ELECONOMISTA* : Nuevo frente abierto en la CAM. El presidente de la Comisión de Control de la entidad, Juan Ramón Avilés, puede enfrentarse a una investigación por presuntas irregularidades urbanísticas en el municipio murciano de Sucina. En un escrito al que ha tenido acceso elEconomista, el fiscal solicita al juzgado de instrucción nº8 de Murcia abrir diligencias ante un posible caso de estafa procesal y falsificación de documentos públicos en relación a una denuncia por una operación llevada a cabo por una de sus promotoras: Residencial Sucina.
Avilés fue denunciado por un antiguo socio suyo, José Antonio Albadalejo, por incumplimiento de un contrato y, posteriormente, por falsedad documental junto a su hijo y varios funcionarios del Ayuntamiento, al entender que para su defensa había utilizado escritos municipales falsificados. El pasado mes de junio, el juez archivó el caso por un defecto de forma, al considerar que el procedimiento debería revestir la forma de querella y no de denuncia. Albadalejo presentó un recurso, al que se suma ahora el de la Fiscalía, solicitando la admisión del mismo "al compartirse los argumentos de la parte recurrente".
Procedimiento pendiente
El fiscal Miguel de Mata Hervás sostiene en su escrito que "nos encontramos ante un procedimiento pendiente en el que el juez instructor admitió a trámite la denuncia y dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesó la práctica de diligencias de investigación que fueron acogidas por el juez instructor, haciendo suyo el ejercicio de la acción penal".
Para la Fiscalía, al existir un procedimiento ya iniciado, con asunción por el Ministerio Público de la acción penal, procedería exigir a los denunciantes, para tenerlos como parte en el procedimiento, la presentación de querella y fianza, pero nunca el archivo automático.
Avilés y su familia controlan de forma directa o indirecta al menos seis promotoras inmobiliarias en Sucina: Altos del Molino, Campo de Sucina, Roig Coll, La Vereda, Los Porches y Residencial Sucina. En ésta última figura además como apoderada su hermana, Josefa Avilés Olmos, alcaldesa pedánea del municipio hasta el pasado 22 de mayo. En los últimos años, Juan Ramón Avilés ha recibido créditos de la CAM por valor de casi 30 millones.
Ahora, además del presidente de la Comisión de Control de la entidad, fueron denunciados su hijo, Ginés Avilés; la subdirectora de Servicios Generales de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, el jefe de la Sección de Información, dos secretarios, la subdirectora de Servicios Generales y un inspector. Los hechos se remontan a 2003. Albadalejo, que ha denunciado también a otras sociedades de Avilés por múltiples irregularidades y construcción sin licencia, decidió entonces salir del capital de Residencial Sucina, en la que había entrado dos años antes a través de la sociedad Proalpe.
Como forma de pago se acordó la entrega de una promoción -algunas viviendas ya se habían vendido-, pero, siempre según la denuncia, Avilés incumplió sus obligaciones contractuales y no terminó las obras pendientes. Según Albadalejo, "para justificar su incumplimiento y la imposibilidad de construcción de las instalaciones deportivas (que estaban pendientes), aseveran su condición de zona Zepa (de especial protección avícola), cuando anteriormente habían presentado documentos en los que se decía lo contrario".
Avilés: "Está todo archivado"
Juan Ramón Avilés asegura haberse enterado por elEconomista de la petición del fiscal, que lleva fecha del 18 de agosto de 2011, ya que daba el asunto por archivado, a falta del recurso de los denunciantes. "Está todo archivado, yo fui con mi hijo y pedí declarar al juez, pero no me dejó porque lo iba a archivar, y lo archivó, no entiendo qué es lo que pide el fiscal", afirmó.
A raíz de la llamada de este periódico, Avilés y su abogado pidieron información al juzgado, que les confirmó la petición del fiscal. "Nos han dicho que es una discusión teórica entre el juez y el fiscal sobre si tienen que presentar una querella en otro procedimiento, pero yo creo que el juez lo ha dejado muy claro y no va a cambiar de opinión", explicó. El presidente de la Comisión de Control de la CAM, que se muestra "harto de este asunto", añadió que "el juez les ha dicho al denunciante y al fiscal que si ven algún delito presenten una querella. ¿Por qué no la presentan, por qué no presenta el fiscal una querella como es su obligación si ve un delito?".
* El Economista - Javier Romera / Javier Alfonso - 7.11.11
Foto: CAM - finanzas
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ELPAÍS/Entrevista* : Jon Aguirre Such aparece impecablemente vestido con su americana negra, recién afeitado, con ese aspecto de ‘dandy’ que siempre llamó la atención entre las masas de quincemayistas de la Puerta del Sol. Este arquitecto donostiarra de 27 años es uno de los rostros más reconocibles del 15-M a pesar de que el movimiento procura que no se le identifique con rostros. Su discurso nítido, certero y preciso, le ha hecho ganarse un espacio. Es portavoz de Democracia Real Ya, la plataforma ciudadana que prendió la mecha, la que convocó la ya histórica manifestación del 15 de mayo de 2011. “Como soy un poco sinvergüenza en todas las facetas de la vida y tenía experiencia hablando en público, en seguida me propusieron ser portavoz”.
Ha participado en las Comisiones de Comunicación y Medio Ambiente de Sol. Trabaja en Paisaje Transversal, plataforma que gestiona nuevos modelos de gestión urbana y acción territorial y en la que se promueve la participación ciudadana. Para esta entrevista se hace eco de algunas de las reivindicaciones del 15-M en el campo del urbanismo y la acción territorial.
* La burbuja inmobiliaria. Dice que todo tuvo su origen en la Ley del Suelo de 1998, con el Gobierno de Aznar. “A partir de ese momento, todo el suelo de España es urbanizable salvo el protegido. Como dice un profesor amigo mío, en España se puede edificar en todas partes salvo en las cimas de las montañas. Se empieza a construir a mansalva y eso, unido a toda la trama financiera que hay detrás, genera la burbuja”.
Despotrica del modelo urbanístico sometido a la esclavitud del coche y de la megalomanía de alcaldes que intentaron seguir el efecto Guggenheim: cita esas grandes obras, como el Centro Niemeyer de Avilés o la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia que han acabado, considera, en fracaso. “Reclamamos una Ley del suelo distinta, una transparencia en la gestión urbanística y una participación de los ciudadanos en la acción territorial. Hay que poner coto a las obras faraónicas y llevar el dinero a equipamientos útiles”. Propone que se desclasifiquen terrenos, o sea, que algunos dejen de ser urbanizables. Y que, si es necesario, se proceda a la demolición de edificios (“como ya se hace en Estados Unidos”) para recuperar espacios, parques y equipamientos sociales. ”Hay que volver la mirada hacia dentro, poner freno al crecimiento de las ciudades. El modelo actual es insostenible: el sector urbanístico, en vez de ser un instrumento público promueve estrategias de especulación y corrupción”.
Desde el 15-M, explica, se reclama que haya una Oficina de alquiler público y que se lleve a cabo una estricta política para el control de la vivienda vacía. El arquitecto donostiarra recuerda que en Holanda las viviendas que quedan vacías un año son expropiadas. “Hay que impulsar el alquiler. Si los bancos sacaran al mercado los pisos que tienen, bajarían los precios. Son reacios a hacerlo porque perderían miles de millones. Pero es que son los bancos los que se tienen que tragar toda esa especulación, no las familias a las que están desahuciando”.
* El 15-M y el 20-N. Para las próximas elecciones augura alguna que otra sorpresa en los resultados, más fruto de su esperanza que de su certeza, pero no la concreta. “A partir de ahí, supongo que el PP obtendrá mayoría absoluta”. En cualquier caso, sostiene que con el actual “sistema bipartidista” es muy difícil cambiar la realidad. “Lo importante es que la gente vote en conciencia, sabiendo lo que está haciendo, que no vote por miedo o por reaccionar a la contra”.
Aguirre Such considera que el 15-M es una apuesta a medio-largo plazo: “La inercia política de un país no se cambia en seis meses”. Respecto al futuro del movimiento de los indignados, es claro: “Nuestra fuerza está en nuestra horizontalidad: esto va a seguir adelante pese a quien pese”.
* El movimiento 15-M no tiene líderes. Las personas que han accedido a aparecer en esta serie simplemente intentan trasladar la voz de asambleas y grupos de trabajo.
* El País - JOSEBA ELOLA Madrid 3 NOV 2011
Foto: Indignados urbanismo 15M, Jon Aguirre - elpais
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PÚBLICO* : La sombra del caso Gürtel ha caído de nuevo a plomo sobre el extesorero del PP, Luis Bárcenas, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) acaba de citar para el día 23 como imputado por su presunta participación en el amaño de un contrato, el de la Variante de Olleros de Alba (León), que deparó a la constructora Teconsa 2,8 millones de euros en 2002 a cambio, supuestamente, de repartir 120.000 euros en sobornos.
Según la Fiscalía Anticorrupción, Bárcenas, sobre quien ya no pesa ninguna imputación en la causa que se sigue en Madrid, recibió aquí 18.600 euros por poner sus influencias al servicio de la red de Francisco Correa, igualmente imputado en esta nueva investigación junto con su número dos, Pablo Crespo. Ayer, el entorno del extesorero conservador recalcó que Bárcenas “no está preocupado” porque “nada tiene que ver” con los hechos investigados. “El no es la persona que aparece en los documentos incautados bajo la sigla L.”,remacharon esas fuentes.
Exonerado por el juez del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira en lo que respecta al tronco principal del caso, Bárcenas declarará ante el tribunal castellano-leonés un día antes que el exdiputado del PP Jesús Merino. Senador por Cantabria hasta que su imputación en el caso Gürtel forzó su dimisión en el verano de 2009, Bárcenas se encuentra pendiente de otra probable imputación: la que, salvo viraje extremo, acordará el Tribunal Superior valenciano (TSJCV) cuando arranque de manera efectiva su investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP en connivencia con la trama corrupta. El extesorero mantiene, además, un recurso ante el Supremo contra la decisión del TSJM de enviar el caso a la Audiencia Nacional.
Anticorrupción, enfrentada al juez Pedreira desde que levantó a Bárcenas la imputación por delito fiscal, cohecho (soborno) y blanqueo, mantiene recurrida su exculpación ante la Sala del TSJM. Adicionalmente, ha articulado otra maniobra para llegar al extesorero del PP: pedir al TSJM que impute de nuevo a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, por un delito fiscal presuntamente cometido en 2006. El ingreso en metálico de 500.000 euros en una cuenta bancaria es la clave de la petición de la Fiscalía. Los Bárcenas sostienen que aquel medio millón procedía de la venta de unos cuadros y han aportado documentos en apoyo de su versión.
Pedreira entiende que la repetición de las siglas “L.” y “L.B.” en la contabilidad secreta de la red corrupta no basta para concluir que esas iniciales esconden el nombre de Bárcenas. Y replica a Anticorrupción que, hasta la fecha, no ha aportado datos que afiancen la tesis de que Bárcenas cobró de Correa y los suyos y ocultó luego el dinero.
Otros cuatro excargos del PP
En Castilla y León, Bárcenas encabeza una lista de 17 imputados en la que figuran otros cuatro exdirigentes y exaltos cargos del PP: el exdiputado Jesús Merino; el exeurodiputado Gerardo Galeote; el exconsejero de Fomento de Castilla y León José Manuel Fernández Santiago, Toti, actual diputado regional; y Luis Alberto Solís, exdirector general de Carreteras y presidente de la mesa de contratación que otorgó el contrato a Teconsa en noviembre de 2002. Varios responsables de rango medio de esa consejería y dos directivos de Teconsa –uno de ellos, su propietario– completan la relación. Según la Policía, fue el hoy exconsejero José Manuel Fernández Santiago quien más cobró: 26.400 euros. Galeote le sigue con 26.400. A Merino y Bárcenas, el informe los equipara con 18.600 euros.
Es en un auto dictado el pasado día 2 donde la Sala Civil y Penal del TSJCyL plasma las 17 imputaciones. El tribunal emitió su resolución mes y medio después de que, el 20 de septiembre, aceptase la inhibición acordada por el juez Antonio Pedreira, que instruye el sumario de Madrid. Pedreira entendió que en el amaño del concurso sobre la Variante de Olleros no había indicios delictivos suficientes contra Bárcenas y Merino. Los exculpó pero la Sala del Tribunal Superior de Madrid corrigió al magistrado al subrayar que la decisión sobre quién está o no involucrado corresponde a la Justicia castellano-leonesa.
El auto del TSJCyL no menciona la palabra sobornos y la sustituye por el sintagma “comisiones ilegales”. En realidad, el fondo de la cuestión es el mismo: si varios cargos del PP se repartieron con Correa 120.000 euros.
En esta rama del caso Gürtel hay un informe policial clave para las acusaciones que sustenta Anticorrupción. Fechado el 30 de septiembre de 2009, ese informe basa sus conclusiones en la documentación incautada a José Luis Izquierdo, contable de la trama e imputado tanto en Madrid como, ahora, en Castilla y León.
Los papeles del contable no sólo reseñaban una serie de iniciales junto a las cantidades asignadas en el reparto del presunto soborno de Teconsa sino algo aún más comprometedor: un fax enviado desde la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León sobre la adjudicación a Teconsa y sobre el que hay unas anotaciones manuscritas. Esas notas consignan cantidades que, según la Policía, reflejan el porcentaje de la comisión ilegal pagadera.
En un mapa del caso Gürtel, Teconsa se situaría en una posición central dentro del abanico de empresas que pagaron favores. La constructora dio su gran pelotazo no con el ladrillo sino con la visita del papa a Valencia en 2006. Aquello le reportó un contrato de seis millones del que, según la Policía, Correa se embolsó la mitad.
* Público - ALICIA GUTIÉRREZ - 08/11/2011
Foto: Gürtel, tesorero PP, Bárcenas - elpais
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ELPAÍS* : El Gobierno valenciano, que presidía el popular Francisco Camps, pagó 15 millones de euros al arquitecto Santiago Calatrava por proyectar tres rascacielos en Valencia que, probablemente, nunca se levantarán.
Así consta en el escrito de la Fiscalía Provincial de Valencia, que ha decidido archivar la denuncia que presentaron en su día varios diputados autonómicos de Esquerra Unida (EU). Estos parlamentarios consideran que hubo un supuesto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos en el contrato firmado entre la Generalitat y el arquitecto Santiago Calatrava para levantar tres torres junto al complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. El fiscal, en cambio, estima que "no existen indicios bastantes de criminalidad" para ningún tipo de infracción penal y archiva las diligencias abiertas.
La Fiscalía sí desvela lo que el Gobierno valenciano había ocultado hasta ahora. Es decir, que el Ejecutivo presidido por Francisco Camps abonó "mediante cheques nominativos" 15 millones de euros a Santiago Calatrava a través de la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias SA. Hasta ahora, el Gobierno valenciano había dado a entender que, aunque el contrato del proyecto era de 15 millones de euros, solo se había desenbolsado un anticipo de 2,6 millones de euros.
El despacho de Santiago Calatrava se limitó a señalar ayer: "No vamos a hacer declaraciones al respecto". Según la relación de pagos relacionada por el fiscal, el 30 de septiembre de 2005, Calatrava recibió 2.6 millones de euros de anticipo. El 30 de agosto de 2006 se pagaron 137.000 euros por las maquetas y los planos de las torres. El 30 de marzo el abono fue de 6,2 millones por el segundo plazo de redacción del anteproyecto y el 28 de febrero de 2007 otros 6,2 millones correspondientes al tercer plazo.
El diputado de EU Ignacio Blanco exigió ayer responsabilidades políticas por el pago de 15 millones por un proyecto que se sabía "inviable".
* El País - JOAQUÍN FERRANDIS - Valencia - 08/11/2011
Foto: Presentación de las maquetas de los rascacielos de Calatrava en Valencia con Rita Barberá y Francisco Camps- JORDI VICENT - elpais
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ELPAÍS/Madrid* : Dos recientes sentencias de dos salas de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) han puesto en evidencia el desarrollismo del urbanismo desplegado por la mayoría de los municipios de la región, independientemente del color político de su Gobierno municipal; y de la Comunidad madrileña, gobernada sucesivamente por Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre, ambos del PP. Casi todos los alcaldes utilizan el urbanismo para cuadrar sus presupuestos. Para ello se generalizaron las enajenaciones de terreno y los convenios urbanísticos, mediante los cuales los promotores adelantaban fuertes cantidades de dinero, que se utilizaba incluso para afrontar los gastos corrientes.
La primera decisión judicial del TSJM que pone en entredicho el desarrollismo de los últimos años anula un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Quijorna (municipio de 2.800 habitantes al oeste de Madrid) y varios promotores, al aumentar de forma "ilegal" los porcentajes de terrenos que debían cederse al Ayuntamiento, que está previsto por la ley, y no se pueden cambiar. El Ayuntamiento recibió parcelas de más de los empresarios, y a cambio les aumentaba la edificabilidad, algo muy habitual y que han hecho la mayor parte de los Consistorios españoles.
La segunda sentencia del TSJM declara ilegal el presupuesto municipal de Las Rozas (población de 88.000 habitantes al noroeste) de 2009 al utilizar el Consistorio el dinero de las enajenaciones de parcelas municipales para cuadrar las cuentas, dedicándolo al gasto corriente, algo que no permite la legislación regional de forma expresa, pero que también fue un acto que se generalizó a lo largo de los últimos años.
Desde la aprobación en 1998 de una Ley del Suelo mediante la cual se trataba de liberalizar lo máximo posible el suelo con la intención de abaratar su precio, las diferentes Administraciones públicas locales y regionales han tratado de sacar provecho de este maná, que servía para completar los siempre exiguos presupuestos municipales.
Y la Comunidad de Madrid y sus 179 Ayuntamientos no iban a ser menos. Por eso los alcaldes se lanzaron a una competición de venta de suelo mediante simples enajenaciones, o llegando a acuerdos con promotoras privadas mediante los convenios urbanísticos. Estos últimos prohibidos desde 2007 con la Ley del Suelo madrileña. Muchos Consistorios completaron sus presupuestos con los millones procedentes del urbanismo: "Y no cabe duda de que eso fue la puerta de la corrupción urbanística", explica el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y experto en análisis sobre corrupción Manuel Villoria.La doctrina reciente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid parece poner en jaque el urbanismo madrileño, que se desarrolló bajo el amparo de la Ley del Suelo de 1998. La primera de ellas es la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJM relativa a uno de los convenios urbanísticos aprobados en Quijorna, municipio de unos 2.800 habitantes gobernado por el PP. Esta sentencia anula un convenio urbanístico establecido entre el Ayuntamiento de esa localidad y varios promotores urbanísticos mediante el cual los empresarios elevaban sus cesiones de terreno al Consistorio del 10% al 22%. A cambio, el Consistorio se comprometía a arrancar un acuerdo con la Comunidad para bajar el porcentaje de viviendas públicas (del 50% al 10%) y aumentar la edificabilidad, que pasó de 18 viviendas por hectárea a 25 viviendas.
"Esa actividad, para el letrado del Ayuntamiento es lícita, aunque casi sin darse cuenta está deslizándose en un enunciado muy próximo al descrito en el artículo 428 del Código Penal", referente a la falsificación de documentos, explica la sentencia del tribunal madrileño. "El problema surge después de que un recurso como el de los convenios urbanísticos, que debería ser la excepción, llega a generalizarse", explica Fermín Rodríguez, el catedrático de Geografía de la Universidad de Oviedo y director del Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial (Cecodet) que desarrolla un máster en gestión urbanística y ordenación territorial. "Hay que saber compaginar el urbanismo como motor de desarrollo y como función pública, en la que no solo los promotores y las Administraciones tienen voz, sino también el resto de personas que viven en las ciudades y pagan las consecuencias de estos convenios", explica el catedrático asturiano.
Pero en la sentencia la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJM hace gala de su oposición al convenio en la sentencia al asegurar de inicio que el Ayuntamiento de Quijorna "no debió firmar" un convenio en el que sus obligaciones consistían en actuar como "negociador" ante la Administración autónoma, que la encargada de aprobar definitivamente el plan parcial. Pero tampoco, según el tribunal, debió seguir la tramitación de un convenio de planeamiento desde que fueron prohibidos en la Comunidad de Madrid: "Lo que aquí interesa es que las cesiones de aprovechamientos al Ayuntamiento que resultan del plan parcial impugnado, al margen del sistema legal, no se ajustan a derecho, y por tanto se anulan, debiendo suprimirse tanto de la memoria como de los documentos normativos del plan".
Esta decisión judicial tiene como consecuencia primera que el Ayuntamiento de Quijorna deberá devolver a los promotores con los que firmó el convenio el 12% de los terrenos que recibió de más. Y eso en un momento de fuerte restricción presupuestaria. Algo que, según la oposición, aboca de forma ineludible a la bancarrota del Consistorio de Quijorna.
Pero la sentencia del TSJM no se acaba ahí, llegando a mostrarse muy dura con la firma del convenio urbanístico, cuyo primer borrador se redactó en 2003: "La lectura del convenio urbanístico y las explicaciones ofrecidas en la contestación a la demanda en torno a la causa puede presentar un ejemplo de tráfico de las potestades públicas, de más que dudosa legalidad, con el designio principal de favorecer intereses particulares".
Según los magistrados, el acuerdo logra, "a través de la realización de gestiones ante la Administración autonómica" la aprobación definitiva de un plan parcial con menor número de viviendas protegidas de las contempladas en el aprobado inicialmente. Incrementando el número de viviendas por hectáreas prevista en el documento inicial, "para beneficio de los promotores".
Esta sentencia, que será revisada en el Tribunal Supremo, pone en jaque al urbanismo desarrollado en toda España y especialmente en los municipios de la Comunidad de Madrid. De hecho, se convierte en un golpe duro para el Gobierno de Aguirre, que fue el que aprobó el plan parcial de Quijorna en 2009. "Consideramos ilegal que los instrumentos de planeamiento puedan establecer previsiones de cesiones de aprovechamientos lucrativos al margen de las legales", añade el fallo. La versión de la Comunidad de Madrid se contiene en la sentencia: "La letrada de la Comunidad no encuentra impedimento a que el planeamiento establezca cesiones por encima de las establecidas legalmente", pues las considera mínimas.
La segunda de las decisiones judiciales que ponen en entredicho el urbanismo desarrollista de los últimos años procede de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJM, que anuló el presupuesto del Ayuntamiento de Las Rozas de 2009. Uno de los motivos que han llevado a esta anulación es por no ajustarse a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid al utilizar el dinero obtenido con la venta de suelo público para financiar gastos que no contempla esta normativa.
Según el TSJM, los presupuestos se anulan al haberse utilizado el dinero procedente de la enajenación de terrenos municipales para gasto corriente, algo que no es acorde con la legalidad, ya que según la normativa vigente este dinero debería haberse dedicado a la mejora de las redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos especificadas en el artículo 36 de la Ley Territorial 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y por lo tanto no se ajustan a los fines prevenidos en la ley.
* El País - TONO CALLEJA - Madrid - 07/11/2011
Foto: Vista aérea del municipio de Las Rozas.- MANUEL ESCALERA - elpais
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20MINUTOS/Marbella* : El presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, ha admitido que cobró de tres empresarios por asesorarles sobre convenios urbanísticos y también ha reconocido el pago de "gratificaciones" a los grupos municipales que formaban el equipo de gobierno para que permanecieran "unidos hasta el final de la legislatura".
La vista oral del caso 'Malaya' se ha retomado este lunes con la última parte del juicio, en la que se analizarán estos presuntos pagos por parte de empresarios a Roca y los supuestos cobros de éste y exconcejales marbellíes, recogidos, según la Fiscalía Anticorrupción, en los archivos intervenidos en la sociedad Maras Asesores. El principal acusado ha sido el primero en declarar y seguirá este martes.
En concreto, Roca ha indicado que cobró por el asesoramiento al empresario Fidel San Román, a la entidad Aifos, concretamente a través de conversaciones sólo con su entonces director comercial, Francisco García Lebrón, también acusado, y al que era responsable de Construcciones Salamanca, Emilio Rodríguez Bugallo, que falleció.
Ha explicado que eran convenios "concretos" y que se debió a que con ellos tenía "otro tipo de relación", precisando el asesoramiento dado en cada caso y la cantidad cobrada. Así, ha dicho que fue un millón de San Román, 740.000 euros de Construcciones Salamanca y 1,8 millones de Aifos, empresa sobre la que ha dicho que sólo vio una vez al dueño, el acusado Jesús Ruiz Casado, y que no conocía al otro procesado.
Ha negado que sus sugerencias garantizaran la concesión de licencias o el éxito empresarial. De hecho, en el caso de San Román, ha apuntado que "fue nefasto el asesoramiento que le di porque ha pagado cuatro millones al Ayuntamiento y un millón a mí y no tiene nada, sólo un papel precioso".
Asimismo, Roca ha admitido que dio "gratificaciones" a "los grupos políticos", con las que "pretendía que no hubiera transfuguismo ni que abandonaran la disciplina". Roca ha señalado que se daba una cantidad "más importante" a los tenientes de alcalde y los portavoces que a los ediles y ha precisado que el dinero se entregaba a los responsables de las formaciones en sobres con las iniciales.
En este sentido, ha explicado que, tras la moción de censura que desbancó a Julián Muñoz de la Alcaldía y configurarse el gobierno local, formado por concejales del GIL, PSOE y PA, el exregidor Jesús Gil "dijo a la alcaldesa Marisol Yagüe que el tripartito era insostenible", por lo que éste "me encarga que hable con ellos para que intenten aguantar hasta final de legislatura".
Ha precisado que se reunió con los portavoces de los partidos, Yagüe, Isabel García Marcos —ambas acusadas— y Carlos Fernández —huido—, quien "ya iba un poco por libre y vino a decir que estaba buscando un mejor postor para ubicarse en un futuro partido para las próximas elecciones", ha dicho.
Ante esto, ha explicado que habló con Gil y se decidió llegar a un acuerdo económico "para sostener el GIL hasta las siguientes elecciones". Ese acuerdo "no se plasma en ningún documento y ni siquiera se fija cantidad", ha apuntado, pero "yo me comprometo a que cuando tengo liquidez voy dando dinero y gratificando", ha añadido.
Ha dicho que él asume esos pagos porque "en ese momento me convierto, muy a mi pesar, en representante del partido, soy la persona de Jesús Gil, que era el que había propiciado la moción de censura". Así, ha explicado que "con esos acuerdos de los empresarios yo saco para gratificar a los grupos políticos y para sacar, incluso, una compensación para mí".
Archivos maras
Preguntado sobre los archivos intervenidos en la sociedad Maras Asesores, una de las principales pruebas para el fiscal, Roca ha reconocido el reflejo de cobros y pagos, aunque ha asegurado que no es una contabilidad, sino "una mezcolanza de saldos con ingresos en A, en B, con salidas en A y en B" y que arrojan "unas previsiones". "No necesariamente es un arqueo cuadrado de una tesorería", ha indicado.
Sobre las referencias en dichos archivos a otros empresarios acusados, que figurarían con iniciales, el principal procesado ha dicho que "se refieren a negocios que he tenido con estos señores que también construyen" y ha indicado que se irán analizando "y podré decir por qué he obtenido esos ingresos de esos empresarios y cuál es la razón de mi relación comercial" con ellos.
En el caso de las iniciales que se vinculan a exediles, sí se ha referido a algunos nombres, como Yagüe, a la que le constaría un apunte de 84.000 euros, o Isabel García Marcos, con 42.000 euros, explicando, además, pagos "distintos", como el del exconcejal Rafael González, con quien se comprometió a darle la cantidad de su sueldo embargada; un "préstamo" dado a la exregidora para una operación que luego "de su gratificación se lo desconté", o para el piso de un hijo de ésta en Madrid.
Roca ha negado que tuviera en nómina a los exediles para sus intereses y que la intención de las gratificaciones fuera tener el sentido del voto en las comisiones de gobierno, emplazando al fiscal a que le diga "en qué caso concreto se votó a favor de una resolución que me beneficie y que sea contraria al resto de cosas". Ha rechazado que los pagos fueran para acuerdos concretos o una relación con el urbanismo, alegando que "desde 2003, no se adopta ninguna resolución contraria a legalidad".
Fuentes judiciales han indicado, tras la declaración de Roca, que se trata de un "reconocimiento parcial" de los hechos por los que está acusado y por los que se le solicita una pena de 30 años de cárcel, algo que inicialmente no forma parte de acuerdo de conformidad alguno y que respondería, en todo caso, a una intención de "diluir" el delito inicial, hacia uno de cohecho impropio. URBANISMO
El principal acusado ha vuelto a asegurar en su declaración que Gil "prácticamente decidía todo", sobre todo en lo referente "a temas económicos, temas urbanísticos y de obras". Además, ha apuntado que "la comisión de gobierno lo único que hacía era santificar lo que decidía Jesús Gil", añadiendo que "los órganos colectivos en el Ayuntamiento de Marbella en la época de Jesús Gil no existían".
Luego, ya con Julián Muñoz como alcalde, ha señalado que fue despedido "porque se había enterado de que al día siguiente se iba a presentar una moción de censura y me argumentó que sabía que yo estaba detrás". "Ya no contaba con su confianza y me despidió", ha dicho, explicando que, al ser elegida Yagüe, le pidió que le asesorara para "normalizar" el urbanismo, pero nunca tuvo contrato como tal.
Ha negado que los convenios incluyeran el otorgamiento directo de la licencia pero sí ha señalado que "el promotor no es sordo ni ajeno a la realidad de Marbella" y sabía que "la política del Ayuntamiento era de darla", en el momento en el que firmara el convenio. Sobre los entonces concejales, ha señalado que "pocos de los tenientes de alcalde que formaban parte de la comisión tenían conocimientos suficientes para poder valorar en sí ni siquiera qué era un convenio".
La sesión ha comenzado haciéndose público otro acuerdo de conformidad —el cuarto— entre la Fiscalía Anticorrupción y la defensa de un acusado, en concreto Eusebio Sierra, en el que se reconoce un pago de 60.000 euros, requerido por Roca, con el que se pretendía agilizar el reconocimiento de una deuda. Se fija una pena de seis meses de cárcel y multa de 48.600 euros.
En dicho escrito, al que tuvo acceso Europa Press, se hace referencia a que un apunte de los archivos Maras "se corresponde con la entrega efectuada por Eusebio Sierra Sánchez, empleado de la entidad Proincosta, atendiendo al requerimiento efectuado a la sociedad por Juan Antonio Roca Nicolás" y se explican las actuaciones realizadas por la empresa y las aprobaciones del Ayuntamiento.
* 20 Minutos - EP. - 7.11.11
Foto: Marbella, Roca en el juicio Malaya (archivo) - malagahoy
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PÚBLICO* : Cerca de doscientas personas se han reunido a las puertas del Palacio de Congresos para protestar contra un debate —entre Rajoy y Rubalcaba— que consideran "bipartidista" y que "no les representa".
Un nutrido dispositivo policial ha conformado un perímetro de seguridad alrededor del recinto, por lo que los manifestantes no han podido acercarse a los accesos. Durante el acto se han coreado consignas como "yo también quiero debatir", "PSOE, PP, la misma mierda es" o la tradicional "lo llaman democracia y no lo es", y se han podido ver pancartas como "Game Over" o "Ni izquierdas, ni derechas, ciudadanos contra políticos y banqueros".
Uno de los participantes, que se ha identificado como Pablo, ha manifestado que "la democracia no son solo dos partidos", y ha resaltado que "el futuro de una nación no se puede limitar a dos ideas". Junto a él, Miguel Dieguez, estudiante de Derecho y Administración y Dirección de Empresas, ha opinado que "parece que solo existe un partido, porque tanto el PP como el PSOE defienden las mismas ideas".
Convocados por Anonymous
La vertiente española del grupo internacional Anonymous ha convocado esta protesta para denunciar lo que, aseguran, será "una pantomima" tras la que se esconde "una agresiva propaganda electoral".
"Hoy tendrá lugar en la Academia de Televisión una muestra pública y descarada de la falta de neutralidad a la que estamos sometidos en nuestro país", reza el texto de la convocatoria difundida por el grupo de ciberactivistas y a la que ya se han sumado la vertiente madrileña del movimiento ciudadano 15-M y Democracia Real Ya, así como la Plataforma de Profesores Interinos de Madrid y la de Afectados por la Hipoteca.
De esta forma, los 'indignados' con el debate se han concentrado frente al Palacio para "hacer un llamamiento ciudadano" y tratar de "detener" lo que consideran "una farsa". "Te invitamos a recuperar lo que es nuestro y que por falta de cuidado hemos dejado que otros se hagan cargo", manifiestan.
Un amplio dispositivo policial formado por al menos una docena de furgones policiales ha protegido en todo momento la entrada principal y los alrededores del Palacio Municipal de Congresos de Madrid.
#OCUPAELDEBATE en Twitter
Además, los indignados han animado a los internautas a retransmitir y dar cobertura a la concentración a través de la red social Twitter mediante las etiquetas #OpAcademia, #ocupaeldebate y #7n, tal y como ya ocurrió en la conocida como 'Operación Goya', convocada también por Anonymous, que tuvo lugar hace ocho meses durante la ceremonia de entrega de premios del cine español y de la que surgió, tal y como recuerdan, el lema #nolesvotes y el "germen" del movimiento 15-M.
Por su parte, la Plataforma de Profesores Interinos de Madrid ha propuesto a los asistentes acudir a la concentración ataviados con las camisetas verdes que se han convertido en símbolo de este movimiento, conocido como la 'Marea Verde'. "Paremos el mercantilismo social, político, cultural e intelectual", dice el texto difundido por la plataforma a través de Facebook.
* Público - 7.11.11
Foto: 'Hashtag' del colectivo virtual Anonymous
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ELPAÍS* : La crisis no solo está provocando que sus víctimas no puedan pagar la hipoteca: la morosidad ha alcanzado al alquiler. A falta de cifras oficiales, que no existen, las entidades que lidian a diario con familias en apuros han encendido la luz de alarma. Cáritas ha visto cómo su presupuesto en ayudas al pago de vivienda se ha disparado de 4,5 millones el año pasado a 5,2 millones para este. Es una previsión que duplica la cantidad que destinaba hace cuatro años (2,5 millones) y que representa más de la mitad de las ayudas que dedica Cáritas a sus usuarios. Y no solo son ayudas al alquiler, sino también al realquiler, a pagar habitaciones en las que viven familias enteras, destaca la responsable del servicio de mediación de la organización, Carme Trilla. También las Plataformas de Afectados por la Hipoteca, y pese a no dedicarse hasta ahora al tema, han detectado el fenómeno y aumenta el número de personas que acuden a las asambleas buscando ayuda porque no pueden pagar, asegura su portavoz, Ada Colau.
El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad, Joan Ollé, lo corrobora: la morosidad ha aumentado. Oller no facilita cifras porque, dice, el del alquiler es un mercado atomizado de pequeños propietarios. La morosidad ha alcanzado incluso al parque público de pisos de alquiler, en el que las mensualidades están muy por debajo del precio de mercado. En lo que va de año está en el 4,72%, indica el secretario de Vivienda de la Generalitat, Carles Sala. "De enero a agosto hemos destinado 2,5 millones de euros a ayudas de emergencia para evitar desahucios", alerta.
El aumento de la morosidad coincide con la entrada en vigor de la conocida popularmente como ley del desahucio exprés, por la que los propietarios pueden denunciar desde el primer mes de impago y en la que ya no se celebra juicio previo al desahucio. La nueva normativa tiene el paraguas de la Ley de Medidas de Agilización Procesal, que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Desde el lunes pasado, día en que entró en vigor, cuando el propietario presente una demanda por impago, el secretario judicial dará 10 días al inquilino para que pague, se marche o presente alegaciones. Si transcurrido este periodo el inquilino no ha actuado, el secretario puede fijar fecha de desahucio, previa solicitud del propietario, sin necesidad de que se celebre un juicio. Esta modificación completa la aprobada en 2009, que redujo de dos meses a uno el plazo que debe transcurrir entre el requerimiento de un impago por parte del propietario y la presentación de una denuncia contra el inquilino.
El Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) ha alertado esta semana de que en el momento de crisis actual y con las elevadas cifras de paro "esta es una medida injustificable". El abogado del observatorio, Jaume Asens, ve la nueva ley como "una nueva vuelta de tuerca en las políticas neoliberales". "Para agilizar el mercado de la vivienda, se dan facilidades al propietario, cuando habría que proteger al inquilino", considera. Además, cuestiona que con la nueva ley hay menos control judicial de los casos, porque se da protagonismo a los secretarios, de menor rango.
Desde la Generalitat, el secretario de Vivienda se muestra "tremendamente escéptico" sobre la eficacia de la nueva ley y la capacidad de los juzgados para hacerla cumplir, "por la situación de colapso que viven". Pese a entender, asegura, el riesgo que la nueva ley conlleva para las familias que están en una situación crítica, Sala defiende el desahucio exprés con el argumento de que "para tener un buen parque de alquiler es tan importante que las familias tengan una buena situación económica como que haya garantías para los propietarios".
JOSÉ ANTONIO VARGAS "Elegir entre pagar el alquiler o dar de comer a tu hijo"
Parado desde diciembre y con solo 575 euros de renta mínima de inserción, José Antonio Vargas y su mujer no pueden pagar el alquiler: "Tienes que elegir entre pagar la renta o dar de comer a tu hijo [de dos años]". El propietario del piso en el que viven en El Vendrell les denunció y el desahucio está previsto para el próximo día 18. Sus únicas esperanzas pasan por encontrar trabajo -"como si me toca recoger colillas"- o bien que le adjudiquen uno de los alquileres sociales de 200 euros del plan de choque de la Generalitat.
* El País - CLARA BLANCHAR - Barcelona - 07/11/2011
Foto: Se alquila (archivo) - A. Ruesga (El País)
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INFOALCORES/Sevilla* : Los tribunales han dado la razón a la sociedad ecologista Al-Wadiira –Ecologistas en Acción- y han anulado la actuación urbanística irregular llevada a cabo por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira en la zona de Gandul. De hecho, la sentencia indica expresamente que por el momento no pueden acometerse actuaciones urbanísticas en la zona del yacimiento arqueológico de Gandul. Los argumentos presentados por el Ayuntamiento han sido íntegramente desestimados.
El Juzgado de lo Contencioso - Administrativo nº14 de Sevilla ha dictado la sentencia de fecha 26-10-2011 por la que expresamente se anula la Resolución de 30 de Junio de 2009 del Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira y reconoce que la interpretación correcta de la norma es la planteada por Al-Wadiira.
De esta manera ha quedado íntegramente estimado el recurso interpuesto por la asociación ecologista Al-Wadiira y se ampara la interpretación realizada por esta asociación en defensa de la legalidad urbanística. Concretamente la sentencia dice: “la actuación del Ayuntamiento pone en riesgo la protección de la zona y contraviene lo previsto en el artículo 446.3 del PGOU”.
El letrado de la sociedad ecologista Al-Wadiira, Luis Ocaña, ha anunciado que solicitará de inmediato la ejecución de la sentencia y la reposición de la zona a su estado anterior.
* InfoAlcores - 5.11.11
Foto: Alcalá de Guadaira (Sevilla), zona Gandul - infoalcores
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ELPAÍS/Reportaje* : Fueron los grandes promotores del 'boom' del ladrillo. Otrora admirados y opulentos, cubrieron España de cemento y deudas. Ahora, con el país hundido por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, han desaparecido del mapa. Este es el relato de sus vidas actuales.
Algunos miembros del selecto club que formaban los nuevos príncipes de las finanzas, hombres sin pedigrí en el parqué que se habían vuelto muy avariciosos gracias a las enormes plusvalías obtenidas con el boom inmobiliario, pensaron aquel martes negro que solo se trataba de un susto, que el intrépido Enrique Bañuelos había llegado demasiado lejos y el mercado le estaba dando un toque de atención. Aquel 24 de abril de 2007, Astroc, la compañía de Bañuelos, se desploma en bolsa y ejerce un efecto contagio sobre las cotizaciones de las principales inmobiliarias. Pero el suceso no parecía ir más allá. Aquel día nadie hablaba todavía de crisis inmobiliaria, sino de ralentización. Es decir, seguía siendo un buen momento para seguir de compras. Para seguir gastando miles de millones de euros. "Había que bailar mientras sonara la música", explica un testigo de aquellos días.
Cuatro años y 200 días después de aquel martes negro, a los protagonistas de los años dorados del mercado inmobiliario se los ha tragado la tierra. No hay música sino silencio a su alrededor. Se esconden detrás de abogados o agencias de comunicación, expertas en el arte de no decir la verdad con buenas palabras, sin que se note demasiado. No aceptan entrevistas. No acuden a ningún acto social. No aparecen en reuniones sectoriales, ni están en condiciones de dar conferencias en escuelas de negocio. Algunos se debaten en la dura lucha por salvar su patrimonio personal y han vendido sus yates o sus jets, los dos signos externos que caracterizaron una forma de hacer negocio en España a base de suelo, cemento y unas grandes dosis de ambición. "¿Cómo le digo ahora a mi mujer que ya no podrá usar el avión para ir de compras a Milán?", le confesó uno de ellos a su abogado antes de tomar tan fatal decisión.
Aquel martes negro de abril de 2007, la cotización de Astroc cayó un 37,23% y provocó una reacción en cadena que no tardaría mucho en dejar secuelas. En diez días, el valor estrella de la bolsa española, cuya cotización había llegado a multiplicarse por 1.000, se desplomó un 63%. Así que fue algo más que un susto. Algunos bautizaron ese hecho como castatroc haciendo un juego de palabras: las acciones de Astroc habían pasado de valer 6 a valer 70, para luego hundirse a precios inferiores a los dos euros. La ruina. Ante las primeras señales de alarma que cundieron aquella jornada, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se limitó a explicar que se trataba de simples correcciones del mercado y que la desaceleración del sector inmobiliario sería "suave y gradual". La calidad de los pronósticos de Ordóñez no ha cambiado en todo este tiempo. Lo que hubo no fue una desaceleración. Fue un derrumbe.
Astroc no era la mayor empresa inmobiliaria, pero se había convertido en un símbolo. Nació y creció en los años de expansión. Era hija de la pujanza del sector. Era una empresa de aspecto moderno en manos de un empresario joven y dinámico, desconocido por las grandes familias, capaz de llevar la palabra del sector a la quinta avenida. Bañuelos tenía algo que a sus competidores les faltaba, un aire nuevo, un don de gentes inigualable y un buen dominio de la imagen: organizó una paella para 25.000 comensales en Central Park para darse a conocer en Nueva York. Sabía comportarse en cualquier ambiente, podía hablar durante horas (aunque fuera de sí mismo), mostraba un espíritu arrollador para los negocios y una confianza ciega en sus posibilidades: "A mí me dejan desnudo en Central Park y en 24 horas estoy paseándome por la Quinta Avenida en una limusina", llegó a decir. Esa frase todavía la recuerdan hoy los ejecutivos que la escucharon hace cinco años. Bañuelos llegó a captar para sus inversiones a algunos de los grandes empresarios españoles, como fue el caso de Amancio Ortega, el dueño de Inditex. Tres meses después de aquel susto, Enrique Bañuelos dimitió como presidente de Astroc. Fue el primero en caer.
Alguien le traicionó. Alguien vendió dos millones de acciones en un momento muy delicado y contribuyó al hundimiento de Astroc. ¿Quién? Sobre la identidad de ese traidor se han divulgado muchas teorías y ninguna prueba, pero lo cierto es que los grandes del sector no se extrañaron con lo sucedido: para llegar hasta donde habían llegado conocieron muchas traiciones y muchos engaños. Llegar a lo más alto del sector inmobiliario no ha sido un camino limpio para nadie. De hecho, todas las compras y ventas realizadas en los años de la fiebre del oro (del 2003 al 2006) han dejado secuelas en los tribunales, algunas de ellas todavía sin resolver. La traición y el engaño forman parte del negocio, como ha quedado en evidencia en el último episodio conocido.
Hace unas semanas, Luis del Rivero llegó a su despacho pensando que lo tenía todo cerrado para hacerse fuerte en la presidencia de la constructora Sacyr Vallehermoso y, a partir de su acuerdo con la petrolera mexicana Pemex, ejecutar el asalto final a Repsol. Sus socios, incluido quien había sido su mano derecha y fundador de la compañía, Manuel Manrique, estaban con él. Eso pensaba. Pero Manrique cambió de opinión en el último momento y ahora ocupa su cargo. ¿Traición? La versión real de lo sucedido está aun por conocer porque había asuntos pendientes entre los principales accionistas de Sacyr-Vallehermoso a cuenta del pasado.
El mérito de Luis del Rivero había sido diversificar su empresa antes de que llegara el cambio de ciclo: primero intentó un asalto al BBVA y, cuando fracasó, puso el punto de mira en Repsol. Entre medias, Luis del Rivero fue protagonista de muchas conspiraciones en una época donde todo era susceptible de comprarse o venderse. Repsol terminó siendo su salvavidas.
A diferencia de Enrique Bañuelos, Luis del Rivero no parecía tener una doble cara. Se le ha considerado siempre como un personaje poco comunicativo y autoritario. Nadie le recuerda como un ejecutivo amable. Pero fue el único de aquella generación que parecía capaz de sobrevivir a la crisis. El único que ha permanecido al mando de una empresa y podía mirarle a la cara a los bancos.
Entre la traición a Bañuelos y la sufrida por Luis del Rivero han pasado cuatro años y 200 días de pesadilla. Entre Bañuelos (que ha iniciado una nueva vida en Brasil en el sector agroindustrial) y Luis del Rivero, solo han sobrevivido aquellos que supieron vender y retirarse antes de tiempo; es decir, los que ya no están en el negocio, como Manuel Jové, expropietario de Fadesa y ahora accionista del BBVA. O Mario Losantos, expropietario de Riofisa. La mayoría de los que se quedaron vive en libertad condicional: son los bancos quienes dictan sus movimientos.
Luis Portillo es uno de ellos. Un año después de la caída de Bañuelos, hubo de presentar su dimisión como presidente de Colonial, justo cuando se había convertido en uno de los grandes a fuerza de adquisiciones que parecían contradecir la lógica. El pez chico se come al grande endeudándose hasta las cejas. Ese era el estilo de Portillo, quien pareció cambiar de modales desde que dejó su hábitat natural, los alrededores de Sevilla. Si Bañuelos fue el exponente de la escuela valenciana (donde se creó la figura del agente urbanizador que podía poner en marcha complejos residenciales sin ser propietario del suelo), Portillo era de la andaluza, donde las recalificaciones se gestionaban en estrecha colaboración con los poderes municipales. Portillo es un personaje clásico: empezó desde abajo, hijo de albañil, para dedicarse a las reformas de inmuebles. Un hombre muy apegado al terreno, sin cultura pero con un olfato natural para el negocio del suelo. Esa era su virtud y eso le permitió grandes ganancias con un estilo de especulación ortodoxo.
Portillo cambió cuando salió de su territorio. Comenzó a visitar Madrid. Se hizo asiduo cliente del AVE. Tenía excedente de recursos y quería comprar. Adquirió participaciones en bancos como el Santander y el BBVA e hizo un primer asalto a la inmobiliaria Metrovacesa. Terminó comprando Inmocaral, lo que le permitió compartir accionariado con figuras relevantes del establishment empresarial, caso de Amancio Ortega, Alicia Koplowitz o Joaquín Rivero. Después de Inmocaral intentó una opa a Colonial, una empresa tres veces más grande, de la que pudo obtener su control. Junto a su asalto a Colonial, logró comprar un paquete del 15% de FCC y la adquisición de Riofisa. En apenas un año, entre 2006 y el susto del 24 de abril de 2007, Luis Portillo había gastado en compras 4.000 millones de euros. Para entonces, algunos de los hábitos de Luis Portillo habían cambiado.
Ya no era un personaje tan natural. Tan rústico, como le veían en Madrid. Le había echado el ojo a un avión. Había adquirido un colegio privado como consecuencia de unas discrepancias entre su esposa y el director del centro, por un asunto relacionado con los estudios de una de sus hijas: nada más comprarlo, despidió al director. En presencia de unos ejecutivos amenazó al gerente de un hotel con comprar el inmueble y despedir a los trabajadores simplemente porque el personal del establecimiento no le atendió su petición de bebidas a altas horas de la noche, según un testigo del incidente. Ese era el nuevo Portillo.
En diciembre de 2007, Luis Portillo dimitía como presidente de Colonial. Había pasado menos de un año desde que se mostraba capaz de comprar cualquier cosa. Colonial debía 10.000 millones de euros. La acción se había desplomado y pasaba a valer menos de un euro, señal de un final próximo.
Juan José Brugera pasaba a ocupar la presidencia de Colonial, un cargo que ya desempeñó antes de que llegara Portillo. Ese viaje de ida y vuelta tiene su explicación: Colonial era propiedad de La Caixa antes de que los inversores privados entraran en su capital. Tras el paréntesis de Portillo, vuelven a ser los bancos los propietarios de Colonial, principalmente el Popular (9,15%) y La Caixa (5,40%). Y ellos han decidido devolver a su puesto al antiguo gestor.
Desde entonces, Luis Portillo ha desaparecido. No viaja a Madrid. Se ha recluido en Sevilla, donde trata de salvar su patrimonio personal y gestiona algunas propiedades en su antigua zona de influencia. Su antigua empresa, Colonial, le ha puesto una demanda según la cual le pide una indemnización de 669 millones de euros bajo la acusación de que infló el precio de las compras de FCC y Riofisa. Portillo a su vez reclama más de 40 millones de euros al BBVA. En una de sus escasas declaraciones tras su dimisión, Portillo llegó a decir: "Los mismos que ahora me denuncian pusieron el dinero a mi puerta para comprar FCC o Riofisa". Portillo se refiere a los bancos y sus analistas, a los que considera traidores. Los bancos que ahora son dueños de lo que fue su empresa.
Pero este hecho no es exclusivo de Colonial. También sucedió con Metrovacesa, que llegó a ser la primera empresa inmobiliaria del país. En su origen, Metrovacesa perteneció al BBVA, antes de que hombres como Joaquín Rivero y la familia Sanahuja se disputaran su propiedad. Después de todo aquello, más del 80% del capital es ahora propiedad de los bancos.
Durante cuatro años, de 2003 a 2007, Metrovacesa fue objeto de una intensa lucha por el poder entre Joaquín Rivero y los Sanahuja, una familia de empresarios que habían hecho mucho dinero sin salir de Cataluña. Tanto Rivero como los Sanahuja poseían empresas que tenían un tamaño muy inferior al de Metrovacesa. Y curiosamente, los Sanahuja acudieron a comprar acciones (un 4%) en ayuda de Rivero ante una opa lanzada por empresarios italianos. Esa colaboración se transformó en lucha sin cuartel por el dominio de Metrovacesa. Nueva traición: los Sanahuja pasaron de tener un 4% a más de un 20% sin el conocimiento de Rivero. Esa guerra terminó en un pacto: Rivero se quedó con una empresa francesa, Gecina, y los Sanahuja pasaban a desempeñar el control de Metrovacesa.
De haber sido unos gestores prudentes y poco dados a exponerse en público, los Sanahuja también cambiaron de comportamiento. Alquilaron (o compraron) aviones para vivir entre Madrid y Barcelona. Bajo su mando, Metrovacesa emprendió una alocada carrera de compras, sobre todo en el exterior. Adquirieron la sede del HSBC en Londres por 1.600 millones de euros (que luego vendieron por 1.000), activos en Alemania por valor de 280 millones, un complejo inmobiliario en Londres junto a compromisos para levantar un complejo de oficinas diseñado por grandes arquitectos, entre ellos Norman Foster. A finales de 2007, la deuda financiera de Metrovacesa alcanzaba los 7.000 millones de euros, 14 veces su beneficio bruto de explotación.
El 26 de octubre de 2010, Román Sanahuja dejaba la presidencia de Metrovacesa. Sacresa, la empresa familiar, presentaba concurso de acreedores con una deuda de 1.800 millones. La participación de los Sanahuja en Metrovacesa no alcanza ya el 2% cuando llegó a superar el 80%. Los bancos se hicieron propietarios de la compañía.
"El problema es que la suma del crecimiento del crédito junto al incremento del precio de la vivienda hizo solvente a mucha gente", explica el experto José Luis Suárez, profesor del IESE y autor de la página profsuarez.com. "Se cometieron dos errores. Uno, crecer demasiado. En 2006, el crédito de la banca al sector de la construcción e inmobiliario creció más del 40%. Otro error fue que no se tuvo en cuenta la vulnerabilidad de muchas empresas por el excesivo endeudamiento. Y finalmente se gestionó mal la crisis. El crédito concedido al sector sumaba cerca de 430.000 millones de euros y después de cuatro años esa exposición sigue estando en 415.000. A nivel macroeconómico no se ha hecho nada. Hay que tener en cuenta que la deuda soberana en los bancos españoles está en unos 220.000 millones de euros. El problema es que el sector no puede pagar porque solo los intereses anuales deben ser algo más de 20.000 millones y no se genera cash flow para pagarlos".
Algunos analistas culpan a los bancos de lo sucedido. Y a las compañías tasadoras, algunas de ellas propiedad de esos mismos bancos. Nadie quiso ver que los activos se sobrevaloraban, que los créditos eran cada vez más arriesgados, que el mercado se había vuelto tan loco que los peces chicos se estaban comiendo a los grandes.
La actitud de los bancos tiene alguna explicación: sacaban sus beneficios de estas compras. Así sucedió con Banesto, propietaria de la inmobiliaria Urbis, cuando Rafael Santamaría llamó a su puerta. Santamaría era propietario de Reyal, una empresa que tenía la mitad de tamaño que Urbis. Pero no importaba: había crédito para todo. Y Banesto cobraba 1.600 millones por la venta del 50,27% de Reyal. Urbis había firmado un crédito sindicado de 4.000 millones con entidades como SCH, Cajamadrid y Banco de Sabadell. Rafael Santamaría declaraba por entonces que haría más compras, seguramente para el año 2007. Salir a bolsa era una forma de poner en valor la fortuna adquirida por algunos de estos personajes a lo largo de los últimos años. Adquirir tamaño para luego diversificar. Pero nada de esto ha sucedido. Reyal Urbis va por su tercera refinanciación de una deuda que asciende a 3.654 millones de euros y se ha salvado, por un cambio legislativo, de tener que entrar en disolución. Los bancos siguen determinando la actividad de la compañía, que reconoce, a través de un comunicado, que ha facturado un 46% menos por venta de pisos que hace un año. Y que esa venta ha constituido la primera fuente de ingresos del grupo.
Rafael Santamaría fue durante esos años de oro un hombre accesible a la prensa. Jugaba a los pronósticos con el sector inmobiliario (llamó normalización al principio del desplome) y era conocido en ciertos foros como el constructor amigo de José Bono, presidente del Congreso en la última legislatura. A Santamaría le gustaba filtrar noticias a los periodistas, sobre todo las relacionadas con sus competidores, y alardeó durante un tiempo de que a él no le pasaría como a Fernando Martín o a Luis Nozaleda, que se vieron obligados a presentar concurso de acreedores. Él iba a optar por refinanciar. Lleva tres refinanciaciones y no puede dar un paso sin el permiso de los bancos.
Santamaría compartió con Francisco Hernando, conocido como El Pocero, relaciones con José Bono y actividad en Castilla-La Mancha. Pero El Pocero nunca aspiró a ser un grande aun cuando se convirtiera en uno de los constructores más conocidos gracias a su megaproyecto de Seseña (Toledo), a sus cuitas con el alcalde y a ciertos aspectos de su conducta que le convertían en el hombre que mejor cuadraba con los peores aspectos del estereotipo del constructor: un hombre sin cultura, de gustos horteras. El Pocero quiso edificar algo parecido a una ciudad porque, según comentó en su autobiografía, tuvo una revelación una tarde que observaba los parajes desolados de Seseña y escuchó una voz que le dijo: "Aquí construirás una ciudad a la que le pondrás tu nombre". Así nació la ciudad residencial Francisco Hernando. La crisis dejó su proyecto a medias: vendió su yate, dejó a los bancos las viviendas vacías y se refugió bajo el manto de un jefe de prensa, el conocido periodista Alfredo Urdaci, cuya primera gestión fue la de anunciar un megaproyecto en Guinea Ecuatorial, de común acuerdo con el dictador Obiang, para construir 20.000 viviendas. Aquella promesa fue puro humo.
Pero quien le terminó poniendo rostro al hundimiento del sector fue el empresario Fernando Martín. Por varios motivos. Uno, porque adquirió una breve notoriedad cuando sustituyó en la presidencia del Real Madrid a Florentino Pérez. Sin pretenderlo, se convirtió en un personaje para los imitadores y una víctima propiciatoria de las tensiones del fútbol. Hubo de convocar elecciones y desapareció del escenario sin pena ni gloria. Como movido por el destino, a partir de entonces todos sus actos adquirieron notoriedad. Tal fue así cuando adquirió Fadesa en 2006 por 4.000 millones de euros para convertir a la nueva Martinsa-Fadesa en una de las grandes del sector. Dos años después de la compra, Martín anunciaba el mayor concurso de acreedores de España: su empresa tenía una deuda de 5.200 millones de euros.
Fernando Martín dejó las entrevistas hace tiempo. Responde por él una agencia de comunicación que señala que Martín "se ha volcado en la gestión del mayor proceso concursal de España hasta culminar su salida en marzo de 2011". La agencia califica de "relevante" que Martinsa-Fadesa "sea la única gran inmobiliaria en la que el presidente y el Consejo de Administración de hace cuatro años siguen gestionando la compañía, frente a los cambios habidos en otras grandes compañías como Metrovacesa, Reyal (de facto), Vallehermoso, Colonial o Hábitat". La alusión a Reyal tiene doble intención, porque Santamaría sigue siendo su presidente, al menos en teoría. La nota también precisa que Martinsa reclama 1.576 millones a los anteriores dueños de Fadesa por haber ejecutado "un plan conscientemente dirigido a obtener una muy notable sobrevaloración de la compañía mediante la aportación de información falsa a la empresa responsable de la tasación de los activos". Teniendo en cuenta que aquella opa de Martinsa a Fadesa fue declarada como amistosa, puede ser que se produjera un nuevo caso de traición o engaño.
Sin embargo, algunas cifras de Martinsa no dejan de ser reveladoras de cómo está el sector: en 2010 vendió 1.170 viviendas sobre plano, de las cuales sólo 48 fueron en España. En 2011, llevan 717 ventas sobre plano. ¿Cuántas en España? Ninguna.
Pedro Pérez, presidente del denominado G-14, donde se concentran las grandes empresas del sector, reconoce que muchas de estas empresas en apuros están en la tercera renegociación de sus deudas ("están trihipotecados", dice el abogado de una de estas empresas). "Estamos en el quinto año y no se ve luz en el horizonte. Las licitaciones de obra nueva se están hundiendo. No hay nada igual desde que existen estadísticas. El sector ha expulsado ya un millón de empleos directos y se ve más de lo mismo. Estamos vendiendo la quinta parte de lo que se vendía en 2006. Qué sector aguanta esto". Hace cuatro años y 200 días que la música no suena para nadie en el sector inmobiliario.
Luis Portillo. Ambición sin límites
Empresario de Dos Hermanas (Sevilla), Luis Portillo ganó fortuna en los alrededores de la capital andaluza.
Hombre sin estudios, conoció en 2004 a Joaquín Rivero y decidió dar el salto a los negocios en Madrid entrando en el capital de Metrovacesa. Fue el inicio de la vorágine bursátil: se hizo con Inmocaral (antigua Fosforera), cuyas acciones se dispararon de precio. Después adquirió Colonial, luego entró en el accionariado de FCC y se hizo con el 100% de Riofisa, que compró por 2.000 millones de euros, aunque algunos expertos valoraban esta compañía en 400 millones. La bolsa hundió sus proyectos. Regresó a Sevilla para tratar de salvar su patrimonio personal. Los accionistas de Colonial ahora le reclaman 696 millones. -
Fernando Martín. Del Real Madrid a la ruina
El dueño de Martinsa nació en Trigueros del Valle, Valladolid, en 1947. Tiene 64 años. Es licenciado en Químicas. Hasta 2006 llevó una trayectoria muy discreta. Se sabía que era uno de los grandes propietarios de suelo de España, pero ese dato no era de dominio público. Fue en 2006 cuando saltó a la fama: siendo directivo del Real Madrid, asumió la presidencia tras la marcha de Florentino Pérez. Su mandato duró dos meses. Consejero y accionista de grandes empresas, dio el gran golpe con la compra de Fadesa. Fue una ruina. En 2008, Martinsa-Fadesa declaraba la mayor suspensión de pagos de España con una deuda superior a 5.000 millones de euros. Reclama a los dueños de Fadesa casi 2.000 millones por sobrevalorar sus activos.
ROMÁN SANAHUJA e hijos. Fuera de Cataluña esperaba la ruina
Los Sanahuja fueron empresarios muy conocidos en Cataluña, donde la empresa familiar cosechó sus primeros éxitos construyendo viviendas para los inmigrantes en los años 60. Se habían hecho con un prestigio y una sólida fortuna. Invitados por Joaquín Rivero a adquirir un pequeño paquete de acciones en Metrovacesa, terminaron convirtiendo esas acciones en la punta de lanza de una larga batalla por dominar esa empresa, la primera inmobiliaria de España. Su empeño por superar otras propuestas encareció la compra. Terminó cambiando acciones por deuda y no fue suficiente: el negocio familiar pagó la factura y entró en concurso de acreedores. Sus acciones en Metrovacesa se han reducido a poco menos de un 2% -
Enrique Bañuelos. Resurrección en Brasil
Astroc surgió como una pequeña inmobiliaria en el litoral levantino, presidida por un joven y desconocido empresario nacido en Sagunto (1966), Enrique Bañuelos.
Bañuelos tenía grandes planes para Astroc. Sacó a bolsa la compañía y la convirtió en la estrella del parqué con una revalorización que llegó a alcanzar el 1.000%. En 2006 Bañuelos entraba en la lista Forbes de los hombres más ricos. La buena racha se torció. Dejó España y se marchó a Brasil donde fundó la inmobiliaria Veremonte, con la que pretende levantar una ciudad sanitaria en Sao Paulo. Ahora ha diversificado y ha entrado en el sector agroindustrial. Domina la sociedad Vanguarda Agro, el mayor grupo industrial de Sudamérica. Pretende entrar también en el sector de la energía. -
Rafael Santamaría. Una mala apuesta de última hora
La sociedad inmobiliaria que Rafael Santamaría (padre) fundó en 1970, fue el germen de una pequeña constructora que se convertiría en promotora. Rafael Santamaría (hijo) transformó su herencia en el imperio Reyal Urbis.
Dueño de Rafael Hoteles, este aparejador, que fue presidente de la patronal de promotores de Madrid (Asprima), ha hecho el grueso de sus negocios en el sector inmobiliario. Su amistad con José Bono, el presidente del Congreso, ha terminado relacionándole con informaciones de supuestos tratos de favor. Su gran operación se produjo en 2007. Reyal engulló Urbis, la inmobiliaria de Banesto. La operación coincidió con el reventón de la burbuja inmobiliaria. Ha renegociado tres veces su deuda y acaba de salvarse de la disolución de la empresa. -
Francisco Hernando. El hombre que soñó una ciudad
Francisco Hernando, conocido como El Pocero, empezó desde abajo, limpiando fosas, cañerías, poniendo ladrillos y construyendo casas. Con los años fue extendiendo sus actividades en los alrededores de Madrid (Villaviciosa de Odón, Boadilla...) al tiempo que esa expansión iba relacionada con incidentes escandalosos y con denuncias de alcaldes que se sentían amenazados por él. Su gran obra iba a ser Seseña y fue otro escándalo: una ciudad con 13.500 viviendas. El proyecto quedó inacabado. Le dejó las viviendas vacías a los bancos y vendió sus dos yates, el Clarena I, adquirido por Villar Mir en 30 millones, y el Clarena II, con el doble de eslora del Fortuna de la Casa Real, comprado por un sudamericano por 58 millones.
Luis Nozaleda. Una mala pasada en la bolsa
Luis Nozaleda, presidente del grupo Nozar, un conglomerado de empresas propiedad de la familia Nozaleda, llegó a figurar en el puesto número 36 de los hombres más ricos de España según la revista Forbes. Había invertido en las compañías cotizadas que mejor marchaban en bolsa, entre ellas Colonial, Astroc y Aisa. El valor de sus acciones en el mercado llegó a alcanzar los 1.000 millones de euros, según algunas fuentes. Pero llegó el hundimiento de estas compañías y esa valoración se evaporó. Compró valores y compró suelo en el peor momento. Luego llegaron el concurso de acreedores y una dramática venta de los numerosos activos de la empresa. Pasa por ser el de comportamiento menos soberbio de aquellos magnates.
* El País - LUIS GÓMEZ 06/11/2011
Foto: El 'boom' del ladrillo- ILUSTRACIÓN: LUIS TINOCO - elpais
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FARODEVIGO* : Que la ordenación urbanística provisional que aprobó la Xunta de Galicia, con la que se pretende dar respuesta a la paralización que se produjo en la ciudad en lo que se refiere a la actividad de desarrollo urbanístico después de la anulación definitiva del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Ourense de 2003 por el Tribunal Supremo, podría ser recurrida por particulares, como así se producirá, a tenor de las informaciones que manejan en el Concello de Ourense y por parte del grupo municipal del Partido Popular, era algo "que sabíamos que podría producirse", indicó ayer el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández.
Pero Hernández, que ayer fue uno de los 7.000 participantes de la carrera del San Martiño, compartiendo recorrido con el portavoz municipal del PP y vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández, después de reconocer el derecho que asiste a los particulares o promotores de actuaciones privadas a recurrir, defendió el documento que finalmente elaboró la Secretaria Xeral de Urbanismo, en colaboración con el Concello de Ourense, y que contó con la aprobación de la Comisión Superior de Urbanismo de Galicia.
En total son 31 los ámbitos que se incluyen en la ordenación urbanística provisional, y en los que se suspende del Plan Xeral de Ordenación Municipal de 1986, que se encuentra en vigor después de la anulación del que se aprobó en 2003, y en los que concurren un especial interés general por su carácter dotacional público de la mayoría de actuaciones, junto con otros de actuación privada, como es la construcción de 3.900 viviendas, de las que 2.600 corresponden a los ámbitos propuestos por el Concello y las 1.300 restantes a los que propuso la Xunta.
Seguridad jurídica
El conselleiro de Medio Ambiente sostiene que la ordenación urbanística provisional aprobada es "la mejor solución que podíamos poner en marcha", y recalcó que en todo momento el objetivo es que "contase con la máxima seguridad jurídica", para evitar que pueda producirse una nueva paralización, que puede llegar si prosperan los recursos que se pueden presentar.
Sobre las consecuencias que puede tener, en el caso de que la justicia falle a favor de los recurrentes, Agustín Hernández es partidario de la prudencia, aunque sigue confiando en la "fortaleza" del documento, debido a que se incluyeron aquellos ámbitos privados, que son los que pueden causar los problemas, siguiendo unos criterios que viene avalados por los informes técnicos y las correspondientes licencias con las que ya contarían, y que a la postre fueron el principal aval para su inclusión en la ordenación provisional.
Pero serán las instancias judiciales las que con sus decisiones marcarán el futuro, aunque Agustín Hernández, que confía en superar esa situación y que la ordenación cumpla su función, que es la de servir de mecanismo para el desarrollo de la actividad económicas de la ciudad, señala que ahora lo más importante es avanzar en la elaboración del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal.
A este respecto, dejó claro que el Concello de Ourense contará con toda la colaboración de la Xunta, así como el apoyo que ya se concretó con la aportación de algo más de 500.000 euros, la mitad del coste total, para el nuevo planeamiento urbanístico.
En cuanto a los plazos, el conselleiro de Medio ambiente dijo estar convencido de que debería estar aprobado dentro de este mandato.
* Faro de Vigo - 7.11.11
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es
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LAOPINIÓN/Málaga* : Empieza el bloque definitivo en el juicio del caso Malaya, el dedicado a los cohechos que presuntamente recibió Juan Antonio Roca de en torno una veintena de empresarios, un dinero que luego repartió supuestamente a la veintena de exediles marbellíes. Hoy empezará a declarar el presunto cerebro de la trama, y este periódico está en condiciones de asegurar que habrá cambios en su declaración. El exasesor de Urbanismo va a defenderse, pero los tres acuerdos alcanzados entre el fiscal Anticorrupción y otros tantos empresarios, y los que podrían anunciarse hoy le han obligado a replantearse su línea de defensa y sus palabras.
Ismael Pérez Peña, el empresario marbellí de la grúa, ha reconocido haber pagado a Roca y a la exalcaldesa Marisol Yagüe 180.000 euros para obtener resoluciones administrativas favorables para sus negocios. Ello le valió que la petición fiscal bajase desde los once años a una multa de poco más de 200.000 euros. Parece que Anticorrupción se conformó con poco, pero este pacto tuvo la virtud de desatar la tormenta perfecta sobre la posición de Juan Antonio Roca, que tenía pensado defenderse a la extenuación.
Ese reconocimiento, además del pacto del hijo de Pérez Peña y el de Carmelo Armenta, ha dejado a Roca y a su abogada, Rocío Amigo, en una complejísima situación, en una encrucijada con dos salidas lejanas y llenas de peligros: o luchan y se enfrentan a una petición fiscal de 30 años y a la pérdida de un inmenso patrimonio; o confiesa todo o parte y recibe una pena mucho menor.
«Roca se va a defender, pero el hecho de que los empresarios hayan reconocido haber pagado al exasesor y que haya más acuerdos gestándose, al menos el de otro empresario que podría hacerse público el lunes, ha propiciado que se tambalee su estrategia defensiva, y por tanto hoy podría cambiarla, pero es una conjetura», apuntan fuentes judiciales.
Las mismas insistieron en que la principal prueba de cargo de la Fiscalía Anticorrupción, los archivos de Maras, «podrían tener más relevancia aún, según la tesis policial». Si Roca los santifica en todo o en parte, el escenario podría cambiar.
Acuerdos en negociación
En cualquier caso, todo se mueve en el terreno de la conjetura, de la expectativa y de las verdades a medias. Algunos abogados afirman que «va a haber sorpresas». Otros, además del empresario que podría anunciar hoy un nuevo acuerdo, insisten en que hay otros tantos gestándose, con lo que la situación personal de Juan Antonio Roca será aún más complicada.
En este bloque deberán declarar 56 acusados, empezando por el propio Roca, cuya intervención, la más importante desde su detención en marzo de 2006, se prolongará hoy y mañana.
También deberán hablar los empresarios que sobornaron presuntamente al exasesor –de eso se les acusa–. Se trata, entre otros, de Fidel San Román, José María González de Caldas, los tres exdirectivos de Aifos, incluyendo a su presidente y de Rafael Gómez «Sandokán».
Yagüe y Julián Muñoz
También deberán declarar, pese a que no se conoce exactamente el orden, la exalcaldesa Marisol Yagüe, el exalcalde Julián Muñoz, y los exediles y funcionarios municipales que se prestaron a sancionar administrativamente las ambiciones del exasesor.
En concreto, la Fiscalía sostiene que Roca recibió en poco más de cinco años más de 33 millones de euros en sobornos, de los que destinó una mínima parte, en torno a cinco, a sobornar presuntamente a los exconcejales marbellíes.
Las sumas se pagaron por construir en suelo no urbanizable o por superar la edificabilidad exigida, amén de por la obtención de licencias de obra o de permisos de primera ocupación, siempre según Anticorrupción, que acusa a Roca de practicar «el urbanismo a la carta». Ha llegado la hora de la verdad.
* La Opinión Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU - 7.11.11
Foto: Marbella, Roca en el juicio Malaya - elpaís
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ELPAÍS* : Dar pedales ya no es solo un deporte o un medio de transporte. Es una manera de vivir la ciudad. Activistas, empresarios, artesanos y colectivos reivindican desde el sillín una urbe más amable.
Llueve en Madrid. Una rareza que se produce en la capital apenas 63 días de media al año. A pesar de ello, Miguel Domingo va en bici. Está acostumbrado. Lleva 15 años de bicimensajero en Trébol. "La bicicleta antes era marginal. Ahora, solo minoritaria", ironiza. A los tres millones de ciclistas urbanos españoles, Madrid aporta unos 50.000; el 0,6% de los viajes que se realizan a diario en la urbe. Y aunque parece que las bicis van a contramano en la capital, desde hace una década su uso no para de crecer.
En los últimos años incluso se está viviendo una pequeña explosión. "El cambio se nota en la calle; un día cualquiera te puedes cruzar con bastante gente en bici. Hace unos años si veías a alguien, le conocías", cuenta Gianni Rondinella, urbanista y doctorando de la Universidad Politécnica.
Con ese apogeo, emerge una subcultura de la bicicleta. Su cara más visible: la Bicicrítica, un movimiento ciudadano que, el último jueves del mes, llena la ciudad de velocípedos. Pero también implica a asociaciones, tiendas, bares o artesanos de los manillares.
El próximo miércoles todos se van a reunir en Matadero. El centro creativo celebra el festival Con b de bici, dentro de la exposición Lo normal es muy raro. Diez semanas (hasta el 27 de noviembre) dedicadas a las dos ruedas. En la cita va a haber debates, talleres de reparación, partido de bike-polo, muestra de fotos, cine o conciertos. Quieren transmitir la idea de que la bici urbana es mucho más que dar pedales. Es una forma de vida.
"La primera barrera que hay que superar es mental y social", explica Iñaki Díaz de Etura. Tiene 42 años y es portavoz de la asociación Pedalibre. La decana agrupación se fundó a mediados de los ochenta para fomentar la vertiente recreativa de los recorridos en bicicleta. Ahora, la movilidad es uno de sus ejes estratégicos. Si el ciclismo es un deporte, el biciclismo o ciclismo urbano es la osadía de recorrer a pedales urbes con millones de habitantes. En Madrid, como en Ámsterdam, Berlín, Nueva York o Londres, también se puede. "El interior de la M-30 tiene un diámetro de unos siete kilómetros, una distancia perfecta para la bici", explica Rondinella, que desarrolla su trabajo en el Centro de investigación del transporte- TRANSyT.
Manillares contagiosos
Como hay tormenta, no se ve la boina de Madrid. Normalmente, las emisiones de los más de tres millones de coches que circulan por la capital la cubren. "El coche nos ha arrollado", se queja Rondinella, que considera que los pedales tienen un gran potencial y podrían alcanzar el 30% de los viajes diarios. Su investigación se centra en la influencia de los velocípedos en la ciudad. "Las bicicletas producen un efecto llamada importante. Hay que verlas para querer usarlas". Las dos ruedas son contagiosas por eso. El investigador considera que la instauración de un sistema público de alquiler es muy positivo para provocar un cambio en la movilidad.
My bici, la propuesta de bici pública del Ayuntamiento, empezaba a funcionar en marzo de este año. La crisis hizo que desaparecieran los cinco millones de euros destinados a la primera fase del proyecto. Los recortes llegaron al Plan Director Ciclista y a la Fundación Movilidad, que se ha transformado en la Oficina de Movilidad Sostenible. "Las políticas han sido, como mínimo, erráticas", opina Luis Álvarez, dueño de la tienda By Bike y vicepresidente de Probici, la asociación de empresarios del pedal. "Por un lado da la impresión de que ven en las dos ruedas una opción; por otro, que no les interesa lo más mínimo", agrega. Cuando él abrió su tienda, hace seis años, en la capital no se hablaba de carriles bici. Ahora hay 265 kilómetros de vías; 110 corresponden al anillo verde ciclista, de uso meramente lúdico, y el Consistorio acaba de anunciar la construcción del carril Alcalá-Mayor. Por otro lado, se hizo un cambio en la ordenanza de movilidad para dotar de más voz a las bicis. A los usuarios les parece poco.
"Es más importante el respeto y la educación que la infraestructura. Hay que crear una cultura de la bicicleta", sostiene Andrés Arregui, que une negocio de las dos ruedas con arte. Hace tres años empezó a ensamblar acero, el material con el que prefiere trabajar porque "es más resistente que el carbono o el aluminio". Trabajaba en un taller semiescondido en la calle Noviciado. En marzo abrió Cyclos Noviciados donde elabora bicis "a medida", que pueden rondar los 1.000 euros. "Podemos montar una entera o rehacerla con restos", cuenta con el soplete en la mano. Cada mes toca unas 40 o 50 bicicletas. La que tiene en el foso la trajo un chico. Era de su abuelo. "Tenía el cuadro desde hace años y nos pidió que lo preparásemos para que volviera a rodar. Le hacía ilusión. La bici tiene un componente emocional fuerte", añade.
Guerra al 'cochecentrismo'
El vínculo entre la bici y su dueño es especial. "Nada más sentarte en el sillín, empiezas a hacer activismo", sentencia Laura Martínez del Pozo. Es ciclista urbana y mujer. Una minoría, ya que el 63,6% de los que pedalean en España son hombres, según el barómetro de la bicicleta de 2011. A Laura la conocen como Peseta por la firma que estampa en los diseños que realiza en su taller. En los bolsos, monederos o carteras que cuelgan, las dos ruedas son recurrentes. "La bicicleta es estética por naturaleza, por eso la uso como inspiración", cuenta entre las telas. El año pasado diseñó una gorra ciclista para Marc Jacobs y acabó expuesta en el New Museum de Nueva York. "Cuando montas en bici reivindicas otra manera de moverte", explica. "El simple hecho de hacerlo te hace sentir parte de una tribu urbana".
La banda de las dos ruedas es muy heterogénea. Todos viven la ciudad, y piensan en ella, desde el sillín. Pero está compuesta por ciclistas de toda la vida, fixeros (que pedalean con piñón fijo), okupas reivindicativos, tíos elegantes o chicas con tacones. Ainara Murillo pertenece a este último grupo. Trabaja en Viernes, una empresa de comunicación responsable de la que ha surgido el colectivo Biernes, dedicado a fomentar los pedales. "Durante años la ciudad se ha volcado en las cuatro ruedas. Nuestro urbanismo es cochecentrista. Proponemos ideas para que las bicis recuperen espacio y creamos excusas para que la gente las use". La base de su trabajo es unir bici con cultura. El año pasado, durante la Noche en Blanco, diseñaron una exposición para disfrutar a dos ruedas. También son responsables del programa de actividades ciclistas en Matadero.
La base de The Wall se sintetiza en cervezas y bicicletas. En el bar permiten la entrada de velocípedos y los tres socios-fundadores pedalean. "No tiene sentido que usemos una máquina de 1.000 kilos para transportar 70; la bicicleta ofrece una opción más eficiente", dice Rodrigo Taramona, uno de ellos. Su local, en pleno Malasaña, está de moda; las bicis de la puerta, también. "Puede que haya gente que busque lucirla por el barrio. Creo que hasta eso está bien: necesitamos todo el apoyo posible para visibilizarnos", concluye. Está mojado. A pesar de que es uno de los pocos días que llueve en Madrid, él ha venido en bici.
* El País - PABLO LEÓN - Madrid - 05/11/2011
Foto: Madri, bicicletas - espormadrid
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