ELCONFIDENCIAL* : El 17,63% de las hipotecas que se firmaron entre 2004 y 2008 son de alto riesgo. Muchas han entrado ya en ejecución hipotecaria o lo harán en los próximos años, con graves consecuencias sobre el mercado inmobiliario y las entidades financieras. Esto es, una de cada cinco familias que compró una vvienda durante la burbuja inmobiliaria no podrá pagarla.
Son las previsiones pesimistas del estudio realizado por la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas, (AFES) que cifra en 700.000 el número de familias que se verá afectada por una ejecución hipotecaria y quienes además de perder su vivienda, "se quedarán con una deuda que les impedirá cualquier tipo de recuperación económica y social".
AFES explica que, en su mayoría, se trata de personas que compraron una vivienda en un periodo de excesos. "Se endeudaron por encima de sus posibilidades inducidos por una falsa expectativa de revalorización de la vivienda y la creencia de una estabilidad laboral indefinida. Nunca pensaron que perderían el empleo y que el precio de su vivienda caería en picado", aseguran desde la asociación.
Entre 2004 y 2008, periodo de mayor auge de la burbuja inmobiliaria, se produjeron 4.106.485 transacciones inmobiliarias, de las cuales 170.627 ya han pasado por el desahucio. Un total de 168.603 se encuentran actualmente en ejecución hipotecaria y se estima que para 2015 el número de ejecuciones hipotecarias habrá afectado ya otras 373.912 viviendas más cuya compraventa se realizó en dicho periodo, lo que da un total de más de 700.000 viviendas ejecutadas. "Para hacernos una idea de la magnitud de estas cifras, podemos compararla con el total de transacciones inmobiliarias del año 2004, que alcanzó las 848.390, o las de 2008 que fue de 564.464, según datos del Ministerio de Fomento".
Colapso judicial
AFES explica que el hecho de que los lanzamientos cada año sean inferiores al número de ejecuciones hipotecarias en curso es resultado del colapso judicial que provoca la crisis. En la actualidad, la asociación estima que hay casi 170.000 casos en los juzgados. Esta estimación se ha realizado teniendo en cuenta el escenario más favorable, manteniéndose los niveles de poder adquisitivo de las familias y sin aumento del paro.
AFES afirma que la recuperación del mercado inmobiliario no es posible si no se reactiva el crédito y no se recupera la confianza en el sistema financiero. Si todas estas personas quedan sin vivienda y con una deuda que no van a poder pagar, la situación no puede hacer sino empeorar. "El mercado inmobiliario tampoco va a salir de su estancamiento si los precios vigentes no se adaptan a la demanda. La única posibilidad de una reactivación económica pasa por la mediación entre afectados y entidades bancarias para condonar parte o toda la deuda que mantienen los afectados", añaden..
AFES ha conseguido en el último año más de 15 millones de euros condonados a sus asociados. También en algunos casos se ha conseguido la dación en pago, gracias a acuerdos alcanzados entre los bancos y los afectados.
Según Carlos Baños, presidente de AFES, "Lo primero que hacemos desde la asociación es escuchar, porque las personas que están en esta situación están llenas de incertidumbres y ansiedades por su futuro. Un problema como este desestructura absolutamente una familia. La segunda labor es explicarles qué es un procedimiento de ejecución hipotecaria porque hay muchos mitos alrededor. Hay que explicarles a qué se enfrentan realmente y que van a perder su casa al no poder hacer frente a la hipoteca. Y, posteriormente, analizamos cada uno de los casos y vemos las posibilidades que hay"
Y añade que, "nosotros muchas veces decimos que lo importante no es tanto perder la vivienda sino cuándo y cómo, porque el gran drama social es que después de perder la casa se quede con una deuda que no va a poder saldar de por vida. Nosotros apostamos decididamente por la mediación como modelo de resolución del conflicto, porque a los bancos tampoco les interesa quedarse las casas y convertirse en las mayores inmobiliarias de este país. Nos dirigimos a las entidades para explicarles los casos y qué es lo que creemos que puede ser una alternativa y les pedimos una actitud positiva hacia la resolución del conflicto. Esperamos que muestren la solidaridad necesaria para este tipo de casos, pero muchas veces es incompatible con los actuales procedimientos de las entidades bancarias”.
* El Confidencial - 11.11.11
Foto: elconfidencial
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DIARIODECÁDIZ* : La Federación de AA.VV. Las Lagunas lamentó ayer las actuaciones que en materia urbanística se vienen realizando desde el equipo de gobierno. Así, dicho colectivo denunció que, en su opinión, "parece que el delegado de Urbanismo, Andrés Núñez, está por encima de la ley o que no está asesorado adecuadamente".
Una acusación que justificó "a tenor del incumplimiento de la legalidad por su parte, ya que, en primer lugar, está procediendo a conceder licencias en virtud de no sabemos que 'truco', pues no se puede definir de otra forma, ya que el PGOU fue anulado por el Tribunal Supremo y, por tanto, las ordenanzas para la regularización de las AGB, también".
"El asunto", añadió, "es de una arbitrariedad tal, que deja boquiabiertos a todos los juristas que han sido consultados por nosotros. Aquí no hay regla que se respete. En este caso, desde nuestro punto de vista gravísimo, nos estamos refiriendo a una sentencia dictada por el Tribunal Supremo, mediante la cual se anulaba el PGOU de 2.007. Extraordinario ejemplo para la ciudadanía, irónicamente".
"Además", se preguntó, "¿Qué le podrá decir este señor a los sancionados que solicitaron licencia y se les denegó? ¿Por qué a unos, sí y a otros, no? Señor Núñez sus hechos demuestran el escaso contenido que debe tener para usted la palabra democracia".
"Desde nuestro punto de vista, quien acuda a Urbanismo con la intención de regularizarse, cae en una inseguridad jurídica extrema, por las razones argumentadas".
"Ya en la década pasada", recordó, "hubo un colectivo que quiso regularizarse. El Ayuntamiento ofreció la posibilidad de hacerlo en circunstancias no del todo claras. El resultado fue que quien entregó el dinero que se le pedía, perdió ese dinero, ya que la regularización no se llevó a cabo. El timo de la estampita".
"De todos es sabido", manifestó, "la desastrosa política urbanística que se ha venido llevando a cabo desde los últimos 30 años. A la vista están los resultados: falta de inversiones, inseguridad jurídica, desempleo llegando a cotas inimaginables, sanciones estratosféricas originadas por una dejación total y, como consecuencia, embargo total de bienes, cierre de negocios del ramo de la construcción y otros cayendo por el efecto dominó".
"Pues esa misma política desastrosa que venimos arrastrando como decimos en la tres últimas décadas", aseguró,, "nos atrevemos a decir que tiene un merecido continuador y, ese, para nosotros, no es otro que Andrés Núñez".
Para finalizar, el colectivo indicó que "este señor debiera pensar en contar con la participación de federaciones, asociaciones de vecinos, partidos políticos, empresarios y cualesquiera otros colectivos representativos a la hora de la elaboración del PGOU y tal como sentencia la LOUA en su Art. 6, fomentar y asegurar la participación ciudadana. De lo contrario, no solo estaría incumpliendo la ley, sino que la redacción del PGOU adolecería del consenso necesario, con consecuencias imprevisibles".
* Diario de Cádiz - 11.11.11
Foto: Chiclana aérea - uca.es
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INFORMACIÓN* : Las obras del AVE comenzarán dentro de poco a evidenciar un cambio de paisaje irreversible en la Vega Baja, que desde cualquier punto alto ya no será tanto una gran extensión de huerta como un terreno marcado por una cicatriz; el trazado de la Alta Velocidad. Las vías del tren recorrerán de norte a sur la comarca, uniendo Alicante y Murcia, y ayer el Ministerio de Fomento anunció que ha iniciado los trabajos para construir un viaducto que salve por arriba los tubos del trasvase Tajo-Segura.
Actualmente las vías del tren pasan por debajo de los tubos, pero las vibraciones que causará el AVE -a mayor velocidad que el actual cercanías- plantearon que el cruce debía solucionarse o bien enterrando las vías o construyendo un viaducto para elevar el tren a doce metros de altura. La última opción fue la escogida pese a las demandas de grupos ecologistas y el Ayuntamiento, de modo que ya se ha comenzado a ejecutar las obras para construir la plataforma de todo el tramo de Orihuela (desde la Vereda o Colada de Buena Vida) hasta Beniel (Murcia), un recorrido de 6,8 kilómetros en el que hay tres viaductos. Además de este del trasvase que mide 1.008 metros, habrá uno 337,5 metros a la salida del casco de Orihuela en el extremo sur (entre la ronda y el Salto del Fraile) y otro de 36 metros para salvar por encima también el cauce del río Segura.
Según el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio (Adif), en esta fase inicial de la obra "se está procediendo a la cimentación mediante pilotes y el posterior encofrado de las pilas". La cimentación consiste en "pilotes prefabricados de hormigón de 40 metros de profundidad media y el viaducto del trasvase se compone de un tablero de hormigón que asienta sobre un total de 28 vanos y 27 pilas con una altura máxima de 12 metros, que salva con un resguardo de dos metros un sifón del trasvase Tajo-Segura". Precisamente estos pilotes encarecieron el proyecto de obra inicial porque el estudio geotécnico reveló ya en 2008 que el subsuelo era de lodos, y por lo tanto había que anclar la infraestructura a mucha más profundidad de la prevista.
Montaña rusa
Desde el Ayuntamiento de Orihuela ya se definió durante el pasado mandato el trazado del AVE como una "montaña rusa", porque llegará en viaducto a la localidad desde Callosa de Segura, bajará a una profundidad de ocho metros para cruzar el casco urbano, y volverá a subir para pasar sobre el Segura y para salvar también por encima el trasvase a doce metros de altura.
Estas pendientes obligarán al tren a reducir la velocidad, e impiden también que la nueva vía férrea se pueda usar para el transporte de mercancías. Así lo han valorado numerosos colectivos de la comarca y concejales de Urbanismo, entre ellos el exedil de ramo en Orihuela, Antonio Rodríguez Barberá (PP), quien planteó al Ministerio la posibilidad de soterrar todo el trazado del Ave a su paso por Orihuela. Una multitudinaria manifestación en la que participaron miles de personas reclamó el soterramiento del tren, una petición que se ha quedado en el tintero.
Igual que quedó sin efecto, años antes (en torno a 2003 y 2004) la posibilidad de que las vías discurrieran paralelas a la autovía A-7, pues esta opción de trazado norte perjudicaba a Murcia al toparse con la zona, en plena expansión, de La Condomina. Finalmente, el AVE se está construyendo sobre el actual trazado de mercancías y, según los planes previstos por Fomento y la Conselleria de Infraestructuras, también debería de ir por el mismo lugar una autopista directa entre Murcia y Alicante para descongestionar la A-7, la AP-37, que está dibujada sobre plano con un trazado similar, pues iría paralela a la vía del tren desde Hurchillo hasta la capital murciana.
Efecto barrera
Al impacto sobre el paisaje que supondrá esta vía del Ave subiendo y bajando tres veces a lo largo de menos de siete kilómetros entre Orihuela y Beniel, se suma el efecto barrera que generará. Y es que pese a que las vías vayan sobre viaductos y no sobre taludes como inicialmente se plantearon (esto significa que irán sobre pilotes y no sobre una montaña, de modo que se pueda seguir atravesando por debajo) será muy complicado restablecer el sistema de riego tradicional, las conducciones de agua como acequias y azarbes e incluso los caminos de huerta. Por ello los regantes y sindicatos agrarios han sido siempre uno de los colectivos más combativos con el proyecto que ahora avanza a toda máquina.
* Información - 12.11.11
Foto: El tren de cercanías atraviesa el trasvase actualmente por debajo de los tubos, pero el proyecto del Ave establece el paso por arriba.- información
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ELCOMERCIO/Perú* : Como si se tratara de una enorme casa, donde las tuberías tuvieran múltiples goteras, Vladimir Arana, presidente de la Sociedad de Urbanistas del Perú, observa preocupado la ciudad. Congestión vehicular, tugurización, agua y aire contaminados son algunos de los males que aquejan a sus casi ocho millones de habitantes, quienes en los últimos 10 años han improvisado múltiples paliativos, sin que ninguno perdure por ser deficiente.
“Lima pierde al año US$13.000 millones, unos US$1.625 por habitante, por tanto desorden urbano. Es la cifra más alta de todas las ciudades del Perú, donde se piensa que construir es más importante que planificar”, comenta Arana, quien evaluará mañana en el foro Construyendo Urbanismo, junto con expertos nacionales y extranjeros, cuánto perjudica a Lima la falta de planes que guíen su crecimiento.
¿Qué soluciones podría aportar el foro para los problemas de la ciudad?
Al ser especialistas formados en la planificación y gestión de urbes, vemos no solo el crecimiento material, sino el ambiental y el social. Lima creció sin esas definiciones. Si a ello sumamos que su administración depende de que todos los alcaldes que la habitan estén de acuerdo con un mismo plan, nuestra opinión puede impulsar soluciones en temas como el transporte o la gestión de áreas verdes, que se retrasan o no funcionan.
¿Qué áreas considera que son las más críticas en Lima?
El transporte y la contaminación, que van de la mano, ya que el primero contribuye a que la segunda se agrave. En este caso podemos ver cómo la ausencia de un plan, ya sea de rutas, de pistas o de circuitos, permite que los problemas aumenten. El último plan al respecto me parece que se hizo en los 90.
¿Ha habido algún acercamiento con la gestión actual para colaborar en la planificación de la ciudad?
Esta nueva gestión prometió hacer un plan participativo, pero cuando nosotros nos acercamos al Instituto Peruano de Administración Municipal (IPAM) a modo honorario, casi nos dijeron: “No nos llames, nosotros te llamaremos”. Hasta ahora nada.
La comuna inició hace poco una campaña para impulsar la inversión privada en infraestructura pública. ¿Le parece una buena iniciativa si, como afirma, no se ha elaborado un plan de desarrollo?
Tengo mis dudas porque no se ha evaluado el costo social ni la rentabilidad ambiental de las obras que se desean financiar con fondos privados. Si esos estudios faltan es como colocar el baño de la casa en una parte donde después te das cuenta que estaría mejor la habitación. Sería bueno que la gestión tome en cuenta esto: si no tenemos definido hacia dónde queremos crecer, si no entendemos que ya no somos Lima Metropolitana sino una megalópolis unida a varias provincias de la región, vamos a seguir teniendo ese problema.
Sobre el segundo ámbito más crítico, la contaminación, ¿alguno de los proyectos anunciados por la gestión Villarán le parece significativo?
Aunque tiene debilidades, el proyecto Río Verde es interesante, pero por los problemas de gestión que arrastramos aún no tendría expediente técnico. Es una pena porque se trata de un aporte para disminuir el déficit de áreas verdes de la ciudad, que es bastante grande. Otro tema importante, y pendiente, es la reutilización de las aguas residuales.
Como el urbanismo evalúa también el desarrollo social, ¿qué tan comprometidos ve a los limeños con la mejora de su propia ciudad?
Primero debemos entender que hay que organizar Lima en función de lo que necesita el país, no solo los limeños. Si Lima produce pérdidas, el Perú sufre pérdidas. Pero si Lima es eficiente, todos nos vemos beneficiados. El compromiso de los habitantes debe ser compartido por las autoridades, que deben contar con un plan. Y, sobre todo, respetarlo.
* El Comercio - PAMELA SANDOVAL - 7.11.11
Foto: Lima (Perú), atasco - elcomercio
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MANUEL A. RUEDA* : El modelo de urbanismo que fomenta la ciudad discontinua con grandes infraestructuras y bajas densidades edificatorias, más propio de una época de esplendor económico con un precio final de vivienda sobreelevado, es un modelo agotado para la situación presente y los años futuros.
En su lugar se viene proponiendo la idea de la ciudad compacta, desarrollada más en vertical que en horizontal, con una ocupación y consumo de suelo más razonable, mayor densidad edificatoria por metro cuadrado, repercusión de precio del suelo más reducida, rehabilitación y recuperación de la ciudad antigua, con el objetivo de cubrir las necesidades de la población, con ahorro de costes de transformación del suelo, de obras de infraestructura, de energía, y de transportes. Este modelo, se basa en la idea general del desarrollo sostenible. La sostenibilidad económica y social enmarcada en el respeto al medio ambiente, será el principio esencial del nuevo modelo urbanístico.
Para su aplicación sería necesaria una ley de armonización de las legislaciones autonómicas que unificara los elementos principales del urbanismo, es decir, la clasificación del suelo, el planeamiento, el procedimiento de aprobación de los planes y su contenido, así como los procedimientos de designación del urbanizador y el constructor, con requisitos de capacidad y solvencia, y de publicidad y concurrencia.
Esta norma debería unificar igualmente la posición de los propietarios en el proceso urbanístico, con respeto a las facultades inherentes al derecho de propiedad y el reconocimiento de los propietarios como otros actores del proceso y no como meros espectadores; y la protección de los derechos subjetivos de los propietarios y de su capacidad de actuación, en atención a la seguridad jurídica, tanto del interés general como del de los particulares. Y todo ello, presidido por la idea capital del respeto y conservación del medio ambiente en términos de la sostenibilidad y viabilidad jurídica y económica de las actuaciones, y la convicción de que solo merece ser transformado, el suelo que vaya a cubrir necesidades previsibles.
El urbanismo es una herramienta para crear ciudad y conservar armónicamente la que ya tenemos, que en los últimos años se ha utilizado como un medio de financiación de las arcas municipales.
Es momento de reconducir la conducta de los operadores económicos y, sobre todo, de las autoridades municipales para que el proceso de desarrollo de las poblaciones responda a las verdaderas necesidades de sus habitantes, y se ajuste el desarrollo a esas necesidades. Para ello es imprescindible una reforma en profundidad del sistema legal de financiación de los ayuntamientos.
La confianza en el sistema que puede producirse con las reformas indicadas, tiene que ir acompañada de un grado muy superior de seguridad jurídica. Seguridad jurídica en el sector público, basado en la confianza en la actuación de las administraciones públicas siempre que se ejerza un verdadero control de legalidad interno, procedente de los mecanismos internos propios -secretarios, interventores, depositarios, etc.-y de la administración de rango superior.
Y seguridad jurídica en el ámbito privado, en las relaciones de los ciudadanos y los propietarios entre sí y con las administraciones, utilizando también el mecanismo propio que nació con esa finalidad que no es otro que la actuación notarial, confiriendo certeza, autenticidad y garantía a los derechos y a las relaciones jurídicas.
* Manuel Ángel Rueda, notario. Ponente general de la 4ª sesión del 11º Congreso Notarial Español
* El Confidencial - Opinión - 12.11.11
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ELPAÍS/Valencia* : Después de narrar durante seis páginas una nueva palada de aparentes prácticas corruptas en Emarsa, la sociedad de depuración de Valencia que fue saqueada hasta llevarla a la quiebra con un agujero de 17 millones de euros, la Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos) concluye: "En definitiva, parece como si en Emarsa existiera un taller o laboratorio de expedir contratos y facturas en cantidad tal que los errores al final surgen de manera casi obscena".
La afirmación, que figura en un auto conocido ayer que aumenta el número de implicados en el saqueo de Emarsa, con la imputación del exconcejal del PP de Valencia Juan Carlos Gimeno, es llamativa por varios motivos. La Emshi está y estaba en manos del PP. La preside actualmente Arturo Ros, alcalde de Tavernes Blanques, y la controla en realidad el Ayuntamiento de Valencia, que tiene casi la mitad de los votos en una asamblea que el Partido Popular domina de forma abrumadora. Hasta este verano, Enrique Crespo, alcalde de Manises, presidía la Emshi, lo que lo convertía automáticamente en presidente de Emarsa. Hoy Crespo (del PP) está acusado por la Emshi (controlada por el PP) de malversación, estafa y delitos societarios.
El juez Vicente Ríos, que ya imputó a Crespo, fue ayer más lejos: consideró que existen "motivos bastantes para creer" que Crespo, Gimeno, Esteban Cuesta (exgerente de Emarsa y dirigente del PP de Valencia) y Enrique Arnal (exdirectivo de Emarsa y exedil de Unión Valenciana) se confabularon para saquear la sociedad pública.
El último capítulo de la cloaca de Emarsa (su cometido era depurar las aguas residuales de Valencia) tiene un nombre familiar para los periodistas que cubrieron la actualidad valenciana en los años ochenta y noventa: Juan Carlos Gimeno, exedil y exdiputado provincial del PP. En 1983, después de que la estatua de Franco fuera retirada de la plaza del Ayuntamiento (entonces plaza del País Valenciano) Gimeno se acercó al lugar a depositar una corona de flores en memoria del dictador.Su nombre apareció vinculado en el caso Naseiro, y también fue polémica su actuación en el escándalo de escuchas ilegales a las que fue sometida la expresidenta socialista de la Diputación de Valencia Clementina Ródenas en 1994. Gimeno trabajó en Emarsa, como responsable ambiental, entre 1997 y 2004. El mismo día que dejó la sociedad, con un finiquito de 71.129 euros, firmó supuestamente un contrato con Emarsa que suscribieron también Cuesta y Crespo. El juez Vicente Ríos destaca que había creado su empresa solo ocho días antes y que ni siquiera le había dado tiempo a inscribirla en el Registro Mercantil. El juez manifiesta en el auto sus sospechas: "Se suscitan serias dudas acerca de la autenticidad de ese contrato".
La Emshi, controlada por el PP, es mucho más dura: "Simultáneamente a la finalización de la relación laboral con Emarsa y al cobro del finiquito, el querellado constituyó la empresa y firmó un contrato de prestación de servicios con Emarsa. O lo que es lo mismo, este nuevo querellado planificó con los responsables de Emarsa su conversión en sociedad como nueva fuente de emisión de facturas de la empresa".
El aparentemente falso contrato de 2004, del que la Emshi no tiene ningún registro, es casi idéntico a otro firmado supuestamente entre Gimeno y Emarsa en 2008. El juez considera que ello "sugiere que ambos documentos se confeccionaron en unidad de acto". Las falsificaciones, destaca el juez, parecen muy chapuceras (ver arriba).
El supuesto contrato de 2004 es importante porque el 9 de junio de 2011, con Emarsa ya disuelta meses antes, Gimeno presentó una reclamación en la que exigía 355.000 euros a Emshi como indemnización por haber roto el contrato que tenía con Emarsa. Para alcanzar esa cantidad, señala la Emshi, el exconcejal del Ayuntamiento de Valencia utilizaba la cláusula indemnizatoria recogida en el aparentemente falso contrato de 2004 pero calculaba el importe sobre la base de otro contrato, suscrito supuestamente en 2010, en el que no se preveía indemnización pero Emarsa pagaba más... Ello, afirma la Emshi, "da idea nuevamente del absoluto descaro en la manera de actuar de los querellados".
Gimeno también presentó al cobro un pagaré por importe de 9.722 euros emitido en junio de 2010 que vencía en septiembre de 2010. La Emshi vuelve a expresar sus sospechas, que el juez avala, de que en la recta final de la existencia de Emarsa, disuelta en esas mismas fechas, la máquina de emitir facturas falsas fue puesta a trabajar a pleno rendimiento, que la sociedad fue exprimida hasta el último día: "Hay que señalar que en el procedimiento ha resultado coincidente que las distintas empresas que se investigan tenían pagarés emitidos en fecha próxima a la disolución de Emarsa y con vencimiento en el momento de disolución de la empresa, mientras que los numerosos proveedores de Emarsa cuyas facturas estaban pendientes de pago y referidas a actividades corrientes de la empresa no tenían pagarés con dichas características".
Un supuesto método de estafa muy grosero
- Entre la avaricia y la chapuza. El saqueo de Emarsa, que pagó cantidades millonarias por servicios y suministros inverosímiles, reúne ambas características. Por la cantidad aparentemente defraudada (solo las primeras empresas investigadas facturaron 30 millones a la sociedad de depuración, y no dejan de aparecer nuevas firmas sospechosas) y por la muy rudimentaria forma en que se realizaba. Si no fuera tan grave, dice la Emshi, "provocaría cierta hilaridad".
- Papel reciclado. Lo normal es que una empresa redacte una factura y la presente al cobro a otra. En el caso de las que presentaba la empresa de Juan Carlos Gimeno, exedil del PP, sin embargo, se da un hecho extraordinario. En la cara de atrás de dos de las facturas que presentó a Emarsa "hay impreso nada menos que una previsión de tesorería, que se deduce que es de Emarsa", destaca el juez.
- El despacho de Arnal. Lo anterior lleva a la Emshi a concluir: "Nos encontramos ante una evidencia clara de que dichas facturas, y otras muchas seguramente, fueron elaboradas por la propia Emarsa y, en concreto, en el departamento de Enrique Arnal (ex director financiero y exedil de Unión Valenciana), imputado en la misma causa".
- A piñón fijo. Muchas de las facturas y contratos investigados por parecer falsos llevan la misma fecha. O tienen el mismo objeto y duración. O se pasan facturas por conceptos vagos. O, lo que es peor, se pasan facturas "cuyo concepto es: 'concepto por determinar".
* El País - IGNACIO ZAFRA - Valencia - 09/11/2011
Foto: Manises (Valencia), ayuntamiento - noticiesdevalencia.jpg
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FARODEVIGO* : "El tiempo transcurrido indica que ha habido una dejadez bastante importante". El juez decano vigués mostró ayer públicamente su preocupación por la situación de punto muerto en que está la Cidade da Xustiza por falta de entendimiento entre Xunta y Concello. Germán Serrano alertó de que "ha pasado mucho tiempo" desde que se dio a conocer el proyecto sin que haya habido avances e instó a ambas administraciones a que "se pongan de acuerdo". Las posturas, sin embargo, parecen por ahora inamovibles. La delegada de la Xunta Lucía Molares anunció que se remitió al Ayuntamiento una carta pidiendo una reunión "urgente" para "desbloquear" la situación, pero reiteró el ultimátum ya lanzado por el Gobierno autonómico: o el Concello inicia "ya" las expropiaciones para poner los terrenos a disposición de la Xunta, o la partida de quince millones de euros reservada para construir el edificio se destinará a otras necesidades. El Concello, a través de su gerente de Urbanismo, contestó ayer a la misiva con otra carta en la que muestra su disposición a una entrevista. Pero en la misma se insiste en que procede la declaración de supramunicipalidad, lo que deja en manos de la Xunta el coste total del proyecto, incluyendo la expropiación de las parcelas.
La Cidade da Xustiza empezó a fraguarse en 2003, su proyecto se presentó en 2007 y la inauguración llegó a ser anunciada para el pasado año. Pero cuando ya está a punto de finalizar 2011, la situación parece más enquistada que nunca. Germán Serrano lamentaba ayer este escenario tras mantener una reunión con Lucía Molares y el director xeral de Xustiza, Juan José Martín Álvarez. El encuentro fue convocado por estos últimos. "Pasamos de ser la ciudad pionera en Galicia al hablarse de Cidade da Xustiza a quedarnos atrás, pues otras como Santiago o A Coruña ya han puesto los terrenos a disposición y la Xunta va a acometer la nueva edificación", advirtió, para añadir que este "tiempo transcurrido" sin avances evidencia una "dejadez" en la ejecución de un proyecto necesario para "dar solución" a los problemas de espacio que hay en los dos edificios judiciales.
¿Y cuál es la situación actual? El traslado del Registro Civil al Casco Vello –comprometido para 2013 y que permitirá ganar sitio en los inmuebles– y la "mala perspectiva" en cuanto a creación de nuevos juzgados debido a la crisis económica daría un respiro pasajero a la asfixia de espacio judicial. Serrano reconoce que "a medio plazo" se podría salir adelante, pero hasta ahí. "Después ya habría que tirar de la Cidade da Xustiza", advierte el juez, quien pese a todo muestra su confianza y apela la "buena voluntad" de Xunta y Concello "para que se llegue a una solución satisfactoria".
Posturas
Por lo de pronto, las posturas parecen irreconciliables. La del Gobierno autonómico la dejó ayer clara una vez más Lucía Molares tras la reunión con el decano: "El alcalde de Vigo debe hacer los deberes y poner los terrenos a disposición de la Xunta". Lo hizo tras recordar el antiguo compromiso de Abel Caballero de ceder las parcelas tras unas expropiaciones que en su día valoró en seis millones de euros y que ahora, en un "cambio de rumbo" y "basado en nada", señala Molares, cifra en 21 millones.
La Xunta volvió a esgrimir el informe técnico que hizo público la pasada semana en el que se valoran las expropiaciones en cinco millones –muy por debajo de los 21 que ahora defiende el Ayuntamiento– y en el que se indica que con el procedimiento de ocupación directa de las parcelas, estas estarían libres en seis meses. El tiempo corre y Molares lanzó un ultimátum al regidor: o inicía "ya" las expropiaciones y "desbloquea" la situación o la partida reservada para 2012 para levantar el edificio no se podrá ejecutar, lo que dejaría en el aire la Cidade da Xustiza. "Si no hace la parte que le corresponde, nosotros lo que no vamos a hacer un año más es perder una partida de 15 millones en un momento en el que hay tantas necesidades", alertó.
"Si el proyecto no sale adelante, no es por la Xunta", insistió la delegada, desvelando también que el pasado viernes había enviado una carta a la Alcaldía solicitando una entrevista urgente "con las personas que se considere oportunas" para tratar de "desbloquear" la situación. La contestación a la misiva salió ayer del Concello. Firmada por la gerente de Urbanismo, María Carneiro, y dirigida a Molares, en la misma también se deja clara la posición municipal de no asumir el coste de la expropiación.
La carta acepta el encuentro planteado por la Xunta. "A los efectos de discutir y explicarle personalmente todos los detalles de un proceso de competencia autonómica y de gran importancia para esta ciudad, estaré encantada de reunirme cuando lo estime oportuno, con una simple llamada para que fijemos fecha y hora", dice la gerente de Urbanismo, exponiendo en la comunicación el acuerdo plenario de 2009 "aún en vigor" por el que se decidió –a propuesta del PP, recuerda– solicitar a la Xunta que procediera a la expropiación de los terrenos para la Cidade da Xustiza, y por lo tanto, a su pago íntegro a través de la declaración de supramunicipalidad del proyecto.
Supramunicipalidad
La misiva también reitera que el proyecto presentado por la Xunta no se adecúa al actual diseño del PXOU, lo que, se añade, también obliga al Gobierno autonómico a proceder a este plan de supramunicipalidad "que por supuesto nosotros apoyaríamos desde esta gerencia". Fuentes de la Delegación de la Xunta señalaron ayer por la tarde que aún no habían recibido esta carta del Concello en contestación a la remitida por Lucía Molares.
* Faro de Vigo - 11.11.11
Foto: Vigo, cámara_municipal - João Méndez (wikipedia.org)
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MÁLAGAHOY* : Los empresarios pagaron a Juan Antonio Roca 30,9 millones de euros entre 2004 y febrero de 2006. El exasesor de urbanismo ha reconocido que, cuando menos, esta cifra, que aparece recogida en su contabilidad secreta de Maras, “es aproximada”. Sin embargo, ayer acudió al banquillo de los acusados del caso Malaya cuchillo en ristre para defender la legalidad de estos cobros.
Después del extraordinario balón de oxígeno que regaló a la Fiscalía Anticorrupción el lunes aceptando que había pagado sobornos a los concejales, Roca sacó ayer su lado más bronco para enfrentarse sin miramientos al fiscal Juan Carlos López Caballero en una batalla para defender estos 31 millones.
El Ministerio Público arrancó su interrogatorio sobre los pagos de los empresarios interesándose por los negocios que mantuvo con Carlos Sánchez y Andrés Liétor. Ambos protagonizaron espectaculares pelotazos urbanísticos en los que el exasesor de urbanismo de Marbella solía tener parte. El fiscal entiende que porque allanaba el camino para que consiguieran licencias ilegales.
Roca, en cambio, sostiene que simplemente se aventuraba en operaciones inmobiliarias que salían bien, pero que todo era legal. En cualquier caso, los archivos de Maras indican que Sánchez y Liétor pagaron al exasesor de urbanismo 5,3 millones de euros por negocios en los que había participado con ambos.
Una de las operaciones expuestas por Anticorrupción durante el interrogatorio al que sometió ayer a Juan Antonio Roca fue la de Vente Vacío. En 1996 el principal procesado en el caso Malaya compró una finca rústica al banco Banesto por la que pagó 4 millones de pesetas. Tres años después se la vendió a Carlos Sánchez y Andrés Liétor (CCF 21) por cinco millones de pesetas, aunque la venta no la escrituraron hasta enero de 2003.
Casualmente el Ayuntamiento necesitaba urgentemente una parcela para instalar un vertedero municipal y optó por esta finca. El 10 de septiembre de 2002, incluso antes de que se formalizara en documento público la venta de la finca, el entonces alcalde accidental, Julián Muñoz, firmó un convenio con Andrés Liétor y Carlos Sánchez para cambiar la finca rústica por dos solares de propiedad municipal en la milla de oro.
Lo curioso es que un terreno que había sido vendido por 30.000 euros en 1999 fue tasado a efectos de permuta en septiembre de 2002 (15 día después de firmarse el convenio) en 1,89 millones de euros. En julio de 2003 Juan Antonio Roca, a través de Masdevallía, compró a Carlos Sánchez y Andrés Liétor los suelos entregados por el Ayuntamiento. Una semana más tarde vendió uno por 1,8 millones de euros y año y medio después el segundo por 1,5 millones. En conjunto obtuvo plusvalías de 904.000 euros que Anticorrupción considera que fueron posibles gracias a su “capacidad para disponer de los aprovechamientos municipales”, a la sobrevaloración de la finca rústica y la valoración a la baja de las parcelas municipales.
Anticorrupción interrogó también ayer a Roca sobre otras seis operaciones inmobiliarias realizadas por Carlos Sánchez y Andrés Liétor en la Marbella del GIL que, según la Fiscalía Anticorrupción, implicaron importantes pagos para Juan Antonio Roca a cambio de su mediación para modificar las características urbanísticas de estos suelos. El procesado, en cambio, sostuvo en todo momento que no medió ante el equipo de gobierno, sino que simplemente participó en estos negocios que le reportaron suculentas ganancias.
Las operaciones Ranchotel y Elviria centraron parte de un interrogatorio que tuvo momentos de tanta tensión que el presidente del tribunal, el magistrado José Godino, acabó suspendiendo la sesión a las 11:20 de la mañana para dar un respiro a las partes y que se calmaran los nervios.
El asunto de Ranchotel y Elviria arrancó en 1992. Jesús Gil no había hecho más que tomar las riendas del Ayuntamiento cuando en junio de 1992 aprobó en pleno cambiar tres parcelas municipales por la finca La Mina, propiedad del Banco Exterior de España (BEX). Dos de estas fincas acabaron años después en manos del asesor de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella.
Según Anticorrupción, en diciembre de 2000 Carlos Sánchez y Andrés Liétor (CCF21) compraron Ranchotel y Elviria a Juan Antonio Roca (Mediterránea de Inmuebles) en una complicada operación de compra de un crédito litigioso que el exasesor de urbanismo reclamaba a Gesinar, filial inmobiliaria del BEX. La operación comprendía la cesión del crédito y la entrega a cambio a CCF 21 de varios bienes, entre ellos un cuadro de Sorolla y la finca Ranchotel que en ese momento se valoró en 18.000 euros.
El 14 de marzo de 2001, tres meses después, CCF21 vende Ranchotel a otra empresa por 2,8 millones de euros. La particularidad, según la versión de la Fiscalía, es que 12 días antes la comisión de gobierno había expedido a la compradora final del terreno licencia de obra para levantar 63 viviendas, aunque la licencia fue recurrida por la Junta de Andalucía y ha sido objeto de un procedimiento penal que se sigue en los juzgados de Marbella.
En todo caso, Roca anotó en la contabilidad doméstica que llevaba en Maras un ingreso de CCF21 de 60.000 euros. Ayer admitió que se produjo este pago aunque, en contra del criterio del Ministerio Público, explicó que esta suma correspondía a sus ganancias en este negocio porque en su momento el Ayuntamiento había permutado con el BEX la parcela para comprar el hotel Pueblo Andaluz y como el municipio tenía todo su suelo embargado él entró a título particular en la operación.
Mal rollo en el banquillo
¿Qué le llevó a Juan Antonio Roca a admitir que ha pagado sobornos a los concejales de Marbella? ¿Cómo reaccionarán los concejales? ¿Y los empresarios? El ambiente bulle. La nueva estrategia defensiva del exasesor de urbanismo (pagó cohechos a los ediles pero cobró por negocios legales a los empresarios) ha desestabilizado el banquillo del caso Malaya. Hay quien entiende la nueva posición de Juan Antonio Roca como una traición a acusados que ya han declarado, han sido leales y negado que los archivos de Maras sean una contabilidad secreta, como él ahora admite. Ahora se ven haciendo equilibrios en el vacío. Otros entienden que el cambio de Roca encierra un pacto o al menos una declaración de intenciones prenegociada. En cualquier caso, los concejales han quedado en una situación difícil: les ha atribuido un delito de cohecho, leve, pero cohecho. Los empresarios también están inquietos. Temen que el tribunal dé crédito a parte de la declaración de Roca (los archivos de Maras son la contabilidad oculta) pero no a las explicaciones sobre el dinero que le entregaban (que cobraba cantidades millonarias por informes discutibles o que hacían juntos negocios). Incluso hay quien entiende que es una cuestión de oportunidad: a cambio de “regalar el pleito al fiscal” aligera el disfrute de permisos carcelarios.
* Málaga Hoy - ENCARNA MALDONADO - 09.11.2011
Foto: Marbella, Roca llegando al juzgado - EFE
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ELPAÍS/Madrid* : La Sección 2ª del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado con su sentencia del 29 de septiembre pasado el presupuesto del Ayuntamiento de Majadahonda de 2010 por incumplir la Ley del Suelo regional y el artículo 193 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. El fallo judicial se ha dictado después de que los componentes del anterior Grupo Municipal Socialista de Majadahonda presentaran un recurso contencioso-administrativo al considerar ilegales los presupuestos de 2010 del Ayuntamiento encabezado por el popular Narciso de Foxá. Las cuentas de Majadahonda son, así, las segundas anuladas por los magistrados de la Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo, ya que el mismo 29 de septiembre estos jueces anularon las del municipio de Las Rozas de 2009.
Los jueces del TSJM sostienen que el equipo de gobierno de Majadahonda vendió suelo municipal y con el dinero recaudado sufragó el gasto corriente de los presupuestos municipales, según la sentencia, que indica que este trasvase de dinero está prohibido por la Ley del Suelo regional.
El fallo considera, además, que las cuentas presentadas por el Ayuntamiento encabezado por Narciso de Foxá tratan de "eludir el cumplimiento de la ley", puesto que el dinero procedente de la venta de parcelas se dedicaba a lo que calificaban como "programas de interés social": "Y esto constituye un mecanismo para eludir los límites establecidos en la Ley del Suelo de Madrid", destaca el tribunal madrileño.
Además, el TSJM argumenta que el presupuesto no cumple con "la nivelación" a la que obliga la Ley de Haciendas Locales, ya que arrastra del año anterior un déficit que el alcalde majariego cifra en seis millones de euros. La exigencia de nivelación de los presupuestos de un Ayuntamiento significa que de un año a otro los presupuestos municipales no pueden arrastrar deudas, sino que tienen que compensarlas reduciendo el gasto o aumentando los ingresos, logrando que la resta entre los ingresos y los gastos dé el resultado de cero. Otro de los motivos por los que la sentencia justifica la anulación de los presupuestos es porque estos asignan el dinero del urbanismo a los gastos corrientes y no a las inversiones, infringiendo de esta forma el artículo 5 de la Ley de las Haciendas Locales.
El primero en el Ayuntamiento en conocer la anulación de los presupuestos de 2010 fue el portavoz del PSM-PSOE local, Borja Cabezón, quien destacó "la falta de rigor" de las cuentas del PP a lo largo de los últimos años. "No entendemos la razón por la que suben a todos los vecinos el impuesto de bienes inmuebles (IBI), con la única intención de pagar el agujero creado por el desfalco de la corrupción de sus propios gobiernos".
Para el portavoz socialista, la gestión del alcalde "es lamentable y costosa para los vecinos". Y como ejemplo de reducción del gasto, Cabezón apunta una posibilidad: "Reducir los contratos inflados que se firmaron con ciertas empresas en la etapa golfa del Gürtel". Para aumentar sus ingresos, Narciso de Foxá debería, según el edil socialista, pedir a los adjudicatarios de las concesiones que paguen sus deudas. "En Majadahonda se sigue regalando el suelo: una concesión de un gimnasio privado paga 1.000 euros al mes por 28.000 metros cuadrados. Es una vergüenza. Y luego dicen que tienen que recortar en clases de apoyo escolar, en ayudas a viviendas para jóvenes, en sanidad o en servicios sociales".
En Izquierda Unida, el edil Juancho Santana coincidió con los socialistas en considerar "desde un principio" que los presupuestos del PP "eran ilegales".
Por su parte, el alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, apostó por llegar a un acuerdo con los socialistas: "Podemos hacer dos cosas: o llegar a un acuerdo con el PSOE para que esperen hasta enero, mes en el que acabaremos con las deudas, o pedir un crédito. A mí no me hace falta pedir un crédito porque pago a mis proveedores a 55 días", relata el regidor. No obstante, el primer edil reconoce que la ley ha anulado su presupuesto: "Por lo que antes de ir a un juzgado voy a cumplir el fallo. Hace mucho tiempo que me dije a mí mismo que no iba a pisar un juzgado, por lo que si el PSOE no se compromete y me denuncia tendré que pedir un crédito. Pero a mí me gustaría llegar a un pacto para esperar hasta enero, ya que si pido un crédito se generan una serie de gastos asociados, como por ejemplo la comisión de apertura y los intereses. Y todo esto nos lo podríamos ahorrar".
Las sentencias
- La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado el presupuesto del Ayuntamiento de Las Rozas para el año 2009 por, entre otros motivos, no ajustarse a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- La misma Sección Segunda del TSJM anula los presupuestos del Consistorio de Majadahonda por vulnerar las mismas leyes: la del Suelo autonómico y la de las Haciendas Públicas.
- En ambos casos, los denunciantes son los grupos municipales socialistas de cada Ayuntamiento, cuyas cuentas ya habían sido anuladas otros años, sin que hubiera consecuencias.
* El País - TONO CALLEJA - Majadahonda - 10/11/2011
Foto: Majadahonda (Madrid) - wikipedia.org
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MADRILONIA* : Madrid, del 10 al 12 de noviembre.
En la última década y media, los espacios urbanos, el territorio y todos los recursos naturales (suelo, agua, ecosistemas), han sido objeto de un enorme y sostenido expolio, que sin embargo ha permitido sostener una de las etapas de crecimiento económico más largas de las últimas décadas.
Por sólo recoger algunos datos, entre 1986-2006, las superficies artificiales crecieron en un 60 %, se construyeron contra viento y marea las macroinfraestructuras más inverosímiles (desde grandes obras hidráulicas hasta superpuertos, pasando por megacasinos y gigantescas “ciudades de vacaciones”) y el Estado español se convirtió en el primero de Europa en km. de autovía y TAV. De otro lado, los gobiernos urbanos se han volcado cada vez más en la promoción turística e inmobiliaria, al mismo tiempo que las grandes corporaciones de la construcción y la industria financiera reforzaban su posición oligárquica a una escala que ya no sólo se puede entender en términos locales o regionales, sino también globales. Producto de todo ello, los precios de la vivienda se multiplicaron por tres, se produjo una nueva ola de destrucción de importantes bienes de valor ambiental, cultural y social, y se animó una fuerte empresarialización de las administraciones públicas, cada vez más controladas el entramado inmobiliario-constructor.
El número de implicaciones de este tipo de “régimen inmobiliario” son tales, que bien podríamos decir que aquí se anudan los principales elementos del capitalismo local. Sumergidos ahora en un largo estadio de crisis, del que no parece que haya una salida ni fácil ni inmediata, es necesario hacer balance. Y esto no tanto con el único objeto de hacer un inventario de las recientes catástrofes, sino también y sobre todo, con la intención de prevenir lo que parece la salida natural de muchas economías urbanas y turísticas: la reanudación de un nuevo ciclo inmobiliario. Desde esta perspectiva, pocos temas podrían ser más interesantes como objeto de estas Jornadas.
* Madrilonia - 10.11.11
Foto: cartel
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ELPAÍS/Almería* : Otro nuevo conflicto en el laberinto judicial en torno al hotel construido en El Algarrobico, en el parque natural de Cabo de Gata. Un juez de lo Contencioso-administrativo ha rechazado ordenar la ejecución provisional de la sentencia que declara nula de pleno derecho la licencia municipal de obras del hotel de Azata del Sol en Carboneras (Almería). El auto considera que la demolición de lo construido "llevaría consigo perjuicios ciertamente irreparables e irreversibles" para la promotora del establecimiento. La decisión final sobre el hotel y su licencia está pendiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
El juez deniega la solicitud que, en septiembre, fue presentada por los colectivos conservacionistas Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción. Con su demanda perseguían que el Ayuntamiento de Carboneras dictaminase a su vez la nulidad del acto administrativo en el que se aprobó la licencia de obras para, de este modo, eliminar cualquier "obstáculo legal" para acometer el derribo del inmueble de una veintena de plantas y 411 habitaciones.
Una docena de resoluciones judiciales apuntan que la construcción del edificio a 28 metros del mar no fue conforme a derecho. Entre ellas, una emitida en septiembre de 2008 por el mismo juez que paralizó las obras, apreciaba indicios de nulidad en la licencia por no haber tenido en cuenta ni el deslinde de 100 metros, ni que los suelos figuraban como protegidos. La sentencia fue recurrida por Consistorio y promotora ante el TSJA.
Este tribunal ya dictaminó que la zona en la que se levantó el polémico hotel -actualmente paralizado- estaba considerada ya como un "espacio natural protegido, no urbanizable" en el PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales) del parque de 1994.
* El País - MARTA SOLER - Almería - 09/11/2011
Foto: Hotel construido en el paraje de El Algarrobico- J. ROJAS - elpais
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LAINFORMACIÓN* : 'Muerte y vida de las grandes ciudades' (Capitán Swing) supuso toda una revolución en la forma de concebir las grandes ciudades. En el libro Jane Jacobs hace una crítica feroz a la concepción de muchas como Boston, Chicago o Nueva York. 50 años después de su primera publicación el libro sigue de plena actualidad.
"Este libro es un ataque contra el actual urbanismo y la construccion humana", reza la propia introducción. 50 años después de la publicación de Vida y muerte de las grandes ciudades de Jane Jacobs, la editorial Capitan Swing ha vuelto a editar la obra y ya va por su segunda edición. La vigencia de los pensamientos y teorías de Jacobs es la principal baza para demostrar la revolución de sus ideas.
Divulgadora científica, teórica del urbanismo y activista político-social, Jane Jacobs hace en este manual una crítica a las prácticas llevadas a cabo en las grandes ciudades de Estados Unidos durante los años 50. "Mi ataque no se basa en objeciones nimias sobre los diferentes métodos de edificación ni en distinciones quisquillosas sobre los diseños de moda. Es más bien un ataque contra los principios y los fines que han modelado el moderno y ortodoxo urbanismo y la reconstrucción urbana", afirma la propia autora.
Jacobs establece cuestiones que hasta 1961 nadie había planteado a la hora de diseñar la estructura de una ciudad o de un barrio como la importancia de la relación de las personas con el espacio público o la primacía de la calle como aglutinador de la vida de los barrios. Jacobs repara en cosas corrientes y vulgares hasta el momento olvidadas por otros teóricos, centrados más en el ensayo y error, en el fracaso y el éxito.
La autora utiliza en su estudio del urbanismo datos como el nivel de delincuencia, las enfermedades o la mortalidad infantil. También lo que verdaderamente necesitan los ciudadanos sin utilizar un estándar. Habla de lo inútil que resulta planear la apariencia de una ciudad o especular sobre la mejor manera de darle una buena apariencia sin conocer antes su funcionamiento. Básicamente dota al urbanismo de sentido común.
Así, en la primera parte del libro hace una observación de lo cotidiano, de los acontecimientos más corrientes, en la segunda se centra más en el componente económico de las ciudades para examinar el comportamiento de la decadencia y la regeneración en una tercera.
* La Información - 05/11/2011 | Ylenia Álvarez
Foto: Jane Jacobs, urbanista - lainformación
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BAHÍADECÁDIZ* : Ecologistas en Acción ha mostrado su oposición y rechazo al reciente acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María favorable al indulto de cuatro constructores de viviendas ilegales y evitar así su demolición.
“Es lamentable que se tenga que recordar a los políticos que las leyes están para cumplirse y más cuando se trata de conductas gravísimas, que en ocasiones pueden incurrir en delitos tipificados en el Código Penal”, apostillan desde el colectivo verde.
“Si primero se prometió por parte del PSOE e IP legalizaciones a mansalva, después el PP, con el aplauso vergonzoso del Pleno, prometió que paralizaría las sanciones a los que han construido de forma ilegal en suelo no urbanizable, y ahora, de nuevo con el apoyo lamentable del Pleno (PP, PA e IP), solicita el indulto para evitar la demolición de varias viviendas ilegales. Todo menos cumplir la Ley, que obliga de forma taxativa a derribar las construcciones ilegales, y si no la derriba el propietario, a imponer multas coercitivas hasta que lo haga, y si no lo hace, demoler por la administración repercutiendo el coste en el propietario”, remarca Ecologistas en un comunicado remitido a Diario Bahía de Cádiz.
De este modo, se lamentan que en El Puerto “no se derriba nada, el Ayuntamiento no ha demolido ni una sola de las miles de viviendas ilegales, muchas con orden de demolición amparada por los tribunales”. Este convencimiento de impunidad “es el que ha provocado la proliferación de este cáncer que ha destruido parte de nuestro territorio e hipotecado de forma irreversible el ordenamiento de nuestro municipio”.
Ecologistas en Acción llama la atención de la irresponsabilidad que supone el anuncio tanto de la suspensión de sanciones como la de apoyo a indultos de demoliciones “ya que va a provocar una nueva avalancha de construcciones ilegales al saberse inmunes a los expedientes ya que a medio plazo se paralizarán o en todo caso las multas se descontarán de sus gastos de urbanización o en último término si se dicta sentencia de demolición, ésta no se llevará a cabo por la aplicación de un indulto”.
Esta asociación conservacionista tiene claro que la única arma eficaz contra esta lacra de la construcción ilegal es la aplicación estricta de la ley “con la demolición de lo construido e imposición de multas”. De hecho, estas medidas sancionadoras y el envío a Fiscalía de varios casos de construcciones irregulares “es lo que ha paralizado en parte en estos tres últimos años este fenómeno en El Puerto”.
CONTRAVIENE CASOS COMO EL DE LAS BEATILLAS
El concejal de Urbanismo, Diego Muñoz, explicó que en este caso se trata de una vivienda construida en la zona conocida como Hoyo 15, zona considerada en el documento de Aprobación Provisional III del PGOU como suelo urbano no consolidado, “lo que conlleva, en caso de que la Junta lo apruebe tal y como queda, su legalización tras el cumplimiento de los deberes urbanísticos que determina el plan”.
En la moción aprobada en el Pleno se explica que la sentencia fue dictada en aplicación de una determinada normativa, pero que ésta “es previsible que sea modificada al llegar la ejecución de la sentencia, por lo que si bien es cierto que la demolición sería totalmente posible, la realidad jurídico material devendrá en legal en el transcurso del procedimiento jurídico”.
A juicio de Ecologistas, este argumento para apoyar este indulto “es una medida que contraviene la doctrina del Tribunal Supremo en casos como el de Las Beatillas”. En el fallo judicial que ordena su derribo, rechazaba que la demolición sea una medida “desproporcionada” y consideraba que evitar el derribo supondría ratificar “una conducta dirigida a conseguir por la vía de los hechos consumados lo que jurídicamente es inviable”. También la Fiscalía de Medio Ambiente se ha posicionado en contra de condonar las casas ilegales por fomentar “el efecto llamada” sobre este tipo de delitos.
Y por si no estuviera claro cuales son las responsabilidades de las administraciones públicas, el Tribunal Constitucional ha fallado en casos similares que no se puede suspender la ejecución de una sentencia firme de derribo de una edificación ilegal por el mero hecho de que se vayan a acometer cambios en la normativa urbanística del municipio para regularizarlas. “Es una importante sentencia que sienta una jurisprudencia, y que afecta de forma sustancial a los miles de expedientes existentes contra viviendas ilegales en municipios de la provincia de Cádiz –sobre todo en El Puerto y en Chiclana-, y que los respectivos ayuntamientos pretenden paralizar en base a futuras legalizaciones. Ningún Ayuntamiento, ni ningún Tribunal, pueden platear estos indultos de viviendas ilegales con la excusa de que están pendientes de regularización por modificaciones en sus planeamientos municipales” insisten desde este colectivo.
Por último, Ecologistas en Acción ha requerido al Ayuntamiento portuense para que informe sobre los expedientes que se han abierto, multas impuestas así como órdenes de demolición dictadas en los últimos cuatro años bien de oficio o a instancia de las numerosas denuncias que han sido presentadas todo ello en cumplimiento de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
* Bahía de Cádiz - 9.11.11
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), viviendas ilegales carretera Sanlúcar - diariodecadiz.com
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LEVANTE* : El magistrado que instruye la causa sobre el saqueo en la depuradora de Pinedo ha abierto una nueva línea de investigación, esta vez con dos empresas de ingeniería que asesoraban a la extinta Emarsa. Para aclarar estas posibles irregularidades, el juez ha imputado al administrador único de estas firmas, el exconcejal del Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Gimeno, por presuntos delitos de estafa y falsificación documental. Además, en esta parte de la investigación también citará a declarar al exgerente de la depuradora de Pinedo Esteban Cuesta, al director financiero de la sociedad Enrique Arnal y al expresidente de Emarsa y alcalde de Manises, Enrique Crespo. Los tres ya imputados por diversos delitos en esta causa.
El juez, motivado por una ampliación de querella presentada por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), ve en los negocios de Gimeno presuntas irregularidades. Entre ellas duda de la autenticidad del contratos firmado entre su empresa, Instituto Empresa del Mediterráneo, y la depuradora. Considera que la facturación realizada podría ser ilegal, con el agravante que estos documentos falsos se habrían hecho en las propias dependencias de Emarsa con la consecuente connivencia de los directivos de Emarsa.
El magistrado recuerda en el auto que Gimeno fue encargado de gestión ambiental de Emarsa entre 1997 y 2004, «fecha en que percibió como finiquito la suma de 71.129 euros». «Apenas ocho días antes constituyó junto a su esposa, Instituto de Empresa, y fue nombrado administrador único de la sociedad», añade.
El instructor aprecia que antes de la inscripción de la empresa en el registro mercantil, Gimeno ya suscribió un contrato de arrendamientos con Emarsa por el que percibía 3.500 euros mensuales. Es decir, en días pasó de cobrar como asalariado a percibir una remuneración mensual como asesor externo, algo que hace dudar al magistrado sobre la autenticidad del contrato.
Demanda de Gimeno
Este compromiso fue rescindido unilateralmente por la Emshi cuando liquidó Emarsa. Por este motivo, Gimeno denuncio a la Emshi y le exige 360.000 euros. El juez cree, tras aportar datos y documentos, que con esta demanda el propio Gimeno podría estar cometiendo un hecho «constitutivo de un delito intentado de estafa agravada por la cuantía de la defraudación pretendida».
Por otra parte, en varias facturas del Instituto Empresa del Mediterráneo cobradas a Emarsa aparecen balances de tesorería de la depuradora de Pinedo en el reverso. Es decir, papel oficial de Emarsa en facturas de una empresa privada. Este hecho ha motivado al juez instructor a pensar que existe «un claro indicio de la falsificación de tales facturas, cuya mera apariencia, sin ser perito, induce ya a pensar que son inauténticas». «Es más, a la vista de los documentos aportados existen motivos bastantes para pensar que tal falsificación se hizo en las dependencias de la propia Emarsa», asegura el juez. El magistrado remitirá los documentos a la Brigada Provincial de la Policía Científica.
Así, concluye el juez instructor, «existen pues, motivos bastantes para creer que el señor Gimeno, por medio del Instituto de Empresa del Mediterráneo se concertó con otras personas ya imputadas en la presente causa –Crespo, Arnal y Cuesta– para obtener un beneficio ilícito a costa de la sociedad Emarsa».
Gimeno explicó ayer a Levante-EMV que tiene la conciencia «muy tranquila» y que todos los trabajos que sus empresas han facturado a la depuradora de Pinedo «están hechos». Además se mostró seguro de ganar la demanda interpuesta a la Emshi.
Concejal, diputado y trabajador de Emarsa
Juan Carlos Gimeno es un viejo conocido de la política valenciana. Empezó su carrera como concejal de Alianza Popular en el Ayuntamiento de Valencia en el año 1983, donde hizo trabajos de oposición al PSPV hasta el año 1991. Justamente ese año su partido, ya transformado en Partido Popular, gana las Elecciones Municipales en la capital del Turia y corona a Rita Barberá como alcaldesa.
Gimeno es nombrado tras esos comicios concejal en el Ayuntamiento de Paterna por el PP. Su experiencia la abre las puertas de la Diputación de Valencia donde es diputado provincial durante esa legislatura. Su trayectoria política se va diluyendo y en la legislatura 1995-1999 sólo es edil de la oposición en Paterna.
Durante esos años y con el PP controlando la entidad metropolitana entra a formar parte de la plantilla de la depuradora de Pinedo como encargado de gestión medioambiental, concretamente el 23 de septiembre de 1997.
Trabaja en Emarsa hasta el 21 de octubre de 2004, al poco tiempo de que el exalcalde pedáneo de Benimàmet, Esteban Cuesta, asumiera la gerencia. Al tiempo constituye varias empresas y fundaciones relacionadas con la consultoría medioambiental y se convierte en proveedor de la depuradora. Entre 2004 y 2010 factura a la planta de Pinedo 304.872 euros a través del Instituto de Empresa del Mediterráneo y 119.608 euros con su firma Adecua. Dos fundaciones que dirige reciben unos 11.000 euros por varios trabajos.
* Levante - 9.11.11
Foto: Valencia, ayuntamiento - wikimedia.org
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ELPAÍS/Marbella* : Han tenido que transcurrir 104 jornadas de juicio del caso Malaya para que Juan Antonio Roca dé su brazo a torcer. En una declaración trascendental, el cerebro de la corrupción en Marbella (Málaga) admitió ayer que recibió dinero -hasta 33,3 millones de euros- de empresarios con intereses en la localidad. También admitió que de su bolsillo salieron no menos de tres millones de euros en sobres de dinero negro que fueron a parar a los concejales del equipo de gobierno marbellí tras la moción de censura que desbancó en agosto de 2003 al entonces alcalde Julián Muñoz. Roca, además, reconoció expresamente como suya la contabilidad secreta hallada en su despacho particular de la sociedad Maras Asesores: "En su inmensa mayoría esos apuntes son ciertos", afirmó. Esta confesión deja en una posición muy difícil a las defensas de los 91 procesados en el macrojuicio que todavía no han alcanzado un acuerdo de conformidad con el fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero.
El espectacular testimonio de Roca, que lleva privado de libertad desde su detención el 29 de marzo de 2006, debe no obstante matizarse. El exasesor urbanístico tuvo ayer buen cuidado de no vincular los cobros a los empresarios y los pagos a los ediles a la concesión de licencias o actos administrativos ilegales.
Roca admitió que tres empresarios -el fallecido Emilio Rodríguez Bugallo, de Construcciones Salamanca; Francisco García Lebrón, de Aifos; y Fidel San Román- le abonaron en torno a 3,5 millones de euros por su labor de "asesoramiento" en la compra de terrenos en Marbella y su posterior desarrollo urbanístico. En cuanto al resto de empresarios supuestamente pagadores -un total de 16-, Roca afirmó que los ingresos reflejados en la contabilidad secreta de Maras obedecen a sus "negocios privados" con estos promotores.
Roca afirmó que la asesoría a los tres empresarios no se concretó en licencias ni en beneficios para sus contratadores. "En el caso de Fidel San Román, el asesoramiento que le di fue nefasto, fatal. Me pagó un millón de euros a mí y otros cuatro al Ayuntamiento y la Junta de Andalucía no aprobó la licencia. Ahora tiene un papel precioso, pero nada más", ironizó Roca.
En el caso de los sobres con dinero negro abonados a los concejales marbellíes, Roca los calificó de "gratificaciones". El objeto de estos pagos era mantener engrasada la fidelidad de los ediles al proyecto gilista tras la moción de censura de 2003. "Gratificaba a los concejales para que permanecieron unidos hasta el final del mandato, para que no hubiera tránsfugas y no abandonaran la disciplina", aseguró.
Los sobornos a los concejales, explicó, iban en función de la jerarquía de estos en el equipo de gobierno. Así, el dinero que cobraban los tenientes de alcalde y los portavoces de los grupos municipales era el doble del que percibían los concejales rasos. Roca también aseguró que los perceptores de sus sobres eran los portavoces de los grupos del tripartito que derrocó a Julián Muñoz tras la moción de censura: la exalcaldesa Marisol Yagüe, del Grupo Independiente Liberal (GIL), la exsocialista Isabel García Marcos y el exandalucista Carlos Fernández, prófugo de la justicia.
Una por una, Roca fue poniendo nombre a las iniciales de los concejales que aparecían en su contabilidad asociados a los sobornos. El exasesor reconoció haber sufragado una operación de cirugía estética de la exalcaldesa Marisol Yagüe en 2005: "Fue un préstamo que luego le desconté de su gratificación", dijo.
Sin embargo, Roca rechazó que los pagos a los ediles fueran recompensas a acuerdos concretos del equipo de gobierno o a actos tanto legales como ilegales que le beneficiaran, como sostiene el fiscal, Juan Carlos López Caballero. Según fuentes judiciales, Roca trata de evitar una condena por cohecho para acto ilícito, que implica cárcel, y busca que sus pagos se consideren cohecho impropio, es decir en función de su cargo sin contraprestación alguna. Este tipo de soborno más leve, por el que está acusado el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, solo acarrea multa.
Fuentes de la defensa de Roca como de la fiscalía afirmaron que la declaración del exasesor "no forma parte de ningún tipo de acuerdo entre las partes", y que obedece a una "reflexión de meses" del cerebro de la trama.
La jornada de ayer se inició con un nuevo acuerdo de conformidad. El empresario Eusebio Sierra admitió haber pagado 60.000 euros "a requerimiento de Roca" a cambio de que el exasesor le agilizara el reconocimiento de una deuda que el Ayuntamiento mantenía con su empresa, Proincosta. A cambio, Sierra ve reducida su pena a seis meses de prisión y 48.600 euros de multa cuando el fiscal le reclamaba dos años de cárcel y 120.000 euros.
* El País - FERNANDO J. PÉREZ - Málaga - 08/11/2011
Foto: Juan Antonio Roca, en un momento de su declaración.- JULIÁN ROJAS - elpais
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ELECONOMISTA* : Nuevo frente abierto en la CAM. El presidente de la Comisión de Control de la entidad, Juan Ramón Avilés, puede enfrentarse a una investigación por presuntas irregularidades urbanísticas en el municipio murciano de Sucina. En un escrito al que ha tenido acceso elEconomista, el fiscal solicita al juzgado de instrucción nº8 de Murcia abrir diligencias ante un posible caso de estafa procesal y falsificación de documentos públicos en relación a una denuncia por una operación llevada a cabo por una de sus promotoras: Residencial Sucina.
Avilés fue denunciado por un antiguo socio suyo, José Antonio Albadalejo, por incumplimiento de un contrato y, posteriormente, por falsedad documental junto a su hijo y varios funcionarios del Ayuntamiento, al entender que para su defensa había utilizado escritos municipales falsificados. El pasado mes de junio, el juez archivó el caso por un defecto de forma, al considerar que el procedimiento debería revestir la forma de querella y no de denuncia. Albadalejo presentó un recurso, al que se suma ahora el de la Fiscalía, solicitando la admisión del mismo "al compartirse los argumentos de la parte recurrente".
Procedimiento pendiente
El fiscal Miguel de Mata Hervás sostiene en su escrito que "nos encontramos ante un procedimiento pendiente en el que el juez instructor admitió a trámite la denuncia y dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesó la práctica de diligencias de investigación que fueron acogidas por el juez instructor, haciendo suyo el ejercicio de la acción penal".
Para la Fiscalía, al existir un procedimiento ya iniciado, con asunción por el Ministerio Público de la acción penal, procedería exigir a los denunciantes, para tenerlos como parte en el procedimiento, la presentación de querella y fianza, pero nunca el archivo automático.
Avilés y su familia controlan de forma directa o indirecta al menos seis promotoras inmobiliarias en Sucina: Altos del Molino, Campo de Sucina, Roig Coll, La Vereda, Los Porches y Residencial Sucina. En ésta última figura además como apoderada su hermana, Josefa Avilés Olmos, alcaldesa pedánea del municipio hasta el pasado 22 de mayo. En los últimos años, Juan Ramón Avilés ha recibido créditos de la CAM por valor de casi 30 millones.
Ahora, además del presidente de la Comisión de Control de la entidad, fueron denunciados su hijo, Ginés Avilés; la subdirectora de Servicios Generales de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, el jefe de la Sección de Información, dos secretarios, la subdirectora de Servicios Generales y un inspector. Los hechos se remontan a 2003. Albadalejo, que ha denunciado también a otras sociedades de Avilés por múltiples irregularidades y construcción sin licencia, decidió entonces salir del capital de Residencial Sucina, en la que había entrado dos años antes a través de la sociedad Proalpe.
Como forma de pago se acordó la entrega de una promoción -algunas viviendas ya se habían vendido-, pero, siempre según la denuncia, Avilés incumplió sus obligaciones contractuales y no terminó las obras pendientes. Según Albadalejo, "para justificar su incumplimiento y la imposibilidad de construcción de las instalaciones deportivas (que estaban pendientes), aseveran su condición de zona Zepa (de especial protección avícola), cuando anteriormente habían presentado documentos en los que se decía lo contrario".
Avilés: "Está todo archivado"
Juan Ramón Avilés asegura haberse enterado por elEconomista de la petición del fiscal, que lleva fecha del 18 de agosto de 2011, ya que daba el asunto por archivado, a falta del recurso de los denunciantes. "Está todo archivado, yo fui con mi hijo y pedí declarar al juez, pero no me dejó porque lo iba a archivar, y lo archivó, no entiendo qué es lo que pide el fiscal", afirmó.
A raíz de la llamada de este periódico, Avilés y su abogado pidieron información al juzgado, que les confirmó la petición del fiscal. "Nos han dicho que es una discusión teórica entre el juez y el fiscal sobre si tienen que presentar una querella en otro procedimiento, pero yo creo que el juez lo ha dejado muy claro y no va a cambiar de opinión", explicó. El presidente de la Comisión de Control de la CAM, que se muestra "harto de este asunto", añadió que "el juez les ha dicho al denunciante y al fiscal que si ven algún delito presenten una querella. ¿Por qué no la presentan, por qué no presenta el fiscal una querella como es su obligación si ve un delito?".
* El Economista - Javier Romera / Javier Alfonso - 7.11.11
Foto: CAM - finanzas
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ELPAÍS/Entrevista* : Jon Aguirre Such aparece impecablemente vestido con su americana negra, recién afeitado, con ese aspecto de ‘dandy’ que siempre llamó la atención entre las masas de quincemayistas de la Puerta del Sol. Este arquitecto donostiarra de 27 años es uno de los rostros más reconocibles del 15-M a pesar de que el movimiento procura que no se le identifique con rostros. Su discurso nítido, certero y preciso, le ha hecho ganarse un espacio. Es portavoz de Democracia Real Ya, la plataforma ciudadana que prendió la mecha, la que convocó la ya histórica manifestación del 15 de mayo de 2011. “Como soy un poco sinvergüenza en todas las facetas de la vida y tenía experiencia hablando en público, en seguida me propusieron ser portavoz”.
Ha participado en las Comisiones de Comunicación y Medio Ambiente de Sol. Trabaja en Paisaje Transversal, plataforma que gestiona nuevos modelos de gestión urbana y acción territorial y en la que se promueve la participación ciudadana. Para esta entrevista se hace eco de algunas de las reivindicaciones del 15-M en el campo del urbanismo y la acción territorial.
* La burbuja inmobiliaria. Dice que todo tuvo su origen en la Ley del Suelo de 1998, con el Gobierno de Aznar. “A partir de ese momento, todo el suelo de España es urbanizable salvo el protegido. Como dice un profesor amigo mío, en España se puede edificar en todas partes salvo en las cimas de las montañas. Se empieza a construir a mansalva y eso, unido a toda la trama financiera que hay detrás, genera la burbuja”.
Despotrica del modelo urbanístico sometido a la esclavitud del coche y de la megalomanía de alcaldes que intentaron seguir el efecto Guggenheim: cita esas grandes obras, como el Centro Niemeyer de Avilés o la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia que han acabado, considera, en fracaso. “Reclamamos una Ley del suelo distinta, una transparencia en la gestión urbanística y una participación de los ciudadanos en la acción territorial. Hay que poner coto a las obras faraónicas y llevar el dinero a equipamientos útiles”. Propone que se desclasifiquen terrenos, o sea, que algunos dejen de ser urbanizables. Y que, si es necesario, se proceda a la demolición de edificios (“como ya se hace en Estados Unidos”) para recuperar espacios, parques y equipamientos sociales. ”Hay que volver la mirada hacia dentro, poner freno al crecimiento de las ciudades. El modelo actual es insostenible: el sector urbanístico, en vez de ser un instrumento público promueve estrategias de especulación y corrupción”.
Desde el 15-M, explica, se reclama que haya una Oficina de alquiler público y que se lleve a cabo una estricta política para el control de la vivienda vacía. El arquitecto donostiarra recuerda que en Holanda las viviendas que quedan vacías un año son expropiadas. “Hay que impulsar el alquiler. Si los bancos sacaran al mercado los pisos que tienen, bajarían los precios. Son reacios a hacerlo porque perderían miles de millones. Pero es que son los bancos los que se tienen que tragar toda esa especulación, no las familias a las que están desahuciando”.
* El 15-M y el 20-N. Para las próximas elecciones augura alguna que otra sorpresa en los resultados, más fruto de su esperanza que de su certeza, pero no la concreta. “A partir de ahí, supongo que el PP obtendrá mayoría absoluta”. En cualquier caso, sostiene que con el actual “sistema bipartidista” es muy difícil cambiar la realidad. “Lo importante es que la gente vote en conciencia, sabiendo lo que está haciendo, que no vote por miedo o por reaccionar a la contra”.
Aguirre Such considera que el 15-M es una apuesta a medio-largo plazo: “La inercia política de un país no se cambia en seis meses”. Respecto al futuro del movimiento de los indignados, es claro: “Nuestra fuerza está en nuestra horizontalidad: esto va a seguir adelante pese a quien pese”.
* El movimiento 15-M no tiene líderes. Las personas que han accedido a aparecer en esta serie simplemente intentan trasladar la voz de asambleas y grupos de trabajo.
* El País - JOSEBA ELOLA Madrid 3 NOV 2011
Foto: Indignados urbanismo 15M, Jon Aguirre - elpais
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PÚBLICO* : La sombra del caso Gürtel ha caído de nuevo a plomo sobre el extesorero del PP, Luis Bárcenas, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) acaba de citar para el día 23 como imputado por su presunta participación en el amaño de un contrato, el de la Variante de Olleros de Alba (León), que deparó a la constructora Teconsa 2,8 millones de euros en 2002 a cambio, supuestamente, de repartir 120.000 euros en sobornos.
Según la Fiscalía Anticorrupción, Bárcenas, sobre quien ya no pesa ninguna imputación en la causa que se sigue en Madrid, recibió aquí 18.600 euros por poner sus influencias al servicio de la red de Francisco Correa, igualmente imputado en esta nueva investigación junto con su número dos, Pablo Crespo. Ayer, el entorno del extesorero conservador recalcó que Bárcenas “no está preocupado” porque “nada tiene que ver” con los hechos investigados. “El no es la persona que aparece en los documentos incautados bajo la sigla L.”,remacharon esas fuentes.
Exonerado por el juez del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira en lo que respecta al tronco principal del caso, Bárcenas declarará ante el tribunal castellano-leonés un día antes que el exdiputado del PP Jesús Merino. Senador por Cantabria hasta que su imputación en el caso Gürtel forzó su dimisión en el verano de 2009, Bárcenas se encuentra pendiente de otra probable imputación: la que, salvo viraje extremo, acordará el Tribunal Superior valenciano (TSJCV) cuando arranque de manera efectiva su investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP en connivencia con la trama corrupta. El extesorero mantiene, además, un recurso ante el Supremo contra la decisión del TSJM de enviar el caso a la Audiencia Nacional.
Anticorrupción, enfrentada al juez Pedreira desde que levantó a Bárcenas la imputación por delito fiscal, cohecho (soborno) y blanqueo, mantiene recurrida su exculpación ante la Sala del TSJM. Adicionalmente, ha articulado otra maniobra para llegar al extesorero del PP: pedir al TSJM que impute de nuevo a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, por un delito fiscal presuntamente cometido en 2006. El ingreso en metálico de 500.000 euros en una cuenta bancaria es la clave de la petición de la Fiscalía. Los Bárcenas sostienen que aquel medio millón procedía de la venta de unos cuadros y han aportado documentos en apoyo de su versión.
Pedreira entiende que la repetición de las siglas “L.” y “L.B.” en la contabilidad secreta de la red corrupta no basta para concluir que esas iniciales esconden el nombre de Bárcenas. Y replica a Anticorrupción que, hasta la fecha, no ha aportado datos que afiancen la tesis de que Bárcenas cobró de Correa y los suyos y ocultó luego el dinero.
Otros cuatro excargos del PP
En Castilla y León, Bárcenas encabeza una lista de 17 imputados en la que figuran otros cuatro exdirigentes y exaltos cargos del PP: el exdiputado Jesús Merino; el exeurodiputado Gerardo Galeote; el exconsejero de Fomento de Castilla y León José Manuel Fernández Santiago, Toti, actual diputado regional; y Luis Alberto Solís, exdirector general de Carreteras y presidente de la mesa de contratación que otorgó el contrato a Teconsa en noviembre de 2002. Varios responsables de rango medio de esa consejería y dos directivos de Teconsa –uno de ellos, su propietario– completan la relación. Según la Policía, fue el hoy exconsejero José Manuel Fernández Santiago quien más cobró: 26.400 euros. Galeote le sigue con 26.400. A Merino y Bárcenas, el informe los equipara con 18.600 euros.
Es en un auto dictado el pasado día 2 donde la Sala Civil y Penal del TSJCyL plasma las 17 imputaciones. El tribunal emitió su resolución mes y medio después de que, el 20 de septiembre, aceptase la inhibición acordada por el juez Antonio Pedreira, que instruye el sumario de Madrid. Pedreira entendió que en el amaño del concurso sobre la Variante de Olleros no había indicios delictivos suficientes contra Bárcenas y Merino. Los exculpó pero la Sala del Tribunal Superior de Madrid corrigió al magistrado al subrayar que la decisión sobre quién está o no involucrado corresponde a la Justicia castellano-leonesa.
El auto del TSJCyL no menciona la palabra sobornos y la sustituye por el sintagma “comisiones ilegales”. En realidad, el fondo de la cuestión es el mismo: si varios cargos del PP se repartieron con Correa 120.000 euros.
En esta rama del caso Gürtel hay un informe policial clave para las acusaciones que sustenta Anticorrupción. Fechado el 30 de septiembre de 2009, ese informe basa sus conclusiones en la documentación incautada a José Luis Izquierdo, contable de la trama e imputado tanto en Madrid como, ahora, en Castilla y León.
Los papeles del contable no sólo reseñaban una serie de iniciales junto a las cantidades asignadas en el reparto del presunto soborno de Teconsa sino algo aún más comprometedor: un fax enviado desde la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León sobre la adjudicación a Teconsa y sobre el que hay unas anotaciones manuscritas. Esas notas consignan cantidades que, según la Policía, reflejan el porcentaje de la comisión ilegal pagadera.
En un mapa del caso Gürtel, Teconsa se situaría en una posición central dentro del abanico de empresas que pagaron favores. La constructora dio su gran pelotazo no con el ladrillo sino con la visita del papa a Valencia en 2006. Aquello le reportó un contrato de seis millones del que, según la Policía, Correa se embolsó la mitad.
* Público - ALICIA GUTIÉRREZ - 08/11/2011
Foto: Gürtel, tesorero PP, Bárcenas - elpais
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ELPAÍS* : El Gobierno valenciano, que presidía el popular Francisco Camps, pagó 15 millones de euros al arquitecto Santiago Calatrava por proyectar tres rascacielos en Valencia que, probablemente, nunca se levantarán.
Así consta en el escrito de la Fiscalía Provincial de Valencia, que ha decidido archivar la denuncia que presentaron en su día varios diputados autonómicos de Esquerra Unida (EU). Estos parlamentarios consideran que hubo un supuesto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos en el contrato firmado entre la Generalitat y el arquitecto Santiago Calatrava para levantar tres torres junto al complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. El fiscal, en cambio, estima que "no existen indicios bastantes de criminalidad" para ningún tipo de infracción penal y archiva las diligencias abiertas.
La Fiscalía sí desvela lo que el Gobierno valenciano había ocultado hasta ahora. Es decir, que el Ejecutivo presidido por Francisco Camps abonó "mediante cheques nominativos" 15 millones de euros a Santiago Calatrava a través de la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias SA. Hasta ahora, el Gobierno valenciano había dado a entender que, aunque el contrato del proyecto era de 15 millones de euros, solo se había desenbolsado un anticipo de 2,6 millones de euros.
El despacho de Santiago Calatrava se limitó a señalar ayer: "No vamos a hacer declaraciones al respecto". Según la relación de pagos relacionada por el fiscal, el 30 de septiembre de 2005, Calatrava recibió 2.6 millones de euros de anticipo. El 30 de agosto de 2006 se pagaron 137.000 euros por las maquetas y los planos de las torres. El 30 de marzo el abono fue de 6,2 millones por el segundo plazo de redacción del anteproyecto y el 28 de febrero de 2007 otros 6,2 millones correspondientes al tercer plazo.
El diputado de EU Ignacio Blanco exigió ayer responsabilidades políticas por el pago de 15 millones por un proyecto que se sabía "inviable".
* El País - JOAQUÍN FERRANDIS - Valencia - 08/11/2011
Foto: Presentación de las maquetas de los rascacielos de Calatrava en Valencia con Rita Barberá y Francisco Camps- JORDI VICENT - elpais
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