* Diagonal - 15.3.12
Foto: Vivienda, semana de lucha en Madrid - 15M
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RTVE* : La Audiencia Nacional ha ordenado reabrir la investigación del caso Gürtel con la imputación, de nuevo, del extesorero del PP Luis Bárcenas, el exdiputado Jesús Merino y el exconcejal 'popular' en Estepona (Málaga) Ricardo Galeote, según informa Cristina Ónega.
El juez Pablo Ruiz ha anulado el archivo provisional de la causa respecto a estos tres ex altos cargos que acordó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el 1 de septiembre de 2011.
Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, presididos por Angela Murillo, han tomado esta decisión tras estimar los recursos interpuestos por la Fiscalía Anticorrupción y por la Abogacía del Estado, informa Servimedia. De esta forma, el extesorero del PP vuelve a estar imputado en el "caso Gürtel" por delitos, entre otros, de fraude fiscal, cohecho y blanqueo de capitales. Merino, por su parte, está imputado por delitos de fraude fiscal y cohecho, mientras que a Galeote sólo se le atribuye un delito de cohecho.
El tribunal ha tomado esta decisión tras estimar los recursos interpuestos, entre otros, por la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado. Será el nuevo instructor del "caso Gürtel", el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, quien deba dirigir ahora las actuaciones contra Bárcenas, Merino y Galeote.
El juez Pedreira "carecía de competencia objetiva"
La Audiencia señala en tres autos dictados este jueves que cuando el juez instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, decretó el archivo del caso "carecía de competencia objetiva", ya que el TSJM ya se había inhibido a favor de la Audiencia el 8 de junio de 2011, una decisión confirmada el 20 de julio de ese año.
"Se había perdido la competencia de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM para el conocimiento de las actuaciones, implicando ello, consecuentemente, la cesación de toda actividad instructora en la causa", señalan los autos dictados este jueves.
Los magistrados explican que, por lo tanto, el magistrado Pedreira, a la hora de archivar las actuaciones contra Bárcenas, Merino y Galeote en septiembre pasado, se encontraba en una "situación de interinidad".
Subrayan además que la decisión de archivo sobrepasó la capacidad de "práctica imprescindible por urgencia o inaplazabilidad" que la ley reconoce a los magistrados que han decretado la inhibición pero que siguen instruyendo hasta que esta se hace efectiva.
El archivo de las actuaciones fue dictado por Pedreira el pasado 1 de septiembre al concluir que en la causa no había "indicios suficientes para imputar delitos" a Bárcenas, Merino y Galeote.
Contradicciones con el TSJM
La decisión adoptada ahora por la Audiencia Nacional contrasta con un auto dictado por la Sala de lo Civil y Penal del TSJM el pasado 26 de diciembre, en el que se aseguraba que, a pesar de la inhibición, le correspondía a este órgano jurídico resolver los recursos pendientes cuya tramitación ya se había iniciado, entre los que destacaban los interpuestos por Bárcenas, Merino y Galeote.
El auto del TSJM indicaba que la inhibición y el traslado del sumario a la Audiencia Nacional "no debe afectar a los rollos de apelación ya incoados en esta sala".
El juez Ruz se hizo cargo del sumario del "caso Gürtel" en diciembre pasado después de que el Tribunal Supremo decidiera que la Audiencia Nacional era el órgano competente para continuar con la investigación sobre la trama de corrupción.
Anticorrupción se opuso al archivo
La Fiscalía ya se opuso en su momento al archivo de la causa al considerar que existían indicios contundentes de cohecho, blanqueo de capitales y fraude fiscal en la actuación de los tres imputados.
Respecto a Bárcenas, Anticorrupción alegó que aún estaba pendiente la investigación sobre la posible existencia de una cuenta bancaria del exsenador en Suiza, y que las investigaciones habían confirmado que las siglas "L" o "LB" aparecidas en varias facturas abonadas por empresas del supuesto cerebro de la trama "Gürtel", Francisco Correa, se referían a él.
Sobre el delito de cohecho que se le atribuyó por recibir presuntamente en 2007 72.000 euros de Correa en consideración a su cargo de senador, Anticorrupción defendió que la entrega figura en un apunte del lápiz de memoria intervenido al presunto contable de la organización, José Luis Izquierdo, a nombre de "Luis el cabrón".
Otro de los delitos por los que Bárcenas estuvo imputado fue fraude fiscal presuntamente cometido en sus declaraciones del IRPF de 2002 y 2003 y que, según Pedreira, habrían prescrito.
En el caso de Merino, imputado por cohecho y fraude fiscal, la Fiscalía mantenía que pudo percibir determinadas cantidades en 2002, 2003 y 2007 de las empresas de Correa a cambio de la adjudicación de contratos y que recibió dádivas y comisiones ilegales.
Anticorrupción le atribuyó haber recibido en 2007 50.000 euros de la red y señaló como indicio la anotación en el lápiz de memoria de Izquierdo, que reflejaba la entrega de ese dinero a Merino, datos que, a su juicio, acreditaban que las iniciales J y JM identificaban al exdiputado del PP. Sobre el delito fiscal, uno de los informes de la Agencia Tributaria cuantifica en 120.000 euros la "cuota defraudada" a Hacienda por Merino en 2004 y 2005.
Como Bárcenas, Merino está imputado en la causa que instruye el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre la adjudicación de unas obras de la variante de Olleros de Alba, que según Anticorrupción se realizó por algo menos de 3 millones de euros a la empresa Teconsa.
El nombre de Ricardo Galeote también figuraba en la contabilidad "B" de la trama de Correa. Según varios informes policiales, pudo haber cobrado 42.469 euros de la red Gürtel entre 2001 y 2003 cuando era gerente de la empresa municipal Turismo y Actividades Recreativas Estepona S.L.
Las investigaciones policiales apuntaban que las empresas de Correa facturaron a esa sociedad 123.000 euros entre 2001 y 2003 y que Galeote, valiéndose de su situación en el Ayuntamiento, otorgó contratos a las empresas de Correa a cambio de viajes que pagaba la agencia "Pasadena".
* RTVE-Agencias - 15.03.12
Foto: El extesorero del PP Luis Bárcenas, el exdiputado Jesús Merino y el exconcejal 'popular' en Estepona (Málaga) Ricardo Galeote.
RTVE.ES
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MÁLAGAHOY* : La Policía sospecha que el exalcalde de Ronda Antonio Marín Lara (PSOE) y el exconcejal de urbanismo José Herrera (PP) "ocultaron" el avance del planeamiento del municipio para favorecer un pelotazo urbanístico descomunal en la finca El Albercón. Estos terrenos fueron adquiridos en abril de 2006 por la empresa cántabra Promociones Residenciales El Brezo. La compañía pagó 23,7 millones por unos terrenos rústicos cuyo valor catastral era sólo de 22.862 euros. Un informe de la Udyco relaciona esta operación con las sociedades Fray Luis y Sierra Hidalga. La primera era la titular de los terrenos, mientras que la segunda se constituyó 16 días antes de que uno de sus administradores, Isidoro Morillas, un conocido corredor de Ronda, midiera los terrenos de El Albercón para el grupo cántabro.
La Policía apunta que esta entidad "podría haber participado de forma activa en la operación de compra venta de la finca El Albercón" y agrega que su segundo administrador, Cristóbal Arocha, "mantiene estrechas relaciones de amistad con José Herrera", en aquella época concejal de urbanismo de Ronda en alianza con Antonio Marín Lara, que todavía militaba en las filas del Partido Andalucista.
Los investigadores resaltan también que Fray Luis pagó a José Herrera 24.388 euros entre 2006 y 2008 "por servicios profesionales", "posiblemente como abogado", aunque él no llegó a declarar este dinero a Hacienda.
La Policía subraya que estas retribuciones tuvieron lugar precisamente en la época en la que Herrera "era concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ronda y cuando se realizaba la compra venta" de estos terrenos. Otro de los hallazgos que hizo la Policía durante las primeras investigaciones del caso Acinipo contra la corrupción político urbanística en Ronda reside en un viaje que hizo el exalcalde Marín Lara a Santander el 10 de noviembre de 2006, seis meses después de que se produjera la venta de los suelos, alojándose en un hotel de cuatro estrellas cuya factura fue abonada por Promociones Residencial El Brezo. El importe correspondiente a una noche de hotel ascendió a 133,75 euros.
El Albercón no ha sido un proyecto inmobiliario más de Ronda. El avance del PGOU, que se publicó en julio de 2008, permitía no sólo que estos suelos pasaran de rústicos a urbanizables, sino que albergaran 2.200 de las 2.400 viviendas nuevas que como máximo se podían incluir en el planeamiento del municipio. Sin embargo, el actual equipo de gobierno formado por andalucistas y populares decidió durante una reunión celebrada con el redactor del PGOU, el arquitecto Manuel Fustegueras, el 27 de julio de 2011 que la finca quedara como suelo no urbanizable.
Los informes de la Udyco aluden a que el avance del PGOU se ocultó "más de un año con el probable fin de favorecer" que "personas bien relacionadas con el Ayuntamiento". Los investigadores apuntan que los redactores del plan enviaron algunos planos al Ayuntamiento "a finales de 2005 o principios de 2006" en los que "se especificaba el nuevo planeamiento, calificación y usos del suelo". Sin embargo, "esta información se ocultó al público en general hasta 2007, salvo para terceras personas que aprovecharon ese velo para la adquisición de terrenos rústicos que se recalificarían como urbanizables, generándose así inmensas plusvalías". Actualmente Antonio Marín Lara está imputado en el caso Acinipo contra la corrupción, aunque no el también exalcalde y exconcejal de urbanismo José Herrera.
* Málaga Hoy - E. MALDONADO · J. FLORES 16.03.2012
Foto: Ronda (Málaga), ayuntamiento - andaluciaimagen.com
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ELPAÍS/Cáceres* : La Marina de Valdecañas, una polémica urbanización en un embalse en Cáceres, ha recibido hoy un respaldo en los tribunales. La misma sala del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que declaró ilegal el complejo ha fijado una fianza de 41 millones de euros a Ecologistas en Acción para ejecutar la sentencia y paralizar las obras. Así, la urbanización sigue adelante, y gracias a un cambio legal aprobado en Extremadura se salvará previsiblemente de la piqueta.
El de Marina de Valdecañas es otra maraña judicial y legislativa en la que siempre gana la obra. El complejo, de “183 villas, un hotel de cuatro estrellas, un campo de golf, base náutica y zona deportiva” incluye una inversión de 146,34 millones de euros, según el Tribunal. Fue aprobada en suelo rural protegido, en un embalse en el río Guadiana. El Gobierno de Extremadura, entonces del PSOE, lo declaró proyecto de interés regional, para agilizar los trámites. Ecologistas en Acción recurrió la declaración y en enero de 2011 el tribunal lo declaró ilegal.
Rápidamente el Parlamento Extremeño cambió la ley para permitir ciertas urbanizaciones en terreno protegido y abría la vía a que proyectos como el de Valdecañas pidiera la homologación. El caso es similar a las leyes a medida que comunidades como Castilla y León, del PP, aprobaron antes para proyectos polémicos.
Registro de la propiedad
Pero como había una sentencia que lo declaraba ilegal, los ecologistas pidieron la ejecución provisional para que al menos se paralizaran las obras y se apuntara en el registro de la propiedad para evitar que compradores de buena fe se vieran afectados. La empresa alegó que como la sentencia no era firme y había recurrido al Supremo en casación no tenía que parar las obras y que, si le obligaban los ecologistas debían presentar una fianza de 175,395 millones de euros en concepto de daños y perjuicios por si luego el Supremo le daba la razón. Los ecologistas alegaban que podían presentar una fianza de 5.000 euros, que son una entidad sin ánimo de lucro y que una fianza tan elevada era impedir el acceso a la justicia.
En un farragoso auto notificado hoy, la sección primera de la sala de lo contencioso administrativo fijó esa fianza en 41 millones de euros. Y lo hace pese a admitir que con su sentencia de 2011 pretendía que “los terrenos fueran repuestos a la situación originaria”.
El tribunal considera ahora que “la ejecución provisional de la sentencia es indudable que ocasiona unos daños y perjuicios en el supuesto de que la sentencia fuera revocada en casación”.
Los ecologistas recurrirán porque consideran que con esa cantidad se vulnera el derecho de acceso a la justicia. Mientras, el urbanismo gana.
* El País - RAFAEL MÉNDEZ 15 MAR 2012
Foto: Valdecañas (Cáceres), golf_y_urbanizacion (archivo)- ecologistasenaccion.org
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ELPAÍS* : El titular del juzgado nº1 de Nules ha ratificado la apertura de juicio oral al expresidente de la Diputación de Castellón y aún presidente provincial del PP, Carlos Fabra, que será juzgado por los presuntos delitos de tráficos de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales. El juez ha decretado un nuevo auto que incluye la imputación del exsenador y exdiputado Miguel Prim, cuya implicación fue aceptada por la Audiencia provincial poco después de que el juez decidiera que Fabra se tenía que sentar en el banquillo. Para este exdirigente del PP ha señalado una fianza de 800.000 euros.
La decisión de la Audiencia de imputar a Prim, que tardó dos meses en resolver la cuestión, ha retrasado el señalamiento del juicio al presidente del PP de Castellón cuyo caso será remitido ahora a Castellón, donde ha de ser juzgado. La fiscalía pide para el dirigente del PP 13 años de prisión, que la acusación popular eleva a 20.
Prim fue el diputado a través del que Fabra, supuestamente, realizó gestiones ante el Ministerio de Agricultura, cuando esta cartera estaba bajo la dirección de Miguel Arias Cañete. La intención, según las acusaciones, era tratar de agilizar las autorizaciones para productos fitosanitarios que fabricaba y comercializaba Vicente Vilar, el empresario que acabó denunciando a Fabra por cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos.
Para hacer frente a la fianza, de 4,2 millones de euros, Carlos Fabra entregó, hace semanas, un listado de bienes susceptibles de ser embargados para garantizar su posible responsabilidad civil. Lo hizo de manera conjunta con su exesposa, María Amparo Fernández, a la que también se le imputan tres fraudes fiscales y para la que se marcó una fianza de 1,7 millones de euros. Entre los dos, según las acusaciones, defraudaron 1,2 millones de euros. El juzgado ha emitido los mandamientos correspondientes para que se anote en el Registro la situación de embargo cautelar.
En cualquier caso, las medidas sobre los embargos no afectan a la marcha del procedimiento ya que el juez decretó la apertura de una pieza separada sobre la responsabilidad civil.
* El País - MARÍA FABRA Castellón 14 MAR 2012
Foto: Carlos Fabra, durante su último pleno al frente de la Diputación de Castellón. / ÀNGEL SÁNCHEZ
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SANBORONDÓN* : El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín, ha imputado al actual alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, sendos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos por su actuación en el denominado caso Canódromo. Tras declarar ante Martín, el fiscal del caso, la acusación particular y su propio abogado, desde las 09:30 hasta las 23:00 horas, Cardona ha explicado a los periodistas que ha aportado pruebas para demostrar que no hubo ilegalidad alguna en su actuación y que si tuviese que obrar otra vez al respecto habría actuado del mismo modo.
El juez Martín investiga las presuntas irregularidades denunciadas por la asociación vecinal Avecalta de Schamann respecto al acuerdo urbanístico firmado en 2002 entre el propio Cardona, que era entonces concejal de Urbanismo en el gobierno municipal de José Manuel Soria, y la promotora Inprocansa.
La operación supuso la permuta de suelo municipal urbanizable en Almatriche, Las Torres y la esquina de Obispo Romo a cambio de la parcela del antiguo Canódromo para zona de parque y ocio. Días después Inprocansa vendía esta última parcela a Realia para la construcción de dos torres de viviendas. Esta nueva operación supuso unos beneficios netos de nueve millones de euros para Inprocansa.
La comparecencia de Cardona se produjo despues de que el juez Martín decidiera contestar al recurso del ahora alcalde, en el que reclama que se le aclaren los motivos por los que debe declarar, justo después de la declaración de este miércoles.
* Revista San Borondón - 15.3.12
Foto: Las Palmas, torres Canódromo - Q.Curbelo, canariasahora.es
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ElPaís/Huelva : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la irregularidad cometida por el PP cuando gobernaba el Ayuntamiento de Moguer en el anterior mandato en la venta de 60,90 hectáreas del Plan Parcial Cuesta de la Barca de Mazagón en Moguer (Huelva) recogida en noviembre de 2008 en la sentencia dictada por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Huelva. El fallo del alto tribunal considera que el PP incurrió, en la enajenación de ese suelo (uno de los escasos terrenos urbanizables con los que cuenta el litoral onubense) en “fraude de ley”. La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva dio la razón a la Junta de Andalucía, al PSOE y al grupo AVEMA (Asociación de Vecinos de Mazagón), que presentaron un recurso contra esa venta y anuló la operación por considerarla “contraria al ordenamiento jurídico”. Posteriormente, Proinmvesa, una de las empresas que pujó en la compra de ese suelo, presentó un recurso de apelación contra la sentencia del juzgado onubense que ahora ha desestimado el TSJA. El alto tribunal confirma en su integridad la sentencia del juzgado de 2008.
El TSJA, en los argumentos de la resolución judicial, llega a calificar la gestión del gobierno del PP no sólo como una “incongruencia” sino como “un verdadero fraude de ley” que “justifica la nulidad declarada en la sentencia”. Y añade la “convicción de que el Ayuntamiento no obró conforme a los principios inspiradores de las normas de valoración, que tratan de evitar que las administraciones públicas malbaraten sus bienes”. En la sentencia se recoge que el PP trató de vender a un precio inferior a su valor real un suelo que está ubicado en una zona privilegiada de Mazagón.
El Ayuntamiento de Moguer, gobernado entonces por el alcalde popular Juan José Volante, sacó a la venta en mayo de 2005 esa parcela, que una empresa privada valoró, sin incluir el IVA, en 2.369.516,10 euros y, en una segunda valoración, en 338.502,30 euros. Cifras inferiores al valor del suelo calculado por los técnicos de la Delegación Provincial de Obras Públicas de la Junta que se elevó a 27.537.539,76 euros.Esa diferencia del precio del suelo radica en que las empresas externas contratadas por el Ayuntamiento acometieron esa valoración basándose en la calificación del terreno como "rústico forestal" sin tener en cuenta, según consta en el Plan Parcial, que Cuesta de la Barca es urbanizable y, por tanto, “su valor debe ser superior”, como explicó ayer el alcalde socialista, Gustavo Cuéllar.
El regidor lamentó que el anterior alcalde, “por interés partidista” desobedeciera el auto judicial que anulaba la venta provocando “un perjuicio” a los vecinos de Mazagón y al propio Ayuntamiento. Por ello, Gustavo Cuéllar señaló que los servicios jurídicos municipales estudian “el estado del procedimiento para ver qué consecuencias puede tener para el Ayuntamiento esa desobediencia del auto judicial por si hubiera que pedir responsabilidades al anterior alcalde popular”.
El Ayuntamiento de Moguer, ahora gobernado por el PSOE junto con el grupo AVEMA, estudia iniciar un nuevo procedimiento “con todo el beneplácito legal” porque es una “obligación moral y una responsabilidad política buscar salida a una de las parcelas que mayor desarrollo económico y turístico puede acarrear para el municipio”, remarcó Gustavo Cuéllar.
* El País - LUCÍA VALLELLANO Huelva 13 MAR 2012
Foto: Playa de Mazagón. / GARCÍA CORDERO
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TERCERA* : Esta mañana en rueda de prensa, la Plataforma Eurovegas No ha mostrado su total oposición a la instalación del Proyecto de juego, ocio y turismo Eurovegas en Madrid, Cataluña o cualquier otro lugar porque la construcción de este macrocomplejo "no es sinónimo de prosperidad sino de precariedad laboral, injusticia fiscal, destrucción ambiental y desigualdad social". La Plataforma Eurovegas No exige que se promueva un modelo productivo y de consumo medioambientalmente sostenible y socialmente justo.
La opacidad informativa con la que las Administraciones están celebrando las negociaciones con el inversor Sheldon Adelson, presidente de Las Vegas Sands Corp., han llevado a diversas organizaciones civiles, colectivos, movimientos sociales y sindicatos a crear esta Plataforma desde la que informar a la ciudadanía acerca de las repercusiones en materia ambiental, fiscal, social y laboral que tendría el proyecto.
La Plataforma denuncia las condiciones de precariedad en las que se desarrollarían los empleos que prevé la Administración pública, ya que una de las exigencias que el inversor estadounidense impone es la anulación del Estatuto de los Trabajadores y las garantías que éste supone. Una de las portavoces, Ana Sanz, destaca la violación de los derechos laborales y sindicales derivados de la puesta en marcha de este proyecto: “los 261.000 puestos de trabajo que se han estimado ha generado falsas expectativas en la población, pero son datos escasamente argumentados. Las cifras no están basadas en prospectivas reales, por lo que habría que preguntarse qué intereses hay detrás de este proyecto, además de qué tipo de empleo y en qué condiciones lo están ofreciendo. Hay que fijarse en el calidad”.
Otra de las transformaciones que la Administración está dispuesta a asumir es la exención de algunos impuestos, como el pago de las cuotas a la seguridad social y la liquidación del IVA, entre otros. La Plataforma advierte que la relajación de las exigencias en los controles de la Ley de Blanqueo de Capitales abriría la puerta al lavado de cantidades millonarias de dinero negro, algo que atentaría frontalmente contra el plan antifraude aprobado por el Gobierno hace sólo dos semanas y con el que prevé recaudar más de 8.000 millones. Por otra parte, algunos expertos en la materia señalan que se verá vulnerado el artículo 31 de la constitución, relativo a la igualdad en el sistema tributario. Desde la plataforma se insiste en que esta injusticia fiscal no es tolerable.
Otro de los portavoces de la Plataforma Eurovegas No, Carlos Ruiz, destaca que el proyecto supone nuevamente “la cesión de derechos sociales y económicos en favor del capital como fórmula neoliberal en un contexto de crisis económica, social, energética y también democrática”. Añade también que “los expertos valoran el fraude fiscal en 70.000 millones de euros, además de que viola los principios constitucionales y no supone una mejora en términos de redistribución de la riqueza”.
Este macrocomplejo también es un ejemplo palpable del modelo socioeconómico actual que destruye el medioambiente y atenta contra los derechos sociales. Los impactos medioambientales que supondría el proyecto en materia medioambiental son: la sobreexplotación y el cambio de uso de recursos, el incremento de residuos y la posible afección a espacios naturales protegidos. Cristina Fernández destaca al respecto que “el coste energético de las máquinas tragaperras equivaldría a la energía consumida por toda la población de Majadahonda”, según cálculos de la propia Plataforma.
Por otra parte, y en contraposición a lo que aventuran las voces oficiales, Eurovegas supondría un riesgo de apertura a las mafias vinculadas con la trata de mujeres y niñas, como ya ocurre en otros complejos de ocio parecidos. “¿Eurovegas compensa la destrucción ambiental y la violación de derechos sociales que conlleva, teniendo en cuenta que los beneficios solo van a parar a una minoría?”, reflexiona Cristina Fernández. La portavoz indica también que este proyecto demandará gran cantidad de infraestructuras y movilizará enormes cantidades de materia y energía. “Eurovegas supone una amenaza ambiental relacionada con la explotación de recursos y la generación de residuos que perpetúan un modelo de consumo y turismo insostenible. Es paradójico que la propuesta de salida a la crisis sea ahondar en ese modelo”.
La plataforma ha tenido conocimiento de que en Leganés, en el pleno municipal, han votado en contra del proyecto y en Getafe hoy mismo en el pleno es probable que aprueben una moción contra Eurovegas.
En conclusión, la posible puesta en marcha del proyecto Eurovegas bajo el discurso del aumento del empleo, “esconde impactos socioambientales que ya se conocen de otro tipo de proyectos y que, desde la Plataforma, se pretenden visibilizar. Este movimiento ciudadano se resiste a dar por bueno un proyecto que atenta contra los derechos fundamentales y que es promovido como salida a una crisis estructural utilizando nuevamente las recetas más conservadoras y neoliberales de un modelo productivo y de consumo injusto e insostenible.” La Plataforma Eurovegas No “no está de acuerdo con el empleo a cualquier precio ni con la instalación de una zona franca favorecedora del blanqueo de capitales y del beneficio económico a toda costa. Por ello, exigen la apertura de espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones.”
Próximos eventos:
Sábado 17 de marzo en Sol, a las 12h de la mañana, la Plataforma Eurovegas No realizará una acción original en frente del edificio de la Comunidad de Madrid en señal de protesta con el fin de sensibilizar a la ciudadanía acerca de los impactos del proyecto.
* Tercera Información - 14.3.12
Foto: Las Vegas, boulevar - viajar
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