ELPAÍS/A Coruña* : Los agentes de la Brigada de Delitos Económicos del Cuerpo Nacional de Policía que han seguido durante tres meses los pasos del empresario Fermín Duarte, gerente de la firma Manmer SL, y del entonces diputado del PP Javier Escribano están convencidos de que el industrial regaló un Porsche Boxter al parlamentario a cambio de las gestiones que este se comprometió a hacer ante la Xunta para favorecer a su firma de áridos.
Y así lo detallan en un prolijo informe que figura en el sumario de la Operación Arena que ha llevado al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a imputar por cohecho y tráfico de influencias al exparlamentario del PP. En dicho atestado, incorporado a la causa, figura la siguiente conversación del pasado 18 de junio entre Duarte y una familiar directa, que la policía transcribe así:
-Fermín Duarte: Ahora tengo problemas para desplazarme. Antes tenía tres coches, el [Volkswagen) Touareg, el BMW y el Porsche y ahora [...]
-Familiar: ¿Has logrado vender el Porsche?
-F.D.: Lo tuve que regalar.
-F.: [Ininteligible]
-F.D.: Donde hay funcionarios, hay corrupción y yo haría lo mismo, como ando metido en lo de los áridos para que la Xunta actúe [...] Se hace más que pagando un abogado, pagando un abogado tienes que vender el coche para pagarle la mitad a un abogado. Y hay que tener un abogado muy bueno. En otras charlas también grabadas por los investigadores, Duarte habla con terceros y se refiere a los manejos que está haciendo ante distintas consellerías su "diputado amiguete", en referencia a Escribano. Éste se muestra obsesionado por reunirse con los conselleiros y los cargos intermedios de los departamentos de Medio Ambiente, que dirige Agustín Hernández, y de Industria, presidida por Javier Guerra. De hecho, en varios de los pinchazos se queja que el secretario general de Calidade e Avaliación Ambiental de la Xunta, Justo de Benito, no deja de darle largas.
Ayer, un día después de que este diario publicase las conclusiones del informe policial que apunta a que el empresario eumés regaló un Porsche al entonces diputado del PP, Escribano remitió a diferentes medios de comunicación una serie de documentos para intentar probar que el deportivo no fue una dádiva sino una mera compraventa. Entre los papeles que mandó a los medios figura un contrato de compraventa firmado por Duarte y el propio Escribano de un Porsche Boxter (del año 2003 y con 75.000 kilómetros), por el que el diputado del PP se comprometía a pagar 10.360 euros en dos plazos. El documento tiene fecha de 7 de abril de 2011 y está firmado por las partes. Según la versión de Escribano, ese mismo día hizo una primera entrega en mano al industrial de 5.360 euros. Para intentar probarlo, adjunta un recibo bancario de una retirada de fondos de 2.990 euros de su cuenta en una oficina de Caixa Galicia.
Escribano también remitió a los medios otro justificante de una transferencia hecha cinco meses después a la cuenta de Duarte por 5.001,55 euros en la que consta en el detalle "2º pago compra vehículo". Este segundo documento tiene fecha del 20 de septiembre de 2011.
Según el informe de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía al que ha tenido acceso EL PAÍS, en esas fechas según desvelan los pinchazos telefónicos, Escribano ya tenía constancia de que le estaban investigando y le habían intervenido el teléfono móvil. Lo había contado días antes el propio diputado a una amiga, a la que aseguró que el alcalde de A Coruña y presidente provincial del PP, Carlos Negreira, le había advertido de que estaba siendo investigado por corrupción. A partir de ese momento, según los agentes que han participado en el caso, la actitud de Escribano empieza a cambiar, deja de hablar de asuntos delicados por su móvil y alude por primera vez en tres meses a la factura del coche. La policía sospecha que estaba dando pistas falsas después de conocer el soplo.
Negreira negó ayer en Santiago donde acudió a la presentación del programa electoral del PP que tuviera conocimiento de la investigación judicial antes del pasado jueves, cuando el Tribunal Superior de Xustiza requirió al Parlamento para que acreditase la condición de aforado de Escribano, que dimitió el sábado.
Las grabaciones realizadas entre junio y agosto hicieron pensar a la policía que una filtración había dado al traste con el caso, justo en el momento en que tanto el empresario como Escribano empezaban a soltarse sobre las gestiones que este último estaba realizando ante las consellerías de Industria y Medio Ambiente (en esta última, según se desprende de las charlas, no llegaron a fructificar).
Las averiguaciones policiales también revelan que el 6 de junio de 2011 (dos meses después de esa supuesta operación de compraventa) Escribano puso el Porsche a nombre de su tía, María Dolores Escribano Rey, de 65 años. Posteriormente lo puso a la venta a través de varios portales de Internet. En el anuncio de coches.net ayer figuraba como vendido, sin especificar la cantidad.
Por la denuncia que originó este caso, declaró el pasado viernes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol el empresario Duarte, investigado por un delito ecológico relacionado con los residuos altamente peligrosos que importa de Holanda y vende como conglomerado asfáltico. El industrial quedó en libertad con cargos. El empresario de Cabanas fue detenido el jueves durante las diligencias y registros autorizados por el juez que tutela la investigación desde que la denuncia de la Asociación Gallega de Áridos (AGA) acudió en mayo a la Fiscalía.
Fermín Duarte es un joven empresario que se sirvió de la constructora de su padre para abrirse camino, además de hacer sus pinitos en el sector inmobiliario, la importación de coches y el alquiler de maquinaria a través de las sociedades Rías Altas Obra Civil y Promoción SL, Minart Holding SL, y Bull Machinery Hire SL, en las que figura como administrador. Tres meses de escuchas policiales dieron como fruto los tratos telefónicos de Duarte y el político popular a fin de conseguir nuevos contratos para Manmer en varios departamentos del Gobierno gallego.
Con la dimisión como diputado del pasado sábado, que, según todas las fuentes consultadas, fue forzada por su partido, Escribano pierde la condición de aforado y la causa vuelve al juzgado ferrolano donde arrancó la operación Arena.
* El País - JOSÉ PRECEDO / LORENA BUSTABAD - Santiago / Ferrol - 01/11/2011
Foto: Santiago de Compostela, edificio Parlamento - panoramio
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LEVANTE* : Las líneas 2 de Metrovalencia y del TRAM de Alicante que impulsa la Conselleria de Infraestructuras parecen tener mal fario. Ambas están casi ejecutadas o a punto para iniciar el servicio, pero la falta de liquidez de la Generalitat impide poner en marcha ambos ferrocarriles. La inversión en ambas infraestructuras casi alcanza los 600 millones de euros. Así que el grueso de la inversión se ha realizado pero está a falta del último «empujón», como ha sucedido en el aeropuerto sin aviones de Castelló que carece de licencia. El metro de Valencia tiene túneles y vías de tranvía por los que no circulan los tren-tram y Alicante también tiene un tranvía por donde no circulan los trenes.
Las obras de la T-2 en Valencia se iniciaron a lo largo de 2007. El 10 de enero se colocó la primera piedra del tramo sur hacia Natzaret, en la avenida Antonio Ferrandis, y ese mismo verano comenzaron los trabajos y los cortes de tráfico en la calle Alicante, parte del túnel de las Grandes Vías y la modificación del sentido de la circulación en media docena de calles del barrio de Russafa que se convirtió en una ratonera para residentes y vehículos privados.
Cuatro años después, los 5,2 kilómetros de plataforma ferroviaria entre el barrio de Natzaret y la calle Alicante (2,9 km en superficie y el resto subterráneos), están construidos. También los túneles desde la calle Alicante hasta General Urrutia. En la T-2 sólo quedan por ejecutar, del grueso de la obra, los 428 metros de vía y la estación de Hermanos Maristas, cuyas obras no se han llegado ni a licitar (sólo la dirección facultativa). Pero también está pendiente, y para nada es una inversión baladí, la licitación e instalación de las vías, del acabado de las estaciones y la señalización ferroviaria. La T-2 también iba a ser la primera en gestionarse por la iniciativa privada pero la información pública de la concesión no pasó de ese trámite y el concurso nunca se ha convocado. Infraestructuras no sabe cuándo podrán licitarse los concursos pendientes. La penúltima decisión de la Conselleria de Infraestructuras al respecto fue que se trocearía en tres contratos por concesión distintos y varias fases, la finalización de la construcción de la Línea 2 de Metrovalencia, el transporte de viajeros y la compra de los trenes necesarios para explotar la T-2.
La línea en superficie se puede recorrer a pie desde el barrio de Natzaret, con la topera y los raíles ya ejecutados, y donde los vecinos hicieron una inauguración ficticia. Entre el barrio y la Ciutat de les Arts luce flamante el puente para el tranvía, tapizado con un césped verde que es de plástico o natural, según los tramos. Las vías ya instaladas continúan frente a l´Assut de l´Or y la avenida Antonio Ferrandis hasta morir en General Urrutia. En esta misma avenida, un tramo ha quedado perfectamente urbanizado y ajardinado, pero justo la franja que conectará con la futura estación de Hermanos Maristas tiene apariencia de abandono y los hierbajos empiezan a apoderarse del entorno.
* Levante - LAURA BALLESTER - 31.10.11
Foto: Estación del Mercat Central. Las obras comenzaron en agosto de 2008. Incluye un aparcamiento de cinco pisos y 475 plazas - levante
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LAVOZDEASTURIAS* : El mal estado del hormigón utilizado para construir la estructura del edificio número 19 de la calle Argüelles provocó ayer su derrumbe y este, a su vez, el caos en Oviedo. Los cortes de tráfico derivados de la caída del inmueble se unieron a los problemas de circulación del fin de semana, lo que colapsó la ciudad al completo durante la mañana. Por la tarde, el desconcierto continuaba en las rondas sur y norte, así como en los accesos principales al centro. La calle Argüelles seguirá cortada, al menos, durante todo el fin de semana.
A ese caos circulatorio se sumó también la alarma social. Un edificio de 70 años se acababa de caer por problemas estructurales y la mayoría del centro urbano es de la misma época o anterior. Si a esto se le suma las advertencias lanzadas por los bomberos en su momento, sobre el mal estado de muchos inmuebles carbayones, y la petición del PSOE el año pasado para hacer una ITV de edificios porque diversos informes técnicos avisaban de posibilidad de derrumbes, el cóctel estaba servido y refrescó bien los corrillos mañaneros, tanto a nivel político, como técnico y, por supuesto, vecinal.
El concejal de Urbanismo, Alberto Mortera, resumió la situación: “Estamos hablando de edificios de la posguerra. Una época en la que los materiales eran muy pobres y el hormigón, aunque el de hoy sea sinónimo de solidez, el de entonces era lo contrario, porque tenía más arena que otra cosa y encima era de costa”. Mortera recordó que esa misma pobreza de materiales se da en otros puntos, “era el mismo problema que había en el Termómetro y en algún otro edificio más”. Aún así, el edil aseguró que no hay motivos para la alarma porque son cuestiones que tienen arreglo.
El inmueble se desplomó sobre sí mismo hacia las 11.50 de la mañana sin que se produjeran daños personales. Sólo quedó en pie la fachada, con la excepción del piso superior que también se desprendió. Tres factores ayudaron a que no hubiera víctimas. El primero es que desde mayo pasado no vivía nadie en el inmueble, que había comenzado a rehabilitarse hace un mes. Además, los trabajadores salieron antes de que se cayera tras observar grandes grietas en la estructura. El segundo es que la Policía Local acordonó inmediatamente la zona evitando males mayores. El tercero es que el edificio cayó hacia dentro y los únicos cascotes que saltaron a la calle, alguno de ellos sobre los coches que pasaban, fueron los que salieron disparados por la puerta del inmueble.
El motivo del desastre Los primeros informes técnicos, esgrimidos ayer a pie de derrumbe, han determinado que el edificio, con más de 70 años a sus espaldas, fue construido con una estructura de hormigón de mala calidad, incapaz de soportar el forjado, compuesto por vigas de hierro y bovedillas cerámicas. Con el paso de los años, los forjados horizontales fueron asentándose sobre los pilares de hormigón y también sobre los tabiques que, pese a no ser elementos estructurales, terminaron soportando una parte del peso. Los técnicos explicaban ayer que el edificio se sustentaba porque todos sus elementos, paredes, vigas, pilares, tabiques... se habían convertido en un conglomerado que hacía que unas piezas aguantaran a las siguientes y viceversa.
Las obras de reforma comenzaron con el derribo de los tabiques. No tenía que haber pasado nada porque todo había sido diseñado para que el peso fuera sobre los pilares de hormigón. Pero estos no podían con tanto, al retirar los tabiques, los pilares estallaron por culpa del material con el que se fabricaron. Parece que las obras aceleraron un proceso que ya hacía tiempo que había comenzado.
Un centro de postgrado El inmueble era propiedad de la Universidad de Oviedo, que había iniciado su rehabilitación para convertirlo en un Centro Internacional de Postgrado. El rector de la institución, Vicente Gotor, explicó ayer que el mal estado del edificio era algo conocido, de hecho los pisos superiores ya estaban derrumbados. También desveló que en mayo se agilizó el desalojo de inquilinos precisamente por miedo a lo que ocurrió ayer. El rector recalcó que la situación era tan delicada que se habían extremado todas las medidas de seguridad para proceder a la rehabilitación. “Lo ideal habría sido derrumbarlo de manera ordenada, porque los técnicos conocían el deterioro del edificio”, explicó el rector. No se hizo así porque “el informe de Patrimonio sobre edificios protegidos aconsejó respetar la fachada, opción que era la que se estaba llevando a cabo”.
El derribo de los restos La Comisión de Urbanismo de Oviedo decidió ayer por unanimidad derribar también la fachada. Los técnicos presentaron dos alternativas. La primera era desmontarla poco a poco. La obra duraría 15 días y sería muy peligrosa para operarios y viandantes porque, según los informes, la fachada ha quedado muy maltrecha tras la caída del edificio y podría ser derribada en cualquier momento por el aire y la lluvia. Además, todo hace pensar que caería hacia la acera. Esa alternativa se descartó y se aprobó la segunda, que era ejecutar una demolición controlada, que comenzó ayer por la noche y que liberará el espacio en 48 ó 72 horas. El derribo se puso en marcha poco después de las once de la noche. Los obreros empezaron la tarea apilando tierra frente a la fachada para evitar que los cascotes que se tiren dañen la acera.
Una de las personas que se desplazó al lugar de los hechos nada más conocer la noticia fue el regidor local, Gabino de Lorenzo. El popular, tras comprobar que no había heridos, destacó los problemas de circulación que se derivarán del incidente y de su reparación posterior.
El alcalde insistió en que “lo importante es que no pasó nada de nada”, y añadió que “lo peor es que esto traerá bastantes complicaciones de tráfico y anormalidad a la ciudad durante unos días”. De Lorenzo dejó claro que, al tratarse de un edificio protegido, el inmueble que se construya en su lugar debe ser “una réplica exacta” del anterior, al menos en su aspecto exterior.
Mortera recordó que alguno de los ornamentos de la antigua fachada, la mayoría construidos en el mismo hormigón que provocó el derrumbe, incluso podrían ser rescatados tras el derribo controlado, que será pedazo a pedazo, para sacar moldes que luego sirvan para hacer la réplica. En principio, sólo se recuperará íntegramente el escudo de la fachada.
* La Voz de Asturias - 29.10.11
Foto: Oviedo, derrumbe en el centro - lavozdeasturias
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LAVANGUARDIA* : Los hogares españoles destinaron 8.935 euros del total de su presupuesto a gastos relacionados con la vivienda, acaparando la vivienda el 30% de los presupuestos de las familias, según la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este porcentaje, que ha ido creciendo progresivamente, ha experimentado una subida de más de cinco puntos desde 2006.
Los gastos de vivienda engloban alquileres reales, gastos corrientes de agua, electricidad, gas, comunidad, reparaciones, calefacción, así como un alquiler estimado en los casos de vivienda en propiedad o cedida.
En términos generales, el gasto medio en consumo de cada hogar español alcanzó los 29.782 euros en 2010, lo que significa un descenso del 2,1% respecto a 2009, mientras que el gasto medio por persona ascendió a 11.161 euros anuales, un 1,8% menos, según la encuesta del INE. En total, el gasto en consumo de los hogares cayó un 1,5% el año pasado.
Eliminando los efectos de la inflación, la variación interanual del gasto medio en consumo por hogar fue un 3,6% inferior a la de 2009, mientras que el gasto total en consumo bajó un 3,1%.
El gasto de los hogares en enseñanza fue el que más se incrementó en 2010, con un crecimiento del 9,6% respecto a 2009, seguido del gasto en transporte (+1,6%), bebidas alcohólicas y tabaco (+1,3%) y vivienda, donde las familias gastaron un 0,4% más el año pasado.
En el resto de cosas, los hogares redujeron sus gastos respecto a 2009. Así, las familias españolas gastaron en 2010 un 4,7% menos en hoteles, cafés y restaurantes que el año anterior y disminuyeron su gasto en mobiliario un 4,6%.
En otros bienes y servicios se gastaron un 4,5% menos; en prendas de vestir y calzado un 4,2% menos, y en ocio y espectáculos, un 3,7% menos. También redujeron sus gastos en salud (-2,4%), comunicaciones (-2,3%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (-1,7%).
Según el INE, cada hogar destinó el año pasado un 14,4% de su presupuesto (4.279 euros) a alimentos y bebidas no alcohólicas, y un 12,4% a transportes (3.680 euros). El transporte es, junto a la ropa y el mobiliario, los grupos que más han reducido su peso en el presupuesto medio de los hogares desde 2006.
Los que menos gastan: pensionistas y parados
Los valores más elevados del gasto medio por persona se registraron en País Vasco (13.634 euros), que supera en un 22,2% la media nacional; Navarra (13.263 euros) y Madrid (13.148 euros).
Les siguieron Catalunya (12.165 euros), Cantabria (11.633 euros), Balears (11.431 euros), La Rioja (11.208 euros), Aragón (10.966 euros), Galicia (10.654 euros), Castilla y León (10.533 euros), Comunitat Valenciana (10.432 euros) y Andalucía (10.051 euros).
Completan la lista, con gastos medios por debajo de los 10.000 euros por persona, Castilla-La Mancha (9.862 euros), Murcia (9.324 euros), Extremadura (9.172 euros), Canarias (8.977 euros) y Ceuta y Melilla (8.746 euros).
El mayor gasto por hogar lo registraron los hogares cuya fuente de ingresos es el trabajo por cuenta propia, con 36.571 euros en 2010. No obstante, estos hogares son los que más han recortado sus gastos desde 2006, año en el que superaban los 39.000 euros de gasto medio en consumo.
Por el contrario, los hogares con rentas de la propiedad y de capital como principal fuente de ingresos son los que más han elevado su gasto desde 2006, desde 27.587 euros a 32.209 euros.
Los hogares con menores gastos fueron los que tienen como principal fuente de ingresos los subsidios y prestaciones sociales (21.001 euros) y las pensiones (23.929 euros). Sin embargo, el INE apunta que mientras los primeros muestran una tendencia decreciente desde 2006, los segundos presentan una evolución alcista de su gasto en consumo.
El 14% de los hogares, con servicio doméstico
La encuesta incorpora información sobre el servicio doméstico referida al año anterior. Así, según el INE, el 14,4% de los hogares disponían en 2009 de servicio doméstico (chóferes, doncellas, jardineros, niñeras o asistentas del hogar, entre otros), porcentaje que se eleva al 18,7% en los municipios de más de 100.000 habitantes y que baja al 9,6% en el de los hogares residentes en municipios de menos de 10.000 habitantes.
Los hogares con mayor disponibilidad de servicio doméstico eran los formados por una persona o pareja de más de 65 o más años (24,4%), seguidos de parejas o un solo progenitor con hijos menores de 16 años (14,9%).
Entre los hogares que disponían de servicio doméstico en 2009, el 58,1% tenía personal de nacional española y el 37,6% de nacionalidad extranjera. En resto de los casos, o bien se desconocía la nacionalidad o ésta era a su vez española y extranjera.
* La Vanguardia - EP. - 27.10.11
Foto: casa-euro - eleconomista.es
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ELPAÍS/Madrid* : El hotel Madrid es, desde esta tarde, el nuevo hogar de dos mujeres mayores y parejas. Varios inquilinos desahuciados se han instalado en la tercera planta del edificio okupado por el 15-M y han colgado en la puerta el cartel de "habitación okupada". Hasta la asamblea de mañana no se conocerá el número preciso de los primeros inquilinos y no se harán las presentaciones, pero lo que sí se sabe es que esta noche los desahuciados dormirán a cubierto.Una de las recién llegadas es una mujer de 75 años que fue desalojada de su casa en Carabanchel la semana pasada por impago. A media tarde, el movimiento 15-M le daba la bienvenida a través de las redes sociales y esta noche ya tiene donde dormir: en una de las habitaciones del hotel Madrid de la calle Carretas, hotel okupado por el 15-M tras la manifestación del 15 de octubre. A partir del jueves se estudiarán además otros casos de víctimas de desahucio que necesiten un techo, como las 16 familias que llegan al hotel apadrinadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
Cuando haya más inquilinos, se ampliarán las zonas de residencia a la cuarta y quinta planta. Siempre y cuando se hayan podido acondicionar las habitaciones para vivir. No se trata simplemente de facilitar un espacio a los desahuciados, sino de garantizar que en cada sala exista el mobiliario básico. El edificio tiene luz, sin embargo, no hay agua corriente. Los ocupantes tienen que ir a la planta bajo para rellenar cubos de agua si quieren utilizar el servicio.
Desde el primer momento, el 15-M debatió sobre la posibilidad de destinar el edificio , de varias plantas, como vivienda temporal para personas que se quedaran en la calle tras un desahucio. La asamblea acordó dedicar las habitaciones del hotel a esta finalidad 10 días después del primer debate. La medida, no obstante, se aceptó como una solución temporal para quien lo necesitara y no como una residencia permanente. Las familias que se instalen en el hotel deberán abandonarlo en un plazo indefinido que termina con la okupación para ellas de otra vivienda que sea propiedad de un banco, del Ivima o de las empresas municipales de la vivienda.
* El País - SAMIRA SALEH - Madrid - 31/10/2011
Foto: hotel Madrid ocupado - elmundo
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ECOLOGISTASENACCIÓN* : El cuento de la lechera y los corredores mediterráneo y atlántico.
Ante el entusiasmo generado por el anuncio del Comisario Europeo de Transportes con respecto a los ejes ferroviarios prioritarios, Ecologistas en Acción quiere hacer algunas apreciaciones. La principal: ¿de dónde va a salir el dinero para financiar esos 7.000 millones de euros anuales necesarios? ¿Va a suponer que se abandonen los proyectos AVE, lo que sí sería una magnífica noticia? ¿O vamos a seguir apostando por profundizar en lo que ya somos: el país con más y mejores infraestructuras de Europa –y más infrautilizadas– y uno de los que más recortes sociales está aplicando?
Ecologistas en Acción siempre ha apoyado el transporte de mercancías por ferrocarril. Pero vemos con gran desconfianza toda la orgía de obra pública que se está preparando al hilo de los corredores prioritarios designados ayer, de forma provisional, por la Comisión Europea.
Vayamos por partes.
España ha venido durante décadas dando la espalda al ferrocarril, y en especial al transporte de mercancías por este medio, lo que nos sitúa en un decreciente 4% de mercancías transportadas en tren con respecto al resto de modos. Sin embargo, como ya ocurriera hace unos años con el AVE, del abandono se quiere pasar a unas inversiones faraónicas que está por ver que podamos costear… y que sean las que necesitamos. Así, el Ministerio de Fomento ha venido gastando unos 19.000 millones de euros en infraestructuras de transporte cada año en 2008 y 2009, cifra que se redujo algo en 2010, y que en 2011 ha quedado en 13.000 millones. Para valorar la magnitud de estas cifras, recuérdese que el decretazo de mayo de 2010 suponía unos ahorros de 7.500 millones al año. Además, está el gasto de las Comunidades Autónomas en otras infraestructuras de transporte, que en su conjunto puede superar (al menos hasta 2009) los 5.000 millones al año.
De esas enormes cantidades el AVE ha sido el medio más favorecido: ha recibido, grosso modo, 7.000 millones de euros al año para nueva infraestructura. ¿De dónde, por tanto, van a salir los, también, 7.000 millones de euros anuales necesarios para hacer casi de nuevas los corredores ferroviarios para mercancías que se están planteando para antes de 2020?
¿Serán a costa de suspender las inversiones en AVE, lo que sería una fantástica noticia, o se sumarán a ese gasto? Además, ¿no se nos había prometido que la construcción del AVE iba a permitir que “liberáramos” la red convencional para el tránsito de mercancías? ¿Cómo se justifica, entonces, todas estas inversiones en trazados nuevos para mercancías?
¿Van a servir estos corredores de pretexto para ampliar los puertos mediterráneos y atlánticos, y construir otros nuevos como el de Gorguel, en Murcia, con la expectativa de los aumentos de tráfico que se van a generar? ¿Creemos de verdad que los grandes operadores logísticos van a recalar en la fachada marítima mediterránea para luego continuar en tren hasta el norte de Europa, cuando tienen resuelta la logística en lugares como Rotterdam de forma más rápida y sencilla?
Pero, ¿es que no sabemos que vivimos en un planeta con recursos limitados? ¿Pensamos que se va a poder seguir incrementando el tránsito de mercancías indefinidamente con la crisis climática que estamos provocando? ¿Que siempre vamos a tener petróleo para mover cantidades crecientes de productos de Asia a Europa? Y, la última, ¿aún hay alguien que se crea el “cuento de la lechera” de las infraestructuras de transporte, aquello de que generan riqueza y empleo por doquier, viviendo en el país que tiene las infraestructuras más modernas y en mayor cantidad de Europa (más kilómetros de autopistas-autovías, más kilómetros de AVE y más cantidad de aeropuertos), y donde tenemos la mayor tasa de desempleo y se nos están aplicando algunos de los más draconianos recortes sociales?
* AHTGelditu - Ecologistas en Acción, Nov 2011
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ELPAÍS/Alicante* : El anuncio para la venta de la Ciudad de la Luz resulta ruinoso. El complejo arrastra una deuda de 190 millones de euros (115 millones a largo plazo y 75 a corto), pese a los créditos, de 160 millones de euros, que a través de Sociedad de Proyectos Temáticos el Consell ha ido aprobando. Las inyecciones de dinero han sido constantes. El 28 de abril de 2004 la Generalitat concedió un préstamo participativo con un límite máximo de 95 millones de euros y vencimiento en abril de 2015; en 2007 otro préstamo con un límite de 20 millones de euros hasta 2017; en 2009 otro por 32 millones que se amplió en 13 millones adicionales, habiendo dispuesto en dos años de 45 millones cuyo vencimiento se amplió hasta diciembre de 2011, según consta en las cuentas de la Sociedad Proyectos Temáticos Comunidad Valenciana.
La Ciudad de la Luz se ha convertido en una rémora insoportable para la Generalitat. La empresa pública, ubicada en la partida de Aguamarga, en Alicante, acumula deudas millonarias y varios pleitos. Una reciente sentencia embarga provisionalmente sus cuentas bancarias. Con este escenario, lograr una salida es casi imposible.
El Consell admite que busca "inversores privados", incluso en los Emiratos Árabes. Pero otras fuentes consultadas consideran que la Generalitat pretende "malvender" Ciudad de la Luz el próximo año. El problema es que con la actual crisis pocos están dispuesto a arriesgar su dinero para intentar arreglar todo un cúmulo de dispendios.Pero cualquier operación de rescate o venta del complejo destinado a rodajes cinematográficos está condicionada por la resolución de los litigios abiertos en los tribunales. El juzgado de primera instancia número 6 de Alicante condenó a la Ciudad de la Luz a pagar 1,5 millones de euros a la empresa Valoriza, del grupo Sacyr Valhermoso, por el impago de 780.802,33 euros correspondientes a la última certificación de obra de la construcción del tanque de agua
una gran piscina adaptada para el rodaje de escenas acuáticas. Valoriza realizó la obra con sobrecostes debidos a supuestas mejoras. Pero la empresa no cobró la última certificación (diciembre de 2008) por importe de 780.802,33, cuando era director José María Rodríguez Galant, que fue relevado por Elsa Martínez en agosto de 2009.
Al no cobrar, Valoriza presentó la demanda contra Ciudad de la Luz 11 meses después de pasar al cobro la última factura. Ahora el juzgado de instrucción número 6 de Alicante condena a la Ciudad de la Luz a pagar a Valoriza 956.499 euros por indemnización, 215.839 en concepto de intereses y 287.000 que se fijan provisionalmente para pagar las costas.
La Ciudad de la Luz ha presentado un recurso en el que ofrece un bien e inmueble tasado en 1,4 millones de euros para levantar el embargo provisional de las cuentas, ordenado por el juez, y evitar el cese de la actividad. En ese escrito el complejo cinematográfico reconoce ante el juez una deuda a proveedores de 8,5 millones de euros, y unos gastos fijos mensuales de 675.000 euros.
Pero el pleito y la deuda con Valoriza no son los únicos. Ciudad de la Luz arrastra otros conflictos judiciales, pendientes de resolución. Uno de ellos es con los propietarios de terrenos a los que se expropió para construir el complejo, y que exigen 42 millones en indemnizaciones. El otro conflicto es con la empresa Aguamarga Gestión de Estudios (AGE). Merced al convenio suscrito en 2004 y vigente hasta 2014, Aguamarga debe cobrar de la Generalitat 2,5 millones de euros anuales por su trabajo, pero no cobra desde agosto de 2009. Por eso, en septiembre de 2010 AGE demandó por el impago de dos millones de euros a Ciudad de la Luz. La contestación de Elsa Martínez fue la resolución unilateral del contrato con Aguamarga y el envío de cartas a clientes y proveedores anunciando que a partir del 1 de enero Ciudad de la Luz gestionaría el complejo.
En febrero de 2011 se celebró una vista de medidas cautelares para decidir quién ostentaría la posesión del complejo. El juzgado falló que la gestión correspondía a Aguamarga y nombró un administrador judicial para supervisar las cuentas de ambas partes. Todos coincidieron en que Luis Lobón, persona de confianza de Gerardo Camps, entonces consejero de Economía, fuera administrador judicial, pero tuvo que dimitir en junio por incompatibilidad al ser nombrado secretario autonómico de Turismo. Y por ahora no hay sustituto.
En julio de 2011 el juzgado número 7 de Alicante falló que la Generalitat deberá pagar 3,5 millones de euros que debe a AGE, y unificó todo en un mismo proceso. "Ahora hay una voluntad negociadora", reconocen fuentes de Aguamarga, pero no hay avances. La salida de la exdirectora Elsa Martínez abre la puerta a la "conciliación", según reconocen.
Esta compleja situación judicial abre la puerta, según fuentes consultadas, a que varios proveedores a los que los estudios deben dinero alcancen un acuerdo y exijan que se nombre un gestor judicial para administrar el complejo y forzar un concurso de acreedores. Entre las empresas a las que se les adeuda importantes cantidades de dinero figuran, además de Valoriza, Aguamarga Gestión de Estudios y todas las encargadas del mantenimiento o de la seguridad del complejo. Mientras estos pleitos no se resuelvan la venta de Ciudad de la Luz está bloqueada.
* El País - EZEQUIEL MOLTÓ / ARTUR BALAGUER - Alicante - 30/10/2011
Foto: Alicante, ciudad de la luz - ciudaddelaluz.com
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EUROPAPRESS* : Las asociaciones vecinales de Valladolid han expresado su más profunda "repulsa" ante las, a su juicio, actuaciones de "pésima gestión o dilapidación" de recursos públicos efectuados por el Ayuntamiento de la capital y han amenazado con el inicio de movilizaciones en caso de que se registren recortes en materia de servicios sociales.
En esa política de "despilfarro", los colectivos vecinales hacen referencia al establecimiento de una "innecesaria" sección ecuestre de la Policía Municipal, el abandono del Parque de Aventuras del Pinar de Antequera, tras una inversión de 1,6 millones de euros procedentes del Plan E, dejando asimismo en el abandono el Parque Infantil de Aventuras de Juan de Austria, además de la contratación de un equipo externo, por 1,2 millones, para la elaboración del PGOU, cuando el área de Urbanismo dispone de 17 funcionarios Grupo A1 con un presupuesto para 2011 de cerca de 900.000 euros y sueldos por encima de 45.000 euros cada uno; y 12 funcionarios grupo A2, con sueldos por encima de 35.000 euros cada uno.
También incluyen la contratación de un gerente de Urbanismo con un sueldo de 75.000 euros, tercer sueldo más alto del Ayuntamiento, además de la participación económica del Consistorio en el futuro aparcamiento subterráneo rotatorio del Mercado del Val y en la urbanización en superficie del aparcamiento subterráneo de La Antigua.
Y es que para las asociaciones vecinales, tal y como apuntan en un comunicado recogido por Europa Press, las dificultades que atraviesan los vecinos por la crisis exigen que el Ayuntamiento que se centre en acciones que mejoren la vida diaria de los que peor lo están pasando y no en acciones que, o directamente suponen "dilapidación económica", o que en los tiempos actuales no son prioritarios. El movimiento vecinal también reprueba este tipo de decisiones municipales "grandilocuentes de cara a la galería o al beneficio de determinados colectivos".
En consecuencia, la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid ha advertido de cualquier tipo de recorte presupuestario injustificado que se produzca en los presupuestos municipales de 2012 o cualquier subida no proporcional en el coste que pagan los vecinos por los servicios municipales no será consentido por el movimiento vecinal y provocará la convocatoria pública de movilizaciones ciudadanas de rechazo o cualquiera otra medida legal que esté a su alcance.
* Europa Press - 31.10.11
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org
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ELDIARIOMONTAÑÉS* : El borrador del anteproyecto de la Ley de Vivienda Unifamiliar en Suelo Rústico recoge una serie de supuestos en los que será posible la construcción de este tipo de viviendas en suelo rústico de especial protección en municipios sin planeamiento. Su autorización corresponderá a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu), que reúne a representantes del Gobierno de Cantabria y la Federación de Municipios. Por otro lado, en el suelo rústico de protección ordinaria la decisión deberá ser tomada por el ayuntamiento -en los municipios sujetos al plan general, previo informe vinculante de la Crotu-, y por la Comisión Regional en los municipios sin plan.
Para autorizar construcciones en suelo rústico de especial protección en los municipios sin planeamiento, el borrador del anteproyecto establece que debe haber una distancia máxima de 100 metros del suelo urbano, que la tipología de la edificación sea la tradicional del núcleo y que genere «el mínimo impacto visual» sobre el paisaje. Asimismo, la cantidad de viviendas admisible no podrá superar en número a las preexistentes en la zona en el momento de la entrada en vigor de la ley.
Para el suelo rústico de protección ordinaria, se establece que los ayuntamientos con plan general o normas subsidiarias, hasta la aprobación del Plan Especial de Suelo Rústico, podrán autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter unifamiliar en un radio máximo de 200 metros del suelo urbano, siendo el resto de 'reglas' idénticas a las señaladas anteriormente.
Con carácter general, la altura máxima de las viviendas que pueden autorizarse no será superior a ocho metros; la parcela mínima será al menos de 2.000 metros cuadrados; y la separación de la vivienda de las fincas colindantes no será inferior a diez metros, con tres metros de distancia mínima del cerramiento hasta la calzada.
Este borrador establece, tal y como adelantó el pasado 7 de octubre el consejero de Urbanismo, Javier Fernández, la posibilidad de obtener «licencia directa», con todos los controles y limitaciones que sean precisos para la protección del suelo rústico» y hace especial hincapié en «todas las cautelas y limitaciones necesarias para llevar a cabo una auténtica protección del suelo rural».
En el texto se consideran insuficientes las medidas que se aprobaron en la anterior reforma y que, en la práctica, no han colmado las expectativas. Por ello, se intenta completarlas «con nuevas posibilidades y alternativas que hagan posible realmente obtener las autorizaciones y licencias necesarias para poder llevar a cabo la construcción en el suelo rústico de las tan demandadas viviendas unifamiliares aisladas». El borrador introduce la posibilidad de autorizar la construcción de estas viviendas, así como de pequeñas instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural.
Demanda social
El Gobierno busca, a través de esta iniciativa, «atender una demanda social de dar al suelo rústico un uso que, respetando la protección de esta clase de suelo, permita su puesta en valor y darle un destino que ayude tanto a un crecimiento sostenible, como a la dinamización económica de los núcleos rurales». De esta manera, constituiría un espaldarazo para facilitar que la gente joven apueste por permanecer en los núcleos rurales si ése es su deseo, en unos época marcada por la crisis económica, que necesita de «un elemento dinamizador de gran importancia», como pretenden que sea esta reforma y reactivar la economía y el empleo.
En este sentido, sostiene que la «auténtica defensa» del medio rural consiste en ofrecer a éste «una alternativa real de futuro». Así, la reforma apuesta por un crecimiento «moderado y sostenible» en torno a los núcleos urbanos o tradicionales existentes, y busca ser «real y efectiva».
* El Diario Montañés - EP - 30.10.11
Foto: Cantabria, vista - wikipedia.org
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LAVOZ/A Coruña* : Aunque la prioridad en estos momentos es agilizar la revisión del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), el desarrollo urbanístico de Carballo se sigue realizando en función del planeamiento aprobado en el 2003. Aquel documento motivó cientos de alegaciones y 24 recursos contenciosos administrativos. La mayor parte fueron desestimados, pero algunos fueron aceptados total o parcialmente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Entre estos últimos figuran la anulación del PGOM -pendiente del inminente fallo del Supremo- y los que afectan a los ámbitos de la antigua estación de trolebuses, la rúa Xasmíns y la esquina de las calles Vila de Ordes y Vila de Noia, junto al colegio Fogar.
-¿Cómo repercuten las sentencias judiciales en el planeamiento?
-Las repercusiones van desde la posible anulación del propio planeamiento -el Tribunal Supremo se pronunciará al respecto en breve- hasta las modificaciones puntuales que se están tramitando estos días y que ya fueron aprobadas por el pleno de la corporación en el 2007 a raíz, precisamente, de tres sentencias del TSXG.
¿Qué suponen las modificaciones puntuales?
Depende de cada caso. La estimación parcial de la demanda presentada por los propietarios de la antigua estación de trolebuses supone la desaparición del polígono 25 del PGOM y la clasificación de ese suelo como urbano consolidado. Lo mismo ocurre con cuatro parcelas de la calle Xasmíns, que obtienen la misma clasificación y, en consecuencia, deben ser excluidas del polígono 31. El caso del edificio ubicado en la esquina de las calles Vila de Noia y Vila de Ordes es algo distinto. Los propietarios tenían licencia para edificar antes de la aprobación del PGOM del 2003, pero este extremo no se tuvo en cuenta en el plan. Para poder mantener ese permiso, el Concello de Carballo tramitó a posteriori una modificación puntual, pero la Dirección Xeral de Urbanismo la rechazó. El TSXG dio la razón a los dueños del solar, que quedó excluido así del polígono 8.
¿Cómo afecta la desaparición del polígono 25?
El TSXG consideró que los terrenos de la antigua estación de trolebuses tienen los servicios necesarios para ser considerados como suelo urbano consolidado, de manera que sus titulares podrían solicitar licencia sin necesidad de realizar el complicado proceso que llevan aparejadas las unidades de actuación y sin realizar las cesiones para zonas verdes, equipamientos o 10 % de aprovechamiento edificatorio para el Concello de Carballo, algo que sí tendrían que hacer si se mantuviese el polígono. Sin embargo, la estimación de la demanda fue parcial, y el tribunal no entra en el diseño urbanístico previsto para ese ámbito. De este modo, se mantienen las alturas previstas en el PGOM y la apertura de un tramo de calle peatonal que enlazará la zona del Rego da Balsa con la calle Vázquez de Parga, «si bien el suelo necesario tendrá que ser adquirido de alguna de las formas que la ley prevé cuando es suelo urbano consolidado», dicen los jueces.
¿Qué pasa con el polígono 31?
Como ocurrió con el 8, ha tenido que ser redelimitado, al excluir las cuatro parcelas consideradas por el TSXG suelo urbano consolidado, y ese trámite es el que acaba de realizar el Concello de Carballo, cuatro años después de la sentencia. En este caso, los solares tienen tres clasificaciones distintas: una parte queda como zona residencial intensiva con aprovechamiento de bajo y cuatro plantas, otra se destinará a viales por los linderos norte y este, y la tercera será para zonas verdes y espacios libres.
¿Será anulado el PGOM del 2003?
El Tribunal Supremo todavía no ha dictado sentencia, pero políticos y juristas coinciden en que el recurso del Concello de Carballo para evitar la anulación dictada por el TSXG tiene pocas posibilidades de salir adelante. En estas circunstancias, y tras la negativa de la secretaria xeral de Urbanismo a elaborar un planeamiento provisional, en el municipio carballés volverán a regir las normas subsidiarias de 1981 hasta la aprobación definitiva del nuevo PGOM, lo que podría demorarse incluso años. De hecho, el documento fue presentado el viernes en la Xunta para que emita informe, y todo indica que será desfavorable en varios puntos, fundamentalmente en lo que respecta a las necesidades de vivienda, al desarrollo urbanístico del área costera y a la ampliación de varios núcleos rurales. La secretaria xeral tiene el compromiso de agilizar la emisión del dictamen, pero es poco probable que lo haga este año. Mientras, el alcalde ya ha convocado para el miércoles a los miembros de la comisión informativa para empezar a trabajar en los aspectos que requerirán cambios.
¿Qué normativa rige en estos momentos en Carballo?
Aunque sea cuestión de días o semanas, el único planeamiento vigente en Carballo es el PGOM del 2003. Aunque su desarrollo se ha ralentizado de una manera especial a raíz del parón inmobiliario, las gestiones para sacar adelante los polígonos urbanos continúan. Por ejemplo, esta semana se ha publicado en el BOP la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación del polígono 49, en la zona de A Cristina, y continúan también las reuniones para sacar adelante el 3.
* La Voz de Galicia - 30.10.11
Foto: La antigua estación de trolebuses está en suelo urbano consolidado, según los tribunales.. lavoz
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LAVERDAD* : David Castillejos, juez titular del juzgado de instrucción nº8, el mismo que investiga la 'Operación Umbra' -supuesta trama de corrupción en la Gerencia de Urbanismo relacionada con seis convenios-, mantiene la imputación a Sigifredo Hernández, presidente de la Junta de Hacendados, de un delito sobre el patrimonio histórico por el derribo del Molino de Oliver de Aljucer el 2 de enero de 2008, que causó daños en el escudo heráldico del edificio, considerado un bien de valor histórico, cultural y artístico. El juez también imputa los daños a José Frutos, vocal de la Junta, y a Antonio Hernández, administrador de Torrealhama SL, que realizó las obras de derribo. Los hechos fueron denunciados por la Asociación Villa de Aljucer y la Asociación para la Conservación de la Huerta (Huermur).
El juez refleja en su auto que a consecuencia de unas obras de entubamiento en la acequia mayor de Barreras, con autorización de la Junta de Hacendados y sin la preceptiva licencia urbanística, se procedió al derribo del molino, en cuya fachada se encontraba un escudo heráldico catalogado, como todos ellos, Bien de Interés Cultural (BIC).
Según la versión recogida por el juez instructor, al iniciar las obras de derribo se intentó quitar el escudo de la pared mediante un pico mecánico, pero durante la maniobra cayó al suelo fracturándose. El juez mantiene que los tres imputados tenían conocimiento de la existencia del escudo y del riesgo que la demolición del molino suponía, y así consta en la prueba obrante en autos. Por este motivo, Castillejos considera que los hechos constituyen un delito sobre el patrimonio histórico del artículo 323 del Código Penal al causarse daños en el BIC, o bien en la modalidad culposa del artículo 324, teniendo en cuenta que el bien está valorado entre 1.800 y 2.200 euros. Los imputados, según el juez, conocían la existencia de elementos de valor, a pesar de lo cual autorizaron y ejecutaron las mismas.
Ajva y Huermur mostraron ayer su satisfacción por la decisión del juez de continuar con las diligencias y esperan la inminente apertura del juicio oral. Los denunciantes piden que los imputados cumplan la pena máxima prevista -entre uno y tres años de prisión y una multa dede 12 a 24 meses- y que paguen la restitución del escudo, recuperado por el Centro Regional de Restauración.
Fuentes de la Junta de Hacendados apuntaron que la apertura de juicio oral no implica la culpabilidad de los acusados. En todo caso, califican de accidente los hechos e intentarán defender la ausencia de culpabilidad. La Junta ha solicitado al juzgado pruebas sobre la protección del escudo.
* La Verdad - 27.10.11
Foto: El antiguo Molino de Oliver sigue abandonado tres años después del derribo parcial.- laverdad
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ELPAÍS* : Ocho recursos judiciales se han interpuesto contra la ordenanza que regula la gestión y el control de las licencias urbanísticas, y los ocho los ha perdido el Ayuntamiento de Madrid. El último de ellos, hace unos días, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló gran parte de la norma aprobada por el Pleno municipal el 29 de junio de 2009 a instancias del Colegio Oficial de Gestores Administrativos. La decisión última queda ahora en manos del Tribunal Supremo, ante el que ha recurrido el Ayuntamiento.
Como en las anteriores sentencias, el TSJM considera que el Gobierno local carece de "cobertura legal suficiente", dado que la competencia para la homologación y registro de las entidades colaboradoras en la gestión de licencias urbanísticas (ECLU) corresponde a la Comunidad (que interpuso uno de los recursos).
Tras el caso Guateque, el mayor escándalo de corrupción reciente en el Ayuntamiento de Madrid, que afectó al proceso de concesión de licencias, el Gobierno local delegó la gestión de estos permisos en empresas privadas, las mencionadas ECLU (hasta el momento se han registrado 27).
El Gobierno local defiende que el nuevo sistema ha reducido considerablemente los tiempos (de más de un año a menos de un mes, asegura) y costes de gestión, aunque el PSM ha denunciado que estos últimos se han llegado incluso a triplicar.
Además, el TSJM cree que el artículo 34 de la ordenanza (que regula las inspecciones técnicas) "choca abiertamente" con el artículo 18.2 de la Constitución (que garantiza que "el domicilio es inviolable"), "pues obliga al titular de la actividad a autorizar a otro particular [un inspector] el acceso a los espacios físicos que son indispensables para que puedan desarrollar su actividad sin intromisiones ajenas". A este respecto, según el concejal de Hacienda, Juan Bravo, el Gobierno municipal alegará en su recurso al Supremo que la inspección se hace con consentimiento del usuario, como las revisiones del gas.
Por último, la sentencia asegura que la norma crea "indefensión" al obligar a reclamar ante la ECLU si se deniega el certificado previo al trámite de la licencia, lo que "puede dilatar en el tiempo notablemente la concesión" de esta. Según Bravo, la ordenanza garantiza de forma "insoslayable" una "tutela judicial adecuada, sin merma alguna para los derechos del ciudadano".
El Ayuntamiento ha recurrido todas las sentencias anteriores, y hará lo mismo con esta última, la semana que viene, por lo que la decisión final queda ahora en manos del Tribunal Supremo. Bravo ha precisado que los argumentos jurídicos son "débiles", y, aun en el caso de que los magistrados obligaran finalmente a modificar la ordenanza, las licencias concedidas seguirían siendo válidas. A ese respecto, el portavoz municipal de IU, Ángel Pérez, señaló jocoso: "Esas licencias serían más sospechosas que un contrato fijo en este país".
* El País - BRUNO GARCÍA GALLO - Madrid - 28/10/2011
Foto: Madrid, caso Guateque (archivo) - madridiario.es
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LAVOZDIGITAL* : La fiscal le imputa por el caso de los asesores tres presuntos delitos de malcersación, tres de prevaricación y dos de falsedad documental.
«No sé si reír o llorar». Con esta emotiva sentencia se expresó ayer el líder de Foro Ciudadano, Pedro Pacheco, tras conocer que la fiscal Anticorrupción solicita para él 22,5 años de cárcel y 59 de inhabilitación en el marco del caso de los asesores denunciado por la exalcaldesa, Pilar Sánchez. Tocado, aunque no hundido, se mostró el edil al hacer pública una calificación que tachó de «barbaridad, atrocidad, disparate y fusilamiento» y detrás de la que, según él, se esconden intereses políticos que escapan al sistema meramente judicial. «Si cuando era joven dije que la justicia era un cachondeo –recordó–, ahora digo que lo que es un cachondeo es el Ministerio Fiscal. España entera se llevará las manos a la cabeza cuando se entere de esto. El por qué de esta petición lo sabremos en un mes: la explicación más simple es que es fruto de la presión política y se ha hecho al dictado de una posición partidista; ya veremos qué se recibe a cambio».
En concreto, la fiscal Virginia Alonso imputa a Pacheco tres presuntos delitos de prevaricación y pide para cada uno de ellos la inhabilitación durante 9 años; tres de malversación, para los que solicita en cada caso 8 de inhabilitación y 4,5 de cárcel; y dos de falsedad documental, con 4 de inhabilitación, 4,5 de cárcel y una multa de 16 euros diarios durante 15 meses para cada uno de los dos. La calificación también se extiende a los dos asesores directamente implicados, José López y Manuel Cobacho, para los que se pide una pena total de 9,5 años de prisión y 30 de inhabilitación, y 5,5 años de prisión y 15 de inhabilitación, respectivamente, además de una multa de 16 euros diarios a razón de 9 meses.
En el documento fiscal, facilitado por el propio imputado, Alonso asegura que el exalcalde, valiéndose de sus cargos como presidente de Speed Festival en el primer mes y como vicepresidente el resto y sin cumplimiento de requisito alguno, dio órdenes de transferencias bancarias según facturas a favor de José López. Unos hechos que se desarrollaron entre marzo y septiembre de 2005 y que según el Ministerio respondían a unos supuestos trabajos de asesoramiento realizados en la sociedad Speed Festival que sin embargo nunca llegaron a ser efectuados.
En total, estas cantidades ascienden a 32.407,31 euros, lo que supone como subraya la fiscal «un perjuicio para el erario público», ya que el capital social mayoritario del parque de ocio Speed Festival era de la corporación municipal. Asimismo, alude al hecho de que el exalcalde y exdelegado de Urbanismo, en su calidad de vicepresidente de la Empresa Municipal de Suelo, sin conocimiento de la presidenta ni del consejo de administración de ésta, suscribió un contrato de consultoría con López en noviembre de 2005 para la consulta y asistencia de proyectos urbanísticos.
El asesor recibió entonces la cantidad de 74.580 euros procedente de dinero público que tampoco se llegaron a justificar, según Alonso. En lo que respecta a Cobacho, asegura que percibió 99.846 euros procedentes de Emusujesa «a cambio de no efectuar ejecución de obra o servicio alguno». Todo ello en virtud de un contrato que fue firmado «con el exclusivo fin de dar apariencia de legitimidad» al montante percibido. Por todo ello, se fija en 106.987,43 euros la cifra que Pacheco y López tendrán que abonar a modo de indemnización de forma solidaria a la sociedad Speed Festival y 99.846,23 la que deberán pagar Cobacho y el exalcalde a Emusujesa.
Respondían al perfil
Ante esta apabullante calificación, el líder del Foro intentó defenderse ayer explicando que tanto en la etapa en la que pactó con el PP como con el PSOE, siendo alcalde y delegado de Urbanismo, se contrató a una serie de asesores que debían cumplir con dos características, según la Ley de Régimen Local: que fueran personas de confianza y que su relación contractual estuviera sujeta al mandato político.
Según Pacheco, López y Cobacho respondían perfectamente a este perfil. «Los dos pasaron a ser mis asesores, y no hay más. Ha habido asesores para maquillar a la alcaldesa o llevarle el maletín; lo que ocurre es que la confianza lo engloba todo. La única novedad de estos casos es que López cuando se le contrató tenía una empresa pequeña y me pidió que cobrara a través de facturas para no disolverla cuando se incorporó al Speed Festival. Yo le dije que siempre que no sobrepasara su sueldo de asesor, no había ningún problema».
A juicio del perjudicado, la petición de la fiscal es totalmente desproporcionada por lo que su abogado pedirá el archivo de las actuaciones y llegará «a donde tenga que llegar para parar este disparate». «Le han echado 24 años a un violador... A mí me echan prácticamente lo mismo y mucho menos que a los etarras, a los de los ERE o a los del caso Gürtel. Me pregunto qué dirán los padres de Marta del Castillo. Lo único que se desea es ajusticiar a Pacheco».
* La Voz Digital - 29.10.11
Foto: Jerez, antiguo Ayuntamiento - wikanda.cadizpedia.eu
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EUROPAPRESS* : Ecologistas en Acción CODA, a través de su Federación de E.A. Extremadura, ha presentado la interposición del recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura por la que se aprueba definitivamente la homologación del Proyecto de Interés Regional (PIR) 'Complejo Turístico de Salud, Paisajístico y de Servicios Marina Isla Valdecañas'.
En nota de prensa, Ecologistas en Acción Extremadura ha recordado la existencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre este proyecto que los "partidos mayoritarios no acatan y modifican la Ley del Suelo". "Y es no solo para no acatar la sentencia, dejando sin protección el suelo extremeño a especuladores y abriendo la puerta a promotores de macro-urbanizaciones como la que se pretende en la Garganta de los Infiernos en Cabezuela del Valle, en el Jerte", asegura la asociación ecologista.
Igualmente ha recordado que en fecha de 27 de septiembre de 2011 fue publicado en el BOE la admisión del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de España contra la modificación de la Ley del Suelo de Extremadura.
Dicha admisión supone un "nuevo mazazo" al camino adoptado por Junta de Extremadura de "poner a disposición de grandes promotoras urbanísticas gran parte de los espacios protegidos de Extremadura sacrificando el interés general en beneficio de unos pocos", asevera Ecologistas en Acción Extremadura.
* Europa Press - 29.10.11
Foto: Cabezuela del Valle (Cáceres) - camping
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INDYMEDIA* : En la tarde de ayer, tras la manifestación por el derecho universal a la vivienda, un grupo de miembros del movimiento 15-M han tomado el mercado provisional de la Encarnación anexo. En un comunicado enviado a los medios de comunicación, encabezado con el llamamiento “si el mercado nos gobierna, toma el mercado”, las personas que han impulsado esta acción han denunciado que “la plaza de ‘las setas’, donde estuvo la acampada y se celebran las asambleas de coordinación del 15-M, es ahora mismo propiedad privada y que de hecho Sacyr la cierra al público a su antojo”, por lo que han ocupado el antiguo mercado bajo el lema “Si privatizan lo público, tomaremos lo privado”.
En ese comunicado se denuncia que “la cesión a Sacyr de la plaza de ‘las setas’ supone una vuelta de tuerca en la privatización de lo público que ya no solo amenaza a las empresas municipales o estatales, a la sanidad o a la educación, sino que pretende también “privatizar los lugares de encuentro y debate ciudadano”. Al mismo tiempo, se ha enviado el siguiente comunicado a las asambleas de barrios y pueblos del movimiento 15M de Sevilla, para que acudan hoy domingo, a las 18h, a la asamblea constituyente de este nuevo espacio social y ciudadano.
"Amigas y compañeras, un grupo de indignadas hemos creído necesaria la toma temporal y simbólica del mercado provisional de la Encarnación. Los motivos son innumerables y debatibles en próximas asambleas para consensuar los más importantes, necesarios o comunes.
Para empezar podríamos destacar algunos como pueden ser: Denunciar concretamente el regalo que el ayuntamiento ha hecho a la empresa Sacyr con la cesión del inmueble y el espacio privado que ahora es la plaza Mayor o popularmente conocida plaza de “las setas”. La constante y creciente privatización de espacios públicos. La especulación con los espacios ciudadanos. El abandono consciente por parte de ayuntamientos y particulares de edificaciones y zonas, tanto públicas como privadas, en convivencia con la realidad de una gran falta y necesidad de disponer de ellas para el uso y disfrute de los sevillanos. La falta total y absoluta de lugares de reunión para organizaciones ciudadanas que no estén dadas de alta en el registro de asociaciones. La falta de espacios autogestionados por el pueblo y la ciudadanía. La inexistencia de locales donde llevar a la práctica la participación directa, el diálogo, la reflexión y el debate.
Es por ello que hemos querido tomar este espacio, para visibilizar estas cuestiones y para denunciar lo antes mencionado. El grupo de indignadas que tomamos el espacio en un principio, no queremos de ninguna manera “apoderarnos” de él, sino ponerlo al servicio de las diferentes asambleas y comisiones del movimiento 15M para que, después de un debate conjunto, se decida entre todas qué hacer. También somos conscientes de que no representamos al movimiento, pero sí nos sentimos parte de el. Por eso proponemos tener el mismo domingo 30 de octubre una asamblea constituyente que se reúna y debata sobre estas y otras cuestiones que puedan ponerse sobre la mesa".
http://sevilla.tomalaplaza.net/2011/10/30/miembros-del-15m-de-sevilla-to...
* Indymedia - 30.10.11
Foto: Sevilla, ciubierta Metrosol Parasol en Pza. Encarnación - diariodesevilla
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LEVANTE/Alicante* : La Generalitat Valenciana mantiene su bloqueo sobre la desaladora de Torrevieja, ya terminada, y verdadera piedra angular del Plan Hidrológico propuesto por el Gobierno socialista, que hizo de esta instalación uno de los símbolos de la nueva política hídrica que sustituyó al trasvase del Ebro.
La inversión está realizada, las conexiones con las redes de distribución hechas y el suministro eléctrico habilitado a través de una línea de media tensión pero la «nuclear» del mar, como la definió despectivamente el candidato por el Partido Popular en Valencia al Congreso de los Diputados y viceportavoz del PP nacional, Esteban González Pons, no puede arrancar. El bloqueo de los permisos impide producir 80 hectómetros cúbicos anuales de agua de gran calidad y rentabilizar los 219 millones de euros invertidos hasta ahora en la instalación.
Según un informe interno de Acuamed, la empresa pública que ejecuta por delegación del Ministerio de Medio Ambiente la desalinizadora de Torrevieja, los trabajos de construcción de la planta están finalizados, así como las conducciones de distribución del agua ya desalada.
Para completar la construcción de toda la infraestructura —añade el informe— solo queda por concluir la parte marítima de las conducciones de toma y vertido. Las obras no se ha podido «ni siquiera iniciar» al no disponer del permiso de la Generalitat Valenciana colocar las tuberías adosadas a las instalaciones del Puerto de Torrevieja.
Los permisos fueron solicitados en marzo de 2009, según fuentes de Acuamed.
Suministro de energía
Por otra parte, el abastecimiento eléctrico a la desaladora quedó resuelto de forma provisional hace un año con la construcción de una línea de media tensión. Si fuera necesario y estuviera hecha la conexión con el mar, la planta podría entrar hoy mismo en servicio, explican en Acuamed.
Mientras tanto, Iberdrola ejecuta a unos metros de la desalinizadora una nueva subestación — diseñada hace años para atender el crecimiento urbano de Torrevieja— que proporcionará alta tensión a la planta, permitiendo que funcione al 100%.
Hace unos meses, a Generalitat atribuyó a la falta de suministro eléctrico el retraso en la entrada en servicio de la instalación.
* Levante - 29.10.11
Foto: Imagen de la desaladora de Torrevieja con paneles solares incorporados a la planta y completamente terminada - levante
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ELPAÍS* : Otro caso de presunta corrupción se ha llevado por delante a un diputado del Parlamento gallego, el tercero que dimite en el último mes por estar sometido a una investigación penal. La Mesa de la Cámara autónoma se ha reunido de urgencia esta mañana para aceptar la renuncia al escaño del diputado coruñés del PP Javier Escribano, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) se disponía a abrirle un procedimiento por supuesto cohecho y tráfico de influencias. Escribano, de 30 años, fue hasta el pasado julio presidente provincial de Nuevas Generaciones en A Coruña. La renuncia de ayer se une a las que presentaron los pasados 4 y 5 de octubre los parlamentarios Pablo Cobián, también del PP, y Fernando Blanco, del Bloque Nacionalista Galego (BNG), antiguo consejero de Industria de la Xunta, por su implicación en la Operación Campeón, un supuesto fraude en subvenciones públicas urdido por un empresario de Lugo.
El Tribunal Superior se dirigió el pasado jueves al Parlamento gallego para que acreditase la condición de diputado de Escribano, después de que un juzgado le remitiese unas diligencias en las que apreciaba indicios de corrupción en las relaciones del parlamentario con un empresario sometido a investigación. Antes de que el asunto trascendiese a la opinión pública, con la campaña electoral a punto de comenzar, el diputado optó por presentar su escrito de renuncia esta mañana. Escribano ya no asisitió este mediodía a un acto de Mariano Rajoy en A Coruña, la ciudad donde reside y la provincia donde dirigió la organización juvenil del partido durante cuatro años.
El dimisionario fue presidente provincial de Nuevas Generaciones, y miembro de las ejecutivas gallega y nacional de la rama juvenil del PP, entre 2007 y el pasado julio. Un encontronazo interno le descabalgó del cargo y le reemplazó por una gestora. Escribano había llegado al partido de la mano del anterior presidente provincial y exalcalde de Ferrol Juan Juncal. Mantiene además una estrecha relación personal con el actual alcalde ferrolano, José Manuel Rey Varela.
El grupo del PP en el Parlamento gallego confirmó este mediodía la renuncia del diputado "por estar incurso en un procedimiento judicial y para poder adoptar las medidas necesarias para defenderse como cualquier gallego". Escribano logró su escaño en el Parlamento de Galicia tras las elecciones autonómicas de 2009 en las que Alberto Núñez Feijóo alcanzó la presidencia de la Xunta. No iba en puestos de salida, pero entró en la Cámara por las renuncias de otros parlamentarios electos que abandonaron sus escaños para integrarse en el nuevo Gobierno. Era uno de los diputados populares con menos protagonismo en la actividad de la Cámara.
* El País - JOSÉ PRECEDO - 29/10/2011
Foto: Santiago de Compostela, edificio Parlamento - panoramio
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EXTREMADURAPROGRESISTA/Cáceres* : El 26 de octubre se celebró en la Casa de Cultura de Cabezuela del Valle una Jornada sobre "Destrucción y Construcción del Territorio", organizada por ADENEX, para analizar y discutir sobre el presente y el futuro del Valle del Jerte, abordando la importante problemática del urbanismo y del uso del agua, fundamentalmente.
Esta jornada se enmarca dentro de una campaña que ADENEX desarrolla en todo el territorio extremeño, buscando una participación pública social, activa y comprometida, acercando las problemáticas ambientales al máximo de las gentes que habitan el territorio.
En concreto, el anuncio de una macro-urbanización en Cabezuela del Valle, en el paraje Los Carchones de la Llanada, junto a la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, hace que distintos colectivos hayan realizado denuncias y reclamen transparencia y sensatez. Aclarar la situación actual, técnica y política, de esta cuestión era uno de los objetivos de la Jornada celebrada en Cabezuela.
Por otra parte, continuan sin solución viejos problemas sin resolver en la comarca. El uso y abuso en la gestión del agua es el principal de todos. El rio Jerte y sus afluentes parecen más una tubería a la que explotar que un ecosistema a respetar. Presión agrícola, captación subterránea de agua, presión urbanística, presas de riego, extracción de áridos, uso de herbicidas y plaguicidas, depuración de aguas obsoleta y extensión del monocultivo, son algunos de los factores que están condicionando la conservación del Valle del Jerte y comprometiendo su desarrollo sostenible, sin que nadie ponga freno ni razones.
La Jornada, que contó con la asistencia y la participación muy activa de más de un centenar de vecinos del Valle del Jerte, comenzó con una introducción por parte del presidente de ADENEX, José María Glez. Mazón, seguida de intervenciones de Joaquín Araujo, naturalista y comunicador, Pedro Brufao, Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de Extremadura, Jesús M. de las Heras, Alcalde de Cabezuela del Valle, Antonio Aparicio, de Red Ríos, Álvaro Casanova, de la Red Foro de Educación Ambiental, Nicolás Paz, de EQUO, y Julián Atilano, Jefe de Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Extremadura. Estaban también invitados a participar la empresa “El Cañal”, promotora del proyecto de urbanización de “Los Carchones de la Llanada”, y la Confederación Hidrográfica del Tajo, que finalmente no pudieron asistir. Es destacable también la participación en la Jornada de un número importante de representantes y miembros de diferentes colectivos ciudadanos del Valle del Jerte y otras comarcas cacereñas, agricultores, partidos políticos, etc.
En el transcurso de la Mesa Redonda sobre el proyecto de urbanización en la zona de “Los Cachones de la Llaná” en Cabezuela del Valle, se analizaron diferentes perspectivas y puntos de vistas sobre el impacto que supondría la ejecución de un proyecto urbanístico de estas proporciones para el Valle del Jerte, un paisaje cultural de extraordinaria belleza con un carácter muy singular por la construcción de sus terrazas de cerezos, verdadera obra de arte, esculpidas por el esfuerzo de numerosas generaciones que establecieron una relación afectiva con esta tierra generosa.
Se habló de que el paisaje del Valle del Jerte es el resultado de esa coevolución de la acción humana y la naturaleza, de lo social y lo ecológico, siendo hoy día una clara seña de identidad de esta comarca, y que constituye una referencia que trasciende el ámbito regional, lo que se pone de manifiesto cada año, en los momentos de floración del cerezo. Este paisaje tan bello y mutable, además de ser un bien común, tiene un elevado sentido integrador en la definición y sentimiento de las gentes y pueblos del Valle.
Tanto los ponentes, como las autoridades locales, alcalde y concejales, como los vecinos participantes en el acto se expresaron de igual modo que les parecía un completo despropósito este proyecto, que atenta bruscamente contra este patrimonio paisajístico, que amenaza la integridad de la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos y el modelo de desarrollo turístico de la comarca. De llevarse a cabo podría generar un impacto social y cultural de incalculables consecuencias para la forma de vida y cultura de sus gentes. Se trata de un proyecto urbanístico con 230 viviendas, que significa de facto, crear un pueblo urbano, de la noche a la mañana, desprovisto de señas de identidad rurales, en mitad de Jerte y Cabezuela del Valle, donde se encuentra la mayor concentración de usos y servicios turísticos y la entrada a la reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, con todos los problemas de masificación y saturación que conlleva.
Finalmente, el Alcalde de Cabezuela del Valle se comprometió ante los vecinos a anular, en un próximo Pleno municipal, el expediente de este proyecto que sólo está promovido por la especulación de unos intereses particulares frente a los intereses de desarrollo general de la comarca. A esta postura se sumó el concejal del CEX, Oscar Chamorro, y el concejal del SIEX, presentes también en el acto.
* Extremadura Progresista - Adenex - 28.10.11
Foto: Cabezuela del Valle (Cáceres) - camping
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CRÓNICAPOPULAR* : Por estas fechas se cumple un mes desde que naciera el centro social autogestionado de la Osera, en el distrito madrileño de Usera, un edificio okupado en el que iba a ser el teatro de Almendrales, abandonado desde hace más de quince años. La Osera cuenta con el apoyo de las asambleas populares de Usera, Carabanchel y Arganzuela del 15-M, pero es una iniciativa de un grupo de vecinos impulsados por la ilusión de contar con un centro social en el barrio.
Dos okupas de la Osera me han invitado amablemente a conocer el proyecto y a las cuatro de la tarde nos sumergimos en el edificio tras cruzar la estrecha puerta metálica de la entrada. La primera sensación es de desconcierto. No es un teatro fantasma, es un teatro no nacido. En medio de la penumbra asoman vigas desnudas, paredes de ladrillos rojos y un suelo de hormigón inclemente. Sin embargo, aquí y allá se atisban los avances de la cuadrilla de okupas: paredes encaladas, vallas protegiendo las zonas peligrosas, sacos de escombros ordenados en un rincón, herramientas de trabajo.
La ilusión con la que los dos jóvenes comienzan a describir el proyecto termina por disipar cualquier duda sobre lo que pueden conseguir y termina siendo inevitable entusiasmarse con su entusiasmo: «para limpiar las vigas vamos a hacer rapel desde el techo», «esperamos desatascar todas las arquetas en unos días cuando…», «para bajar los sacos de la cuarta planta hemos montado un sistema de cuerdas que…». Ingenio, creatividad, esfuerzo y, sobre todo, voluntad son las herramientas de estos genios del apaño y la arquitectura artesanal.
Bajamos a la última planta, que denominan Fukushima 5 por razones que en seguida se comprenden. El teatro inacabado, contiguo a un centro del Insalud, había servido de palomar durante años. El guano, con la lluvia, el polvo y los cascotes había formado una capa de metro y medio de una asquerosidad indescriptible que, palada a palada, los okupas han limpiado y guardado en sacos de obra. En total, unos mil sacos de escombros, «más otros mil si contamos la madera», añade uno de los jóvenes aún fatigado de solo recordar la trabajera que se han metido entre pecho y espalda.
No hay dinero para Usera
Nos vamos de Fukushima a la azotea, donde hay otros dos okupas. Uno está dibujando el logo de la osera, otro repone fuerzas para seguir la jornada laboral. Nos sentamos y hablamos del proyecto.
—¿Qué ofertas sociales gratuitas tenéis en Usera? —pregunto de sopetón.
Se miran pensativos y por fin uno responde:
—Bueno, hace como unos siete años nos pusieron una biblioteca…
—Oye, que está de puta madre, si tiene hasta Internet —replica otro mientras nos reímos los cinco.
Hace un momento me han explicado por qué dejaron el teatro a medio construir: «Hace casi veinte años, les dio por empezar lo que iba a ser el teatro de Almendrales, pero luego abandonaron la obra a la mitad y ahora se están peleando por el solar, que es propiedad del IVIMA».
—¿Por qué no lo terminaron?
—No conocemos bien la historia… —responde con tristeza uno de los jóvenes—, supongo que es cuestión de prioridades, los teatros son para la zona centro, para Latina y Ópera, pero habrán pensado que en Usera no lo necesitamos.
Otro okupa añade que, al parecer, para terminar la obra necesitaban dos millones de euros y que en los últimos quince años no se ha conseguido reunir el dinero suficiente para concluirla. Pienso en los 620 millones de euros en publicidad autopromocional que lleva gastados el gobierno regional desde que empezó la crisis en 2008, a los cuales habría que sumarles los 111 millones previstos en el presupuesto de 2011, pero me callo. Supongo que el gremio de publicistas que trabaja para Esperanza Aguirre es más importante para el conjunto de la sociedad que los vecinos del distrito de Usera. Y, hablando de vecinos…
—¿Cómo se han tomado en el barrio que entraseis en el teatro?
—Al principio raro, pero luego, cuando nos vieron trabajando la situación mejoró mucho y ahora, la verdad, es que va muy bien.
—Ya hasta nos traen rosquillas —añade otro entre risas al recordar una vecina solidaria.
En un barrio de trabajadores, el trabajo es un valor que disipa cualquier recelo.
Un proyecto para el barrio
Les pregunto por el futuro, ¿para qué están invirtiendo tanto esfuerzo?, y se desata un huracán. Los cuatro hablan atropelladamente enumerando la miríada de proyectos que están preparando: clases de inglés, de español para extranjeros, exposiciones, talles de bici, conciertos, alfabetización de mayores, clases extraescolares, exposiciones, un rocódromo, teatro, estudios de música… hasta piensan montar un huerto urbano en la azotea para dar clases de horticultura. Más que a un edificio, están dando vida a un barrio. Una vez habilitado, quien quiera podrá proponer cualquier actividad sin necesidad de sortear trabas burocráticas y, lo que es más importante, de forma gratuita y autogestionada.
Sin embargo, el proyecto corre riesgo de ser cercenado por la administración municipal y la policía. Hace unos diez días han recibido un aviso de que ha comenzado el proceso administrativo para desalojarlos. Una vez que el juez dicte sentencia, la policía tendrá vía libre para echarlos en cualquier momento y la Osera, reconvertida en el teatro inacabado de Almendrales, volverá a ser hogar de palomas hasta que alguna constructora consiga el solar.
Está por ver, sin embargo, que los vecinos y vecinas se dejen arrebatar este proyecto ciudadano que viene a suplir la desidia de la administración en uno de los distritos menos atendidos de la ciudad. Mientras tanto, quien quiera apoyar esta iniciativa, puede ponerse en contacto con la Osera en el correo laoseradeusera@gmail.com.
Cae la tarde, mientras hemos hablado han ido llegando más jóvenes. Unos se han puesto a enyesar, otros a pintar, desescombrar, limpiar, tender cables… Todo este esfuerzo ciudadano no puede, no debe, perderse en el tsunami de la especulación inmobiliaria.
* Crónica Popular - Marcos Méndez Filesi - 28.10.11
Foto: Madrid, centro la Osera de Usera - laosera
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LEVANTE* : Abrir ahora hospitales es un lujo para el Consell pero en otro tiempo la gestión parecía más bien en manos de la cigarra del cuento. La empresa pública Ciutat de les Arts i de les Ciències (Cacsa) pagó al menos 2,6 millones al arquitecto Santiago Calatrava por el anteproyecto y proyecto básico de las Torres de Calatrava, pese a que en el mismo contrato se llega a dudar de su viabilidad. El abono, según el documento rubricado el 14 de septiembre de 2005 entre el profesional y el exrresponsable de Cacsa y actual director del Instituto de Finanzas, Jorge Vela, se justificó "como anticipo a buena cuenta y por razón de la documentación presentada" por el arquitecto con anterioridad a la firma. Todo un contraste con el drama de los proveedores que no cobran.
El diputado de Esquerra Unida Ignacio Blanco hizo ayer público el contrato que el Consell le facilitó el viernes, dentro de la política de transparencia prometida por Fabra. Es el segundo trato entre el Consell y Calatrava que se desvela, tras el del proyecto igualmente no realizado del Centro de Convenciones de Castelló. La fiscalía de Valencia abrió diligencias para investigar los pagos del Ejecutivo al arquitecto por obras "fantasma", tras la denuncia que presentó EU.
Por el informe de la Sindicatura de 2005 ya se sabía que el Consell compró al profesional el proyecto de las torres (aparcado al estallar la crisis inmobiliaria) por 15 millones y que se le abonaron 2,6. Pero la letra pequeña saca a la luz condiciones "leoninas" que para Blanco son "escandalosas y aberrantes".
La más importante, que se asumió este gasto pese que, en un momento dado, el contrato especula sobre la viabilidad de la iniciativa. Una de las cláusulas, dentro de los "derechos y obligaciones", establece que "si el proyecto resultara viable, a juicio razonado de Cacsa, se compromete", en el caso de que se decidiese vender la parcela, a que los pliegos incluyan la obligación del adjudicatario de contratar la ejecución y dirección de obra "en exclusiva" a Calatrava, y en las mismas condiciones que con Cacsa. "¿Si el proyecto resultara viable? ¿Se gastan 15 millones sin saber si era viable?", se llevó las manos a la cabeza Blanco. Al menos, no se tenía una seguridad completa en la iniciativa.
"Probablemente los tenía hechos"
Es más, el contrato, como refirió Blanco, reconoce "la necesidad de emprender las acciones pertinentes para la plena viabilidad del trabajo encomendado" desde el punto de vista "urbanístico, de servidumbres aéreas y de disponibilidad del suelo", así como la exigencia previa de modificar el PGOU de Valencia y el Plan Parcial de la Ciutat de les Arts. Unas "dificultades" que, para EU, aconsejaban más prudencia, al margen de que el documento "decida" por su cuenta cambios del planeamiento de Valencia.
Pero además, el texto revela que el arquitecto entregó los proyectos tres meses y medio antes de firmar el contrato. El 31 de mayo de 2005 se rubrica la declaración de intenciones entre el Consell de Camps y el arquitecto para realizar el trabajo. El 2 de junio, éste último remite los diseños. El documento señala que en 6 meses los proyectos enviados "habrán de ajustarse" a las "indicaciones" de Cacsa para su "adecuación" a las "necesidades funcionales" de la Ciutat de les Arts y a los "usos previstos en el planeamiento", las "servidumbres aéreas existentes", las "posibilidades de alteración" del PGOU y del plan parcial y las sentencias del TSJ sobre la expropiación de terrenos.
Calatrava "probablemente ya tenía hechos los proyectos", según EU. En Baleares el juez investiga el pago al arquitecto de 1,2 millones por el Govern de Matas en 2007 por el proyecto de un Palacio de la Ópera que diseñó para Zurich 18 años antes, aunque no se hizo.
El contrato revela que los 15 millones eran sin IVA "por razón de domicilio" de la firma de Calatrava, en Suiza, pero "si por cualquier circunstancia", como el "cambio de legislación aplicable" o las "exigencias de la inspección fiscal" hubiera que pagar IVA, el coste lo asumiría también Cacsa. "Es el símbolo de una era", lamentó Blanco.
* Levante - 26.10.11
Foto: Valencia, proyecto torres Calatrava - levante
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